Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00277-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00277-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00277-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
9 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00277-00
Demandante: Gladys Mariela Madroñero Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00277-00
Demandante: GLADYS MARIELA MADROÑERO HERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por reducción en los días de sanción
moratoria. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Gladys Mariela Madroñero Hernández, quien actúa
mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Putumayo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de enero de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, supuestamente
vulnerados por la autoridad judicial accionada.
La accionante no relacionó pretensiones de la solicitud de amparo constitucional;
sin embargo, de la lectura integral del escrito de tutela se advierte que lo pretendido
consiste en dejar sin efectos la sentencia de 23 de octubre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Putumayo que modificó la decisión de primera instancia
en el sentido de disminuir los días de sanción moratoria de 179 a 62 y se ordene a
dicha autoridad judicial proferir una nueva decisión que se limite únicamente a los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, de los cuales, insiste, no se
desprende alguno tendiente a controvertir los días reconocidos.
2. Hechos
La accionante relató que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con
el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto como consecuencia
del silencio administrativo negativo de la parte demandada, sobre la solicitud de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de sus
cesantías.
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Demandante: Gladys Mariela Madroñero Hernández
Afirmó que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa en fallo de 2
de agosto de 2021, declaró la nulidad del acto administrativo ficto o presunto
negativo por el silencio administrativo, respecto de la petición formulada por la
accionante el 28 de junio de 2017 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la demandada reconocer, liquidar y
pagar la sanción moratoria en favor de la accionante, correspondiente a la suma
resultante desde el 8 de octubre de 2013 hasta el 4 de abril de 2014, condena que
implica “el reconocimiento y pago de un día del salario básico -vigente para la fecha de
retiro del servicio, es decir para el año 2012 - por cada día de retardo dentro del transcurso
de la mora”.
Finalmente, manifestó que con ocasión del recurso de apelación presentado
únicamente por la Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
–FOMAG- Ministerio de Educación Nacional, el Tribunal Administrativo del
Putumayo mediante sentencia de 23 de octubre de 2024, modificó la decisión de
primera instancia, en el sentido de disminuir los días de mora de 179 a 62 días, para
efectos del cálculo de la sanción moratoria, sin que la apelante única lo hubiese
solicitado.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió en
defecto sustantivo y desconoció el principio de congruencia, debido a que
modificó de oficio la fecha de inicio del cálculo de la sanción moratoria “del 8 de
octubre de 2013, por la fecha de 17 de septiembre de 2013” y la de finalización del
término “del 4 de abril de 2014, por la de 18 de noviembre de 2013”, sin que esa situación
se hubiese expuesto en el recurso de apelación presentado por la entidad
demandada.
Así mismo, afirmó que en el expediente no existe prueba de que las cesantías
hayan sido puestas a su disposición desde el 18 de noviembre de 2013, tampoco
de que se le notificó la fecha en que podía retirar el dinero del banco BBVA ni la
fecha de su reintegro a la Fiduprevisora.
En ese orden, aseveró que los recursos únicamente pudieron estar a su disposición
hasta el 4 de abril de 2014, a lo que agregó que el Tribunal no indagó sobre los
motivos por los cuales la entidad deudora se tardó 107 días calendario para poner
nuevamente a su disposición el valor de las cesantías.
Aseveró que no existe ningún fundamento fáctico, jurídico ni probatorio que pueda
justificar que los 107 días transcurridos entre el 18 de noviembre de 2013 al 4 de
abril de 2014 le puedan ser atribuibles, en razón a que no debía cumplir con ninguna
carga o trámite para que le realizaran el pago de las cesantías y, por tanto, no fue
la causante de la mora.
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Por último, resaltó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo funciona bajo
el principio de justicia rogada y la competencia del juez de segunda instancia se
debe limitar a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, por lo que, al
modificar de oficio los días de sanción moratoria reconocidos en la decisión de
primera instancia, desconoció el principio de congruencia de la sentencia, al igual
que lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con
los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 2012.
4. Trámite procesal
Por auto de 12 de febrero de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, al
al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa y a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y a la Fiduprevisora S.A., como terceros interesados en el resultado del
proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 17510 a 17516 de
17 de febrero de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Putumayo
Por conducto de la magistrada ponente de la decisión objeto de reproche solicitó
declarar improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, al
considerar que lo pretendido por la accionante no es la protección de sus derechos
fundamentales, sino el pago de una sanción económica originada en el desembolso
tardío de una sanción moratoria, discusión que es de naturaleza meramente legal.
En ese orden de ideas, expuso que la discusión que propone la accionante ni
siquiera consiste en el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, sino en los
días que demoró la entidad demandada en consignar el pago de esa prestación.
Agregó que, si en gracia de discusión, se considera realizar un estudió de fondo,
afirmó que no incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales de la actora,
en tanto al resolver el recurso de apelación presentado por la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
– FOMAG, era indispensable determinar la fecha en que se causó la mora, para así
determinar cuándo se hizo exigible la obligación.
Lo anterior, teniendo en cuenta que los argumentos que sirvieron de sustento en el
recurso de apelación consistieron en que se había configurado la prescripción,
debido a que la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria se radicó el 28
de junio de 2017, que a juicio de la entidad demandada se presentó después de
transcurridos tres años de haberse configurado la mora en el pago de las cesantías.
