Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00501-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00501-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00501-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
15 de mayo de 2025
Demandante: Tomás Benjumea Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00501-01
Demandante: TOMÁS BENJUMEA RAMOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: Tutela contra providencia judicial – Modifica sentencia de
primera instancia. Declara improcedente por no superar el
requisito de relevancia constitucional y niega por no existir
vulneración del derecho a la igualdad frente al cargo de
desconocimiento del precedente judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo proferido el 20 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Tomás Benjumea Ramos, a través de apoderado judicial1, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar2, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica
y de acceso material a la justicia.
Lo anterior, con ocasión del fallo emitido el 1º de agosto de 2024 por la autoridad
judicial accionada, que confirmó la sentencia del 12 de septiembre de 2023 dictada
en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 20001-33-33-003-2022-00067-00/01.
1 Poder debidamente conferido al abogado Gustavo Adolfo Garnica Angarita, el cual cuenta con la
respectiva constancia de presentación personal realizada ante la Notaría Tercera del Círculo de
Valledupar.
2 Presentada el 31 de enero de 2025 - Índice 01 de Samai.
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Demandante: Tomás Benjumea Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
1.1. Ordene la anulación de la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, el día 01/08/2024, bajo el radicado 20001-33-33-
003-2022-00067-00/01, con ponencia de la honorable magistrada, Dra. Doris
Pinzón Amado.
1.2. Ordénele al Tribunal Administrativo del Cesar proferir una nueva decisión en la
que no se le vulneren los derechos fundamentales que le han sido conculcados a mi
representado con la sentencia cuya anulación se ordena […]3
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
Manifiesta el accionante que prestó sus servicios como docente oficial del municipio
de Valledupar, y al cumplir con los requisitos exigidos por la ley, le fue reconocida
una pensión de jubilación mediante la Resolución No. 0272 del 14 de abril del 2015,
con sujeción a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, sin que en el referido acto se
hubiere incluido la prima de antigüedad devengada durante el año inmediatamente
anterior a la adquisición del estatus pensional.
Por lo anterior, solicitó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag), la
reliquidación de la prestación social que le fue reconocida con la inclusión del
mencionado factor, la cual fue resuelta de manera desfavorable mediante oficio del
29 de noviembre de 2021.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró
demanda contra la referida entidad, a efectos de que se declarara la nulidad parcial
de la Resolución No. 0272 del 14 de abril del 2015 y la nulidad total del oficio de 29
de noviembre de 2021; y a título de restablecimiento del derecho, se ordenara la
inclusión de la prima de antigüedad en el acto de reconocimiento pensional, y a su
vez, le fueran cancelados los intereses moratorios causados con su correspondiente
indexación.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar que, mediante sentencia del 12 de septiembre de 2023, negó
las pretensiones de la demanda.
3 Transcripción original del texto con posibles errores.
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Lo anterior al estimar que, bajo los parámetros fijados por el Consejo de Estado en
las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018, dentro del proceso 52001-
23-33-0002012-00143-01 y la sentencia del 25 de abril de 2019, dentro del proceso
68001-23-33-000-2015-00569-01, al demandante no le asiste derecho a que su
pensión de jubilación le sea reliquidada conforme a los términos deprecados, ya que
en las mismas se dejó establecido con claridad que para determinar el Ingreso Base
de Liquidación (IBL) de la pensión de jubilación de los docentes, solamente deben
tenerse en cuenta los factores sobre los cuales se hubieran efectuado aportes al
sistema general de seguridad social.
Por lo anterior concluyó que, si bien es cierto que la prima de antigüedad se
encuentra incluida como factor salarial en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, y que
el actor acreditó haberla devengado en el año anterior a la adquisición de su status
pensional, no ocurrió así con relación a las cotizaciones y/o descuentos que por
dicho concepto se realizaron con destino al Fomag.
La anterior decisión fue recurrida por la parte actora, y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante fallo del 1º de agosto de 2024.
Como sustento de la decisión, dicha corporación refirió que, revisadas las pruebas
aportadas por la parte actora junto con el escrito de demanda, no se logró demostrar
que lo percibido por concepto de prima de antigüedad por el demandante, sirvió de
base para la liquidación de los respectivos aportes, lo cual se constituía en una
exigencia de procedencia de las pretensiones de la demanda, ya que el artículo 167
del Código General del Proceso es claro en establecer que quienes ejercen el
mandato de representación en un proceso judicial tienen la obligación de adelantar
las gestiones tendientes a la satisfacción de los derechos reclamados.
