Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00437-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00437-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00437-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00437-00
Accionante: Constructora EPIC S.A.S
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de Competencia.
Subsidiariedad de la Acción de Tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala1 decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la
Sociedad CONSTRUCTORA EPIC SAS contra el Tribunal Administrativo del
Quindío y el Juzgado 7 Administrativo de Armenia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
2. El 20 de febrero de 2025, la Sociedad CONSTRUCTORA EPIC SAS, actuando
a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Quindío y el Juzgado 7 Administrativo de Armenia, por la presunta vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de los Autos de 18 de
septiembre de 2024, Rad. 63001-23-33-000-2023-00034-00, y 10 de diciembre
2024, Rad. 63001-33-33-007-2024-00317-00, respectivamente. A título de amparo
constitucional, la parte actora solicitó:
“1. Solicito respetuosamente Tutelar el Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO,
que fuera vulnerado a la sociedad CONSTRUCTORA EPIC S.A.S, identificada con el
NIT. 816006765-3, (…) por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia
y por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del Medio de Control de NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, radicado No. 630012333000 20230003400
y posteriormente radicado No 630013333007 20240031700.
2.Se ordene al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia (Quindío),
declarar la Nulidad de todo lo actuado dentro del proceso radicado No.
63001333300720240031700, por carecer de competencia para conocer del medio de
control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, tantas veces referido.
3.Se ordene al Tribunal Administrativo del Quindío, declarar la Nulidad del Auto
calendado el 18 de septiembre de 2024, y en su lugar, realice el estudio que
corresponda para efectos de dictar Sentencia de Primera Instancia dentro del medio de
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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Accionante: Verónica Peña Ruíz
control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, radicado No.
63001233300020230003400.
4.Se ordene al Tribunal Administrativo del Quindío, en caso de considerarlo necesario,
que enerve el conflicto de competencia correspondiente, para que sea el Honorable
Consejo de Estado, el que determine a qué Despacho Judicial le corresponde el
conocimiento del medio de control instaurado por la sociedad CONSTRUCTORA EPIC
S.A.S., identificada con el NIT. 816006765-3.
5.De considerarlo procedente, se compulsen copias ante la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, a efectos que se estudie la conducta desplegada por el Juez
Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia y por el Magistrado titular del Despacho
Segundo del Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío.
6.Ejercer las facultades ultra y extra petita, para hacer efectivo e integral el fallo de su
señoría.
7. En el momento oportuno se condene a los accionantes al pago de las costas del
presente proceso”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron
identificados los siguiente:
4. La CONSTRUCTORA EPIC SAS solicitó a la Corporación Autónoma Regional
del Quindío (CRQ) un permiso de vertimiento sobre 115 parcelaciones en la vereda
El Congal – La Macarena del municipio de Circasia, para el predio llamado
“ENTREMADEROS”.
5. El 17 de marzo de 2022, la Subdirección de Regulación y Control Ambiental
de la CRQ negó los 115 permisos de vertimientos de aguas residuales, entre otros,
porque (1) la parcelación no dio cumplimiento a la Resolución núm. 041 de 1996 del
INCORA, (2) la licencia de parcelación se otorgó sobre la finca la Macarena (se
trataba de una vivienda campesina para 10 personas) y no para 115 viviendas, y (3)
algunos predios se encontraban en zona de protección hídrica.
6. Contra esta decisión, la CONSTRUCTORA EPIC SAS interpuso el recurso de
reposición, argumentando, entre otras, cosas la inexistencia de aguas subterráneas
en el predio y la falta de competencia de la CRQ para pronunciarse sobre la licencia
de parcelación entregada por el municipio de Circasia. Las decisiones recurridas
fueron confirmadas por la mencionada autoridad ambiental.
7. Por lo anterior, la sociedad presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la CRQ, la cual fue admitida mediante Auto de 6 de julio de 2023
del Tribunal Administrativo del Quindío. Dicha corporación adelantó el proceso hasta
la presentación de alegatos de conclusión.
