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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00406-00

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00406-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor, Jorge Eduardo Murillo Calderón, en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00406-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00406-00
Accionante: JORGE EDUARDO MURILLO CALDERÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO- SECCION SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “B” Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional/ REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL- no
cumple el requisito de subsidiariedad y falta de relevancia constitucional – Se acudió a la
acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida y se pretende convertir la
acción de tutela en una instancia adicional del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por Mario Valencia Correa, de conformidad con el Decreto 333 de 2021.1

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 27 de enero de 20252, el señor Jorge Eduardo Murillo Calderón, por
conducto de apoderada judicial instauró acción de Tutela en contra del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, el Tribunal Administrativo del Tolima y
el Juzgado 9° Administrativo de Ibagué, en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social que considera vulneradas

1 “Artículo 1°. (…) Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…) Las acciones de tutela dirigidas contra
los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.”
2 Fue admitida a través de auto de 30 de enero de 2025, se ordenó vincular, a la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, como tercero con interés en las resultas del proceso, se
ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima remitir en calidad de préstamo y en medio digital el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicación 73001-23-33- 000-2021-00353-00/0; y se reconoció personería jurídica a la abogada
Leidy Paola Tafur Alturo. Se tuvo como pruebas las allegadas al proceso. Ver índice SAMAI 005.
Documento 001. PP 1 a 2.
1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-
Subsección “B” y otros.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo radicado
correspondió a 73001-23-33-000-2021-00353-01 (5948-2023).3

Hechos relevantes

2. El Instituto de Seguro Social profirió la Resolución N° 01809 de 10 de mayo
de 2010 en virtud de la cual reconoció y ordenó pagar al accionante la pensión de
vejez, en cumplimiento de la sentencia de tutela dictada por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito del Guamo (Tolima), el 19 de febrero de 2010. Dicha mesada
empezó a pagarse desde el 28 de febrero de 2008 y su causación se enmarcó en
el régimen especial del Decreto 546 de 1971 aplicable a los servidores de la Rama
Judicial y el Ministerio Público.

3. No obstante, la Administradora Colombiana de Pensiones (en lo sucesivo
Colpensiones) expidió las Resoluciones SUB 2018- 205161 de 1 de agosto de 2018,
SUB 241704 de 14 de septiembre de 2018 y DIR 18097 de 9 de octubre de 2018,
por las que se ordenó al accionante el reintegro de los valores recibidos por
concepto de pensión durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2008
y el 30 de julio de 2018, al constatar que durante dicho lapso percibió otra asignación
proveniente del Tesoro Público (salario), con motivo de su vinculación laboral con
la Rama Judicial.

4. El 10 de diciembre de 2018, demandó la legalidad de dichas decisiones y
solicitó el consecuente restablecimiento del derecho. El conocimiento del proceso
inicialmente correspondió al Juzgado 17 Administrativo Sección Segunda Oral de
Bogotá que, a través de auto del 12 de junio de 2019, ordenó remitir la demanda
por competencia a los juzgados administrativos de Ibagué, en razón al factor
territorial.

5. De acuerdo a lo precitado, la demanda fue asignada por reparto al Juzgado
9 Administrativo de Ibagué, el 16 de marzo de 2021, cuyo radicado corresponde al
N.º 73001333300920210004800. A través del auto de 4 de junio de 2021, el
despacho inicialmente inadmitió la demanda y, una vez subsanada, a través de
providencia del 11 de agosto de 2021 el Juzgado declaró la incompetencia para
adelantar el trámite en razón a la cuantía para ordenar el envío al Tribunal
Administrativo del Tolima.

6. El 23 de septiembre de 2021, la demanda fue radicada ante el Tribunal
Administrativo del Tolima bajo el N° 73001233300020210035300. El 14 de octubre
de 2021 profirió el auto que admitió la demanda y una vez surtido el trámite procesal
respectivo, el 13 de julio de 2023 dicha colegiatura profirió sentencia de primer grado
negando las pretensiones del libelo.

7. Arguyó que al señor Jorge Eduardo Murillo Calderón le aplicaba la prohibición
de percibir más de una asignación proveniente del tesoro público, ya que el mismo

3 Pasó al despacho el 12 de febrero de 2024. Ver SAMAI. Índice 012. Documento 001. PP 1 a 3.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-
Subsección “B” y otros.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

no se encontraba dentro de las excepciones contempladas por el artículo 19 de la
Ley 4 de 1992. Pues a pesar de haber obtenido la pensión, se encontraba
percibiendo salario como servidor de la Rama Judicial.

