Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2009-00195-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2009-00195-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 70001-23-31-000-2009-00195-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
10 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2024
Radicado: 70001-23-31-000-2009-00195-01 (60.798)
Demandante: William José Lora Marmolejo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad – Falla del servicio – ilegalidad de la medida de aseguramiento - Ley
600 de 2000.
Síntesis del caso: La víctima directa fue privada de la libertad, con ocasión del proceso
penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de rebelión. Dicha
actuación finalizó con sentencia absolutoria a su favor.
Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en
contra de la Sentencia proferida el 25 de agosto de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda1.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una Sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones
solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73
de la Ley 270 de 19962.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1 En la parte resolutiva se dispuso: “PRIMERO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones de Culpa Determinante
de Un Tercero y Culpa de la Víctima en los términos del Artículo 79 de la Ley 270 de 1996, invocadas por la Fiscalía
General de la Nación, por lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: DECLÁRASE administrativamente responsable
a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la privación injusta
de la libertad de que fue objeto el señor William José Lora Marmolejo dentro del proceso penal seguido en su
contra por el delito de Rebelión. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Fiscalía General
de la Nación, a pagar a favor de la parte actora las sumas que se relacionan a continuación por los siguientes
conceptos: Daño Material: La suma de Ocho Millones Ochocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y
Cuatro Pesos ($8.854.454) a favor de William José Lora Marmolejo. Daño Moral: William José Lora Marmolejo 80
SMLMV, Ana Petrona Marmolejo de Lora 80 SMLMV, Jhonatan José Lora Mendez 80 SMLMV, Juan David Lora
Mendez 80 SMLMV, Eliana del Carmen Lora Mendez 80 SMLMV, William José Lora Ortega 80 SMLMV, Liz Marcela
Lora Ortega 80 SMLMV, Marco Tulio Lora Marmolejo 40 SMLMV, Ana Gabina Lora Marmolejo 40 SMLMV, Gabriel
Segundo Lora Marmolejo 40 SMLMV, Leopoldo Lora Marmolejo 40 SMLMV, Margonia María Lora Marmolejo 40
SMLMV. CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto
en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A. SEXTO: Sin condena en costas.
SEPTIMO: Concédase el Grado Jurisdiccional de Consulta si la presente sentencia no fuere apelada. OCTAVO:
Téngase a los doctores Carmen Beatriz Vargas Castillo, portadora de la T.P. No. 192.695 del C. S de la J e
identificada con la CC No. 28.098.547 de Charalá (Santander) y Fabio Enrique Martínez Arroyo, portador de la T.P.
No. 158.162 del C.S de la J e identificado con la CC No. 92.524.264 de Sincelejo, como apoderados principal y
sustituto, respectivamente, de la Fiscalía General de la Nación, en los términos y extensiones del poder que les fue
conferido. Se deja constancia de que el proyecto de esta providencia fue estudiado, discutido y aprobado por la
Sala en sesión del día, según Acta No. 016.”
2 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-
03-26-000-2008-00009-00 (IJ) de 9 de septiembre de 2008.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 70001-23-31-000-2009-00195-01 (60.798)
Demandante: William José Lora Marmolejo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recursos de apelación
Posición de la parte demandante
1. El 27 de noviembre de 2009, William José Lora Marmolejo y su grupo
familiar presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa,
en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, para obtener la
reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su
libertad, ocurrida dentro del proceso penal adelantado en su contra por el
delito de rebelión3.
2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se
trascribe):
“1. LA NACIÓN COLOMBIANA - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Es
Administrativa y Extracontractualmente responsable individualmente, por los
daños y perjuicios de todo orden materiales e inmateriales, inclusive de
aquellos derivados de la alteración de su vida de relación familiar, social y
afectiva, causados y futuros, de que es titular el señor WILLIAM SEGUNDO
LORA MARMOLEJO/ su compañera permanente RUTH MENDEZ MERCADO y
sus Hijos menores JONATAN JOSE, JUAN DAVID Y ELIANA DEL CARMEN, LORA
MARMOLEJO, respectivamente, sus hijos extramatrimoniales WILLIAM JOSE y
LIZ MARCELA, LORA ORTEGA, su madre ANA PETRONA MARMOLEJO DE LORA,
y sus hermanos MARCO TULIO LORA MARMOLEJO, ANA GAVINA LORA
MARMOLEJO, GABRIEL SEGUNDO LORA MARMOLEJO, LEOPOLDO LORA
MARMOLEJO Y MARGONIA MARIA LORA MARMOLEJO, como consecuencia
de la privación injusta de la libertad de que fue objeto WILLIAM SEGUNDO
LORA MARMOLEJO, ocurrida el día 17 del mes de agosto del año 2003, en la
municipio de Colosó – Sucre. Bajo la operación denominada “MARISCAL”
realizada por la Policía Nacional.”.4
3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron
que se condenara a la entidad demandada al pago de los siguientes
perjuicios:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
William José Lora Marmolejo Víctima directa 100 SMLMV
Compañera
Ruth Mendez Mercado permanente de la 100 SMLMV
Perjuicios víctima directa
morales Madre de la víctima
Ana Petrona Marmolejo de Lora 100 SMLMV
directa
Jhonatan José Lora Mendez Hijo de la víctima directa 100 SMLMV
Juan David Lora Mendez Hijo de la víctima directa 100 SMLMV
3 Folios 1 al 12 del cuaderno del tribunal No.1.
4 Los nombres de la víctima directa y sus hijos se trascriben tal como aparecen en las pretensiones de la demanda,
sin embargo, de los registros civiles y demás documentos aportados se advierte que los nombres correctos son:
William José Lora Marmolejo, Jhonatan José Lora Mendez, Juan David Lora Mendez y Eliana del Carmen Lora
Mendez.
