Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00347-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00347-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00347-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00347-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
13 de febrero de 2025
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00347-00
Demandante: CARLOS ALBERTO TRIANA ORTIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN C
Tema: Tutela de fondo – mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Carlos Alberto Triana Ortiz, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera – Subsección C. Con la solicitud de amparo pretende la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la presunta
mora judicial injustificada en la que habría incurrido el tribunal accionado en el
trámite del proceso de nulidad simple con radicado número 25000-23-41-000-
2021-00799-00.
1.2. Pretensiones
3. El accionante solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Que se TUTELE y se proteja de forma inmediata, el derecho
constitucional fundamental al DEBIDO PROCESO Y DEMÁS DERECHOS
CONSTITUCIONALES QUE RESULTEN VULNERADOS.
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
SEGUNDO: Que, como consecuencia de la anterior pretensión, se ORDENE al
TROBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA,
en un término de 48 horas avoque conocimiento y continue con las actuaciones
que en derecho corresponden sobre el proceso con radicado No.
25000234100020210079900.2
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El 21 de septiembre de 2021, el accionante interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad simple contra la Oficina de Instrumentos Públicos
de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y Registro. Mediante el referido
proceso solicitó la nulidad de «la nota devolutiva del 3 de octubre de 2019 en el
exhorto 05/19 y oficio No.1145 del 11 de julio de 2019» ordenada por el Juzgado
Segundo Civil de Zipaquirá. Mediante dicha decisión se adjudicó el derecho de
dominio de una vivienda en remate a favor del accionante y del señor Johan Rene
Triana Clavijo.
6. Asimismo, solicitó la nulidad de la Resolución No. 00114 del 17 de febrero
de 2020 expedida por la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C, a
través de la cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto contra las
«notas devolutivas». En ellas se dispuso que el registro del bien no procede hasta
que el juzgado subsane la providencia de remate, en el sentido de individualizar
el inmueble por su cabida y linderos.
7. A dicho medio de control se le asignó el radicado 25000-23-41-000-2021-
00799-00 y le fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera – Subsección A. Esta autoridad judicial, mediante auto proferido el 1 de
abril de 2022, admitió la demanda. Posteriormente, el 7 de marzo de 2023, negó
la solicitud de medida cautelar.
8. El 12 de mayo de 2023, profirió un oficio mediante el cual informó que, de
conformidad con el Acuerdo No. CSJBTA23-44 del 5 de mayo de 2023 proferido
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el proceso sería remitido a
la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
9. Dicha autoridad judicial, por auto del 12 de diciembre de 2023, avocó
conocimiento del proceso. Además, abrió un incidente de desacato de orden
judicial contra el abogado de la Superintendencia de Notariado y Registro por no
cumplir con la orden de remitir de manera íntegra los antecedentes de la
2 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
actuación administrativa surtida en la entidad.
10. El 16 de enero de 2024, el expediente ingresó al despacho para efectos
de fijar fecha y hora para la audiencia inicial o proferir sentencia anticipada.
11. Finalmente, mediante escritos radicados el 12 de junio y 5 de septiembre
de 2024, el accionante radicó memoriales de impulso procesal con el fin de que
se surtan las actuaciones que correspondan para resolver la controversia.
1.4. Sustento de la vulneración
12. El señor Triana Ortiz sostuvo que ha transcurrido un año durante el cual la
autoridad judicial accionada no ha emitido alguna manifestación o decisión que
permita el avance del proceso.
13. Asimismo, puso de presente que padece de cáncer de próstata en etapa
lV, lo cual ha implicado un significativo deterioro en su estado físico. Por lo
anterior, consideró que, al verse reducida su esperanza de vida, requiere que el
proceso sea resuelto con celeridad.
14. Finalmente, refirió que dicha situación vulnera su derecho fundamental al
debido proceso. Al respecto, reiteró los pronunciamientos de las sentencias T-
001 de 1993 y C-214 de 1994 proferidas por la Corte Constitucional, en las que
se indicó que dicha garantía protege a los individuos en su dignidad, personalidad
y desarrollo frente a eventuales arbitrariedades que se ejecutan en el ejercicio
del poder.