Así mismo señaló que, tampoco resultaba dable aceptar que debido a que la ley
establece como carga del empleador realizar las deducciones por concepto de
aportes y girarlas a las respectivas entidades de previsión, el accionante se
encontraba exento de cumplir con la obligación que le asistía de allegar las pruebas
que le permitían acreditar que el concepto devengado sí debía ser incluido dentro
de su acto de reconocimiento pensional, por haber servido de base para los aportes.
La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 5
de agosto de 20244.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
El accionante manifestó que, la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente establecido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ya que
4 Índice 12.
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se apartó de la línea jurisprudencial establecida en las sentencias que se relacionan
a continuación:
• CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, sentencia de
tutela proferida dentro del proceso radicado 2018-03933-01.
• CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, sentencia del
treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), consejero ponente: Gabriel Valbuena
Hernández. Radicación número: 44001-23-33-000-2015-00090-01 (1888-17).
Actor: Nancy Abadesa Brito Cataño. Demandado: Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
• CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, sentencia del veinticinco (25) de marzo
de dos mil veintiuno (2021), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
Radicado: 200012339000201700389 (5547-2019). Demandante: Cecilia Ibeth
Bejarano García. Demandado: Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
• CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN CUARTA, sentencia de tutela del veintiuno (21) de abril de dos mil
veintidós (2022), consejero ponente: Milton Chaves García. Radicado: 11001-03-
15-000-2021-06512-01.
• CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias SU-068 de 2022, T-702 de 2008, T-631
de 2009, T-387 de 2010, T-526 de 2014, T-230 de 2018, y T-505 de 2019.
Lo anterior, al estimar que en las citadas providencias se determinó que, ante la
ausencia de prueba que permita determinar si en materia pensional se efectuaron
o no aportes al sistema, lo procedente no es negar el derecho pretendido, sino
ordenar los descuentos que por tal concepto se debieron hacer sobre los factores
salariales contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
Refirió que, en consonancia con lo expuesto, el argumento planteado por la
autoridad judicial accionada, relativo a que al no haberse demostrado por parte del
accionante los aportes efectuados respecto a la prima de antigüedad limita la
posibilidad de que la misma sea incluida como factor salarial para reliquidar la
pensión de jubilación que le fue reconocida, resulta contradictorio con la
jurisprudencia planteada en las sentencias aducidas.
Así mismo, manifestó que con la decisión adoptada se incurrió en un defecto fáctico,
toda vez que el Tribunal Administrativo del Cesar consideró necesaria la prueba de
la realización de los aportes sobre la prima de antigüedad, sin que hubiere hecho
uso de la facultad para decretar pruebas de oficio, conforme al artículo 349 del
Código General del Proceso, y con la cual se podían despojar todas las dudas e
incertidumbres para resolver en torno a dicho aspecto.
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Reiteró que su reliquidación pensional no depende de la realización o no de los
aportes efectuados al sistema, máxime cuando dicha obligación se encuentra en
cabeza del empleador.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 4 de febrero de 20255, el magistrado ponente de primera instancia
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte actora6,
al Tribunal Administrativo del Cesar7 como autoridad judicial accionada, y vinculó
como terceros interesados en el resultado del proceso, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional8 – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag)9 y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar10.
1.6. Intervenciones.
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar11
Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-003-2022-00067-00/01, sin
pronunciarse frente a los hechos que dieron lugar a la presente acción, y respecto
de los cuáles se predica la vulneración a los derechos fundamentales del
accionante.
1.6.2. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio12
La Fiduprevisora S.A., actuando en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fomag, allegó escrito en el que manifestó que, las dos
únicas funciones que cumple dicha entidad en relación con las solicitudes de
reconocimiento de las prestaciones sociales en favor de los docentes, de acuerdo
con el Decreto 1272 de 2018 que rige la materia, son:
• Estudiar los proyectos de resolución que remiten las Secretarías de Educación
a nivel nacional, devolviendo el resultado, en calidad de negado o aprobado,
5 Índice 5 de Samai
6 Notificación realizada al correo electrónico: gust366@hotmail.com Índice 7 de Samai
7 Notificación realizada al correo electrónico: tutelastacsr@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincsr@notificacionesrj.gov.co - Índice 7 de Samai.
8 Notificación realizada al correo electrónico: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co - Índice
7 de Samai.