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Así las cosas, indicó que al realizar el estudio de la fecha de exigibilidad de la
obligación, advirtió un error en esa fecha y en la de finalización de la mora, yerros
que tuvieron incidencia en la contabilización de los días de mora que dio un total de
62, lo que implicó la reducción de la sanción reconocida en primera instancia.
Finalmente, sostuvo que, una vez establecida la fecha de exigibilidad de la
obligación, realizó el cómputo de los tres años y concluyó que no operó la
prescripción extintiva. En ese sentido, aseveró que para establecer si se
configuraba o no la prescripción, debía revisar la contabilización de los días de
mora.
5.5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, la Nación –
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y la Fiduprevisora S.A., a pesar de que se les notificó en
debida forma el auto admisorio, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. En la demanda de tutela se indicó que la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto sustantivo y desconocimiento del principio de congruencia, porque se
modificó de oficio la fecha de inicio para realizar el cálculo de la sanción moratoria.
Sin embargo, las inconformidades expuestas se sustentan en que no existían
fundamentos fácticos ni probatorios que permitieran modificar el cómputo de la
sanción moratoria.
2.2. Así las cosas, le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción
de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra
providencia judicial y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Putumayo
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de la accionante.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
1
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
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y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 4, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
2
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
7
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
9
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
12
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
5
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13
Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
Como primera medida, la Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de
tutela es de evidente relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneraron
a la accionante los derechos fundamentales al debido proceso y defensa con la
sentencia de 23 de octubre de 2024, proferida por la autoridad judicial accionada.
En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que sustentan la solicitud
se encaminan a demostrar un defecto fáctico, lo que, de hallarse probado, afectaría
el contenido, alcance y goce de las garantías individuales invocadas. Aunado a lo
anterior, se evidencia que, dado el sentido favorable del fallo de primera instancia
en el proceso que originó la controversia, la accionante no tuvo la oportunidad de
exponer dichos reparos al interior de dicho trámite.
Por otra parte, ii) en el proceso ordinario se agotó el recurso de apelación, por lo
que la demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, precisando
que aun cuando refiere que la sentencia se falló en desconocimiento del principio
de congruencia, esta manifestación por sí sola no tiene la virtualidad de habilitar
automáticamente el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 del
CPACA, pues compete al juez constitucional realizar un análisis integral de la
cuestión ius fundamental puesta a consideración.
En ese contexto, en el caso concreto se evidencia que pese a los reproches relativos
al desconocimiento del principio de congruencia, la actora acude a la acción de
tutela en búsqueda de protección a su derecho al debido proceso, que considera
13
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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vulnerado por el Tribunal accionado en tanto, a su juicio, no se respetó el principio
de justicia rogada ni se valoró en debida forma el material probatorio allegado al
proceso ordinario. Por lo tanto, esa inconformidad no se enmarca en las causales
de procedencia del recurso extraordinario de revisión (art. 250 del CPACA) ni del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en el artículo 257
ibidem.
Adicionalmente, iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses16
establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional17; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La providencia objetada no incurrió en en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria
La demandante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Putumayo, al considerar que la sentencia objetada incurrió en defecto fáctico, en
tanto no se limitó a los argumentos expuestos en el recurso de apelación que
únicamente hicieron referencia a la presunta configuración de la prescripción
extintiva, sino que decidió modificar de oficio los días de sanción moratoria
reconocidos en la decisión de primera instancia, sin contar con los elementos
probatorios que le permitieran establecer la fecha en que se puso a disposición de
la accionante el dinero correspondiente al pago de las cesantías.
En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos,
que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que
sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible
la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
16
La providencia objetada se notificó el 24 de octubre de 2024 y la acción de tutela se instauró el 21 de enero de 2025, es
decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Constitución17, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
probatorio que respalde su decisión . 18
Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Con todo, el defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio se presenta
cuando el juez, a pesar de contar con elementos de prueba acreditados en el
expediente, no los tiene en cuenta al momento de fundamentar la decisión.
Teniendo en consideración lo anterior, del estudio del expediente ordinario la Sala
observa que, en primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Mocoa en sentencia de 2 de agosto de 2021, accedió a las pretensiones
formuladas por la accionante, declaró la nulidad del acto administrativo presunto
ficto y ordenó el pago de la sanción moratoria desde el 8 de octubre de 2013 hasta
el 4 de abril de 2014.
En ese contexto, indicó que la condena implica el reconocimiento y pago de un día
de salario básico – vigente para la fecha del retiro del servicio -año 2012-, por cada
día de retardo dentro del transcurso de la mora.
