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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00349-00

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00349-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora, y en consecuencia DEJAR SIN EFECTO el fallo de 6 de junio de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C dentro del proceso de reparación directa 11001-33-43-058-2016-00210-02. SEGUNDO: ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el término de veinte (20) días desde la notificación de esta providencia, profiera un fallo de reemplazo atendiendo las consideraciones de la parte motiva de esta decisión. TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00349-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: ALDEMAR TORRES CALDERÓN Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales. // Desconocimiento del
precedente como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Violación en el caso concreto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

Escrito de tutela

1. Aldemar Torres Calderón, María Antonia Calderón, Yamile Licia Calderón,
Edgar Torres Calderón, Martha Lucia Calderón, Vianey Calderón y Leydy Johana
Torres Calderón, mediante apoderada judicial acudieron al juez de tutela con el fin
de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, puntualmente por
el fallo proferido el 6 de junio de 2024 y que puso fin al proceso de reparación directa
dentro del radicado 11001-33-43-058-2016-00210-02. Lo anterior con base en los
siguientes hechos:

2. El 8 de abril de 2013, Aldemar Torres Calderón fue privado de la libertad por
cuenta de un juzgado penal con función de control de garantía. Le fue impuesta
medida de aseguramiento intramural en la Cárcel y Penitenciaría Modelo de Bogotá.

3. En sentencia del 20 de febrero de 2014, el Juzgado 39 Penal del Circuito de
Bogotá absolvió a Aldemar Torres Calderón. Recuperó la libertad al día siguiente.
Durante la privación de la libertad, según la demanda, Aldemar Torres Calderón
vivió condiciones infrahumanas y atentatorias de su dignidad humana causadas por
las altas tasas de hacinamiento de la cárcel Modelo de Bogotá, la falta de
instalaciones destinadas a garantizar a la población reclusa las condiciones dignas
durante su estadía como instalaciones sanitarias y la ausencia de espacio para un
descanso digno.

4. Con base a la anterior situación, Aldemar Torres Calderón y su núcleo
familiar iniciaron un proceso de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial,

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

INPEC y USPEC. En providencia de primera instancia1 se declaró la
responsabilidad extracontractual de las entidades demandadas “por la afectación a
los bienes convencionales y constitucionalmente protegidos del señor Aldemar
Torres Calderón durante el tiempo en que estuvo privado de la libertad”2.

5. En sede de segunda instancia3 se revocó la decisión condenatoria, pues a
pesar que fueron acreditadas las condiciones de hacinamiento y de reclusión
indignas no se comprobó la existencia de “tratos degradantes e inhumanos por
cuenta del INPEC, independientes de la situación de hacinamiento que sufre el
sistema carcelario a nivel nacional. En efecto, las problemáticas generales,
sistémicas o estructurales identificadas en los establecimientos carcelarios y el
sobrecupo que hubiese podido presentarse en el centro de reclusión donde estuvo
privado de su libertad el señor Torres Calderón, no resultan suficientes para
demostrar las condiciones degradantes e inhumanas alegadas como daño, puesto
que tratándose de pretensiones indemnizatorias, la parte demandante tenía la carga
de probar su certeza e individualidad. Por el contrario, las pruebas aportadas
sugieren que durante el tiempo de privación de la libertad se procuró garantizar el
núcleo esencial de su derecho fundamental a la dignidad humana.”

6. En el escrito de tutela se recordó que la jurisprudencia constitucional y del
Consejo de Estado ha reconocido la reparación por el daño antijurídico ocasionado
por la privación injusta de la libertad en condiciones indignas, de hacinamiento y de
una vulneración masiva de derechos fundamentales dentro de centros carcelarios y
penitenciarios. Se indicó que, si bien la sentencia de segunda instancia, reconoció
la situación de sobrepoblación en la cárcel modelo de Bogotá, concluyó que no se
probó un daño concreto. Ante esa conclusión del Tribunal, los tutelantes indicaron
que se debían ejercer las facultades de traslado de carga dinámica de la prueba y
exigir que las autoridades Estatales desmintieran las afirmaciones del actor. En
criterio de los tutelantes “resulta desproporcionado pretender que fuera el
demandante quien aportara material fotográfico o de algún otro tipo, para establecer
cuáles eran las condiciones exactas en las que se encontraba recluido, cuando está
probado de manera contundente y aceptado como tal por el Tribunal, que el
establecimiento penitenciario y carcelario, durante el período en el que estuvo el
señor Aldemar Torres Calderón, era del 184%.”

7. Indicó que la providencia atacada incurrió en los defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo
de Estado que en diversas decisiones han indicado que, en aplicación del régimen
de imputación de Daño Especial, se debe reparar el daño antijurídico consistente
en condiciones indignas de reclusión. Además, se argumentó que, hubo un
desconocimiento del precedente horizontal, pues en otros casos, el mismo Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pero la Subsección B ha reconocido el daño
antijurídico ocasionado por las condiciones de reclusión indignas y con altas tasas
de hacinamiento. Adicionalmente se argumentó que se configuró un defecto fáctico,

1
Proferida el 8 de septiembre de 2020, por el Juzgado 58 administrativo del circuito de Bogotá.
2
Folio 2 del escrito de tutela.
3
Decisión de 6 de junio de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

pues si bien, la providencia atacada reconoce la situación de hacinamiento del
sistema carcelario, de ello no extrajo las conclusiones necesarias y eran el
reconocimiento de la existencia del daño. Si el Tribunal consideraba que no existía
prueba, estaba en la obligación de acudir a la carga dinámica de la prueba para
exigir a las entidades accionadas evidenciar que las situaciones de hacinamiento
no causaron un daño al actor.

