Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00490-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00490-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00490-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00490-00
Accionante: Elba Marina Sarmiento Jaimes y otros1
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro2
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Incumplimiento de ordinal séptimo
del fallo T-109 de 2015 de la Corte Constitucional / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional – Se pretende
emplear la tutela como una instancia adicional.
Surtido el trámite de ley3, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 30 de enero de 2025 los accionantes promovieron acción de tutela 4 con la
pretensión de que se dejaran sin efectos las sentencias de 5 de noviembre de 2020
y 31 de octubre de 2024 emitidas dentro del proceso de reparación directa 5 que
instauraron contra el municipio de Floridablanca, encaminado a obtener el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de lo ordenado en
el ordinal séptimo6 de la sentencia T-109 de 2015 de la Corte Constitucional.
1
Isaac Traslaviña Patiño y Cristian Danilo y Mariana Traslaviña Sarmiento.
2 Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga.
3 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
4 Invocaron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y
vivienda digna. También hicieron referencia al principio de seguridad jurídica.
5 Expediente 68001-33-33-011-2018-00429-00/02.
6 “ORDENAR a la Alcaldía de Floridablanca atender, responder y enmendar en lo que sea necesario, dentro de
los 45 días siguientes a la notificación de esta providencia, las observaciones realizadas por los evaluadores de
Findeter el pasado mes de febrero con respecto al proyecto inmobiliario Vipa “Cerros de la Florida”, para lograr
que el mismo sea considerado viable y declarado como habilitado. En todo caso, sea mediante esta iniciativa o
la articulación de políticas públicas nuevas acordes con la necesidad y el grupo población afectado, el municipio
de Floridablanca deberá presentar, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta providencia, un
cronograma detallado de trabajo, con el correspondiente soporte presupuestal y los responsables debidamente
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00490-00
Accionante: Elba Marina Sarmiento y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
2.
Mediante la providencia de 31 de octubre de 2024 el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión adoptada el 5 de noviembre de 2020 por el Juzgado
Once Administrativo de Bucaramanga, que negó las pretensiones. Consideró que si
bien el municipio de Floridablanca incumplió los plazos fijados en el fallo de la Corte
Constitucional, lo cierto es que se probó que había satisfecho la orden allí impuesta
de ofrecer un proyecto de reemplazo de vivienda que mantuviera las condiciones
iniciales y resolviera de manera definitiva la situación de los demandantes en ese
aspecto, pues ellos cuentan con una solución de vivienda entregada dentro del
proyecto de reemplazo Villa Renacer. Además, no se logró establecer en qué se
concretaron los perjuicios reclamados y en el expediente de tutela no se encontró
configurado el desacato, al no comprobarse que la mora hubiere sido injustificada o
que hubiese existido negligencia por parte del ente territorial.
3.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, porque las autoridades
judiciales no valoraron en debida forma el material probatorio. Se le dio prevalencia
a los testimonios de los señores Édgar Jesús Rojas, Emma Lucía Blanco Anaya y
Stella Cadena Suárez. En cuanto a relacionar las diferentes actuaciones que
adelantó el municipio de Floridablanca para dar cumplimiento a la orden de tutela,
pero no se tuvo en cuenta que de esas declaraciones y de las pruebas aportadas por
ese ente territorial, se evidenciaba una inactividad en torno a acciones efectivas de
cumplimiento del fallo T-109 de 2015 durante los años 2017 y 2018 y solo cuando se
advirtió que los beneficiarios de esa decisión judicial promovieron procesos de
reparación de directa fue cuando iniciaron el nuevo proyecto de vivienda.
4.
Se concluyó que de los testimonios de los señores Irene Jaimes, Héctor Peña y
Jorge Moreno (vecinos) no se dilucidaba en qué se concretaron los perjuicios
reclamados, pasando por alto que el asunto versaba sobre un daño autónomo, el
cual se configuró por el incumplimiento y la afectación de derechos fundamentales.
5.