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Demandante: William José Lora Marmolejo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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Eliana del Carmen Lora Mendez Hija de la víctima directa 100 SMLMV
William José Lora Ortega Hijo de la víctima directa 100 SMLMV
Liz Marcela Lora Ortega Hija de la víctima directa 100 SMLMV
Hermano de la víctima
Marco Tulio Lora Marmolejo 100 SMLMV
directa
Hermana de la víctima
Ana Gabina Lora Marmolejo 100 SMLMV
directa
Gabriel Segundo Lora Hermano de la víctima
100 SMLMV
Marmolejo directa
Hermano de la víctima
Leopoldo Lora Marmolejo 100 SMLMV
directa
Hermana de la víctima
Margonia María Lora Marmolejo 100 SMLMV
directa
William José Lora Marmolejo Víctima directa 100 SMLMV
Compañera
Ruth Mendez Mercado permanente de la 100 SMLMV
víctima directa
Madre de la víctima
Ana Petrona Marmolejo de Lora 100 SMLMV
directa
Jhonatan José Lora Mendez Hijo de la víctima directa 100 SMLMV
Juan David Lora Mendez Hijo de la víctima directa 100 SMLMV
Eliana del Carmen Lora Mendez Hija de la víctima directa 100 SMLMV
Daño a la William José Lora Ortega Hijo de la víctima directa 100 SMLMV
vida de Liz Marcela Lora Ortega Hija de la víctima directa 100 SMLMV
relación Hermano de la víctima
Marco Tulio Lora Marmolejo 50 SMLMV
directa
Hermana de la víctima 50 SMLMV
Ana Gabina Lora Marmolejo
directa
Gabriel Segundo Lora Hermano de la víctima 50 SMLMV
Marmolejo directa
Hermano de la víctima 50 SMLMV
Leopoldo Lora Marmolejo
directa
Hermana de la víctima 50 SMLMV
Margonia María Lora Marmolejo
directa
Los salarios
Perjuicios dejados de
materiales/ percibir
William José Lora Marmolejo Víctima directa
Lucro durante la
cesante privación
4. Adicionalmente, se solicitó que, al momento de proferirse sentencia, se
indexaran las sumas reconocidas, se diera cumplimiento a lo previsto por los
artículos 176, 177 y 178 del C.C.A, y se condenara en costas a las entidades
demandadas.
5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:
6. 1) Con base en un informe de la Policía Nacional sobre actividades de
grupos subversivos de los frentes 35 y 37 de las FARC en varios municipios del
departamento de Sucre, la Fiscalía 16 seccional de Sincelejo ordenó la
captura de William José Lora Marmolejo y otros sujetos, por la presunta
comisión del delito de rebelión. Según la demanda, su captura se
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materializó el 17 de agosto de 2003 en el municipio de Colosó (Sucre),
donde residía.
7. 2) El 2 de septiembre de 2003, la Fiscalía resolvió su situación jurídica y
le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro
carcelario, decisión que fue revocada el 7 de noviembre de 2003.
8. 3) El 24 de junio de 2004, profirió resolución de acusación en contra de
William Lora y esta decisión fue confirmada mediante Resolución de 4 de
octubre de 2004 en la que se ordenó capturar nuevamente a todos los
sindicados.
9. 4) El 3 de febrero de 2006, el Juzgado 2 Penal del Circuito de Sincelejo
profirió sentencia de primera instancia en la que absolvió a William Lora
Marmolejo y los demás procesados, por lo que ordenó su libertad inmediata.
Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Sincelejo.
1.2. Posición de la parte demandada
10. El 10 de septiembre de 2013, la Fiscalía General de la Nación, contestó
la demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda5. En su escrito
argumentó haber actuado en ejercicio de sus obligaciones constitucionales
y legales, por lo que debía adelantar la respectiva investigación penal de
aquellos hechos que pudieran constituir un delito. Objetó la cuantía de la
demanda, al considerar que no estaban probadas las sumas pedidas por
concepto de perjuicios materiales. Además, señaló que se había
configurado el hecho de un tercero, toda vez que la investigación inició con
fundamento en el informe suscrito por el patrullero Edgar Blandón.
Finalmente, indicó que, en todo caso, también se había configurado la
culpa de la víctima, pues el demandante o su entonces defensor no
solicitaron control de legalidad de la medida de aseguramiento de
detención preventiva.
1.3. Sentencia de primera instancia
11. El 25 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Sucre, profirió
Sentencia de primera instancia, en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y ordenó el pago de perjuicios materiales y
morales6. El tribunal declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la
Nación por la privación injusta de la libertad del demandante, al encontrar
que no pudo desvirtuar su presunción de inocencia, de manera que se
5 Folios 55 al 69 del cuaderno del tribunal No. 1.
6 Folios 216 al 224 del cuaderno del Consejo de Estado.
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lesionó su derecho fundamental a la libertad, sin estar obligado a soportarlo.