8. Apelada la decisión, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado conoció del recurso4 y el 22 de agosto de 2024 emitió sentencia de segundo
grado confirmando la anterior salvo en lo relacionado con la condena en costas que
determinó la primera instancia contra el actor. Se arribó a dicha decisión al
considerar que el pago de la prestación al demandante se supeditó al retiro del
servicio de Murillo Calderón de la Rama judicial, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 128 de la Constitución Política y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, por
lo cual era válido que la administración diera la orden de reintegro de tales dineros
en el acto administrativo atacado.

Pretensiones

9. Solicita la parte accionante lo siguiente: (transcripción textual)

“Primero. Declarar la procedencia de la presente tutela en relación con los
derechos fundamentales, amparados en la Constitución Política de Colombia,
artículos 29 y 48, relacionados con el debido proceso, la seguridad social en
materia pensional y demás que considere violados esa Corporación, del
tutelante Jorge Eduardo Murillo Calderón, identificado con la CC N° 5921339,
por vías de hecho por acción y omisión de las autoridades judiciales accionadas,
conforme da cuenta esta petición y la respectiva decisión, derechos estos
vulnerados en la acción del medio de control acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, de que cuenta la misma petición de tutela y esa
sentencia.

Segundo. Declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado en el asunto medio
de control acción de nulidad y restablecimiento del derecho en referencia, que
estriba esta tutela, viciado totalmente por la acción y omisión de no citar en
aquel proceso a algunos terceros con probable interés, que de oficio debieron
llamarse en garantía, conforme lo disponen para estos eventos la Ley 1437 de
2011 CPACA, art. 227, Código General del Proceso CGP, art. 72 y conc., y se
expone sustentadamente en este libelo, como la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, Rama Judicial del Poder Público, Superintendencia
Financiera de Colombia SFC y demás entidades que estimara cada instancia
de oficio llamar en garantía en aquel asunto.

Tercero. Asimismo cabe declarar la nulidad de lo actuado totalmente en aquella
acción medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que en
estas dos (2) últimas instancias: Tribunal Administrativo del Tolima y Consejo
de Estado, no ejercieron el control de legalidad para conjurar la nulidad de las
actuaciones del Juzgado 17 Administrativo, Sección Segunda de Bogotá, D. C.
y Juzgado 9º Administrativo de Ibagué, los cuales declararon su incompetencia
por razón del territorio y de la cuantía, respectivamente, ya que estos no lo

4 Cuyo radicado correspondió a N.º 73001233300020210035301.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-
Subsección “B” y otros.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

hicieron en su momento, por lo que esas Corporaciones de superior jerarquía
funcional, asumieron sus competencias sin ningún reparo a estos vicios

Cuarto. En consecuencia, revocar en su totalidad la sentencia de 13 de julio de
2023 proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima,
en la acción de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de
este accionante contra la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones, que negó las pretensiones del accionante, entre otras
disposiciones, asunto radicado allí con el N° 73001233300020210035300.

Quinto. Dejar sin efectos por lo expuesto, la sentencia de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, en la acción de medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, del mismo accionante contra la Administradora
Colombiana de Pensiones-Colpensiones, radicado allí con el N°
73001233300020210035301.

Sexto. Declarar la perdida de vigencia y, por ende, la inexistencia o ineficacia
de los siguientes actos administrativos proferidos por la Administradora
Colombiana de Pensiones-Colpensiones, ante la no decisión de su nulidad en
las distintas instancias judiciales de lo contencioso administrativo, a las cuales
estuvo sometido su escrutinio legal por más de cinco (5) años y, por ser
igualmente violatorios de la Constitución Política, la ley y, los derechos
fundamentales de este accionante violados igualmente aquí. Tales son:
Resolución SUB 2018-205161 de 01 de agosto de 2018, Resolución SUB
241704 de 14 de septiembre de 2018 y Resolución N° DIR 18097 de 09 de
octubre de 2018.

Séptimo. declarar decididas a favor de este tutelante, las pretensiones del libelo
de la acción medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que
da cuenta esta petición de tutela, ante la abstracción de decisión de la
pretensión principal de nulidad de estos actos administrativos, en las instancias
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señaladas, así como por los
pronunciamientos de fondo fuera de los términos perentorios de ley, de acuerdo
a las disposiciones inherentes favorables citadas en este libelo.

