Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00445-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00445-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00445-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00445-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
2 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: LINA CONSUELO ARISMENDY CÁRDENAS Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA– Se declara improcedente el mecanismo de
amparo por no cumplir con los requisitos generales de subsidiariedad y
legitimación en la causa por activa.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por los accionantes contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Agencia Nacional de Minería,
Carbones El Alizal S.A.S., la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el
Municipio de Socha.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los señores Lina Consuelo Arismendy Cárdenas, José Abdenago Vargas Rincón,
Rigoberto Sánchez Zarate y Jairo Sánchez solicitaron, el amparo de sus derechos
fundamentales al “[…] derecho e interés colectivo de la participación en materia
ambiental, a la salud, al agua potable, la seguridad alimentaria, de vida digna y
ambiente sano por la conexidad con el reconocimiento del campesino como sujeto
de derechos y de especial protección […]”, cuya vulneración le atribuyeron a las
actividades mineras en el páramo de Pisba y a la providencia de 13 de agosto de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos con el número de radicación
15001-23-33-000-2014-00223-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de esta acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
2.1. Manifestaron que la Defensoría Regional del Pueblo del Departamento de Boyacá
promovió el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
núm. 15001-23-33-000-2014-00223-00/01 contra la Sociedad Carbones Andino
S.A.S., la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Agencia Nacional de
Minería y del Municipio de Socha.
2.2. Indicaronque el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Boyacá, autoridad judicial que, mediante providencia de 21 de
marzo de 2017, amparó los derechos colectivos.
2.3. Refirieron que contra la decisión anterior se interpuso recurso de apelación y la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 19 de diciembre de
2018, modificó la decisión de primera instancia.
2.4. Adujeron que en el ordinal sexto de la sentencia de 19 de diciembre de 2018 se
dispuso lo siguiente:
“[…] SEXTO. ORDENAR a la sociedad Carbones Andinos S.A.S.,
ABSTENERSE de desarrollar actividades de explotación de carbón, en el
polígono al que se refiere la concesión No. FGD- 141, hasta tanto dicho
proyecto cuente con una licencia ambiental otorgada con base en el PТО,
aprobado mediante Resolución GTRN - 357 de 28 de octubre de 2010; Y,
asimismo, cumpla con los mecanismos de control de impactos ambientales, a
los que se refiere el auto 1058 de 9 de junio de 2014, expedido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá., al tenor de lo previsto por los
artículos 85, 197, 200, 204 у 207 del Código de Minas. […]”. [Negrilla y
mayúscula original del texto]
2.5. Señalaronque, mediante providencia de 13 de agosto de 2024, el Tribunal
Administrativo de Boyacá dispuso lo siguiente:
“[…] 1.- DECLARAR el cumplimiento de la orden contenida en el numeral sexto
de la sentencia del 21 de marzo de 2017 proferida por este Tribunal, modificada
y confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 19 de diciembre
de 2018.
2.- Por consiguiente, una vez en firme la presente providencia, LEVANTAR la
suspensión de la actividad de explotación de carbón, en el polígono al que se
refiere la concesión No. FGD-141. […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]
2.6. Adujeron que la providencia citada supra es contraria a la Ley 1382 de 9 de
febrero de 20101 y la sentencia de la Corte Constitucional C-273 de 12 de abril de
2011, las cuales establecen que “[…] no se pueden realizar trabajos de exploración
y explotación minera en zonas que hayan sido declaradas y delimitadas como de
protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente […]”.
1
"POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 685 DE 2001 CODIGO DE MINAS".
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
2.7. Señalaron que el sector El Aizal es una zona con afluentes hídricas que utilizan
para su consumo y sus actividades de agricultura.
2.8. Indicaron que la actividad minera en la región ha crecido en forma acelerada y
descontrolada afectado las fuentes hídricas de la comunidad.
2.9. Adujeron que el “[...] municipio de Socha cuenta con un área de 14.983,5 de
hectáreas, el cual, 9.318,5 se encuentran dentro del complejo del páramo de Pisba
[…] además, el área del páramo, se traslapa, con el área del Parque Natural
Nacional de Pisba y con el AICA- PNN Pisba […]”.
