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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00644-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00644-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Declarar la legalidad de la Resolución 0273 del 5 de febrero de 2025, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, por los motivos expuestos en la presente providencia. SEGUNDO: En firme esta decisión, archivar el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00644-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de junio de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00644-00
Referencia: Control inmediato de legalidad
Objeto: Resolución 0273 de 2025, Ministerio de Defensa Nacional

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado Ponente Pedro Pablo Vanegas Gil

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00644-00
Entidad: Ministerio de Defensa Nacional
Objeto de control: Resolución 0273 del 5 de febrero de 2025, Ministerio de
Defensa Nacional

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado ejerce el control
inmediato de legalidad, previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1,
de la Resolución 0273 del 5 de febrero de 2025 «[p]or la cual se declara la
urgencia manifiesta en el Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades
Ejecutoras, se efectúa delegación especial y se dictan otras disposiciones».

I. ANTECEDENTES

1.1. Decreto 0062 del 24 de enero de 20252

1. En virtud de lo dispuesto en los artículos 2133 de la Constitución Política,
344 de la Ley 137 de 1994 y el concepto de orden público al que alude la Corte

1
En adelante CPACA.
2
«Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana
de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar». Mediante sentencia C - 148 de 2025,
la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial del referido decreto.
3
«Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las
atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros,
podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días,
prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de
la República.
Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la
perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y
dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta
por noventa días más.
Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho
propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe
motivado sobre las razones que determinaron la declaración.
En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar».
4
«Artículo 34. Declaratoria del estado de conmoción interior. Cuando se presente una grave perturbación del orden público
que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, que
no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, de conformidad con
el artículo 213 de la Constitución, el Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros podrá declarar el Estado
de Conmoción Interior.
El decreto declaratorio determinará el ámbito territorial de la Conmoción Interior y su duración, que no podrá exceder de 90
días».

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Objeto: Resolución 0273 de 2025, Ministerio de Defensa Nacional

Constitucional en la sentencia C-802 de 2002, el presidente de la República, con
la firma de todos los ministros, expidió el Decreto 0062 de 2025, con la finalidad
de:

Artículo 1. Declarar el estado de conmoción interior, por el término de noventa (90)
días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en la región
del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander,
la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen,
Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y
los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así
como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital
departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios,
El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander; y los municipios de Río de Oro y
González del departamento del Cesar.

Artículo 2. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

2. De la lectura del decreto, se advierte que el presupuesto fáctico lo
estableció en la región del Catatumbo5, en el área metropolitana de Cúcuta6 y los
municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. A su vez, se
tuvieron en cuenta, entre otros, factores como: i) los valores ecológicos y
geológicos de la zona, ii) la presencia de grupos armados y delincuenciales
organizados, iii) la SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional que declaró el
estado de cosas inconstitucional por el bajo nivel de cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el acuerdo de paz y, iv) la intensificación de la
perturbación extraordinaria del orden público en el referido territorio.

3. Respecto al presupuesto valorativo se indicó, entre otros aspectos, que
la grave situación «de crisis alimentaria» derivada del «pacto entre organizaciones
armadas ilegales frente a la repartición del negocio ilícito y la entrada de
compradores al territorio», de la región del Catatumbo ha impactado a la población
civil y con ello a las instituciones estatales, lo cual hace imprescindible la adopción
de medidas extraordinarias que «permitan conjurar la perturbación, restablecer la
estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así
como garantizar el respeto de los derechos fundamentales».

4. Luego el decreto da cuenta de los presupuestos de necesidad e
insuficiencia de las medidas ordinarias, para finalmente señalar que, ante los
problemas estructurales y el riesgo para la estabilidad institucional, se justifica la
declaratoria del estado de conmoción interior, con el fin de «adoptar mecanismos
y herramientas inmediatas que permitan conjurar la crisis y evitar su agravamiento,

5
Nororiente de Norte de Santander, municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí,
La Playa, El tarra, Tibú y Sardinata y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
6
Conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.

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sin perjuicio de las políticas públicas necesarias para abordar las causas
estructurales a largo plazo».7

1.2. Resolución 0273 del 5 de febrero de 20258

5. Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 211 de la
Constitución Política, 12 de la Ley 80 de 1993, 9 de la Ley 489 de 1998 y 28.1 de
la Resolución de Delegación 4223 de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional
expidió la resolución objeto de control, «[p]or la cual se declara la urgencia
manifiesta en el Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, se
efectúa delegación especial y se dictan otras disposiciones».

