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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00259-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00259-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Rosa Edith Salcedo Rodríguez y otros, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00259-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

6 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00259-00
Demandante: Rosa Edith Salcedo Rodríguez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-00259-00
Demandante ROSA EDITH SALCEDO RODRÍGUEZ Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA TERCERA DE
DECISIÓN Y JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE
SINCELEJO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y
especiales de procedibilidad. Relevancia constitucional: carga
argumentativa y argumentos de instancia adicional. Defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial. Medio de control de
reparación directa-privación injusta de la libertad. Razonabilidad de
la medida de aseguramiento.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela incoada por la señora Rosa Edith Salcedo Rodríguez
y otros, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de enero de 20251, los señores Rosa Edith Salcedo Rodríguez, Luz Mery
Urzola Salcedo y León Isaac Urzola Morales, por conducto de apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Sincelejo por considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
honra, al buen nombre, a la libertad y de acceso a la administración de justicia, así
como los principios de presunción de inocencia y cosa juzgada, con las sentencias
del 20 de marzo y del 19 de junio de 2024, proferidas en el medio de control de
reparación directa nro. 70001-33-33-002-2022-00594-00/01.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«Que se Tutelen los Derechos a la Protección del Estado Social de Derecho, art 1, al Derecho
a la Igualdad Jurídica art 13, al Buen Nombre a la Honra artículos 15 y 21, al Debido Proceso,
art 29, entre ellos, la Presunción de Inocencia, la Cosa Juzgada y al Debido Acceso a la
Administración de Justicia Art 229 y se tomen las medidas pertinentes a fin de restablecer los
derechos vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo –
Sucre y El Tribunal Administrativo de Sucre – Sala de Decisión Tercera al negar las
pretensiones de la Demanda de Reparación Directa, por Privación Injusta de la Libertad,
contra la Fiscalía General de la Nación; bajo el Radicado N°. 70-001 33-33-002-2022-00594-
01, en Sentencia de Primera Instancia de fecha 20 de marzo de 2024 y confirmada por EL
HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE – SALA DE DESICIÓN TERCERA;
que la confirmo en todas sus partes en Sentencia de fecha 19 de Junio de 2024, notificada de
forma electrónica el 24 de Julio de 2024, para que a través de esta vía se restablezcan los
derechos vulnerados, al Negar Dichas Pretensiones.»2 (Sic para toda la cita)

1
Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índices 1 y 2).
2
Página 2 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
1

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Demandante: Rosa Edith Salcedo Rodríguez y otros

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En los antecedentes y anexos de la acción de tutela se lee que, desmovilizados
de un grupo armado ilegal señalaron a Rosa Edith Salcedo Rodríguez y a su
compañero permanente como colaboradores y los acusaron de haber brindado
información al grupo subversivo sobre la llegada del señor Álvarez Escudero
a su finca, persona que fue asesinada en ese lugar el 2 de julio de 2001.

Con fundamento en las declaraciones de los desmovilizados, la señora Rosa
Edith y su compañero permanente fueron capturados el 29 de junio de 2016 y
vinculados al proceso a través de indagatoria.

El 7 de julio de 2016, la Fiscalía 52 Especializada resolvió la situación jurídica
de los procesados y les impuso medida de aseguramiento intramural
argumentando que se cumplían los fines regulados en el artículo 355 de la Ley
600 del 2000. La medida de aseguramiento fue confirmada en apelación.

El 19 de diciembre de 2019, el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito
de Sincelejo dictó sentencia de condena en contra de los procesados por el
delito de homicidio agravado.

La decisión fue apelada y en sentencia del 1° de julio de 2020, la Sala Penal
del Tribunal Administrativo de Sincelejo revocó la decisión de condena para,
en su lugar, absolver a los procesados.