Se indicó que el nuevo proyecto entregado (Villa Renacer) mejoró las condiciones
de la oferta habitacional ofrecida en el 2007, en particular, en lo relativo a los
porcentajes que debían cubrir las familias. En el proyecto inicial (Altos de Bellavista)
estaba en su cabeza sufragar el 34.46% del valor del inmueble, mientras que en el
nuevo les corresponde el 31.84%. Sin embargo, de esa situación no hay prueba y,
en todo caso, el beneficio de ese porcentaje depende de la base sobre la cual se
calcula. De mantenerse el costo inicial de inmueble se materializaría dicha ventaja,
pero eso no ocurre, pues los valores han variado. En el proyecto inicial se pagaba
identificados, que en un plazo máximo de un año y medio habrá de culminar un proyecto de vivienda social digno
para los accionantes y demás ciudadanos en igualdad de condiciones.
La propuesta que presente la entidad territorial deberá respetar en la mayor medida posible las condiciones
originales de la oferta habitacional ofrecida en el año 2007, es decir, mantener características similares de
metraje de las habitaciones, especificaciones de acabados y el valor del ahorro programado exigible. De surgir
alguna modificación esta solamente será válida siempre que sea para mejorar las condiciones de la oferta inicial.
Cualquier sobrecosto deberá ser asumido por la administración municipal y los recursos que ésta pueda
gestionar con las demás entidades públicas del orden nacional”.
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por vivienda $21.685.000 y en el año 2019 $54.676.940 y el aumento no corresponde
a la corrección monetaria.
6.
Además, contrario a lo concluido por el Tribunal accionado, el nuevo proyecto no
respeta las condiciones del primigenio, en este se estableció que el beneficiario
podía optar por crédito no bancario, mientras que en el de reemplazo se señaló que
solamente se podía hacer a través de esta modalidad.
7.
No corresponde a la realidad la afirmación de la autoridad judicial de que al
momento de presentar la demanda ordinaria se contaba con la construcción de las
torres 8 y 9 del proyecto Villa Renacer. Esto ocurrió en el año 2019 y cuando les
entregaron el apartamento que compraron aún estaban terminando de construir.
8.
Tampoco resulta verdadero que el término que transcurrió para cumplir el fallo de
tutela, se debió a que resultaba indispensable adelantar ciertos trámites para ese
propósito. El proyecto Villa Renacer solo se planteó a finales del año 2018 y se inició
en el 2019, es decir, se tardaron 4 años después de emitida la orden de tutela, a
pesar de que en esta se otorgó año y medio para ello, y no se ejecutó ninguna
actividad para dar solución de vivienda en los años 2016 a 2018, lo que permanece
en la actualidad, porque solo se cuenta con 200 apartamentos, pese a que existen
más de 700 beneficiarios del proyecto Altos de Bellavista.
9.
Aunque el Tribunal accionado haya indicado que el juez de tutela que tramitó el
respectivo incidente de desacato halló justificado que el municipio excediera los
límites temporales fijados en la orden de amparo, ello no cuenta con respaldo
probatorio. Una situación es que no se sancione por desacato al no advertir
circunstancias subjetivas y otra es que se encuentre justificada la mora en el
cumplimiento.
10.
Se configuró desconocimiento del precedente, pues no se acató la sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado7, en cuanto a que no
catalogó la configuración del daño como autónomo y vulnerador de derechos
fundamentales ya amparados por la Corte Constitucional.
11.
De igual modo, se desatendió el precedente judicial que ha fijado el Tribunal
accionado en casos similares. Para tal efecto, citó las sentencias de 168 de diciembre
7 Expediente 32.988, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.
8 Expediente 68001-33-33-001-2019-00028-01.
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de 2021, 109 y 2610 de octubre y 1°11 y 1412 de diciembre de 2022, 713 de julio y 1414
de septiembre de 2023 y 1915 de junio y 1816 de julio de 2024.
12.
En aquellas providencias se concluyó que (i) el proyecto Villa Renacer no respeta
las condiciones de la oferta inicial del año 2007 ni mejora las condiciones de sus
beneficiarios; (ii) la mora para el cumplimiento de la orden de tutela no estaba
justificada; (iii) la estructuración del daño no depende de circunstancias subjetivas,
sino que se configura en forma objetiva y específica, por el solo hecho del
incumplimiento o cumplimiento tardío de la orden de tutela; (iv) el daño causado es
antijurídico; y (v) la oferta de un nuevo proyecto habitacional en forma tardía a lo
establecido en el fallo T-109 de 2015 no desvirtúa el incumplimiento del municipio de
Floridablanca.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
13.
Mediante auto de 3 de febrero de 202517, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó al municipio de Floridablanca, en
calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga
14.
