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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06512-01

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06512-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 27 de enero de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en su lugar se ordena: 2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad a la parte actora, conforme con las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia, se dispone: Dejar sin efectos la sentencia del 22 de abril de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 54001-23-33-000-2012-00182-02. 3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que en el término de 20 días dicte una sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas. 4. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. 5. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-06512-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

21 de abril de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06512-01
Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TULELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06512-01
Demandante: MIRYAN DOLORES BERMÚDEZ SANTAELLA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que denegó el
reconocimiento de la pensión de jubilación a docente.
Desconocimiento del precedente.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
27 de enero de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, que negó la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Miryan Dolores Bermúdez Santaella ejerció acción de tutela contra la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al trabajo, a la seguridad social integral y a los derechos
adquiridos. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, Expediente No. 54001-23-33-000-2012-00182-02 (4134-2016) LA
SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO
DE ESTADO, Consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez al confirmar la
sentencia del 28 de julio de 2016 emitida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, vulneraron a la señora MIRYAN DOLORES BERMUDEZ
SANTAELLA los derechos fundamentales a: la igualdad frente a la aplicación de la
ley y el bloque de jurisprudencia relacionada con la pensión de jubilación que
debía incluir los tiempos OPS, los derechos adquiridos con arreglo a la ley, al
trabajo, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso judicial, el
derecho a la seguridad social, la seguridad jurídica y demás derechos
constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que
fundamentan la acción.

SEGUNDA. - En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia de
segunda instancia emitida por LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06512-01
Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO fechada el 22 de abril de 2021 y
notificada el 29 de junio hogaño.

TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para
que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias
fundamentadas en la normatividad vigente, valorando en plenitud las pruebas
aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas entre otras, en la sentencia
C-555 de 1994 proferida por la Corte Constitucional y en el fallo unificado de
agosto 25 de agosto de 2016 proferido por la Sección Segunda suscrita entre
otros, por los Consejeros tutelados.”

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

La señora Miryan Dolores Bermúdez Santaella nació el 12 de junio de 1954, se
desempeñó como docente al servicio del departamento de Norte de Santander
mediante órdenes de prestación de servicios -OPS desde el 1° de febrero de 1988,
hasta que fue vinculada en propiedad en el año 1995.

La demandante indicó que el 12 de junio de 2009 cumplió requisitos para adquirir la
pensión de jubilación, esto es, tener la edad de 55 años y 20 años de servicio como
docente, incluyendo el tiempo laborado por contrato de prestación de servicios, el cual,
además, entre los años 1993 y 1994 fue reconocido mediante sentencia del 19 de
diciembre del 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y
confirmada el 5 de diciembre de 2005 por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Por lo anterior, la señora Bermúdez Santaella solicitó a la Secretaría de Educación de
Cúcuta el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, pues a su juicio y
conforme a los artículos 48 y 53 de la Constitución, la sentencia C-555 de 1994 y la
sentencia de unificación 2013-00260-01 del Consejo de Estado, los tiempos laborados
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios son computables para
efectos pensionales sin condicionarlo a la demostración de cotizaciones.

El ente territorial mediante Resolución núm. 00818 del 2 de octubre del 2012, negó la
solicitud de la demandante, al considerar que había lugar a desestimar el tiempo
laborado por la docente bajo la modalidad de OPS.

Por lo expuesto, la señora Bermúdez Santaella inició proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el departamento
de Norte de Santander y Fiduprevisora S. A., con la finalidad de que se decretara la
nulidad de la referida resolución y, a título de restablecimiento, se ordenara el
reconocimiento de la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75 % del salario
básico y demás factores salariales devengados durante el año anterior al cumplimiento
del estatus pensional.

El proceso en primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que, en sentencia del 28 de junio de 2016, negó las pretensiones de la
demanda. Dicha decisión fue apelada y el 22 de abril de 2021 el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, la confirmó.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06512-01
Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

3. Argumentos de la tutela

La demandante manifestó que se incurrió en defecto sustantivo dado que la
providencia cuestionada no tuvo en cuenta que las vinculaciones en las que laboró
bajo la modalidad de OPS debieron tenerse en cuenta para el reconocimiento de la
pensión de jubilación, omitiendo los postulados de la sentencia C-555 de 1994, esto es,
el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115
de 1994.

Además, antes de la entrada de la Ley 797 del 2003, los contratistas no estaban
obligados a realizar tales cotizaciones.

Indicó que el juez natural incurrió en decisión sin motivación a su juicio en la
providencia objeto de estudio no se hizo mención a las razones por las que se ap artó
de lo planteado en la sentencias C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, del 22 de
enero de 2015 en la que se otorgó validez a la modalidad hora catedra y contratos de
prestación de servicios y, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, en el
que se precisó que los tiempos de contratos de prestación de servicio docente surten
efectos pensionales.

Señaló que se incurrió en desconocimiento del precedente, al omitir lo planteado en
las siguientes sentencias:

De la Corte Constitucional, las sentencias: C-555 de 1994, C-154 de 1997 y C-517 de
1999.