9 Notificación realizada al correo electrónico: tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co;
notjudicial@fiduprevisora.com.co Índice 7 de Samai.
10 Notificación realizada al correo electrónico: jadmin03vup@notificacionesrj.gov.co;
j03admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co Índice 7 de Samai.
11 Índice 8 de Samai.
12 Índice 9 de Samai.
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Demandante: Tomás Benjumea Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación completa del mismo en
el aplicativo destinado para ello y la remisión física del expediente.
• Pagar las prestaciones sociales reconocidas a través de una resolución que
única y exclusivamente pueden promulgar las Secretarías de Educación a nivel
nacional, una vez el ente territorial remita toda la documentación legalmente
necesaria para proceder con el pago, es decir, copia de la resolución con
constancia de ejecutoria y orden de pago sin errores.
Manifestó que la presente acción se torna improcedente, toda vez que el actor
cuenta con otros mecanismos legales y judiciales para solicitar el pago de la
prestación económica que se solicita además de no avizorarse la existencia de un
perjuicio irremediable.
En igual sentido precisó que, en el presente asunto no se evidencia la vulneración
de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que las autoridades
judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida
sin que se pueda aducir que los jueces de cada instancia hayan desconocido, entre
otros, los precedentes judiciales relacionados por el accionante.
Por lo anterior, señaló que no es dable afirmar que se haya presentado trasgresión
alguna en contra de los derechos del accionante, y que se han observado las
normas en garantía al principio del debido proceso, es decir, que la actuación fue
adelantada en debida forma y atendiendo los procedimientos legales, razón por la
cual, a su juicio, no existe vulneración de las garantías constitucionales.
Acorde con lo expuesto solicitó, se ordene su desvinculación de la presente acción,
y se declare improcedente la misma; petición que fue resuelta por el a quo en la
sentencia impugnada.
1.6.3. El Tribunal Administrativo del Cesar13, y la Nación – Ministerio de
Educación Nacional14, pese a estar debidamente notificadas del presente trámite,
guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia15
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 20 de marzo de
2025, declaró improcedente la acción, al considerar que no supera el requisito de
relevancia constitucional, ya que lo pretendido por la parte actora es reabrir el
debate resuelto por el juez natural de la causa en el proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho, por lo que no es el juez de constitucionalidad el
13 Notificaciones realizadas a los correos electrónicos tutelastacsr@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincsr@notificacionesrj.gov.co - Índice 7 de Samai.
14 Notificación realizada al correo electrónico: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co - Índice
7 de Samai.
15 Índice 19 de Samai
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llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el
equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado
para dirimir la controversia.
Con relación al desconocimiento del presente alegado refirió:
Frente a las providencias proferidas por la Subsección B, Sección Segunda de esta
Corporación el 9 de mayo de 2019, en la acción de tutela identificada con el radicado
nro. 2018-03933-01, y el dictado el 21 de abril de 2022 por la Sección Cuarta en la
acción de tutela con el radicado 2021-06512-01, indicó que el accionante no cumplió
con la carga de identificar cuál fue el problema jurídico resuelto en uno y otro caso,
aunado a que los fallos de tutela tienen efectos inter partes, por lo que las precitadas
providencias no constituyen precedente para el tribunal accionado.
Respecto a las sentencias dictadas por la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado el 30 de abril de 2020 en el proceso radicado 44001 23 33 000
2015 00090 00/01, y el 25 de marzo de 2021 en el proceso identificado con el No.
20001 23 39 000 2017 00389 00/01, precisó que, aunque el accionante sí identificó
el problema jurídico resuelto en cada caso, prima facie se advierte que ellos no
coinciden con el resuelto por la autoridad judicial accionada en la sentencia
acusada.
1.8. Impugnación16
La parte actora solicitó que se revoque la decisión adoptada en la sentencia
impugnada, y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados.
En primera medida precisó que, al tratarse del cuestionamiento que se hace
respecto de una decisión judicial vía acción de tutela, resulta evidente que a través
de los argumentos expuestos no se pretende reabrir el debate surtido en las
instancias procesales adelantadas dentro del proceso ordinario.
Reiteró los argumentos expuestos con relación al desconocimiento del precedente
respecto a las sentencias proferidas por el Consejo de Estado a través de sus
diferentes secciones y subsecciones, así como la sentencia SU-068 de 2022, de la
Corte Constitucional.