8. Finalmente alegó la violación directa a la Constitución, pues el fallo
cuestionado implica el desconocimiento del derecho a la igualdad, esto en atención
a que, el caso del actor, Aldemar Torres Calderón, es igual al de Brayan Felipe
Sterling Rojas, otra persona privada de la libertad, quien a la postre fue absuelta y
quien, en las mismas condiciones de hacinamiento y reclusión indigna, sí fue
reparado por la justicia administrativa4.

9. Por lo anterior solicitó amparar los derechos constitucionales al debido
proceso, a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de
los accionantes, y dejar sin efecto la sentencia atacada, y en su lugar ordenar
proferir fallo de reemplazo que aplique el precedente contenido en la sentencia SU-
068 de 2023, la sentencia de 20 de noviembre de 2020 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el derecho a la igualdad, con base
en la sentencia 11001334305820160027501 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B” para la resolución del
presente caso.”

Trámite de la acción de tutela

10. En auto de 27 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela,
notificó a la entidad accionada, y oficiosamente, vinculó como tercero con interés al
Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Nación -Rama
Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia, al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad Administrativa de Servicios
Penitenciarios y Carcelario (USPEC) y a los demás intervinientes dentro del proceso
de reparación directa radicado con Núm. 11001-33-43- 058-2016-00210-00/01/025.

11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)6 intervino con el fin
de solicitar que se negara el amparo. Argumentó que la acción de tutela se interpuso
para revivir un debate que ya se agotó en las dos instancias judiciales del proceso
contencioso administrativo, por lo cual no es procedente el medio de control
constitucional. Además, señaló que la tutela ataca una decisión judicial proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por lo cual carece de legitimación en la

4
“En materia procesal ambos casos fueron conocidos por el Juzgado Cincuenta y Ocho (58)
Administrativos de Bogotá que declaró responsable a las entidades demandadas; empero, en
segunda instancia, el proceso del señor Brahyan Sterling fue conocido por la subsección B y el del
señor Aldemar por la Subsección C, lo que trajo como consecuencia, que al señor Sterling se le
reconocieran las pretensiones y los perjuicios por los daños causados y, contrario sensu, al señor
Torres Calderón se le negaran las pretensiones”
5
Índice Samai No. 004.
6
Índice Samai 008.

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Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

causa por pasiva. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios7 intervino con
el fin de solicitar que se excluya del proceso de tutela, ya que la Unidad no ha
vulnerado derecho fundamental alguno.

12. La coordinadora del grupo de tutelas del INPEC8 intervino con el fin de
solicitar que se desvinculara a la entidad del trámite constitucional, pues en su
criterio carece de legitimación en la causa por pasiva, pues sus funciones legales
solo se relacionan con velar por el cumplimiento de la pena privativa de la libertad
resultado de una sentencia penal ejecutoriada, y no se relacionan, accidentalmente,
con la discusión constitucional promovida en el amparo.

13. El magistrado sustanciador de la providencia atacada, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca9 intervino con el fin de solicitar que se
declare la improcedencia por falta de cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, toda vez que los tutelantes repiten los mismos argumentos que
fueron esgrimidos en instancia sin aportar elementos de índole constitucional.
Aclaró que, la sentencia de primera instancia declaró la responsabilidad
extracontractual de la Nación, pero no ordenó ninguna medida de reparación o
indemnización. Se limitó a reconocer la situación de hacinamiento de la cárcel
Modelo de Bogotá. En la providencia cuestionada se indica que, si bien el
hacinamiento es cierto, esto no se tradujo en un daño concreto en contra del actor.
Respecto al argumento del tutelante, conforme al cual, hay un precedente proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un hecho idéntico, en el que sí
declaró la responsabilidad administrativa de las entidades, el magistrado
sustanciador indicó que en el mejor de los casos es precedente horizontal, y que
por el contrario el precedente vertical proferido por el Consejo de Estado ha indicado
que, a pesar de la tragedia que implica la crisis de derechos fundamentales que
ocurre en las cárceles del país, se debe estar ante un daño concreto en cabeza de
una persona.

CONSIDERACIONES

Competencia

14. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos

15. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedencia formales, por tratarse de una
tutela contra providencias judiciales. En caso de verificar el cumplimiento de los
anteriores presupuestos, como segundo problema jurídico se examinará si la

7
Índice samai 010.
8
Índice Samai 011.
9
Magistrado Fernando Iregui Camelo.

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decisión atacada incurre en las causales específicas alegadas, concretamente el
defecto fáctico, el desconocimiento del precedente constitucional y la violación
directa de la Constitución Política.

Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones
judiciales. Causales genéricas y específicas de procedencia.

16. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200510, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

17. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar11; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela12, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 13 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

18. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales14.

10
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
11
Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
12
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
14
Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo

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Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

19. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia, en el caso
concreto, satisface los requisitos generales de procedencia.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

20. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que se refiere a la legitimación e
interés dispone que la acción de tutela “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales”. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental” 15.

21. Se satisface el requisito puesto que, la acción de tutela la formularon las
personas directamente perjudicadas por la decisión cuestionada. Puntualmente,
mediante apoderada judicial, Aldemar Torres Calderón, María Antonia Calderón,
Yamile Lucia Calderón, Edgar Torres Calderón, Martha Lucia Calderón, Vianey
Calderón y Leidy Johana Torres Calderón.

22. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva se verifica que, la acción
de amparo se dirigió contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, autoridad judicial que profirió la sentencia de 6 de junio de
2024.

Relevancia constitucional

23. En punto al requisito de relevancia, en el escrito de tutela los actores indican
que la decisión atacada afecta sus derechos constitucionales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, pues el fallo cuestionado no
aplicó la carga dinámica de la prueba para que las entidades accionadas
desvirtuaran las afirmaciones y evidencias contenidas en la demanda. En criterio de
esta Subsección se satisface el requisito de relevancia constitucional, pues en
efecto, los actores muestran un debate que, si bien se funda en un proceso judicial
gobernado por normas de índole legal, lo cierto es que discute una situación de
raigambre superior, como es la configuración del daño antijurídico en casos de
personas privadas de la libertad en establecimientos de carcelarios y penitenciarios
con alto índice de hacinamiento y en condiciones de indignidad.

24. El problema expuesto en el medio de amparo es de aquellos que, implican la
aplicación directa de normas constitucionales referidas a la garantía de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad y quienes tienen una relación

cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
15
Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. || Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
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de especial sujeción administrativa con autoridades públicas, en virtud de la
restricción de algunos derechos constitucionales como la libertad de locomoción,
pero a su vez, son titulares de una protección reforzada, como su derecho a la
integridad física o dignidad humana.

Subsidiariedad

25. Los artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan
que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable. La Sala encuentra acreditado el requisito
de subsidiariedad, pues contra la decisión atacada no procede recurso alguno, que
permita vehiculizar el reparo constitucional que se plantea. Si bien, formalmente,
contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, resulta posible promover el recurso extraordinario de revisión, el
argumento constitucional invocado en el escrito de amparo no se adecúa a ninguna
de las taxativas causales previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. En
esa medida, como ha indicado la Corte Constitucional16, las causales del recurso
extraordinario de revisión son taxativas y previstas para concretas hipótesis, en el
caso concreto, son inidóneas, pues no permiten tramitar el reclamo constitucional
que se propone en el escrito de amparo. En consecuencia, solo procede la acción
constitucional de tutela.

Inmediatez

26. La jurisprudencia constitucional destaca que la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que
amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. En el caso
analizado, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 6 de junio de 2024, y fue
notificada el 22 de julio del mismo año17, mientas que la acción de tutela fue
formulada el 23 de enero de 202518, es decir, dentro de un plazo razonable de seis
meses en cumplimiento del requisito de inmediatez, sin que dicho lapso sea
abiertamente desproporcionado o que afecte derechos fundamentales de terceros.

Las supuestas irregularidades tienen un efecto decisivo en la sentencia
que se impugna.

27. La parte actora señala elementos relevantes que tienen el alcance de afectar
el sentido de la decisión. Sostiene que la providencia cuestionada incurrió en un
desconocimiento de una sentencia de unificación jurisprudencial proferida por la
Sala Plena de la Corte Constitucional, SU-068 de 2023 y la sentencia de la Sección
Tercera, Subsección B de esta Corporación de 20 de noviembre de 2020,
providencias en las que, las dos Altas Cortes indicaron que, las personas privadas

16
SU-659 de 2015 (M.P. Alberto Rojas Ríos), reiterado en SU-241 de 2024 (MP. Cristina Pardo
Schlesinger)
17
Índice Samai 012. 20RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_3112025zi(.zip) NroActua 12
18
Índice Samai No. 01.

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Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
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Referencia: Primera instancia acción de tutela

de la libertad y que lo están en contexto de alto hacinamiento, por ese solo hecho,
sufren una vulneración de un abanico amplio de derechos constitucionales, razón
por la cual resulta procedente el reconocimiento de medidas de reparación, y que
en todo caso, debido a la situación de especial sujeción administrativa derivada de
la privación de la libertad, es carga de las entidades públicas desvirtuar las
consecuencias de las altas tasas de hacinamiento.

28. En criterio de esta Subsección, la decisión de aplicar dichos precedentes
judiciales tiene un impacto significativo, pues puede acarrear la modificación del
sentido del fallo de la providencia atacada en sede de tutela.

Identificación de los hechos que dieron origen a la violación

29. La parte accionante expuso de manera razonable los hechos que generaron
la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales. Según indicó, la
afectación obedeció a que; por un lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no aplicó las reglas de la carga dinámica de la prueba, pues no estableció
obligaciones probatorias en cabeza de las entidades penitenciarias y carcelarias
dirigidas a exigirles que desvirtúen las afirmaciones de la parte actora dentro del
proceso de reparación directa. En concreto, en el escrito de tutela se indicó que fue
acreditado que el patio de la cárcel Modelo en el que estuvo privado de la libertad
tenía altísimas tasas de hacinamiento, lo cual, conforme el precedente judicial en
vigor, basta para que se pruebe el daño antijurídico.

30. En el mismo sentido se indicó con claridad que se presenta una violación a
la Constitución, pues otra persona privada de la libertad y absuelta en idénticas
situaciones que el actor, sí obtuvo una sentencia condenatoria en contra de las
entidades penitenciarias y carcelarias. Ello en abierta contradicción del derecho a la
igualdad.

La acción no se dirige contra una sentencia de tutela, una proferida por la
Corte Constitucional o una de nulidad por inconstitucionalidad proferida
por el Consejo de Estado19

31. El requisito en mención se acredita, en atención a que la acción de tutela se
dirige contra una sentencia de segunda instancia de una demanda de reparación
directa proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, motivo por el cual
se satisface el requisito.

