Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00547-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Legitimación en causa por pasiva en tutela: corresponde a quien se le
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00547-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00547-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00547-00
Accionante: ÓSCAR GONZALO ANAYA GARAVITO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia /
LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA EN TUTELA – Corresponde a quien se le
atribuye una conducta que amenace o vulnere derechos fundamentales / VINCULACIÓN
DE TERCERO INTERESADO – Busca el ejercicio de las garantías procesales dentro de un
asunto que puede afectar los intereses legítimos del citado / FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – El accionante no puede emplear la tutela como una nueva instancia
para plantear sus discrepancias con la valoración probatoria o la interpretación normativa
del juez natural del asunto, ni para resolver asuntos de naturaleza económica / CARGA
ARGUMENTATIVA EN TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – El accionante
debe plantear argumentos claros, concretos y que den cuenta de un asunto en el que esté
en discusión la violación de derechos fundamentales
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por Óscar Gonzalo Anaya Garavito, Óscar Andrés Anaya Sandoval, Daniel Felipe
Anaya Sandoval, Claudia Rocío Sandoval Rodríguez y Jennifer Katherine Anaya
Sandoval (en adelante, la parte actora, los accionantes, los demandantes, los
tutelantes o los actores), de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de
20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 24 de enero de 2025, los demandantes formularon acción de tutela 2 en
contra del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga (en
adelante, el Juzgado) y del Tribunal Administrativo de Santander (en lo sucedáneo,
TAS, Tribunal, el accionado o el demandado), para que les sean amparados los
derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, acceso a la
administración de justicia e igualdad que, en su parecer, fueron vulnerados por estas
1 Ingresada para fallo el 14 de febrero de 2025.
2 Índice SAMAI tutela, núm. 2. Archivo: “ED_Demanda(.pdf)”.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00547-00
Accionante: Óscar Gonzalo Anaya Garavito y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
autoridades. Allí mismo, planteó la vinculación del municipio de Floridablanca (en
más, el Municipio, la entidad o la Administración) como tercero interesado.
Hechos relevantes
2. El Municipio adelantó dos proyectos de vivienda de interés social que fueron
incumplidos por la Administración. Pese a ello, los adjudicatarios o beneficiarios
ocuparon el lote “Altos de Bellavista Etapas II y IV”, y fueron desalojados por la
fuerza policial. Ante esto, iniciaron una acción de tutela cuyo trámite fue
seleccionado para revisión por la Corte Constitucional que decidió, mediante
sentencia T-109 de 2015, amparar los derechos de los allí tutelantes y ordenó a la
entidad, entre otras medidas, a realizar labores encaminadas a que, en un plazo
máximo de un año y medio, se culmine un “proyecto de vivienda social digno para
los accionantes y demás ciudadanos en igualdad”, y que respete las condiciones
ofrecidas en el 2007 para el proyecto inicialmente planteado.
3. Como la entidad incumplió el plazo máximo dictaminado por el Alto Tribunal
sin formular una solución habitacional, los actores, en su calidad de beneficiarios,
demandaron en reparación directa al Municipio para que éste resarciera los
perjuicios ocasionados por la inobservancia de las órdenes proferidas por el juez
constitucional. El Juzgado denegó las pretensiones de la demanda, en decisión del
20 de agosto de 2021. Por su parte, el Tribunal confirmó el fallo de primera instancia
en providencia del 31 de octubre del 2024.
Pretensiones
4. La parte actora solicita, a través de la acción de tutela, lo siguiente [se
transcribe textualmente con posibles errores e imprecisiones]:
“PRIMERO: Amparar los Derechos Fundamentales al acceso a la
Administración de Justicia, necesidad de acatar precedentes
jurisprudenciales, el derecho a la igualdad, debido proceso y seguridad
jurídica, y derecho a la vivienda digna, actualmente vulnerados por las
sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado
PRIMERO Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander, respectivamente, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el radicado No.
68001333300120180044600/ 68001333300120180044601
SEGUNDO: Dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia
emitidas por el Juzgado PRIMERO Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado
68001333300120180044600/ 68001333300120180044601
TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander proferir, dentro
de un término prudencial, un nuevo fallo dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado No.
68001333300120180044601, en donde se atienda el respeto de los
derechos fundamentales que se encuentren afectados o vulnerados.”.
2
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Accionante: Óscar Gonzalo Anaya Garavito y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
5. Según los actores, las providencias del Juzgado y del TAS vulneraron los
derechos invocados en tanto desconocieron “material probatorio debidamente
incorporado dentro del proceso judicial que tendría incidencia directa en la decisión
de fondo, desconocen los distintos precedentes jurisprudenciales” y violaron
directamente la Carta Política.
6. En ese sentido, especificó que ambas instancias judiciales desconocieron
nueve fallos proferidos por el Tribunal accionado, que dirimieron “en forma diferente
y con conceptualización contraria situaciones similares tanto fáctica, jurídica y
temporo espacialmente [sic], al tratarse de integrantes de la misma comunidad
vulnerable de beneficiarios”. Así mismo, indicó que las providencias soslayaron un
fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado3.
7. De otra parte, los tutelantes adujeron que, contrario a lo que sostuvo el TAS
en el fallo de segunda instancia, los demandantes no se retiraron del proyecto, ni
perdieron su calidad de beneficiarios de la sentencia T-109/15, por solicitar la
devolución del dinero pagado como cuota inicial. Aseguró que no era cierto que el
proyecto inmobiliario planteado posteriormente hubiese respetado las condiciones
inicialmente ofrecidas en el año 2007. Igualmente, las accionadas no atendieron “las
razones que motivaron al retiro [del] ahorro, que configura su situación vulnerable
después de más de 10 años de espera, sin generar intereses atendibles y sin ver
pronta solución por el Municipio”.
