Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02432-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02432-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02432-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02432-01
Accionante: William José Marmolejo y otros
Accionados: Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por el señor William José Marmolejo y otros1, por conducto
de apoderado, contra la providencia del 21 de agosto de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual se declaró improcedente
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. De lo narrado en el escrito de tutela2 y del expediente se colige que, con
fundamento en un informe3 de policía judicial, la Fiscalía 16 Seccional de Sincelejo
ordenó la captura de 207 personas, entre ellas el señor William José Lora
Marmolejo. Su aprehensión se produjo el 17 de agosto de 2003 en su residencia
en el municipio de Colosó, por la presunta comisión del delito de rebelión.
3. En consideración a lo anterior, el 2 de septiembre de 2003, la Fiscalía
resolvió su situación jurídica y le impuso medida de aseguramiento con detención
preventiva en centro carcelario. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por la
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo el 7 de noviembre de 2003,
ordenando su libertad al no encontrarse mérito suficiente para mantener la medida.
4. Posteriormente, el 24 de junio de 2004, la Fiscalía profirió resolución de
acusación contra 168 procesados, incluido el señor Lora, decisión fue confirmada
en segunda instancia el 4 de octubre de esa anualidad, ordenando nuevamente su
captura. El actor señaló que se presentó voluntariamente ante las autoridades para
responder por los cargos formulados en su contra.
1
Ruth Méndez Mercado, Juan David Lora Méndez, Marco Tulio Lora Marmolejo y Eliana del Carmen Lora Méndez.
2
Presentada el 28 de abril de 2025.
3
Del patrullero Edgar Blandón Quintero sobre la presencia de los frentes 35 y 37 de las FARC en el Departamento
de Sucre
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02432-01
Accionante: William José Lora Marmolejo y otros
5. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo profirió sentencia de
primera instancia el 3 de febrero de 2006, absolviendo al señor Lora y a otros 100
procesados, y ordenando su libertad inmediata. La Fiscalía apeló la decisión, pero
la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo confirmó la absolución del actor,
dejando en firme su inocencia.
6. El proceso penal se sustentó principalmente en un testimonio4, cuyas
declaraciones resultaron contradictorias y carentes de sustento probatorio. El actor
fue privado de la libertad entre el 18 de agosto y el 7 de noviembre de 2003, y
nuevamente entre el 5 de mayo de 2005 y el 6 de febrero de 2006, sin que se
desvirtuara su presunción de inocencia.
7. En consideración a lo anterior, el actor y los aquí accionantes solicitaron que
se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la Fiscalía
General de la Nación por los perjuicios causados con la privación injusta de la
libertad que presuntamente sufrió William José Lora Marmolejo en los periodos
referidos5.
8. El 25 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Sucre profirió
sentencia de primera instancia, accediendo parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Declaró la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la
Nación por la privación injusta de la libertad del actor, al no haberse acreditado
causal eximente alguna ni prueba suficiente que justificara su detención.
9. El Tribunal ordenó el pago de perjuicios materiales y morales a favor del
señor Lora, bajo un régimen objetivo de responsabilidad. No obstante, negó el
reconocimiento de perjuicios morales a la señora Ruth Méndez Mercado por no
acreditarse su calidad de compañera permanente. Ambas partes apelaron: la
Fiscalía solicitó la revocatoria del fallo, alegando como eximente la culpa exclusiva
de la víctima, por otro lado, la parte actora pidió el aumento de la indemnización y
el reconocimiento de perjuicios a la señora Méndez.
10. El 10 de diciembre de 20246, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado modificó la sentencia de primera instancia y declaró la responsabilidad
extracontractual de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la
libertad del señor William José Lora Marmolejo al evidenciar que la medida de
aseguramiento impuesta no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 600
de 2000.
11. En consecuencia, ordenó reparar los perjuicios ocasionados durante el
período comprendido entre el 18 de agosto al 7 de noviembre de 20037, así como
restablecer el buen nombre del accionante. Por otro lado, expuso que, contrario a
lo sostenido por el juez de primera instancia, si se encontraba demostrada la
relación y convivencia del señor Lora Marmolejo con su compañera permanente,
4
Del reinsertado V.T.M., alias “James”
5 Índice 28 del aplicativo SAMAI, 23_RECIBEPRUEBAS_CuadernoPrincipal200_1_2025070810282197
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 10 de diciembre de 2024, MP Alberto Montaña
Plata. Índice 52 del aplicativo SAMAI, rad. 70001-23-31-000-2009-00195-01.
