Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02986-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02986-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02986-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de junio de 2025
Demandante: Oscar Enrique Correa Stefanell
Demandados: Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02986-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02986-00
Demandante: OSCAR ENRIQUE CORREA STEFANELL
Demandados: SALA DE DECISIÓN A DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Temas: Tutela de fondo y contra acto administrativo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Oscar Enrique Correa Stefanell, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra de la Sala de Decisión A del
Tribunal Administrativo del Atlántico y la Administradora Colombiana de
Pensiones (en lo sucesivo Colpensiones)2. Con su solicitud de amparo pretende
que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital,
a la defensa y a la igualdad.
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la
mora judicial de la autoridad judicial para resolver el incidente de nulidad que
presentó en contra de la sentencia del 13 de marzo de 2024 proferida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por Colpensiones en
su contra3. Así como, a la Resolución SUB8189 del 13 de marzo de 2025 de
Colpensiones4.
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
El escrito de tutela fue enviado el 15 de mayo de 2025 al correo de recepción de tutelas y habeas
corpus de la Rama Judicial.
3
En el expediente identificado con radicado: 08001-23-33-000-2020-00460-00.
4
Notificada personalmente el 14 de marzo de 2025.
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Demandante: Oscar Enrique Correa Stefanell
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1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1- Que se amparen los derechos fundamentales a mi representado tales como,
MINIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA, A LA
IGUALDAD.
2- Que se ordene a COLPENSIONES dejar sin efecto la RESOLUCION SUB-
8189 del 13 de marzo de 2014, la cual resolvió: DECLARAR la nulidad de las
Resoluciones Nos. GNR 216032 del 12 de junio de 2014 y GNR 375193 del 22
de octubre de 2014, por medio de las cuales se reconoció, reliquidó una pensión
de invalidez.
3- QUE SE ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA
A realizar la notificación en debida forma de la sentencia proferida este Despacho
el día 13 de marzo de 2024 de conformidad a el Art 203 de la Ley 1437 de 2011
bajo el radicado 2020-00046000. A fin de que pueda nacer a la vida jurídica y se
puedan presentar los recursos de ley. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. Mediante las Resoluciones GNR 216032 del 12 de junio de 2014 y GNR
375193 de 22 de octubre de 2014, Colpensiones reconoció y reliquidó pensión
de invalidez a favor del señor Oscar Enrique Correa Stefanell. Posteriormente,
mediante Resolución SUB 343131 del 16 de diciembre de 2019 revocó los actos
administrativos previamente referidos.
6. Con posterioridad, Colpensiones ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se anularan las anteriores
Resoluciones.
7. El asunto correspondió en primera instancia a la Sala de Decisión A del
Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridad judicial que mediante sentencia
del 13 de marzo de 2024 accedió a las pretensiones. Como fundamento de su
decisión, adujo que el señor Correa Stefanell no reunía los requisitos
establecidos en la ley para hacerse acreedor a la pensión de invalidez, como en
efecto, lo es el deber de acreditar una disminución de la capacidad laboral del
50% del articulo 38 de la Ley 100 de 1993.
8. En virtud de lo anterior, Colpensiones dictó la Resolución SUB-8189 del
13 de marzo de 2025, mediante la cual declaró la nulidad de las resoluciones
GNR 216032 del 12 de junio de 2014 y GNR 375193 del 22 de octubre de 2014.
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9. Mediante memorial del 21 de marzo de 2025, el señor Correa Stefanell
solicitó la nulidad de la sentencia del 13 de marzo de 2024, tras considerar que
se configuró la causal contemplada en el numeral 8 del artículo 133 del Código
General del Proceso (CGP), relativa a la indebida notificación. Ello, con
fundamento en que la notificación no fue realizada al correo electrónico
designado para el efecto lawyers_jmy@hotmail.com y a que solo tuvo
conocimiento de este, con ocasión a actos administrativos expedidos por
Colpensiones.
10. En providencia del 26 de mayo de 2025, la Sala de Decisión A del Tribunal
Administrativo del Atlántico rechazó de plano la solicitud de nulidad, tuvo por
notificada a la parte «demandante» [Sic] por conducta concluyente y dispuso que
los términos para interponer recursos en contra de la sentencia del 13 de marzo
de 2024 empezarían a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria de tal
decisión.
11. Lo anterior fue notificado por correo electrónico del 27 de mayo del
presente año a los sujetos procesales.
12. Mediante memoriales allegados al despacho ponente de la primera
instancia el 10 de junio de 2025, el señor Oscar Enrique Correa Stefanell
interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 13 de marzo de 2024.
1.4. Sustento de la vulneración
13. La parte actora cuestionó que la Sala A del Tribunal Administrativo del
Atlántico no le hubiera notificado la sentencia del 13 de marzo de 2024, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del CPACA.
