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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00406-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00406-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 21 de febrero de 2025 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00406-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

17 de julio de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01
Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00406 01
Accionante: JORGE EDUARDO MURILLO CALDERÓN
Accionados: JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ, JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE IBAGUÉ, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA Y CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 21 de febrero de 2025 por la
Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jorge Eduardo Murillo Calderón, actuando por conducto de
apoderada, promovió acción de tutela en contra del Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá, del Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Ibagué, del Tribunal Administrativo del Tolima y del

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Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] Primero. Declarar la procedencia de la presente tutela en
relación con los derechos fundamentales, amparados en la
Constitución Política de Colombia, artículos 29 y 48, relacionados
con el debido proceso, la seguridad social en materia pensional y
demás que considere violados esa Corporación, del tutelante Jorge
Eduardo Murillo Calderón, (…), por vías de hecho por acción y
omisión de las autoridades judiciales accionadas, conforme da
cuenta esta petición y la respectiva decisión, derechos estos
vulnerados en la acción del medio de control acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, de que cuenta la misma petición de
tutela y esa sentencia.

Segundo. Declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado en el
asunto medio de control acción de nulidad y restablecimiento del
derecho en referencia, que estriba esta tutela, viciado totalmente
por la acción y omisión de no citar en aquel proceso a algunos
terceros con probable interés, que de oficio debieron llamarse en
garantía, conforme lo disponen para estos eventos la Ley 1437 de
2011 CPACA, art. 227, Código General del Proceso CGP, art. 72 y
conc., y se expone sustentadamente en este libelo, como la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Rama Judicial del
Poder Público, Superintendencia Financiera de Colombia SFC y
demás entidades que estimara cada instancia de oficio llamar en
garantía en aquel asunto.

Tercero. Asimismo cabe declarar la nulidad de lo actuado
totalmente en aquella acción medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ya que en estas dos (2) últimas
instancias: Tribunal Administrativo del Tolima y Consejo de Estado,
no ejercieron el control de legalidad para conjurar la nulidad de las
actuaciones del Juzgado 17 Administrativo, Sección Segunda de
Bogotá, D. C. y Juzgado 9º Administrativo de Ibagué, los cuales
declararon su incompetencia por razón del territorio y de la cuantía,
respectivamente, ya que estos no lo hicieron en su momento, por
lo que esas Corporaciones de superior jerarquía funcional,
asumieron sus competencias sin ningún reparo a estos vicios.

Cuarto. En consecuencia, revocar en su totalidad la sentencia de
13 de julio de 2023 proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Tolima, en la acción de medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, de este accionante contra
la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, que
negó las pretensiones del accionante, entre otras disposiciones,
asunto radicado allí con el N° 73001233300020210035300.

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
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Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón

Quinto. Dejar sin efectos por lo expuesto, la sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, en la acción de
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, del
mismo accionante contra la Administradora Colombiana de
Pensiones-Colpensiones, radicado allí con el N°
73001233300020210035301.

Sexto. Declarar la perdida de vigencia y, por ende, la inexistencia
o ineficacia de los siguientes actos administrativos proferidos por
la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, ante la
no decisión de su nulidad en las distintas instancias judiciales de lo
contencioso administrativo, a las cuales estuvo sometido su
escrutinio legal por más de cinco (5) años y, por ser igualmente
violatorios de la Constitución Política, la ley y, los derechos
fundamentales de este accionante violados igualmente aquí. Tales
son: Resolución SUB 2018-205161 de 01 de agosto de 2018,
Resolución SUB 241704 de 14 de septiembre de 2018 y Resolución
N° DIR 18097 de 09 de octubre de 2018.

Séptimo. declarar decididas a favor de este tutelante, las
pretensiones del libelo de la acción medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de que da cuenta esta petición de
tutela, ante la abstracción de decisión de la pretensión principal de
nulidad de estos actos administrativos, en las instancias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señaladas, así como
por los pronunciamientos de fondo fuera de los términos
perentorios de ley, de acuerdo a las disposiciones inherentes
favorables citadas en este libelo,

Octavo. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones, que de acuerdo con sus funciones legales y en el
término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la
sentencia respectiva, proceda a pagar a este accionante los
derechos pensionales debidamente consolidados, conforme a lo
considerado en la sentencia de tutela de 19 de febrero de 2010 del
Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo Tolima, como son, la
mesada de la pensión de vejez a partir de agosto de 2018 cuando
fue suspendido su pago hasta diciembre de 2020 inclusive,
conforme se venía pagando a este tutelante.

Noveno. Igualmente y, conforme a lo anterior, ordenar a la
Administradora Colombia de Pensiones Colpensiones, la
reanudación del pago de la mesada catorce (14), la cual sin que
mediara ninguna disposición legal que así lo amerite, y mucho
menos sin expedir acto administrativo alguno, le quitó a partir de
2016 inclusive, conforme a lo expuesto en este libelo de tutela.

Décimo. Por lo mismo, ordenar a la Administradora Colombia de
Pensiones Colpensiones, el pago del incremento del 14% de la
pensión de vejez, para la cónyuge dependiente económicamente
de este pensionado, sra. Dalila Amalia Escobar de Murillo, (…)
conforme al Acuerdo 049 de 1990, derecho cuya vigencia se ratifica
en la sentencia SU 049-2024 de la Corte Constitucional, pretensión
que fue incorporada en la acción medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho de que da cuenta esta petición de
tutela y cuyo pago se requirió a Colpensiones desde 2015.

Undécimo. Requerir a la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones, para que no vuelva a menoscabar el pago oportuno
y disfrute de esta pensión, sin perjuicio de los reajustes y demás
beneficios que en adelante se otorguen a este pensionado y su
esposa beneficiaria, dependiente económicamente del mismo.

Duodécimo: Desestimar en absoluto algún pronunciamiento de
negativa u oposición de la Administradora Colombiana de
Pensiones Colpensiones, a los hechos, las pretensiones y decisión
favorable a esta petición de tutela, ya que cualquiera que sea, no
desvirtúa la misma, pues no hubo razón de hecho, ni de derecho,
para expedir las decisiones y cargas que impuso en aquellas
resoluciones. Demás aspectos que resulten decidir de su parte,
siempre que no contravengan ni menoscaben el derecho
constitucional al pago oportuno de la pensión de vejez de mi
representado y su reajuste periódico.

Décimo tercero: Costas e intereses. Arts. 188 y 192 ibidem.
Por darse totalmente las condiciones pertinentes, solicito al señor
Juez constitucional, ordenar la condena en las costas procesales de
este asunto e intereses causados sobre los valores dejados de
percibir por el tutelante, en razón a haber quitado arbitrariamente
la Administradora Colombia de Pensiones Colpensiones, el pago de
su pensión de vejez durante el lapso de agosto de 2018 a diciembre
de 2020 inclusive. Estos intereses a liquidar y pagar, se hará
conforme al porcentaje autorizado por la Superintendencia
Financiera de Colombia SFC o el Banco de la República, según
corresponda, hasta el límite para el interés de usura o los que sea
del caso reconocer debidamente […]”. (Negrillas originales del
escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que, en virtud de una orden judicial proferida en un
fallo de tutela, el entonces Instituto de Seguros Sociales – ISS, expidió la
Resolución nro. 01809 del 10 de mayo de 2010, por la cual le reconoció
el pago de la pensión de vejez conforme el régimen especial dispuesto en
el Decreto 546 de 1971, aplicable a los servidores de la Rama Judicial y
del Ministerio Público.