Informó que consultó el expediente ordinario en la herramienta electrónica Samai,
en donde observó que lo tramitó en primera instancia y negó las pretensiones,
decisión confirmada por el Tribunal accionado.
(ii) Tribunal Administrativo de Santander
15.
Advirtió que el asunto no supera el presupuesto de relevancia constitucional. La
parte actora no cumplió con una carga argumentativa que justifique la intervención
del juez constitucional. Se evidencian discrepancias de los accionantes frente a la
decisión judicial cuestionada. El asunto es puramente económico y la tutela no se
instituyó como una tercera instancia, para reabrir discusiones probatorias que ya
fueron definidas en sede ordinaria.
16.
En todo caso, precisó que se había analizado la totalidad del material probatorio
obrante en el plenario, del que era dable concluir que en este caso no se podía
atribuir el daño alegado al municipio de Floridablanca, por cuanto solucionó en forma
9 Expediente 68001-33-33-009-2019-00039-01.
10 Expediente 68001-33-33-003-2018-00481-01.
11 Expediente 68001-33-33-003-2018-00489-01.
12 Expediente 68001-33-33-002-2018-00482-01.
13 Expediente 68001-33-33-006-2018-00474-02.
14 Expediente 68001-33-33-015-2018-00092-01.
15 Expediente 68001-33-33-004-2018-00451-01.
16 Expediente 68001-33-33-006-2018-00470-01.
17 Notificado el 6 de febrero de 2025.
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definitiva la problemática de vivienda de los demandantes y justificó las demoras en
las cuales incurrió.
17.
Frente a las decisiones de ese Tribunal que presuntamente se desconocieron, no
se comprobó que los litigios que allí se zanjaron sean idénticos al suscitado por la
parte actora, pues solo compartían similitud en el origen del daño alegado,
circunstancia que no implicaba que debiera ser fallado en el mismo sentido de los
otros casos, en razón a que se debía analizar el material probatorio recaudado.
Además de las invocadas por los actores hizo alusión a las sentencias de 27 18 de
septiembre de 2023 y 1919 de septiembre y 3120 de octubre de 2024.
18.
Al respecto, concluyó que los casos examinados son distintos entre sí, con hechos
probados que varían cada estudio, los cuales se pueden clasificar en tres
situaciones, a saber: (i) en las que no se recibió la solución de vivienda; (ii) se recibió
la solución de vivienda, pero de manera tardía; y (iii) a pesar de haber recibido
solución de vivienda, esta fue tardía y los beneficiarios decidieron abstenerse de
postularse a la misma. Aclaró que lo resuelto por otras salas de decisión de ese
Tribunal no es vinculante, al no existir una sentencia de unificación que zanje la
discusión sobre la materia.
19.
Informó que en esta Corporación se tramitan otras dos acciones de tutela contra
sentencias que emitió, en segunda instancia, relacionadas con la responsabilidad del
municipio de Floridablanca por el incumplimiento de la orden contenida en el ordinal
séptimo de la sentencia T-109 de 2015, cuyos radicados son 11001-03-15-000-2025-
00558-00 y 11001-03-15-000-2025-00547-00.
(iii) Municipio de Floridablanca
20.
Adujo que no se vislumbra vulneración de derecho fundamental alguno, pues no
actúa como administrador de justicia, por lo que se solicita se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva. En todo caso se atiene a lo que se decida en
esta acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
21. La Sala negará la solicitud de desvinculación del municipio de Floridablanca. En
el auto admisorio de la tutela se dispuso su comparecencia a estas diligencias, como
entidad accionada en el proceso ordinario, con el fin de garantizar sus derechos de
contradicción y defensa pues se le podría generar una afectación iusfundamental21.
18 Expediente 68001-33-33-011-2016-00270-02.
19 Expediente 68001-33-33-005-2016-00327-01.
20 Expedientes 68001-33-33-001-2018-00446-01, 68001-33-33-001-2018-00474-01 y 68001-33-33-005-2018-
00453-02.