2.10. Precisaron que vienen trabajando junto a Parques Nacionales Naturales de
Colombia en “[…] proyectos de conservación y restauración ecológica dentro y
fuera del Parque Nacional, así mismo, desarrollamos proyectos de producción de
alimentos agroecológicos que nos ha permitido generar procesos de asociatividad
comunitarias posibilitando la protección de este ecosistema estratégico, su
biodiversidad y la recuperación de la cuenca alta de la quebrada el Tirque […]”.
2.11. Por último, señalaron lo siguiente:
“[…] Nuestras familias campesinas, históricamente han vivido de la economía
agropecuaria, protegiendo los páramo, del agua, del aire y la biodiversidad que
nos rodea, Con la llegada de la minería de mediana y gran escala a nuestro
municipio, se ha visto una afectación no solo a nuestras economías
campesinas, sino también las prácticas culturales y de la vida asociada al
campesino, agudizando los impactos negativos en la seguridad y soberanía
alimentaria de la vereda y el municipio y el goce pleno de nuestros derechos
como campesinos.
[…] El impacto negativo sobre la economía, cultura, la seguridad alimentaria y
derechos del campesino, ha generado que muchos de nuestros familiares se
vean obligados a cambiar su oficio, teniendo que trabajar en las empresas de
minería del municipio, para llevar un sustento a la familia. Generando un
choque cultural entre las mismas comunidades entre la posibilidad de tener un
empleo o la permanencia de las comunidades campesinas en el territorio y la
protección del ecosistema, el agua y el aire. Queremos seguir viviendo como
campesinos, desde un equilibrio dinámico entre las comunidades y los
ecosistemas. […]”.
III. PRETENSIONES
3. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se declare que los demandados Corporación Autónoma Regional De
Boyacá, Agencia Nacional De Minería, Alcaldía Municipal De Socha, han
vulnerado los [sic] el derecho e interés colectivo de la participación en materia
ambiental, a la salud, al agua potable, la seguridad alimentaria, de vida digna y
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
ambiente sano por la conexidad con el reconocimiento del campesino como
sujeto de derechos y de especial protección.
2. Se amparen los derechos e interés colectivo de la participación en materia
ambiental, a la salud, al agua potable, la seguridad alimentaria, de vida digna y
ambiente sano por la conexidad con el reconocimiento del campesino como
sujeto de derechos y de especial protección.
3. Suspensión del Título Minero No. FGD-141 (Sic), ubicado en las
coordenadas x 1153092 у 21148103 a 3241 MSNM del Municipio de Socha la
vereda el Mortiño, sector Alizal, así como, el Auto de fecha trece (13) de agosto
de dos mil veinticuatro (2024) del DESPACHO No. 3 del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, por el cual levanta la suspensión de las
actividades mineras en la zona.
4. Se ampare el reconocimiento del campesinado como sujeto derechos y de
especial protección, y se garantice la participación de la comunidad campesina
afectada en las decisiones que tienen que ver con la exploración y explotación
de minerales en la vereda el Mortiño, sector Alizal y que afectan, el agua, la
vida del campesinado y la permanencia en el territorio.
5. Ordenar a las autoridades ambientales y mineras garantizar y respetar el
derecho de la participación de las comunidades afectadas en la construcción
de la delimitación del páramo de Pisba. Esas directrices deben constituir
espacios abiertos, amplios e informados de diálogo entre la comunidad y la
administración;
6. Ordenar al Ministerio crear una comisión veedora que vigile la ejecución de
los títulos mineros otorgados en el Páramo de Pisba con fin de sancionar y
evitar las conductas que afecten ese ecosistema.
7. Mantener en firme el cese de actividades de explotación, como se referencia
en el numeral séptimo del fallo de primera instancia, del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, del 21 de marzo de 2017, debido a que no
se han cumplido los parámetros para que se levante, por parte de
Corpoboyacá.
8. Realizar un proceso amplio de participación social que involucre a distintos
sectores: academia, empresas, Ongs, instituciones de gobierno competentes
(Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de
Ambiente, Ministerio del trabajo, Ministerio de salud y autoridades de gobierno
en los ámbitos locales y regionales (alcaldes, gobernadores), Ministerio
Público, Contraloría General de la Nación, representantes de comunidades y
organizaciones sociales, que permita generar un diálogo reflexivo y concertado
sobre la prohibición de las actividades mineras en zonas de páramos y realizar
la reconversión de la minería con alternativas que permitan la sostenibilidad de
las comunidades.