1.5. Trámite de primera instancia
15. Por medio del auto del 27 de enero de 2025, el Despacho ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
entidad accionada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
– Subsección C. Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés a la
Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá y a la Superintendencia de Notariado
y Registro. También se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en los términos que establece el artículo 610 del CGP.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
16. La magistrada titular rindió informe en el que hizo un recuento de las
actuaciones procesales que se han surtido al interior del proceso. Asimismo,
indicó que en el 2024 el despacho impulsó los 500 procesos que recibió de
primera y segunda instancia, además del reparto de las acciones constitucionales
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
que constituyen el 50% de la carga laboral y que cuentan con prelación por los
derechos en conflicto.
17. Por otra parte, puso de presente que los impulsos de los procesos
ordinarios de primera instancia se hacen teniendo en cuenta la pretensión, la
antigüedad de la demanda y la etapa procesal en la que se encuentren. En ese
orden, refirió que la demanda interpuesta por el accionante ya fue admitida y se
resolvió la solicitud de decreto de medida cautelar, razón por la cual se impulsará
una vez se superen las radicaciones más atrasadas.
1.6.2. Oficia de Instrumentos Públicos
18. La registradora de la entidad rindió informe en el que solicitó ser
desvinculada por carecer de legitimación en la causa por pasiva, ya que no tiene
relación con los hechos y las pretensiones que el actor puso de presente en el
escrito de tutela.
1.6.3. Superintendencia de Notariado y Registro
19. La jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad rindió informe en el
que indicó que, de los hechos narrados en el escrito de tutela, se evidencia con
claridad que esta entidad no tiene participación alguna en las actuaciones que el
demandante consideró como vulneradoras de sus garantías fundamentales.
20. En ese sentido, sostuvo que su actividad registral estuvo de conformidad
con la Ley 1579 de 2012, ya que tenía el deber de adecuar su actuación en aras
de determinar la situación jurídica real del inmueble en cuestión. Por lo anterior,
solicitó su desvinculación de la presente acción constitucional por considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
21. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
23. La Sala advierte el señor Carlos Alberto Triana Ortiz está legitimado en la
causa por activa por ser la parte demandante en el proceso de nulidad simple
con radicado 25000-23-41-000-2021-00799-00 cuya mora judicial se predica a
través de este mecanismo constitucional.
24. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección C está legitimado en la causa por pasiva por ser
la autoridad judicial que actualmente tramita el proceso ordinario sobre el cual la
parte actora sostiene que ha incurrido en mora judicial.
25. Por otra parte, la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá y la
Superintendencia de Notariado y Registro solicitaron que se les declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva porque no tienen injerencia en la presunta
transgresión de los derechos fundamentales del actor. Al respecto, la Sala negará
las peticiones debido a que fueron vinculadas a este proceso como terceros con
interés.
2.3. Problema jurídico
26. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en este caso es el siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia al incurrir en una presunta mora judicial dentro del
medio de nulidad simple con radicado 25000-23-41-000-2021-00799-00?
27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) la mora judicial, y (iii) el
caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
28. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
29. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.5. La mora judicial
30. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución3, del derecho
fundamental al debido proceso4 y de los principios de la Carta Política, se ha
otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia5.
31. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:
(…) no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal
de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión6.
32. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y
230 de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional
se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías»7, y de otro lado, «la obligación correlativa de las
autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo»8.
3 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
4 Constitución Política de 1991. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-796 de 2006.
8 Ibídem.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
33. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de
1996 - Estatuaria de la Administración de Justicia-9 y con sustento en los
principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del
caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso
para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.
34. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple
en el Estado Social de Derecho, en el que «ha dejado de ser el frio funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a
través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i)
la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material»10.
35. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos11.
36. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales»12.
37. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
38. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:
9 Ley 270 de 1996. Artículo 1: La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio,
para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de
la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable
del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones13.
39. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial, según la cual
únicamente se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
sometidos a la competencia del juez14. En este evento, debe acreditarse que la
conducta omisiva materializa la violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
2.6. Mora judicial en el caso concreto
40. Como se expuso desde el acápite de antecedentes, a juicio de la parte
actora, la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C, se debe a la presunta mora
judicial en que ha incurrido en el trámite del medio de control de nulidad simple
con radicado 25000-23-41-000-2021-00799-00.
41. Lo anterior, con fundamento en que, a su juicio, ha transcurrido más de un año
sin que se dicte ninguna providencia que tenga por objeto tramitar y decidir el
proceso promovido por el accionante.
42. De la revisión del expediente en cuestión, la Sala advierte que el proceso
ordinario fue asignado inicialmente a la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 15 de septiembre de 2021.
Posteriormente, el 1 de abril de 2022, fue admitida la demanda. Luego, el 7 de
13 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
14 Entre otras, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03905-00. C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
marzo de 2023, negó la solicitud de medida cautelar propuesta por el
demandante por no reunir los requisitos para decretar la suspensión de los actos
administrativos demandados, previstos por el artículo 231 de la Ley 1437 de
2011.
43. Mediante Oficio del 12 de mayo de 2023, indicó que en cumplimiento del
Acuerdo No. CSJBTA23-44 del 5 de mayo de 2023 proferido por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C, el proceso debía ser remitido a la
Subsección C de la Sección Primera de la misma corporación.
44. Por lo anterior, por auto del 12 de diciembre de 2023 dicha autoridad
asumió el conocimiento del proceso y abrió incidente de desacato contra el
apoderado judicial de la Superintendencia de Notariado y Registro por no allegar
los antecedentes del trámite administrativo surtido ante dicha entidad y le ordenó
remitirlos en el término de 5 días.
45. Realizadas las respectivas actuaciones, el 16 de enero de 2024 el proceso
ingresó al despacho para efectos de fijar fecha y hora para la audiencia inicial o
proferir sentencia anticipada.
46. El anterior análisis permite advertir que, luego de que el proceso le fue
remitido por competencia, el ponente ha venido adelantando actuaciones
pertinentes para darle trámite al medio de control, por lo que no se advierte
negligencia de parte del Tribunal.
47. Por otra parte, no se puede pasar por alto el informe del tribunal en el que
puso de presente la alta carga laboral que presenta debido a los 500 procesos
que recibió y al trámite de las acciones constitucionales que, por la naturaleza de
los derechos en conflicto, tienen prelación.
48. En vista de lo anterior, para esta Sala en este caso no se configuró la mora
judicial injustificada que predica la parte accionante. Esto es así, pues, pese a
que no ha dictado sentencia de primera instancia anticipada o fijado fecha y hora
para la celebración de la audiencia inicial en el proceso de nulidad simple
referenciado, ello no ha obedecido a una falta de diligencia por parte de la
autoridad judicial tutelada.
49. En efecto, la accionada ha tramitado el proceso, el cual se encuentra al
despacho desde el 16 de enero del 2024 y, además, puso de presente que existe
una situación de la alta carga laboral que ha dado lugar al retraso judicial de estos
asuntos.
50. Por otra parte, si bien el accionante indicó que padece una enfermedad
grave que lo limita físicamente, lo cierto es que las situaciones particulares que
padezcan las partes no son una razón suficiente para considerar que se presenta
una mora judicial injustificada en el trámite del proceso. Máxime, si el retardo se
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
funda en razones objetivas y estructurales que inciden en la administración de
justicia. Por lo demás, el actor no consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital o dignidad humana y tampoco se observa una
relación entre estos derechos y el objeto del proceso ordinario en el que el actor
alega la pretendida mora judicial.
51. En vista de lo anterior, se negará la protección de los derechos
fundamentales invocados. Para esta Sala de decisión, no se configura la mora
judicial injustificada que avale la intervención del juez constitucional. Lo anterior,
toda vez que la falta de actuaciones tendientes a tramitar y decidir el proceso no
se debe a la falta de diligencia del tribunal y, en todo caso, está acreditada la
existencia de problemas estructurales que no le son imputables a la autoridad
judicial accionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales solicitado por el
señor Carlos Alberto Triana Ortiz.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Triana Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00347-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.