21 Ver sentencia SU-116 de 2018 de la Corte Constitucional.
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D. Análisis del caso concreto
22. La tutela deviene en improcedente, al no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional. La parte actora pretende se acoja la manera como, a su juicio, se
debió haber zanjado el litigio, en el sentido de que se concedan las pretensiones
ordinarias, para cuyo efecto se limita a presentar inconformidad con la decisión
judicial atacada, en cuanto a la valoración probatoria efectuada, la aplicación de la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el daño autónomo y el modo como se
decidieron con antelación casos con supuestos fácticos semejantes al suyo, sin que
se despliegue una carga argumentativa suficiente tendiente a demostrar los yerros
constitucionales que motivaron la presentación de esta acción. El simple desacuerdo
con una decisión judicial no habilita para que se estudie su validez en sede de tutela.
23. La parte actora indicó que el Tribunal accionado le dio prevalencia a los
testimonios de los señores Édgar Jesús Rojas (secretario de infraestructura del
municipio de Floridablanca), Emma Lucía Blanco Anaya (secretaria de planeación
municipal) y Stella Cadena Suárez (profesional del Banco Inmobiliario de
Floridablanca), en el sentido de relacionar las diferentes actuaciones que adelantó
el municipio de Floridablanca para acatar el fallo T-109 de 2015 de la Corte
Constitucional, sin hacer referencia a la inactividad de ese ente territorial durante los
años 2017 y 2018, pues solo cuando se promovieron procesos de reparación directa
en su contra fue que iniciaron el nuevo proyecto de vivienda.
24. Frente a dichas declaraciones el Tribunal accionado indicó que en estas se
relacionaron “las diferentes actuaciones que adelantó la entidad territorial con el fin
de dar cumplimiento a la decisión de tutela, como también los múltiples
inconvenientes que se presentaron con el predio donde se quería adelantar el
proyecto «Cerros de la Florida», a tal punto de cambiar el sitio, para estructurar el
proyecto final que se denominó «Villa Renacer», del cual se afirmó que en su
mayoría los apartamentos ya están entregados y habitados por parte de los
beneficiarios del proyecto, incluso por los demandantes del presente medio de
control”.
25. Es decir, no solamente se tuvieron en cuenta las acciones ejecutadas por el ente
territorial demandado, sino las dificultades que se presentaron para tal efecto.
Situación que pretende la parte actora se le imponga desconocer a la autoridad
judicial, al argumentar una presunta inactividad durante los años 2017 y 2018.
Escenario para el que no fue instituida la acción de tutela, pues el juez constitucional
no puede obrar conforme a los poderes de valoración probatoria con los que cuenta
el juez natural de la causa, el cual está revestido de autonomía judicial.
26. En cuanto a los testimonios de sus vecinos, los señores Irene Jaimes, Héctor
Peña y Jorge Moreno, de los cuales el Tribunal accionado determinó que no
acreditaban los perjuicios reclamados, la parte accionante indicó que no resultaban
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relevantes, en la medida en que se pretendía el resarcimiento de un daño autónomo,
el cual se configuró por el hecho del incumplimiento de la orden de tutela y la
afectación nuevamente de derechos fundamentales que habían sido amparados.
27. Lo anterior, más que un desacuerdo con la valoración de los testimonios
efectuado por la autoridad judicial, comporta un criterio defendido por los tutelantes,
consistente en que no debían probar los perjuicios, en razón a que el caso
involucraba un daño autónomo. Por ende, no se evidencia arbitrariedad alguna en
la deducción de que con ellos no se acreditaban los agravios alegados.
28. Además, en lo relativo al hecho de que el Tribunal accionado considerara que las
condiciones de la oferta habitacional de reemplazo mejoró las dadas en el anterior
proyecto, frente al porcentaje que tenían que cubrir las familias beneficiarias (del
34.46% al 31.84%), omitió el hecho de que ello dependía si se mantenían los costos
iniciales de los inmuebles, lo cual no ocurrió porque aumentaron su valor, y
desconoció que no se respetaron las pautas del proyecto primigenio, antes el
beneficiario podía optar por un crédito no bancario, mientras que ahora solamente
se puede hacer a través de una entidad bancaria. Asimismo, la parte actora indicó
que no se aviene a la realidad la afirmación del Tribunal accionado, según la cual
para la presentación de la demanda ya estaban construidas las torres 8 y 9 del
proyecto Villa Renacer, pues ello ocurrió en el año 2019 y cuando les entregaron el
apartamento aún no habían terminado la construcción.