6. Como sustento normativo y jurisprudencial del acto, la cartera ministerial
invocó los artículos 2 y 211 de la Constitución Política, 12 y 42 de la Ley 80 de
1993, 9 y 10 de la Ley 489 de 1998, 3 numeral 13 del Decreto 1874 de 2021, el
Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, la Circular Conjunta 014 de 2011 de la
Contraloría General de la República y la sentencia C-772 de 1998 de la Corte
Constitucional.

7. Todo lo anterior para garantizar la vida y la salud de la población en la región
del Catatumbo9, en el área metropolitana de Cúcuta10 y los municipios de Río de
Oro y González del departamento del Cesar, así como de los miembros de las
fuerzas militares y dar continuidad al servicio de defensa y seguridad nacional.

8. Bajo ese entendido el acto declaró la urgencia manifiesta «para celebrar
los contratos que resulten indispensables para atender las actividades
sobrevinientes con ocasión de la declaratoria de la conmoción interior».

9. Partiendo de lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional, en el acto que
se revisa (art. 1, parágrafo primero), dispuso que los delegatarios contractuales,
señalados en la Resolución de Delegación 4223 de 2022 y en aquellas que la
modifiquen o aclaren, podrán «celebrar los contratos que se estimen necesarios
en atención directa a sus funciones y competencias, para atender las necesidades
al interior de sus propias unidades ejecutoras y dependencias en relación con el
restablecimiento del orden público y la protección y garantía de los derechos de la
población civil en la región del Catatumbo».11, hasta cuando el gobierno nacional
dé por finalizado el estado de conmoción interior12.

7
«[…] Que, en consecuencia, se hace necesario adoptar herramientas jurídicas y materiales extraordinarias para fortalecer
el control del espacio aéreo en general, las capacidades de los servicios de inteligencia y policía judicial de la Fuerza
Pública, así como el funcionamiento de la rama judicial para que su actividad sea efectiva y oportuna».
8
El acto fue remitido por correo del 6 de febrero de 2025 a la Secretaría General del Consejo de Estado, por parte de la
Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional.
9
Nororiente de Norte de Santander, municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí,
La Playa, El tarra, Tibú y Sardinata y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
10
Conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.
11
Artículo 1. Parágrafo 1.
12
Artículo 4.

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10. En esa medida, se precisaron las circunstancias que deben tenerse en
cuenta, en virtud de la referida declaración de urgencia manifiesta, a saber:

a. La declaración de urgencia manifiesta se realiza sin perjuicio de que las
dependencias del Ministerio de Defensa Nacional deban: i) valorar sus
capacidades y provisiones, ii) justificar la procedencia, causas y necesidad
de los contratos celebrados con ocasión de la urgencia manifiesta y, iii)
adelantar los procedimientos correspondientes, contemplados en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
b. Las unidades ejecutoras y dependencias del Ministerio de Defensa
Nacional deben garantizar la adquisición de bienes y servicios con
observancia de la dinámica de los precios reales del mercado.

11. A su vez, se indicó que el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Militares, los Segundos Comandantes de cada una de las Fuerzas Militares, el
Director General de Sanidad Militar y el Secretario General del Ministerio de
Defensa Nacional en lo que atañe a la Unidad de Gestión General, ejercerán
control sobre las contrataciones realizadas al amparo de la declaración de
urgencia manifiesta, garantizando el adecuado y correcto uso de la
contratación directa por parte de los delegatarios contractuales.13

12. Asimismo, se establecieron los lineamientos relacionados con el
mencionado control y, tratándose de los funcionarios encargados14 se estipuló lo
siguiente15:

a. El delegatario contractual que realice alguna contratación al amparo de la
declaratoria de urgencia manifiesta rendirá semanalmente, según
corresponda, un informe sobre los procesos de contratación adelantados.
b. Deben hacer seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las
acciones que sean adoptadas por cada delegatario contractual en la
respectiva dependencia y, en especial, realizarán la verificación de que no
existan otros mecanismos de contratación, como acuerdos marco de
precios o adquisición en grandes superficies.
c. Tienen el deber de rendir informes quincenales sobre las contrataciones
celebradas, así como las labores de seguimiento y control al despacho del
ministro de defensa.
d. Deben remitir semanalmente un listado de todos los contratos suscritos con
ocasión de la declaratoria de emergencia, especificando objeto, valor, plazo
de ejecución y contratista al despacho del ministro de defensa. Además, el
referido listado se publicará semanalmente en la página web del Ministerio
de Defensa Nacional como mecanismo de transparencia contractual.