2.2. Consecuencia de lo anterior, la señora Rosa Edith Salcedo Rodríguez y otros
promovieron demanda de reparación directa contra la Nación, Fiscalía General
de la Nación para que se declarara su responsabilidad administrativa y
patrimonial por la privación de la libertad descrita y se le condenara al pago de
perjuicios materiales e inmateriales.

El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, bajo el radicado nro. 70001-
33-33-002-2022-00594-00. En sentencia del 20 de marzo de 2023, esa autoridad
judicial negó las pretensiones de la demanda porque la medida de
aseguramiento atendió a los requisitos legales, es decir que no se concretó
una falla en el servicio.

Como fundamento de su decisión, manifestó que la imposición de la medida
de aseguramiento atendió a los requisitos legales consagrados para tal fin en
la Ley 600 del 2000, por lo que encontró que la medida privativa de la libertad
fue legal, proporcional y razonable. Agregó que en el expediente penal obraba
evidencia suficiente para vincular a los demandantes con la comisión del delito
investigado, lo que justificó la imposición de la medida en ese momento del
proceso.

Finalmente, precisó que, aunque el proceso penal concluyó con sentencia
absolutoria por insuficiencia probatoria, esta conclusión no se fundamentó en
la inexistencia o atipicidad del hecho, sino en la falta de pruebas concluyentes
que los incriminaran por lo que no procedía la aplicación del régimen objetivo
de responsabilidad.

2.3. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia. Dijo que, el a quo se
equivocó al concluir que la medida de aseguramiento se ajustó a derecho y
que la señora Rosa Edith debía soportarla. A ese respecto, recordó que la
sentencia penal absolutoria se basó en la falta de credibilidad de los testigos
clave y de las demás pruebas que respaldaban la acusación.
2

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Demandante: Rosa Edith Salcedo Rodríguez y otros

El apelante argumentó que, aunque la medida de aseguramiento se consideró
ajustada a derecho, la condena absolutoria penal en segunda instancia,
fundamentada en la poca fiabilidad de los testigos, da cuenta del daño
antijurídico. En esa vía, criticó que el juez de primera instancia no valorara
integralmente el proceso penal y omitiera pruebas relevantes como la
sentencia penal absolutoria.

2.4. En sentencia del 19 de junio de 2024, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre confirmó la decisión de primera instancia de negar las
pretensiones de la demanda, por considerar que las pruebas del proceso
acreditaban que la privación de la libertad fue legal en tanto atendió a los
requisitos del código procesal penal aplicable.

En la providencia, el tribunal indicó:
«Así las cosas, no puede concluirse que la decisión que restringió la libertad a la señora Rosa
Edith Salcedo Rodríguez fue ilegal, como se califica en el recurso de alzada, pues satisfizo las
prerrogativas previstas en los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000.
En efecto, la medida resultaba: i) necesaria, dado que existían elementos probatorios que
justificaban la medida, conforme al ordenamiento procesal penal al momento de su imposición,
para además garantizar la presencia de la sindicada en el proceso; ii) proporcional, por cuanto
el delito por el cual se investigaba al indiciado era el de homicidio en persona protegida, que
implicaba una pena privativa de la libertad de al menos treinta (30) años de prisión; y iii)
razonable, de cara a la gravedad de la conducta.
En conclusión, no hay duda de que la medida de aseguramiento de detención preventiva
dictada en contra de señora Rosa Edith Salcedo Rodríguez fue procedente, al cumplir con
todos los requisitos exigidos por la ley procesal penal para la época»

La sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido a los sujetos
procesales el 24 de julio de 20243.