8. Mediante Auto de 18 de septiembre de 2024, el Tribunal declaró la falta de
competencia por factor funcional y ordenó remitir el expediente, para reparto, en los
juzgados administrativos de Armenia. La autoridad judicial manifestó que para cada
acto administrativo debía establecerse la cuantía de forma independiente, por lo que
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la suma total estimada en el medio de control por la demandante debía dividirse
entre todos los actos administrativos que demandaba.
9. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado 7 Administrativo de Armenia,
que, el 30 de septiembre de 2024, profirió sentencia en la que negó las pretensiones
de la demanda. Para ese despacho, las resoluciones fueron emitidas en el marco
de las competencias dadas por la ley a la CRQ.
10. El 2 de octubre de 2024, la sociedad radicó un incidente de nulidad, en el que
invocó la causal del numeral 7 del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012 (CGP), esto
es, “[c]uando la sentencia sea profiera por un juez distinto del que escuchó los
alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación”. En ese orden,
alegó que el Juzgado 7 Administrativo de Armenia (1) fue un despacho distinto del
que escuchó y conoció los alegatos de conclusión y (2) no tenía competencia para
decidir de fondo, pues avocó el proceso excediendo la cuantía que le corresponde,
razón por la cual debió plantear un conflicto de competencia.
11. El 10 de diciembre de 2024, el Juzgado 7 Administrativo de Armenia negó
la solicitud de nulidad, tras señalar que la causal invocada no era aplicable al caso,
ya que el tribunal “ordenó correr traslado a las partes por el término de diez (10)
días, para que presentarán sus alegatos por escrito”, y no para que presentaran
alegatos de forma verbal, ya que no existió una audiencia. Además, se ratificó en
su competencia, en cuanto a que cada acto administrativo atacado era el que
determinaría la misma. Por último, señaló que un eventual conflicto de
competencias no tendría vocación de prosperar.
12. El 15 de octubre de 2024, la sociedad presentó recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia del Juzgado 7 Administrativo de Armenia, sin
que a la fecha de la presentación de la acción de tutela se hubiera decidido.
13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora, luego de hacer un
resumen de lo que el debido proceso implica en el ámbito judicial y administrativo,
agregó que el Juzgado 7 Administrativo de Armenia no tenía la competencia para
decidir de fondo el asunto, debido al factor objetivo y, en consecuencia, dicha
autoridad debió proponer un conflicto negativo de competencia.
14. Manifestó que el juzgado no debió decidir el proceso en primera instancia,
porque los alegatos de conclusión habían sido presentados ante el tribunal.
Asimismo, cuestionó el poco tiempo que tardó ese despacho en proferir la
sentencia.
15. Frente a los argumentos del juzgado para negar la solicitud de nulidad, adujo
que debía aplicarse el principio de analogía, para entender que los alegatos de
conclusión debían ser analizados y estudiados por el juez que los recibió por escrito.
Por último, sostuvo que se desconoció el principio de economía procesal, al
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determinar/discriminar la cuantía de cada uno de los actos administrativos
demandados.
1.2. Actuaciones procesales
16. Mediante Auto de 20 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela de la
referencia; se ordenó su notificación, como autoridades accionadas, al Juzgado 7
Administrativo de Armenia y al Tribunal Administrativo del Quindío y, como tercero
con interés en el proceso, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ).
1.3. Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo del Quindío indicó que la solicitud no tiene
relevancia constitucional, ya que se trata de un asunto de mera legalidad. Señaló
que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues no presento recursos
frente al auto que remitió el asunto a los juzgados administrativos de Armenia por
falta de competencia, decisión que estuvo soportada en el artículo 157 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA).
18. El Juzgado 7 Administrativo de Armenia manifestó que la acción de tutela
no cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que el accionante no interpuso
recursos frente al Auto de 18 de septiembre de 2024, que decreto la falta de
competencia del Tribunal Administrativo del Quindío, pretendiendo revivir
actuaciones procesales que ya están en firme.
19. Dice además que, al momento de llegar el proceso al despacho, ya se habían
presentado los alegatos de conclusión y no era necesario que se corriera traslado
nuevamente. Resaltó que la accionante interpuso recurso de apelación frente a la
sentencia de primera instancia y aun no se ha decidido.