13. Seguidamente, se indicó que los contratos o convenios interadministrativos
que tengan como finalidad atender la conmoción interior, «no requerirán del
concepto previo de que trata el numeral 2.1 del manual de contratación y de

13
Artículo 2.
14
i) el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, ii) el Segundo Comandante de su respectiva Fuerza, iii) al
Director General de Sanidad Militar y, iv) al Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional.
15
Artículo 3.

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convenios expedido por el Ministerio de Defensa». Además, se precisó que cada
delegatario será responsable del cumplimiento «estricto» del ordenamiento
jurídico en la celebración de los referidos negocios jurídicos.16

14. Por último, se dispuso que quienes suscriban contratos con ocasión de la
declaratoria de urgencia manifiesta, deberán conformar los expedientes
contractuales y tendrán que remitirlos a la Contraloría General de la República
para el ejercicio del control fiscal.17

1.3. Actuaciones procesales

15. Por auto del 13 de febrero de 2025 18 el magistrado ponente avocó
conocimiento del control inmediato de legalidad de la referencia y dispuso: i. fijar
aviso en la Secretaría General del Consejo de Estado en el que se comunicara la
existencia del proceso y se indicara la oportunidad para pronunciarse sobre la
legalidad del acto a controlar, ii. solicitar al Ministerio de Defensa Nacional el envío
de los antecedentes administrativos y, iii. correr traslado al Ministerio Público para
que rindiera concepto.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Ministerio de Defensa Nacional19

16. La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de ese ministerio
sostuvo que, de conformidad con el Decreto 0062 de 202520 fue necesario adoptar
medidas extraordinarias en materia contractual para garantizar la estabilidad
institucional, que permitan adquirir de forma expedita los bienes y servicios
asociados al cumplimiento de sus funciones.

17. Señaló que el inciso 2 del artículo 42 del Estatuto General de Contratación
permite declarar la urgencia manifiesta en la actividad contractual pública de una
entidad estatal mediante acto administrativo motivado, «con miras a restablecer el
orden público», por lo cual se expidió la Resolución 0273 de 2025 ante la
imposibilidad de acudir a las modalidades ordinarias de contratación.

18. Sostuvo que el acto sometido a control atiende las exigencias formales y
materiales requeridas para su legalidad.

19. Explicó que la Resolución 0273 de 2025 fue expedida por el ministro de
Defensa Nacional en atención a las facultades dispuestas en los artículos 211 de

16
Artículo 5.
17
Artículo 6.
18
Índice 4 Samai.
19
Índice 12, Samai.
20
«Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana
de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar».

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la Constitución Política, 12 de la Ley 80 de 1993, 9 de la Ley 489 de 1998 y 28.1
de la Resolución de Delegación nro. 4223 de 2022.

20. Así mismo, precisó que los artículos 21 de la Ley 1150 de 2007 y 12 de la
Ley 80 de 1993 atribuyen a los jefes y representantes de las entidades la facultad
de delegar total o parcialmente la contratación en servidores públicos que se
desempeñen en los cargos de los niveles directivo o asesor. Asimismo, el artículo
9 de la Ley 489 de 1998 indica que las autoridades administrativas pueden
transferir el ejercicio de sus funciones en sus colaboradores o en otras
autoridades.

21. De otro lado, el artículo 3, numeral 13 del Decreto 1874 de 2021 establece
que el ministro de Defensa Nacional puede «delegar en dependencias y servidores
públicos, el ejercicio de las funciones que considere necesarias» para la prestación
del servicio encomendado.

22. Adicionalmente, mencionó que la Resolución de Delegación 4223 de 2022
contempla que los delegatarios contractuales «podrán celebrar los contratos que
estimen necesarios en atención directa a sus funciones y competencias, para
atender las necesidades al interior de sus propias unidades ejecutoras y
dependencias en relación con el restablecimiento del orden público».

23. Añadió que el acto a controlar cumple con los requisitos formales 21 y fue
expedido en desarrollo del Decreto 0062 de 202522, de acuerdo con el cual es
necesario adoptar medidas extraordinarias en materia contractual con el fin de
agilizar la ejecución de los recursos requeridos para el logro de la estabilidad
institucional.

24. Luego, adujo que la resolución atiende el criterio de conexidad porque
guarda relación con las causas que conllevaron la declaratoria del estado de
conmoción interior, por lo que se requieren mecanismos extraordinarios que
permitan la adquisición expedita de bienes y servicios en torno a la prestación del
servicio público encargado al Ministerio de Defensa Nacional y también de
proporcionalidad23, al concluir que busca «conjurar la crisis e impedir la extensión
de los efectos del Estado de Excepción declarado como consecuencia de la crisis
en el Catatumbo».

