Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03905-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 11001-03-15-000-2022-03905-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03905-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03905-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
18 de agosto de 2022
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03905-00
Demandante: ALBERTO GONZÁLEZ MEBARAK Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Derecho de petición ante autoridades judiciales. Mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la tutela presentada por los señores Alberto
González Mebarak, Nadia Kathelin González Mebarak y Juan José González
Rosales, contra el Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. Los señores Alberto González Mebarak, Nadia Kathelin González
Mebarak y Juan José González Rosales, actuando en nombre propio,
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander1.
Con la petición de amparo pretenden la protección de su derecho fundamental
de petición.
2. Consideran vulnerada la mencionada garantía constitucional por la
omisión de la autoridad judicial de pronunciarse respecto de unas solicitudes
realizadas al interior del proceso de reparación directa identificado con número
68001-23-33-000-2018-00496-00.
1.2. Hechos
La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
3. El 6 de junio del 2018, los señores Alberto González León y Katherine
Yurley Sanabria Correa presentaron demanda de reparación directa contra el
Departamento de Santander.
1
La tutela se envió el 15 de julio del 2022 al correo de recepción de tuteles y habeas corpus del
Consejo Superior de la Judicatura.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
4. Surtidos los trámites correspondientes y encontrándose el proceso para
dictar sentencia, el 1º de marzo del 2021, los actores de esta tutela allegaron un
memorial en el cual informaron la muerte de su señor padre Alberto González
León. Por lo tanto, solicitaron ser reconocidos como sucesores procesales, por
ser herederos del mencionado señor.
5. El 26 de marzo del 2021, los accionantes allegaron un memorial en el
cual informaron la revocatoria del poder que había otorgado su padre a los
abogados María Eugenia Carreño Gómez y Camilo Iván Rincón León. Así, la
representación la asumiría el señor Alberto González Mebarak, actor de esta
tutela.
6. Se tiene que el 15 de abril del 2021 los demandantes informaron esta
situación a los abogados principal y suplente que representaron a su padre y
solicitaron la regulación de honorarios.
7. Luego, los días 24 de agosto del 2021, 23 de febrero y 13 de junio del
2022, radicaron solicitudes de impulso procesal, con el fin de que se resolviera
lo relativo a la sucesión procesal y la revocatoria del poder. Sin embargo, a la
fecha de la presentación de la tutela no habían recibido respuesta.
1.3. Sustento de la vulneración
8. Los actores consideran que la autoridad judicial demandada vulneró su
derecho de petición, toda vez que ha transcurrido más de un año y aún no han
recibido respuesta de las solicitudes de reconocimiento como sucesores
procesales y la revocatoria de poder que presentaron. Por tal motivo,
consideran que debe darse la orden para que el tribunal se pronuncie al
respecto.
1.4. Pretensión constitucional
9. La parte actora solicitó en concreto lo siguiente:
PRIMERO: Se tutele nuestro derecho fundamental de petición, el cual ha sido
violado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER - Despacho de
la H. Magistrada SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR, al no responder de fondo
y según los lineamientos trazados los requerimientos elevados en fecha 01 de
marzo de 2021 y 26 de marzo de 2021 al interior del proceso de Reparación
Directa bajo radicado 68001-23-33-000-2018-00496-00.
SEGUNDO: Se exhorte y ordene a la entidad accionada, esto es al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER - Despacho de la H. Magistrada
SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR, responder de fondo a los requerimientos
deprecados el pasado 01 de marzo de 2021 y 26 de marzo de 2022, haciéndolo
de manera clara, detallada y con el soporte técnico o jurídico que la causa
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
amerita.
1.5. Trámite de primera instancia
10. En auto del 19 de julio de 2022, el magistrado ponente admitió la tutela.
Además, ordenó la notificación a la autoridad accionada y vinculó como terceros
con interés a la señora Katherine Yurley Sanabria Correa (demandante dentro
del proceso de reparación directa), al Departamento de Santander, a los
abogados María Eugenia Carreño Gómez y Camilo Iván Rincón León, así como
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
11. Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo de Santander y a la parte
actora para que allegaran las direcciones electrónicas de la señora Sanabria
Correa y los abogados mencionados. Además, solicitó a la autoridad judicial
accionada que aportara el expediente ordinario de reparación directa número
68001-23-33-000-2018-00496-00.