32. Examinado lo anterior, corresponde verificar si se configura alguna de las
causales invocadas por la parte tutelante, razón por la cual, se explicarán las siete
causales de procedencia específica de tutela contra providencia. La Sentencia C-
590 de 2005 precisó que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los
siguientes defectos. A continuación, se enuncian los defectos específicos
explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y se profundiza en el

19
SU-048 de 2022 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)

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defecto del desconocimiento del precedente judicial, puesto que es la tesis central
de la acción de amparo.

i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por
un funcionario judicial que carecía de competencia;

ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas
de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la
valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y
contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a la
garantía de los derechos fundamentales.

v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos
fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por
factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una
decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;

vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con los
mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los
tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos
(precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y
razonada por qué se cambia de precedente.

viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un
alcance insuficiente o lo contradice.

33. En la acción de tutela se alega el defecto de desconocimiento del precedente,
puntualmente de un fallo de unificación de la Corte Constitucional (SU-068 de 2023)
y una providencia del Consejo de Estado (sentencia del 20 de noviembre de 2020
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera), motivo por el cual,
corresponde profundizar sucintamente sobre la manera en la que se configura dicho
yerro de validez.

34. En las SU-354 de 2017 y SU-068 de 201820, la Corte Constitucional explicó
que el defecto se configura cuando una autoridad judicial ignora la existencia de un

20
M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

fallo previo y con identidad fáctica y jurídica que debió, no solo conocer, sino, prima
facie aplicar. En efecto, la Constitución Política estatuyó a las Altas Cortes de cierre
en las diferentes jurisdicciones y les otorgó competencias de unificación de
precedente, ello como materialización de los derechos a la igualdad en la aplicación
del derecho y a la buena fe. Las providencias proferidas por dichas autoridades
deben ser conocidas por los jueces y tribunales de instancia pues constituye
precedente vertical que “al provenir de la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial
del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o
de los tribunales”21.

35. Sin embargo, se ha precisado que, la vinculatoriedad del precedente judicial,
en todo caso no suprime la autonomía e independencia de los jueces y tribunales,
pues no conlleva necesariamente a que en todos los casos las autoridades de la
rama deban acogerse al mismo. Existen ciertos eventos en los que la autoridad
puede desligarse de este “siempre que argumente de manera rigurosa y clara las
razones por las cuales procede de ese modo”22.

36. El procedimiento de apartamiento del precedente23 exige, como condición
previa que, la autoridad judicial que se separa de un criterio jurisprudencial vertical,
previamente lo conozca y en todo caso, cumpla dos pasos; (i) un momento de
transparencia, en la que se debe indicar cuál es el precedente en vigor (pacífico,
homogéneo, reiterado o de unificación), y (ii) una carga argumentativa con el fin de
que explique, las razones por las cuales, en el caso concreto, otra pauta
hermenéutica resulta más adecuada. Si se satisface este procedimiento
argumentativo se está ante el apartamiento del precedente el cual es constitucional,
sin embargo, en ausencia, se está ante el desconocimiento del mismo, el cual si
afecta la validez de una decisión.

37. Con base en lo anterior, el desconocimiento del precedente judicial se
configura cuando una autoridad no tuvo en cuenta fallos anteriores proferidos por
órganos de cierre, en los que hay identidad fáctica y jurídica, y no ofrece razones
constitucionalmente poderosas para dicho desconocimiento.

38. Ello pues, en aras de proteger los derechos a la seguridad jurídica y a la
igualdad, en razón a que no resulta justo que casos similares se resuelvan de
manera diferente, los Tribunales y las Altas Cortes deben considerar estos principios
al momento de tomar sus decisiones, toda vez que estas se convertirán en
precedente para los administradores de justicia y su no aplicación devendría en la
causal referida.

21
Cfr. SU-354 de 2017 (M.P. Iván Escrucería Mayolo).
22
SU-068 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
23
Sentencia T-309 de 2015.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Caso concreto.

39. Con base en lo anterior, se examinará si la decisión atacada incurre en los
defectos alegados. Con el fin de facilitar la comprensión del debate constitucional y
la eventual configuración de los defectos alegados en el escrito de tutela, se
explican las razones que sostienen la decisión atacada.

Decisión censurada

40. En la acción de tutela se ataca la providencia proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de junio de
2024, dentro del proceso de reparación directa promovido por Aldemar Torres
Calderón y otros, contra el INPEC y la USPEC. La pretensión principal de dicha
demanda era que se declarara la responsabilidad del Estado por “la sistemática
violación a los derechos humanos (…) consistente en el trato inhumano y
degradante de que fue víctima mientras estuvo recluido en la Cárcel Nacional La
Modero”.

41. En dicho proceso, en providencia de primera instancia24 se declaró
responsable administrativamente al INPEC, pues la situación de alto hacinamiento
en el patio en que estuvo privado de la libertad el actor, implicó una vulneración a
sus derechos constitucionales y un trato indigno. En lo restante se negaron las
pretensiones25.