Del Consejo de Estado: (i) Sentencias de unificación del 22 de enero de 2015, exp.
25000-23-42- 000-2012-02017-01 y del 25 de agosto de 2019, exp. 23001-23-33- 000-
2013-00260-01.

Sentencias de las Subsecciones del Consejo de Estado proferidas dentro de procesos
ordinarios:

(i) expediente 52001233100019990121502 (4669-2004), CP. Alejandro Ordoñez
Maldonado. (ii) expediente 68001233100020030258301 (0488-2009), CP. Gerardo
Arenas Monsalve, (iii) expediente15001233300020130013801 (2591-2014), CP.
Carmelo Perdomo Cuéter, (iv) sentencia del 4 de julio de 2019, expediente
54001233300020130040201 (3853-2014), CP. Carmelo Perdomo Cuéter; (v)
sentencia del 4 de julio de 2019, expediente 66001233300020130041301 (3446-2014),
CP. Carmelo Perdomo Cuéter; (vi) sentencia del 13 de febrero de 2020, expediente
54001233300020140010601 (0156-2015), CP. Gabriel Valbuena Hernández; (vii)
sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001233300020160008201
(4676-17), CP. William Hernández Gómez; (viii) sentencia del 11 de febrero de 2021,
expediente 81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-2014) CP. William Hernández
Gómez; (ix) sentencia del 11 de febrero de 2021, expediente 81001-23-33-000-2013-
00005-01 (4114-2014), CP. William Hernández Gómez; sentencia del 18 de febrero de
2021, expediente 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014), CP. William
Hernández Gómez; sentencia del 3 de junio de 2021, expediente
50001233300020180035701 (5585-2019), CP. Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06512-01
Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

Así como el fallo de tutela del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2020-
05252-00(AC), CP. CP. José Gregorio Hernández Galindo (Conjuez).

Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en violación directa
de la constitución, pues al desconocer el tiempo laborado a través de OPS para el
reconocimiento de la pensión de jubilación del docente, transgredió los derechos
fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

4. Oposiciones

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado guardó silencio.

5. Sentencia impugnada

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante fallo del 27
de enero de 2022, negó la solicitud de amparo, al considerar que la autoridad judicial
demandada no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la demandante,
porque no se desconoció ningún precepto constitucional, dado que cumplió con el
deber que asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento de la
Ley.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, reiteró los argumentos planteados en el
escrito inicial e insistió en que en este caso existe una revictimización dado que, por
un lado, al laborar bajo OPS estuvo sometida a la arbitrariedad, sin seguridad social,
devengando salarios denigrantes, sin el derecho a vacaciones, sin cobertura de
accidentes y riesgos laborales y, ahora, la culpan de no demostrar las cotizaciones
que debieron ser efectuadas en los periodos que laboró, cuando la responsabilidad
sobre las mismas eran de las entidades para las que trabajó.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06512-01
Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Previo al planeamiento del problema jurídico, la Sala precisa que el caso objeto de
estudio cumple el requisito de relevancia constitucional pues en la presente solicitud
de amparo no se pretende reabrir el debate zanjado ante el juez natural de la causa,
porque en la presente ocasión la demandante formuló la presunta configuración de un
defecto sustantivo por indebida aplicación normativa y un desconocimiento del
precedente judicial relacionado con la inclusión de tiempos de servidos como docente
a través de órdenes de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión
de jubilación. Ne ese sentido alega que las autoridades demandadas se apartaron del
precedente sin dar razones de la decisión pese a que la postura ha sido pacífica y, por
ende, alega desconocido el derecho a la igualdad, lo que permite dar por superado
este requisito.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora invoca la protección de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la seguridad
social, de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados con la
sentencia del 22 de abril de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, porque, afirma, incurrió en defecto sustantivo, en
decisión sin motivación, violación directa de la constitución y en desconocimiento del
precedente judicial, al confirmar la decisión del 28 de julio de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones del medio
de control.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el
alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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La Sala advierte que todos los argumentos propuestos van dirigidos a cuestionar la
falta de aplicación del precedente del Consejo de Estado. Por otro lado, si bien la parte
actora también propone el desconocimiento del precedente constitucional, se observa
que se trata de sentencias de constitucionalidad, por lo que dicho argumento se
analizará como defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma.

En virtud de lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 22 de abril
de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, incurrió
en defecto sustantivo por indebida aplicación normativa y en desconocimiento del
precedente judicial del Consejo de Estado, respecto de la procedencia de la inclusión
de los tiempos de servidos como docente a través de órdenes de prestación de
servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

De entrada, la Sala advierte que en anterior oportunidad la Sala profirió fallo de 9 de
diciembre de 2021 en el expediente 2021-07366-00 con ponencia del Consejero de
Estado Julio Roberto Piza, en el que fue resuelto un caso con similitud fáctica. Por tal
razón, hará referencia y adoptará el estudio y planteamiento desarrollado en dicha
oportunidad.

Defecto sustantivo

La jurisprudencia constitucional ha considerado el defecto sustantivo como el que se
configura cuando la decisión judicial se apoya en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea porque ha sido derogada, porque ella o su
aplicación al caso concreto es inconstitucional o, porque, a pesar de estar vigente y
4
ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se ha aplicado .