Sostuvo que de los argumentos contenidos en la contestación de la
demanda o de las pruebas recaudadas en el proceso no se logró acreditar
alguna causal eximente de responsabilidad de la entidad demandada, por
lo que se reunían los elementos para condenar al pago de perjuicios bajo
un régimen objetivo de responsabilidad. En relación con el reconocimiento
de perjuicios morales, el Tribunal negó lo solicitado por la señora Ruth
Mendez Mercado, al considerar que no acreditó su calidad de compañera
permanente de la víctima directa.
1.4. Recursos de apelación
12. El 15 de septiembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación interpuso
recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la
demanda7. En su escrito indicó que, el presente asunto no debió analizarse
bajo un régimen objetivo de responsabilidad sino conforme la falla del
servicio. Indicó que la privación de la libertad del demandante obedeció a
razones jurídicamente válidas en ese momento, de manera que la
imposición de la medida de aseguramiento se ajustaba a todas las
exigencias sustanciales y formales de la ley.
13. El 19 de septiembre de 2017, la parte demandante presentó recurso de
apelación en el que solicitó que se modificara el fallo de primera instancia8
en el sentido de reconocer perjuicios morales en favor de la señora Ruth
Mendez Mercado, por considerar que sí existía prueba suficiente de su
relación afectiva con William Lora Marmolejo. Adicionalmente, solicitó que
se le reconociera dentro del lucro cesante, la suma de dinero equivalente a
35 semanas, que corresponde al tiempo que la víctima directa tardaría en
conseguir un empleo.
1. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación
del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la medida de aseguramiento; 2.4. Entidad a la que
se le atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas
2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
14. El Tribunal en primera instancia accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación. La fiscalía presentó recurso de apelación, en el que
solicitó la revocatoria de dicha decisión y la parte actora solicitó que se
7 Folios 151 al 157 del cuaderno del Consejo de Estado.
8 Folios 128 al 239 del cuaderno del Consejo de Estado.
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reconocieran perjuicios morales en favor de la demandante Ruth Mendez
Mercado y que se aumentara la indemnización reconocida por concepto
de lucro cesante.
15. En el presente asunto está demostrado que, William José Lora
Marmolejo estuvo privado de la libertad, desde el 18 de agosto de 2003
hasta el 7 de noviembre de 2003 y desde el 5 de mayo de 2005 hasta el 6
de febrero de 20069, con ocasión del proceso penal que se adelantó en su
contra por la presunta comisión del delito de rebelión, el cual finalizó con
sentencia absolutoria a su favor10.
16. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto, porque
encuentra reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la
oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la providencia
que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el 29 de julio de 200811, la
solicitud de conciliación prejudicial suspendió el plazo entre el 21 de julio y
el 3 de septiembre de 200912 y la demanda fue presentada el 27 de
noviembre de 200913, por lo que se concluye que la acción se ejerció dentro
del término previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.
17. La Sala modificará la Sentencia de primera instancia y declarará la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta
de la libertad de William Lora Marmolejo, porque le impuso la medida de
aseguramiento sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Por lo
anterior, condenará a la Fiscalía a la reparación de perjuicios, pero
únicamente en la proporción equivalente al tiempo que la víctima directa
estuvo privada de la libertad por cuenta de esta entidad, de conformidad
con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en casos similares,
y se ordenará restablecer el buen nombre de la víctima directa.
18. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero,
identificará que se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho
a la libertad. Luego, profundizará en las razones anunciadas por las cuales
no se cumplieron los requisitos para imponer medida de aseguramiento.
Ante la ausencia de la denominada culpa de la víctima, como causal
eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la
Fiscalía General de la Nación. Finalmente, liquidará la indemnización de los
perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.
9 De acuerdo con la certificación expedida por la directora encargada del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Sincelejo Sucre (folio 44 del cuaderno del Tribunal No.1).
10 Sentencia de 3 de febrero de 2006 proferido por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Sincelejo (cuaderno de
pruebas No.3), absolución que fue confirmada por el Tribunal Superior de Sincelejo mediante Sentencia de 25 de
junio de 2007 (cuaderno de pruebas No.4).
11Según constancia ejecutoria expedida por el Juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Sincelejo (folio 45 del cuaderno del Tribunal No.1)
12 Constancia de conciliación fallida emitida por la Procuraduría 44 Judicial II para asuntos administrativos ante el
Tribunal Administrativo de Sucre. Folio 42 del Cuaderno del Tribunal No. 1.
13 Folio 11 del cuaderno del Tribunal No.1
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2.2. Identificación del daño
19. En este caso, el hecho generador del daño deriva de la privación
injusta de la libertad de William José Lora Marmolejo desde el 18 de agosto
de 2003 hasta el 7 de noviembre de 2003 (2 meses y 21 días) y desde el 5 de
mayo de 2005 hasta el 6 de febrero de 2006, (9 meses y 2 días).