42. La providencia de segunda instancia concluyó que no se logró demostrar que
el actor, mientras estuvo privado de la libertad (25 de abril de 2013 a 21 de febrero
de 2014) haya sufrido tratos degradantes e inhumanos por cuenta del INPEC,
independientes de la situación de hacinamiento que sufre el sistema carcelario a
nivel nacional26. Se argumentó que: “las problemáticas generales, sistémicas o
estructurales identificadas en los establecimientos carcelarios y el sobrecupo que
hubiese podido presentarse en el centro de reclusión donde estuvo privado de su
libertad el señor Torres Calderón, no resultan suficientes para demostrar las
condiciones degradantes e inhumanas alegadas como daño puesto que, tratándose
de pretensiones indemnizatorias, la parte demandante tenía la carga de probar su
certeza e individualidad”. Finalizó indicando que, durante el periodo de reclusión,
las entidades accionadas “procuraron” garantizar el núcleo esencial del derecho
fundamental a la dignidad humana.

43. La providencia explicó que, las condiciones de hacinamiento en
establecimientos carcelarios no suplen la prueba del daño individual, para ello

24
De 8 de septiembre de 2020, Juzgado 58 Administrativo del Circuito de Bogotá.
25
““Primero: Declárese extracontractualmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario “Inpec” por la afectación a los bienes convencional y constitucionalmente protegidos del
señor Aldemar Torres Calderón durante el tiempo en que estuvo privado de la libertad en el centro
penitenciario cárcel la Modelo de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. Segundo: Niéguese las demás pretensiones de la demanda. Tercero: Sin costas en esta
instancia.”
26
Folio 17 de la providencia atacada.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

reiteró el precedente judicial del Consejo de Estado sobre la necesidad probatoria
de que se acredite el daño individual y concreto. En punto a la situación de
hacinamiento del sistema carcelario del país, acudió a la sentencia T-352 de 2000
y T-388 de 2013. Finalmente, revocó la sentencia de 8 de septiembre de 2020 para
negar las pretensiones de la demanda:

“Descendiendo al caso concreto, evidencia la Sala que, en primer lugar, se
tiene que existe un conocimiento general de crisis penitenciaria y los
problemas estructurales de los establecimientos carcelarios en el país,
obtenido de las distintas evaluaciones y decisiones de la Corte Constitucional
que han declarado el estado de cosas inconstitucional frente a reveladas
circunstancias de hacinamiento y falta de condiciones aptas para la vida de los
reclusos. La problemática general ha originado la aplicación de medidas y la
exigencia de políticas públicas de intervención.

Sin embargo, en sede de reparación directa, el daño exige las características
de directo, cierto e individual, de manera que no basta incoar la pretensión
indemnizatoria bajo el supuesto general de crisis estructural de los
establecimientos carcelarios; si bien esto podría presentarse como un indicio
a valorar en conjunto con otros medios de convicción sobre las circunstancias
lesivas padecidas por el demandante mientras estuvo en reclusión, por sí solo
no arroja el convencimiento de la afectación individual cuya reparación se
exige.

El daño como la lesión a un derecho o interés jurídicamente tutelado, no se
limita a problemáticas generales, es necesario comprobar cuáles fueron las
específicas condiciones en que cumplió la privación de la libertad, para así
establecer si el derecho fundamental a la dignidad humana fue vulnerado en
sentido estricto; se trata de una valoración de la proporción y particularidades
de afectación del núcleo esencial del derecho del que a su vez pueden
derivarse perjuicios de orden material o inmaterial.

La privación de la libertad coloca al recluso en una situación de limitación de
algunos de sus derechos, pero no lo despoja del derecho fundamental a la
dignidad humana, de modo que dada la relación especial de sujeción con el
Estado, este último debe cumplir con la satisfacción básica de sus
necesidades. Si bien hay situaciones no óptimas en los establecimientos
carcelarios sobre las cuales el Estado tiene la responsabilidad política, existen
responsabilidades a cargo del INPEC y de la USPEC relacionadas con
mantener el cuidado y custodia de los reclusos con los recursos existentes, de
tal modo que no se les someta a tratos inhumanos y degradantes.

La situación de estado de cosas inconstitucional no es suficiente para
establecer un juicio único para todos los reclusos, frente al daño sufrido y su
imputación a las instituciones encargadas de su custodia y cuidado y de
mantener una infraestructura adecuada para su reclusión. En sede de
reparación directa, el daño antijurídico es presupuesto indispensable, bajo
cualquier título de imputación, y tiene como atributo, el de ser individual y
cierto.

Lo anterior no descarta el supuesto en que sean varias las personas afectadas
por las mismas condiciones, pero en dicho caso también debe probarse el
daño sufrido por cada una, sin que la evidencia de problemáticas sociales

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

estructurales o sistémicas se traduzcan en la prueba del mismo, porque
aquellas solo denotan el estado general del sistema penitenciario y carcelario,
pero no las circunstancias de cada recluso, individualidad que es imperativa
cuando se exige la indemnización del daño.

En tal sentido, el A quo concluyó que se encontraban demostradas las
condiciones indignas de reclusión con ocasión del hacinamiento del centro
penitenciario, por lo cual declaró la responsabilidad de la entidad demandada
por la afectación a los bienes convencional y constitucionalmente protegidos
mientras el señor Aldemar Torres Calderón estuvo privado de la libertad; sin
embargo, no tomó medidas distintas a las que la Corte Constitucional ha
adoptado con ocasión del estado de cosas inconstitucional declarado, por
cuanto dichas órdenes van encaminadas al restablecimiento de la dignidad
humana de los reclusos.

Por su parte, el actor solicitó se condenara al pago de perjuicios morales
teniendo en cuenta que en primera instancia se reconoció la existencia del
daño y su imputación a la entidad demandada.