En este sentido, se podría configurar un defecto sustantivo siempre que: (i) la decisión
cuestionada se funde en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por
5
ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso , no se encuentra vigente por
6 7
haber sido derogada , o ha sido declarada inconstitucional ; (ii) a pesar del amplio
margen interpretativo que la Constitución Política le reconoce a las autoridades
judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto,
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii)
cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables
8
al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática ; (iv) cuando
la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el
evento en que, no obstante la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no
se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a esta, por ejemplo, se le
9
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador .

Ahora, la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad fija el alcance y
contenido de la ley. Eso quiere decir que las reglas de interpretación que se fijan en
esas sentencias vienen a ser parte de la propia ley. Por lo tanto, si se aplica una regla
de interpretación a un caso que no corresponde, se incurre en defecto sustantivo por
aplicación indebida. Si el juez ignora la regla de interpretación fijada en la sentencia de

4 Ver sentencia T-784 de 2000 de la Corte Constitucional.
5 Ver sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005 de la Corte Constitucional.
6 Ver sentencia T-205 de 2004 de la Corte Constitucional.
7 Ver sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001 de la Corte Constitucional.
8 Consultar sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004 de la Corte Constitucional.
9 Sentencia SU-159 de 2002 de la Corte Constitucional.

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constitucionalidad o conociéndola decide no aplicarla, incurre en defecto sustantivo
por falta de aplicación. Y si el juez entiende equivocadamente las reglas de
interpretación fijadas en las sentencias de constitucionalidad y así las aplica, incurr e
en defecto sustantivo por interpretación errónea.

Defecto sustantivo en el caso concreto:

En efecto la Sala con la finalidad de a determinar si la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto sustantivo, la Sala revisará el contenido de las sentencias de
constitucionalidad que invocó la demandante para determinar si contienen alguna
regla de interpretación aplicable al caso.

C-555 de 1994. En esta sentencia, se estudió la demanda de inconstitucionalidad parcial
10
de los artículos 6 y 16 de la Ley 60 de 1993 y, contra los artículos 23, 24, 92, 94, 95, 96,
105, 143, 155, 159, 160 y 162 de la Ley 115 de 1994. En concreto, la Corte estimo que:

“(…)
6. A los docentes integrados a la planta de personal en virtud de un acto
administrativo, se les aplica las normas legales y reglamentarias sobre carrera,
régimen prestacional y salarial. Estas normas no se extienden a los docentes-
contratistas, los cuales quedan gobernados exclusivamente por el contrato
administrativo de prestación de servicios que suscriben con la entidad territorial.
Desde el punto de vista económico, los docentes temporales, por lo menos, no
reciben prestaciones sociales; en lo que concierne a su función, carecen de
estabilidad y están excluidos del marco de derechos y obligaciones, que se
aplica a los empleados de planta.
7. No obstante que los docentes temporales realicen la misma actividad y
cumplan las mismas funciones de los de planta, están sometidos a un régimen
contractual y no a uno legal - como éstos últimos -, que los coloca en una
situación más desfavorable tanto desde el punto de vista económico como
regulativo. La disparidad de tratamientos, frente a una misma categoría de
sujetos (docentes) y de actividad (enseñanza en establecimientos educativos
estatales), explica la pretensión del demandante, para quien los docentes
temporales vinculados por contrato administrativo de prestación de servicios, se
encuentran en la misma situación de hecho y de derecho predicable de los
educadores incorporados a la planta de personal de la entidad territorial y, por
consiguiente, deben recibir el mismo tratamiento jurídico que la ley reserva
exclusivamente a éstos.
(…)
Las características asociadas a la celebración de contratos administrativos de
prestación de servicios con docentes temporales, por las notas de permanencia
y subordinación que cabe conferir a la actividad personal que realizan, pueden
servir de base para extender a ésta la protección de las normas laborales.” (…)

Por lo anterior, se declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 60 de
1993, que estableció un régimen de previsión transitorio de seis años, en el que a los
docentes que venían siendo contratados por órdenes de prestación de servicios, se
les seguiría contratando a través de la misma figura, hasta cuando puedan ser
vinculados a la planta de personal docente territorial. A juicio de la Corte “(…) la

10 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencia de conformidad con los artículos 151

y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones.
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previsión de un régimen transitorio de seis años significa, entre otras cosas, que
dentro de ese marco temporal, se le otorga permanencia a la contratación
administrativa de docentes. La vocación misma que adquieren los docentes
temporales a ser incorporados progresivamente a la planta de personal, les infunde un
sentido de permanencia que difícilmente les puede ser negada, pues, de ella depende
que la ley cumpla con su designio que no es otro que el de integrarlos en la
mencionada planta de personal dentro del indicado lapso, todo lo cual, de paso,
demuestra fehacientemente tanto la permanencia de los encargos asignados a
aquéllos como la semejanza material de su actividad respecto a la que desempeñan
los demás maestros y profesores”.