Octavo. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones,
que de acuerdo con sus funciones legales y en el término de cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, proceda a pagar
a este accionante los derechos pensionales debidamente consolidados,
conforme a lo considerado en la sentencia de tutela de 19 de febrero de 2010
del Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo Tolima, como son, la mesada
de la pensión de vejez a partir de agosto de 2018 cuando fue suspendido su
pago hasta diciembre de 2020 inclusive, conforme se venía pagando a este
tutelante.

Noveno. Igualmente, y, conforme a lo anterior, ordenar a la Administradora
Colombia de Pensiones Colpensiones, la reanudación del pago de la mesada
catorce (14), la cual sin que mediara ninguna disposición legal que así lo
amerite, y mucho menos sin expedir acto administrativo alguno, le quitó a partir
de 2016 inclusive, conforme a lo expuesto en este libelo de tutela.
4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-
Subsección “B” y otros.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Décimo. Por lo mismo, ordenar a la Administradora Colombia de Pensiones
Colpensiones, el pago del incremento del 14% de la pensión de vejez, para la
cónyuge dependiente económicamente de este pensionado, sra. Dalila Amalia
Escobar de Murillo, con CC N° 28757871 conforme al Acuerdo 049 de 1990,
derecho cuya vigencia se ratifica en la sentencia SU 049-2024 de la Corte
Constitucional, pretensión que fue incorporada en la acción medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de que da cuenta esta petición de tutela
y cuyo pago se requirió a Colpensiones desde 2015.

Undécimo. Requerir a la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones, para que no vuelva a menoscabar el pago oportuno y disfrute de
esta pensión, sin perjuicio de los reajustes y demás beneficios que en adelante
se otorguen a este pensionado y su esposa beneficiaria, dependiente
económicamente del mismo.

Duodécimo: Desestimar en absoluto algún pronunciamiento de negativa u
oposición de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a los
hechos, las pretensiones y decisión favorable a esta petición de tutela, ya que
cualquiera que sea, no desvirtúa la misma, pues no hubo razón de hecho, ni de
derecho, para expedir las decisiones y cargas que impuso en aquellas
resoluciones. Demás aspectos que resulten decidir de su parte, siempre que no
contravengan ni menoscaben el derecho constitucional al pago oportuno de la
pensión de vejez de mi representado y su reajuste periódico.

Décimo tercero: Costas e intereses. Arts. 188 y 192 ibídem. Por darse
totalmente las condiciones pertinentes, solicito al señor Juez constitucional,
ordenar la condena en las costas procesales de este asunto e intereses
causados sobre los valores dejados de percibir por el tutelante, en razón a haber
quitado arbitrariamente la Administradora Colombia de Pensiones
Colpensiones, el pago de su pensión de vejez durante el lapso de agosto de
2018 a diciembre de 2020 inclusive. Estos intereses a liquidar y pagar, se hará
conforme al porcentaje autorizado por la Superintendencia Financiera de
Colombia SFC o el Banco de la República, según corresponda, hasta el límite
para el interés de usura o los que sea del caso reconocer debidamente5.”

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte accionante argumentó que se cometieron varios errores
procedimentales, como son: (i) se infringieron los plazos procesales tanto en la
remisión del proceso por competencia como en la emisión de las sentencias,
incumpliendo los términos establecidos por la ley; (ii) se aplicaron incorrectamente
los factores de competencia por razón de la cuantía, ya que el Juzgado 9
Administrativo de Ibagué debía determinar la competencia no en función del valor
de las pretensiones, sino de la naturaleza laboral del asunto; (iii) se generó
incertidumbre respecto al conocimiento del caso, desvirtuando su esencia y
derivándolo hacia un medio de control inapropiado, como lo es la acción de
reparación directa; (iv) las decisiones de primera y segunda instancia fueron

5 Demanda de Tutela. Ver SAMAI. Índice 002. Documento 001. PP 55 a 57.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

motivadas incorrectamente, basándose en disposiciones ajenas a la naturaleza y al
fondo del asunto, como el artículo 128 de la Constitución Política y la Ley 4ª de
1992, de clara orientación salarial y no pensional; (v) se dictaron fallos parciales
debido a la falta de decisión sobre las pretensiones principales, relacionadas con el
reconocimiento del incremento pensional.

