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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02536-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02536-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de los municipios de Tame y Saravena, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia del señor Javier Santiago Parales. TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales solicitado por el señor Andrés Felipe Palencia Córdoba. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02536-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

5 de junio de 2025

Demandante: Andrés Felipe Palencia Córdoba
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02536-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02536-00
Demandante: ANDRÉS FELIPE PALENCIA CÓRDOBA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA
Tema: Tutela de fondo – mora judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Andrés Felipe Palencia, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Arauca. Con la solicitud de
amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la presunta
mora judicial injustificada en la que habría incurrido el tribunal accionado en
proferir sentencia de primera instancia en el trámite del proceso de la acción
popular con radicado 81001-23-39-000-2022-00108-00.

1.2. Pretensiones

3. El accionante solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, los cuales han sido vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Arauca al incurrir en mora injustificada en el trámite y
decisión de la acción popular radicada bajo el número 81001-23-39-000-2022-
00108-00.

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

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Demandante: Andrés Felipe Palencia Córdoba
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02536-00

SEGUNDO: Que se ordene al Tribunal Administrativo de Arauca la remisión
inmediata el expediente al magistrado o magistrada que le siga en turno, conforme
al artículo 121 del Código General del Proceso, por haberse configurado la pérdida
automática de competencia al vencerse el término máximo legal para dictar
sentencia.

TERCERO: Subsidiariamente, para el evento en que se considere que no ha
operado la pérdida automática de competencia, se solicite al despacho judicial que
actualmente conoce del asunto, proferir de manera inmediata la sentencia de
primera instancia, en atención al término perentorio de veinte (20) días que
establece el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, ya ampliamente superado.

CUARTO: Que se tomen las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, se
garantice la celeridad en el trámite de las acciones populares y se adopten
correctivos institucionales que eviten dilaciones injustificadas en procesos de alto
impacto social y colectivo.2

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El señor Andrés Felipe Palencia Córdoba presentó una acción popular
contra la Gobernación de Arauca y otros3, con el fin de que sea protegido el
derecho colectivo a la seguridad pública. Lo anterior, debido a los diversos actos
de violencia que han padecido los habitantes del departamento de Arauca, con
ocasión al conflicto armado entre grupos al margen de la ley.

6. Al proceso se le asignó el radicado 81001-23-39-000-2022-00108-00 y le
fue repartido al Tribunal Administrativo de Arauca. Mediante auto del 17 de
noviembre de 2022 admitió la demanda y corrió traslado a las entidades
demandadas de la medida cautelar solicitada.

7. Posteriormente, por auto del 31 de enero de 2023, vinculó al Ministerio de
Defensa y al Ministerio del Interior. Asimismo, les corrió traslado sobre la medida
cautelar requerida por el demandante y les ordenó que allegaran un informe
sobre las alteraciones de orden público y los hechos violentos registrados durante
los últimos 12 meses en los 7 municipios del departamento de Arauca, con una
discriminación detallada sobre los hechos, los actores del conflicto, las víctimas
y las acciones que haya tomado la fuerza pública sobre el asunto.

8. Por auto del 10 de marzo de 2023, el tribunal accionado convocó audiencia
especial para establecer un pacto de cumplimiento entre los intervinientes. El 22
de marzo de 2023 se celebró la audiencia. No obstante, no fue presentado ningún
proyecto ni asistieron la totalidad de las entidades convocadas.

2 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.
3 Alcaldías de Tame, Arauquita, Fortul, Saravena, Cravo Norte y Puerto Rondón, el Ministerio de

Defensa Nacional - Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional.

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9. El 25 de julio de 2023, mediante auto, el Tribunal Administrativo de Arauca
indicó que, si bien de los informes allegados por las entidades demandadas se
acreditó que han realizado acciones tendientes a preservar el orden público, se
han seguido produciendo hechos violentos que alteran la seguridad de la zona.

10. Por lo anterior, ordenó como medida cautelar que, dentro de los 5 días
siguientes a la notificación de la providencia, las entidades demandadas y
vinculadas realicen un Consejo de Seguridad en el que se tomen medidas
puntuales en materia de prevención y reacción ante los problemas de seguridad.