C-154 de 1997. Al estudiar la demanda de inconstitucionalidad del numeral 3, parcial,
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que reguló el contrato de prestación de servicios,
la Corte Constitucional explicó que el elemento de subordinación o dependencia es el
que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestac ión de servicios, “ya
que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones
sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo
subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución
de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del
servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de
servicios independiente”.

C-517 de 1997. En esta sentencia se estudió la constitucionalidad del artículo 106 de
la Ley 30 de 1992, que dispuso que las instituciones privadas de Educación Superior
podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un
profesor de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante contratos de
trabajo o mediante contratos de servicios. En concreto, explicó que en la sentencia C-
006 de 1996, ya se había determinado que “(…) los establecimientos de educación
superior no pueden vincular profesores hora cátedra a través de contrato civil de
prestación de servicios, pues la relación que existe entre éstos y la respectiva
institución es eminentemente laboral y cumple fielmente las condiciones o requisitos
del contrato realidad. Ello impide, en consecuencia, cualquier restricción a sus
derechos constitucionales y legales, particularmente, los derivados de las prestaciones
sociales, que, por razón del carácter transitorio de la actividad académica
desarrollada, deben reconocerse en proporción al tiempo de servicio”. Que, la anterior
interpretación es igualmente aplicable “a la norma acusada en cuanto ésta consagra
idéntica situación fáctica frente a las instituciones privadas del mismo orden”.

De lo expuesto, la Sala encuentra que las sentencias de constitucionalidad citadas por
la demandante no estudiaron de manera concreta ni establecieron una regla de
derecho respecto de la procedencia de computar los tiempos prestados a través de
contratos u órdenes de prestación de servicio para el reconocimiento de la pensión de
jubilación de los docentes.

Lo anterior es suficiente para concluir que la providencia acusada no incurrió en el
defecto sustantivo alegado y, por lo tanto, la Sala continuará con el análisis del
desconocimiento del precedente judicial.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06512-01
Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

Del desconocimiento del precedente

Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso
similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se
decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica
que11: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de
fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii)
si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la
pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación».

Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía —y, en especial, de los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones— no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento.
Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad,
los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya
fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la
misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a
menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma
conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en una vía de
hecho y, de contera, viola el derecho a la igualdad.

No obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absolut a,
pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial.
Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y
seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma.

Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio
precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de
manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de
ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto
con anterioridad.

En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias que
dictan los jueces de igual jerarquía, conviene decir que la observancia no es tan

11 Sentencia T-158 de 2006.

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Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de la misma
jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos. Es en ese momento, entonces, que la decisión del superior jerárquico o del
órgano de cierre, según el caso, adquiere capital importancia para efectos de
preservar la seguridad jurídica y garantizar el derecho fundamental a la igualdad, en
tanto que fija una regla jurisprudencial de decisión frente a casos análogos y, por
contera, unifica la disparidad de criterios existente entre los inferiores jerárquicos.

Caso concreto

A juicio de la impugnante, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la
seguridad social y de acceso a la administración de justicia con la decisión del 22 de
abril de 2021 por desconocimiento del precedente judicial.

Previo a estudiar si la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del
precedente, de entrada, conviene precisar que la señora Miryan Dolores Bermúdez
Santaella laboró como docente para el departamento de Norte de Santander, desde el
1º de febrero de 1988 hasta el 7 de marzo de 1995, a través de órdenes de prestación
12
de servicios, esto es, antes de la expedición de las Leyes 100 y 80 de 1993.

Ahora, en la sentencia del 22 de abril de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en primer lugar, explicó el régimen pensional de los docentes
y se refirió a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, que, entre otras
cosas, dispuso que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, gozan del mismo régimen de los servidores públicos del orden nacional, esto es,
la Ley 33 de 1985, la cual exige 20 años de servicio y 55 años para el reconocimiento
de la prestación.

Frente a si era procedente tener en cuenta el servicio prestado a través de órdenes de
prestación de servicios para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de
jubilación, la providencia expuso:

En el caso sub examine, la Sala observa que la autoridad judicial demandada frente a
si era procedente tener en cuenta el servicio prestado a través de órdenes de
prestación de servicios para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de
jubilación, en la providencia objeto de estudio indicó:

“Es importante recordar, que la discusión del presente asunto se contrae a determinar si
a la actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
por sus labores como docente, prestadas con ocasión de sus vinculaciones legal y
reglamentaria, y contractual.

Frente a ello, el a quo se inclinó hacia la tesis de que no, pues estima que la
demandante no cumple con el requisito de tiempo de servicio previsto en la Ley 33 de
1985, puesto que las labores que prestó mediante contratos u órdenes de prestación de

12 El sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, entró a regir a partir del 1º de abril de 1994. Sin

embargo, su funcionamiento se pospuso, para los servidores públicos del nivel departamental, distrital, y municipal,
hasta el 30 de junio de 1995 (Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Consulta 720 del 7 de
agosto de 1995).
10
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06512-01
Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

servicios no pueden tenerse en cuenta para su cómputo, acreditando menos de los 20
años en relación legal y reglamentaria.