Contra esa decisión la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones sociales del Magisterio, como apelante única, manifestó que operó la
prescripción extintiva y afirmó que “el Juzgador de primera instancia se equivoca al
momento de la interpretación de las pruebas documentales que obran en el expediente, si
observamos con detenimiento en la prueba documental donde se presentó la solicitud de
reconocimiento de la cesantía, la resolución que reconoce la cesantía y los 70 días que
tenía la entidad para hacer el pago que se configuró el día 16-09-2013 (Este último día a
partir del cual se tienen 3 años para hacer la solicitud del reconocimiento de la mora por
incumplimiento en el pago de las cesantías, es decir, se tenía hasta el 16-09-2016 hecho
que no ocurrió así, por lo que se puede concluir a todas luces que en el presente caso opero
el fenómeno de la prescripción, veamos por qué:
”.
El Tribunal Administrativo del Putumayo en sentencia de 23 de mayo de 2024
modificó el fallo de primera instancia, en el sentido de precisar que los días de mora
fueron de 62 y no de 179 como lo indicó el a quo, es decir, desde el 17 de septiembre
de 2013 hasta el 17 de noviembre de 2013.
A juicio de la referida autoridad judicial, los días de sanción moratoria reconocidos
a la demandante en la sentencia de primera instancia debían modificarse, teniendo
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en cuenta que la fecha del retiro del servicio de la señora Gladys Mariela Madroñero
Hernández ocurrió el 1 de octubre de 2012.
Agregó que el 4 de junio de 2013 la demandante solicitó a la Secretaría de
Educación del Putumayo el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y a
través de la Resolución 3674 de 16 de septiembre de 2013, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció y pagó las cesantías definitivas,
la cual fue notificada personalmente el 10 de octubre de 2013.
Indicó que el valor reconocido por concepto de cesantías fue puesto a disposición
de la demandante el 18 de noviembre de 2013; sin embargo, al no ser cobrado, fue
puesto nuevamente para retiro de la señora Gladys Mariela el 4 de abril de 2014,
fecha en la que se hizo efectivo su cobro, de conformidad con la respuesta emitida
por la Fiduprevisora a la solicitud de certificación del pago de las cesantías que
realizó la demandante.
En ese sentido, expuso que el 20 de junio de 2016, la accionante solicitó a la entidad
demandada el pago de la sanción moratoria, petición que reiteró el 28 de junio de
2017 y, teniendo en cuenta que la solicitud del pago de cesantías se realizó el 4 de
junio de 2013, la Secretaría de Educación del Putumayo contaba con 15 días
hábiles para expedir la resolución, los cuales finalizaron el 26 de junio de 2013.
Bajo ese contexto, precisó que como la Resolución 3674 fue expedida el 16 de
septiembre de 2013, la Secretaría la expidió de forma extemporánea y como la
ejecutoria del acto administrativo se contabiliza a partir del día siguiente a la fecha
en que finalizó el término que tenía la Secretaría para expedirlo -27 de junio al 11
de julio de 2013-, a partir del 12 de julio de 2013, corrió el término para que el
FOMAG realizara el respectivo pago.
Así las cosas, aseveró que como el dinero fue puesto a disposición de la
demandante el 18 de noviembre de 2013, se presentó una mora de 62 días y aclaró
que no podía tomarse como fecha en la que la docente retiró el dinero la del 4 de
abril de 2014, debido a que esa situación permitiría dejar a su “arbitrio” la causación
de la mora.
Precisado lo anterior, y una vez establecidas las fechas para determinar los días de
mora en el pago de las cesantías, el Tribunal se pronunció sobre la prescripción
extintiva, e indicó que como la obligación se hizo exigible el 17 de septiembre de
2013, la demandante contaba con 3 años para solicitar el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria los cuales finalizaron el 17 de septiembre de 2016, y como
la presentó el 20 de junio de ese mismo año, concluyó que la radicó en término.
En ese contexto, la precisión realizada por el Tribunal Administrativo del Putumayo
sobre los días de mora que debían reconocerse a la demandante, obedeció al
razonable y cuidadoso análisis de las pruebas, que le permitieron determinar la
fecha a partir de la cual se debía realizar el pago de la sanción moratoria.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con su finalización, el Tribunal indicó que no
podía contabilizarse hasta el 4 de abril de 2014, en tanto encontró demostrado que
su consignación se realizó el 18 de noviembre de 2013 y no podía dejar al arbitrio
de la beneficiaria, la fecha de su retiro.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00277-00
Demandante: Gladys Mariela Madroñero Hernández
Así las cosas, la conclusión a la que arribó la autoridad judicial accionada no supone
un desconocimiento del principio de justicia rogada, pues, contrario a ello, y en los
términos del recurso de apelación propuesto por la entidad demandada, el Tribunal
debía resolver la causación de la sanción moratoria, pues se trataba de un aspecto
íntimamente relacionado con los argumentos del recurso de apelación,
relacionados con la prescripción extintiva alegada.
En ese sentido, la Sala considera que no se advierte la ocurrencia de un defecto
fáctico por la indebida valoración probatoria que alega la parte actora, toda vez que
la autoridad judicial demandada realizó el cálculo de los días de mora conforme a
los elementos probatorios obrantes en el expediente, lo establecido en la Ley 1071
de 2006 y contabilizó el término de prescripción según los parámetros de la
sentencia SUJ-034-CE-S2-2023, razón por la cual no hay lugar a conceder el
amparo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
Gladys Mariela Madroñero Hernández, quien actúa mediante apoderada judicial,
contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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