Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01836-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01836-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01836-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de mayo de 2025
Demandante: Helda Graciela Escorcia Romo
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01836-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01836-00
Demandante: HELDA GRACIELA ESCORCIA ROMO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
CONJUECES
Tema: Tutela de fondo – mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Helda Graciela Escorcia Romo, actuando por medio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Conjueces. Con la solicitud de amparo pretende la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la presunta
mora judicial injustificada en la que habría incurrido el tribunal accionado en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
08001-23-33-000-2016-01023-00.
1.2. Pretensiones
3. La accionante solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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Demandante: Helda Graciela Escorcia Romo
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01836-00
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE CONJUECES y al Conjuez
Ponente, Dr. CARLOS ERNESTO QUIÑONES GÓMEZ, que en un término
perentorio de máximo 10 días, profiera sentencia dentro del proceso que se
relaciona a continuación:
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HELDA GRACIELA ESCORCIA ROMO
DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
RADICACIÓN: 08-001-23-33-000-2016-01023-00.2
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El 9 de septiembre de 2016, la accionante interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Mediante el
referido proceso solicitó la nulidad de los actos administrativos DESAJ14-01763
del 5 de agosto de 2014 y DES-000190 del 25 de enero de 2016, mediante los
cuales le fue negado el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios
como factor salarial.
6. Al proceso se le asignó el radicado 08001-23-33-000-2016-01023-00 y le
fue repartido al Tribunal Administrativo del Atlántico. Sin embargo, mediante auto
proferido el 26 de septiembre de 2016, los magistrados de dicha corporación se
manifestaron impedidos para conocer del asunto, razón por la cual el expediente
fue enviado al Consejo de Estado, autoridad judicial que, por auto del 9 de febrero
de 2017, declaró fundados los impedimentos.
7. Por lo anterior, el 22 de mayo de 2017, el tribunal realizó sorteo de
conjueces y quedó designado el doctor Augusto Herrera Olmos como ponente de
la decisión. Mediante auto del 30 de junio de 2017, fue admitida la demanda.
Posteriormente, el 31 de enero de 2018, el doctor Herrera Olmos presentó su
renuncia, motivo por el cual, el 12 de febrero del mismo año, el tribunal realizó un
nuevo sorteo en el que fue escogida la doctora Claudia Soto de la Espriella como
conjuez ponente en remplazo.
8. El 15 de agosto de 2018, fue realizada la audiencia inicial, en la que se
prescindió de la audiencia de pruebas y corrió traslado por el término de diez días
a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.
9. No obstante, el 17 de mayo de 2023, el tribunal realizó nuevamente sorteo
de conjueces debido a que la doctora Soto de la Espriella ya no figuraba como
conjuez. Por lo tanto, fue designado como ponente del asunto el doctor Carlos
2 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.
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Ernesto Quiñonez Gómez. El 2 de abril de 2024 y el 5 de febrero de 2025 la
accionante radicó memoriales de impulso procesal y el 17 de febrero de 2025 el
expediente ingresó al despacho para fallo.
1.4. Sustento de la vulneración
10. La accionante sostuvo que han transcurrido más de 6 años sin que se
profiera una decisión de fondo en su caso, lo cual ha vulnerado sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
11. Asimismo, puso de presente que la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia dispuso que los principios de celeridad y eficiencia deben regir la función
judicial. En ese sentido, la sentencia T-086 de 2017 proferida por la Corte
Constitucional señaló que la mora judicial prolongada y sin justificaciones
razonables implican la transgresión de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
12. Por otra parte, refirió que la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019
del 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado indicó que la prima especial
de servicios debe ser tenida en cuenta para la liquidación de las prestaciones
sociales.
1.5. Trámite de primera instancia
13. Por medio del auto del 1 de abril de 2025, el Despacho ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
entidad accionada al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces.
Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés a la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Santa Marta y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla. También se
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos
que establece el artículo 610 del CGP.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces
14. El magistrado ponente a cargo de la decisión hizo un recuento de las
actuaciones procesales que se han surtido al interior del proceso. Asimismo,
indicó que «en desarrollo de la labor de organización encomendada a este
servidor a partir de agosto de 2024, el día 17 de febrero de 2025, y pese al gran
volumen de trabajo encontrado al momento de asumir dicha labor, se procede
por parte de esta secretaría a reactivar el proceso en SAMAI a fin de llevar a cabo
el registro de actuaciones, que hasta entonces el expediente únicamente se
tramitaba por ONE DRIVE».
15. Señaló que, teniendo en cuenta que, el 17 de febrero de 2025, el
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expediente pasó al despacho para fallo, no ha incurrido en mora judicial. En ese
orden, solicitó que se niegue la solicitud de amparo, máxime cuando no se
acreditó ningún perjuicio irremediable.
1.6.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
16. La Unidad de Asistencia Legal de la entidad señaló que no está legitimada
para soportar las pretensiones de la acción de tutela, comoquiera que
únicamente ejerce un control administrativo en los despachos judiciales que se
encuentran en su jurisdicción, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 270
de 1996.
17. En consecuencia, no tiene injerencia en las decisiones judiciales
adoptadas por los jueces y magistrados, razón por la cual la autoridad judicial
demandada es la entidad llamada a responder por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de la accionante. Por lo anterior, solicitó su
desvinculación del proceso por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
18. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Conjueces. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por
el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
19. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
20. La Sala advierte que la señora Helda Graciela Escoria Romo está
legitimada en la causa por activa por ser la parte demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-2016-
01023-00, cuya mora judicial se predica a través de este mecanismo
constitucional.
21. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Conjueces, está legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad judicial
que actualmente tramita el proceso ordinario sobre el cual la parte actora sostiene
que ha incurrido en mora judicial.
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22. Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que
se les declare la falta de legitimación en la causa por pasiva porque no tiene
injerencia en la presunta transgresión de los derechos fundamentales del actor.
Al respecto, la Sala negará las peticiones debido a que fue vinculada a este
proceso como tercero con interés.
2.3. Problema jurídico
23. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en este caso es el siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia al incurrir en una presunta mora judicial dentro del medio de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-2016-01023-00?
24. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) la mora judicial, y (iii) el
caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
25. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
26. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.5. La mora judicial
27. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución3, del derecho
fundamental al debido proceso4 y de los principios de la Carta Política, se ha
3 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
4 Constitución Política de 1991. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
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otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia5.
28. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:
(…) no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal
de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión6.
29. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y
230 de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional
se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías»7, y de otro lado, «la obligación correlativa de las
autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo»8.
30. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de
1996 - Estatuaria de la Administración de Justicia-9 y con sustento en los
principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del
caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso
para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.
31. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple
en el Estado Social de Derecho, en el que «ha dejado de ser el frio funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-796 de 2006.
8 Ibídem.
9 Ley 270 de 1996. Artículo 1: La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
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agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a
través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i)
la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material»10.
32. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos11.
33. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales»12.
34. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
35. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:
… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio,
para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de
la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable
del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
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no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones13.
36. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial, según la cual
únicamente se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
sometidos a la competencia del juez14. En este evento, debe acreditarse que la
conducta omisiva materializa la violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
2.6. Mora judicial en el caso concreto
37. Como se expuso desde el acápite de antecedentes, a juicio de la parte
actora, la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia por parte del Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Conjueces, se debe a la presunta mora judicial en que ha
incurrido en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 08001-23-33-000-2016-01023-00.
38. Lo anterior, con fundamento en que, a su juicio, han transcurrido más seis
años sin que se dicte ninguna providencia que tenga por objeto decidir de fondo
el proceso promovido por la accionante.
39. De la revisión del expediente en cuestión, la Sala advierte que el proceso
ordinario fue asignado al Tribunal Administrativo del Atlántico, el 9 de septiembre
de 2016. Posteriormente, el 26 del mismo mes y año, los magistrados de dicha
corporación manifestaron impedimento para conocer del asunto, el cual fue
declarado fundado por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 9 de febrero
de 2017.
40. Por auto del 22 de mayo de 2017, el tribunal realizó sorteo de conjueces y
fue designado el doctor Augusto Herrera Olmos como ponente de la decisión.
Posteriormente, mediante auto del 30 de junio de 2017, fue admitida la demanda.
41. El 31 de enero de 2018, el doctor Herrera Olmos presentó su renuncia,
razón por la cual el 12 de febrero del mismo año el tribunal realizó un nuevo
sorteo en el que la doctora Claudia Soto de la Espriella fue elegida como conjuez
ponente en remplazo. El 15 de agosto de 2018 fue realizada la audiencia inicial
y corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.
42. Sin embargo, el 17 de mayo de 2023, el tribunal realizó nuevamente sorteo
de conjueces debido a que la doctora Soto de la Espriella ya no fungía como
conjuez. En ese orden, fue designado como ponente de la decisión el doctor
13 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
14 Entre otras, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03905-00. C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
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Carlos Ernesto Quiñonez Gómez. El cambio de ponente fue registrado el 17 de
febrero de 2025 y ese día el expediente ingresó al despacho para fallo.
43. El anterior análisis permite advertir que, pese a los cambios de ponente
que ha padecido el proceso, se han adelantado las actuaciones procesales
pertinentes para darle trámite al medio de control interpuesto por la accionante,
el cual se encuentra al despacho para fallo desde el 17 de febrero de 2025.
44. Por otra parte, no se puede pasar por alto el informe del conjuez ponente
en el que puso de presente la alta carga laboral que asumió desde su
designación.
45. En vista de lo anterior, para esta Sala no se configuró la mora judicial
injustificada que predica la parte accionante. Esto es así, pues, pese a que no ha
dictado sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento referenciado, ello no ha obedecido a una falta de diligencia por
parte de la autoridad judicial demandada.
46. En efecto, la accionada ha tramitado el proceso, el cual se encuentra al
despacho desde el 17 de febrero del 2025 y, además, puso de presente que
existe una situación de la alta carga laboral que ha dado lugar al retraso judicial
de estos asuntos.
47. En vista de lo anterior, se negará la protección de los derechos
fundamentales invocados. Para esta Sala de decisión, no se configura la mora
judicial injustificada que avale la intervención del juez constitucional. Lo anterior,
toda vez que el no haberse proferido sentencia de primera instancia no se debe
a la falta de diligencia del tribunal y, en todo caso, está acreditada la existencia
de problemas estructurales que no le son imputables a la autoridad judicial
accionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales solicitado por la
señora Helda Graciela Escorcia Romo.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
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