21
Encabezado y fecha, epígrafe, invocación de las normas de competencia y que facultan la declaratoria de urgencia
manifiesta, parte resolutiva y firma de quien lo suscribe.
22
«Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana
de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar».
23
Aludió que el acto «es proporcional para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del Estado de Excepción
declarado como consecuencia de la crisis en el Catatumbo».

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1.4.2. Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

25. Rindió concepto en el cual concluyó que la Resolución 0273 de 2025
cumple con las exigencias formales y sustanciales y está ajustada a derecho.

26. Para fundar su manifestación se refirió al marco constitucional y legal de los
Estados de Excepción y a la finalidad y requisitos de procedencia del control
inmediato de legalidad.

27. En lo demás, explicó que la Resolución 0273 de 2025 es pasible del control
inmediato de legalidad porque fue proferida por el Ministerio de Defensa Nacional,
que es del orden nacional y pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público.

28. Resaltó que se trata de un acto de carácter general y contiene medidas
dirigidas a «un conjunto de unidades delegadas ejecutoras del presupuesto que
desde lo funcional están comprometidas para garantizar que la Fuerza Pública en
los territorios en los que se declaró la conmoción interior puedan adelantar las
operaciones militares para atender la extraordinaria situación de orden público
sobreviniente».

29. Señaló que el acto que se analiza se sustenta en el Decreto 0062 de 2025
y en atención a la necesidad de adelantar gestiones a fin de adoptar medidas
contractuales extraordinarias para agilizar la ejecución de recursos necesarios
para garantizar la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia
ciudadana y, con ello restablecer el orden público en la región del Catatumbo.

30. Sostuvo que la resolución cumple todos los requisitos formales que
permiten su identificación, como son el número, la fecha, las facultades que
determinan su expedición, las consideraciones, motivación, objeto, la causa
finalidad, el articulado y está firmado.

31. En cuanto al criterio de conexidad consideró que la norma a controlar acoge
los postulados del Decreto Legislativo 0062 de 2025, y no limita garantías
constitucionales ni de carácter internacional y tampoco vulnera el contenido de la
ley estatutaria de los estados de excepción.

32. En este punto, destacó que la resolución resulta consonante con el decreto
de estado de conmoción interior y no desborda las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional, por el contrario, en su criterio, afirmó que «resulta lógico que
las unidades ejecutoras del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional
asuman medidas extraordinarias para que la Fuerza Pública en la región donde
fue declarada la conmoción interior cuente con sus capacidades administrativas y
logísticas que les permita cumplir los cometidos previstos en la legislación
extraordinaria durante el término allí establecido».

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Objeto: Resolución 0273 de 2025, Ministerio de Defensa Nacional

33. Sumado a lo anterior, afirmó que el acto es concordante con la Ley 80 de
1993, en lo relacionado con la urgencia manifiesta.

34. De igual manera, encontró que las medidas adoptadas en la resolución
resultan proporcionales e idóneas «para conjurar la grave situación de orden
público que motivó la conmoción interior decretada por el Gobierno Nacional»,
pues se requiere de la «adquisición expedita de bienes y servicios para atender la
situación de orden público y su efectivo restablecimiento en la región donde se
declaró la conmoción interior».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

35. El Consejo de Estado es competente para conocer del control inmediato de
legalidad contra la Resolución 0273 de 2025 expedida por el Ministerio de Defensa
Nacional24, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de
199425 y 136 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)26, el cual es de conocimiento de
las Salas Especiales de Decisión de la Sala Plena de la Corporación, de
conformidad con los artículos 23 27 , 29.3 28 y 42 29 del Acuerdo 80 de 2019 y la
decisión adoptada en sesión virtual 10 de 1 de abril de 2020.

2.2. Problema jurídico

36. Corresponde a la Sala de Decisión determinar si la Resolución 0273 de
2025 atiende las exigencias constitucionales y legales conforme los criterios del
control inmediato de legalidad.