Trámite en primera instancia
8. El 6 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
4
tutela ; ordenó la notificación a las autoridades judiciales accionadas y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, vinculó al Municipio como
tercero con interés en las resultas del proceso.
Intervenciones
9. El Juzgado contestó la demanda de tutela5 argumentando que su decisión
fue adoptada en derecho, conforme a las pruebas practicadas, y respetando el
debido proceso. Por lo tanto, este despacho sostuvo que no vulneró ningún derecho
fundamental de los accionantes.
10. El Tribunal6 se opuso a la procedencia del amparo al no satisfacer el requisito
de relevancia constitucional ya que, a su juicio, los accionantes buscan una
3 Refiere la “sentencia unificación jurisprudencial de Sala de la Sección Tercera del 28 de agosto de
2014, exp. 32.988, M.P.: Ramiro Pazos Guerrero”.
4 Índice SAMAI tutela, núm. 4.
5 Ibid. núm. 8.
6 Ibid. núm. 10.
3
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Accionante: Óscar Gonzalo Anaya Garavito y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
instancia adicional, formulan una inconformidad con la decisión que desestimó sus
pretensiones, plantean un asunto netamente económico, y no cumplieron con la
carga argumentativa que justifique la intervención del juez de tutela. En defecto de
lo anterior, plantea que las súplicas plasmadas por los actores deben denegarse
porque no han sido vulnerados sus derechos fundamentales. Expone, en ese
sentido, lo siguiente:
11. La mayor parte del escrito presentado está compuesto de fragmentos de
decisiones judiciales de esa Corporación lo que, si bien denota que no comparten
que su caso haya sido fallado de manera diferente a otros adoptados por el TAS,
no permite discernir “en qué consiste la presunta vulneración de las garantías
constitucionales cuya protección solicitan por esta vía”.
12. La motivación de los fallos en materia de derecho de daños obliga que cada
caso concreto sea estudiado individualmente, de acuerdo con las pruebas
decretadas y practicadas en el proceso por lo que, si bien “es cierto que este
Tribunal ha abordado casos análogos en sede de reparación directa, derivados
precisamente del incumplimiento de la sentencia T-109 de 2015 […] no puede
pretenderse, como la parte actora lo desea, crear un modelo para decidir de la
misma manera todos los asuntos que compartan alguna similitud fáctica o jurídica”.
13. En relación con este caso particular, este accionado manifestó que encontró
probado lo siguiente:
“… i) el Municipio de Floridablanca, en cumplimiento de la orden de la H.
Corte Constitucional, desarrolló el proyecto de vivienda de reemplazo Villa
Renacer; ii) aunque no logró realizar el proyecto dentro del término
concedido, se demostró con fundamento en las pruebas documentales
aportadas y el trámite incidental, que no existió una mora injustificada en el
procedimiento de adjudicación y escrituración del inmueble asignado a
través del subsidio de vivienda; iii) los demandantes fueron beneficiarios de
la solución de vivienda definitiva, pero decidieron voluntariamente no
postularse, pese a que eran beneficiarios de la misma solicitando la
devolución del dinero que aportaron para la cuota inicial del proyecto, iv) los
interesados no acreditaron los perjuicios que la mora les causó y el nexo
causal entre el cumplimiento tardío de la entidad territorial y los perjuicios
deprecados y v) no fue posible establecer la antijuridicidad del daño
padecido por los demandantes”. [Negrilla original del escrito de
contestación].
14. Así mismo, manifestó que los casos invocados por los demandantes no
constituyeron un precedente vinculante para este proceso porque no hay identidad
fáctica ni jurídica entre ellos7.
7 Del recuento expuesto en la contestación, expresa que “que los casos analizados en las ocho
ocasiones en que he sido ponente son distintos entre sí, con hechos probados que varían en cada
proceso. En resumen, los asuntos se pueden clasificar en tres grupos: i) aquellos que no recibieron
solución de vivienda, ii) aquellos que recibieron solución de vivienda, pero de manera tardía, y iii)
aquellos que, a pesar de haber recibido solución de vivienda, esta fue tardía y decidieron abstenerse
de postularse a la misma. Bajo esta óptica, se colige que los casos en cuanto a su contenido no son
4
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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
15. Por su parte, el Municipio8 se limitó a argumentar que no estaba llamado a
responder por la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los
actores, toda vez que no administra justicia. Por lo tanto, solicitó la declaración de
falta de legitimación en la causa por pasiva.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
16. De antemano, la Subsección desestimará el alegato del Municipio respecto
de su falta de legitimación en causa por pasiva porque su vinculación obedece a
garantizar la defensa de sus intereses legítimos en las resultas de esta solicitud de
amparo constitucional, en la que son objeto de reproche dos providencias judiciales
proferidas en un proceso del cual fue parte9. Además, de acuerdo con los hechos
relatados por los tutelantes, la amenaza o violación de los derechos fundamentales
invocados por los accionantes es atribuida específicamente a las decisiones de los
órganos judiciales que denegaron sus pretensiones, y no a una conducta activa u
omisiva de la Administración municipal.
17. Por otra parte, esta Colegiatura declarará la improcedencia de la acción de
tutela presentada por los actores al considerar que el asunto carece de relevancia
constitucional porque: (i) la parte actora plantea un disenso respecto de la valoración
probatoria contenida en los fallos del Juzgado y del Tribunal que no denota la
vulneración de derechos fundamentales; (ii) a diferencia de las cuestiones decididas
por la Corte Constitucional en la sentencia T-109 de 2015, la controversia
actualmente expuesta por los accionantes es de carácter económico y; (iii) la súplica
no satisface la carga argumentativa para justificar la intervención excepcional del
juez constitucional.
18. El requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, establecido por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante la
sentencia C-590 de 200510, busca que el juez de amparo no defina “cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”. En esa medida,
idénticos, toda vez que cada asunto cuenta con situaciones particulares y disímiles en los hechos
probados”.