Para resolver, teniendo en cuenta los hechos expuestos con anterioridad, los cuales no
se encuentran en discusión, y a partir de la normativa analizada, la Sala concluye que la
demandante para el 27 de junio de 2003, fecha de expedición de la Ley 812 de la
misma anualidad, ya había ingresado a prestar sus servicios como docente, lo que
permite establecer que para el reconocimiento pensional la norma aplicable es la Ley 33
de 1985 con sus respectivas modificaciones, según la cual, quien sirva o haya servido
20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tendrá derecho a que
por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión de jubilación equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.

Precisado lo anterior, procede la Sala a verificar, de acuerdo con las pruebas
reseñadas, si la demandante cumple con los requisitos (edad y tiempo de servicio) para
obtener el derecho a la pensión de jubilación. La señora Miryam Dolores Bermúdez
Santaella nació el 12 de junio de 1954, es decir que cumplió la edad de 55 años de
edad el 12 de junio de 2009, lo que permite establecer cumple con el primero de los
requisitos para obtener el derecho pensional.

A su turno y respecto a los tiempos de servicio como docente, se tiene que en el marco
de la vinculación legal y reglamentaria de la demandante con el Municipio de San José
de Cúcuta acumuló un tiempo de labores de 16 años y 4 días, y que a través de
órdenes de prestación y contratos prestó el servicio docente al Departamento de Norte
de Santander y en el Municipio de Villa del Rosario por espacio de 5 años y 10 meses
entre los años 1988 a 1994, periodo de tiempo durante el cual no se evidencia aportes a
la seguridad social.

En este estado, es de indicarse que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2001,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, se declaró la existencia de una
relación laboral entre la actora con el Departamento de Norte de Santander, por el
tiempo que laboró bajo la modalidad de prestación de servicios para los años 1993 y
1994, el cual será contabilizado a efectos de computarse al tiempo de servicios
prestados.

Entonces, se tiene que la demandante en el marco de su vinculación legal y
reglamentaria con el Municipio de San José de Cúcuta, acumuló un tiempo de labores
de 16 años y 4 meses, el cual sumado al periodo en el que se declaró la existencia de
una relación laboral entre la actora con el Departamento de Norte de Santander
acumulan un tiempo de 17 años, 8 meses y 4 días.

Así las cosas, si bien es cierto que la señora Miryam Dolores Bermúdez Santaella
cumple con el requisito de edad establecido en la Ley 33 de 1985 para el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, esto es 55 años, también lo es que
no acredita el cumplimiento de los 20 años de servicios para tal fin a la fecha en que lo
solicitó.

Lo anterior, por cuanto es improcedente el computo del tiempo en que la actora prestó
sus labores a través de órdenes de prestación u/o contratos al Departamento de Norte
de Santander y al Municipio de Villa del Rosario (años 1988, 1990, 1991 y 1992), pues
durante dicho periodo no se evidencia aportes efectivamente cotizados a la
seguridad social, los cuales, como ya se dijo, tienen el carácter de parafiscales y
son obligatorios, aún antes de la expedición de la misma Ley 100 de 1993, tanto para
el empleador como para el empleado y para quienes han suscrito un contrato con el
Estado, sin que su pago quede al arbitrio de quienes están en la obligación de
efectuarlos, ni llegar a ser objeto de negociación, acuerdo o conciliación. Una vez
11
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Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

decretados por la ley, estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo
establecidos.

Ahora bien, la Sala no puede desconocer que la directriz jurisprudencial relacionada con
la liquidación de las pensiones de los docentes oficiales, y que quedó explicada en el
capítulo anterior, es que la prestación se fundamente en los aportes efectivamente
cotizados para tal propósito, estableciendo así un equilibrio entre base de cotización y
base de liquidación.” (subrayado fuera de texto).

De todo lo anterior, la Sala destaca que la autoridad judicial demandada en su
momento concluyó que la señora Bermúdez Santaella para el momento en que solicitó
el reconocimiento pensional no demostró haber realizado las cotizaciones al sistema
de seguridad social en pensiones, por lo que los tiempos laborados bajo dicha
modalidad no podían tenerse en cuenta para efectos pensionales y en esa medida la
actora no cumplía con el tiempo de servicio requerido para acceder al reconocimiento
de la pensión de jubilación solicitada.

Para determinar si la anterior providencia desconoció el precedente judicial referente a
si se deben o no tener en cuenta, para efectos pensionales, los tiempos laborados por
los docentes a través de órdenes o contratos de prestación de servicio, la Sala se
referirá a las sentencias que relacionó la parte actora como desconocidas, entre
dichas sentencias se destacan las proferidas por el Consejo de Estado tales como:
13
Sentencia de Unificación del 22 de enero de 2015 en esta providencia, se
determinó que, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, podían
computarse los tiempos de servicio como docente hora cátedra, prestados a través de
contratos de prestación de servicios, trayendo como fundamento con relación al
cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la sentencia C-517 de 1999.
14
Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016 En esta providencia, el
problema jurídico radicó en establecer: “(i) si resulta procedente declarar la
prescripción de la totalidad del derecho deprecado, pese a estar concer nidos los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, y de no ser cierta dicha
hipótesis, (ii) si a la demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar del
municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) el pago de las prestaciones salariales y
sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculada como docente -
contratista, en aplicación del principio de "primacía de la realidad sobre formalidades",
o por el contrario, si los contratos de prestación de servicios ( o cualquiera que sea su
denominación) que celebró con dicha entidad territorial se ajustan a la normativa legal
vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y continua
dependencia que alega, propios de una relación laboral”.