37. Para resolver los anteriores cuestionamientos se estudiará: i. la naturaleza
jurídica del estado de conmoción interior y su declaratoria, ii. los elementos del

24
Entidad pública del orden nacional que hace parte del sector central de la administración pública, de conformidad con la
Ley 489 de 1998.
25
Artículo 20. Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función
administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato
de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de
entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. […]
26
Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función
administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato
de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de
entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de Acuerdo con las reglas de
competencia establecidas en este Código.// Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos
administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no
se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.
27
Artículo 23. Control inmediato de legalidad. Para efectos de la sustanciación, el Presidente de la Corporación sorteará los
asuntos de control inmediato de legalidad entre todos los Magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
28
Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo: (…) 3. Los demás procesos que les sean asignados por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
29
Artículo 42. Convocación a sesiones. La convocatoria a las sesiones de las Salas, Secciones y Subsecciones se hará
previa y públicamente por escrito en el que se mencionarán lugar, día, hora y orden del día. En caso de urgencia la citación
podrá ser verbal, de lo que se dejará testimonio en el acta.

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Referencia: Control inmediato de legalidad
Objeto: Resolución 0273 de 2025, Ministerio de Defensa Nacional

control inmediato de legalidad y, iii) el contenido de la Resolución 0273 de 2025
del Ministerio de Defensa Nacional.

2.3. Naturaleza del estado de conmoción interior y su decreto

38. La Constitución Política de 1991, en su capítulo sexto refiere a los estados
de excepción y en el artículo 213 al de conmoción interior, que en palabras de la
Corte Constitucional es uno de los «regímenes del derecho constitucional de
excepción que, una vez satisfechos los presupuestos fijados por el constituyente,
puede ser declarado de manera facultativa por el Presidente de la República» 30
con la firma de los ministros -factor de competencia-, en todo el territorio o una
parte -factor territorial- y por 90 días que pueden prorrogarse en dos oportunidades
iguales -factor temporal-.

39. Los presupuestos a satisfacer para la declaratoria del estado de conmoción
interior son: i. la existencia de una situación anormal de gravedad que genere
perturbación del orden público -fáctico-, ii. que atente contra la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana -valorativo-, y iii.
que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias o de
las autoridades de policía.

40. La adopción de la medida deberá, además, atender los principios de: i.
necesidad, motivado en la situación de grave peligro, las circunstancias
extraordinarias que hacen imposible el mantenimiento de la normalidad a través
de los poderes ordinarios, ii. proporcionalidad, pues las medidas deberán afrontar
estrictamente la amenaza que se cierne sobre el Estado, iii. temporalidad, se
declarará por 90 días prorrogables por dos periodos iguales, y iv. legalidad, acorde
con las disposiciones legales y constitucionales y las normas de derecho
internacional.

41. Ahora bien, dentro de las facultades conferidas excepcionalmente al
presidente de la República en el marco del estado de conmoción interior, están la
restricción a derechos y garantías fundamentales siempre y cuando no se afecte
su núcleo esencial y se justifique en las medidas para conjurar la situación de
anormalidad, a la divulgación de información por medios masivos de comunicación
que pueda generar peligro grave o inminente para la vida de los civiles, a reuniones
que perturben el orden público, entre otras.

42. En cuanto al decreto que contiene la declaratoria, tanto la Corte
Constitucional 31 como el Consejo de Estado 32 han indicado que tiene la
connotación de legislativo, en la medida en que llevan la firma del presidente y los
ministros, tienen fuerza material de ley, son dictados bajo facultades
extraordinarias y tienen control automático ante el alto tribunal constitucional.

30
Sentencia C-802 de 2002 de la Corte Constitucional.
31
Sentencias C-876 de 2022, C-176 de 2009, entre otras.
32
Sentencias de 30 de julio de 2013, exp. 11001-03-24-000-2005-00170-01, de 10 de noviembre de 2021, exp 11001-03-
15-000-2021-03459-00, de 27 de mayo de 2020, exp. 11001-0315-000-2020-00964-00, entre otros.

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Referencia: Control inmediato de legalidad
Objeto: Resolución 0273 de 2025, Ministerio de Defensa Nacional

2.4. El control inmediato de legalidad (CIL) y sus elementos

43. El medio de control inmediato de legalidad se encuentra previsto en los
artículos 20 33 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y 136 34 del CPACA como un
mecanismo judicial diseñado para examinar la legalidad de las medidas de
carácter general, dictadas por autoridades del orden nacional y territorial, en
ejercicio de su función administrativa para desarrollar o reglamentar los decretos
legislativos proferidos durante los estados de excepción.

44. El control es oficioso, automático e inmediato, y corresponde a las
autoridades que profieran los actos remitirlos a la autoridad judicial competente,
dentro de las 48 horas siguientes a su expedición.

45. El trámite del CIL es autónomo e independiente del análisis y de la
conclusión que la Corte Constitucional profiera al estudiar los respectivos decretos
legislativos que declaró el estado de excepción, en que se funda el acto objeto de
estudio.