8 Índice SAMAI tutela núm. 9.
9 “El fundamento del llamado que debe hacerse a los terceros con un interés legítimo en el resultado
del proceso de tutela no es otro que el derecho al debido proceso que, de conformidad con el artículo
29 superior, es aplicable a “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, predicado del
cual se deduce que también el procedimiento propio del mecanismo de defensa previsto en el
artículo 86 de la Carta Política se encuentra gobernado por sus reglas, en los términos de las normas
constitucionales y de las normas legales que las desarrollan y en particular las del decreto 2591 de
1991. // La intervención de los terceros, entonces, se orienta, primordialmente, a lograr que, en virtud
de su legítimo interés, ellos tengan la posibilidad de ejercer todas las garantías del debido proceso
y sobre todo el derecho de defensa que es uno de sus principios rectores y merced al cual pueden
allegar las pruebas que consideren pertinentes y controvertir las que se presenten en su contra,
dentro de los momentos y términos procesales que, de acuerdo con las formas propias de cada
juicio, se hayan establecido en el pertinente ordenamiento procesal”: Corte Constitucional. Sala
Octava de Revisión. Sentencia T-247 del 27 de mayo de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz.
10 M.P. Jaime Córdoba Triviño
5
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
providencias posteriores de la mencionada alta Corporación, han destacado que de
esta exigencia tiene tres finalidades:
“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad ; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”11.
19. De esta manera, la jurisprudencia12 ha comprendido que de esta exigencia
se desprende que:
20. La controversia necesariamente debe versar “sobre un asunto constitucional
y no meramente legal y/o económico” porque esta clase de conflictos están
llamados a solucionarse por medio de los mecanismos ordinarios preestablecidos
para tal efecto. Así, el asunto carece de relevancia constitucional (i) cuando se limita
a expresar un desacuerdo de carácter “probatorio o de interpretación de la ley” salvo
cuando de ésta se desprenda la violación de derechos fundamentales, o (ii) cuando
se evidencie que la problemática posee connotaciones estrictamente monetarias de
carácter particular o privado.
21. El caso debe plantear algún debate en torno al contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, siendo necesario que “el asunto que origina la
presentación de la acción contra una providencia judicial tenga trascendencia para
la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución Política, así como para la
determinación del contenido y alcance de un derecho fundamental”.
22. La acción de tutela no puede convertirse en una instancia o recurso judicial
adicional a los legalmente diseñados para ventilar una discusión de carácter
netamente legal o económico, reemplazando los instrumentos procesales comunes
y la competencia de los jueces ordinarios.
23. Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación13 indicó que el requisito en comento supone “la conjunción de dos
elementos necesarios”: Además de prevenir que el procedimiento de protección de
derechos fundamentales no constituya “una instancia procesal adicional”, se
requiere cumplir con la “carga argumentativa del actor para demostrar en sede de
tutela que el asunto es de relevancia constitucional”, que consiste en la presentación
de razones contundentes que justifiquen el amparo. Sobre este último aspecto, la
jurisprudencia constitucional advirtió que:
11 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
12 Ibid. Además en: Corte Constitucional. Sala Plena. SU-128 del 6 de mayo de 2021. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
“A diferencia de los demás ámbitos de procedencia de la acción de tutela en los que
prevalece el presupuesto de la informalidad, en tratándose del ejercicio de la acción
de amparo contra providencias judiciales, este Tribunal tiene establecido que su
valoración no procede de forma abstracta o general, esto es, derivado de la simple
afirmación de que se ha presentado una irregularidad en el proceso. Por el contrario,
la Corte ha establecido que, en este evento, existe una carga argumentativa por
parte del interesado en la que debe exponer, a partir de parámetros constitucionales,
el motivo por el cual la decisión judicial no supera un juicio de validez y, en caso de
que el vicio haya sido planteado ante el juez natural, la razón por la cual el
argumento expuesto por dicha autoridad tampoco supera tal escenario. Solo así se
protegen elementos tan relevantes para el Estado Social de Derecho como son la
autonomía e independencia judicial.
De esta manera, a juicio de este Tribunal, salvo que la violación iusfundamental sea
evidente, el análisis por vía de tutela solo puede estructurarse si previamente se
precisan por el interesado las circunstancias concretas que dan lugar a la afectación
del derecho y se logra establecer su nivel de influencia en la decisión cuestionada,
pues de esta forma se entiende delimitado el campo de acción en el que le es posible
actuar al juez constitucional, no solo en respeto de las esferas propias de los jueces
ordinarios, sino también acorde con el carácter breve y sumario que caracteriza a la
acción de amparo.
Desde esta perspectiva, no resulta procedente que se pretenda promover la acción
de tutela sobre planteamientos vagos, contradictorios, equívocos o ambiguos, que
no permitan orientar la actividad excepcional que le corresponde cumplir en este
campo al juez constitucional. De igual manera, tampoco cabe el ejercicio de esta
acción para repetir los mismos argumentos expuestos ante el juez natural, salvo
que, como ya se dijo, se formulen razones específicas para cuestionar los fallos
adoptados, a partir de la construcción de un juicio de validez derivado de parámetros
constitucionales.
Así las cosas, no se trata de rodear a la acción de tutela de exigencias formales
contrarias a su naturaleza, sino de exigir que el actor tenga claridad y sea diligente
en cuanto a la explicación del origen de la afectación de sus derechos y que dé
cuenta de ello al momento de pretender su protección constitucional.”14
24. En el caso concreto, la providencia del Juzgado15 estableció que no hubo
daño porque los demandantes no se postularon para la solución habitacional que,
en virtud de lo ordenado por el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia
T-109 de 2015 de la Corte Constitucional16, el Municipio planteó en lugar del
14 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-242 del 25 de abril de 2017. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15 Sentencia del 20 de agosto de 2021. En: índice SAMAI tutela núm. 2, archivo “6ed_prueba(.pdf)”,
f. 25-34.