A su vez, la entidad demandada INPEC, indicó que la situación de
hacinamiento carcelario es de carácter estructural o sistemático y va más allá
de las competencias exclusivas del INPEC, pues también le conciernen a la
USPEC.

De acuerdo a lo anterior, y como ya se indicó, en lo relativo al hacinamiento al
que en general se aludió en la demanda, se tuvo por demostrado y no se refutó
por la contraparte, pero no es una circunstancia que por sí misma pruebe el
daño cierto e individual en el que debe fundarse la pretensión indemnizatoria.

De análisis conjunto de las pruebas obrantes en el proceso, la Sala coincide
con la no demostración del daño antijurídico y procede a realizar algunas
precisiones en torno al sustento de esta conclusión.

Se encuentra demostrado que el señor Aldemar Torres Calderón estuvo
recluido en el Establecimiento Carcelario La Modelo en el patio 2b, piso 4,
pasillo 6, celda 122 del 25 de abril de 2013 al 21 de febrero de 2014; que dicho
pabellón contaba con 129 celdas y 204 planchas, y la capacidad era de 2.907
reclusos pero siempre osciló en promedio en 5.374, es decir tenía una sobre
ocupación de 184%.

Por tanto, se encuentra demostrado que el sitio presentaba una situación de
congestión, sin embargo, ello es insuficiente para establecer si el hacinamiento
como condición objetiva general, se tradujo en una afectación al núcleo
esencial de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la integridad,
la salud o la vida del señor Aldemar Torres Calderón y su familia.

Menos convencimiento arrojan las pruebas recaudadas en cuanto a las
condiciones en que el demandante estuvo recluido en el establecimiento
carcelario La Modelo de Bogotá, pues no se allegó algún material probatorio
que respaldara lo señalado en la demanda respecto a que se encontraba en
condiciones inhumanas y degradantes, que no tuviera acceso a servicios de
salud, agua apta para el consumo o alimentación inadecuada o que sus
familiares hubieren sufrido tratos degradantes al ingreso a las instalaciones
para visitarlo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

En efecto, la USPEC con la contestación de la demanda allegó la celebración
de varios contratos celebrados por distintas sociedades para la “Adecuación y
Mantenimiento de Redes y Baterías Sanitarias y del Cuarto de Repartición de
Alimentos en la EC Modelo “Bogotá”, el suministro de alimentos, el
mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física, entre
otros; documentos con los cuales se demuestra que se están tomando las
medidas para mejorar y ampliar las instalaciones y la calidad de vida de la
Población Privada de la Libertad en dicho establecimiento carcelario.

Además, que para la época en la que se encontraba recluido en la cárcel La
Modelo de Bogotá, el señor Aldemar Torres tenía a su disposición la prestación
de servicios médicos por parte de Caprecom; sin embargo, no se demostró
que hubiese hecho uso de ellos, por lo cual no puede predicarse que no tuviera
acceso a servicio de salud o que los mismos fueran deficientes.

Respecto a lo alegado como la falta de acceso a agua potable, se tiene
demostrado que para los años 2013 y 2014, era la Empresa de Alcantarillado
y Acueducto de Bogotá E.A.A.B. la encargada de abastecer de dicho líquido
vital al establecimiento carcelario, sin que se haya demostrado una deficiente
o nula prestación del servicio público.

En consecuencia, la parte demandante sobre quien recaía la carga de la
prueba del daño, no demostró que fuera tratado de manera inhumana, cruel,
discriminatoria o humillante durante el periodo de reclusión; los hechos
probados son indicativos de que se mantuvieron las condiciones básicas de
existencia y, por lo tanto, no hay evidencia de la afectación al núcleo esencial
del derecho fundamental a la dignidad humana en el que radicaría la
antijuridicidad del daño.

Finalmente, la Sala debe insistir en que la evidencia de una problemática en
materia penitenciaria y carcelaria en hechos concretos como el hacinamiento,
no eximía a la parte demandante de probar el daño cierto e individual por el
cual exigía la reparación, y el cúmulo probatorio no arroja certeza sobre la
afectación del derecho a la dignidad humana o a otros derechos, sufrida por el
señor Aldemar Torres Calderón mientras estuvo privado de la libertad y, por
ende, tampoco el daño rebote que alegan los restantes demandantes como
víctimas indirectas.”

44. Conforme con la transcripción efectuada, es posible colegir que el Tribunal
sentenció que es deber del afectado acreditar que el daño sufrido por la privación
de la libertad es individual, cierto y directo, por lo cual la situación de hacinamiento
que se vive en las cárceles, por sí sola, no es suficiente para demostrar la afectación
de sus derechos, pues dicho fenómeno es de carácter generalizado en el sistema
penitenciario y carcelario. Por tal razón, procedió a detallar las responsabilidades
distribuidas entre varias instituciones como el INPEC y la USPEC, para indicar que
no existía prueba que imputarles daño alguno a dichas instituciones.

45. Con base en lo anterior, la Sala considera que el Tribunal incurrió en el
desconocimiento del precedente vertical, pues en la providencia objeto de tutela no
se tuvieron en cuenta los criterios jurisprudenciales definidos por el Consejo de
Estado y respaldados por la Corte Constitucional conforme a los cuales; (i) la

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
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situación de altas tasas de hacinamiento implica directamente una vulneración a un
amplio abanico de derechos fundamentales derivados de la dignidad humana y que
pueden ser objeto de declaración de responsabilidad del Estado y (ii) puesto que
las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de especial
sujeción administrativa respecto de las autoridades públicas no tienen a su
disposición la información necesaria para la acreditación del daño antijurídico, razón
por la cual, los jueces administrativos tienen la obligación de aplicar estándares de
flexibilidad probatoria y distribución de la carga dinámica de la prueba.