46. El estudio es integral, en tanto examina que el acto atienda los criterios
formales 35 y materiales relacionados con la conexidad de las medidas con los
motivos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Excepción y su
proporcionalidad.

47. Es necesario precisar que la sentencia que se dicte hace tránsito a cosa
juzgada relativa y las normas o argumentos no abordados en el marco del control
inmediato de legalidad pueden alegarse con el ejercicio de los medios de control
de nulidad y nulidad por inconstitucionalidad.

2.5. Caso concreto

48. La Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado procede a
abordar el control inmediato de legalidad de la Resolución 0273 del 5 de febrero
de 2025, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, en los términos que se
exponen a continuación.

33
«ARTÍCULO 20. CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la
función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control
inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare
de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa
indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.
Inciso 3o. INEXEQUIBLE».
34
«ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en
ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción,
tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde
se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de
acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente
aprehenderá de oficio su conocimiento».
35
Precisar la competencia, identificar el acto, dar cuenta de las facultades, las consideraciones, destinatarios y su objeto.

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2.5.1. Sobre los requisitos de forma del acto administrativo objeto de control

49. En este punto, resulta procedente estudiar la competencia para dictar la
Resolución 0273 del 5 de febrero de 2025, así como su motivación y los requisitos
formales del acto.

50. La Resolución 0273 del 5 de febrero de 2025, fue expedida por el Ministerio
de Defensa Nacional en virtud de los artículos 21136 de la Constitución Política,
1237 de la Ley 80 de 1993, 9 de la Ley 489 de 199838 y 28.139 de la Resolución de
Delegación 4223 de 2022.

51. Pues bien, de la normativa previamente señalada se tiene que, los jefes y
representantes legales de las entidades estatales tienen la posibilidad de delegar
la función de contratación, lo cual guarda estrecha relación con el contenido de la
resolución objeto de análisis, pues el ministro de defensa delegó la función de
contratar a los delegatarios referidos en la Resolución nro. 4223 de 2022, en virtud
de la declaración de urgencia manifiesta.

52. Bajo ese entendido, la Sala encuentra que el ministro de defensa
nacional tenía la competencia legal y constitucional para emitir el acto
administrativo enjuiciado, en tanto que, la decisión allí contenida tuvo como

36
«ARTÍCULO 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros,
directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes,
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las
autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o
resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.
La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios».
37
«ARTÍCULO 12. DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150
de 2007> Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la
competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos
que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> <Inciso adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es
el siguiente:> En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud
de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Para los
efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante
legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las actividades
cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso».
38
«ARTÍCULO 9o. DELEGACIÓN. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y
de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.
Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento
administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley
y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo
correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo
209 de la Constitución Política y en la presente ley.
PARÁGRAFO. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas,
de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los
estatutos respectivos».
39
«ARTÍCULO 28. COMPETENCIA REMANENTE DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. Sin perjuicio de la facultad
de reasumir las competencias delegadas a través de la presente Resolución y de la asignación de funciones para la
expedición de los actos de trámite e impulso a que hace referencia el presente acto, el Ministro de Defensa Nacional
mantendrá como competencia remanente en materia de contratación administrativa lo siguiente:
28.1. Contrataciones de urgencia manifiesta.
[…]

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fundamento los artículos de la normativa previamente citada, los cuales
contemplan expresamente la facultad de delegar la celebración de contratos.

53. Sumado a lo anterior, se resalta que, en el acto administrativo objeto de
estudio se relacionó a los funcionarios que tienen la obligación de ejercer control
sobre las contrataciones que se realicen en virtud de la declaración de urgencia
manifiesta, particularmente al jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Militares, los segundos Comandantes de cada una de las Fuerzas Militares, el
director general de Sanidad Militar y el secretario general del Ministerio de Defensa
Nacional en lo que atañe a la Unidad de Gestión General, los cuales, coinciden en
su integridad con los funcionarios referidos en la Resolución nro. 4223 del 23 de
junio de 202240, mediante la cual «se delegan unas funciones y competencias
relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de
Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras
disposiciones».

54. Ahora, se pone de presente que el acto administrativo fundamentó su
origen en el Decreto 0062 del 24 de enero de 202541 y, particularmente, en «la
necesidad de adoptar medidas extraordinarias en materia contractual con el objeto
de agilizar la ejecución de los recursos requeridos para garantizar la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana en la región del
Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta», lo cual da cuenta de su
motivación y con ello, la exposición de consideraciones jurídicas y fácticas que lo
sustentan.