29. Las aludidas circunstancias, a pesar de ser alegadas por la parte actora, no fueron
planteadas en el proceso ordinario y, en todo caso, ese litigio estaba encaminado
era a determinar la existencia de perjuicios que fueran susceptibles de reparación y
dichas situaciones no explican de qué modo eso les causó algún detrimento. Por
ende, carecen de la potencialidad de modificar la decisión judicial atacada.
30. La parte actora también indicó que el Tribunal accionado valoró de manera
inadecuada el término excesivo en que el municipio de Floridablanca ejecutó
acciones encaminadas a cumplir la orden de tutela, pues no tuvo en cuenta la
inactividad de ese ente territorial de 4 años. Para ello también se fundamentó en la
decisión adoptada en el trámite del incidente de desacato que se promovió para
obtener el cumplimiento de la decisión judicial, en el sentido de que se halló
justificada la tardanza.
31. La Sala evidencia que el Tribunal accionado no desconoció el incumplimiento de
los plazos establecidos en el fallo de la Corte Constitucional, pero ello no resultó
suficiente para otorgar el resarcimiento reclamado, pues la autoridad judicial
concluyó que “durante el trámite procesal de primera instancia quedó probado que
el municipio de Floridablanca si cumplió con el deber que se le impuso a través del
fallo de tutela de ofrecer un proyecto de reemplazo que mantuviera las condiciones
iniciales y resolviera la situación de vivienda de los accionantes de manera definitiva,
pues los demandantes cuentan con una solución de vivienda entregada dentro del
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proyecto de vivienda de reemplazo Villa Renacer, y por ende ya cuentan con
solución de vivienda definitiva”. Deducción probatoria que no involucra arbitrariedad
alguna.
32. Con base en lo anterior, no se infiere en qué consistió la indebida valoración a la
que hace referencia la parte actora por parte de la autoridad judicial accionada, por
el contrario, las conclusiones probatorias encuentran sustento en las pruebas y en
la sana crítica.
33. Esta Sala advierte que lo pretendido por los tutelantes bajo la causal de defecto
fáctico es imponer la manera como debió valorarse el material probatorio recaudado,
al no compartir el modo en que lo hizo el Tribunal accionado, frente a lo cual cabe
anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el grado de certeza que se
les debe otorgar a las pruebas obrantes en el proceso ordinario. Tal actuación
escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida, pues de avalarse ello
se usurparía la función del juez natural de la controversia.
34. Por consiguiente, el hecho de que el juez natural de la causa no haya valorado
las pruebas como lo pretendían los tutelantes, no los habilita para que acudan a este
mecanismo judicial para imponer su tesis probatoria. La simple inconformidad de
criterios frente a la valoración probatoria, en especial, al grado de certeza otorgado
a los elementos de convicción para tener por acreditados los supuestos fácticos que
soportan las pretensiones ordinarias, no comporta por sí sola afectación
constitucional alguna, máxime cuando no se evidencia que el estudio probatorio
efectuado por la autoridad judicial atente contra las reglas de la sana crítica.
35. Además de comportar un simple desacuerdo con la valoración probatoria
realizada por la autoridad judicial, la pretensión no propende por la protección del
derecho a la vivienda digna que fue amparado en el fallo de tutela de la Corte
Constitucional, sino que involucra un asunto netamente económico, pues se
pretende la satisfacción de una reparación pecuniaria.
36. Por otro lado, los tutelantes afirman que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta
la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado, en
cuanto a que no catalogó la configuración del daño como autónomo y vulnerador de
derechos fundamentales ya amparados por la Corte Constitucional.
37. La Sala advierte que, a pesar de citar una decisión de unificación de esta
Corporación, la cual, por su naturaleza, impone la observancia de las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, lo cierto es que no despliega una suficiente carga
argumentativa, encaminada a demostrar el modo en que aquellas fueron
desconocidas y puntualmente en qué consistió la inobservancia invocada, máxime
cuando el asunto allí abordado versó sobre una retención ilegal, ejecución
extrajudicial y desaparición forzada, situaciones fácticas diversas a la que dio origen
al daño alegado en el sub lite. Además, el hecho de que el Tribunal accionado
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00490-00
Accionante: Elba Marina Sarmiento y otros
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hubiere concluido que se debían demostrar los perjuicios ocasionados con el
incumplimiento de la orden de tutela de la Corte Constitucional no implica por sí sola
que se haya desconocido la figura del daño autónomo indicado en la aludida
providencia de unificación.