2.3. Análisis de legalidad de la medida de aseguramiento
20. La investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley
600 de 2000. De acuerdo con el artículo 354 de dicha normativa, la situación
jurídica se definía solo en aquellos casos en que es procedente la detención
preventiva. Asimismo, de conformidad con los artículos 355 al 357 ibidem, la
detención preventiva se impondría cuando se trate de un delito que tenga
prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de 4 años; cuando el
delito imputado esté dentro de la lista del artículo 357, numeral 2, del mismo
código; o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada
por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión. Además, si
aparecen, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad, de acuerdo
con las pruebas recopiladas legalmente en el proceso y si resulta necesaria
para el cumplimiento de alguno de sus fines.
21. Inicialmente, se observa que, la medida de aseguramiento dictada
en contra de William José Lora Marmolejo por el delito de rebelión fue
adoptada por una conducta respecto de la cual procedía la medida de
aseguramiento de detención preventiva, al encontrarse dentro de lo
previsto por el artículo 357, numeral 1, del C.P.P. No obstante, la Sala
advierte que, la Fiscalía no tenía un fundamento probatorio sólido para
inferir la responsabilidad penal del entonces sindicado y, además, no
justificó la necesidad de su imposición conforme a los fines constitucionales
y legales, por lo que la medida de aseguramiento fue ilegal.
22. Según la Resolución de 2 de septiembre de 200314, que definió la
situación jurídica de William José Lora Marmolejo junto con la de ciento
cincuenta y tres procesados más, la medida de aseguramiento en su contra
se impuso con fundamento en 1) el informe de policía ADESEP-GARMI de 12
de agosto de 2003, en el que se señalaba a varias personas de pertenecer
al frente 35 y 37 de las FARC y desarrollar actividades subversivas en distintos
municipios del departamento de Sucre; y 2) la declaración de Benildo Tijeras
Maldonado, ex integrante del frente 35 de las FARC quien hizo sindicaciones
directas en contra de los indagados. En dicha resolución también se reseñó
la indagatoria de William Lora Marmolejo, oportunidad en la que negó ser o
14 Cuaderno de pruebas No.1.
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haber sido miliciano de las FARC y afirmó que los señalamientos en su contra
obedecían a que “alguien lo quería hundir”.
23. El declarante Benildo Tijeras Maldonado manifestó que conocía al
ahora demandante como “William” porque hacía parte de las milicias del
frente 35 de las FARC en el municipio de Ovejas (Sucre) y que estaba
encargado de realizar labores de inteligencia contra miembros de la fuerza
pública y financiera a los ganaderos y comerciantes de la región. También
señaló que William Lora recibió instrucción sobre política subversiva por parte
de Pedro Parada y un curso de explosivos, por parte de alias “Tilson”15.
24. De lo anterior la Sala observa que, la Fiscalía sustentó los indicios graves
de responsabilidad en un informe de policía judicial que no podía ser
utilizado como prueba16 y, además, la declaración de Benildo Tijeras tenía
una contradicción importante en relación con William Lora pues lo señaló
de ser miliciano en el municipio de Ovejas, pese a que su lugar de residencia
era en el municipio de Colosó. Al respecto, es de anotar que la fiscalía al
referirse a los milicianos en este caso indicó que se trataba de “personas de
reconocida trayectoria social en la urbe o en la zona donde tengan un
arraigo porque constituyen la fuerza callada de la subversión”17.
25. Similares argumentos utilizó la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior
de Sincelejo para revocar la medida de aseguramiento impuesta en contra
de William José Lora Marmolejo y otros18. En su decisión la Fiscalía hizo
referencia a que el informe de policía judicial no era un medio de prueba
establecido por el legislador para demostrar la verdad en desarrollo de una
actuación punitiva y criticó las labores previas de verificación que dieron
lugar al informe de 12 de agosto de 2003, pues consideró que fue una
actividad para “mostrar eficientismo” en lugar de ser una labor seria y
contundente.
15 Su declaración fue reseñada en la Resolución de 23 de junio de 2004 (Cuaderno de pruebas No.2.) así como en
la Sentencia absolutoria de 3 de febrero de 2006 (Cuaderno de pruebas No.3).
16 En relación con los informes de policía judicial, la Corte Suprema de Justicia ha explicado lo siguiente: “A partir
de la Ley 600 de 2000, la jurisprudencia sostiene de manera pacífica y regular que las exposiciones y entrevistas
obtenidas en las labores previas de verificación y contenidas en los informes de policía judicial no tienen valor de
testimonio ni de indicios, sino que constituyen ‘criterios orientadores de la investigación’ . Sin embargo, distingue las
labores previas de verificación de la policía judicial adelantadas antes de la judicialización, de la práctica de
pruebas técnicas o diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos por orden y comisión del fiscal que ha
asumido la investigación, conforme con lo preceptuado por el artículo 316 de la Ley 600 de 2000, disposición a la
cual ninguna referencia hace el reparo. Esta disposición que impone límites a la policía judicial y a los servidores
públicos que ejerzan funciones de esa naturaleza, toda vez que solo pueden actuar por orden del fiscal y
adelantar únicamente las pruebas técnicas señaladas en la comisión respectiva, permite colegir que las
practicadas con sujeción a ella, tienen valor probatorio por corresponder al mandato y las directrices del
encargado de la investigación penal”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 26 de
septiembre de 2018. Radicación No. 40527.