55. Aunado a lo anterior, en el acto administrativo que se estudia, se puntualizó
que, en aras de garantizar las labores propias del Ministerio de Defensa Nacional,
tratándose de la situación de orden público que se suscita en la región del
Catatumbo42, en el área metropolitana de Cúcuta43 y los municipios de Río de Oro
y González del departamento del Cesar, resulta necesario acudir a las
delegaciones a las que haya lugar en materia de contratación para adquirir de
manera expedita bienes y servicios, teniendo en cuenta la correcta ejecución de
los recursos para atender la conmoción.

56. Bajo ese entendido, esta Sala de Decisión encuentra que, el acto
administrativo objeto de control guarda relación con la situación fáctica que dio
lugar a su expedición, lo cual permite evidenciar su congruencia, pues la
declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo 44 , en el área

40
Verificado en: https://contentinstancepaginaweb-
paginawebmdn.cec.ocp.oraclecloud.com/content/published/api/v1.1/assets/CONTDEC785D58D764347869128EA0F8165
9D/native/RESOLUCIO%CC%81N+4223+DE+2022.pdf?channelToken=86fd5ad8af1b4db2b56bfc60a05ec867
41
«Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana
de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar».
42
Nororiente de Norte de Santander, municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí,
La Playa, El tarra, Tibú y Sardinata y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
43
Conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.
44
Nororiente de Norte de Santander, municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí,
La Playa, El tarra, Tibú y Sardinata y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.

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metropolitana de Cúcuta 45 y, los municipios de Río de Oro y González del
departamento del Cesar, llevó a la necesidad de ejecutar acciones que permitieran
atender las circunstancias de orden público, que para el caso particular se
materializó con la delegación de contratación en los funcionarios correspondientes
del Ministerio de Defensa Nacional.

57. Finalmente, esta Sala de Decisión encuentra que la Resolución 0273 del 5
de febrero de 202546 cumple con los requisitos formales propiamente dichos, en
tanto que, es un acto de contenido general, abstracto e impersonal porque aborda
los aspectos relacionados con la declaratoria de urgencia manifiesta y la necesidad
de delegar la contratación en la entidad y, fue emitido en ejercicio de la función
administrativa por el ministro de Defensa Nacional.

58. Aunado a lo anterior, se pone de presente que el acto administrativo objeto
de control contiene el encabezado respectivo, número, fecha, competencia,
normativa en la que se funda, así como la materia objeto de pronunciamiento, la
parte resolutiva, vigencia y firma de quien lo suscribe.

2.5.2. Sobre los requisitos de fondo del acto administrativo objeto de control

59. En este acápite, la Sala de Decisión se pronunciará sobre el examen de
conexidad entre las medidas adoptadas en la Resolución 0273 del 5 de febrero de
2025 y las circunstancias fácticas y jurídicas que se derivan de la declaratoria de
conmoción interior contemplada en el Decreto 0062 del 24 de enero de 202547 y,
se abordará el juicio de proporcionalidad con el que se pretende identificar la
razonabilidad de los postulados contemplados en el acto administrativo objeto de
control48.

60. Pues bien, el acto administrativo objeto de control declara la urgencia
manifiesta en el Ministerio de Defensa Nacional para atender la emergencia
derivada del estado de conmoción interior49 (art. 1.o) y, en consecuencia, dispone
que los delegatarios contractuales, en listados en la Resolución 422350 del 23
de junio de 202251, podrán celebrar contratos requeridos para la atención directa
de acuerdo con sus funciones y competencias, para atender las necesidades de
sus propias unidades ejecutoras y dependencias, restablecer el orden

45
Conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.
46
Se precisa que el acto administrativo fue publicado en la página web del Ministerio de Defensa Nacional:
https://www.mindefensa.gov.co/ministerio/contratacion/resoluciones
47
«Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana
de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar».
48
Al respecto, consultar: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 4.
Sentencia del 12 de abril de 2021. Radicado: 11001-03-15-000-2021-00086-00. MP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
49
En nororiente de Norte de Santander, municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto,
Hacarí, La Playa, El tarra, Tibú y Sardinata y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Además,
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y en el departamento del Cesar los
municipios de Río de Oro y González.
50
Como aquellos actos administrativos que la modifiquen.
51
«Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino
al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones».

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público y propender por la protección y garantía de los derechos de la
población civil52 (parágrafo primero).