38. Por último, la parte accionante indicó que la decisión judicial atacada contradice
las que se adoptaron en controversias similares a las suyas. Para tal propósito, cita
unas sentencias emitidas por ese Tribunal accionado, sin embargo, la Sala evidencia
que aunque también se hayan encaminado a obtener el resarcimiento de los
agravios causados por el incumplimiento de la sentencia T-109 de 2015 de la Corte
Constitucional, no se comparten similares supuestos fácticos ni cuentan con los
mismos elementos probatorios y algunas de esas providencias no fueron dictadas
por la misma Sala que emitió la cuestionada en este asunto, como se expone a
continuación:
No. Proceso22 Fecha Supuestos fácticos Decisión
1. 001-2019- 16/12/2021 Se acreditó el incumplimiento y el daño se materializó Revoca la que
00028-01 por la tardanza en el cumplimiento de la orden de negó
tutela, que le impidió gozar de manera efectiva de su pretensiones, para
derecho a la vivienda digna. acceder a estas23
2. 009-2019- 10/10/2022 Se concluyó que el hecho generador del daño fue la Confirma la que
00039-01 actividad tardía de la administración, que comprometió accedió a
la garantía de protección efectiva ordenada y que pretensiones24
resultó determinante para que el derecho a la vivienda
digna de los demandantes continuara en la
indeterminación.
3. 003-2018- 26/10/2022 No se ha garantizado el derecho a la vivienda digna a Revoca la que
00481-01 los demandantes, es decir, no han obtenido una negó
solución de manera definitiva. Se precisó que el hecho pretensiones, para
generador del daño fue el incumplimiento tardío de la acceder a estas25
administración, que comprometió la garantía de
protección efectiva ordenada y que resultó
determinante para que el derecho a la vivienda digna
continuara desprotegido.
4. 003-2018- 01/12/2022 Se acreditó el incumplimiento y no se allegó prueba de Revoca la que
00489-01 que se hubiere hecho la entrega efectiva de la negó
vivienda. En todo caso, se precisó que de haber sido pretensiones, para
así habría lugar a la indemnización por el tiempo acceder a estas26
transcurrido hasta ese momento, pues el hecho
generador del daño fue el incumplimiento o
cumplimiento tardío de la Administración.
5. 002-2018- 14/12/2022 No se ha garantizado el derecho a la vivienda digna a Confirma la que
00482-01 los demandantes, es decir, no han obtenido una accedió a
solución de manera definitiva. Se precisó que el hecho pretensiones27
generador del daño fue el incumplimiento tardío de la
administración, que comprometió la garantía de
protección efectiva ordenada y que resultó
22 En todos los casos la primera parte del radicado es “68001-33-33-”.
23 Sala de decisión integrada por los magistrados Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada Macías
y Julio Edisson Ramos Salazar.
24 Sala de decisión integrada por los magistrados Claudia Patricia Peñuela Arce, Francy del Pilar Pinilla Pedraza
e Iván Fernando Prada Macías.
25 Sala de decisión integrada por los magistrados Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada Macías
y Julio Edisson Ramos Salazar.
26 Sala de decisión integrada por los magistrados Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada Macías
y Julio Edisson Ramos Salazar.
27 Sala de decisión integrada por los magistrados Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada Macías
y Julio Edisson Ramos Salazar.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00490-00
Accionante: Elba Marina Sarmiento y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
determinante para que el derecho a la vivienda digna
continuara desprotegido.
6. 006-2018- 07/07/2023 No se ha garantizado el derecho a la vivienda digna a Confirma la que
00474-02 los demandantes, es decir, no han obtenido una accedió a
solución de manera definitiva. pretensiones28
7. 015-2018- 14/09/2023 Se concluyó que los demandantes sufrieron un daño Confirma la que
00092-01 antijurídico, materializado en la imposibilidad de gozar accedió
plenamente de su derecho fundamental a la vivienda parcialmente a
digna, legítimamente amparado por una orden de pretensiones29
tutela de la Corte Constitucional, sin que mediara
justificación que soportara dicha tardanza.
