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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00277-00

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00277-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Jotaservi Ltda. contra el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección B por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00277-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00277-00

Accionante: JOTASERVI LTDA.

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO–SECCIÓN TERCERA–SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jotaservi Ltda. contra el Consejo de
Estado–Sección Tercera–Subsección B, que profirió la sentencia del 17 de octubre de
2025, dentro del proceso de controversias contractuales 1 promovido por Jotaservi Ltda.
contra Ecopetrol S.A.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

Jotaservi Ltda., actuando por intermedio de apoderado judicial, formuló acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados por el
Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección B, al haber proferido la sentencia del
17 de octubre de 2025, dentro del proceso de controversias contractuales promovido por
Jotaservi Ltda. contra Ecopetrol S.A., mediante la cual se confirmaron las decisiones que
negaron las pretensiones encaminadas a obtener la declaratoria de responsabilidad de

1 Proceso identificado con número de radicación: 68001-23-33-000-2019-00095-01.

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Accionante: Jotaservi Ltda.
Acción de tutela–Primera instancia

la entidad demandada por el rompimiento del equilibrio económico del Contrato No.
5214792.

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

«Solicito a los Honorables Magistrados:
TUTELAR los derechos al Debido Proceso, a la igualdad y Acceso a la
Administración de Justicia de JOTASERVI LTDA.

DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 17 de octubre de 2025 (Rad. 71.546).
ORDENAR a la Subsección B que profiera una NUEVA SENTENCIA en la cual:

(i) Valore de fondo los argumentos de apelación, reconociendo la suficiencia
advertida en el Salvamento de Voto y la indefensión generada por el Tribunal con
su irregular sentencia, sin notificación del Salvamento de Voto.

(ii) Aplique el precedente de unificación, sentencia del 27 de julio de 2023,
expediente, 05001-23-31-000- 1999-02151-01 (39121), CP Guillermo Sánchez
Luque.»

2. Hechos relevantes

Jotaservi Ltda. ejecutó el Contrato No. 5214792 suscrito con Ecopetrol S.A., en desarrollo
del cual, según afirmó, se presentaron diversas circunstancias exógenas, entre ellas
fallas geológicas, retrasos en los exámenes previos al inicio de actividades, lluvias
torrenciales, presencia de gas, deterioro de las vías, paros y retención de maquinaria, las
cuales habrían alterado la ecuación financiera del contrato. No obstante, las partes
suscribieron varios otrosíes de carácter operativo, sin que, en criterio de la sociedad
contratista, existiera voluntad de transigir o renunciar a la reclamación de los perjuicios
ocasionados.

Ante ello, Jotaservi Ltda. promovió demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra Ecopetrol S.A., con el fin de obtener la declaratoria de
responsabilidad de dicha entidad por los perjuicios que consideró ocasionados con
ocasión del rompimiento del equilibrio económico del Contrato No. 5214792 y de las
circunstancias presentadas durante su ejecución.

El proceso fue conocido por el Tribunal Administrativo de Santander que, mediante
sentencia de primera instancia del 7 de septiembre de 2023, concluyó que la parte
demandante no acreditó la configuración del desequilibrio económico del Contrato No.

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Accionante: Jotaservi Ltda.
Acción de tutela–Primera instancia

5214792 ni la procedencia de las reclamaciones formuladas, razón por la cual negó las
pretensiones de la demanda de controversias contractuales promovida contra Ecopetrol
S.A.

Posteriormente, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
del 7 de septiembre de 2023 y sostuvo que la decisión de primera instancia debía ser
revocada en su totalidad, por cuanto presentaba inconsistencias jurídicas, probatorias y
estructurales. En particular, señaló que la providencia incorporó información, pr uebas,
testimonios y referencias contractuales ajenas al proceso promovido por Jotaservi Ltda.
contra Ecopetrol S.A., circunstancia que, a su juicio, vulneró los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. Igualmente, manifestó que no le fue
suministrado oportunamente el salvamento de voto anunciado por una de las magistradas
integrantes de la Sala, lo que afectó la adecuada sustentación del recurso, y expuso
diversos argumentos encaminados a demostrar que las modificaciones contractuales
suscritas durante la ejecución del contrato no comportaban una renuncia a reclamar el
restablecimiento del equilibrio económico del mismo.

La segunda instancia correspondió al Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección
B, que mediante sentencia del 17 de octubre de 2025 resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y confirmó la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander. Para ello, consideró que, si bien la sentencia de primera
instancia contenía errores derivados de la incorporación de apartes correspondientes a
otro proceso, tales inconsistencias no incidían en la decisión adoptada, pues existía un
análisis suficiente sobre el problema jurídico central. Asimismo, concluyó que los reparos
formulados por Jotaservi no desvirtuaban la configuración de la transacción respecto de
las reclamaciones causadas antes del 14 de octubre y del 14 de noviembre de 2014, y
que los restantes argumentos del recurso carecían de vocación de prosperidad, razón
por la cual confirmó íntegramente la sentencia apelada.