7
Al considerar que después de esa fecha la privación de la libertad no era imputable a la Fiscalía, sino que
correspondía a otras etapas procesales que no fueron objeto de condena. - La demanda presentada por el actor,
por conducto de apoderado en contra la Fiscalía General de la Nación puede visualizarse en el índice 28 del aplicativo
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Accionante: William José Lora Marmolejo y otros
Ruth Mendez Mercado. El ad quem coincidió con el Tribunal en que la medida se
sustentó en pruebas débiles: un informe policial carente de valor probatorio y un
testimonio contradictorio.
2.2. Fundamento jurídico
12. La parte actora consideró trasgredidos sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio
de favorabilidad, en el marco del Estado Social de Derecho. Adujo que la
providencia reprochada desmejoró injustificadamente las pretensiones reconocidas
en primera instancia, afectando el derecho a la reparación efectiva8.
13. Alegó que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo al desconocer sin
justificación el precedente judicial consolidado sobre la responsabilidad patrimonial
del Estado por privación injusta de la libertad precisado en las sentencias de
unificación del 28 de agosto de 20149 y del 24 de septiembre de 202010. Sin
embargo, se limitó a citarlas sin explicar cómo sus consideraciones eran
aplicables al caso del señor William Lora Marmolejo. En ese entendido, no
desarrolló el contenido normativo de dichos precedentes ni demostró su pertinencia
frente a los hechos del asunto objeto de análisis.
14. Adicionalmente, reprochó la aplicación retroactiva de la Sentencia de
Unificación del 29 de noviembre de 202111, que modificó el criterio de imputación y
redujo el monto indemnizatorio en estos casos, censurando que al momento de
presentar la demanda en el 2009 regía una línea jurisprudencial más favorable12, lo
que vulneraba el principio de favorabilidad y el artículo 29 constitucional.
15. El accionante sostuvo que la Fiscalía debía asumir toda la responsabilidad
por la privación de libertad, incluso en la etapa de juicio, por haber emitido las
órdenes de captura bajo la Ley 600 de 2000. Sin embargo, no justificó por qué debía
imputarse a la Fiscalía un período procesal que ya no estaba bajo su
competencia13.
16. Finalmente, aunque invocó el valor vinculante del precedente judicial y citó
fallos constitucionales como la T-934 de 2009 y la T-212 de 2012, reconoció
expresamente que el respeto al precedente no es absoluto. 14
8
No obstante, su argumentación fue genérica y no demostró cómo la decisión judicial impugnada desconoció de
manera concreta dichos derechos, ni acreditó una afectación directa, real y actual que justificara el amparo
constitucional solicitado.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, rad. 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. Hernán
Andrade Rincón
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de Unificación del 24 de septiembre de 2020, rad.
70001233100020090019301 (61264), MP María Adriana Marín.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de Unificación del 29 de noviembre de 2021 con
radicado 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681), MP Martín Bermúdez Muñoz
12
Sin embargo, no acreditó cómo las líneas jurisprudenciales que invocó eran vinculantes ni expuso
argumentos jurídicos suficientes que evidenciaran una afectación concreta y directa a sus derechos
fundamentales por el cambio de criterio jurisprudencial, más allá de su desazón con la decisión que censuró
13
Su planteamiento se limitó a afirmar que el ente acusador debía asumir toda la responsabilidad, pero no desvirtuó
el razonamiento de la Subsección B sobre la fragmentación del daño y la imputación diferenciada y como con ello
incurrió en una trasgresión ius fundamental.