3. Fundamentos de la acción

Esta Sala evidencia que gran parte del escrito de tutela está conformado por la
transcripción literal de apartes de la demanda de reparación directa, del recurso de
apelación y de las sentencias de primera y segunda instancia del proceso ordinario
sub examine, así:

Escrito de tutela Pieza procesal citada
Páginas 5 a 42 Apartes literales de la demanda de reparación directa.
Páginas 42 a 58 Apartes literales del recurso de apelación contra la sentencia del 20 de marzo de 2024.
Páginas 58 a 66 Transcripción del aparte de “caso concreto” del fallo del 19 de junio de 2024, Tribunal
Administrativo de Sucre
Página 66 Alegato de desconocimiento del precedente judicial
Páginas 67 a 71 Transcripción apartes sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, rad. 2019-
00169-01 del Consejo de Estado y SU-363 de 2012 de la Corte Constitucional
Página 71 Alegatos de desacuerdo contra la sentencia del 19 de junio de 2024

Del extenso contenido de la acción de tutela, esta Sala identifica dos argumentos
de desacuerdo que expone la parte actora contra la sentencia del 19 de junio de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre:

(i) En la primera parte, adujo la vulneración de sus derechos fundamentales
porque en las sentencias de instancia, que negaron las pretensiones de la
demanda, no se tomaron en cuenta los recientes pronunciamientos del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre privación injusta de la
libertad.

3
Samai para tribunales administrativos, índice 10. Proceso nro. 70001333300220220059401
3

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Demandante: Rosa Edith Salcedo Rodríguez y otros

Relacionó apartes de la sentencia de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado nro. 2019-00169, en la que se dejó sin efectos la
providencia del 15 de agosto de 2018 y se ordenó emitir un fallo de remplazo
en el que se valore la culpa de la víctima sin violar la presunción de inocencia.

Acto seguido, citó un aparte de la sentencia emitida en el proceso de tutela
nro. 2019-000169 en el que se analizó el alcance de la presunción de inocencia
en el marco de la aplicación de la eximente de responsabilidad de la culpa
exclusiva de la víctima en casos de privación injusta de la libertad. También
relacionó apartes de la sentencia SU-363 de 2021 en la que la Corte
Constitucional confirmó la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019.
(ii) Como segundo argumento, señaló que la medida de aseguramiento impuesta
fue «desproporcionada, pues no era urgente, ni necesaria, en consideración a que no se
cumplía con los fines Constitucionales de las Medidas de Aseguramiento artículo 250 de
la Carta Política». En esa línea, advirtió que no había riesgo ni de no
comparecencia dado su arraigo familiar y economía precaria ni era factible
considerar una obstrucción a la justicia. Dijo que tampoco había fundamento
en la investigación que justificara el riesgo para la comunidad o para las
víctimas.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por los señores
Rosa Edith Salcedo Rodríguez, Luz Mery Urzola Salcedo y León Isaac Urzola
Morales4, quienes actúan a través de apoderado judicial, contra la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado
Segundo Administrativo de Sincelejo.
Además, vinculó, en calidad de terceros, a la Fiscalía General de la Nación y
a las señoras Carmen Salcedo Rodríguez y Esilda Salcedo Rodríguez, dada
su calidad de sujetos procesales en el proceso de reparación directa nro.
70001-33-33-002-2022-00594-00/01.

4.2. En memorial del 28 de enero de 2025, el abogado de los accionantes aportó
los datos de notificación de las señoras Carmen Salcedo Rodríguez y Esilda
Salcedo Rodríguez y solicitó que en la decisión de la acción de tutela se tuviera
en cuenta la sentencia del 10 de diciembre de 2025 (sic), emitida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso
70001-33-33-002-2022-00594-00/01.

4.3. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, expuso que el asunto no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, porque lo que pretende la parte actora
es retrotraer las actuaciones y etapas procesales de un asunto que ya surtió
su trámite, lo cual desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela,
más aún cuando no se demuestra la vulneración de derecho fundamental
alguno ni se sustenta la configuración de causales especiales de
procedibilidad
Finalmente, pidió que se tomara en consideración que a esa entidad no le
asiste responsabilidad frente a la vulneración de derechos cuyo origen son
sentencias, pues no existe relación de conexidad entre las actuaciones de la
Fiscalía y las decisiones adoptadas por los jueces de la reparación directa.
4.4. El Tribunal Administrativo de Sucre no respondió la acción de tutela, aunque
fue notificado de su existencia5.