14. Cuestionó el hecho de que se hubiera tenido que enterar de la misma con
ocasión de la expedición de la Resolución SUB8189 del 13 de marzo de 2025,
mediante la cual Colpensiones declaró la nulidad de las Resoluciones GNR
216032 del 12 de junio de 2014 y GNR 375193 del 22 de octubre de 2014,
mediate las cuales se le reconoció y reliquidó la pensión de invalidez.
15. Adujo que lo anterior llevo a que no percibiera la mesada correspondiente
al mes de mayo del presente año. Situación que le ha ocasionado un gran
perjuicio irremediable tanto a él como a su núcleo familiar. Además, indicó que,
a raíz de tal hecho, no pudo ejercer los recursos de ley y tuvo que soportar la
nulidad de las Resoluciones que le reconocían y liquidaban una prestación social
en su favor.
16. Alegó que es cabeza de hogar, persona de la tercera edad y, por tanto,
sujeto de especial protección constitucional. Mencionó que vive con su esposa,
quien depende absolutamente de él y de su mesada como única fuente de
ingresos. De ahí que, el pago de esta sea fundamental para asegurar su derecho
fundamental al mínimo vital.
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17. Refirió que a la fecha de la de la interposición de la solicitud de amparo, el
Tribunal accionado no ha resuelto la nulidad solicitada, razón por la cual le esta
vulnerando su derecho fundamental al mínimo vital, al debido proceso y a la
defensa judicial.
1.5. Trámite de primera instancia
18. Por auto del 20 de mayo de 2025, el magistrado ponente de esta decisión
inadmitió la solicitud de amparo. Ello, a fin de que la parte actora allegara el poder
especial que faculta a su apoderada a interponer la acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo del Atlántico, toda vez que en el solo constaba la
atribución para interponerla en contra de Colpensiones por la expedición de la
Resolución SUB 8189 del 13 de marzo de 2025.
19. Subsanado el yerro descrito, mediante providencia del 30 de mayo del
presente año se admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, se ordenó
notificar en calidad de accionados al Tribunal Administrativo de Atlántico y a
Colpensiones.
20. Asimismo, vinculó en calidad de tercera con interés a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado. Esta última en los términos del artículo 610 del
CGP.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo de Atlántico
21. La autoridad judicial informó que mediante providencia del 26 de mayo de
2025 rechazó de plano la solicitud de nulidad interpuesta por el accionante, tuvo
por notificada a la parte «demandante» [Sic] por conducta concluyente y dispuso
que los términos para interponer recursos en contra de la sentencia del 13 de
marzo de 2024 empezarían a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria de
tal decisión.
22. En virtud de lo anterior, alegó que la situación expresa por el tutelante
como presuntamente transgresora de sus derechos fundamentales fue
subsanada en sede del proceso ordinario y «con anterioridad a la admisión de la
presente acción de tutela».
1.6.2. Colpensiones
23. La autoridad afirmó que la tutela no acredita el requisito de subsidiariedad.
Asimismo, afirmó que no ha vulnerado los derechos invocados por el actor. Y, en
todo caso, este mecanismo constitucional no puede ser convertido «en una
tercera instancia».
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del
Atlántico y Colpnesiones. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
25. Previo a cualquier consideración sobre el caso concreto, se estima
necesario precisar que si bien la parte actora solicitó entre sus pretensiones que
se le ordenara a la autoridad judicial accionada que procediera a realizar la
notificación en debida forma, lo cierto es que fundamentó su reparo constitucional
en el hecho de que la Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo de Atlántico,
a la fecha de interposición de la tutela, no hubiera desatado la nulidad por
indebida notificación que presentó al interior del medio de control.
26. En ese orden, la Sala abordara el análisis de la presente tutela, desde la
perspectiva de la mora judicial, a efectos de determinar si la accionada incurrió
en una dilación injustificada y, por consiguiente, es procedente ordenarle que
trámite el mentado incidente de nulidad o, en su defecto, que realice la
notificación de la sentencia, como posibles remedios constitucionales.
2.3. Legitimación en la causa
27. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
28. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Oscar
Enrique Correa Stefanell funge como demandado al interior del proceso ordinario
identificado con el radicado 08001-23-33-000-2020-00460-00. Por tanto, es el
titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama. En consecuencia,
goza de legitimación en la causa por activa.
29. Por otro lado, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada se
encuentra legitimada en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser a quien se le
adjudica la mora judicial frente a la solicitud de nulidad. Asimismo, se encuentra
que Colpensiones está legitimada en la causa por pasiva, al ser quien profirió la
Resolución SUB8189 del 13 de marzo de 2025.
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2.4. Problemas jurídicos
30. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital, a la defensa y a la igualdad de la parte
actora con ocasión a la mora judicial para resolver el incidente de nulidad
en contra de la sentencia del 13 de marzo de 2024 y a la Resolución
SUB8189 del 13 de marzo de 2025, respectivamente?