En lo que interesa para el presente asunto, la Sección Segunda concluyó que:

“(..) las actividades desarrolladas por la demandante revisten las características
propias de un empleo de carácter permanente, pues estuvo por más de 12 años
como maestra al servicio del municipio de Ciénaga de Oro, las que cumplió de
manera subordinada por la naturaleza misma del ejercicio docente sujeto a los
reglamentos propios del magisterio y bajo igualdad de condiciones que los

13 Sección Segunda. Expediente 25000-23-42-000-2012-02017- 01 (0775-2014), CP. Alfonso Vargas Rincón (E).

14 SecciónSegunda. Expediente 23001-23-33- 000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. CP. Carmelo
Perdomo Cuéter.
12
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Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

docentes -servidores públicos, motivo por el cual es procedente acceder al
reconocimiento de la existencia de una relación laboral”.

Y frente a los aportes a pensión concluyó que:

“no aplica el fenómeno prescriptivo. (…), en atención a la condición periódica del
derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad
e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos· laborales y los principios de in dubio
pro operario, no regresividad y progresividad”.
15
Sentencia del 30 de marzo de 2006 en este caso se declaró probada la existencia
de una relación laboral entre un docente contratado por un ente territorial a través de
contratos de prestación de servicios. Sin embargo, en dicha sentencia nada se dijo
respecto a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
16
Sentencia del 1 de octubre de 2009 en esta ocasión se afirmó que el contrato
realidad de docente vinculada mediante contratos de prestación de servicios desde el
1 de febrero de 1995 al 31 de diciembre de 1996, en el que se ordenó el “pago integral
de las prestaciones sociales que devengue un empleado público en el mismo o similar
cargo desempeñado por la actora, liquidada con base en los honorarios contractuales
recibidos del 15 de febrero al 30 de noviembre de 1993; del 25 de enero al 24 de
noviembre de 1994; del 1 de febrero al 31 de diciembre de 1995 y del 1 de enero al 31
de diciembre de 1996”. Igual que en la anterior providencia, nada se dijo respecto a los
tiempos laborados para efectos pensionales.
17
Sentencias del 4 de julio de 2019 En estos tres casos, la Subsección B de la
Sección Segunda, concluyó que era procedente computar los tiempos de servicio
prestados por los docentes a través de contratos de prestación de servicios para
efectos pensionales, en razón a que les son aplicables las circunstancias de
desigualdad descritas por la Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, por
lo que, “en virtud del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal,
del derecho a la seguridad social y de la protección constitucional reforzada de las
personas de la tercera edad o adultos mayores (…), le asiste el derecho a que le sea
computado el lapso laborado a través de contratos de prestación de servicios (…)”.
18
Sentencia del 13 de febrero de 2020 En este caso se analizó si para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de un docente era procedente tener en
cuenta los tiempos de vinculación a través de contratos de prestación de servicios. La
providencia explicó que, en principio, la Corporación consideraba que los tiempos
durante los cuales un docente había sido vinculado al Estado mediante contratos de
prestación de servicios, no podrían tenerse en cuenta para efectos de acumular el
tiempo de servicios establecido en la ley para acceder a la pensión de jubilación, si no
había sido declarada previamente la existencia de una relación de carácter laboral. Sin
embargo, explicó que:

15 Sección Segunda, Subsección B. Expediente 52001-23-31-000-1999-01215-02(4669-04).
16 Sección Segunda, Subsección B. Expediente 68001-23-31-000-2003-02583-01 (0488-2009). CP. Gerardo
Arenas Monsalve.
17 (i) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 15001-23-33-000-2013-00138-01 (2591-2014). CP. Carmelo

Perdomo Cuéter. Demandante: Isabel Segunda Thomas de Camargo.
(ii) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 54001233300020130040201 (3853-2014). CP. Carmelo Perdomo
Cuéter. Demandante: María Elvira Ortega Angarita.
(iii) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 66001233300020130041301 (3446-2014). CP. Carmelo Perdomo
Cuéter. Demandante: Oscar Guzmán Restrepo.
18 Sección Segunda, Subsección A. Expediente 54001-23-33-000-2014-00106-01 (0156-2015). CP. Gabriel

Valbuena Hernández.
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Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

“(…) dicha postura jurisprudencial ha sido rectificada por la Sección en varios
pronunciamientos, en donde ha reconocido el tiempo laborado por el docente mediante
contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de prestaciones de carácter
periódico, como lo es por ejemplo la pensión gracia, bajo las siguientes
19
consideraciones :
(…)
El planteamiento expuesto sigue la línea jurisprudencial definida por la Sección
Segunda de esta Corporación en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de
20
agosto de 2016 según la cual la vinculación de docentes bajo la modalidad de
prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos
es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades
educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii)
cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los
establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud
de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los
docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado.