Manifestó que, en el año 2018, la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones expidió las Resoluciones SUB 2018-205161 del
1 de agosto de 2018, SUB 241704 del 14 de septiembre de 2018 y DIR
18097 del 9 de octubre de 2018, por medio de las cuales le ordenó el
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reintegro de la suma de dinero recibida por concepto de pensión durante
el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2008 al 30 de julio de
2018, al constatar que durante dicho lapso, el señor Murillo Calderón
percibió otra asignación proveniente del Estado, debido a su vinculación
laboral con la Rama Judicial.

Señaló que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de las precitadas resoluciones, la cual fue asignada,
inicialmente, al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá,
con el radicado nro. 11001 33 35 017 2018 00495 00.

Indicó que “(…) aproximados tres (3) años posteriormente, este Juzgado
17 Administrativo Sección Segunda Oral de Bogotá, D. C., ordena remitir
la demanda por competencia al Juzgado Administrativo de Ibagué, en
razón al factor territorial donde se debieron prestar o se prestaron los
servicios laborales, consideración muy alejada a su naturaleza como
medio de control, ya que, correspondía a una acción de nulidad de actos
administrativos producidos en la sede o domicilio principal de
Colpensiones en Bogotá, D. C. y, subsidiariamente el restablecimiento del
derecho pensional, mas no laboral, porque el fundamento del asunto es
pensional, ya que no dimana de un contrato o relación laboral
estrictamente (…)”2.

Expuso que la demanda correspondió por nuevo reparto al Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, con el radicado nro. 73001
33 33 009 2021 00048 00.

Anotó que “(…) tenemos entonces que el Juzgado 09 Administrativo de
Ibagué, recibió y radicó esta demanda para su conocimiento el 16 de
marzo de 2021 y después de inadmitirla y ser subsanada por esta parte,
el 11 de agosto de 2021 declara la incompetencia para adelantar su
trámite por razón de la cuantía, lo cual no viene al caso como se sustenta
a continuación y, ordena su envío al Tribunal Administrativo del Tolima,

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
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la cual remite el 23 de septiembre de 2021 a la Oficina Judicial para
reparto (…)”3.

Sostuvo que “(…) este Juzgado desnaturalizó la demanda hacia un asunto
de reparación directa o indemnizatorio, indicando que por razón del valor
de los salarios mínimos en que la enmarca y, según su operación
cuantificadora, arrojó que la competencia para conocer aquella demanda
correspondía al Tribunal Administrativo de Ibagué, lo cual es una reforma
a la misma que no es de su resorte -vía de hecho- siendo por ello distraída
la esencia del asunto, como si se tratara de uno netamente indemnizatorio
por hecho dañoso. Además, soslayó el hecho que ya estaba en vigor la
Ley 2080 de 2021 (enero 25) (…)”4.

Sin perjuicio de lo anterior, continuó relatando que la demanda finalmente
fue asignada al Tribunal Administrativo del Tolima con el radicado nro.
73001 23 33 000 2021 00353 00 que, en sentencia del 13 de julio de
2023 negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
22 de agosto de 2024 la confirmó.

Alegó que “(…) desde cuando se presentó la demanda el 10 de diciembre
de 2018 hasta el 13 de julio de 2023 cuando se profirió la decisión de
primera instancia, transcurrieron cuatro (4) años y siete (7) meses, pues
solamente en el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá, D. C., permaneció
desde el 10 de diciembre de 2018 hasta el 16 de marzo de 2021 que lo
remite a su similar del Tolima, por el factor de competencia territorial (…).
Hubo un cúmulo de espacio vacío al no asumir las autoridades judiciales
el conocimiento de este medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho pensional exclusivamente, a términos de la Ley 1437 de
2011, artículo 138. Este espacio se expandió a 05 años y 08 meses, hasta

3
Ibidem.
4
Ibidem.
6

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cuando se emitió la sentencia de segundo grado el 22 de agosto de 2024
por el Consejo de Estado (…)”5.

Agregó que “(…) además del exceso de tiempo por el recorrido de la
demanda sin ser admitida a trámite, pese a las distintas subsanaciones
ordenadas y cumplidas por donde pasó, el término para dictar sentencia
de primera instancia que es de un (01) año desde la notificación de la
demanda, fue igualmente rebasado, sin que se produjera
pronunciamiento para remediarlo a voces del Código General del Proceso,
artículo 121 el cual aplica también por analogía (…). Esto, por cuanto la
notificación de la demanda efectuada por el Tribunal Administrativo del
Tolima, tuvo lugar el 25 de octubre de 2021 y la sentencia de primera
instancia de esta Corporación se profirió el 13 de julio de 2023, es decir,
un (1) año y 08 meses después, lo cual implica que al exceder el término
para este fin, vició de nulidad el asunto por omisión en el pronunciamiento
oportuno sin justificarlo ni remediarlo, debiendo entenderse decidido a
favor del actor como en los demás casos cuando no se definen dentro del
término de ley en la jurisdicción administrativa (…)”6.

A su turno, aseguró que hubo una “falsa motivación en las decisiones de
primera y segunda instancia, con soporte en disposiciones totalmente
ajenas a la naturaleza y fondo del asunto planteado, como el artículo 128
de la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992 de índole netamente
salarial”7.

Al respecto, frente al artículo 128 de la Constitución, explicó que “(…) esta
norma tiene que ver con una prohibición en el desempeño del cargo o, lo
que es igual, durante el ejercicio laboral, en cuyo espacio no pueden
coexistir desempeños con asignación (salarial) simultáneos que
provengan del Tesoro Público (…)”8. En ese sentido, argumentó que “(…)
el salario devengado por este accionante provenía del Tesoro Público

5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
7

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(Rama Judicial) y, era apenas lógico y legal que lo percibiera por su
servicio activo, mientras que la pensión no proviene del Tesoro Público,
no exige ni comporta desempeño simultáneo, pues el hecho que la
pensión se la designe como asignación no se le puede acomodar el tinte
de salario proveniente del Tesoro Público, además, no demanda el
requisito esencial del desempeño simultáneo, mucho menos la paga
Colpensiones con cargo al presupuesto público para su funcionamiento,
pues, proviene de un fondo cuyos recursos no son de La Nación, ni le
pertenecen a esta Administradora, dispuesto así por la ley, como está
decantado a lo largo y ancho de aquella acción que, como medio de
control promovió este accionante ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo (…)”9.

Aseveró que “(…) los recursos del fondo con que paga las pensiones no
son PATRIMONIO ESTATAL, tampoco PATRIMONIO de Colpensiones,
como estipulan las normas tantas veces citadas en aquel medio de
control, las cuales determinan su creación, objeto, finalidad y
conformación de su patrimonio dentro del cual no están comprendidos
aquellos recursos, los cuales tiene a disposición para su administración en
el pago de las pensiones y en el comercio financiero que es generalmente
el propósito de aquella entidad. Luego, están en oposición a lo
determinado como erario o Tesoro Público, puesto que Colpensiones no
guarda, ni salvaguarda FONDOS PUBLICOS NACIONALES,
DEPARTAMENTALES, NI MUNICIPALES, de los que deba tomar el pago de
esta pensión de vejez (…)”10.

En cuanto a la Ley 4 de 1992, precisó que “es estrictamente ley marco
salarial”, comoquiera que “(…) no tiene orientación hacia el derecho
pensional. Reglamenta el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, pero no pensional (…)”11.