16 Textualmente, la Corte Constitucional dispuso lo siguiente: “SÉPTIMO.- ORDENAR a la Alcaldía
de Floridablanca atender, responder y enmendar en lo que sea necesario, dentro de los 45 días
siguientes a la notificación de esta providencia, las observaciones realizadas por los evaluadores de
Findeter el pasado mes de febrero con respecto al proyecto inmobiliario Vipa [sic] “Cerros de la
Florida”, para lograr que el mismo sea considerado viable y declarado como habilitado. En todo caso,
sea mediante esta iniciativa o la articulación de políticas públicas nuevas acordes con la necesidad
y el grupo población afectado, el municipio de Floridablanca deberá presentar, dentro de los tres
meses siguientes a la notificación de esta providencia, un cronograma detallado de trabajo, con el
correspondiente soporte presupuestal y los responsables debidamente identificados, que en un
plazo máximo de un año y medio habrá de culminar un proyecto de vivienda social digno para los
accionantes y demás ciudadanos en igualdad de condiciones. // La propuesta que presente la
entidad territorial deberá respetar en la mayor medida posible las condiciones originales de la oferta
habitacional ofrecida en el año 2007, es decir, mantener características similares de metraje de las
7
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
proyecto “Altos de Bellavista”, del que fueron beneficiarios. También descartó la
afectación del derecho a la vivienda porque uno de los actores, el señor Óscar
Gonzalo Anaya Garavito, era dueño de un predio rural17.
25. El Tribunal18, por su parte, encontró que a los demandantes les fue ofrecido
formar parte del proyecto inmobiliario “Villa Renacer” que, a juicio de este órgano
colegiado, respetó “las condiciones de la oferta habitacional ofrecida en el año 2007”
y mejoró los porcentajes que debían pagar las familias. Ratificó que la parte actora
no quiso formar parte de este programa, y que solicitó el dinero aportado como cuota
inicial en “Altos de Bellavista”. De suerte que, en el caso estudiado encontró que, si
bien el Municipio “incumplió con los plazos establecidos por el fallo de la Corte
Constitucional”, también satisfizo la obligación de ofrecer un plan de vivienda de
acuerdo a las condiciones fijadas por la sentencia de tutela. Además, no halló
probados los perjuicios reclamados, ni encontró que la entidad territorial hubiese
sido objeto de sanción por desacato. Así, el TAS concluyó que no hubo daño 19
antijurídico20 ni resarcible porque “se aseguró el cumplimiento de lo ordenado en
aras de garantizar la protección de su derecho fundamental a la vivienda digna
según la sentencia de tutela”. Empero, agregó lo siguiente:
habitaciones, especificaciones de acabados y el valor del ahorro programado exigible. De surgir
alguna modificación esta solamente será válida siempre que sea para mejorar las condiciones de la
oferta inicial. Cualquier sobrecosto deberá ser asumido por la administración municipal y los recursos
que ésta pueda gestionar con las demás entidades públicas del orden nacional”.
17 En la sentencia de primer grado, el Juzgado indicó lo siguiente: “Del material probatorio aportado
no puede este Despacho deducir la configuración del daño deprecado, máxime si se tiene en cuenta
que el señor OSCAR GONZALO ANAYA GARAVITO no se postuló ni participo en la convocatoria
que sustituyó el primero proyecto de vivienda ofertado por el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. […]
El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA debió sortear diversos inconvenientes a fin de sacar adelante
el programa de vivienda de interés social “altos de bellavista”, gestión que se encuentra debidamente
demostrada con los diversos documentos y declaraciones rendidas en la etapa probatoria. Aunado
a lo cual, se reitera, la parte demandante no hizo lo suyo al postularse como beneficiario del proyecto
de vivienda que reemplazó el inicialmente ofertado por el ente territorial, el cual no se ejecutó debido
a que el terreno de construcción fue declarado como de alto riesgo. […] Finalmente, no se demostró
la vulneración de derechos fundamentales en cabeza de los aquí demandantes, quienes no
acreditaron haber solicitado subsidio alguno al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, debiéndose
resaltar que el señor OSCAR GONZALO ANAYA GARAVITO es propietario de un predio rural”.
18 Sentencia del 31 de octubre de 2024. En: índice SAMAI tutela núm. 2, archivo “6ed_prueba(.pdf)”,
f. 1-21.
19 De acuerdo con el fallo de segunda instancia: “… en el caso que se estudia no se probó un daño
producto de la mora en el trámite de entrega del proyecto de vivienda en reemplazo del proyecto
inicial «Altos de Bellavista». Pues como se expuso, el hecho de que se hubiese realizado por fuera
de los términos impuestos en la orden de amparo no es motivo suficiente para declarar la
responsabilidad del Estado, pues debe comprobarse que el daño fue producto del actuar de la
autoridad administrativa para que pueda ser imputable a la misma”.
20 El Tribunal coligió que “el daño alegado por los demandantes no reúne los requisitos señalados
por la jurisprudencia para ser considerado como antijuridico, pues si bien el municipio de
Floridablanca excedió los tiempos del plazo fijado por la Corte Constitucional para cumplir con lo
ordenado en sede de tutela, lo cierto es que dicha orden efectivamente se materializó para el
momento de la interposición de la demanda, y por ende el daño alegado no resulta ser indemnizable,
dado que pese a que hubo un término de espera para el cumplimiento de lo ordenado, este obedeció
a los trámites propios que se debían surtir para dar cumplimiento a la sentencia de tutela, que
corresponde a los gestiones que se desprenden de la ejecución y asignación de un inmueble a través
de un proyecto de vivienda, cuyo resultado fue la realización efectiva del proyecto de reemplazo en
similares e incluso mejores condiciones que el proyecto inicial.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00547-00
Accionante: Óscar Gonzalo Anaya Garavito y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
“… en este punto la Sala aclara que, aunque en otros casos similares se ha
sostenido una posición en la cual se encuentra probada la antijuridicidad del daño,
aquellas situaciones corresponden a una ausencia de solución de vivienda efectiva,
por no lograr acceder a tal beneficio y sufrir unos perjuicios en el entretanto, cuyo
resultado es la persistencia del hecho generador de daño por la omisión de la
administración, dado que se comprometió la garantía de protección efectiva de sus
derechos, como lo es el derecho a la vivienda digna.