11. En cuanto al desconocimiento del precedente constitucional, argumentó que
se desconocieron las sentencias SU 049 de 2024 y SU 215 de 2022. Refirió el actor
que en dichos pronunciamientos se reconocieron los derechos pensionales, así
como lo correspondiente al incremento pensional del 14% para la cónyuge
dependiente económicamente del pensionado, consagrado en el Acuerdo 049 de
1990 desconocido y/o soslayado en aquel asunto.6

12. Precisó se desde el punto de vista de la prohibición consagrada en el artículo
128 de la Carta Política, no se configura ninguna incompatibilidad entre la recibir
sueldo en un cargo público y pensión de vejez, pues no se trata de dos asignaciones
provenientes del tesoro público, pues los recursos con los cuales se pagan estas
últimas a cargo del ISS, provienen o de los aportes patronales y de los aportes del
trabajador efectuados antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, o son recursos
parafiscales aportados después de su vigencia, aunque es el ISS, en calidad de
administrador de pensiones o del sector privado o de los afiliados al Sistema
General de Pensiones, reconoció y se encuentra pagando las mesadas pensionales
a que tienen derecho los trabajadores, bien porque en el régimen anterior hubieren
cumplido los requisitos de tiempo de cotización y edad al servicio del sector público,
o bien las semanas de cotización en cualquier sector después de la vigencia de la
Ley 100 de 1993. 7

Trámite en primera instancia

13. Mediante auto del 30 de enero de 20258, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, se vinculó al proceso a la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones-, y al Tribunal Administrativo del Tolima para que, remitiera en calidad
de préstamo y en medio digital el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 73001-23-33-
000-2021-00353-00/01.9. Se tuvieron como pruebas las allegadas al amparo
constitucional.

6 El actor trajo a colación diferentes conceptos del Departamento Administrativo de la Función
Pública, entre ellos: Concepto 014191 de 2023; N° 1344 de 10 de mayo de 2001
7 Sección Primera, Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de 27
de enero de 1995.
8 Ver SAMAI. Índice 005. PP 1 a 2. Se notificó el auto admisorio de la demanda el 03 de febrero de
2025. Ver SAMAI índice 008. Documento 001.
9 Se allega el expediente electrónico de acuerdo a lo solicitado en el auto admisorio de la Tutela. Ver
SAMAI. Índice 009. Documento 003. PP 1 a 4.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Intervenciones

14. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué10
argumentó que en virtud de un análisis jurídico y normativo conforme a la legislación
vigente, profirió auto mediante el cual se declaró la falta de competencia para
conocer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y se ordenó
remitir las diligencias a la oficina judicial de reparto para su asignación ante los
magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima. El apoderado de la parte
demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
decisión tomada por el despacho. En virtud de ello, el despacho se pronunció
respecto al recurso interpuesto el 10 de septiembre de 2021, y decidió negar por
improcedentes los recursos presentados. Asimismo, indicó que las actuaciones
desplegadas por el Juzgado no constituyeron una vía de hecho, ni se enmarcaron
en ninguna de las causales generales o especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, pues advierten que los argumentos que
sustentaron la declaración de falta de competencia no fueron arbitrarios y contaron
con soporte legal.

15. Colpensiones11, advirtió que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B procedió conforme a la ley y la Constitución puesto que: (i) aplicó las
normas relativas al caso concreto; (ii) aplicó los preceptos constitucionales sobre el
particular; (iii) aplicó la jurisprudencia existente en la materia y; (iv) las actuaciones
del despacho no transgreden, violan o amenazan los derechos fundamentales del
accionante. De otro lado, manifestó que resultaba evidente que la tutela no es el
mecanismo adecuado para conseguir la satisfacción del derecho reclamado por el
actor, teniendo en cuenta que no puede constituirse en una tercera instancia para
analizar el litigio objeto de debate. Además, afirmó que la decisión cuestionada hizo
tránsito a cosa juzgada y por ello, el cuestionamiento de la validez de cualquier
sentencia judicial resquebrajaría el principio de seguridad jurídica y desnudaría la
insuficiencia del derecho como instrumento de civilidad. Y concluyó que no existió
siquiera prueba sumaria donde se evidencie que las decisiones judiciales afecten el
derecho al mínimo vital. Por lo anterior, solicitó se deniegue el amparo
constitucional.