46. A juicio de esta subsección, resultaba ineludible que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C analizara los
criterios jurisprudenciales indicados en la SU-068 de 2023 y su posible implicación
para resolver el caso sometido a estudio. En aquella providencia, se resolvió una
acción de tutela formulada por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en contra
de la providencia de 20 de enero de 2020 en la que, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió una acción de grupo suscitada por la
situación de varias internas de una cárcel que presentaba altas tasas de
hacinamiento y que alegaban que la situación de su privación de la libertad afectaba
sus derechos fundamentales, especialmente la dignidad humana, al constituirse, la
privación de la libertad, en un trato cruel, inhumano y degradante.

47. La Corte Constitucional concluyó que la sentencia del 20 de noviembre de
2020 no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la ANDJE y que, por el
contrario, era razonable las conclusiones de dicha providencia. Puntualmente
porque determinó que, en efecto, la situación de altísimas tasas de hacinamiento
carcelario, por sí solas, en determinadas condiciones pueden constituir un daño
antijurídico reparable. Y que, en todo caso, debido a la situación de especial
sujeción administrativa, es deber del juez aplicar criterios de flexibilidad para que
las entidades públicas desvirtúen las afectaciones alegadas por las personas
privadas de la libertad:

“Particularmente, esta Corte estimó que el hacinamiento es una condición indigna
para las personas recluidas en tanto que, a causa de este, se presenta una cadena
de violaciones de derechos fundamentales, representadas en situaciones. A manera
de ejemplo, la falta de instalaciones sanitarias decentes, de lugares apropiados para
el descanso, de separación de los lugares donde las personas privadas de la libertad
duermen, comen y hacen sus necesidades, de ventilación apropiada, de lugares
propicios para la recreación, el deporte, el estudio o las actividades de
resocialización, entre otras tantas. Esta cadena de violaciones masivas y
generalizadas de los derechos humanos a causa del hacinamiento puede llegar
a constituir un daño antijurídico merecedor de ser reparado.

Para poder concluir que el hacinamiento por sí mismo puede llegar a constituir
un daño antijurídico en contra de la dignidad humana, es importante retomar el
análisis que se hizo desde la jurisprudencia de la Corte y los avances de la doctrina
respecto de qué se entiende por hacinamiento, esto con el objetivo de mostrar la
magnitud del problema que enfrenta el país en torno a la situación penitenciaria y
carcelaria, e igualmente, reiterar que no es una situación nueva para Colombia.”
(negrilla y subrayado fuera del texto)

48. La anterior consideración no puede ser tenida como un obiter dictum o un
dicho al pasar de la sentencia de unificación, pues en realidad, constituyó uno de
las razones de la decisión constitucional de encontrar que la decisión del Consejo

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
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Referencia: Primera instancia acción de tutela

de Estado -Sección Tercera - Subsección B, sí respetó el derecho al debido proceso
de las entidades accionadas, pues, en efecto, en la decisión ordinaria (la de 20 de
noviembre de 2020) se concluyó que, en ese específico caso, el solo hacinamiento
era un daño antijurídico susceptible de reparar.

49. En relación con el segundo aspecto, es decir, las consecuencias probatorias
de la situación de especial sujeción administrativa, la misma SU-068 de 2023,
reiterando el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó:

“Es importante, además, resaltar que por la relación de especial sujeción que tienen
las personas privadas de la libertad con las autoridades, los jueces están
obligados a flexibilizar el análisis de las pruebas sobre denuncias en contra del
Estado. No es posible exigirle a una persona que fue privada de la libertad que
presente pruebas sobre las cuales no tiene control. En este sentido, los testimonios
de familiares que van a visitarlas, así sea de manera esporádica, sirven para que las
personas privadas de la libertad puedan exponer su denuncia. Al respecto, la Corte
también toma en consideración que las visitas que pueden recibir las personas
privadas de la libertad son de carácter esporádico, tal y como lo establece la Ley 65
de 1993. Además, las internas no cuentan con otros medios de prueba o con la
posibilidad de recaudarlos, pues, por disposición de la misma ley, son despojadas
de sus pertenencias personales al ingresar al establecimiento de reclusión. En ese
sentido, las personas privadas de la libertad no tienen elementos suficientes
para documentar apropiadamente las condiciones en las que pasan sus días.

En este punto, la Sala Plena comparte con la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que la carga probatoria para desmentir las
consecuencias del hacinamiento en el que vivieron las internas de El Cunduy
recaía sobre las entidades estatales. El INPEC, la USPEC y el Ministerio de
Justicia debieron desvirtuar, ante el juez contencioso administrativo, los argumentos
de la denuncia interpuesta en su contra por parte del grupo de mujeres reclusas en
El Cunduy”. (negrilla y subrayado fuera del texto)

50. La anterior providencia era un precedente que no podía ser ignorado por la
autoridad judicial accionada al momento de desatar la alzada, toda vez que existía
una importante identidad fáctica y jurídica, pues se discutía si las altísimas tasas de
hacinamiento pueden constituir un daño antijurídico y la manera en la que deben
aplicarse las reglas probatorias para su acreditación.