17 Por esta razón la fiscalía no otorgó valor probatorio a los documentos aportados por la defensa de algunos
indagados que daban cuenta de su buen desempeño laboral, profesional, familiar y vínculos afectuosos con la
comunidad, al haber sido señalados de ser milicianos. Folio 53 del cuaderno de pruebas No.1.
18 Resolución de 7 de noviembre de 2003 que obra en los folios 112 al 131 del cuaderno del Tribunal No.1.
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Decisión: Modifica la sentencia apelada
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26. También cuestionó la credibilidad de la declaración de Benildo Tijeras
Maldonado comoquiera que hizo señalamientos poco precisos al asegurar
que conocía a cada uno de los sindicados por nombres y apellidos, los
cuales residían en diferentes municipios del departamento de Sucre, pese a
que afirmó que solo los comandantes tenían acceso a esa información.
Tampoco le pareció creíble que recordara el nombre completo y los alias
de cada uno de los sindicados, pero que no pudiera precisar las fechas en
las que los conoció y en las que al parecer recibieron los cursos de
entrenamiento, además, muchos de los señalados como milicianos no
tenían el perfil para calificarlos como tal, pues se trataba de personas con
limitaciones físicas, con enfermedades crónicas, de escasos estudios, sin
conocimientos militares y tácticos.
27. Por otra parte, en relación con la necesidad de la medida de
aseguramiento impuesta a William José Lora Marmolejo, la Sala encuentra
que la fiscalía se limitó a constatar su presunta responsabilidad en la
conducta investigada, pero no explicó por qué en este caso en concreto
se cumplían los fines constitucionales y legales para su adopción. Es decir,
no argumentó por qué era necesaria para resguardar la actividad
probatoria del proceso, garantizar el eventual cumplimiento de la pena o
para la protección de la comunidad.
28. Pese a las imprecisiones y contradicciones en las que incurrió el
exguerrillero Benildo Tijeras en su declaración, la Fiscalía 16 delegada ante
los jueces penales del circuito de Sincelejo, profirió resolución de acusación
en contra de William Lora Marmolejo y los demás procesados19, al considerar
que el testimonio único del señor Tijeras era “creíble, serio, responsivo” y
cumplía con los criterios establecidos por el procedimiento penal para
sustentar la acusación. Además, señaló que, si bien se hizo un
reconocimiento en fila de personas por parte del declarante en el que no
identificó a todos los procesados, eso no significaba que el testimonio fuera
falaz. En consecuencia, ordenó imponer nuevamente medida de
aseguramiento en contra del aquí demandante, sin exponer las razones por
las que esta medida resultaba necesaria.
29. Finalmente, mediante Sentencia de 3 de febrero de 2006, William José
Lora Marmolejo fue absuelto del cargo por el que fue acusado, al no obrar
pruebas suficientes que permitieran declarar su responsabilidad en la
conducta investigada. En efecto, como el único medio de prueba que
pesaba en su contra era la declaración de Benildo Tijeras Maldonado y sus
afirmaciones fueron contrastadas con un reconocimiento en fila de
personas en el que no pudo individualizar a William Lora Marmolejo, su
19 Resolución de 23 de junio de 2004 que obra en el Cuaderno de pruebas No.2.
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Decisión: Modifica la sentencia apelada
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testimonio perdió la credibilidad necesaria para fundamentar una decisión
condenatoria.
30. En consecuencia, ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por
la ley procesal vigente para la imposición de la medida de aseguramiento
de detención preventiva, la Sala declarará la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación por la falla en el servicio y ordenará el pago de los
perjuicios causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad
de William José Lora Marmolejo.
2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño
31. En este caso, la Sala no advierte la configuración de la culpa
exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en
materia de privaciones injustas de la libertad. William Lora Marmolejo, en
efecto, no desplegó ninguna actuación dentro del proceso penal, de la
cual se pudiese predicar su incidencia en la causación del daño. Por el
contrario, sus intervenciones se circunscribieron a presentar los argumentos
y las respectivas justificaciones, tendientes a demostrar su inocencia en el
comportamiento investigado.
32. Por otra parte, esta Subsección advierte que la actuación penal se
adelantó bajo el régimen previsto por la Ley 600 de 2000, según el cual, la
etapa de instrucción estaba a cargo de la Fiscalía General de la Nación y
a partir de “la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del
juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal
General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal”20.
33. De manera que, como la privación de la libertad de la víctima directa
se prolongó hasta la etapa de juicio, se advierte que en la causación del
daño participaron tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Rama
Judicial. Sin embargo, no puede analizarse la responsabilidad de esta última
entidad porque no fue demandada. En consecuencia, el daño se le
atribuirá a la Fiscalía General de la Nación solo en la proporción equivalente
al tiempo que William Lora Marmolejo estuvo detenido por cuenta de esta
entidad. Es decir, desde el 18 de agosto de 2003 hasta el 7 de noviembre
del mismo año. No se tomará en consideración el segundo período pues, si
bien la orden de detención fue emitida por la Fiscalía, esta se hizo efectiva
el 5 de mayo de 2005, cuando el proceso se encontraba a disposición del
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, autoridad que tenía la
competencia para decidir sobre la libertad del procesado21. En
20 Artículo 400 de la Ley 600 de 2000.
21 Según se indicó en la Sentencia absolutoria de 3 de febrero de 2006, la Resolución de Acusación proferida el 23
de junio de 2004 por la Fiscalía 16 delegada ante los juzgados penales del circuito de Sincelejo, fue confirmada el
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consecuencia, el período a indemnizar corresponde a 2 meses y 21 días de
privación de la libertad.