La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del apoderado judicial de Jotaservi Ltda.

3. Fundamentos de la acción

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Accionante: Jotaservi Ltda.
Acción de tutela–Primera instancia

La sociedad accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir una apelación con un grado de
precisión que, a su juicio, resultaba desproporcionado frente a las irregularidades que
presentaba la sentencia de primera instancia. En particular, afirma que el Tribunal
Administrativo de Santander omitió publicar el salvamento de voto anunciado por una de
sus magistradas, pese a las solicitudes formuladas para su incorporación, circunstancia
que afectó el ejercicio del derecho de defensa.

Asimismo, menciona que existió un defecto fáctico, toda vez que la Subsección B del
Consejo de Estado omitió valorar los argumentos expuestos en el recurso de apelación y
desconoció que la sentencia de primera instancia presentaba deficiencias que
dificultaban la labor argumentativa de la parte demandante.

Finalmente, afirma que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente, al considerar que la suscripción de los otrosíes
implicaba una renuncia a las reclamaciones derivadas del rompimiento del equilibrio
económico del contrato, sin efectuar el análisis del contexto y de la intención de las partes
exigido por la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

4. Trámite procesal

El 26 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela 2 y se ordenó su notificación al
accionante, a la autoridad judicial accionada, así como a Ecopetrol S.A. y al Tribunal
Administrativo de Santander, en calidad de terceros interesados. Asimismo, se solicitó al
Juzgado Administrativo de Bucaramanga remitir copia digital del expediente de
controversias contractuales, adelantado por Jotaservi Ltda. contra Ecopetrol S.A.
Finalmente, se reconoció personería al abogado Edgar Mauricio Rico Triana como
apoderado de la parte accionante.

El Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección B contestó la acción de tutela 3 y
mencionó que el expediente del respectivo proceso contiene los argumentos y elementos
necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho

2 Cfr. SAMAI, índice 4.
3 Cfr. SAMAI, índice 10.

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Accionante: Jotaservi Ltda.
Acción de tutela–Primera instancia

corresponda. En consecuencia, manifestó estar presto a atender lo que disponga la Sala
que decida la acción constitucional.

Por su parte, Ecopetrol S.A., en su escrito de contestación 4 , solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, negar las pretensiones de la tutela,
al considerar que las decisiones adoptadas dentro del proceso de controversias
contractuales se ajustaron a derecho y no vulneraron los derechos fundamentales de la
sociedad accionante. Asimismo, sostuvo que la tutela pretende convertir el trámite
constitucional en una tercera instancia, que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable y que, en todo caso, respecto de dicha entidad se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que las presuntas vulneraciones alegadas se
atribuyen exclusivamente a las autoridades judiciales que conocieron del proceso.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander, envió copia digital del
expediente del proceso ordinario 5.

Mediante auto del 6 de mayo de 2026 6, la Sala advirtió que no se conformó debidamente
el contradictorio, toda vez que no se dispuso la vinculación de la Sociedad ACI Proyectos
S.A.S., pese a que en el proceso ordinario intervino como tercera interesada de la parte
demandada, en calidad de coadyuvante de Ecopetrol S.A.. Por lo tanto, se ordenó su
vinculación al presente proceso y se le concedió el término de 1 día para rendir informe
sobre los hechos de tutela.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2026, la Sociedad ACI Proyectos S.A.S., contestó la
acción de tutela 7 y señaló que del escrito de tutela se denota que el accionante pretende
utilizar la acción constitucional como instancia adicional y no como un amparo
constitucional de sus derechos fundamentales. Asimismo, señaló que en el recurso de
alzada el juez debe limitarse a los argumentos expuestos por el accionante y ello no es
óbice para que exista un defecto procedimental, ni un exceso ritual manifiesto, por el
contrario, la actuación del ad-quem se encuentra conforme con las facultades y funciones
otorgadas por el Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Con
base en lo expuesto solicitó denegar el amparo solicitado por JotaserviI Ltda.

4 Cfr. SAMAI, índice 13.
5 Cfr. SAMAI, índice 12.
6 Cfr. SAMAI, índice 19.
7 Cfr. SAMAI, índice 24.

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Accionante: Jotaservi Ltda.
Acción de tutela–Primera instancia

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia del
17 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado–Sección Tercera– Subsección
B, mediante la cual se confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda de
controversias contractuales promovida por Jotaservi Ltda. contra Ecopetrol S.A.,
encaminadas a obtener la declaratoria de responsabilidad de dicha entidad por los
perjuicios que, según la demandante, se derivaron del rompimiento del equilibrio
económico del Contrato No. 5214792.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 8 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela9.