En esos casos se reitera, la situación de otros demandantes ha continuado en un
estado incierto y carente de una solución definitiva y/o han sido causados unos
daños producto de una diligencia de desalojo sin las garantías mínimas para su
reubicación, situación que no ocurre en el presente caso, pues la parte actora contó
con la posibilidad de acceder a una solución de vivienda propia y voluntariamente
decidió no postular para la misma.” [Subraya la Sala].
26. Visto lo anterior, se advierte que las dos providencias objeto de reproche en
sede de tutela enfatizaron en el hecho de que los actores rechazaron formar parte
del proyecto de vivienda que reemplazó a “Altos de Bellavista” para exponer que las
pretensiones de responsabilizar patrimonialmente al Estado no estaban llamadas a
prosperar porque no se acreditó la existencia de un daño antijurídico.
27. Frente al núcleo de la motivación de ambas sentencias, los tutelantes
expresaron su desacuerdo en que las autoridades accionadas hayan llegado a la
conclusión desestimatoria de sus súplicas, derivada del hecho de no haber
aceptado el ofrecimiento en la solución habitacional denominada “Villa Renacer”.
Tal petición entraña un diferendo netamente probatorio, del cual no se aprecia la
violación flagrante de derechos fundamentales y que, de ser apreciados en tutela,
darían lugar a una instancia judicial adicional a las ya surtidas en el proceso
contencioso administrativo ordinario, y por lo cual el amparo constitucional deviene
improcedente.
28. De otra parte, es necesario puntualizar que la controversia traída en esta
ocasión al escenario constitucional no se asemeja con aquella que concluyó en la
sentencia T-109 de 2015. Mientras en este fallo se analizó la violación de derechos
fundamentales por el desalojo forzoso de los ocupantes del predio “Altos de
Bellavista”, y por el incumplimiento del proyecto de vivienda del mismo nombre 21,
en esta oportunidad la controversia se enfoca en la obtención de un resarcimiento
21 En el fallo mencionado, la Corte Constitucional delimitó las problemáticas jurídicas que serían
resueltas en ese caso: “De la reseña fáctica trascrita, así como de las pruebas recolectadas por esta
Corporación, se advierte que la vulneración denunciada por los accionantes denota una dificultad de
raigambre constitucional relacionada con el derecho fundamental a la vivienda digna y al debido
proceso. No obstante, en tanto el trámite policivo ya culminó y con ello la pretensión original de la
tutela en el sentido de suspender tal diligencia, la Corte deberá resolver como asunto previo si se ha
configurado un evento de carencia actual de objeto o si, en todo caso, resulta necesario un
pronunciamiento del juez constitucional. Resuelto lo anterior, se analizarán los siguientes problemas
jurídicos: // 1- ¿Trasgredió los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna la
diligencia de “reubicación” llevada a cabo por la Inspección primera de policía los días 3 y 4 de
septiembre de 2014, teniendo en cuenta las denuncias ciudadanas sobre la falta de albergues
transitorios adecuados y los supuestos abusos de la fuerza pública? // 2- ¿Vulnera el derecho
fundamental a la vivienda digna de los accionantes y los demás beneficiarios del proyecto original
“Altos de Bellavista” el incumplimiento del programa en el año 2007 por problemas geológicos en el
lote y las posteriores actuaciones de la administración?”.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00547-00
Accionante: Óscar Gonzalo Anaya Garavito y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
económico por lo que, a juicio de los actores, comportó una falla del servicio
atribuible al Municipio por el incumplimiento de una orden judicial. Advierte esta
Sala, entonces, que el contenido de la presente discusión no comporta un debate
sobre la violación de garantías esenciales sino sobre la satisfacción de una
reparación pecuniaria. Esto también significa la falta de relevancia constitucional
que hace improcedente la acción de tutela.
29. Ahora, en relación con la violación del precedente horizontal del TAS, esta
Subsección encuentra que, más allá de la similitud fáctica de ser casos relacionados
con la orden proferida por la Corte Constitucional en el 2015, no hay univocidad en
los supuestos fácticos ni jurídicos decididos en cada una de esas oportunidades, ni
son análogas a las ocurridas en el caso de los demandantes. Tal disparidad puede
constatarse a partir de los fragmentos citados en el escrito de tutela, como pasa a
verse:
Expediente Extracto citado en la demanda22
2018-00474-02 Sentencia del 7 de julio de 2023:
“… el reiterado incumplimiento de la administración de
Floridablanca en proveer una solución de hogar digna, oportuna y
real a los accionantes y demás beneficiarios del programa original
“Altos de Bellavista” y que constituye una vulneración al derecho
fundamental a la vivienda digna.»
… de acuerdo con los hechos probados, se tiene que los señores
[…] y otros, sí sufrieron un daño personal y cierto, materializado en
la imposibilidad de gozar plenamente de su derecho constitucional
a la vivienda digna, legítimamente amparado por una orden judicial
emanada de la Corte Constitucional, dentro de la oportunidad
señalada por la misma autoridad, sin que mediara justificación que
soportara dicha tardanza […]
… Tampoco se debe olvidar que, en el expediente no obra prueba
de que el municipio de Floridablanca hubiese intentado introducir
cambios que fueran indispensables y necesarios, y que soportaran
la tardanza señalada, con el objeto de hacer cumplir la decisión
adoptada en la sentencia de tutela dentro de los términos que le
fue ordenado.