14
En ese entendido, la parte actora no demostró que la decisión impugnada careciera de justificación suficiente para
apartarse del criterio anterior, ni que la autonomía judicial se hubiera ejercido de forma arbitraria. La tutela se sustentó
en afirmaciones generales sin una exposición rigurosa de los defectos alegados ni de la afectación concreta a los
derechos invocados
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Accionante: William José Lora Marmolejo y otros
2.3. Pretensiones
17. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Que se tutelen los derechos a la protección del Estado Social de Derecho,
art 1, al derecho a la igualdad jurídica art 13, al debido proceso, art 29, entre
ellos, el principio de favorabilidad, al debido acceso a la administración de
justicia art 229 y el derecho de las víctimas y se tomen las medidas pertinentes
a fin de restablecer los derechos vulnerados por la Subsección B, Sección
Tercera del Honorable Consejo de Estado, al desmejorar. las pretensiones de
la demanda de reparación directa, por privación injusta de la Libertad, contra
la Fiscalía General de la Nación; bajo el Radicado N° 70-001-23-31-000-2009-
00195-00, concedidas en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de
Sucre, en Sentencia de fecha, 17 de agosto de 2017.» (SIC en toda la cita)
2.4. Intervenciones
18. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante auto del 2 de julio de 202515 a través del cual se
ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B como
accionado y como terceros con interés en el resultado del proceso a la Fiscalía
General de la Nación, al Tribunal Administrativo de Sucre y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
19. Asimismo, reconoció personería al abogado Miguel Mariano Salas Salas, para
actuar en representación de la demandante, en los términos y para los fines de los
poderes a él conferidos.
2.4.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado 16 a través
del magistrado Alberto Montaña Plata, informó que la providencia y el expediente
de reparación directa contenían suficientes elementos para que el juez de tutela
decidiera conforme a derecho, por lo que manifestó su disposición a acatar lo que
determinara la Sala.
2.4.2. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada17
20. La Sección Primera del Consejo de Estado concluyó que los argumentos de
la parte actora replicaban el debate ya resuelto en el proceso ordinario de
reparación directa, especialmente sobre la imputación del daño a la Fiscalía o a la
Rama Judicial, lo que evidenciaba un intento de reabrir el caso por vía
constitucional.
21. La Sala recordó que la tutela contra providencias judiciales exige una carga
argumentativa mínima para alegar desconocimiento del precedente y los
accionantes no cumplieron con este estándar, pues advirtió que las sentencias
citadas no fueron comparadas con el asunto en estudio, y la inconformidad del actor
se limitó a cuestionar el análisis del juez natural, sin evidenciar desviaciones en los
hechos ni en el derecho aplicado.
15
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22. El a quo señaló que el juez constitucional no está facultado para sustituir al
juez ordinario en la valoración de las pruebas ni en la aplicación del derecho. En
consecuencia, al no demostrarse la relevancia constitucional de la acción
invocada fue declarada improcedente, sin que fuera necesario examinar los demás
requisitos de procedibilidad.
2.6. Impugnación
23. El accionante reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela,
señalando que la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró derechos
fundamentales al declarar improcedente la acción, sin valorar adecuadamente la
afectación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Afirmó que
se ignoró el marco normativo y jurisprudencial vigente, que reconocía la
responsabilidad objetiva del Estado por privación injusta de la libertad.
24. Sostuvo que la decisión judicial omitió considerar que, bajo la Ley 600 de
2000, la Fiscalía era la única autoridad competente para ordenar capturas, y que el
actor nunca fue privado de la libertad por decisión judicial. Por tanto, excluir el
segundo período de detención de la indemnización vulneró el principio de
favorabilidad, la seguridad jurídica y el derecho a una reparación integral.
25. Finalmente, argumentó que la aplicación de la Sentencia de Unificación de
2021 redujo injustificadamente la reparación reconocida en primera instancia, sin
sustento constitucional válido. Según la parte impugnante, esta variación
jurisprudencial afectó el núcleo del debido proceso y generó una regresión en la
protección de derechos fundamentales, lo que justificaba el amparo constitucional
solicitado.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
27. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado trasgredió
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de favorabilidad, en el marco del Estado
Social de Derecho, con ocasión de la configuración de un defecto por
desconocimiento del precedente en la providencia del 10 de diciembre de 202418,
que modificó la sentencia proferida el 25 de agosto de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de reparación directa
18
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seguido bajo el radicado 70001-23-31-000-2009-00195-00 [01].
28. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular el de relevancia constitucional
que no fue encontrado acreditado en primera instancia.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
29. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
30. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al recurso
de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los
valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el control de
autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.
31. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir
unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración
jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía judicial
y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo subsanar
controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.
32. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales
33. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
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el referido requisito19. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de los
procesos ordinarios.
34. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 202220, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
35. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o privadas
que no representen un interés general21. (Negrillas y subrayas de la Sala).
36. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de
favorabilidad, en el marco del Estado Social de Derecho, sino que debe ir más allá
«de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la
«existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»22.
37. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o
un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»23. (Negrillas y subrayas de la Sala)
38. Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.24
39. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con la
carga de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora pretende que, a
través del amparo constitucional, se resuelva un debate procesal que es de
competencia del juez natural de la causa, que ya fue surtido en dos instancias y
definido por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativa,
lo que claramente desborda sus límites y finalidad.
19
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.
21
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
22
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
23
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
24
Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
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40. En efecto, el planteamiento de la parte actora sobre la presunta trasgresión
ius fundamental es bastante débil, por lo que debe recordarse que la acción de
tutela contra providencias judiciales es excepcional y exige la demostración de una
vulneración directa a derechos fundamentales y su simple invocación no basta para
que per se, estos se consideren trasgredidos.
41. Permitir que el juez constitucional reabra el debate jurídico ya resuelto por el
juez natural implicaría desconocer el alcance de la acción de tutela, diseñada como
mecanismo excepcional y subsidiario. La Corte ha reiterado que la tutela no puede
convertirse en una instancia adicional para revisar decisiones judiciales que no
vulneran derechos fundamentales.
42. Adicionalmente, en este caso, la parte actora no identificó con precisión las
reglas jurisprudenciales contenidas en las sentencias invocadas como
precedentes, ni demostró la analogía entre los problemas jurídicos resueltos en
esos fallos y el caso sub examine.
43. Por otro lado, en gracia de discusión, debe destacarse que las pretensiones
formuladas en la apelación por el actor fueron atendidas parcialmente por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En efecto, se modificó
la sentencia de primera instancia, se declaró la responsabilidad extracontractual de
la Fiscalía General de la Nación y se ordenó la reparación de los perjuicios morales
y materiales, así como el restablecimiento del buen nombre del señor William Lora
Marmolejo.
44. Esta decisión refleja que el juez de segunda instancia valoró integralmente
los elementos fácticos y jurídicos del caso, y acogió los argumentos centrales del
apelante en cuanto a la imputación del daño y la necesidad de una reparación
proporcional. Por tanto, no se advierte que se haya desconocido derecho
fundamental alguno, ni que se haya incurrido en una actuación arbitraria o
irrazonable por parte de la autoridad judicial.
45. Así las cosas, la Corte Constitucional ha sostenido que la tutela contra
providencias judiciales exige demostrar una vulneración concreta y directa a
derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial arbitraria, irrazonable
o desproporcionada. En este caso, la providencia cuestionada se encuentra
debidamente motivada, dentro del marco legal y jurisprudencial vigente, sin que se
advierta desviación del debate procesal.
46. En ese entendido, la decisión del ad quem estuvo debidamente
fundamentada conforme a la normativa vigente, aplicando el criterio
jurisprudencial definido en la Sentencia de Unificación del 29 de noviembre
de 2021 sin que se advierta una decisión caprichosa o desproporcionada que
amerite la intervención en esta sede constitucional, por lo que la simple
inconformidad de la parte actora con la decisión no configura una trasgresión ius
fundamental.
47. La autoridad judicial accionada no desconoció el precedente, sino que, por
el contrario, sustentó su decisión conforme a este. Así las cosas, la sentencia de
unificación referida consolidó criterios sobre la tasación de perjuicios morales en
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casos de privación injusta de la libertad, desplazando razonablemente
pronunciamientos anteriores.
48. Aunado a lo anterior, el actor tuvo acceso a la jurisdicción, presentó su
demanda, fue escuchado en todas las instancias y el proceso se desarrolló de
manera transparente, atendiendo los requerimientos de las partes, en los plazos
establecidos por la ley, con respeto al derecho de defensa y de contradicción, sin
vulnerar en medida alguna ningún derecho fundamental del accionante, por lo que
resultan claramente frágiles los argumentos de la parte actora.
49. En ese entendido, como lo advirtió acertadamente el a quo, la acción de
tutela no puede convertirse en una tercera instancia para revisar decisiones
judiciales que ya fueron objeto de control en sede ordinaria. El actor pretende reabrir
un debate legal ya concluido, sin demostrar de manera efectiva la trasgresión a sus
derechos fundamentales, lo cual desnaturaliza el objeto de la acción constitucional.
50. Por lo expuesto, en los términos en que fue planteada la controversia, la
Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela toda vez que se evidenció
que la misma no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, de acuerdo con los argumentos expuestos en la
parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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