31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) mora judicial, (iii) tutela contra
actos administrativos y (iv) el caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
32. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
33. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.6. La mora judicial como causal de acción de tutela
34. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución5, del derecho
fundamental al debido proceso6 y de los principios de la Carta Política, se ha
5
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado.”
6
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él,
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
6
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otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia7.
35. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:
[…] no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal
de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión8.
36. De otro lado, el alto tribunal ha señalado que el fenómeno de la mora
judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite
de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia
de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino
en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de
los mismos9.
37. Asimismo, la Corte ha considerado que «atendiendo la realidad del país,
en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales»10.
38. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
39. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:
… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.
7
Sentencia T-006 de 1992.
8
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002.
9
Corte Constitucional. T-1019 de 2010.
10
Corte Constitucional. T-230 de 2013.
7
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administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se
acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución
de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos
de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento
es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones11.
40. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial, según la cual
únicamente se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
sometidos a la competencia del juez12. En este evento, debe acreditarse que la
conducta omisiva materializa la violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
2.7. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos
41. Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de
tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos.
42. Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente,
a través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Esta es la vía procesal idónea para que el legislador ha diseñado
para la garantía de los derechos13.
43. Así las cosas, la Corte ha precisado que «conforme al carácter residual de
la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir
las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción
de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)»14.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
12
Entre otras, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03905-00. C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.
8
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44. En tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Al interior de este tipo de
procesos es posible recurrir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de
urgencia, al tenor de lo dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido
ordenamiento.
45. A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de
actos administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la
Ley 1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de
amparo, salvo en el evento, se itera, en que se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
2.8. Caso concreto
46. La Sala abordará el análisis del caso concreto a partir de los reproches
formulados por la parte actora de manera individual.
• Sobre la presunta mora judicial del Tribunal Administrativo del
Atlántico al resolver el incidente de nulidad que interpuso al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelanta
en su contra
47. A partir de la intervención arribada al expediente y de la revisión del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
08001-23-33-000-2020-00460-00, se advierte que, mediante providencia del 26
de mayo de 2025, la Sala A del Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió el
incidente de nulidad presentado por el accionante el 21 de marzo de 2025.
48. A su vez, consta que la decisión en comento fue notificada al accionante
mediante correo electrónico del 27 de mayo de 2025.
49. En ese orden de ideas, es posible advertir que la resolución del incidente
de nulidad interpuesto por el accionante ocurrió en un término razonable y
prudencial. Incluso, fue proferida antes de la admisión de la presente acción de
tutela (30 de mayo de 2025). De ahí que, es posible inferir que el Tribunal
accionado no incurrió en una mora judicial injustificada.
50. Ahora bien, encuentra la Sala que, aun cuando el Tribunal no decretó la
nulidad de la sentencia, si le garantizó el derecho fundamental al debido proceso
y de defensa y contradicción de la parte actora. Por ende, no se advierte que se
hubiera actuado en contravía de los intereses del accionante, ni la necesidad de
intervención para garantizar sus derechos de defensa y contradicción.
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• Sobre el acto administrativo SUB 8189 del 13 de marzo de 2025 de
Colpensiones.
51. De otro lado, el accionante alegó que en virtud de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 13 de marzo del presente año,
Colpensiones expidió la Resolución SUB 8189 el mismo día, mediante la cual
anuló los actos administrativos GNR 216032 del 12 de junio de 2014 y GNR
375193 del 22 de octubre de 2014, en los cuales se le reconoció y reliquidó la
pensión de invalidez.
52. Al respecto, la Sala considera que la petición de amparo debe declararse
improcedente, dado que, lo pretendido por el accionante es discutir la legalidad
de la Resolución mencionada y, para ello, el actor cuenta con la posibilidad de
solicitarle a la autoridad la revocatoria directa del acto.
53. En todo caso, se le pone de presente al señor Correa Stefanell que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que actualmente se adelanta
en su contra, está en curso en virtud del recurso de apelación que impetró en
contra de la sentencia del 13 de marzo de 2024. En ese orden, deberá verificar
que el acto administrativo que cuestiona quede en firme, de forma que pueda
ejercer los mecanismos judiciales que consagra el ordenamiento jurídico en su
favor.
2.9. Conclusión
54. En vista de lo anterior, la Sala negará la solicitud de amparo frente al cargo
propuesto en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y declarará la
improcedencia de la tutela por el cargo propuesto en contra de Colpensiones, en
virtud de que no acredita el requisito de la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la tutela formulada por el señor Oscar Enrique Correa
Stefanell contra la Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela, por el cargo formulado en
contra de Colpensiones por no superar el requisito de la subsidiariedad.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Demandante: Oscar Enrique Correa Stefanell
Demandados: Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02986-00
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Con aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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