…Llama la atención que el municipio expone que no hubo
negligencia en el cumplimiento del fallo y sustenta sus argumentos
en las actuaciones que tuvieron lugar durante los años 2018 y
2019, esto es, por fuera de los términos que la Corte Constitucional
dispuso, desconociendo entonces, el incumplimiento desde el
punto de vista objetivo, a la orden judicial.
…Lo que aquí se debate es que la falta de acatamiento a la
sentencia de tutela, vulnera directamente los derechos
constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de las personas que resultaron favorecidas con la
22 Transcripción textual, con negrillas originales y posibles errores e imprecisiones.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00547-00
Accionante: Óscar Gonzalo Anaya Garavito y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
providencia judicial, circunstancia que se acredita plenamente en
el proceso.
…En esa medida, el daño causado a los demandantes es
antijurídico por cuanto se vulneraron sus derechos fundamentales,
en especial las reglas del debido proceso atadas al acceso efectivo
a la administración de justicia y su dignidad humana, al dilatar el
cumplimiento de la orden contenida en la Sentencia T-105 de 2015
que les otorgó la posibilidad de tener una vivienda en condiciones
dignas. Por ende, ponerlos en situación de incertidumbre significó
vulnerar esas garantías amparadas constitucionalmente.
…Es decir, el municipio de Floridablanca no atendió los términos
señalados por la Corte Constitucional para tal fin y el cumplimiento
tardío y/o incompleto de la orden no rompe el nexo de causalidad
con el daño causado en relación al derecho a la vivienda, que,
como ya se advirtió, no se debe interpretar en un sentido
restrictivo.”
2018-00489-01 Sentencia del 1 de diciembre de 2022:
“……el municipio de Floridablanca realiza un análisis ajeno a lo
debatido en esta instancia judicial, el que si bien es de recibo en la
tutela que ya se surtió y respecto de la cual se predica el
incumplimiento, nada tiene que ver con el hecho dañoso que se
enrostra a la entidad demandada, esto es, el incumplimiento a la
orden dada en la tutela, respecto de lo cual ha de analizarse el
daño, materializado en la imposibilidad de gozar plenamente de su
derecho constitucional a la vivienda digna, legítimamente
amparado por una orden judicial emanada de la Corte
Constitucional, dentro de la oportunidad señalada por la misma
autoridad, sin que mediara justificación que soportara dicha
tardanza. La mera expectativa de vivienda que tanto predica el
municipio es respecto al proyecto Altos de Bellavista, y se
repite, el problema jurídico a resolver en este escenario es
totalmente diferente.
… De esta forma, al no acatar los términos impuestos por la Corte,
el hecho generador del daño fue el incumplimiento o
cumplimiento tardío de la administración, que comprometió la
garantía de protección efectiva ordenada y que resultó
determinante para que el derecho a la vivienda digna de […] y
su hijo, que fue amparado, continuara desprotegido
…. si el proyecto renacer se hubiera ejecutado, seria valida la
defensa del municipio, en cuanto a que a la fecha de la entrega de
las viviendas habría finalizado el incumplimiento, y solo habría
lugar a la indemnización por el tiempo trascurrido hasta ese
momento”.
2019-00028-01 Sentencia del 16 de diciembre de 2021:
“…Tampoco se puede pasar por alto que en el expediente no obra
prueba de que el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA hubiese
intentado introducir cambios que fueran indispensables y
necesarios, y que soportaran la mentada tardanza, con objeto de
hacer cumplir la decisión adoptada en la sentencia de tutela.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00547-00
Accionante: Óscar Gonzalo Anaya Garavito y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
… Así las cosas, como el fin perseguido con la acción de tutela se
vio afectado en el tiempo, es evidente que el daño se concretó
ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna en la
oportunidad señalada por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-109 de 2015.
…. En esa medida, el daño causado a la señora […] es
antijurídico porque se pusieron en riesgo sus derechos
fundamentales, que precisamente el fallo de tutela estaba
amparando, ante la inobservancia de los términos
establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T109
de 2015 para ejecutar la decisión allí impartida.
… Siguiendo con la línea expuesta en párrafos anteriores y sin
lugar a hacer mayores pronunciamientos, es claro que el daño le
es imputable al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, puesto que era
la autoridad que debía acatar lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la precitada sentencia de tutela y no atendió los
términos señalados por la Corte Constitucional para tal fin y el
cumplimiento tardío no rompe el nexo de causalidad con el
daño sobre el derecho el derecho a la vivienda, que, como ya
se advirtió, no se debe interpretar en un sentido restrictivo
… Y, aunque en el estudio de la falla en el servicio es viable analizar
la culpa de la administración para determinar si se configura este
título de imputación, una vez analizadas las circunstancias que
rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor
previsibilidad y los medios de que disponía el ente territorial para
contrarrestarlo, esta Sala considera acreditada de manera
suficiente la tardanza en el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el numeral 7 de la Sentencia T-109 de 2015 por parte
del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA sin que se pueda advertir
una justificación jurídicamente aceptable”.
2018-00092-01 Sentencia del 14 de septiembre de 2023:
“11.10. Por lo tanto, contrario a lo expuesto por el A quo y el
recurrente, la tardanza del ente territorial en ofrecer un
proyecto de vivienda para los beneficiarios de la sentencia T-
109 de 2015 no está justificada. Fue el propio Tribunal
Constitucional que, de acuerdo con la sana crítica y en estricto
y riguroso análisis de lo probado dentro del mecanismo
constitucional, fijó unos términos razonables y justos para que
la autoridad municipal conjurara la gravosa situación y
garantizara el derecho a una vivienda digna de los accionantes
y beneficiarios de la orden, por lo que no le resulta dable al
juez contencioso ni a la administración excusar su
cumplimiento atendiendo razones de orden administrativo.