12. También ordenó a la Secretaría General de esta Corporación que
publicara en la página web copia digital del escrito de tutela, los anexos y del
auto admisorio, con el fin de que cualquier persona con interés pudiera
intervenir.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Departamento de Santander
13. Por medio de representante, la entidad solicitó ser desvinculada de la
presente tutela, toda vez que consideró que no es responsable de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales alegados.
14. En todo caso, puso de presente que los accionantes cuentan con los
cauces propios del proceso ordinario para poner en conocimiento la situación
relacionada con las solicitudes que plantearon. En ese sentido, adujo que esta
tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Santander
15. La magistrada ponente del proceso de reparación directa sobre el que
gira esta controversia se opuso a las pretensiones de la tutela.
16. Manifestó que el expediente 2018-00496-00 se encuentra en el puesto
30 y que existen otros asuntos que deben ser resueltos antes, de conformidad
con el orden de llegada al Despacho para fallo.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
17. Consideró que las solicitudes elevadas no son de aquellas a las que
deba dársele prioridad por motivos de seguridad nacional o por amenaza del
patrimonio público. Además, puso de presente que el tribunal tiene una alta
congestión que impide decidir los casos con mayor premura, algo que también
ocurre en otros circuitos judiciales.
18. Finalmente, resaltó que el Despacho del cual es titular ha tenido una
buena producción, motivo por el cual no se le puede endilgar negligencia en el
trámite de las solicitudes elevadas por los accionantes.
1.6.3. Katherine Yurley Sanabria Correa
19. Actuando en nombre propio, la señora Sanabria Correa manifestó que
confirió poder al señor Alberto González Mebarak para que la representara en
el proceso y que a la fecha el tribunal no se ha pronunciado al respecto. En todo
caso, informó que atendería cualquier decisión del Despacho.
1.6.4. María Eugenia Carreño Gómez
20. La profesional del derecho puso de presente que ella presentó renuncia
del poder que le fue otorgado para actuar como representante en el proceso de
reparación directa. Por lo tanto, consideró que debía abstenerse de realizar
cualquier pronunciamiento sobre esta tutela.
1.6.5. Camilo Iván Rincón León
21. En nombre propio, puso de presente que los accionantes actuaron de
manera desleal, pues aprovechando la muerte del demandante del proceso,
decidieron revocar poder ante el tribunal, sin haberle informado previamente.
22. Agregó que a pesar de haber desarrollado una labor correcta como
apoderado, aún no le han hecho el pago de sus honorarios y por eso no ha
dado el paz y salvo respectivo por ese concepto.
23. Por lo anterior, solicitó que se compulsaran copias de carácter
disciplinario al actor de esta tutela, el señor Alberto González Mebarak, ya que
pretende ahora fungir como apoderado en el proceso de reparación directa sin
tener el paz y salvo mencionado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sala es competente para conocer de la presente petición de
amparo, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019.
2.2. Cuestión previa
25. El señor Camilo Iván Rincón León, vinculado como tercero con interés en
esta tutela, solicitó que se compulsen copias disciplinarias al abogado Alberto
González Mebarak, accionante en esta acción de tutela.
26. A tal efecto, el abogado Rincón León informó que él fue apoderado de la
parte actora y aún no ha expedido el paz y salvo por el pago de sus honorarios.
En ese sentido, consideró que es desleal que el actor Alberto González
Mebarak pretenda actuar como apoderado de los demandantes, sin habérselo
informado previamente y sin contar con el mencionado paz y salvo. Por esto,
consideró que se incurrió en la falta contemplada en el artículo 28 de la Ley
1123 de 2007.
27. Al respecto debe tenerse en cuenta que la petición de envío de copias
disciplinarias es un aspecto que corresponde definirlo al juez natural, cuando
resuelva sobre la representación de los demandantes en el proceso ordinario.
28. Por lo anterior, la Sala considera que no le corresponde al juez
constitucional pronunciarse, so pena de invadir la órbita del juez ordinario de la
causa. En consecuencia, no se emitirá pronunciamiento sobre este aspecto.
29. Así, la Sala hace hincapié en que en este asunto se cuestionó una
demora del tribunal accionado en resolver unas solicitudes, aspecto sobre el
cual se limitará el análisis de este asunto.
2.3. Legitimación en la causa
30. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
31. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19912, en los artículos 1°, 10º,
46 y 49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por
cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien
sea i) por sí misma; ii) a través de representante; iii) de apoderado; o iv) por
medio de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer
acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales3.
32. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
los actores son titulares del derecho fundamental que reclaman, en
consideración a que presentaron las peticiones para ser reconocidos como
sucesores procesales en el proceso de reparación directa sobre el cual gira
este asunto, así como la revocatoria de poder de sus representantes judiciales.
En consecuencia, gozan de legitimación en la causa por activa, presupuesto
procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos generales y
particulares de la tutela y del núcleo esencial de los derechos presuntamente
vulnerados.
33. Por otro lado, se advierte que se reprocha la omisión del Tribunal
Administrativo de Santander en responder las solicitudes de reconocimiento
como sucesores procesales de los actores, así como la revocatoria a la que se
ha hecho mención. Es por ello por lo que dicha autoridad judicial se encuentra
legitimada en la causa por pasiva.
34. Ahora bien, se tiene que el Departamento de Santander pidió ser
desvinculado de esta tutela. Sin embargo, esa solicitud será negada, toda vez
que esa entidad se vinculó a este trámite como tercero con interés en las
resultas de este proceso y no como parte demandada.
2.4. Problema jurídico
35. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas
en el trámite del proceso, corresponde a esta Sala resolver el siguiente
problema jurídico:
• ¿Resultó vulnerado el derecho fundamental de petición de los
accionantes por la presunta omisión del Tribunal Administrativo de
Santander de responder las solicitudes que elevaron para ser
reconocidos como sucesores procesales y con el fin de revocar el poder
otorgado por los demandantes iniciales en el proceso de reparación
directa número 68001-23-33-000-2018-00496-00 ?
36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción de tutela, (ii) el derecho de petición, (iii) el
derecho de petición en el marco de procesos judiciales, (iv) la mora judicial
como causal de acción de tutela y por último, (v) el estudio del caso concreto.
3
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
2.5. Naturaleza de la acción de tutela
37. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos
casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
38. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace
procedente la tutela como mecanismo transitorio.
2.6. El derecho de petición
39. El derecho fundamental de petición se presenta como un instrumento en
beneficio de los administrados, que más allá de vehiculizar el conjunto de
derechos plasmados en la Carta,4 permite la consecución de los fines
esenciales del Estado Social de Derecho,5 al potenciar “la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación”.6
40. Es este carácter axiológico del derecho de petición el que explica la
carga obligacional que surge para las diversas ramas del poder público, luego
de que es empleado por los ciudadanos.
41. En efecto, los deberes de las autoridades van más allá de las meras
formas, pues el contenido mismo de la respuesta debe adecuarse a ciertos
presupuestos fijados por la jurisprudencia, lo que significa que no basta para su
concreción que las entidades públicas, e incluso los particulares, resuelvan, de
manera vaga y superficial, los pedimentos formulados.
42. Se requiere igualmente que la solución procurada satisfaga criterios de
claridad y congruencia en relación directa entre lo pedido y lo resuelto, lo que
no quiere decir que tenga que ser positiva frente a lo solicitado.
43. Cuenta de ello da no solamente el desarrollo normativo del artículo 23
constitucional sino a la vez su tratamiento jurisprudencial, en el que no se
escatima oportunidad para recordar el núcleo complejo que compone el
derecho de petición.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-801 del 11 de octubre 2012. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
6
Artículo 2º Constitucional.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
44. Así, del derecho de toda persona a obtener pronta resolución de sus
peticiones, que se relaciona con los tiempos en que deben ser decididas
(artículo 23 constitucional), se avanza, en el entendido de que además de
oportunas, las resoluciones deberán ser completas y de fondo (inciso 1º Artículo
13 Ley 1755 de 2015), en una especie de positivización del derecho fijado por la
jurisprudencia constitucional.
45. En términos de la Corte Constitucional, el contenido esencial del derecho
de petición comprende los siguientes elementos:7
a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes
ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo
que supone que la autoridad entre en el fondo de la materia propia de la
solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera
completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la
petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la
pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su
sentido sea positivo o negativo8.
46. Se colige del aparte trascrito que la respuesta de fondo o contestación
material de las peticiones implica, por contera, que la autoridad administrativa:
1. Se inmiscuya activamente en las materias propias de la solicitud.
2. Trate o desarrolle todos los asuntos planteados, de manera particular y
precisa.
3. Conteste de forma congruente, es decir, que exista correspondencia
entre la petición y la respuesta.