Ahora bien, la Sala advierte que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso
ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos
laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos
escenarios con connotaciones diferentes:

(i). La primera, cuando se pretende la declaración de existencia de contrato realidad con
todas sus connotaciones laborales y prestacionales, en este caso, debe darse
previamente el agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la
entidad territorial con la cual se suscribieron los contratos a efectos de garantizar el
derecho al debido proceso de la entidad responsable y así mismo el total cumplimiento
de la sentencia.

(ii).- La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo
de los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, escenario en el que es posible que el
proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de
previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el
21
Decreto 3135» permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de

19 Citaoriginal. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
20 Cita
original: Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero dr.
Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
21 Cita original. 13 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se
reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de
cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener
la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del reti ro, si entonces cumple
los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no
estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y
pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de
tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921
de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado
decreto la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente
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exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de
jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de
previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios
requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad
o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene
derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la
cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas.

Adicionalmente, en materia de aportes pensionales, la aludida sentencia de unificación
22
de la sección Segunda de esta Corporación, de 25 de agosto de 2016 , precisó que
frente a los aportes para pensión no opera el fenómeno de prescripción, en atención a la
condición periódica del derecho pensional que los hace imprescriptibles, pues aquellos
se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras
que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del menciono fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales.

Bajo tal entendimiento y dado que en el presente caso la demandante reclama el
computo de los tiempos laborados por contratos de prestación de servicios únicamente
para efectos pensionales, la Sala estima que resulta procedente tal pretensión en forma
23
conjunta o acumulada con la de reconocimiento pensional de la docente , porque su
declaración solo tendrá incidencia en cuanto a los aportes pensionales frente a los
cuales no opera la prescripción, ni la caducidad, y además, por cuanto la entidad o
empresa a cuyo cargo se encuentra el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que legalmente les corresponda.”
24
Sentencia del 18 de noviembre de 2020 caso en el que se ordena la reliquidación
de la pensión a docente con acumulación de tiempos de servicios públicos y privados,
conforme con la Ley 71 de 1988, para lo cual se tuvo en cuenta los tiempos prestados
a través de contratos de prestación de servicios, en razón a que “(…) la naturaleza y
calidad de docente oficial no se desvirtúa por el tipo de vinculación al Estado
(contractual o legal y reglamentaria)”
25 26
Sentencias del 11 y 18 de febrero de 2021 En estas tres providencias, la
Subsección A, de la Sección Segunda concluyó que era procedente tener en cuenta
el período en el que los demandantes se desempeñaron como docentes mediante
contratos de prestación de servicios, pues se consolidó una relación de trabajo para
efectos pensionales. Sin embargo, dispuso que, en caso de que los demandantes no

legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la
pensión. El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el
proyecto de reconocimiento de la pensión.»
22 Cita original. Proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
23 Cita original. Al tenor del artículo 165 del CPACA se podrán acumular pretensiones cuanto el juez pueda conocer

de todas, no se excluyan entre sí, no haya operado la caducidad y todas deban tramitarse por el mismo
procedimiento.
24 Cita original. Al tenor del artículo 165 del CPACA se podrán acumular pretensiones cuanto el juez pueda conocer

de todas, no se excluyan entre sí, no haya operado la caducidad y todas deban tramitarse por el mismo
procedimiento.
25 i) Sección Segunda, Subsección A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014). CP. William

Hernández Gómez. Demandante: María Gladys Posso de Medina. (ii) Sección Segunda, Subsección A. Expediente
81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-2014). CP. William Hernández Gómez. Demandante: Carmen Gabriela
Loyo de Arrieta.

26Sección Segunda, Subsección A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). CP. William
Hernández Gómez. Demandante: Bárbara Inés Tocaria Sarmiento.
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Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

hubiesen efectuado los aportes que les correspondía como contratistas, el ente
territorial deberá abonar el monto total del aporte que como empleador le habría
correspondido por esos periodos al igual que a los docentes les corresponderá asumir
el porcentaje a su cargo.

27
Sentencia del 3 de junio de 2021 . En este asunto se analizaron: (i) el régimen
pensional aplicable a los docentes oficiales (Sentencia de Unificación del 25 de abril
de 2019), (ii) los docentes vinculados a través de contratos de prestación de servicios.
Luego del estudio normativo y jurisprudencial sobre el tema, se concluyó que “de
acuerdo con la más reciente tesis planteada por esta Corporación, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en tratándose de
docentes oficiales, esta subsección estima que resulta procedente contabilizar el
tiempo durante el cual estos prestaron sus servicios al Estado bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios, para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación”.