8 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional 10: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»

Caso concreto

Jotaservi Ltda. promovió acción de tutela contra la sentencia del 17 de octubre de 2025,
proferida por el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección B-, al considerar que
dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la iguald ad
y al acceso a la administración de justicia, al confirmar la decisión que negó las
pretensiones de la demanda de controversias contractuales promovida contra Ecopetrol
S.A.

La Sala advierte que, la tutela promovida por Jotaservi Ltda. será declarada
improcedente, toda vez que la solicitud no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, pues la Sala observa que lo que pretende la accionante es reabrir el
debate que quedó zanjado en sede de instancia.

Se observa que, como fundamentos de la acción de tutela, la accionante sostuvo que la
providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y desconocimiento del precedente, al considerar insuficientes los reparos
formulados en el recurso de apelación y omitir valorar las irregularidades que, a su juicio,
afectaron la sentencia de primera instancia, así como al desconocer la jurisprudencia
aplicable en relación con la interpretación de los otrosíes suscritos y la configuración del
desequilibrio económico del contrato.

La Sala advierte que en la providencia accionada, el Consejo de Estado–Sección
Tercera–Subsección B señaló lo siguiente:

«26. 1) Si bien es cierto –como se afirmó en el recurso de apelación– que
en la sentencia de primera instancia el Tribunal planteó un problema
jurídico17 relacionado con un contrato distinto18 del No. 5214792 de 22 de
mayo de 201419 en torno al cual gravita la presente controversia, y que, en
seis (6) de las trece (13) páginas de consideraciones de la Sentencia de 7
de septiembre de 2023 referidas al “caso en concreto”, el Tribunal
“destac[ó]” “material probatorio”20 e incluyó consideraciones21 de un
proceso distinto al que ocupaba su atención, también lo es –como lo señaló
el Tribunal en el Auto de 21 de junio de 2024– que “enseguida hay un

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extenso análisis pormenorizado sobre el problema jurídico central, con
argumentos suficientes que son la razón de la decisión final”. » (…)

«28. Por otra parte y, de conformidad con el inciso final del artículo 12922
del CPACA, la única consecuencia de no sustentar y agregar al expediente
una aclaración o un salvamento de voto es la pérdida del derecho del
magistrado discrepante a manifestar su voto disidente. » (…)

«34. Así las cosas, resulta claro que la estipulación de una contraprestación
monetaria en favor de alguna de las partes de un litigio presente o futuro
no es uno de los elementos o requisitos de la transacción. En consecuencia,
no prospera el cargo del recurso de apelación según el cual los otrosíes y
adicionales al contrato No. 5214792 de 2014 no “contempl[aron] [el] pago
de cifra alguna de dinero al contratista en compensación por los problemas
e imprevistos sufridos.”

35. 4) En lo que tiene que ver con el cargo de apelación en el cual Jotaservi
insistió en varias pretensiones condenatorias de la demanda27 con
fundamento en que no fueron “valoradas en la sentencia de primera
instancia por p[a]rte del a quo”, y que “obedecieron a un[a] indebida
planeación del contratante” y “[no] tienen absolutamente nada que ver con
las diferentes modificaciones contractuales”, la Sala estima que tampoco
está llamado a prosperar, pues:

36. 4.1.) Pese a que la declaratoria de la excepción de mérito “de
transacción (…) por todos los valores causados antes del 14 de octubre
(…) y [el] 14 de noviembre de 2014” no comprendió los conceptos
perseguidos en los literales e)28 y f)29 de la pretensión primera y en la
pretensión cuarta30 condenatorias de la demanda, y estos conceptos, por
el contrario, fueron objeto de un pronunciamiento expreso por parte del
Tribunal, en el cual expuso los argumentos para negar la condena a su
pago, Jotaservi no formuló reparos concretos frente a ellos.

37. 4.2.) Con independencia de si, efectivamente, los conceptos
reclamados en los literales d)31 de la pretensión primera y f)32 de la
pretensión segunda condenatorias de la demanda “obedecieron a un[a]
indebida planeación del contratante” y “[no] tienen absolutamente nada que
ver con las diferentes modificaciones contractuales”, en el acta de
liquidación bilateral del contrato No. 5214792 de 2014, suscrita el 29 de
febrero de 2016,33 Jotaservi no incluyó salvedades respecto de estos
conceptos que en el proceso judicial reclama a Ecopetrol.