4. Excluya de sus respuestas fórmulas o conceptos evasivos o elusivos.
5. Responda con base en su competencia, lo cual supone, por oposición
lógica, que si no lo es, informe inmediatamente al interesado y remita la
petición a la autoridad competente.
47. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la
resolución efectiva, sino que, es necesario que ésta se dé a conocer al
interesado. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
“Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su
sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la respuesta
trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en conocimiento del
peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse
que el derecho ha sido observado cabalmente”9 (subrayado fuera del texto).
7
Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
8
«Sentencia T-94/99 reiterada en la sentencia C-510 de 2004 entre muchas».
9
Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
48. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, cualquier
solicitud que se presente ante las autoridades se considera como derecho de
petición, por lo que no es necesario que el peticionario indique en su escrito que
está ejerciendo el derecho de petición previsto por el artículo 23 de la
Constitución Política.
49. Esa misma norma previó que existen tres modalidades de derecho de
petición: (i) de carácter general, en cuyo caso el término de respuesta debe ser
de quince (15) días; (ii) peticiones de documentos e información, cuya
respuesta debe ser proporcionada en diez (10) días; y, finalmente, (iii) consulta
a las autoridades en relación con las materias a su cargo, (30 días de
respuesta); todos ellos, contados a partir de la fecha en que se reciba la
solicitud.
2.7. Derecho de petición en actuaciones judiciales
50. No puede perderse de vista que tanto la Corte Constitucional10, como
esta Corporación11 de manera reiterada han señalado que las solicitudes
presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferente a
las del derecho de petición, lo que implica ciertas limitaciones. Por ello, se ha
especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los
jueces, de la siguiente manera:
(i) Las referidas al contenido mismo de la litis, que por tal razón se encuentran
reguladas dentro de una codificación y tienen su procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para el efecto; y
(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
51. En el mismo sentido, el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l
derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que
esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien,
en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición”.
10
Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
11
Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de
13 de julio de 2017. MP: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. MP. Alberto
Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00 y Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 25 de abril de 2019, radicación Nº11001-03-15-000-2019-00971-00 MP. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 15 de agosto de 2019 proferida dentro del expediente 11001-03-
15-000-2019-03399-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
52. En otras palabras, si bien es posible presentar peticiones ante las
autoridades judiciales, para que esta se entienda ejercida en el marco del
derecho de petición, es necesario que no recaiga sobre los procesos judiciales
que el funcionario adelanta. En caso de que ello sea así, tales “peticiones”
deben entenderse como memoriales radicados en el proceso, y que, por
consiguiente, se rigen por la normatividad aplicable a la Litis12.
53. Lo anterior significa que “no es dado a las personas afirmar que los
jueces vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada
a obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede
invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha
salido de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto,
desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un determinado
proceso judicial.”13
2.8. La mora judicial como causal de acción de tutela
54. Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución14, del derecho
fundamental al debido proceso15 y de los principios de la Carta Política, se ha
otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración
de justicia16.
55. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:
no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
12
Corte Constitutional. Sentencia T-172 de 2016.
13
Ibídem.
14
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado.”
15
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.
16
Sentencia T-006 de 1992.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión17.
56. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y
230 de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia
constitucional se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica
de una parte, que cuando el “ciudadano acude a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su
pretensión de protección de sus derechos y garantías”18, y de otro lado, “la
obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar
todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los
particulares a dicho servicio público sea real y efectivo”19.
57. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de
1996 Estatuaria de la Administración de Justicia20 y con sustento en los
principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del
caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso
para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.
58. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que
cumple en el Estado Social de Derecho, en el que “ha dejado de ser el frio
funcionario judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el
funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para
así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como
servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que
reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos
tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la
verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material”21.
59. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
17
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
18
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
19
Ibídem.
20
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública
que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la
convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.
21
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos22.
60. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
“atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales”23.
61. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: “(i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
62. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se
tiene que:
… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012,
luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta
Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en
los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y
que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.
63. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial24, según la cual solo
se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
22
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
23
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
24
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-
000-2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado:
Tribunal Administrativo de Antioquia. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de
junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz.
Demeandado: Procuraduría General de la Nación.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
competencia del juez, que de acreditarse esta conducta, constituye violación al
derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido
proceso de las partes en un proceso.
2.9. Caso concreto
64. La Sala negará la presente acción de tutela, de conformidad con lo que
pasa a explicarse.