Y, al igual que en las providencias analizadas en precedencia, dispuso sobre los
aportes a pensión que la entidad demandada: “deberá repetir en contra de la entidad
de previsión a la cual la demandante acredite que se encontraba afiliada durante el
lapso que subsistió la relación contractual con el Departamento del Meta, a fin de
solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas por aquella en dicha
oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o asegure la señora ELSA
ESPERANZA HERNÁNDEZ ORTIZ. En todo caso, se autoriza al mentado fondo,
descontar de los valores adeudados a la libelista en virtud de la condena, los saldos
pendientes parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento del
precepto anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como
trabajadora le correspondía efectuar por el período que subsistió la relación
contractual”.

Conforme con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación no ha proferido
sentencia de unificación respecto al tema en estudio. Los precedentes citados fueron
proferidos en el marco de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los
que los docentes pretendían el reconocimiento de una relación laboral (contrato
realidad).

En todo caso, no se puede desconocer que dichas providencias establecieron reglas
que tienen incidencia directa para efectos pensionales, respecto del tiempo de servicio
para tener en cuenta en el reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes.
En efecto, existe un precedente pacífico, reiterado y uniforme por parte de las dos
subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respecto de la
procedencia de contar los tiempos servidos por docentes mediante órdenes o
contratos de prestación de servicios para efectos del cumplimiento del tiempo
requerido para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

En efecto, las sentencias analizadas con anterioridad de esta providencia aceptaron
de manera constante la procedencia de contabilizar el tiempo laborado por los
docentes a través de órdenes de prestación de servicios para efectos pensionales,

27 Sección Segunda. Subsección A. Expediente 50001233300020180035701 (5585-2019). CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
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teniendo como fundamento y sustento las reglas jurisprudenciales establecidas en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016.

Y si bien en la sentencia cuestionada, esto es, la del 22 de abril de 2021, se expuso
que no había lugar a contar el tiempo laborado por los docentes a través de órdenes
de prestación de servicios, al no haberse probado el pago de los aportes a pensión
correspondientes, lo cierto es que en esta providencia no se realiza una mención
sobre los anteriores precedentes judiciales ni las razones de la rectificación o
modificación del precedente sentado por la misma corporación.

La Sala no desconoce que, tratándose de un órgano de cierre y en virtud de los
principios de autonomía e independencia judicial, la Corporación puede rectificar o
modificar el precedente judicial fijado. Sin embargo, dicha situación debe quedar
claramente expuesta y explicada en la providencia, para garantizar la protección de los
principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima.

28
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el deber de respeto del
precedente judicial tiene entre sus propósitos garantizar la estabilidad de las
decisiones y reglas judiciales fijadas con anterioridad. Sin embargo, explicó que “esta
obligación también tiene matices, toda vez que a la par de los principios de igualdad,
seguridad jurídica y confianza legítima pervive el principio de la autonomía judicial y la
necesidad de ajustar tanto el derecho como su interpretación a las realidades social es
que se van imponiendo en garantía de un ordenamiento justo; claro está, con la
observancia de las estrictas exigencias que deben cumplirse cuando de modificar o
29
apartarse del precedente se trata ”.

Como se dijo en párrafos anteriores, la Sala encuentra que en la sentencia del 22 de
abril de 2021, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado pese a
que relacionó algunos pronunciamientos jurisprudenciales, lo cierto es que en dicha
oportunidad no se expuso las razones por las que decidió apartarse o ratificar la
posición, pues si lo pretendido por el juez natural era cambiar de postura incumplió
con la carga argumentativa de transparencia y suficiencia para apartarse del
30
precedente tal como señaló esta Sala en ocasión anterior .

Por lo tanto, la Sala concluye que se configuró el desconocimiento del precedente
judicial fijado sobre la procedencia del reconocimiento de la pensión de jubilación de
un docente oficial con inclusión del período acumulado en virtud de contratos de
prestación de servicios.

Además, la Sala evidencia que en el trámite del proceso ordinario no había lugar a
exigir aportes al sistema de seguridad social, por los periodos laborados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 pues es con ocasión a esta
que dichos aportes se hicieron obligatorios.

En tal sentido, queda resuelto así el problema jurídico planteado.

28 Sentencia SU072 de 2018. MP. José Fernando Reyes Cuartas.

29 Cita original. SU-049 de 1999, C-774 de 2001, C-836 de 2001, C-029 de 2009, C-332 de 2011, T-394 de 2013,

SU-515 de 2013, C-500 de 2014 y C-284 de 2015.
30 Sentencia del 9 de diciembre de 2021 expediente 11001-03-15-000-2021-07366-00 C.P Julio Roberto Piza.

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Demandante: Miryan Dolores Bermúdez Santaella

En consecuencia, la Sala revocará la providencia impugnada y, en su lugar, amparará
los derechos fundamental al debido proceso e igualdad a la señora Miryan Dolores
Bermúdez Santaella y, por lo tanto, ordenará al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que, en el término de 20 días, contados a partir de esta providencia,
dicte una sentencia de remplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 27 de enero de 2022, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en su lugar se ordena:

2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad a la parte
actora, conforme con las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia, se
dispone: Dejar sin efectos la sentencia del 22 de abril de 2021, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 54001-23-33-000-2012-00182-02.
3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que en el
término de 20 días dicte una sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier
otro medio expedito.
5. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase,

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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