16. El Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no contestaron la tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

17. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente acción de tutela, por cuanto no cumple con los requisitos generales de
subsidiariedad, falta de incidencia de las supuestas irregularidades procesales
denunciadas en la demanda en las decisiones judiciales adoptadas y ausencia de
relevancia constitucional.

10 Ver SAMAI. Índice 010. Documento 001. PP 1 a 2.
11 Ver SAMAI. Índice 011. Documento 001. PP 1 a 14.

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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

18. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 2591 de 1991 y de la jurisprudencia constitucional dictada en la materia, la
acción de tutela se caracteriza por ser un instrumento residual y subsidiario de
protección de derechos fundamentales. Por esta razón, su utilización como
mecanismo judicial se encuentra sometida a reglas particulares que propugnan
porque la protección constitucional de los derechos fundamentales sea confiada,
principalmente, a las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente. Por
lo anterior, el juez constitucional posee la tarea de verificar que toda acción de tutela
acredite cuatro requisitos generales para ser procedente: legitimación en la causa,
tanto por activa como por pasiva, inmediatez y subsidiariedad.

19. Tratándose de tutelas contra providencias judiciales, a partir de la sentencia
C-590 de 2005, la Corte Constitucional estableció los requisitos generales y
causales específicas de procedencia de este mecanismo residual de defensa de los
derechos, a saber: (a) relevancia constitucional; (b) subsidiariedad (c); inmediatez
(d) existencia de una regularidad procesal decisiva o determinante en la sentencia;
e) identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que haya alegado la violación en el proceso judicial- y (f) no
versar contra sentencias de Tutela.12.

20. Procede la Sala a evaluar, en primer término, la satisfacción de los requisitos
generales de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme a lo
dispuesto en la precitada sentencia y la jurisprudencia vigente sobre la materia, para
determinar si es posible realizar un estudio de fondo al presente amparo.

21. Subsidiariedad: en el sub judice la Sala encuentra satisfecha tal exigencia,
teniendo en cuenta que las decisiones en virtud de las cuales, atendiendo el

12 (i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que
excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los
jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión
trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como
extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de
un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela
sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a
partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de
inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre
el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-
591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección
de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar
a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa
humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó
la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen
indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime
si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas
las providencias excluidas de revisión.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-
Subsección “B” y otros.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

territorio y la cuantía del asunto, se remitió el proceso a las autoridades judiciales
que se estimaron competentes para conocerlo carecen de recurso alguno (artículo
139 del CGP). En igual sentido, la decisión adoptada en segunda instancia por parte
de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no es pasible de
recurso ordinario o extraordinario.

22. Incidencia directa y determinante de la irregularidad procesal en el sentido
final de la decisión. Con todo, la Sala advierte que en la demanda no se explicó de
qué manera las decisiones adoptadas en torno al estudio de la cuantía del proceso
para efectos de competencia, constituyen una vulneración de derechos
fundamentales y menos se indicó qué incidencia tienen en las sentencias dictadas
en primera y segunda instancia. Adicionalmente, la Sala advierte que el accionante
reprochó el incumplimiento de los términos judiciales para adelantar el proceso, sin
que dicho razonamiento se encuentre hilvanado con las decisiones definitivas que
adoptaron las autoridades judiciales en torno al tema de fondo: la (in)compatibilidad
de la pensión con el salario percibido como servidor judicial.

23. En cuanto a la relevancia constitucional, el reproche de la parte actora refleja
no solo una falta de argumentación para demostrar la afectación constitucional
alegada, sino también una mera inconformidad con la resolución adoptada por los
jueces naturales. Como se ha indicado reiteradamente esta inconformidad por sí
sola no justifica un estudio de fondo de la tutela.