65. De conformidad con las actuaciones que reposan en el sitio web de
consulta de procesos25, se tiene que el 1º de marzo del 2021 los actores
radicaron ante la autoridad demandada una solicitud de reconocimiento de
sucesión procesal, al interior del proceso de reparación directa número 68001-
23-33-000-2018-00496-00.
66. Luego, el 26 de marzo del 2021 presentaron memorial con el fin de
efectuar la revocatoria de poder de los anteriores abogados que representaban
a la parte actora. Ante ello, se observa que el 15 de abril del mismo año, los
demandantes comunicaron lo propio a la abogada principal, María Eugenia
Carreño Gómez, y el suplente, esto es, al señor Camilo Iván Rincón. Además,
solicitaron la regulación de honorarios.
67. Posteriormente se advierte que los accionantes han presentado varios
impulsos procesales en distintas fechas (25 de agosto del 2021, 23 de febrero
del 2022 y 14 de junio del 2022), con el fin de que el tribunal se pronuncie sobre
las peticiones elevadas para que sean reconocidos como sucesores procesales
y para que se haga efectiva la revocatoria del poder.
68. También se tiene que el 27 de julio del 2022 la magistrada ponente del
caso requirió a los demandantes. Según informó, lo hizo con el fin de que
aportaran el certificado de defunción de su padre y así poder tramitar lo relativo
a la sucesión procesal.
69. Los actores respondieron a ese requerimiento el 29 de julio del 2022 y
además solicitaron que se lleve a cabo la regulación de honorarios, con el fin de
hacer efectiva la revocatoria de poder.
70. Así, de conformidad con lo narrado, la Sala advierte en primer lugar que
las peticiones que han elevado los accionantes son de aquellas propias de las
labores del juez en cuanto al trámite de los procesos y por tal motivo, no les son
aplicables las normas que regulan el derecho de petición.
25
Las actuaciones pueden verse en el siguiente link con el número de radicado:
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
71. Así, a pesar de que los accionantes alegaron como vulnerado su derecho
fundamental de petición, la Sala considera que dicha garantía constitucional no
procede para poner en marcha el aparato judicial puesto que las actuaciones
judiciales están sometidas a las reglas procesales. Por lo tanto, el caso será
estudiado desde la óptica de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.
72. En efecto, los actores pidieron que se les reconociera como sucesores
procesales y además solicitaron la revocatoria de poder que inicialmente habían
otorgado los demandantes del proceso ordinario, aspectos propios del juicio
contencioso-administrativo, que tienen una regulación especial dentro del la
normativa procesal de la Ley 1437 del 2011. Por lo tanto, la Sala procede a
analizar si existió una mora judicial injustificada en resolver esas peticiones.
73. Al respecto, se pone de presente que aunque existieron memoriales de
impulso para que se decidiera sobre las peticiones mencionadas, lo cierto es
que la magistrada ponente del proceso ordinario respondió en este trámite que
el caso de los actores se encuentra en el puesto 30 para dictar sentencia.
Además, que no es de aquellos asuntos que ameriten una modificación del
turno por seguridad nacional o algún otro tema similar.
74. Sobre lo anterior la Sala considera que en efecto las razones que expuso
la magistrada son válidas y responden al criterio de la Corte Constitucional
sobre la configuración de la mora judicial. Así, como en el presente asunto no
se advirtió una negligencia por parte de la autoridad demandada, ya que
respetó el turno de los asuntos a su cargo, no cabe reproche sobre la presunta
demora en la atención de las solicitudes hechas por los actores, pues esta se
debe a la dinámica de congestión que presenta el Despacho, en el que existen
otros asuntos pendientes por decidir antes que el de los accionantes.
75. En todo caso, como se expuso con anterioridad, mientras esta tutela
surtió su trámite, la magistrada requirió a los tutelantes por medio de auto del 27
de julio del 2022 para que allegaran el certificado de defunción de su padre, a lo
cual ellos cumplieron el 29 del mismo mes y año, y además solicitaron que se
efectúe la regulación de honorarios.
76. De conformidad con lo dicho, la Sala advierte que las solicitudes
propuestas por los actores ya han tenido el impulso solicitado, por lo que no se
aprecia que haya existido vulneración los derechos de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso por parte de la autoridad
demandada. En ese sentido, se negará la presente tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alberto González Mebarak y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03905-00
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el
Departamento de Santander.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, según lo
expuesto en la parte motiva.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.