9. Se reconozca el daño ambiental, por acción u omisión, por parte del Estado
y Corpoboyacá por las malas prácticas impuestas por medio de programas
estatales, cultivo de pinos y eucalipto en la zona del páramo; o por falta de
tomar medidas de prevención y control de impactos ambientales realizados por
la minería en el municipio. Así mismo se realice una reparación en las áreas
ecológicamente afectadas.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
10. Se garantice el derecho a la manifestación social, publica y pacífica, de la
cual habla el artículo 37 de la constitución política.
11. Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de la República, la Cámara de
Representantes, a la defensoría del pueblo nacional y Senado de la Republica
para que investiguen las irregularidades que exponen en la tutela […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Los Consejeros de Estado doctores Oswaldo Giraldo López, Nubia Margoth Peña
Garzón y Hernando Sánchez Sánchez manifestaron impedimento en el proceso de
la referencia y mediante auto de 6 de marzo de 2025, la Sección lo declaró fundado.
5. Mediante auto de 31 de marzo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Defensoría del Pueblo
• Regional Boyacá, a Carbones Andinos S.A.S., a la Unidad Administrativa Especial
Parques Nacionales Naturales de Colombia, a la Corporación de Servicio a
Proyectos de Desarrollo - PODION, a la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la
Universidad Santo Tomás, a la Universidad Antonio Nariño, a la Universidad
Nacional de Colombia, a la Universidad Externado de Colombia, a la Universidad
de los Andes, al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a la Fundación
Natura, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación,
a la Contraloría General de la República y al Congreso de la República.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
6.1. LaUniversidad de los Andes indicó que no vulneró ningún derecho
fundamental de los accionantes y tampoco realizó ningún estudio que dé cuenta
del impacto y las consecuencias de la explotación minera, por lo que solicitó su
desvinculación.
6.2. La Universidad de Santo Tomás - Seccional Tunja manifestó su “[…] voluntad
de participar en el ejercicio de la acción de la referencia, en la medida que en
nuestra seccional se ha creado la oficina Mininig&enviroment que se dedica a
consultar aspectos minero ambientales como el del caso concreto, lo anterior dada
la importancia territorial y la cercanía de nuestra institución, igualmente, se cuenta
con el Instituto de Justicia y Paz “Pablo VI” de la División de Ciencias Jurídicas y
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
Políticas que junto con aliados estratégicos ha realizado procesos de mediación
similares asuntos […]”.
6.3. La Procuraduría General de la Nación señaló que “[…] me opongo a que se
emita fallo de tutela en contra de la entidad que represento, toda vez que la
Procuraduría General de la Nación ha cumplido con las atribuciones que la
Constitución y la Ley le otorga […]”.
6.4. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales solicitó su desvinculación
de la presente acción de tutela, en la medida que “[…] no ostenta ninguna
competencias para atender sus súplicas, hasta el punto de que ninguna de las
pretensiones ni de las peticiones especiales tuvieron como destinataria a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales […]”.
6.5. La Agencia Nacional de Minería solicitó negar las pretensiones de la acción de
tutela porque no se cumple con el requisito de subsidiariedad.
6.6. LaFundación Universitaria Juan de Castellanos expresó que “[…] se
encuentra en la disposición para realizar dichos estudios, siempre y cuando se
garanticen los recursos financieros necesarios por quien corresponda […]”.
6.7. El Municipio de Socha indicó que carecía de legitimación en la causa por pasiva
y señaló que ha “[…] servido de conciliador y moderador entre las autoridades
mineras ANM, autoridades ambientales Corpoboyaca, Defensoría del pueblo y
policía Nacional, con el fin de buscar una alternativa alterna a la solución del
conflicto siendo inútil todos los esfuerzos por parte del ente territorial […]”.
6.8. LaCorporación Autónoma Regional de Boyacá solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, en la medida que “[…] no se probó de manera
sumaria perjuicios irremediables a la Comunidad el Alizar […]”.
6.9. La Contraloría General de la República solicitó su desvinculación de la acción
de tutela porque “[…] no es la autoridad que presuntamente violó o amenazó los
derechos fundamentales invocados […]”.
6.10. La Fundación Natura solicitó su desvinculación de la acción de amparo en
razón a que “[…]carece de interés directo en el resultado del proceso que se
adelanta, entre otras circunstancias por no hacer presencia en la región […]”.