11. Por auto del 22 de julio de 2024, el tribunal accionado decretó pruebas y
requirió informes a diferentes entidades sobre los reportes recibidos, las alertas
que se hayan emitido, el seguimiento que han realizado a las conductas, entre
otros. A su vez, citó para el 23 de agosto de 2024 la celebración de la audiencia
de pruebas. Por otra parte, debido a que el demandante solicitó tramitar incidente
de desacato por el presunto incumplimiento de la medida cautelar, corrió traslado
a las entidades demandadas y vinculadas para que se pronuncien al respecto.

12. El 23 de agosto de 2024 fue realizada la audiencia de pruebas, en la que
fueron recibidas declaraciones testimoniales. No obstante, debido a que no
fueron recaudadas la totalidad de las pruebas decretadas, suspendió la
diligencia. El 26 del mismo mes y año, reanudó la celebración de la audiencia y
en ella prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió traslado
a las partes para que alleguen sus alegatos de conclusión.

13. El 3 de septiembre de 2024, el expediente ingresó al despacho para fallo.
Finalmente, el 21 de abril de 2025, el accionante allegó memorial de impulso
procesal y solicitó que se le informe el turno en el que se encuentra para proferir
sentencia.

1.4. Sustento de la vulneración

14. El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Arauca, al no
proferir sentencia dentro de los plazos legalmente establecidos para ello, incurrió
en una violación a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

15. Indicó que desde el 3 de septiembre de 2024 el proceso se encuentra al
despacho para fallo, sin que se haya proferido decisión alguna, razón por la cual
desconoció el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012 y el término perentorio de 20
días para proferir sentencia previsto en la Ley 472 de 1998.

16. Finalmente, indicó que «la demora en dictar sentencia no solo lesiona los
derechos individuales del actor popular, sino que extienden su afectación a toda
la comunidad, en tanto se trata de una acción encaminada a la protección del
derecho colectivo a la seguridad pública de un departamento como Arauca,
gravemente afectado por el conflicto armado, crimen organizado y las amenazas

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constantes a la vida e integridad de sus habitantes».

1.5. Trámite de primera instancia

17. Por medio del auto del 5 de mayo de 2025, el Despacho ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
entidad accionada al Tribunal Administrativo de Arauca. Asimismo, dispuso
vincular como terceros con interés a las Alcaldías de los municipios de Arauca,
Arauquita, Cravo Norte, Puerto Rondón, Tame, Fortul y Saravena. Asimismo, a
la Gobernación de Arauca, a la Armada Nacional de Colombia, a la Policía
Nacional, al Ejército Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, al
Ministerio de Defensa, a la Personería Municipal de Puerto Rondón y al señor
Santiago Javier Parales. También se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos que establece el artículo 610 del CGP.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Arauca

18. La magistrada ponente de la decisión indicó que, respecto de la duración
de los procesos y los términos en los que se debe proferir sentencia en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es posible acudir al artículo 121
de la Ley 1564 de 2012, debido a que el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011
regula la materia.

19. A su vez, recalcó que el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 le impone a los
jueces la obligación de proferir las sentencias en el orden en el que se haya
tramitado cada proceso. Señaló que el proceso de acción popular cuya mora se
reprocha mediante esta vía, pasó al despacho para fallo el 3 de septiembre de
2024 y se encuentra en el turno 59 para proferir sentencia, que, de acuerdo con
la planeación de la Sala de Decisión, se estudiará en la cuarta semana de
septiembre de 2025.

20. Refirió que el objeto de litigio se trata de un asunto de alta complejidad que
involucra asuntos de orden público, razón por la cual requiere de un estudio
riguroso no solo del ordenamiento jurídico, sino de las políticas de Estado y los
compromisos que las autoridades han asumido sobre la materia.

21. Por último, puso de presente que, debido al incremento en el número de
despachos de los Juzgados Administrativos de Arauca, se ha aumentado de
manera considerable la carga laboral de la corporación, dado que desde 2016 no
ha habido un incremento en su planta de personal.