38. En relación con este punto, esta Corporación ha sostenido que, para
que las pretensiones contractuales elevadas por alguna de las partes luego
de la liquidación bilateral de un contrato puedan ser acogidas, la parte
interesada debe haber planteado salvedades claras y suficientes en el acta
de liquidación.36 Las consecuencias adversas que se generan por no
incluir salvedades o plasmar salvedades genéricas en las liquidaciones
bilaterales son aplicables a toda suerte de contratos estatales, en la medida
en que no se derivan de alguna norma específica del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, sino del principio constitucional
de buena fe que debe gobernar la ejecución de los contratos, consagrado,

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entre otras normas, en los artículos 83 constitucional, 1603 del Código Civil
y 871 del Código de Comercio.»

De lo anterior se desprende que no le asistía razón a la accionante al sostener que las
irregularidades advertidas en la sentencia de primera instancia, consistentes en la
incorporación de apartes correspondientes a otro proceso y la ausencia de publicación
del salvamento de voto anunciado por una de las magistradas del Tribunal Administrativo
de Santander, imponían la revocatoria de la decisión o impedían al juez de segunda
instancia pronunciarse sobre el recurso de apelación. Por el contrario, el Consejo de
Estado concluyó que tales circunstancias no afectaban las razones que sustentaban la
decisión y que la única consecuencia derivada de la falta de incorporación del salvamento
de voto era la pérdida del derecho del magistrado discrepante a manifestar su disenso.

En ese contexto, contrario a lo sostenido por la accionante, la sentencia proferida dentro
del proceso ordinario sí examinó los argumentos formulados en el recurso de apelación
y concluyó que la inexistencia de una contraprestación monetaria en favor del contratista
no impedía reconocer los efectos de la transacción. Asimismo, consideró que, frente a
algunas de las reclamaciones formuladas, la parte demandante no presentó reparos
concretos respecto de las razones expuestas por el Tribunal Administrativo de Santander
para negar su reconocimiento.

No se observa que la autoridad judicial haya incurrido en una valoración arbitraria o
irrazonable. Por el contrario, se advierte que el juez natural analizó los cargos planteados
por la sociedad demandante y concluyó que, respecto de ciertos conceptos reclamados,
Jotaservi Ltda. no formuló reparos concretos y, frente a otros, no dejó salvedades en el
acta de liquidación bilateral del contrato, de manera que, conforme al principio de buena
fe que rige las relaciones contractuales, no era posible acceder a las pretensiones
formuladas.

Frente a lo anterior, se advierte que, la acción de tutela no procede para controvertir la
apreciación probatoria efectuada por el juez natural, salvo que se trate de una valoración
caprichosa, arbitraria o abiertamente irrazonable, lo cual no ocurre en el presente caso.
En realidad, lo que se evidencia es la inconformidad del actor con el resultado del análisis
efectuado en sede ordinaria, a pesar de que las providencias accionadas estuvieron

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debidamente motivadas, fueron razonables, respetaron los límites de la autonomía
judicial y aplicaron correctamente el derecho sustancial.

Finalmente, se advierte que, la accionante planteó sustancialmente los mismos
argumentos que ahora expone en la acción de tutela, los cuales ya fueron analizados
por las autoridades judiciales que conocieron del proceso. De esa forma, sumado a lo
anteriormente expuesto, en el caso en concreto no existe relevancia constitucional, pues
el accionante se limita a reiterar los mismos planteamientos formulados en el proceso
ordinario.

La Sala también analiza el argumento de protección reforzada por la condición de
discapacidad severa y adulto mayor del representante legal y socio gestor de
JOTASERVI LTDA. Aunque esa circunstancia mereció consideración, no transformó por
sí sola la controversia en un asunto de relevancia constitucional, porque la pretensión de
la demanda continuó orientada a reabrir un debate patrimonial y procesal propio del
medio de control de controversias contractuales, mediante una nueva valoración del
recurso de apelación y del alcance del precedente invocado.

En suma, la Sala concluye que la sentencia del Consejo de Estado–Sección Tercera–
Subsección B estuvo debidamente motivada, fue razonable, respetó los límites de la
autonomía judicial y aplicó correctamente el derecho sustancial. Los cargos formulados
por la accionante en sede de tutela se limitaron a reiterar su desacuerdo con la
interpretación adoptada y a intentar reabrir un debate judicial ya resuelto de manera
definitiva.

En consecuencia, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de
derechos fundamentales, sino una discrepancia de la accionante con el ejercicio legítimo
de la función jurisdiccional, debido a que, ya se resolvió de fondo la situación jurídica
debatida en el proceso ordinario y se pretende utilizar la acción de tutela para cuestionar
las decisiones adoptadas en el proceso ordinario y reabrir el debate, reflejando, en
realidad, un intento de convertir el amparo constitucional en una tercera instancia.

En razón de lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Jotaservi Ltda. contra el
Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección B por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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