4
Auto admisorio de 23 de enero de 2025 (índice 14, Samai) y auto que corrige del 19 de febrero de 2025 (índice 4, Samai)
5
La acción de tutela se notificó a los siguientes buzones de notificación: sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co
4

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Demandante: Rosa Edith Salcedo Rodríguez y otros

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. Se precisa que el análisis de los argumentos de la acción de tutela se
restringirá a la sentencia de segunda instancia proferida en el curso del
proceso de reparación directa nro. 70001-33-33-002-2022-00594-01. Esta
delimitación del problema jurídico obedece a que las inconformidades contra
la sentencia de primera instancia se deben presentar ante la autoridad
competente en ejercicio del recurso idóneo, para este caso, el de apelación.
En esta medida, es en la segunda instancia donde se define la controversia y
en la que corresponde al juez de tutela concentrar el análisis de la alegada
vulneración ius fundamental.

3.2. Ahora bien, por tratarse de una acción de tutela contra una providencia judicial,
la Sala debe determinar, en primer lugar, si la petición de amparo supera el
6
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
5

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examen general de procedibilidad, en especial, si se cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional.

En el evento de que se supere el anterior examen, se analizará si la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en
desconocimiento del precedente judicial y en defecto fáctico al proferir la
sentencia del 19 de junio de 2024, en el proceso de reparación directa nro.
70001-33-33-002-2022-00594-01.

4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
en el caso particular

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales” 10. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado:
Consejo De Estado – Sección Primera.
6

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En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

4.2. Analizados los argumentos del escrito de tutela en armonía con la sentencia
del 19 de junio de 2024, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre, esta Sección concluye que la petición de amparo no
supera el requisito general de relevancia constitucional.

Se estima pertinente iniciar por referirse a la reiteración textual que hay en el
escrito de tutela de los cargos expuestos en la demanda y en la apelación, los
cuales fueron analizados ya por los jueces de instancia y por lo tanto no
pueden ser objeto de un pronunciamiento adicional por parte del juez de tutela
como si este proceso constitucional se tratara de una instancia adicional al
ordinario.

Además, se advierte que los mencionados argumentos fueron transcritos sin
ningún contexto, situación que a juicio de esta Sala encuentra dos
explicaciones. La primera es que se hayan transcrito esas piezas procesales
para dar un contexto de lo ocurrido en el proceso ordinario, caso en el cual no
es necesario un pronunciamiento de fondo, o que se hayan relacionado en el
escrito de tutela para que el juez constitucional se pronuncie frente a cada uno
de esos argumentos. Sobre esta última posibilidad, se insiste, la acción de
tutela no es una tercera instancia y ante la generalidad con la que son
expuestos estos argumentos, debe recordar esta Sala que no corresponde al
juez de tutela proceder con un análisis oficioso del proceso para hallar algún
yerro que afecte los derechos fundamentales de los sujetos procesales, sino
que corresponde a la parte accionante cumplir con una carga argumentativa
mínima con miras a ubicar sus argumentos en las causales generales y
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, desarrolladas en la sentencia C-590 de 200511.

En línea con lo anterior, conviene recordar que la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales excepcional y en razón a ello se exige
satisfacer una carga argumentativa mínima para que los principios de
preclusión, cosa juzgada y seguridad jurídica que se predican de las
sentencias puedan ceder ante la posible concreción de un yerro que afecte los
derechos fundamentales de los sujetos procesales.

Así las cosas, la tutela contra providencias judiciales es un mecanismo
excepcional que solo procede cuando se demuestra la vulneración grave y
evidente de los derechos fundamentales, pero la parte actora no desplegó
argumentación alguna tendiente a acreditar la concreción de yerros en la
sentencia acusada, se limitó, en la primera parte del escrito de tutela, a reiterar
los argumentos del proceso ordinario.