Adujo que la citada corporación mediante sentencia SU-081 de 2024, reconoció que
los jueces administrativos deben ejercer sus facultades probatorias oficiosas en el
marco de los procesos que ante ellos se adelantan.
Refirió que lo anterior desvirtúa las razones expuestas por el a quo en la providencia
recurrida con relación a la falta de relevancia constitucional.
16 Índice 15 de Samai.
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Insistió en sus argumentos, especialmente los encaminados a establecer que las
cotizaciones al sistema general de seguridad social, respecto a los aportes que
deben incluirse dentro de la base de liquidación del derecho pensional, es una
obligación que se encuentra en cabeza del empleador, sin que le pueda ser
trasladada al trabajador. Aunado a que la reliquidación de la pensión pretendida, no
depende de dicho aspecto.
Por último, precisó que el criterio de relevancia constitucional no se puede convertir
en un requisito cargado de subjetividad para imponer la improcedencia generalizada
de las tutelas contra las decisiones judiciales, aún en escenarios como al que aquí
se plantea.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Conforme a lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por el actor,
y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si confirma,
modifica o revoca la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera,
el 20 de marzo de 2025. Para lo cual, se deberán abordar el siguiente interrogante:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Cesar, vulneró los derechos fundamentales
del accionante, con ocasión de la sentencia dictada el 1º de agosto de 2024
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 20001-33-33-003-2022-00067-00/01, que confirmó la sentencia del
12 de septiembre de 2023 proferida en primera instancia por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, y a través de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii)
generalidades del defecto alegado y, iv) el caso concreto.
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia.19
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
El accionante expuso que el Tribunal Administrativo del Cesar, en la providencia del
1º de agosto de 2024, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9
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En su solicitud de amparo, el accionante considera que la afectación de sus
derechos fundamentales deviene de la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada, con relación a la carga probatoria que le fue impuesta para poder
demostrar el pago que por concepto de aportes se hubiere realizado sobre el factor
salarial que pretendía le fuera incluido en su reliquidación pensional; y el
desconocimiento de los pronunciamientos realizados por el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional en los que se ha establecido que, ante la ausencia de prueba
que permita determinar si en materia pensional se efectuaron o no aportes al
sistema, lo procedente no es negar el derecho pretendido, sino ordenar los
descuentos que por tal concepto se debieron efectuar.
Sobre el particular, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 202220, en cuanto a la procedencia de la
acción constitucional de cara a este presupuesto.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal21 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional23.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal24”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales25”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal27. (Resaltado de la Sala)
Acorde con la pauta jurisprudencial aludida, advierte la Sala que lo debatido por el
accionante en lo concerniente al defecto fáctico, corresponde a una inconformidad
con la conclusión a la que arribó el juez de segunda instancia, pretendiendo que
mediante el presente asunto se adopte una decisión diferente a la que le resultó
desfavorable a sus intereses, pues según su juicio, ante la falta de prueba que
permitiera determinar si sobre la prima de antigüedad se realizaron o no los aportes
correspondientes al sistema general en materia pensional, el ad quem debió haber
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ib.
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hecho uso de la facultad conferida en el artículo 349 del Código General del
Proceso, que le permite decretar pruebas de oficio, sin que se exponga con
suficiencia razones que justifiquen la intromisión del juez constitucional para dirimir
dicho asunto.
Sobre el particular, ha de advertirse que, si bien la prueba de oficio es un poder con
el que cuenta el juez, y del que puede hacer uso para llegar a la certeza absoluta
cuando las pruebas ofrecidas por las partes sean insuficientes para formar una
convicción clara sobre los hechos, lo cierto es que dicha potestad se torna
facultativa, ya que no existe norma expresa que le imponga al operador judicial la
obligación de buscar pruebas adicionales, toda vez que el mismo se encuentra
cobijado por la independencia y autonomía de quienes administran la justicia, sin
que vía acción de tutela se torne procedente realizar reproches al respecto.
Por lo anterior, considera la Sala que la aseveración realizada por la parte actora en
cuanto al cargo analizado, no tiene la identidad o trascendencia suficiente para
aplicar, interpretar o desarrollar un mandato constitucional, ya que la discusión
planteada pone en evidencia el desacuerdo de la parte actora con la decisión a la
que arribó el juez de segunda instancia, exponiendo además la forma como
considera debió actuar la autoridad judicial accionada, sin que se exponga un
argumento sólido que demuestre la vulneración de las garantías constitucionales
alegadas.