6.11. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva porque “[…] no tiene idoneidad para pronunciarse sobre las
pretensiones presentadas por la parte tutelante, toda vez que esta entidad, no tiene
las facultades ni la competencia para acceder a las pretensiones del accionante
[…]”.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
Universidad Santo Tomás manifestó que “[…] no ha incurrido en
6.12. La
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados y tampoco tiene la
competencia para acceder al cumplimiento de lo solicitado por los ACTORES […]”.
6.13. La
Sociedad Carbones El Alizal S.A.S. solicitó declarar improcedente la
acción de tutela “[…] por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez establecidos por la Constitución y la Jurisprudencia. En su lugar se
absuelva a la Sociedad Carbones El Alizal S.A.S […]”.
6.14. La sociedad Carbones Andinos S.A.S. solicitó declarar improcedente la acción
de tutela porque “[…] no existe una afectación a derechos fundamentales que deba
ser protegidos por medio de esta acción […]”.
6.15. La Defensoría del Pueblo manifestó que “[…] qué sólo actúa de acuerdo a lo
estipulado en la constitución y la ley y no ha incurrido en conductas que puedan
vulnerar o poner en riesgo los derechos reclamados a través de la acción de tutela
que nos ocupa […]”.
6.16. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC solicitó su
desvinculación “[…] en razón a que la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante no deviene de la acción u omisión de
esta Institución de educación superior […]”.
6.17. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva “[…] al no ser responsable del quebrantamiento
de los derechos fundamentales del actor […]”.
6.18. La Universidad del Rosario solicitó su desvinculación “[…] toda vez que las
gestiones de la Universidad no conllevan a ninguno de las vulneraciones de
derecho discutidas en la presente acción, por lo tanto, la Universidad no ha
vulnerado ninguno de los derechos que motivan la presente acción de tutela […]”.
6.19. La Secretaría General del Senado solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela y su desvinculación.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
8. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Universidad de los Andes, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, el Municipio de Socha, la Contraloría General
de la República, la Fundación Natura, la Fiscalía General de la Nación, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación, la Universidad
del Rosario y la Secretaría del Senado.
9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
10. Teniendo en cuenta que la Universidad de los Andes, la Fundación Natura y la
Universidad del Rosario no fueron parte dentro del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, la Sala considera que a estas entidades no
les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
11. Por lo anterior, se accederá a las solicitudes de desvinculación elevadas por estas
entidades, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
12. Respecto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, el
Municipio de Socha y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fueron
partes demandada o terceros dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos objeto de la presente acción de tutela, por lo que la
Sala considera que les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción
constitucional.
13. En cuanto a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación
y la Secretaría del Senado, se observa que frente a dichas entidades se elevaron
pretensiones en el escrito de tutela y frente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales se advierte que fue identificada como accionada. Por lo tanto, a estas
entidades también les asiste interés para ser vinculadas a esta acción.
14. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas por la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, el Municipio de Socha, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de
la Nación y la Secretaría del Senado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela y de la tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante.
16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4.1. El caso concreto
24. Los señores Lina Consuelo Arismendy Cárdenas, José Abdenago Vargas
Rincón, Rigoberto Sánchez Zarate y Jairo Sánchez solicitaron, el amparo de sus
derechos fundamentales al “[…] derecho e interés colectivo de la participación en
materia ambiental, a la salud, al agua potable, la seguridad alimentaria, de vida
digna y ambiente sano por la conexidad con el reconocimiento del campesino como
sujeto de derechos y de especial protección […]”, cuya vulneración le atribuyeron a
las actividades mineras en el páramo de Pisba y a la providencia de 13 de agosto
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos con el número de
radicación 15001-23-33-000-2014-00223-00.
25. Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa que la tutela busca la protección del
derecho colectivo al ambiente sano cuya vulneración se atribuye a la presunta
contaminación que produce la actividad minera en el páramo de Pisba.
Adicionalmente, se pretende la protección de los derechos fundamentales de los
accionantes, cuya transgresión es consecuencia del auto de 13 de agosto de 2024,
proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con el número de radicación
15001-23-33-000-2014-00223-00.
26. Precisadolo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela.
VIII.5.1. La falta de legitimación en la causa por activa en el sub examine
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
27. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.
28. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
29. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.
30. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso.
Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no
puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente
declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la
13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente […]”12. [Negrilla fuera del texto]
31. En la presente oportunidad, los accionantes interpusieron este mecanismo de
amparo contra la providencia de 13 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos con el número de radicación 15001-23-33-000-2014-00223-
00.
32. Como fundamento de la solicitud de tutela se aduce que la autoridad judicial
accionada desconoció la Ley 1382 de 9 de febrero de 201013 y la sentencia de la
Corte Constitucional C-273 de 12 de abril de 2011, las cuales establecen que “[…]
no se pueden realizar trabajos de exploración y explotación minera en zonas que
hayan sido declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de los
recursos naturales renovables o del ambiente […]”.
33. La providencia controvertida se dictó dentro de la verificación del cumplimiento
de la sentencia de 19 de diciembre de 2018 y su contenido es el siguiente:
“[…] 1. Ingresa el proceso de la referencia al Despacho, en procura de dar
continuidad al trámite de verificación de cumplimiento de las órdenes
impartidas en sentencia del 24 de marzo de 2017 proferida por este Tribunal,
que fue modificada y confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado
el 19 de diciembre de 2018.
[…]
3. Sin perjuicio de lo anterior, y por la relevancia que reviste, este Despacho se
ocupará en este auto de resolver la solicitud de Omar Camilo Cárdenas López,
quien es propietario del título minero FGD-141, y solicitó el 18 de diciembre de
2023, levantar la medida cautelar decretada por este Tribunal el 23 de julio de
2014, que más adelante este Tribunal y el Consejo de Estado integraron como
orden definitiva en el numeral primero del ordinal sexto de la sentencia.
[…]
6. Al desatar la segunda instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado,
emitió fallo, dentro del cual modificó y confirmó las órdenes impartidas por este
Tribunal, entre ellas la que se ha venido describiendo. El ad – quem condicionó
la suspensión de la actividad de explotación minera «(…) hasta tanto dicho
proyecto cuente con una licencia ambiental, otorgada con base en el Plan de
Ordenamiento Territorial y que cumpla con los mecanismos de control de
impactos ambientales».
[…]
RESUELVE:
12 Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
13
"POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 685 DE 2001 CODIGO DE MINAS".
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
1.- DECLARAR el cumplimiento de la orden contenida en el numeral sexto de
la sentencia del 21 de marzo de 2017 proferida por este Tribunal, modificada y
confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 19 de diciembre
de 2018.
2.- Por consiguiente, una vez en firme la presente providencia, LEVANTAR la
suspensión de la actividad de explotación de carbón, en el polígono al que se
refiere la concesión No. FGD-141. […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]
34. Revisado el expediente de la acción popular mencionada, se observa que los
sujetos procesales son la Defensoría del Pueblo [demandante], y (ii) la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la Agencia Nacional de Minería, Carbones Andinos S.A.S., y el Municipio de Socha
[demandados]; por lo que, en principio, los legitimados afectados por la presunta
decisión objeto de esta acción serían los mencionados sujetos procesales.
35. Asimismo,conforme con el ordinal decimosexto de la sentencia de 19 de
diciembre de 2018, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, el
Comité de Verificación del cumplimiento de las sentencias de acción popular quedó
conformado de la siguiente manera:
“[…] DECIMO SEXTO: CONFORMAR el Comité para la vigilancia del
cumplimiento de la sentencia, el cual estará integrado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, el
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Minería,
la Alcaldía del municipio de Socha, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá y el representante legal de la sociedad Carbones Andinos S.A.S.,
quienes rendirán informe cada cuatro (4) meses al Tribunal Administrativo de
Boyacá sobre el cumplimiento de la sentencia. […]”. [Negrilla y mayúscula
original del texto]
36. Los accionantes no se hicieron parte ni coadyuvantes, en las oportunidades
procesales respectivas, dentro de la acción popular mencionada.
37. Esta Sección ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que, en principio, sólo
los sujetos procesales se encuentran legitimados para controvertir, a través de la
acción de tutela, las decisiones o actuaciones que se realizan en el curso de un
proceso judicial1415.
38. Al respecto, la Sala de Conjueces de la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 30 de mayo de 202416, señaló lo siguiente:
“[…] En el caso bajo examen, la actora pretende que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
14 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón; 7 de septiembre de 2023.