24. Al respecto, la Sala observa que el demandante busca que el juez de tutela
realice un nuevo análisis respecto a la compatibilidad entre la prestación pensional
y el salario percibido por el actor como servidor público. Estudio que fue efectuado
por el Tribunal Administrativo del Tolima en el fallo de primera instancia, al
determinar que existe una clara incompatibilidad que existe entre ambas
asignaciones al tenor de lo previsto en el artículo 128 Superior y las excepciones
previstas en la ley:

“Sobre el particular debemos señalar que efectivamente al señor Jorge Eduardo
Murillo Calderón le aplicaba la prohibición de percibir más de una asignación
proveniente del tesoro público, ya que el mismo no se encontraba dentro de las
excepciones contempladas por el artículo 19 de la Ley 4 de 1992; sin embargo,
a la fecha de la solicitud del reconocimiento de la pensión, esto es, al 13 de
junio de 2008, cumplía con los requisitos de ley (edad y semanas de cotización)
para que se le reconociera la misma y en ese sentido su pago únicamente
estaría supeditado a la desvinculación laboral del servicio público. Tal situación
quedó plenamente definida en el fallo de tutela del 19 de febrero de 201036
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo- Tolima, donde
se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Jorge
Eduardo Murillo Calderón, teniendo en cuenta el 75% de la asignación más
elevada correspondiente al último año de servicios (2008) desde cuando
adquirió el status de pensionado, y además le precisó que el disfrute de la
prestación quedaba supeditada al retiro del servicio como Secretario del
Juzgado Promiscuo de Familia del municipio de El Guamo. Posteriormente, por
medio de la Resolución No. 01809 del 10 de mayo de 201037 expedida por el

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-
Subsección “B” y otros.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Instituto de Seguros Sociales, se reconoció la pensión de jubilación a partir del
28 de febrero de 2008, mencionando en sus considerandos que dentro del
expediente pensional no obraba el acto administrativo del retiro del servicio
público del señor Jorge Eduardo Murillo Calderón, no obstante, ordenó el pago
de la mesada sin ahondar en tal situación. Así mismo, mediante fallo de tutela
del 31 de marzo de 2014 del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión
del Circuito de Ibagué, ordenó el reconocimiento definitivo de la pensión de
jubilación del actor conforme al 75% de la asignación mensual más elevada
percibida en el año de servicios inmediatamente anterior a la adquisición del
status de pensionado, dejando la salvedad de que el pago de las mesadas
pensionales quedaban supeditadas al retiro efectivo del servicio por parte del
demandante” 13

25. En línea con lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“B” -órgano de cierre de la jurisdicción-, arribó a una idéntica conclusión según la
siguiente transcripción literal:

“(…)

Ahora bien, de conformidad con los precedentes normativos y jurisprudenciales
en armonía con los medios de prueba avizorados en el proceso, la Sala precisa
que la decisión del Tribunal fue acertada, toda vez que se pudo verificar que en
el sub judice se presenta la incompatibilidad consagrada en el canon 128 de la
carta política, toda vez que Jorge Eduardo Murillo Calderón percibió salario y
pensión simultáneamente, mientras se desempeñaba como Secretario Grado
10 en el Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo Tolima desde el 5 marzo de
1991. Esto es así, dado que el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo,
mediante fallo de tutela, ordenó al ISS reconocer la pensión de jubilación al
actor con la condición de que debía ejercer tal derecho una vez estuviera
desvinculado del servicio como Secretario del Juzgado Promiscuo de Familia.
Condicionamiento que, a la postre, fue reiterado por el estrado judicial Cuarto
Administrativo de Descongestión de Ibagué, que le reconoció de manera
definitiva la prestación con la salvedad de que el pago de las mesadas quedaba
supeditado al retiro efectivo del servicio. Sin embargo, pese a tales limitaciones,
el señor Murillo Calderón hizo caso omiso, y, por el contrario, continuó
percibiendo pensión y salario como servidor público de la Rama Judicial. En
suma, conocía el contenido de los actos administrativos, pues fue notificado por
Colpensiones desde el momento en que le fue otorgada la pensión de jubilación.
De ahí que, era procedente ordenar la suspensión del pago de la mesada
pensional y el cobro de lo percibido entre 2008 y 2018, puesto que, el señor
Murillo Calderón no procedió de forma apropiada al mencionar que se
encontraba en servicio activo a la hora de solicitar la pensión de jubilación; por
lo que, resulta evidente que obró de mala fe al no aportar el acto administrativo
que lo retiró del servicio. En este sentido, los motivos de disenso del apelante
fueron desvirtuados con lo expuesto en precedencia luego que percibir

13 Sentencia de primera instancia. Tribunal Administrativo del Tolima. Rad: 73001-23-33-000-2021-
00353-00
10

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-
Subsección “B” y otros.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

simultáneamente salario y pensión de jubilación del accionante se constituye en
un quebrantamiento directo del artículo 128 constitucional” 14

26. La Sala encuentra que los despachos judiciales accionados, de manera clara
y precisa motivaron legal y jurídicamente los fallos cuestionados con base en las
pruebas aportadas al proceso y la normativa legal y constitucional aplicable al caso,
por lo que resultaba factible indicar que los pronunciamientos fueron ajustados a
derecho, toda vez que existe una clara incompatibilidad constitucional y legal entre
las dos asignaciones, por ser provenientes del tesoro público.