La Corte12 ha precisado, además, que la tutela no puede utilizarse como una
instancia adicional para revisar asuntos probatorios o interpretaciones
normativas ya decididas por los jueces de instancia, pues la labor del juez de
tutela es hacer un juicio de validez, que no de corrección del fallo cuestionado.
Sobre el particular, en la sentencia SU-453 de 201913, el alto tribunal indicó:

11
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-327 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7

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«De acuerdo con el estado actual de la jurisprudencia, la acción de tutela contra
sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas
situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia
constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este
sentido, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio de
validez” y no como “un juicio de corrección” del fallo cuestionado, lo que se opone a que
se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la
controversia, más aún cuando las partes cuentan con los recursos judiciales, tanto
ordinarios como extraordinarios, para combatir las decisiones que estiman arbitrarias o
que son incompatibles con la Carta Política.»

De acuerdo con lo anterior, se insiste, la reiteración de los cargos de la
demanda de reparación directa y del escrito de apelación, se opone al
presupuesto de relevancia constitucional en tanto que toma la acción de tutela
como una instancia adicional al proceso ordinario. Además, no cumple con la
carga argumentativa mínima dado que carece de fundamentación alguna que
explique cómo estos cargos son compatibles con las causales generales y
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

4.3. De otro lado, la parte actora argumentó que la autoridad judicial accionada
omitió aplicar, en la decisión del caso, los más recientes pronunciamientos de
la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la responsabilidad del Estado
por privación injusta de la libertad. A ese respecto, acusó el desconocimiento
de la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso nro.
11001-03-15-000-2019-00169-01 y de la sentencia SU-363 de 2021, en la que la
Corte Constitucional confirmó la anterior sentencia de tutela.

Además, en memorial del 28 de enero de 2025, el apoderado de la parte actora
solicitó que en la decisión de la acción de tutela se tomara en consideración la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, relativa a
los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, proferida en el
proceso nro. 70001- 23 -31-000-2009-00195-01 (60.798) del 10 de diciembre de
2024.

Estos alegatos tampoco satisfacen el requisito de relevancia constitucional en
lo que a la carga argumentativa mínima se refiere. El accionante omitió señalar
la similitud fáctica y jurídica entre las sentencias invocadas como
desconocidas que permita tenerlas como precedente obligatorio en la decisión
que adoptó el Tribunal Administrativo de Sucre. Tampoco se evidencia que la
regla de decisión que se creó en las dos primeras providencias invocadas
como precedente se acompase con la ratio de la sentencia del 19 de junio de
2024.

En las sentencias del 15 de noviembre de 2019 (Exp. 2019-00169-01) y SU-363
de 2021 se creó una regla de decisión que proscribe la posibilidad de alegar
el hecho de la víctima para liberar la responsabilidad extracontractual del
Estado en eventos de privación injusta de la libertad, si su configuración se
fundamenta en la conducta pre procesal de la persona que fue objeto de juicio
penal. Es decir, que la invocación de esta causal de exoneración deberá
fundamentarse en las actuaciones desplegadas por el investigado en el curso
del proceso penal. Al respecto, en la sentencia SU-363 de 2021, la Corte
precisó:
«172. En síntesis, la Corte encuentra que el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 prevé dos
posibles interpretaciones relativas a la culpa grave y el dolo [en casos de privación injusta de
la libertad]. La primera consiste en predicar dichos fenómenos de la conducta que originó la
acción penal. Esta interpretación es descartada, pues desconoce los principios de juez natural,

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cosa juzgada y presunción de inocencia. La segunda hace referencia a que la culpa grave y
el dolo se predican de las actuaciones procesales. La Corte acoge esta interpretación, pues
ella distingue las finalidades de la acción penal y de la medida de aseguramiento, respeta las
apreciaciones hechas por el juez natural y centra su atención en aquellas conductas que
pudieron llevar a éste a imponer la medida de aseguramiento.
173. El ámbito de apreciación del juez de la responsabilidad no se extiende en estos casos a
valoraciones directas respecto de la conducta naturalística del implicado, pues estas
competen exclusivamente al juez natural. Aun cuando dicha conducta constituya antecedente
o sustrato de la decisión judicial causante del daño (privación de la libertad), el juez de la
responsabilidad no está llamado a evaluarla de nuevo, pues en lo que se investiga
penalmente, tal función es propia del juez de la causa.» (Destaca la Sala)