15 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón; 2 de noviembre de 2023.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Conjueces, Sentencia de
30 de mayo de 2024, Exp., núm. 11001-03-15-000-2022-006150-00. C.P.: Alberto Sierra Beltrán.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
cuales considera vulnerados por el TRIBUNAL al haber incurrido en una
presunta mora judicial injustificada dentro del medio de control de los derechos
e intereses colectivos identificado con el número único de radicación 25000-
23-41-000-2019-00303-00, promovido por la señora VERUSKA NIETO
BORJA contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros, para
la protección de los derechos colectivos afectados como consecuencia de la
deforestación, contaminación de aguas, extinción de flora y fauna, entre otros
hechos, en el Departamento del Amazonas.
[…]
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido el criterio consistente en que quien
promueva una acción de tutela con el propósito de buscar la protección del
derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con ocasión
de las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso
judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del mismo17.
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la señora JULIA MARGARITA
ACOSTA no ostenta ninguna de esas calidades ni se hizo parte en el respectivo
medio de control de los derechos e intereses colectivos identificado con el
número único de radicación 25000-23-41-000-2019-00303-00, del cual alega
una presunta mora judicial vía tutela, en tanto no es titular de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
cuya vulneración depreca, máxime cuando la misma actora aseguró en el
escrito de tutela que solicitó la coadyuvancia dentro del proceso, la cual le fue
denegada, situación que confirma que carece de legitimación en la causa por
activa para promover la solicitud de amparo de la referencia.
Ante dicha circunstancia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10° del Decreto 2591 de
1991, pues no se acreditó el presupuesto de la legitimación en la causa por
activa de la actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto, subrayado fuera del
texto].
39. De lo anterior, se puede concluir que los accionantes al no tener la calidad de
parte dentro de la acción popular no tienen la legitimación para interponer esta
acción constitucional contra la providencia de 13 de agosto de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos con el número de radicación 15001-23-33-000-
2014-00223-00.
40. En consecuencia, se declarará improcedente esta acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa de los accionantes, frente a este aspecto de la
controversia.
17 Es ese sentido se ha pronunciado esta Sala en las sentencias de 7 de septiembre de 2023, identificada con
el número único de radicación 110010315000-2023-04321-00, C.P.(E) Nubia Margoth Peña Garzón y 2 de
noviembre de 2023, identificada con el número único de radicación 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
VIII.5.2. Sobre el requisito general de subsidiariedad en el caso sub examine
41. El otro aspecto de la controversia gira en torno a la vulneración de los derechos
colectivos al ambiente sano y a la participación por la presunta contaminación que
produce la actividad minera en el páramo de Pisba.
42. En ese sentido, adujeron que las fuentes hídricas de la región se encuentran
amenazadas por el ejercicio de la actividad minera, lo que además pone en riesgo
la subsistencia cultural y económica de la comunidad.
43. Al respecto, se precisa que la acción de tutela es un medio de defensa judicial que,
de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter
subsidiario, excepcional y residual. Esto significa que por regla general este
instrumento de protección de derechos fundamentales solo será procedente cuando
se hayan agotado todos los medios de defensa judicial previstos por el legislador o
cuando los mismos no sean idóneos para la protección de los derechos
fundamentales que se consideran vulnerados.
44. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
45. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza18], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
46. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”19.
47. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”20.
48. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
49. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
50. La Sala considera que frente este aspecto de la controversia los accionantes
cuentan con otro medio de defensa judicial.
51. En efecto, si consideran que el ejercicio de la actividad minera está vulnerando
los derechos colectivos al ambiente sano, poniendo en peligro las fuentes hídricas
de la región y la subsistencia cultural y económica de la comunidad, los accionantes
19
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
tienen a su disposición el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos.
52. Igualmente, no se encuentra acreditado un perjuicio irremediable en el sub
examine.
53. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará improcedente la acción
de tutela por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y legitimación en la
causa por activa, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, el Municipio de Socha, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General
de la Nación y la Secretaría del Senado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DESVINCULAR a la Universidad de los Andes, a la Fundación Natura
y a la Universidad del Rosario, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00445-00
Accionantes: Lina Consuelo Arismendy Cárdenas y Otros
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Consejero de Estado Conjuez
EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Conjuez Conjuez
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.