27. En lo referido al desconocimiento del precedente judicial, la Sala encuentra
que el escrito de tutela carece de razones por las cuales considera que las
autoridades judiciales desconocieron el precedente de la Corte Constitucional sobre
el tema de los incrementos pensionales. De hecho, el Tribunal Administrativo del
Tolima se pronunció en torno a la materia de la siguiente manera:

“Por otro lado, el actor solicita que se ordene la reanudación del pago de la
mesada catorce (14), pretensión respecto de la que no obra prueba dentro del
expediente que demuestre que preliminarmente reclamó ante la administración
y mucho menos que surtió́ los recursos procedentes, conforme lo ordena el
numeral 2 del artículo 161 de la ley 1437 de 2011, que a la letra preceptúa:

“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo
particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos
que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio
negativo en relación con la primera petición permitirá́
demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado
oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será́
exigible el requisito al que se refiere este numeral.”

En razón a lo anterior, la Sala se inhibirá́ de resolver sobre el fondo de esta
pretensión.

Finalmente, la parte actora insta a que se ordene el incremento del 14% de la
pensión de vejez como quiera que la cónyuge depende económicamente de él,
pretensión que tampoco será́ abordada de fondo por la Colegiatura, como
quiera que, en primer lugar, los actos administrativos atacados no resolvieron
sobre ese asunto, y en segundo lugar, obran en el expediente los oficios
BZ2015_5261136- 1568978 del 11 de junio de 2011 y BZ2015_7384304-
2151440 del 13 de agosto de 2015 con los cuales Colpensiones
específicamente abordó tal cuestión, pero los mismos no fueron atacados en
estas diligencias, constituyéndose en las decisiones administrativas que
consolidaron la situación jurídica particular.

En el caso específico del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es fundamental identificar la actuación que produjo el perjuicio, es
decir, debe demandarse judicialmente aquel o aquellos actos administrativos

14 Sentencia de segunda instancia, proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho 73001-23-33-
000-2021-00353-01 (5948-2023).
11

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-
Subsección “B” y otros.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

que generaron la lesión alegada sobre el derecho subjetivo, para que pueda
válidamente traducirse en un restablecimiento en favor de la parte demandante,
ya que las pretensiones que se plantean en la demanda delimitan el ejercicio
de la capacidad decisoria del juez y por supuesto debe guardar congruencia la
nulidad del acto con el restablecimiento del derecho pretendido, de lo contrario,
se torna dificultosa la labor de adoptar una decisión de fondo, lo que
indiscutiblemente llevaría a un fallo inhibitorio.

Por lo anterior, no es procedente referirnos a lo dispuesto en los mencionados
oficios, pues no son el objeto de estudio en la presente instancia.

28. Posición que fue ratificada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en la sentencia de segunda instancia:

“Con referencia a la solicitud de pago por la mesada catorce, así como del
incremento del 14% de la pensión de vejez por la dependencia económica de
la cónyuge, no hay lugar a pronunciarse en vista que no solicitó a la entidad
demandada dichos reajustes y por consiguiente no se vieron reflejados en los
actos administrativos censurados.”

29. Por lo expuesto anteriormente, la Sala observa que las decisiones judiciales
atacadas negaron los incrementos perseguidos, no porque la parte actora no tuviera
derecho a ellos, sino porque no fueron discutidos en sede administrativa. Bajo esa
perspectiva, carece de cualquier rigor el reproche formulado en torno al
desconocimiento del precedente constitucional.

30. En consecuencia, se reitera en esta oportunidad que la acción de tutela
contra providencias judiciales “es concebida como un ‘juicio de validez’ y no como
un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado15, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la
controversia”16.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

15 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
“(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en
la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger)”.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06353-00
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-
Subsección “B” y otros.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor, Jorge Eduardo Murillo Calderón, en contra del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

13

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