9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
8

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Resaltó que “(…) las normas que rigen para este caso son netamente de
estirpe pensional (…). No son, ni se les puede dar matiz de convergentes,
cuando en contrario, son estrictamente divergentes en su naturaleza y
destino (…)”12.

Afirmó que “(…) el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de
Estado, soportan sus sentencias de primero y segundo grado,
respectivamente, en disposiciones derogadas que no son marco de la
seguridad social pensional y, por lo mismo, no aplican al derecho
pensional de este accionante, porque para el mismo rigió, se itera, el
Decreto Ley Especial 546 de 1971, de mayor entidad o rango y, bajo cuyo
régimen se causó su pensión el 26 de febrero de 2008 y se reconoció en
2010, disposición destinada a los servidores de la Rama Judicial y el
Ministerio Público, que en ninguno de sus artículos ni de la Ley 100 de
1993, ordenan que quien causa la pensión de vejez no puede devengarla
durante su desempeño laboral o que debe abandonar este para que pueda
disfrutarla (…)”13.

Adicionalmente, reprochó que “(…) en las sentencias de 13 de julio de
2023 y 22 de agosto de 2024 de primera y segunda instancia del Tribunal
Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, respectivamente, no se
decidió la pretensión principal que fue la nulidad de los actos
administrativos de Colpensiones: Resoluciones SUB 2018-205161 de 01
de agosto de 2018, SUB 241704 de 14 de septiembre de 2018 y DIR
18097 de 09 de octubre de 201, pese a los hechos y motivos claramente
esbozados, básicos de la demanda que, por ser notorios no requieren para
su demostración soporte distinto al documental anexo al libelo, decisiones
que por tal omisión vician el asunto por violación al debido proceso, pues
el restablecimiento del derecho de seguridad social pensional y no laboral,
era consecuencia o subsidiario de la nulidad declarada (…)”14.

12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
9

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Adujo que “(…) enfatizaron en ratificar favorablemente contra toda lógica
constitucional, fáctica y legal, los persistentes argumentos de
Colpensiones, sobre la condición acomodada que le dio al artículo 128
Superior y la Ley 4ª de 1992, artículo 19, restándolos de lo público o fiscal
y encajándolos a su modo, como si el pago de esta pensión de vejez fuere
producto de algún vínculo y/o desempeño laboral simultáneo, prestacional
o contractual con esta entidad administrativa, con otra del sector público
o con la misma Rama Judicial, para así considerar que la situación
pensional de este tutelante, se encuentra inmersa en las restricciones de
índole laboral y salarial, hacia donde Colpensiones arrastró el asunto
(…)”15.

Advirtió que “(…) la argumentación decisoria de primero y segundo grado,
se centró en las consecuentes pretensiones de restablecimiento del
derecho y, solo eso, todo porque Colpensiones es enfática en prescribir
que el pensionado recibió doble asignación (salario) proveniente del
Tesoro Nacional, sin existir el supuesto desempeño simultáneo, sin
percatarse que la pensión no demanda ejercicio laboral y sin que su pago
proviniera del Tesoro Nacional (…)”16.

Posteriormente, expuso inconformidades puntuales sobre las sentencias
de primera y segunda instancia, de la siguiente manera17:

“[…] 3.5. Sentencia de primera instancia de 13 de julio de 2023
del Tribunal Administrativo del Tolima. Comprende también vías
de hecho por acción y por omisión que violan el derecho constitucional
al debido proceso, máxime en tratándose del derecho a la seguridad
social integral en materia pensional, lo cual es un derecho
fundamental en tratándose de personas de la tercera edad como este
accionante y su esposa dependiente económicamente del mismo, con
edades actuales de 71 y 65 años, respectivamente (-Const. Pol., arts.
29, 48 y conc.-

(…)

3.5.8. Problema jurídico a resolver. Lo centra exclusivamente en
coadyuvar que se ajusta a derecho la decisión de la Administradora
Colombiana de Pensiones-Colpensiones, contenida en las

15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
10

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Resoluciones SUB 2018-205161 de 01 de agosto de 2018, SUB
241704 de 14 de septiembre de 2018 y DIR 18097 de 09 de octubre
de 2018 por las que ordenó a este accionante el reintegro de los
valores recibidos por concepto de pensión de jubilación en el periodo
comprendido entre el 27 de febrero de 2008 y el 30 de julio de 2018
porque simultáneamente recibió otra asignación proveniente del
Tesoro Público (salario), al estar vinculado activamente a la Rama
Judicial, solo porque aquella entidad lo argumenta así, con desvío
hacia el artículo 128 Superior y la Ley 4ª de 1992, artículo 19.

3.5.9. En ese sentido decide negar las pretensiones del medio de
control accionado, obviando que (i) se debió decidir primero la
nulidad de aquellas resoluciones, motivada en el libelo como aspecto
medular del asunto, (ii) estas disposiciones tienen como requisito
esencial para su observancia que las asignaciones pagadas, deben
obedecer a desempeño simultáneo, o lo que es igual, actividad laboral
simultánea, (iii) provengan ambas del Tesoro Público, ya que tienen
la connotación de salario, (iv) puesto que tales disposiciones son de
estricta naturaleza y reglamentación salarial y, la pensión de vejez no
lo es, ni conlleva desempeño.

(…)

4. Frente a la mesada 14.

Precisamos la violación al debido proceso en este aspecto, por las
siguientes vías de hecho comprendidas en esta sentencia de primera
instancia:

4.1. Esta sentencia de primera instancia se inhibe de decidir sobre la
mesada 14, porque este accionante no acreditó el agotamiento del
requisito de procedibilidad o requisitos previos para demandar, a
términos de la Ley 1437 de 2011 o CPACA, artículo 161, numeral 2.

(…)

4.3. Está probado y enfatizado en todos los instantes procesales del
medio de control que, no se pretende el reconocimiento de la mesada
14 sino la reanudación de su pago como lo señala su misma expresión
al respecto, la cual estaba pagando Colpensiones por tener derecho a
ella, puesto que se causó antes del 31 de julio de 2011, esto es, en
2008 simultánea al derecho a la pensión de vejez de este beneficiario,
lo cual ocurrió el 26 de febrero de 2008 al cumplir los requisitos
exigidos por el Decreto Ley 546 de 1971.

(…)

4.12.12. Respecto del incremento del 14% de la pensión de
vejez del accionante por la dependencia económica absoluta de su
esposa del mismo, señala que los actos administrativos demandados
no abordaron este tema y porque los oficios con que Colpensiones
abordó tal cuestión no fueron atacados en estas diligencias,
constituyéndose en unas decisiones administrativas que consolidaron
la situación jurídica particular.

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Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón

Vale recalcar que, este incremento conforme al Acuerdo 049 de 1990
(…), fue soporte fundamental en la demanda de medio de control
pertinente, para requerir el incremento y pago del 14% de la pensión
de vejez, por razón de la cónyuge dependiente económicamente de
este pensionado, conforme se sustentó en debida forma y
ampliamente en las páginas 7 a 11 del mismo libelo.

(…)

5. Sentencia de segunda instancia de 22 de agosto de 2024 del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B.

5.1. Violación al debido proceso

Comprende también vías de hecho por acción y por omisión que violan
el derecho constitucional al debido proceso, máxime cuando
corresponde al derecho de la seguridad social integral en materia
pensional, lo cual es un derecho fundamental en tratándose de
personas de la tercera edad como este accionante y su esposa
dependiente económicamente del mismo, con edades actuales de 71
y 65 años, respectivamente (…).