2.5. Liquidación de perjuicios
2.5.1. Perjuicios inmateriales
34. En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda
privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como
sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales se
presumen respecto a la persona que sufre la detención, así como también
en relación con su núcleo familiar más cercano, de acuerdo con las
experiencias generalizadas en nuestro entorno.
35. En la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 202122, la Sección
Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para la
víctima directa, a partir de la prueba de la privación de la libertad. Para su
cónyuge o compañero/a permanente y para sus parientes hasta el primer
grado de consanguinidad, con la prueba de tal condición. Asimismo, para
las demás víctimas indirectas, aunque la prueba del parentesco puede ser
apreciada como indicio de la existencia de relaciones estrechas con el
detenido, los perjuicios morales deben ser acreditados con otros medios de
prueba.
36. Además, en la providencia, se establecieron unos criterios para el
cálculo de la indemnización, según el tiempo de privación de la libertad del
afectado directo. Así, si la privación de la libertad tiene una duración igual
o inferior a un mes, se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5
SMLMV; de ahí en adelante, por cada mes adicional transcurrido, se suma
un monto de 5 SMLMV y, por cada día adicional al último mes transcurrido,
se debe sumar una fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene
de dividir 5 SMLMV entre los 30 días que generalmente tiene un mes. Lo
anterior, hasta llegar a un tope de 100 SMLMV, correspondiente a las
privaciones de la libertad con una duración igual o mayor a 20 meses.
37. De igual forma, se adujo que la indemnización no debía ser igual para
todos los demandantes, dado que la afectación que sufre quien es privado
de la libertad tiene una intensidad distinta a la afectación que padecen sus
familiares. Por tal motivo, se planteó que para los parientes en el primer
grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o
compañera permanente el tope de indemnización es de 50% de lo que le
4 de octubre de 2004 por la Fiscalía 1 delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo, de manera que, a partir de
esta última fecha el demandante principal estuvo a disposición de la Rama Judicial.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de
2021, Exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).
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corresponda a la víctima directa. Para los demás demandantes, cuando
acrediten los perjuicios morales, el tope máximo es del treinta por ciento 30%
de lo que le corresponda a la víctima directa.
38. Por último, la Sección Tercera estableció la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29
de noviembre de 2021, según lo cual, esta Sala de Subsección interpreta
que, en las demandas presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia
de unificación, la aplicación de las reglas para el reconocimiento y la
liquidación del perjuicio moral será inmediata. Además, en las demandas
presentadas antes de 28 de agosto de 2013 como es la del asunto de la
referencia, al no existir reglas jurisprudenciales que crearan expectativa
sobre el reconocimiento del derecho, las reglas contenidas en la Sentencia
de unificación deben ser aplicadas sin ninguna reserva. Asimismo, en
relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales
y la forma de calcularlos, la sentencia será aplicada de inmediato, dado
que sobre ese aspecto no puede considerarse que exista una expectativa
legítima de un derecho.
39. Según lo anterior, en este caso deberán aplicarse las reglas de
unificación definidas recientemente por la Sección Tercera por tratarse de
una demanda presentada el 27 de noviembre de 2009. En consecuencia,
esta Subsección reconocerá los siguientes perjuicios morales, una vez
acreditada su legitimación e interés de ser reparados patrimonialmente:
Demandante Calidad Total
William Lora Marmolejo Víctima directa 13,49 SMLMV
Compañera permanente de la 4,72 SMLMV
Ruth Mendez Mercado
víctima directa
Ana Petrona Marmolejo de Lora Madre de la víctima directa23 4,72 SMLMV
Jhonatan José Lora Mendez Hijo de la víctima directa24 4,72 SMLMV
Juan David Lora Mendez Hijo de la víctima directa25 4,72 SMLMV
Eliana del Carmen Lora Mendez Hija de la víctima directa26 4,72 SMLMV
William José Lora Ortega Hijo de la víctima directa27 4,72 SMLMV
Liz Marcela Lora Ortega Hija de la víctima directa28 4,72 SMLMV
40. La Sala advierte que, contrario a lo sostenido por el juez de primera
instancia, si se encuentra demostrada la relación y convivencia de William
José Lora Marmolejo con su compañera permanente, Ruth Mendez
Mercado. En efecto, no solo obra en el proceso la declaración juramentada
de José Manuel Amaya Narváez y Richard José Morales Gamarra29, sino
23 Registro civil de nacimiento de William José Lora Marmolejo. Folio 20 del cuaderno del Tribunal No.1.
24 Registro civil de nacimiento. Folio 24 del cuaderno del Tribunal No.1.
25 Registro civil de nacimiento. Folio 25 del cuaderno del Tribunal No.1.
26 Registro civil de nacimiento. Folio 26 del cuaderno del Tribunal No.1.
27 Registro civil de nacimiento. Folio 27 del cuaderno del Tribunal No.1.
28 Registro civil de nacimiento. Folio 28 del cuaderno del Tribunal No.1.
29 Folio 41 del cuaderno del Tribunal No.1. Declaraciones que serán tenidas en cuenta de conformidad con el
artículo 188 del Código General del Proceso,
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también la individualización efectuada dentro del proceso penal en donde
se indicó que William José Lora Marmolejo, para el momento de la
ocurrencia de los hechos vivía en unión libre con Ruth Mendez30, con quien
además tiene 3 hijos en común. Sin embargo, al no estar demostrada la
intensidad de su afectación moral, la Sala le reconocerá el 35% de la
indemnización que le corresponde a la víctima directa.