11.12. En ese sentido, la Corte dejó claro que la propuesta que
presente la entidad territorial debía respetar en la mayor medida
posible las condiciones originales de la oferta habitacional ofrecida
en el año 2007 y que le correspondía asumir cualquier sobrecosto
y también ordeno al Ministerio de Vivienda, de forma expresa que
en el marco de la ley y sus competencias, coordine con las
entidades territoriales la ejecución de los anteriores planes y
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00547-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
programas, prestándole al municipio la asesoría, cooperación y
asistencia técnica necesaria. De manera que pierde peso el
argumento del recurrente en el sentido que debía ahora
acoplarse a las nuevas políticas de vivienda que imperaban
para el momento en que se profirió el fallo.
11.14. En ese sentido, la interpretación del A Quo en torno a que
se colocó en una situación más gravosa a los demandantes porque
no se cumplen las mimas condiciones económicas de asequibilidad
que se disponían inicialmente, no resulta incongruente ni
desacertada, por el contrario, abordó todo el análisis de las
condiciones en que fue ofertado el proyecto inicialmente, las
contrastó con las normas que regulan la materia y con las
nuevas condiciones de oferta del proyecto Villa Renacer,
encontrando que, efectivamente, eran diferentes las
condiciones económicas del proyecto inicialmente ofertado.
11.18. Por lo tanto, justificar la tardanza para el cumplimiento de
una orden de tutela en actuaciones administrativas desmaterializa
los derechos amparados en sede de tutela, y desconoce la garantía
del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el cumplimiento de la orden judicial sea real y
efectivo.
11.21. En conclusión, para esa Sala, lo que aquí se debate es que
la falta de acatamiento a la sentencia de tutela vulnera
directamente los derechos constitucionales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y tutela
judicial efectiva de las personas que resultaron favorecidas
con la orden judicial. Así las cosas, como el fin perseguido con
la acción de tutela se vio afectado, es evidente que el daño se
concretó ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna
en la oportunidad y condiciones señaladas por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-109 de 2015.
11.30. Por lo tanto, el daño causado a los demandantes es
antijurídico, porque se les vulneraron sus derechos
fundamentales, en especial las reglas del debido proceso atadas al
acceso efectivo a la administración de justicia y su dignidad
humana, al dilatar el cumplimiento de la orden contenida en la
Sentencia T-105 de 2015 que les otorgó la posibilidad de tener una
vivienda en condiciones dignas. Luego, ponerlos en situación de
indefinición significó vulnerar esas garantías ius fundamentales ya
amparadas constitucionalmente.
2018-00482-01 Sentencia del 14 de diciembre de 2022:
“… Se advierte que, en efecto, le asiste razón al Municipio de
Floridablanca, cuando manifiesta que ofertó a la familia del señor
[…], una solución habitacional en el proyecto Villa Renacer; no
obstante, las condiciones que debe cumplir el actor, no son las
mismas que aquellas que en su oportunidad en el 2007 tenía
acreditadas, para poder acceder al programa de vivienda de “Altos
de Bella Vista II y IV”, tal como lo advirtió el a quo en su análisis
comparativo que esta Sala prohíja. Sin embargo, la mora no se
desvirtúa por razón de que la demandante no haya suscrito
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
escritura para el proyecto Villa Renacer, toda vez que, el
incumplimiento se produjo y hasta el momento no hay prueba de
que la vivienda haya sido entregada. Esto es, si el proyecto renacer
se hubiera ejecutado, seria valida la defensa del municipio, en
cuanto a que a la fecha de la entrega de las viviendas habría
finalizado el incumplimiento, y solo habría lugar a la indemnización
por el tiempo transcurrido hasta ese momento. Sin embargo, no
hay prueba alguna de esto en el expediente. En la contestación de
la demanda -2019- se referencia que en año y medio estará
concluido el proyecto Renacer sin embargo a la fecha de la
sentencia de primera instancia y la interposición del recurso de
apelación no se da informe alguno sobre la finalización del mismo,
lo que evidencia el incumplimiento”.
2018-00481-01 Sentencia del 26 de octubre de 2022:
“…Se advierte de la demanda que, el daño se hace consistir en la
no obtención oportuna – en los términos ordenados en la sentencia
de tutela-de una vivienda digna, ya que desde la fecha en que se
debió cumplir la orden impartida por el fallo de la Corte
Constitucional – 2015- a la fecha en que fue presentada la
demanda -21/11/2018- por razón de no cumplir lo dispuesto en esa
decisión el grupo familiar demandante, ha tenido que pagar un
arriendo afectando su situación económica, a más de otro tipo de
perjuicios.
… Acreditados así los elementos que configuran la
responsabilidad del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA por la
mora en el cumplimiento de la orden de amparo constitucional
contenida en el numeral 7 de la Sentencia T-109 de 2015 como
daño autónomo, sin que se haya alegado y menos acreditado por
parte de la demandada una causal eximente de responsabilidad
que rompa el nexo causal -culpa de la víctima, hecho de un tercero,
fuerza mayor o caso fortuito-, procede el análisis de los perjuicios
pretendidos”.
2018-00470-01 Sentencia del 18 de julio de 2024:
“…De lo anterior, se tiene que, aunque si bien el municipio de
Floridablanca rindió informe y dio cuenta de gestiones y tramites
que estén bajo su competencia relatar los avances del proyecto, lo
cierto es que las medidas adoptadas por parte de la administración
fueron inoportunas e insuficientes, pues los subsidios de
arrendamiento que alega la entidad demandada fueron entregados,
solo estaban dirigidos a población en situación de desplazamiento
más no a todas las familias afectadas, y los albergues ofertados
para su reubicación eran lugares que no contaban con condiciones
adecuadas para la habitabilidad de una familia, por lo tanto,
considera la Sala que no se ejecutaron las acciones necesarias
para cumplir con la garantía de los derechos a la vivienda digna ni
tampoco se logró adelantar el proyecto de vivienda en los términos
en que fue ordenado.