Así mismo, se hace menester advertir que el juez natural de la causa se enfrenta a
múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de
normas a un caso en específico28, y no le corresponde al juez constitucional señalar
cuál de tales posibilidades es la «correcta», ya que ello vulneraría la independencia
y autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario.
De otro lado, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por el tutelante obedece a una inconformidad con el análisis
efectuado por el ad quem respecto a los presupuestos y las pruebas que se
tornaban necesarias para acceder a la reliquidación de la pensión de jubilación que
le fue reconocida con la inclusión del factor salarial que considera no fue teniendo
en cuenta al momento de su reconocimiento, persiguiendo además, que se adopte
una interpretación legal y jurisprudencial favorable a su reclamación; lo que conlleva
a concluir que el accionante busca mutar el amparo constitucional en una tercera
instancia.
28 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
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Adicionalmente, se evidencia que la autoridad judicial accionada en su sana crítica
argumentó los motivos por los que, bajo su interpretación en el asunto sometido a
su estudio, había lugar a negar las pretensiones de la demanda.
En consecuencia, se considera que, lo pretendido por el accionante en cuanto a los
aspectos anteriormente analizados carece de relevancia constitucional, por lo que
se torna improcedente, y en dicho entendido se confirmará la decisión impugnada
en torno al cargo planteado.
Ahora bien, en lo referente al desconocimiento del precedente, se puede avizorar
que lo alegado transciende de la esfera legal a la constitucional, pues la parte actora
afirma que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente establecido por
las Secciones Segunda y Cuarta del Consejo de Estado, en 4 casos con cuestiones
fácticas y jurídicas similares, y en las sentencias SU-068 de 2022, T-702 de 2008,
T-631 de 2009, T-387 de 2010, T-526 de 2014, T-230 de 2018, y T-505 de 2019, de
la Corte Constitucional, en las que se determinó que, ante la ausencia de prueba
que permita determinar si en materia pensional se efectuaron o no aportes al
sistema, lo procedente no es negar el derecho pretendido, sino ordenar los
descuentos que por tal concepto se debieron realizar sobre los factores salariales
contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
Así mismo, refirió que, en consonancia con lo expuesto, el argumento planteado por
la autoridad judicial accionada, relativo a que al no haberse demostrado por parte
del accionante los descuentos o aportes que sobre el factor salarial que pretende
sea tenido en cuenta para la reliquidación de su pensión se realizaron, resulta
contradictorio con la jurisprudencia planteada en las sentencias aducidas.
En línea con lo expuesto, advierte la Sala que en cuanto a dicho cargo se satisface
el requisito de la relevancia constitucional, debido a que, se observa la posible
vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso, e imponen el deber
al juez constitucional de revisar si se configuró el quebrantamiento de las garantías
superiores de la parte actora.
De acuerdo con lo dicho, se evidencia una tensión o contradicción entre la
racionalidad de la decisión y el núcleo esencial de los mencionados derechos
fundamentales del señor Tomas Benjumea Ramos, por lo que la cuestión trasciende
un estudio de lo meramente legal.
En razón de lo anterior, para esta Sala de Decisión resulta importante analizar si el
Tribunal Administrativo del Cesar, se apartó de la aplicación del precedente sin
fundamento alguno, frustrando injustificadamente que la pensión de jubilación que
le fue reconocida al accionante le fuera reliquidada con la inclusión de la prima de
antigüedad devengada en el año inmediatamente anterior a la adquisición de su
status pensional.
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2.4.2. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado
20001-33-33-003-2022-00067-00/01, que promovió la parte accionante contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fomag.
2.4.3. Subsidiariedad
En consideración al requisito de subsidiariedad, este se encuentra satisfecho por
tratarse de la sentencia del 1º de agosto de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, en segunda instancia.
Así mismo, se observa que lo pretendido vía amparo constitucional, no es
susceptible de ser ventilado a través de otros mecanismos judiciales, por cuanto el
fallo que se cuestiona no es susceptible de otro recurso ordinario, además que
contra la misma no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la
parte actora, no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 257
de la Ley 1437 de 2011.
2.4.4. Inmediatez
Es preciso señalar que esta colegiatura29 ha considerado como plazo prudencial el
de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al
fondo del debate jurídico planteado.