51. Conforme la jurisprudencia relevante27, un caso es precedente cuando,
además de ser anterior al proceso que se debe fallar, guarda similitud fáctica y
jurídica, lo cual exige de la autoridad judicial que lo conozca y, en principio, está
llamada a aplicar las mismas pautas hermenéuticas para resolver el caso que fue
puesto en su consideración. Se precisa que el precedente debe ser, “en principio”
seguido, pues todas las autoridades judiciales tiene el atributo constitucional de la
autonomía e independencia judicial, razón por la cual, si deciden que el precedente
no guarda identidad fáctica o jurídica, y por tanto no debe ser reiterado, o que incluso
guardando identidad fáctica y jurídica pueden separarse de la pauta fijada

27
Cfr. T-441 de 2018 “El precedente judicial ha sido definido por esta Corte como “la sentencia o el
conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo” (M.P. Diana Fajardo Rivera)

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jurisprudencialmente por los órganos de cierre, siempre ofreciendo una importante
carga argumentativa relevante para apartarse del criterio jurisprudencial28.

52. En esa medida, todas las autoridades judiciales conservan la competencia
de separarse de los fallos con efectos inter partes, pero igualmente, tienen la
obligación de ofrecer argumentos relevantes para ese apartamiento, pues si no los
ofrecen, en lugar de un criterio diferente, se está ante la hipótesis del
desconocimiento del precedente, es decir: se ignoró un criterio unificado que debía
ser tenido, necesariamente, en cuenta.

53. Examinada la providencia atacada se verifica que, en efecto no solo no tuvo
en cuenta las sentencias SU-068 de 2023 de la Corte Constitucional y la de 20 de
noviembre de 2020 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, pues todo el precedente citado y referenciado en la providencia, además de
remontarse a los años 1993 a 201629, no se relaciona directamente con altas tasas
de hacinamiento como eventual daño antijurídico y las reglas procesales para su
prueba. En cambio, en punto a la situación del hacinamiento carcelario como fuente
del daño antijurídico, el Tribunal sin razones constitucionales para ello, acogió el
precedente horizontal que, aunque constituye un criterio hermenéutico relevante, no
ostenta la misma vinculatoriedad a los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de las jurisdicciones
constitucional y contencioso-administrativa. Se observa a folio 24 de la providencia:

“Con fundamento en el antecedente jurisprudencial precitado, en oportunidad
anterior, está Sala de Decisión señaló que “… si bien no se desconoce que las
condiciones de hacinamiento pueden resultar propicias para la causación y
exacerbación en la población reclusa de daños individuales esencialmente
inmateriales, ello no conlleva per se, a tener por acreditado un daño antijurídico, pues
por el contrario cuando se trata de acciones de carácter indemnizatorio, resulta
indispensable como eje central de la responsabilidad acreditar a través de cualquiera
de los medios probatorios el daño antijurídico reclamado” (negrillas y subrayado
fuera del texto)

54. El fallo censurado resolvió la situación a la luz de criterios jurisprudenciales
cercanos, pero no idénticos al que estudiaba y, por el contrario, dejó de tener en
cuenta las sentencias mencionadas que, si guardaban mayor identidad fáctica y
jurídica. Para adoptar esa decisión se abstuvo de ofrecer alguna razón
constitucionalmente válida que sostenga el apartamiento del precedente judicial
vertical.

55. El anterior desconocimiento del precedente tiene como consecuencia el
alegado defecto fáctico, pues el Tribunal accionado no tuvo en cuenta que, en virtud

28
Cfr. SU-354 de 2017 (M.P. Iván Escurecería Mayolo) “Lo dicho previamente no conlleva
necesariamente a que en todos los casos los jueces deban acogerse al precedente judicial. Existen
ciertos eventos en los que la autoridad puede desligarse del mismo, siempre que argumente de
manera rigurosa y clara las razones por las cuales procede de ese modo”
29
En punto a la responsabilidad del Estado por los daños causados a personas privadas de la
libertad, el fallo atacado siguió el precedente relacionado con el régimen de responsabilidad del
Estado por la muerte de personas privadas de la libertad. Específicamente, Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010. Exp.18.886, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010. Exp. 19.849, C.P. Enrique Gil
Botero.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
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de la especial situación de sujeción administrativa, la parte accionante dentro del
proceso de reparación directa no tenía acceso a la información que echó de menos
como carencia probatoria y que, correspondía a las entidades demandadas
desvirtuar si la situación de altísimo hacinamiento afectó los bienes constitucional y
convencionalmente protegidos. El criterio vertido por el Tribunal resulta seriamente
severo en la necesidad de pruebas individuales del daño sufrido por cada recluso,
mientras que la posición jurisprudencial de esta Corporación y de la Corte
Constitucional considera que la existencia misma del hacinamiento es suficiente
para inferir el daño colectivo a la dignidad humana.

56. Por lo anterior, esta Subsección amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y dejará sin efecto el fallo
de 6 de junio de 2024 proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. A título de remedio judicial, ordenará que
en el término de veinte (20) días desde la notificación de esta providencia, deberá
proferir fallo de reemplazo aplicando la sentencia SU-068 de 2023 de la Sala Plena
de la Corte Constitucional en la que se reiteró el fallo de 20 de noviembre de 2020
proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de la parte actora, y en consecuencia DEJAR SIN
EFECTO el fallo de 6 de junio de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C dentro del proceso de reparación
directa 11001-33-43-058-2016-00210-02.

SEGUNDO: ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el término de
veinte (20) días desde la notificación de esta providencia, profiera un fallo de
reemplazo atendiendo las consideraciones de la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00349-00
Accionante: Aldemar Torres Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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