… Tampoco se puede pasar por alto que en el expediente no se
logra evidenciar que el Municipio de Floridablanca hubiese
intentado introducir cambios que fueran indispensables y
necesarios en el cronograma, y que soportaran la tardanza, con el
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00547-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
objeto de hacer cumplir la decisión adoptada en la sentencia de
tutela, así como tampoco obra prueba alguna de solicitudes de
prórroga y propuestas alternativas para fijar nueva fecha o
cronograma de ejecución y cumplimiento por parte del ente
territorial.
… Por lo anterior, de acuerdo con los hechos probados, se tiene
que los demandantes, sí sufrieron un daño personal y cierto,
materializado en la imposibilidad de gozar plenamente de su
derecho constitucional a la vivienda digna, y al debido proceso, al
no contar con una alternativa de solución adecuada que contara
con las condiciones óptimas para ello, y, además, estuvo
legítimamente amparado por una orden judicial emanada de la
Corte Constitucional
2018-00451-01 Sentencia del 19 de junio de 2024:
“…Así mismo, tal como se desprende de las decisiones tomadas al
interior de los incidentes de desacato, para la fecha de
presentación de la demanda, no se había obtenido por parte de la
demandante la vivienda o casa de habitación, para la que se otorgó
un plazo máximo de año y medio. En otras palabras, lo que se
observa es que hay un interés patrimonial de la demandante que
fue amparado por una decisión judicial y que por omisión ha sido
lesionado, lo que se traduce en un daño antijurídico, porque la
administración debe acatar los fallos judiciales, máxime cuando de
por medio están en juego derechos fundamentales, frente a lo cual
se advierte que, tratándose del cumplimiento de los fallos de tutela,
la Corte ha sostenido que «incumplir la orden dada por el juez
constitucional en un fallo de tutela es una conducta de suma
gravedad, porque (i) prolonga la vulneración o amenaza de un
derecho fundamental tutelado y (ii) constituye un nuevo agravio
frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de
acceso a la justicia» .
…Y si bien le asiste razón al Municipio de Floridablanca cuando
manifiesta que ofertó a la señora […] una solución habitacional en
el proyecto Villa Renacer, que le permitió adquirir la propiedad del
inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria ello no
desvirtúa el incumplimiento obligacional imputado a dicho ente
territorial, menos aun cuando, se insiste, la entrega de dicha
vivienda tuvo lugar hasta el mes de mayo de 2019, esto es, con
posterioridad a la presentación de la demanda y para cuando
superado se encontraba el término de año y medio concedido en la
Sentencia T-109 de 2015; incumplimiento que omite la efectividad
de los derechos amparados en vía constitucional, que supone una
carga adicional a la que comúnmente se enfrentan todos los
administrados, por cuanto se obvia el deber de sujeción a la orden
judicial. Advirtiéndose en todo caso, que no es este el escenario
judicial para debatir los aspectos planteados por el apelante en
torno a la forma como tuvo lugar el cumplimiento tardío o
defectuoso del fallo de tutela por razón de la entrega de la referida
unidad habitacional en el año 2019, según se reprocha”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00547-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
30. Sin entrar a estimar si este conjunto de pronunciamientos constituye un
precedente vinculante en el sub judice, es evidente que estos casos son
completamente diferentes al propuesto por la parte actora, porque en esos casos sí
se apreció un incumplimiento total o un cumplimiento tardío de la orden proferida
por la Corte Constitucional, y en esa medida, la autoridad judicial estimó que hubo
daños antijurídicos que ameritaban resarcimiento. Esto denota, una vez más, la
disconformidad de los accionantes con los fundamentos y el sentido de los fallos
adversos de sus pretensiones indemnizatorias, ahora formulada en un ejercicio
comparativo con otras decisiones que, más allá de tener algunas semejanzas, no
guardan identidad con las sentencias objeto de reproche.
31. En ese orden de ideas, la exposición numerosa de decisiones resueltas en
sentido contrario al de los accionantes no es suficiente para cumplir con la carga
argumentativa exigida en tutela contra providencias judiciales ya que no es claro
cómo la motivación de las accionadas para apartarse de esta serie de fallos23,
supone una arbitrariedad palmaria que quebranta derechos fundamentales, pese a
que el conjunto de decisiones invocadas por los tutelantes no trata situaciones
fáctica o probatoriamente iguales a la suya, esto es, en las que los beneficiarios o
adjudicatarios del proyecto planteado en el 2007, demandantes en esos procesos
de reparación directa, hayan decidido voluntariamente no aceptar una oferta igual o
mejor a la del plan anterior, no postularse a aquel que lo reemplazó, y solicitar su
retiro junto con la devolución de la cuota inicial.
32. Así mismo, la aseveración que cuestiona el apartamiento del precedente
judicial vertical por “no tener en cuenta por el H. Tribunal de Santander, en forma
coordinada con la instrucción de la sentencia del órgano superior, la configuración
del daño como daño autónomo y afectante de derechos fundamentales ya
amparados por la Corte Constitucional, situación que no observa el Tribunal
accionado”24 es imprecisa y confusa, por lo que tampoco cumple con el mínimo
argumentativo exigido.
33. Por todo lo anterior, se declarará la improcedencia de la acción de tutela en
el sub judice al no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
23 Vid. Supra. párr. 17 y 18.
24 Transcripción textual del escrito de tutela, con posibles errores e imprecisiones.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00547-00
Accionante: Óscar Gonzalo Anaya Garavito y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Óscar Gonzalo Anaya Garavito, Óscar Andrés Anaya Sandoval, Daniel Felipe
Anaya Sandoval, Claudia Rocío Sandoval Rodríguez y Jennifer Katherine Anaya
Sandoval en contra del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de Santander, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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