5.2. Decisiones sin consideración a la nulidad principal
planteada. Comienza su esquema decisorio apuntando únicamente
a dos (2) actos administrativos de Colpensiones:

• Resolución SUB 2018-205161 de 01 de agosto de 2018 por la cual
ordena a este accionante la devolución de la suma de $331.217.590.

• Resolución N° SUB 24170 4 de 14 de septiembre de 2018 por la cual
confirma aquella y hace saber que para los fines de la apelación será
enviado el asunto al superior jerárquico.

Guardó silencio sobre la Resolución DIR 18097 de 09 de octubre de
2018 por la cual resuelve la apelación impetrada por esta afectación,
confirmando entonces el primer acto administrativo emitido en esta
vía gubernativa. Se retoma lo que sobre este vicio se advierte
también como quiebre al debido proceso, en la decisión de primera
instancia.

5.3. Mesada 14. Recoge la postura de negación a este derecho
consolidado, retomando el sustento esbozado para su negación en la
decisión de primera instancia porque, Colpensiones no emitió acto
administrativo explicativo de su cercenamiento, pese a la evidencia
que no había lugar a quitarla ipso facto y, sin más, el pago de la
misma, el cual se venía cumpliendo, porque el Acto Legislativo 01 de
2005 enfatiza el respeto a los derechos pensionales causados,
comprendida esta gracia que está dentro del límite estipulado hasta
antes del 31 de julio de 2011 quedando comprendida en simultánea
con el derecho a la pensión de vejez, que causó el 26 de febrero de
2008 al cumplir los requisitos exigidos por el Decreto Ley 546 de
1971.

(…)
12

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5.4. Frente al reajuste del 14% pensional. Por la cónyuge
dependiente económicamente de este pensionado.

5.4.1. Tampoco es de recibo ningún planteamiento sobre su negativa
confirmada en esta instancia, argumentando que las disposiciones
pertinentes fueron derogadas por la Ley 100 de 1993 cuando en
contrario, en líneas anteriores se pone de presente el mandato de
esta ley sobre el principio de favorabilidad, el cual determina que solo
se pueden decidir situaciones jurídicas que se consoliden a partir de
su entrada en vigencia el 23 de diciembre de 1993 cuando se
promulgó en el Diario Oficial 41.148 de la misma fecha.

Contrario sensu, esta ley especial marco de la seguridad social
integral, no deroga ni permite cercenar derechos económicos
consolidados y dejados de pagar como este, porque no contiene vigor
retroactivo, para que so pretexto de la misma, se obvien los que son
exigibles, porque su vigencia y derogatorias son precisas y, no
contemplan tan lesiva posibilidad.

Lo anterior tiene fundamento cierto en los artículos 288 y 289 ibídem
que atrás recogimos en su contenido, para las disposiciones que la
rigen como el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 del mismo año
y no están expresamente derogados en esta última disposición de la
Ley 100 de 1993.

Este Acuerdo 049 de 1990 aplicable a este caso, fue soporte
fundamental en la demanda de medio de control pertinente, para
requerir el incremento y pago del 14% de la pensión de vejez, por
razón de la cónyuge dependiente económicamente de este
pensionado, conforme se sustentó en debida forma y ampliamente en
las páginas 7 a 11 del mismo libelo.

5.4.2. No es de recibo entonces el argumento que como no se
demandaron los oficios de negación de Colpensiones, dio lugar a que
tal derecho haya desaparecido del ámbito del beneficiario o
beneficiaria, porque supuestamente quedó derogado ante la postura
negativa de esta entidad, acogida en estas instancias, pues muy en
contrario, los derechos consolidados son irrefutables e indiscutibles y,
es la Constitución Política y la ley, los que le dan consistencia y, por
ende, la condición de inamovibles y no las posturas de Colpensiones
[…]”.

Finalmente, sobre la procedencia de la acción de tutela, sostuvo que su
solicitud de amparo satisface los requisitos generales de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

Frente a la relevancia constitucional, manifestó que “(…) la presente
acción de tutela satisface el presupuesto de relevancia constitucional. La
actuación en general debe examinarse con especial rigor, ya que tanto de

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los trámites como de las decisiones de las corporaciones en las distintas
instancias, en todo su recorrido dimana afectación a los derechos
fundamentales de este accionante en forma desproporcionada producto
de una actuación arbitraria, pues existen suficientes elementos de juicio
de los que aflora una trasgresión al goce de los derechos fundamentales
indicados, alimentado también por el desconocimiento del precedente
constitucional, pues en tratándose de adultos mayores como este
accionante y su cónyuge con 71 y 65 años de edad cumplidos,
respectivamente, como sujetos de especial protección constitucional, son
merecedores de mayor atención del Estado, máxime cuando el único
ingreso económico para su sostenimiento es precisamente la mesada
pensional (…). Luego, la petición de procedencia de esta tutela está
centrada en aspectos de rango constitucional y no meramente legal o
económico, donde se expone un impacto desproporcionado y arbitrario
sobre estos beneficiarios de la pensión de especial protección
constitucional, sobre lo que se expone un amplio debate jurídico en torno
al contenido, alcance y goce de sus derechos fundamentales definidos a
través del precedente constitucional (…)”18.

En cuanto a la subsidiariedad, señaló que “(…) cumplió todos los
mandatos proferidos por las distintas autoridades judiciales por donde
pasó en el recorrido de la acción que como medio de control debió
promover, así como los recursos que eran menester hasta la etapa de
cierre en la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo, para
que se le restableciera lo que le fue cercenado y negado en cada instancia,
tanto administrativa como judicial, en cuanto a la vulneración del derecho
fundamental a la seguridad social pensional (…)”19.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

18
Ibidem.
19
Ibidem.
14

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3.1. La tutela fue radicada el 27 de enero de 202520 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la
Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado que por auto del 30
de enero de 202521 la admitió y dispuso notificar22 al Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá, al Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Ibagué, al Tribunal Administrativo del Tolima y al Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, como parte accionada; así
como vincular23 a la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, como tercero interesado en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo del Tolima para que
allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 73001 23 33
000 2021 00353 00/01, el cual fue remitido24.

3.2. La titular del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué
rindió informe25 en el que solicitó que se niegue la solicitud de amparo
respecto de dicho despacho.

Indicó que, en virtud de un análisis jurídico y normativo conforme la
legislación vigente, profirió auto mediante el cual declaró la falta de
competencia del juzgado para conocer de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el señor Jorge Eduardo
Murillo Calderón, hoy accionante, en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por lo que se ordenó remitirle
al Tribunal Administrativo del Tolima.

20
Visto en los índices 2 y 3de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
21
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
22
Esta orden se cumplió el 3 de febrero de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
00406 00.
23
Ibidem.
24
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
25
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
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Anotó que, “(…) el apoderado de la parte demandante interpuso recurso
de reposición y en subsidio recurso de apelación contra la decisión tomada
por el despacho. En virtud de ello, el Juzgado Noveno Administrativo Oral
de Ibagué se pronunció respecto al recurso interpuesto el 10 de
septiembre de 2021, y decidió negar por improcedentes los recursos
presentados. En consecuencia, se ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo del Tolima (…)”.

Sostuvo que “(…) la actuación realizada por la suscrita, que es objeto de
la presente acción constitucional, no constituye una vía de hecho, ni se
enmarca en ninguna de las causales generales o especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues
no se advierte que los argumentos que sustentaron la declaración de falta
de competencia sean arbitrarios ni carezcan de soporte legal (…)”.