1.6.2. Javier Santiago Parales

22. Señaló que coadyuva la presente acción de tutela, debido a que desde
hace 8 meses el expediente entró al despacho para fallo, sin que se haya

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proferido una decisión de fondo.

23. En ese sentido, señaló que se desconoció el artículo 121 de la Ley 1564
de 2012, lo cual ha generado una vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

1.6.3. Los municipios de Tame y Saravena, la Policía Nacional y el Ministerio
del Interior solicitaron su desvinculación del proceso por considerar que carecen
de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la transgresión de los
derechos fundamentales del actor solo le es atribuibles al Tribunal Administrativo
de Arauca.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Arauca.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

25. Los municipios de Tame y Saravena, la Policía Nacional y el Ministerio del
Interior solicitaron su desvinculación del presente trámite, por considerar que
carecen de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala negará sus
peticiones, debido a que su notificación fue realizada en calidad de terceros con
interés y no en calidad de accionados en el presente trámite.

26. Por otro lado, el señor Javier Santiago Parales indicó que coadyuvaba la
solicitud de amparo interpuesta por la parte actora. La Sala aceptará su solicitud,
comoquiera que la misma guarda relación con las pretensiones de la presente
acción de tutela.

2.3. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

28. La Sala advierte que el señor Andrés Felipe Palencia Córdoba está
legitimado en la causa por activa por ser la parte demandante en la acción
popular con radicado 81001-23-39-000-2022-00108-00, cuya mora judicial se
predica a través de este mecanismo constitucional.

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29. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Arauca está
legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad judicial que actualmente
tramita el proceso ordinario sobre el cual la parte actora sostiene que ha incurrido
en mora judicial.

2.4. Problema jurídico

30. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en este caso es el siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Arauca vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al incurrir en una
presunta mora judicial dentro del trámite de la acción popular con radicado 81001-
23-39-000-2022-00108-00?

31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) la mora judicial, y (iii) el
caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

32. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

33. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.6. La mora judicial

34. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución4, del derecho
fundamental al debido proceso5 y de los principios de la Carta Política, se ha

4 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
5 Constitución Política de 1991. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante

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otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia6.

35. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:

(…) no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal
de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión7.

36. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y
230 de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional
se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías»8, y de otro lado, «la obligación correlativa de las
autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo»9.

37. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de
1996 - Estatuaria de la Administración de Justicia-10 y con sustento en los
principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del
caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso
para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.

38. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple
en el Estado Social de Derecho, en el que «ha dejado de ser el frio funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a

la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002.

8 Corte Constitucional, Sentencia C-796 de 2006.
9 Ibídem.
10 Ley 270 de 1996. Artículo 1: La administración de justicia es la parte de la función pública que

cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.

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través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i)
la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material»11.

39. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos12.

40. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales»13.

41. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

42. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:

… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio,
para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de
la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable
del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones14.

11 Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.

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43. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial, según la cual
únicamente se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
sometidos a la competencia del juez15. En este evento, debe acreditarse que la
conducta omisiva materializa la violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

2.7. Mora judicial en el caso concreto

44. Como se expuso desde el acápite de antecedentes, a juicio de la parte
actora, la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia por parte del Tribunal Administrativo de
Arauca se debe a la presunta mora judicial en que ha incurrido en el trámite de
la acción popular con radicado 81001-23-39-000-2022-00108-00.

45. Lo anterior, debido a que, desde el 3 de septiembre de 2024, el expediente
entró al despacho para fallo, sin que a la fecha de la presentación de la solicitud
de amparo se haya proferido una decisión de fondo.

46. De la revisión del expediente en cuestión, la Sala advierte que el proceso
ordinario fue asignado al Tribunal Administrativo de Arauca el 9 de noviembre de
2022. Posteriormente, el 17 del mismo mes y año, admitió la demanda y corrió
traslado a las entidades demandadas de la medida cautelar solicitada por actor.