8. 004-2018- 19/06/2024 Se concluyó que la demandante sufrió un daño Revoca la que
00451-01 antijurídico, materializado en la imposibilidad de gozar negó
plenamente de su derecho fundamental a la vivienda pretensiones, para
digna, legítimamente amparado por una orden de acceder a estas30
tutela de la Corte Constitucional, sin que mediara
justificación que soportara dicha tardanza.
9. 006-2018- 18/07/2024 No se ha garantizado el derecho a la vivienda digna a Revoca la que
00470-01 los demandantes, es decir, no han obtenido una negó
solución de manera definitiva. pretensiones, para
acceder a estas31
39. Con base en lo citado en precedencia, se tiene que en las sentencias de 1º y 14
de diciembre de 2022 y 7 y 18 de julio de 2023 el extremo activo del litigio no había
recibido la solución definitiva de vivienda, circunstancias que difieren de la situación
de los demandantes.
40. En todo caso, aunque en las providencias de 16 de diciembre de 2021, 10 y 26
de octubre y 1º y 14 de diciembre de 2022 y 14 de septiembre de 2023 y 19 de junio
de 2024 se haya considerado que el daño lo originó el solo hecho del incumplimiento
por parte del municipio de Floridablanca, por lo que procedía la reparación de los
daños causados con independencia del cumplimiento tardío, lo cierto es que esa
determinación judicial la adoptó una sala de decisión diferente a la que profirió el
fallo objeto de censura32.
41. Por consiguiente, aunque las anteriores decisiones hayan emanado de la misma
Corporación, resulta indispensable para analizar la configuración del
desconocimiento del precedente horizontal que las hayan dictado las mismas
autoridades judiciales, circunstancia que no acaece en el asunto sub examine. En la
medida en que este se configura cuando la misma autoridad judicial dicta decisiones
contrarias para zanjar controversias similares sin explicación alguna33. Sin
mencionar que ese análisis no puede prescindir de considerar el debate probatorio
que se surtió en cada proceso.
28 Sala de decisión integrada por los magistrados Carolina Arias Ferreira, Claudia Patricia Peñuela Arce e Iván
Mauricio Mendoza Saavedra.
29 Sala de decisión integrada por los magistrados Claudia Patricia Peñuela Arce y Francy del Pilar Pinilla Pedraza.
30 Sala de decisión integrada por los magistrados Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada Macías
y Julio Edisson Ramos Salazar.
31 Sala de decisión integrada por los magistrados Carolina Arias Ferreira e Iván Mauricio Mendoza Saavedra.
32 Integrada por los magistrados Carolina Arias Ferreira, Luisa Fernanda Flórez Reyes e Iván Mauricio Mendoza
Saavedra.
33 Sentencia T-390 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00490-00
Accionante: Elba Marina Sarmiento y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
42. En ese sentido, el desconocimiento del precedente invocado no se fundamentó
en demostrar la afectación constitucional que se alega, sino en la interpretación que
se debía tener sobre la aplicación del daño autónomo y la imposición de decidir en
similar sentido a los litigios zanjados por el Tribunal accionado, a pesar de no
compartir identidad fáctica y no haber sido emitidas esas determinaciones por la
misma autoridad judicial.
43. Conforme al anterior recuento, la Sala advierte que las inconformidades en las
que los tutelantes fundamentan el defecto fáctico y el desconocimiento del
precedente invocados, comportan simple desacuerdo con la decisión judicial objeto
de censura, para que se acoja la tesis que pregona sobre el derecho que tenía al
reconocimiento de los perjuicios reclamados, con ocasión al incumplimiento del fallo
de tutela T-109 de 2015 de la Corte Constitucional como si esta acción fuera una
instancia adicional al proceso ordinario. Es decir, no basta que se manifieste un
descontento, sino que este debe involucrar la afectación constitucional alegada, lo
cual no se acredita en el sub lite.
44. Laparte actora no encaminó razonamiento alguno a desvirtuar la postura
adoptada por la autoridad judicial, sino que se limitó a indicar la manera como debían
ser apreciadas las pruebas y la jurisprudencia aplicable, sin demostrar que la
manera como lo hizo la autoridad judicial comporte vulneración a sus derechos
fundamentales. En ese sentido, no es viable que en esta tutela se le imponga a la
accionada decidir el asunto en determinado sentido, cuando no se evidencia que la
determinación que adoptó resulte caprichosa.
45.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
46.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00490-00
Accionante: Elba Marina Sarmiento y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE34
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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