3.3. La directora de acciones constitucionales de la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones allegó escrito26 en el que solicitó
que se deniegue la acción de tutela, debido a que los fundamentos de
hecho y de derecho sobre los cuales versa la solicitud de amparo ya fueron
objeto de debate en el proceso ordinario, por lo que, también estima que
se debe declarar la improcedencia ante la existencia de la cosa juzgada.

Resaltó que “(…) decidir de fondo las pretensiones del accionante y
acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y su autodominio,
pero además excede las competencias del juez constitucional, en la
medida que no se probó vulneración a derechos fundamentales, ni la
existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho
alguno (…)”.

3.4. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, el
Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado, guardaron silencio.

26
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
21 de febrero de 202527, declaró improcedente la solicitud de amparo al
considerar que “no cumple con los requisitos generales de subsidiariedad,
falta de incidencia de las supuestas irregularidades procesales
denunciadas en la demanda en las decisiones judiciales adoptadas y
ausencia de relevancia constitucional”.

Para ello, sobre la subsidiariedad precisó que “(…) la Sala encuentra
satisfecha tal exigencia, teniendo en cuenta que las decisiones en virtud
de las cuales, atendiendo el territorio y la cuantía del asunto, se remitió
el proceso a las autoridades judiciales que se estimaron competentes para
conocerlo carecen de recurso alguno (artículo 139 del CGP). En igual
sentido, la decisión adoptada en segunda instancia por parte de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no es pasible
de recurso ordinario o extraordinario (…)”.

Frente a la incidencia directa y determinante de la irregularidad procesal
en el sentido de la decisión final, expuso que “(…) en la demanda no se
explicó de qué manera las decisiones adoptadas en torno al estudio de la
cuantía del proceso para efectos de competencia, constituyen una
vulneración de derechos fundamentales y menos se indicó qué incidencia
tienen en las sentencias dictadas en primera y segunda instancia.
Adicionalmente, la Sala advierte que el accionante reprochó el
incumplimiento de los términos judiciales para adelantar el proceso, sin
que dicho razonamiento se encuentre hilvanado con las decisiones
definitivas que adoptaron las autoridades judiciales en torno al tema de
fondo: la incompatibilidad de la pensión con el salario percibido como
servidor judicial (…)”.

En cuanto a la relevancia constitucional adujo que “(…) el reproche de la
parte actora refleja no solo una falta de argumentación para demostrar la

27
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
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afectación constitucional alegada, sino también una mera inconformidad
con la resolución adoptada por los jueces naturales. Como se ha indicado
reiteradamente esta inconformidad por si sola no justifica un estudio de
fondo de la tutela (…)”.

Agregó que el accionante busca que el juez de tutela realice un nuevo
análisis respecto a la compatibilidad entre la prestación pensional y el
salario que percibió como servidor público, el cual ya fue realizado por el
Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado en las sentencias dictadas en el proceso ordinario
objeto de debate en esta sede constitucional.

Al respecto, aseguró que “(…) los despachos judiciales accionados, de
manera clara y precisa motivaron legal y jurídicamente los fallos
cuestionados con base en las pruebas aportadas al proceso y la normativa
legal y constitucional aplicable al caso, por lo que resultaba factible indicar
que los pronunciamientos fueron ajustados a derecho, toda vez que existe
una clara incompatibilidad constitucional y legal entre las dos
asignaciones, por ser provenientes del tesoro público (…)”.

Posteriormente, argumentó que “(…) en lo referido al desconocimiento del
precedente judicial, la Sala encuentra que el escrito de tutela carece de
razones por las cuales considera que las autoridades judiciales
desconocieron el precedente de la Corte Constitucional sobre el tema de
los incrementos pensionales (…)”.

Al efecto, citó apartes de las sentencias cuestionadas y arguyó que “(…)
las decisiones judiciales atacadas negaron los incrementos perseguidos,
no porque la parte actora no tuviera derecho a ellos, sino porque no
fueron discutidos en sede administrativa. Bajo esa perspectiva, carece de
cualquier rigor el reproche formulado en tono al desconocimiento del
precedente constitucional (…)”.

18

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5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo
impugnó28 manifestando lo siguiente:

“[…] I. SUSTENTACION

1. La decisión impugnada declara que es IMPROCEDENTE la tutela
formulada por mi representado contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B.

Al respecto se puntualiza que, esta acción de tutela se instauró no
precisa y únicamente contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B; recayó contra las acciones y omisiones
fundantes, que violaron evidentemente los derechos
fundamentales constitucionales del tutelante y su cónyuge
beneficiaria, correspondientes al debido proceso, la seguridad
social integral en materia pensional y demás que resulten violados
por la acción y omisión de las correspondientes autoridades
públicas. Tales son:

1. Trámites procesales. Los distintos trámites a que fue sometido
aquel medio de control acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la primera y segunda instancia, en los cuales se violó
el debido proceso por vías de hecho por acción y por
omisión, la seguridad social integral en materia pensional
del accionante y su cónyuge beneficiaria, así como los
demás derechos fundamentales, concurrentes, violados o
amenazados, a saber:

1.1. Juzg. 17 Admin. Sección Seg. Oral de Bogotá, D. C.- Rad.
11001333501720180049500
1.2. Juzgado 9º Administrativo de Ibagué – Rad.
73001333300920210004800
1.3. Prim. inst. Tribunal Administrativo del Tolima - Rad. 73001-
23-33-000- 2021-00353-00
1.4. Seg. inst. Consejo de Estado-Secc. Seg.-Subs. B - Rad. 73001-
23-33-000-2021-00353-01 (5948-2023)

2. Sentencias, con las cuales se violaron los mismos derechos
fundamentales del tutelante y su cónyuge:

2.1. Prim. inst. Trib. Adm. del Tolima de 23/07/2023 - Rad. 73001-
23-33-000-2021-00353-00
2.2. Seg. inst. Cons. De Est. de 22/08/2024-Sec. Seg.-Subs. B.
Rad. 73001233300020210035301 (5948-2023)

(…)

28
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
19

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3. Bien sabemos que, las disposiciones marco de esta acción
constitucional son el artículo 86 ut supra y el Decreto 2591 de
1991, por el cual se reglamenta la misma, que en su artículo 6º
consagra taxativamente las causales de IMPROCEDENCIA de la
tutela de las cuales ninguna tiene cabida en este asunto y, por lo
mismo, en ninguna de ellas se soportó la decisión aquí impugnada.

(…)

6. Sustentamos en adelante, la postura de inconformidad con
aquellos temas, cimiento de la sentencia aquí impugnada:

(i) Acción de tutela contra providencia judicial.

No solamente contra alguna providencia judicial, sino contra la
actuación referida en los ítems iniciales que, en aquel medio de
control causó agravios a este accionante por acción y por omisión,
violando por lo tanto sus derechos fundamentales aquí definidos y
garantizados en la Constitución Política y, de lo cual se da
ampliamente cuenta en el libelo soporte de este medio excepcional.

(ii) Procedencia excepcional. Decreto 2591 de 1991, artículo
5º.

1. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley.
La protección de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito.

2. El dispendioso trámite a que se sometió el medio de control que
estriba esta tutela, es abultado y suficiente para determinar que si
existió una acción de las autoridades públicas por donde discurrió,
que desembocó en los agravios que aún persisten.