41. En relación con Ana Petrona Marmolejo de Lora -madre-, Jhonatan
José, Juan David y Eliana del Carmen Lora Mendez, William José y Liz
Marcela Lora Ortega -hijos-, se encuentra acreditada su relación de
parentesco en el primer grado con la víctima directa. No obstante, pese a
que la presunción de perjuicios morales no fue desvirtuada, no hay prueba
en el expediente que dé cuenta de la intensidad de la afectación moral
padecida por ellos, de manera que se les reconocerá el 35% de la
indemnización que le corresponde a la víctima directa.
42. Respecto de sus hermanos Marco Tulio, Ana Gabina, Gabriel Segundo,
Leopoldo y Margonia María Lora Marmolejo, si bien acreditaron su
parentesco en segundo grado31, no obra en el proceso prueba alguna de
su afectación o de la existencia de relaciones estrechas de solidaridad o
afecto con el detenido. Por ello, al no ser suficiente la simple prueba del
parentesco en el caso de los hermanos, esta Sala revocará la indemnización
reconocida a su favor en primera instancia y negará las pretensiones
solicitadas por estos.
43. En la demanda también se solicitó el reconocimiento de perjuicios a
favor de cada uno de los demandantes por “daños a la vida de relación”
como consecuencia de “la violación de los derechos a la libertad, a la libre
locomoción, al trabajo, a la protección judicial y a la justicia, al buen
nombre, la honra, la libertad de residencia, la presunción de inocencia, el
derecho a no ser desplazado, los derechos de la familia y que han sido
víctima él, su señora y sus hijos”. Frente a esto, la Sala abordará el análisis de
acuerdo con la jurisprudencia vigente32. No se demostró la configuración de
una alteración en las condiciones sicofísicas de los demandantes. En efecto
las afectaciones alegadas por la parte actora aluden al sufrimiento moral
que afrontaron los demandantes como consecuencia de la privación de la
libertad de William Lora, todo lo cual fue considerado al momento de
30 En la Resolución de acusación de 23 de junio de 2004, al referirse al estado civil de William Lora Marmolejo, la
fiscalía señaló que vivía en “unión libre con la señora Ruth Mendez”. Folio 202 del cuaderno de pruebas No.2. Así
mismo se indicó en la Sentencia absolutoria de 3 de febrero de 2006. Folio 436 del cuaderno de pruebas No.3.
31 Registros civiles de nacimiento que obran en los folios 31 al 40 del cuaderno del Tribunal No.1.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Documento ordenado mediante Acta No. 23 del
25/sep/2013 con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de
los perjuicios inmateriales. Ver Sentencias de Unificación de 28 de agosto de 2014, expedientes 32988, 28804 y
31170 proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera.
Sentencias,
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reconocer los perjuicios morales indicados anteriormente, por lo cual la
solicitud de indemnización será negada.
44. Por otra parte, la Sala sí advierte una afectación del derecho al buen
nombre de la víctima directa. En efecto, el ejercicio del poder punitivo del
Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la población, que lo
acata porque presume su corrección. De manera que, una decisión de este
tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del derecho
a la libertad, conlleva necesariamente un menoscabo en la reputación de
quien la soporta, como ocurrió en el presente asunto.
45. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, de la vulneración al
buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre “la
reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás”33, un deterioro de
la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su
desempeño dentro de la sociedad34. Este asunto, ha sido considerado en la
jurisprudencia un “factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona
debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”35. De ahí la
gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión de la afectación al
buen nombre del demandante principal.
46. Además, la adopción de una medida de restablecimiento del derecho
al buen nombre de la víctima directa es una expresión propia de la justicia
restaurativa impuesta a todo funcionario judicial, con la que se busca volver
las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo
menos, limitar sus consecuencias nocivas. Por lo tanto, en este caso,
procede la reparación, en los mismos términos, de los derechos vulnerados36.
47. En consecuencia, la Sala ordenará a la Fiscalía General de la Nación
que emita un comunicado en el que reconozca que se ordenó la detención
de William Lora Marmolejo en un proceso penal en el que no fue posible
desvirtuar su presunción de inocencia. De acuerdo con el principio según el
cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima,
la parte demandante le informará a esta entidad, dentro del mes siguiente
a la ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será
33 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
34 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
35 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
36 Si bien el esquema procesal previsto en el Decreto 1 de 1984 está regido por el clásico principio de justicia
rogada, este ha sido objeto de flexibilización por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del propio
Consejo de Estado, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial y la eficacia de los derechos
fundamentales. Así, por ejemplo, en Sentencia C-197 de 1999, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
del aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984),
relativo al contenido de la demanda, “bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación
de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun
cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica
tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”. Criterio igualmente sostenido, entre otras, por la Corte
Constitucional en las Sentencias T-553 de 2012 y T-234 de 2017.
