Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00523-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00523-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00523-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00523-00
Accionante: Verónica Peña Ruíz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad. Adecuación del
medio de control. Improcedencia. Falta de identificación
razonable de hechos y vulneración
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala1 decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por
Verónica Peña Ruíz contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
2. El 3 de febrero de 2025, Verónica Peña Ruiz, en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por
la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, al proferir las
Sentencias de 4 de marzo de 2022 y 13 de agosto de 2024, respectivamente, en el
proceso No. 25000-23-36-000-2019-00747-00/01.
3. El escrito de tutela no precisó un acápite de pretensiones, no obstante, la Sala,
a partir de la lectura de la solicitud de amparo, entendió que lo pretendido fue que
se dejaran sin efectos las actuaciones realizadas dentro del proceso No. 25000-23-
36-000-2019-00747-00/01, desde la Sentencia de 13 de agosto de 2024 del Consejo
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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Accionante: Verónica Peña Ruíz
de Estado, Sección Tercera, Subsección y, en su lugar, se restablezcan sus
derechos como propietaria del vehículo de placas SUB161.
4. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron
identificados los siguiente:
5. Verónica Peña Ruiz manifestó ser dueña del vehículo de placas SUB161 e
inició el trámite para su chatarrización el 18 de agosto de 2016.
6. Dicho trámite fue suspendido, mediante Oficio MT20164020538081 de 26 de
diciembre de 2016 del Ministerio de Transporte – Grupo de Reposición Vehicular,
bajo el argumento según el cual existía una denuncia penal por falsedad documental
en la Fiscalía 12 Local de Neiva, que afectaba la falta de certeza sobre la titularidad
del bien.
7. A pesar de varias solicitudes al Ministerio de Transporte – Grupo de reposición
vehicular, el vehículo no le fue entregado a la señora Peña Ruiz, por lo que decide
interponer medio de control de reparación directa el 24 de octubre de 2019 en contra
de la Nación – Ministerio de Transporte.
8. Mediante Sentencia de 4 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la
demanda, por no encontrar probado el daño antijuridico alegado.
9. Contra esa decisión, la señora Peña Ruiz presentó recurso de apelación, en el
que argumentó que sí existió un daño antijuridico al haber retenido el vehículo y
suspender el trámite de chatarrización, lo que dio lugar a lugar a la configuración de
una vía de hecho. Resaltó que no hubo orden judicial que permitiera la retención del
vehículo.
10. El 13 de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, revocó la decisión de primera instancia y declaró la caducidad del medio de
control. Para ello, la autoridad judicial indicó que el medio de control era el de la
nulidad y el restablecimiento de derecho, porque a pesar de no existir un acto
administrativo que pusiera fin al procedimiento, fue el Oficio MT20164020538081
de 26 de diciembre de 20162 del Ministerio de Transporte – Grupo de Reposición
Vehicular, el acto que afectó el derecho o situación particular de la parte
demandante, siendo susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En ese orden de ideas, el término de caducidad era de
4 meses3 y, en consecuencia, el medio de control caducó el 1 de mayo de 2017,
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Es importante recordar que mediante esta comunicación el ministerio le informa a la señora Peña Ruiz que suspenderá el
trámite de chatarrización.
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Según el numeral 2 del literal d del artículo 164 del CPACA.
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siendo extemporáneas la solicitud de conciliación (11 de marzo de 2019) y la
presentación de la demanda (24 de octubre de 2019).
11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora manifestó que el
término de caducidad se “interrumpió” con la radicación de la solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Señaló que
dicho aspecto había sido objeto de pronunciamiento del Tribunal, en primera
instancia, debido a que el Ministerio de Transportes lo formuló como excepción.
12. Agregó que el juez de la responsabilidad de primera instancia valoró
indebidamente la denuncia penal por falsedad documental, al darle importancia a la
misma, a pesar de que no existía condena, ni decisión judicial al respecto.
13. Adujo que no existió un acto que decretara la suspensión del proceso de
chatarrización por parte del Ministerio de Transporte – Grupo de Reposición
Vehicular, ya que dicha autoridad administrativa solo emitió el Oficio
MY20164020538081 de 26 de diciembre de 2016, en el que informó sobre la misma.
14. Señaló que no se evidenció una orden de autoridad judicial competente que
ordenará la retención del vehículo, así como el hecho de que el Ministerio de
Transporte no tenía facultades de policía judicial para ello, razón por la cual estimó
que ello condujo a una expropiación del vehículo de manera ilegal.
1.2. Actuaciones procesales
15. Mediante Auto de 10 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó su notificación a los magistrados del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, así como a Nación-Ministerio de Transporte, y a la
Unión Temporal SCT MERL SAS, como terceros con interés directo en el proceso.