Sin embargo, la sentencia acusada no fundamentó su decisión en la
concreción de ninguna de las causales que exoneran la responsabilidad del
Estado. El Tribunal Administrativo de Sucre basó su decisión de negar las
pretensiones de la demanda en que las pruebas del proceso no dan cuenta de
la antijuridicidad del daño, sino que, por el contrario, a su juicio, acreditan que
la medida fue razonable, legal y proporcional.

En este punto conviene traer a colación algunos de los argumentos expuestos
en la sentencia del 19 de junio de 2024 para sustentar la anterior conclusión:
«Como se dijo antes, los artículos 356 y 357 de la Ley 600 del 2000 establecían que la
detención preventiva es procedente cuando contra el sindicado resulten por lo menos dos (2)
indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el
proceso y cuando la Fiscalía General de la Nación impute un delito cuya pena mínima exceda
de 4 años, que sea alguno de los delitos previstos en el mismo artículo 357, o que el sindicado
ya estuviese condenado mediante sentencia ejecutoriada por otro delito que tuviera pena de
prisión.
De conformidad con lo expuesto, la Fiscalía General de la Nación fundamentó la decisión que
restringió la libertad a la señora Rosa Edith Salcedo Rodríguez en la declaración rendida por
los señores Albis Manuel Salgado Martínez y Julio Cesar Torres Guerra, reinsertados de la
guerrilla de la Farc; en armonía con la declaración del señor Rafael Antonio Rodríguez
Escudero, hermano del juez asesinado doctor Eduard Edilio Álvarez Escudero.
(…)
En ese sentido, al ser la señora Rosa Edith Salcedo Rodríguez señalada de ser informante de
la Farc, por parte de dos exintegrantes de ese mismo grupo subversivo, quienes la acusan de
haber dado aviso de la presencia del juez Eduard Edilio Álvarez Escudero en el lugar donde
se le asesinó; y de haber amenazado al juez Eduard Edilio Álvarez Escudero y dirigirse
seguidamente al sitio donde yacían los integrantes de la organización terrorista que
cometieron momentos después el homicidio del servidor judicial, de acuerdo a la injurada del
señor Rafael Antonio Rodríguez Escudero. Por ende, se cumplen los dos indicios necesarios
que exige el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.
Por otro lado, también se advierte que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos
previstos en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, puesto que el delito por el cual se
investigaba al indiciado tenía prevista una pena de prisión que excedía de cuatro (4) años. De
hecho, el delito por el que se investigaba a la señora Rosa Edith Salcedo Rodríguez era el de
homicidio en persona protegida, que según el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, suponía una
pena de prisión mínima de treinta (30) años de prisión para la época del delito.
Igualmente, la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable, tal y como se
desprende de los elementos de prueba obrantes en el expediente, debido a la gravedad del
delito por el cual estaba siendo investigada la señora Rosa Edith Salcedo Rodríguez, que no
solo permitía sino aconsejaba la medida restrictiva de la libertad.
En otras palabras, se evidencia que la restricción de la libertad que padeció la señora Rosa
Edith Salcedo Rodríguez encuentra amparo legal por haberse derivado de una actuación de
la Fiscalía General de la Nación ajustada a derecho y porque la medida de aseguramiento se
dictó con fundamento en el material probatorio mínimo que exigía la ley para la adopción de
tales medidas, frente a la cual la parte demandante no puede pretender indemnización de
perjuicios.
Así las cosas, no puede concluirse que la decisión que restringió la libertad a la señora Rosa
Edith Salcedo Rodríguez fue ilegal, como se califica en el recurso de alzada, pues satisfizo las
prerrogativas previstas en los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000.»