(…)

4. Luego, en este evento con suficiente razón tiene cabida esta
tutela de cara a la garantía constitucional de los derechos
fundamentales del debido proceso, la seguridad social pensional y
demás que se consideren violados, máxime cuando se trata de
personas o adultos mayores como aquí sucede.

(ii) No cumple el requisito de subsidiaridad y falta de
relevancia constitucional.

1. A falta de este requisito, no estipula a cuál medio idóneo se debe
acudir o se omitió por esta parte, para proteger el derecho violado
o amenazado, como lo ordena el mismo Decreto 2591 de 1991,
artículo 44. Contrario a esta postura, se acudió al medio idóneo y
único que para el caso es menester adelantar, ante la vía de hecho
de Colpensiones de expedir, sin más, las resoluciones blanco de la
NULIDAD impetrada contra estas y, en consecuencia, el
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO cercenado, inherente a la
20

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seguridad social en materia pensional de este accionante y su
cónyuge beneficiaria, NULIDAD que no fue decidida en las distintas
instancias del asunto cuyas radicaciones se señalan en
precedencia.

2. Cierto es, que en la sentencia de 13 de julio de 2023 del Tribunal
Administrativo del Tolima, confirmada por esa Corporación de
cierre de la jurisdicción contencioso administrativa en sentencia de
22 de agosto de 2024, omitió resolver la pretensión principal de
NULIDAD de los actos administrativos de Colpensiones, allí
cuestionados y expedidos en 2018; esta omisión que no se saneó
en este trámite de segunda instancia pese a haberse puesto de
presente, pasó a convertirse entonces en una acción o vía de hecho
agraviante del debido proceso, al paso que violó también el derecho
constitucional de la seguridad social pensional del tutelante.

3. En el libelo de esta acción se enlistan los defectos o agravios que
violan los derechos constitucionales fundamentales del accionante
garantizados por la Carta Magna (debido proceso, seguridad social
integral en materia pensional y demás que hayan sido violados),
motivantes de este medio excepcional, al paso se le cierran
también puertas o vías legales, conllevando a que sea esta tutela
un mecanismo transitorio, ya que el daño continúa tornándose
irreparable.

(…)

7. Además de lo anterior, sobre la relevancia constitucional
tenemos que, teniendo precisamente en cuenta que la misma
corresponde a un requisito esencial para la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, contrario sensu a lo esbozado sobre
el particular en el acto impugnado por cuanto bien precisado está
que, la presente tutela no está encaminada a atacar aquellas
decisiones de la justicia ordinaria como si se tratare de otra
instancia judicial, sino que cobija todo el recorrido judicial del
asunto que la estriba, el cual causó agravio por vías de hecho,
caprichosas por cierto, a los señalados derechos constitucionales
fundamentales del accionante. así se decanta en este acápite del
libelo de amparo constitucional:

(iv) Se acudió a la acción de tutela con el propósito de
reabrir la discusión definida y se pretende convertir la
acción de tutela en una instancia adicional del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Frente a esta apreciación se sustenta la correspondiente
impugnación, como sigue:

1. Está desvirtuado lo anterior, (i) precisamente con el compendio
de los hechos de esta tutela, bien definidos en el libelo, (ii)
evidentes en el expediente del medio de control requerido para los
fines de esta acción, el cual no tuvo eco ante la ausencia de
referencia a su examen, (ii) menos se requirió a Colpensiones el
expediente de Historia Laboral del accionante, el cual comprende
minuciosamente el arraigo total de su situación de seguridad social
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pensional, (iii) tampoco se vinculó entre otras entidades, a la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SFC, por obvias
e ineludibles razones constitucionales y legales especificadas en
una y otra acción, sobre lo cual se guardó silencio pese a haberse
puesto de manifiesto por esta parte el deber de hacerlo, (iv)
además, es sobre aquella Superintendencia que recae la
competencia para dirimir esta discusión financiera planteada por
Colpensiones a través de sus actos administrativos, los cuales ya
perdieron su vigencia como se especificó en el cuerpo del libelo
gestor de esta acción – CPACA, artículo 91-5.- (v) entidad aquella
responsable de vigilar, controlar y supervisar periódicamente, toda
la actividad desplegada por Colpensiones como entidad
administrativa financiera de carácter especial, todo lo cual hace
menester acudir a este medio excepcional constitucional y no por
los motivos arriba señalado.

(…)

7. Posteriormente, comienza[n] las consideraciones de manera
distinta a los temas de direccionamiento que planteó en su
encabezamiento, sobre los cuales gravitaría la decisión impugnada,
como sigue:

´17. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio
de fondo en la presente acción de tutela, por cuanto no cumple con
los requisitos generales de subsidiariedad, falta de incidencia de las
supuestas irregularidades procesales denunciadas en la demanda
en las decisiones judiciales adoptadas y ausencia de relevancia
constitucional´

Al respecto se sustenta que, sí ameritaba un estudio de fondo del
asunto dada la abundante magnitud del agravio a los derechos
constitucionales fundamentales del accionante, ampliamente
sustentada, puesta en evidencia y cotejable válidamente (…).

8. En cuanto a los requisitos generales de subsidiariedad, se
sustentó en precedencia que, se debió señalar cuáles dejaron de
cumplirse o debe acudir como protección alternativa, conforme lo
ordena el Decreto 2591 de 1991, artículo 44.

Respecto de la ´falta de incidencia de las supuestas irregularidades
procesales denunciadas en la demanda en las decisiones judiciales
adoptadas, como no hubo un estudio concienzudo y ausencia de
relevancia constitucional' la demanda da amplia y detallada cuenta
de los hechos relevantes de las irregularidades que son ciertas y,
por lo tanto, vías de hecho corroborables a través de los dos (2)
expedientes de que se da cuenta en los literales a) y b) precedentes
(…).

10. Bastó lo Primero, esto es, el examen documental, para
determinar que había lugar a declarar procedente esta tutela y, por
ende, sus pretensiones, pues el acervo suficiente del medio de
control y la Historia Laboral, conllevan a ello, a determinar que son
ciertos los hechos y, no era menester que esta parte elaborara
extensas y profundas elucubraciones, para el convencimiento de lo
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que ya estaba determinado como agravio al tutelante en sus
derechos constitucionales fundamentales; además, ‘En todo caso,
el Juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para
conceder o negar la tutela.´ Decreto 2591 de 1991, art. 21. Esto
hace imperativo fundar la sentencia de tutela en medios
probatorios.

(…)

II. PETICIONES

Primero. Que la instancia de conocimiento del trámite de esta
impugnación, revoque o reforme la sentencia aquí impugnada de
21 de enero de 2025 proferida por esa Corporación, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Segundo. Declarar la procedencia de la presente tutela en relación
con los derechos constitucionales fundamentales, garantizados en
la Constitución Política de Colombia, artículos 29 y 48, relacionados
con el debido proceso, la seguridad social en materia pensional y
demás que considere violados esa instancia de conocimiento de
esta impugnación, del tutelante Jorge Eduardo Murillo Calderón,
(…), por vías de hecho por acción y omisión de las autoridades
judiciales accionadas, conforme da cuenta la petición pertinente.

Tercero. En consecuencia, acceder o tener como válidas para su
cumplimiento las peticiones de reclamación al amparo
constitucional indicadas en el libelo pertinente.

Cuarto. Formular las demás declaraciones que sean del caso
señalar en la decisión de resolución de esta impugnación.