47. Por auto del 31 de enero de 2023 vinculó al Ministerio de Defensa y al
Ministerio del Interior y les corrió traslado sobre la medida cautelar. Asimismo, les
ordenó que presentar un informe sobre las alteraciones de orden público que se
hayan presentado durante los últimos 12 meses en los 7 municipios del
departamento de Arauca, el cual debía contener una discriminación detallada
sobre los hechos, identificar actores del conflicto, reconocer a las víctimas y
señalar las acciones que la fuerza pública ha realizado para atender la situación.

48. Mediante del 10 de marzo de 2023, el tribunal accionado convocó una
audiencia especial para establecer un pacto de cumplimiento entre los
intervinientes, la cual fue celebrada el 22 de marzo de 2023.

49. El 25 de julio de 2023, mediante auto, el tribunal indicó que, pese a que se
acreditó que las autoridades han realizado acciones tendientes a preservar el
orden público, han persistido hechos violentos que alteran la seguridad de la
zona, razón por la cual ordenó como medida cautelar que las entidades
demandadas y vinculadas realicen un Consejo de Seguridad en el que se tomen
medidas puntuales en materia de prevención y reacción ante los problemas de

15 Entre otras, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03905-00. C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.

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seguridad.

50. Por auto del 22 de julio de 2024, el tribunal accionado decretó pruebas y
requirió informes a diferentes entidades sobre: i) los reportes recibidos, ii) las
alertas que se hayan emitido, ii) los seguimientos a las conductas que hayan
realizado. Por otra parte, citó para el 23 de agosto de 2024 la celebración de la
audiencia de pruebas. Finalmente, debido a que el demandante solicitó tramitar
incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la medida cautelar,
corrió traslado a las entidades demandadas y vinculadas para que se pronuncien
al respecto.

51. El 23 de agosto de 2024 fue realizada la audiencia de pruebas. No
obstante, debido a que no fueron recaudadas la totalidad de estas, suspendió la
diligencia, la cual fue reanudada 26 del mismo mes y año. En ella prescindió de
la audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió traslado a las partes para que
alleguen sus alegatos de conclusión. El 3 de septiembre de 2024, el expediente
ingresó al despacho para fallo.

52. El anterior análisis permite evidenciar que Tribunal Administrativo de
Arauca ha tramitado de manera diligente la acción popular interpuesta por el
actor, la cual se encuentra al despacho para fallo desde el 3 de septiembre de
2024. Lo anterior, debido a que ha realizado diversas actuaciones tendientes a
conocer los conflictos que padece la zona, ha decretado medidas cautelares y ha
requerido a las autoridades competentes para que, en el marco de sus funciones,
informen las medidas que han tomado al respecto.

53. Por otra parte, no se puede pasar por alto el informe de la magistrada a
cargo del proceso, en el que puso de presente la alta carga laboral que la
corporación ha asumido, debido al incremento en el número de juzgados
administrativos de Arauca. Asimismo, se advierte el objeto de la acción popular,
al tratarse de un asunto de orden público, requiere de un estudio y análisis que
de alta complejidad que no puede ser desconocido por esta corporación.

54. En vista de lo anterior, para esta Sala no se configuró la mora judicial
injustificada que predica la parte accionante. Esto es así, pues, pese a que no ha
dictado sentencia de primera instancia en la acción popular interpuesta por el
actor, ello no ha obedecido a una falta de diligencia por parte de la autoridad
judicial demandada.

55. En efecto, la accionada ha tramitado el proceso, el cual se encuentra al
despacho desde el 3 de septiembre de 2024 y que tiene el tuno 59 de para fallo.
Además, en todo caso, está acreditada la existencia de problemas estructurales
que no le son imputables a la autoridad judicial accionada.

56. En vista de lo anterior, se negará la protección de los derechos
fundamentales invocados. Para esta Sala de decisión, no se configura la mora
judicial injustificada que avale la intervención del juez constitucional.

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Demandante: Andrés Felipe Palencia Córdoba
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02536-00

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de los municipios de Tame
y Saravena, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia del señor Javier Santiago
Parales.

TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales solicitado por el
señor Andrés Felipe Palencia Córdoba.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salva voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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