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Como se observa, el tribunal accionado estudió los elementos de prueba
aportados al proceso en el marco de los hechos de la demanda y alegatos de
la apelación, pero no encontró demostrada la responsabilidad extracontractual
de la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la privación de la libertad
de la que fue objeto Rosa Edith Salcedo Rodríguez, por lo que confirmó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, queda claro que esa determinación se fundamentó en la falta
acreditación de la antijuridicidad del daño invocado y no en la declaración de
una eximente de responsabilidad del Estado. Luego, se insiste, el argumento
analizado no supera el requisito de relevancia constitucional porque su
fundamentación no se compadece con la ratio de la sentencia acusada.

Respecto de la sentencia del 10 de diciembre de 2025 (Exp. 60.798), baste
agregar que no constituía precedente vigente y exigible a la accionada para el
momento en que se emitió la sentencia de segunda instancia en el proceso
ordinario analizado.

4.4. Finalmente, en el escrito de tutela se indicó de manera general que la medida
de aseguramiento no cumplía con los requisitos legales para ser decretada,
porque, no existía riesgo de fuga dado el arraigo de los procesados, estos no
tenían la posibilidad real de obstruir la justicia y no había evidencia o elementos
materiales probatorios que demostraran que constituían un peligro para la
sociedad.

Este cargo tampoco cumple con el presupuesto de relevancia constitucional
debido a que carece de carga argumentativa suficiente.

La Sala observa que las situaciones fácticas mencionadas en la tutela sí fueron
valoradas por el juez de la causa, pero el actor está en desacuerdo con el
análisis y las conclusiones probatorias a las que llegó el Tribunal accionado.
Aunque, en la sentencia se explicó porque la autoridad judicial consideró que
la medida de aseguramiento atendió a los requisitos de Ley, la parte actora
tiene una lectura diferente y considera que esos requisitos no se acreditaron y
por lo tanto considera que la medida de aseguramiento fue irrazonable e ilegal.
Pero el actor aparte de exponer su desacuerdo no evidencia un error o defecto
en el análisis normativo ni en la valoración probatoria que justifique la
intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue decidido de manera
motivada en el curso del proceso ordinario.

La mera exposición de un desacuerdo, fundamentado en apreciaciones
subjetivas, no es suficiente para sustentar la concreción de un yerro o defecto
en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Cuando esa
inconformidad se centra en la valoración de las pruebas es necesario que el
accionante evidencia un error flagrante y manifiesto en el juicio fáctico de la
sentencia, pero tal yerro no fue argumentado en la acción de tutela, tan solo
se expone una discrepancia con las consideraciones del tribunal accionado.

El juez constitucional no puede proceder con un análisis general de la
valoración probatoria ni hacer un juicio de corrección sobre la sentencia
acusada14.

Recuérdese que es en la valoración de las pruebas donde los jueces naturales
y especializados de la causa, en ejercicio de su autonomía e independencia,
despliegan su razonamiento tendiente a establecer su convicción en relación
con la veracidad de los hechos de la demanda y por tal motivo, la intervención

14
Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2019.
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del juez de tutela es excepcional en este aspecto. Tanto así que la
jurisprudencia constitucional solo permite su intervención cuando, la parte
actora demuestra la concreción de una irregularidad ostensible, flagrante y
manifiesta en el juicio de valoración probatoria, escenario que no se demostró
en el caso particular.

5. Conclusión

Por todo lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
promovida por Rosa Edith Salcedo Rodríguez y otros debido a que los cargos en
los que se fundamentó la petición de amparo no superan el requisito general de
relevancia constitucional, en tanto que unos no se compadecen con el contenido de
la sentencia y los otros carecen de carga argumentativa suficiente.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Rosa Edith
Salcedo Rodríguez y otros, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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