En el caso objeto de estudio, se observa que la sentencia del 1º de agosto de 2024,
proferida por la autoridad judicial accionada, se notificó a las partes a través de
correo electrónico el 5 de agosto de 2024; y la presente acción fue promovida el 31
de enero de 2025, por lo que, sin ahondar en su ejecutoria, se tiene que el amparo
fue promovido en un término razonable, ya que no se alcanzan a completar los 6
meses contemplados como plazo prudencial.
29 Ver sentencias: de 18.04.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P: Susana Buitrago
Valencia; 03.07.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01891-01, 12.08.13, Rad.11001-03-15-000-2013-
1435-00, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-
01, 12.09.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-02203-01, M.P: Alberto Yepes Barreiro; 21.09.16, Rad.
11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P: Rocío Araújo Oñate; entre otras.
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2.5. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente
La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una alta corte para
solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural
de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. Igualmente, constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha definido al precedente judicial
como: «[…] la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por
su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo30».
El principio de coherencia también comporta el deber de respeto por los
precedentes horizontales, es decir, las decisiones adoptadas por el mismo juez31.
Así, la Corte Constitucional ha indicado que:
[…] el respeto al precedente es una obligación de todas las autoridades judiciales, -
sea éste vertical u horizontal-, dada su fuerza vinculante y su inescindible relación
con la protección de los derechos al debido proceso e igualdad32.
Lo anterior, dado que el precedente constituye una herramienta de protección de la
confianza legítima y la buena fe, en la medida en que el respeto por las decisiones
anteriores obedece a la guarda del principio de igualdad, el cual resultaría
transgredido sí frente a casos idénticos se brinda una respuesta disímil.
2.6. Caso concreto
Como se señaló, la parte actora cuestiona el fallo del 1º de agosto de 2024, proferido
por el Tribunal Administrativo del Cesar que confirmó la sentencia del 12 de
septiembre de 2023 proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-003-2022-00067-
00/01, y a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Para sustentar la solicitud de amparo, la parte accionante adujo que la autoridad
judicial accionada incurrió en un defecto fáctico y desconocimiento del precedente
judicial.
Con relación a este último señaló que, el tribunal accionado se apartó de los
pronunciamientos realizados en las sentencias referidas en los antecedentes de la
presente providencia, y que se analizarán más adelante.
30 Corte Constitucional, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, Sentencia SU-354 de 25.05.17, Exp. T-
5.882.857.
31 Corte Constitucional, M.P. Diana Fajardo Rivera, Sentencia SU-380 de 03.11.21, Exp. T-8.147.130.
32 Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Sentencia SU-113 de 08.11.18, Exp. T-6.550.645.
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Con relación a este cargo, resulta importante precisar la posición de la Sala sobre
el concepto de precedente, el cual se sintetiza en los siguientes términos:
[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
[…]33.
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos34 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera como precedentes las
sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas por la Corte
Constitucional, y el Consejo de Estado.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las altas cortes cuando actúan como órganos de cierre en determinada
materia, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones
asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y
seguridad jurídica, así como, a la coherencia del ordenamiento jurídico.
Dilucidado lo anterior, se tiene que la parte actora aduce como desconocidos los
pronunciamientos realizados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
las providencias que se relacionan a continuación:
• CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, sentencia de
tutela proferida dentro del proceso radicado 11001-03-15-000-2018-03933-01.
• CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, sentencia del
treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), consejero ponente: Gabriel Valbuena
Hernández. Radicación número: 44001-23-33-000-2015-00090-01 (1888-17).
Actor: Nancy Abadesa Brito Cataño. Demandado: Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
• CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, sentencia del veinticinco (25) de marzo
de dos mil veintiuno (2021), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
Radicado: 20001-23-39-000-2017-00389-01 (5547-2019). Demandante: Cecilia
Ibeth Bejarano García. Demandado: Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
34 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
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• CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN CUARTA, sentencia de tutela del veintiuno (21) de abril de dos mil
veintidós (2022), consejero ponente: Milton Chaves García. Radicado: 11001-03-
15-000-2021-06512-01.
• CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias SU-068 de 2022, T-702 de 2008, T-631
de 2009, T-387 de 2010, T-526 de 2014, T-230 de 2018, y T-505 de 2019.