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entregado en físico a ellos o si, además, desean que se publique en las
plataformas de comunicación y difusión de la entidad, y a ello procederá
la fiscalía una vez sea indicado. De no hacerse ninguna manifestación
durante ese lapso, se entenderá que la parte demandante opta porque las
disculpas se expresen de forma privada, por lo que la entidad así lo cumplirá
de manera inmediata.
2.5.2. Perjuicios materiales
48. Por otra parte, en la demanda se solicitó, por concepto de lucro
cesante, los ingresos mensuales dejados de percibir por William José Lora
Marmolejo durante el tiempo que estuvo privado de la libertad. Al respecto,
el Tribunal sostuvo que, pese a que no había prueba de la profesión u oficio
que desempeñaba el demandante para el momento de su detención, lo
cierto es que era un hombre de 37 años “con capacidad de ejercer una
actividad laboral y percibir un ingreso por ella”, de manera que liquidó el
lucro cesante con fundamento en el salario mínimo legal mensual vigente
para la fecha en que fue privado por primera vez de la libertad -2003-, por
un período de 11 meses y 20 días, correspondiente al tiempo total de
privación37.
49. Sobre la actividad económica del demandante, la Sala pone de
presente que, dentro de las piezas del proceso penal que fueron aportadas
se indicó que William Lora Marmolejo trabajaba como agricultor. En
consecuencia, la Sala tendrá por demostrado el perjuicio por lucro cesante,
pero tomará en consideración únicamente el tiempo que estuvo
efectivamente privado de la libertad a cargo de la Fiscalía General de la
Nación, esto es, 2 meses y 21 días.
50. Además, liquidará este perjuicio con base en el salario mínimo legal
mensual vigente38, sin que haya lugar al incremento del 25% por concepto
de prestaciones sociales, debido a que no se probó que se tratara de una
actividad laboral subordinada, ni tampoco se reconocerá un período de
reincorporación laboral porque no está acreditada su ocurrencia y, en todo
caso, fue solicitado en el recurso de apelación, pero no en la demanda.
37 El período de privación de la libertad que tuvo por probado el tribunal fue de 11 meses y 20 días, transcurridos
desde el 18 de agosto hasta el 7 de noviembre de 2003 y desde el 5 de mayo de 2005 hasta el 6 de febrero de
2006. Folio 223 del cuaderno del Consejo de Estado.
38 De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual: “[e]l ingreso base de liquidación
deber ser lo que se pruebe fehacientemente que devengaba la víctima al tiempo de su detención, proveniente
del ejercicio de la actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos (…) pero [cuando] se carezca de la
prueba suficiente del monto del ingreso devengado producto del ejercicio de tal actividad lícita o la privada de
la libertad haya sido una ama de casa o la persona encargada del cuidado del hogar, la liquidación del lucro
cesante se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento
de la sentencia que ponga fin al proceso de reparación directa”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572.
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51. Por tanto, al aplicar la fórmula para liquidar rentas consolidadas
empleada por la jurisprudencia de esta Corporación39, se obtiene el
siguiente valor por los 2 meses y 21 días de privación de la libertad:
S = Ra (1+ i) n – 1
i
S = $1.300.000 x (1+0,004867)2,67 -1
0,004867
S = $3.485.121,28
52. Así las cosas, la sala reconocerá por concepto de lucro cesante, la
suma de $3.485.121,28 a favor de William José Lora Marmolejo.
2.6. Costas
53. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
2. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 25 de agosto de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación
responsable por la privación injusta de la libertad de William José Lora
Marmolejo, por el período comprendido desde el 18 de agosto de 2003 al 7
de noviembre de 2003.
TERCERO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a título de
reparación por los perjuicios morales causados, el equivalente en pesos de
39 Donde:
S = corresponde a la suma que se va a obtener
Ra= Renta actualizada
i= Interés técnico del 0.004867
n= Número de meses a indemnizar
1= Constante
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Demandante: William José Lora Marmolejo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia:
Demandante Total
William José Lora Marmolejo 13,49 SMLMV
Ruth Mendez Mercado 4,72 SMLMV
Ana Petrona Marmolejo de Lora 4,72 SMLMV
Jhonatan José Lora Mendez 4,72 SMLMV
Juan David Lora Mendez 4,72 SMLMV
Eliana del Carmen Lora Mendez 4,72 SMLMV
William José Lora Ortega 4,72 SMLMV
Liz Marcela Lora Ortega 4,72 SMLMV
CUARTO: ORDENAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación emita un
comunicado en el cual ofrezca disculpas por la afectación del buen
nombre de William José Lora Marmolejo, en los términos expuestos en esta
decisión.
QUINTO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a
William José Lora Marmolejo por concepto de perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante, la suma de $3.485.121,28, conforme se explicó
en la parte motiva.
SEXTO: NO CONDENAR en costas.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.
NOVENO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la
Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114
del C.G.P. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá las previsiones
del artículo 329 del C.G.P.
DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
17 de 17
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