20. La Corporación Autónoma del Quindío sostuvo que la accionante tuvo la
oportunidad de controvertir todas las decisiones que se dicen vulneraron derechos,
por lo que no existe vulneración.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Cuestión previa
21. La Sala estima necesario aclarar que, si bien es cierto el Auto de 10 de
diciembre de 2024, Rad. 63001-33-33-007-2024-00317-00, no fue enjuiciado
expresamente en las pretensiones de la acción de tutela, también lo es que, con
ocasión de la solicitud de que se ordene al juzgado que declare la nulidad de todo
lo actuado inclusive la sentencia de primer grado, no queda duda de que aquella
providencia también se cuestiona por la parte actora. En ese orden de ideas, el
estudio del caso se referirá a los Autos de 18 de septiembre de 2024, Rad. 63001-
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Accionante: Verónica Peña Ruíz
23-33-000-2023-00034-00, y 10 de diciembre 2024, Rad. 63001-33-33-007-2024-
00317-00.
2.2. Problema jurídico
22. Consiste en esclarecer, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumplió con los requisitos generales de procedibilidad para controvertir los Autos de
18 de septiembre de 2024, Rad. 63001-23-33-000-2023-00034-00, del Tribunal
Administrativo del Quindío y de 10 de diciembre 2024, Rad. 63001-33-33-007-2024-
00317-00, del Juzgado 7 Administrativo de Armenia. En caso afirmativo, se
analizará, en segundo lugar, si dicha providencia judicial vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la sociedad accionante.
2.3. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
23. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por
el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las siguientes razones:
24. Una vez revisados los documentos aportados al proceso, así como los
registros del aplicativo de gestión judicial SAMAI, logró advertiste que contra los
Autos de 18 de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Quindío y 10 de
diciembre de 2024 del Juzgado Administrativo de Armenia, debidamente
notificados, el 19 de septiembre y 11 de diciembre de 2024, la parte actora no
presentó recurso alguno, pese a que era procedente, de conformidad con el artículo
242 del CPACA2, el recurso de reposición contra aquellas decisiones.
25. En ese orden, al no haber hecho uso de los mecanismos judiciales, la
sociedad accionante no puso en funcionamiento todo el andamiaje de defensa que
tenía a su disposición, dejando de lado la respectiva oportunidad procesal para
defender su posición. En otras palabras, la CONSTRUCTORA EPIC SAS contaba
con mecanismos judiciales que no fueron utilizados.
26. Lo anterior, tiene sustento en que la acción de tutela no constituye una
herramienta para revivir discusiones que debieron haberse surtido en etapas del
proceso ni, mucho menos, para corregir yerros u omisiones de las partes, pues,
dada su naturaleza especial y excepcional, para la procedencia de este mecanismo
constitucional de defensa de garantías constitucionales, resulta necesario el
cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, el de subsidiariedad, tal como lo
disponen los artículos 86 de la Constitución Política y 6.1 de Decreto 2591 de 1991.
27. Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que la parte actora no
justificó de forma alguna las razones por las cuales no hizo uso de los mecanismos
judiciales disponibles.
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“El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00523-00
Accionante: Verónica Peña Ruíz
28. Finalmente, en lo que respecta a la remisión de copias a la autoridades
penales y disciplinarias, la Sala recuerda a la parte actora que la acción de tutela no
es el mecanismo adecuado para encausar este tipo actuaciones y/o investigaciones,
y, en ese orden, se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno sobre dicha
petición.
2.4. Conclusión
29. La Sala procederá a declarar la improcedencia de la acción de tutela
presentada por la CONSTRUCTORA EPIC SAS por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad y, en consecuencia, se abstendrá de estudiar los demás requisitos
de procedibilidad, así como el fondo del asunto.
En mérito de lo expuesto, la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedente de la acción de tutela interpuesta por la
Sociedad CONSTRUCTORA EPIC SAS en contra contra el Tribunal Administrativo
de Quindío y el Juzgado 7 Administrativo de Armenia, de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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