De la revisión del contenido de las referidas providencias se constató que, en efecto,
en los procesos identificados con los radicados 44001-23-33-000-2015-00090-01 y
20001-23-39-000-2017-00389-01, se ordenó al Fomag que reliquidara la pensión
de jubilación que les fue reconocida a los demandantes, teniendo en cuenta el 75%
de algunos de los factores salariales devengados durante el año anterior a la
adquisición de sus status de pensionados, por encontrarse enlistados en la Ley 62
de 1985.
Sin embargo, dicha orden obedeció a que en ambos procesos se logró acreditar
que sobre los factores que se solicitaron fueran tenidos en cuenta para efectos de
la reliquidación pensional, se realizaron los respectivos descuentos con destino a
pensión; lo cual difiere de la situación del actor, toda vez que en su caso particular
no se allegó prueba sumaria alguna que diera cuenta de ello, y que permitiera
demostrar el cumplimiento de tal exigencia.
Con relación a las sentencias proferidas dentro de los procesos radicados 11001-
03-15-000-2021-06512-01 y 11001-03-15-000-2018-03933-00, se observa que se
trata de fallos de tutela, cuyos efectos son inter partes, y por lo cual, no constituyen
precedente para el tribunal accionado; situación que de igual forma ocurre con las
sentencias T-702 de 2008, T-631 de 2009, T-387 de 2010, T-526 de 2014, T-230 de
2018, y T-505 de 2019 de la Corte Constitucional y que se referencian en el escrito
de solicitud amparo.
Así mismo, se advierte que la jurisprudencia relacionada en la primera de las
providencias citadas y que se adujo como desconocida en el caso particular, hace
referencia a la posibilidad de computar los tiempos de servicio prestados por los
docentes a través de contratos de prestación de servicios para efectos pensionales,
lo cual difiere del asunto debatido a través de la presente acción.
Por lo anterior, y si bien dentro de los argumentos expuestos dentro del cargo
analizado el accionante fue insistente en manifestar que en las sentencias
anteriormente aludidas se determinó que, ante la ausencia de prueba que permita
determinar si en materia pensional se efectuaron o no aportes al sistema, lo
procedente no es negar el derecho pretendido, sino ordenar los descuentos que por
tal concepto se debieron realizar, ello no obedece a la realidad, contrario sensu en
las mismas se da aplicación estricta a las reglas establecidas en la sentencia de
unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 25 de abril de
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201935, y que fue tenida en cuenta además por la autoridad judicial accionada al
momento de dictar su decisión.
En este orden de ideas, se colige que la conclusión a la que arribó el tribunal
administrativo accionado, se profirió con sujeción al precedente establecido en la
sentencia de unificación a la que se ha hecho referencia, cuyo acogimiento resulta
obligatorio para todos los jueces, y en la que se determinó que, para liquidar la
pensión de jubilación de los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, únicamente podrán incluirse aquellos factores sobre
los que se efectuaron los respectivos aportes con destino a la seguridad social, y
que hubieren sido devengados durante el último año de servicios o de adquisición
del estatus pensional, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
Por último, y en lo concerniente a la sentencia SU-068 de 2022 proferida por la Corte
Constitucional, se advierte que lo debatido en dicho asunto gira en torno a la mora
del empleador con relación a los pagos de los aportes que por concepto de
seguridad social en materia pensional le correspondía efectuar dentro del plazo
establecido por la ley, lo cual dista del debate planteado en el caso sub examine.
Acorde con lo analizado, concluye la Sala que los parámetros jurídicos establecidos
en las sentencias analizadas previamente, no concuerdan con la situación fáctica
del señor Tomás Benjumea Ramos, por lo que se torna evidente que, en el presente
asunto no se configuró el desconocimiento del precedente establecido por esta
Corporación respecto a lo que es objeto de debate, sino que, por el contrario, la
autoridad judicial accionada profirió la decisión que se cuestiona con sujeción al
mismo.
Así las cosas, la Sala modificará el numeral segundo de la decisión adoptada por la
Sección Primera de esta colegiatura, mediante sentencia del 20 de marzo de 2025,
para en su lugar, declarar la improcedencia del presente mecanismo en lo
concerniente al defecto fáctico alegado, y negar el amparo con relación a la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, en lo que respecta al cargo
de desconocimiento del precedente judicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 20 de
marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera, el cual quedará así:
35 Sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019
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«SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Tomás Benjumea Ramos, contra el Tribunal Administrativo del Cesar, en
lo concerniente al defecto fáctico alegado, y NEGAR el amparo con relación a la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, en lo que respecta al cargo de
desconocimiento del precedente judicial.»
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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