III. PRUEBAS

Peticiono tener como tales:

1. El libelo genitor de esta acción de tutela y el presente escrito de
impugnación.

2. Todo el expediente del medio de control de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, que reposa ahora en el Tribunal
Administrativo del Tolima, el cual debe ser requerido para los fines
de esta tutela e impugnación, cuyo trámite en general y sentencias
de primera y segunda instancia aquí tutelados, fue devuelto en
noviembre de 2024 a aquella Corporación luego de surtida la
segunda instancia, por el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso
Administrativo-Sección Segunda-Subsección B, cuya última
radicación de esta Corporación corresponde al N°
73001233300020210035301.

3. Requerir para los fines de esta tutela a la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones, con sede en Bogotá, D. C.,
remitir la totalidad del expediente o carpeta de Historia Laboral de
este tutelante.
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4. Demás que esa Corporación e instancia de impugnación, como
Juez Constitucional de esta acción, considere recaudar para los
fines de la misma […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del
escrito de impugnación).

5.2. Por auto proferido el 11 de marzo de 2025 se concedió la
impugnación29 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto
del 20 de marzo de 202530.

5.3. Por auto dictado el 9 de mayo de 2025, notificado el 13 de mayo de
2025, el despacho ponente de esta sentencia negó la solicitud de pruebas
formulada por la parte accionante en el escrito de impugnación31.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199132, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201533, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 34, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12

29
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
30
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 01.
31
Visto en los índices 4 y 7, respectivamente, de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 01.
32
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
33
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
34
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
24

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de marzo de 201935, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente36:

6.2.1. El señor Jorge Eduardo Murillo Calderón, actuando por conducto de
apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones,
pretendiendo lo siguiente:

“[…]

35
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
36
Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado nro. 73001 23 33 000
2021 00353 00/01. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
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[…]”

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá que, por auto del 12 de junio de

27

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2019 dispuso remitirla, en atención al factor territorial de competencia, a
los juzgados administrativos de Ibagué.

6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el señor Murillo Calderón
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación y el Juzgado
Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, en auto del 31 de julio
de 2019 resolvió (i) no reponer el auto del 12 de junio de 2019, (ii)
rechazar por improcedente la apelación y (iii) remitir el proceso a los
juzgados administrativos de Ibagué.

6.2.4. El señor Murillo Calderón, actuando por conducto de apoderado,
presentó recurso de reposición y en subsidio queja en contra de la
decisión anterior, por lo que el Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito de Bogotá en auto del 21 de agosto de 2019 dispuso (i) no dar
trámite al recurso de reposición, (ii) conceder el recurso de queja
presentado y (iii) remitir el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

6.2.5. Por auto del 5 de diciembre de 2019 la Subsección D, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca estimó
debidamente denegado el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte demandante en contra del auto proferido el 12 de
junio de 2019.

6.2.6. Teniendo en cuenta la anterior decisión, el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá, por auto del 4 de marzo de 2020
obedeció y cumplió lo resuelto por el tribunal y ordenó remitir el
expediente a los juzgados administrativos de Ibagué.

6.2.7. La demanda correspondió por nuevo reparto al Juzgado Noveno
Administrativo de Ibagué que, por auto del 11 de agosto de 2021 declaró
su falta de competencia para conocer el asunto y ordenó remitirlo al
Tribunal Administrativo del Tolima.

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6.2.8. Inconforme con la anterior decisión, el señor Murillo Calderón
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación y el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, por auto del 10 de
septiembre de 2021 los negó por improcedentes y ordenó remitir el
expediente al Tribunal Administrativo del Tolima.

6.2.9. El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 13 de julio
de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: DENEGAR las pretensiones tendientes a que se
declare la nulidad de la orden de reintegro de los dineros recibidos
por concepto de pensión de jubilación al señor JORGE ENRIQUE
MURILLO CALDERON contenida en las resoluciones Nos.
Resoluciones Nos. SUB-2018-205161 del 1 de agosto de 2018, SUB
241704 del 14 de septiembre de 2018 y DIR 18097 del 9 de octubre
de 2018 expedidas por la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones y a que se continuara, de manera ininterrumpida,
con el pago de sus mesadas pensionales, de acuerdo con lo
expuesto en parte motiva de esta providencia.

Segundo: INHIBIRSE de resolver las pretensiones dirigidas a que
a) Salud Total EPS no reintegre valores por concepto de aportes
en el periodo en el que se devengó simultáneamente pensión y
salario, por carecer de legitimación en la causa por activa, b) se
reanude el pago de la mesada catorce (14) al no acreditar el
agotamiento de la actuación administrativa, y c) se reconozca el
incremento del 14% de la pensión de vejez por la dependencia
económica de la cónyuge, al no haberse demandado los actos
administrativos que resolvieron sobre el particular, conforme
quedó esbozado en parte considerativa.

Tercero: CONDENAR en costas a la parte actora, conforme lo
dispone el artículo 188 del C.P.A.C.A., siempre que en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación, para lo cual se fija la suma equivalente al 4% del
valor total de las pretensiones de la demanda, por concepto de
agencias en derecho a favor de la entidad demandada, y se ordena
que por la Secretaría de este Tribunal se realice la correspondiente
liquidación en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso.

Cuarto: COMPULSAR copias de las presentes diligencias a la
Fiscalía General de la Nación, con el fin que determine si existen
conductas constitutivas de delito por parte del señor JORGE
ENRIQUE MURILLO CALDERON, conforme se indicó en parte
considerativa de esta providencia […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales de la providencia).

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6.2.10. Inconforme con la decisión anterior, el señor Murillo Calderón
interpuso recurso de apelación y la Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia del 22 de agosto de 2024 la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo
de Estado, en fallo de primera instancia proferido el 21 de febrero de 2025
declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no cumplía
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales correspondientes a la subsidiariedad y a la
relevancia constitucional.

Sin embargo, en las consideraciones, al estudiar el requisito de
subsidiariedad precisó que “la Sala encuentra satisfecha tal exigencia” y
posteriormente, sostuvo que la parte actora busca que el juez de tutela
realice un nuevo análisis respecto a la compatibilidad entre la prestación
pensional y el salario que percibió el accionante como servidor público, lo
que, advirtió, ya fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima y
la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado en las sentencias
dictadas en el proceso ordinario objeto de debate en esta sede
constitucional. Por lo tanto, la declaratoria de improcedencia del a quo se
fundamentó, realmente, en la falta de cumplimiento del requisito general
de procedencia de relevancia constitucional y no en la ausencia de
subsidiariedad.

A su turno, el accionante en su escrito de impugnación, frente a la
improcedencia por la supuesta falta de subsidiariedad, advirtió que el a
quo no determinó cuál era el medio de defensa idóneo al que debía acudir
el hoy accionante para proteger sus derechos fundamentales que estima
vulnerados.

Posteriormente, en cuanto a la ausencia de relevancia constitucional alegó
que “teniendo precisamente en cuenta que la misma corresponde a un
requisito esencial para la procedencia de la tutela contra providencias
30

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judiciales, contrario sensu a lo esbozado sobre el particular en el acto
impugnado por cuanto bien precisado está que, la presente tutela no está
encaminada a atacar aquellas decisiones de la justicia ordinaria como si
se tratare de otra instancia judicial, sino que cobija todo el recorrido
judicial del asunto que la estriba, el cual causó agravio por vías de hecho,
caprichosas por cierto, a los señalados derechos constitucionales
fundamentales del accionante” 37. Al respecto, señaló que “la demanda da
amplia y detallada cuenta de los hechos relevantes de las irregularidades
que son ciertas y, por lo tanto, vías de hecho corroborables a través de
los dos (2) expedientes de que se da cuenta en los literales a) y b)
precedentes”38.