1.3. Intervenciones
16. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, manifestó que la acción de tutela
era improcedente, ya que el asunto no tenía relevancia constitucional. Señaló que
la sentencia enjuiciada tuvo en cuenta los lineamientos legales y jurisprudenciales
aplicables al caso, razón por la cual advirtió que lo pretendido por la parte actora no
fue otra cosa que reabrir el debate ya concluido, contrariando el fin de la acción de
tutela.
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, indicó que la accionada no formuló un cargo específico para la
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vulneración de los derechos invocados, pues la señora Peña Ruiz se limitó a alegar
que no hubo caducidad del medio de control y que este aspecto ya había sido
discutido en primera instancia. Resaltó que, la segunda instancia realizó un examen
juicioso de los hechos y del material probatorio. Por último, mencionó, frente al
requisito de relevancia constitucional, que, en este caso, se pretendió reabrir el
debate a modo de tercera instancia, sin evidenciar argumentos de donde se infiera
la relevancia constitucional.
18. El Ministerio de Transporte y la Unión Temporal SCT MERL SAS, pese a
que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Cuestión previa
19. Si bien la acción de tutela se dirigió contra las decisiones proferidas en
primera y segunda instancia, de 4 de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y 13 de agosto de 2024, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual revocó la
decisión anterior y declaró la caducidad del medio de control; lo cierto es que fue
esta última autoridad judicial la que definió el asunto objeto de controversia. Por
ende, el análisis de la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados
recaerá sobre el pronunciamiento de segundo grado.
2.2. Problema jurídico
20. Consiste en esclarecer, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumplió con los requisitos generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia
de 13 de agosto de 2024, Rad. 25000-23-36-000-2019-00747-01 del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A. En caso afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, di dicha providencia judicial vulneró el derecho fundamental al
debido proceso de la accionante.
2.3. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
21. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia,
por no satisfacer el requisito de identificación razonable de hechos y vulneración,
como pasa a explicarse:
22. La señora Peña Ruiz, en su escrito de tutela, no hizo un reparo claro y directo
de cómo la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos fundamentales.
La parte actora no desarrolló argumentos sólidos contra la decisión de
modificar/adecuar el medio de control y, consecuencialmente, aplicar el respectivo
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término de caducidad. Por el contrario, se limitó a insistir en la indebida valoración
de la denuncia penal, la ausencia de orden de autoridad competente para retener el
vehículo y la suspensión del término de caducidad con la presentación de la solicitud
de conciliación extrajudicial, todo ellos, reparos que enjuiciaron de forma alguna la
decisión del juez de la responsabilidad en segunda instancia, pues incluso los 2
primeros tuvieron relación con la prueba del daño antijuridico. Debe resaltarse que
estos mismos argumentos fueron expuestos en el recurso de segunda instancia.
23. Aunado a ello, pese a que la accionante alegó la inexistencia de acto de
suspensión del procedimiento de chatarrización por parte del Ministerio de
Trasporte, lo cierto fue que nada señaló en relación con la posibilidad de demandar,
en nulidad y restablecimiento del derecho, el Oficio MT20164020538081 de 26 de
diciembre de 2016.
24. Asimismo, no puede pasarse por alto que los reparos plateados no se
enmarcaron en uno o varios de los defectos y/o requisitos específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Lo que lleva a
considerar a la Sala que lo pretendido con la presente solicitud de amparo no fue
otra cosa que reabrir un debate ya zanjado, a partir de la desavenencia de la parte
actora con lo decidido por el juez natural de la causa, lo cual rompe de plano con el
propósito de defensa inmediata de derechos fundamentales que tiene este
mecanismo de constitucional.
25. En ese orden, la acción de tutela de la referencia no cumplió con el requisito
de procedibilidad de identificar de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y la vulneración en sí misma, pues el juez constitucional, de ninguna
manera, puede usurpar la competencia del juez natural a la hora de analizar casos
de presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, en el marco de acción de
tutela contra providencia judicial. La sola existencia de una diferencia interpretativa
entre la accionante y el juez natural, no es por si sola una razón para que el juez de
tutela intervenga en el debate judicial.
2.4. Conclusión
26. La Sala procederá a declarar la improcedencia de la acción de tutela
presentada por Verónica Peña Ruiz, por no cumplir con el requisito de identificación
razonable de hechos y vulneración, y, en consecuencia, se abstendrá de estudiar
los demás requisitos de procedibilidad, así como el fondo del asunto.
En mérito de lo expuesto, la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
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Accionante: Verónica Peña Ruíz
3. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedente de la acción de tutela interpuesta por
Verónica Peña Ruiz en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de
acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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