En ese sentido, y conforme lo que es motivo de impugnación, la Sala
considera necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos
expuestos por el accionante en el escrito de tutela y analizados en el fallo
de primera instancia, se reúne el requisito general de relevancia
constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para
luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional39

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en

37
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
38
Ibidem.
39
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
31

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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”40.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades41:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia42. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la

40
Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
41
Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de
2022.
42
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
32

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acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
analizará el tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que43 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”. (Se
destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia

43
Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
33

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adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”.

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento, esto es,
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, el accionante
pretende reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que sus inconformidades están
encaminadas a controvertir lo decidido por el juez natural de la causa, en
tanto que alega que, “(…) el Tribunal Administrativo del Tolima y el
Consejo de Estado, soportan sus sentencias de primero y segundo grado,
respectivamente, en disposiciones derogadas que no son marco de la
seguridad social pensional y, por lo mismo, no aplican al derecho
pensional de este accionante, porque para el mismo rigió, se itera, el
Decreto Ley Especial 546 de 1971, de mayor entidad o rango y, bajo cuyo
régimen se causó su pensión el 26 de febrero de 2008 y se reconoció en
2010, disposición destinada a los servidores de la Rama Judicial y el
Ministerio Público, que en ninguno de sus artículos ni de la Ley 100 de
1993, ordenan que quien causa la pensión de vejez no puede devengarla

34

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durante su desempeño laboral o que debe abandonar este para que pueda
disfrutarla (…)”44.

En igual sentido, aseveró que “(…) los recursos del fondo con que paga
las pensiones no son PATRIMONIO ESTATAL, tampoco PATRIMONIO de
Colpensiones, como estipulan las normas tantas veces citadas en aquel
medio de control, las cuales determinan su creación, objeto, finalidad y
conformación de su patrimonio dentro del cual no están comprendidos
aquellos recursos, los cuales tiene a disposición para su administración en
el pago de las pensiones y en el comercio financiero que es generalmente
el propósito de aquella entidad. Luego, están en oposición a lo
determinado como erario o Tesoro Público, puesto que Colpensiones no
guarda, ni salvaguarda FONDOS PUBLICOS NACIONALES,
DEPARTAMENTALES, NI MUNICIPALES, de los que deba tomar el pago de
esta pensión de vejez (…)”45.

Adicionalmente, insistió en que “(…) en las sentencias de 13 de julio de
2023 y 22 de agosto de 2024 de primera y segunda instancia del Tribunal
Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, respectivamente, no se
decidió la pretensión principal que fue la nulidad de los actos
administrativos de Colpensiones: Resoluciones SUB 2018-205161 de 01
de agosto de 2018, SUB 241704 de 14 de septiembre de 2018 y DIR
18097 de 09 de octubre de 201, pese a los hechos y motivos claramente
esbozados (…)” 46.

Finalmente, frente a las pretensiones de la demanda ordinaria orientadas
a la reanudación del pago de la mesada 14 y al incremento de la pensión
de vejez en un 14%, reiteró que las sentencias que pusieron fin al proceso
se inhibieron de resolver dichas pretensiones.

44
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00406 00.
45
Ibidem.
46
Ibidem.
35

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Al respecto, la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la sentencia de segunda instancia acusada, explicó lo siguiente47:

“[…] El a quo negó las súplicas de la demanda al considerar que los
recursos cuyo manejo está a cargo de Colpensiones tienen la
connotación de ser públicos, y más en el sub judice donde los
aportes que dieron lugar a su reconocimiento lo fueron por servicios
prestados exclusivamente en una entidad de orden público (Rama
Judicial), y consideró que no es cierto que los dineros percibidos por
concepto de pensión no devienen del erario; por lo que, es evidente
que se presenta la incompatibilidad consagrada en la norma
superior; y por ende, es procedente que la entidad demandada
hubiera suspendido el pago de la mesada pensional hasta que se
acreditara el retiro definitivo del servicio.

Ahora bien, de conformidad con los precedentes normativos y
jurisprudenciales en armonía con los medios de prueba avizorados
en el proceso, la Sala precisa que la decisión del Tribunal fue
acertada, toda vez que se pudo verificar que en el sub judice se
presenta la incompatibilidad consagrada en el canon 128 de la carta
política, toda vez que Jorge Eduardo Murillo Calderón percibió salario
y pensión simultáneamente, mientras se desempeñaba como
Secretario Grado 10 en el Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo
Tolima desde el 5 marzo de 1991.

Esto es así, dado que el Juzgado Segundo Civil del Circuito del
Guamo, mediante fallo de tutela, ordenó al ISS reconocer la pensión
de jubilación al actor con la condición de que debía ejercer tal
derecho una vez estuviera desvinculado del servicio como Secretario
del Juzgado Promiscuo de Familia. Condicionamiento que, a la
postre, fue reiterado por el estrado judicial Cuarto Administrativo de
Descongestión de Ibagué, que le reconoció de manera definitiva la
prestación con la salvedad de que el pago de las mesadas quedaba
supeditado al retiro efectivo del servicio.

Sin embargo, pese a tales limitaciones, el señor Murillo Calderón
hizo caso omiso, y, por el contrario, continuó percibiendo pensión y
salario como servidor público de la Rama Judicial. En suma, conocía
el contenido de los actos administrativos, pues fue notificado por
Colpensiones desde el momento en que le fue otorgada la pensión
de jubilación.

(…)

En este sentido, los motivos de disenso del apelante fueron
desvirtuados con lo expuesto en precedencia luego que percibir
simultáneamente salario y pensión de jubilación del accionante se
constituye en un quebrantamiento directo del artículo 128
constitucional.

47
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 23 33 000 2021 00353 01.
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Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón

(…)

Con referencia a la solicitud de pago por la mesada catorce, así como
del incremento del 14% de la pensión de vejez por la dependencia
económica de la cónyuge, no hay lugar a pronunciarse en vista que
no solicitó a la entidad demandada dichos reajustes y por
consiguiente no se vieron reflejados en los actos administrativos
censurados.

Condensando lo anterior, la Sala precisa que la decisión del Tribunal
fue acertada, toda vez que existe incompatibilidad entre la pensión
y el salario otorgados al demandante por Colpensiones, pues la
naturaleza de la Rama Judicial quien efectuó las cotizaciones es de
carácter público; y, por ende, hacen parte del tesoro público.
Motivos suficientes para que la sentencia apelada se confirme,
excepto la sentencia en costas que se revoca […]”. (Se destaca).

Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ordinario para (i) seguir cuestionando los fundamentos expuestos por el
juez natural de la causa, (ii) insistir en que no hay incompatibilidad entre
la pensión percibida por parte de Colpensiones y el salario devengado
proveniente de su vinculación a la Rama Judicial, y (iii) reiterar que había
lugar a pronunciarse sobre las demás pretensiones planteadas en la
demanda ordinaria frente a la reanudación del pago de la mesada 14 y el
incremento de la pensión en un 14%, reproches ya fueron resueltos en
ambas instancias del proceso, por lo que acorde con la jurisprudencia
constitucional aludida en precedencia, la tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
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Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón

hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.

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Accionante: Jorge Eduardo Murillo Calderón

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente
por cuanto no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, por lo que se confirmará el fallo proferido el 21 de febrero
de 2025 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 21 de febrero de
2025 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, según
lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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