61. En esa medida, se advierte que la motivación principal del acto que se
analiza fue la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo53, en
el área metropolitana de Cúcuta54 y, los municipios de Río de Oro y González del
departamento del Cesar, debido a la alteración de orden público que se suscitó en
dicho territorio, lo cual desencadenó en la necesidad de acudir a decisiones
extraordinarias para mitigar las circunstancias que pudieran elevar la afectación
del normal desarrollo de las instituciones, particularmente del Ministerio de
Defensa Nacional.

62. Bajo esa óptica, la Sala de Decisión encuentra que el ministro de Defensa
Nacional, en virtud de sus facultades constitucionales y legales, con la resolución
analizada, en sus artículos 1 y 2, decidió declarar la urgencia manifiesta y delegar
la contratación directa 55 en «delegatarios contractuales», enlistados en la
Resolución 4223 de 2022.

63. Lo anterior para garantizar que la prestación del servicio no resultara
afectada, máxime si se tiene en cuenta que el propósito principal de esta última
está encaminado a «garantizar la vida y la salud de la población […] así como la
de los miembros de las FF.MM.» y, «dar continuidad al servicio público de defensa
y seguridad nacional».

64. Así las cosas, resulta evidente que el acto administrativo objeto de control
guarda conexidad con el objeto por el cual fue emitido, dado que, la alteración
de orden público que se suscitó en el territorio que abarca la región del
Catatumbo56, el área metropolitana de Cúcuta57 y los municipios de Río de Oro y
González del departamento del Cesar, requerían de la intervención expedita de
las instituciones estatales, particularmente del Ministerio de Defensa Nacional,

52
En nororiente de Norte de Santander, municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto,
Hacarí, La Playa, El tarra, Tibú y Sardinata y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Además,
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y en el departamento del Cesar los
municipios de Río de Oro y González.
53
Nororiente de Norte de Santander, municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí,
La Playa, El tarra, Tibú y Sardinata y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
54
Conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.
55
«ARTÍCULO 43.- Del Control de la Contratación de Urgencia. Inmediatamente después de celebrados los contratos
originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los
antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que
ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre
los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración.
Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos
contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y
dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido
de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para
garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia».
56
Nororiente de Norte de Santander, municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí,
La Playa, El tarra, Tibú y Sardinata y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
57
Conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.

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precisamente por las actividades que esta última desarrolla con el propósito de
defender la seguridad del país y sus habitantes.

65. En el entendido de que en materia contractual la urgencia manifiesta
permite la contratación directa, la cual busca agilizar los procesos tendientes a la
obtención de bienes y servicios y dada la situación que conllevó la declaratoria del
estado de conmoción interior, resulta palmario que se trata de una medida que se
dicta en procura de conjurar la situación que aqueja a la población que habita los
territorios ya referenciados.

66. Sobre la conexidad exigida en materia de los controles inmediatos de
legalidad, resulta relevante poner de presente que esta Corporación ha
puntualizado que las decisiones adoptadas en medio de una situación de
excepción deben estar suficientemente sustentadas desde el punto de vista
jurídico y fáctico58, aspecto que, a juicio de esta Sala resulta estructurado, tal
como se expuso en líneas anteriores.

67. Bajo ese entendido, en el acto administrativo objeto de control es posible
determinar que la urgencia manifiesta y la delegación de la contratación en los
funcionarios 59 que hacen parte del Ministerio de Defensa Nacional, deviene
necesaria y acorde con las circunstancias fácticas y normativas que se
desarrollaban en el referido territorio, pues ello permitiría la adquisición de bienes
y servicios de manera expedita.

68. Sumado a lo ya dicho, esta Sala de Decisión debe mencionar que la
resolución analizada fijó los precisos lineamientos que los delegatarios deben
atender para poder adelantar los procesos contractuales en debida forma, es así
como el artículo 3.° prevé las obligaciones de rendir informes de las contrataciones
realizadas, para su seguimiento, acompañamiento, control y verificación. Así como
su publicación en la página web oficial del Ministerio de Defensa Nacional.

69. Mientras que el artículo 6.° impone que de cada contrato se conforme un
expediente que contenga copia de la Resolución 273 de 2025 y, los antecedentes
técnicos y administrativos, los cuales deberán ser remitidos a la Contraloría
General de la República, para que adelante el control fiscal de su competencia.

70. En relación con este mismo aspecto, el artículo 5.° de la Resolución 273 de
2025 (en análisis), da cuenta de que los procesos contractuales deben adelantarse
bajo la modalidad de contratación directa, lo que justifica que dicho precepto
permita que no se requiera del concepto previo al que refiere el manual de

58
Ibidem. «En este presupuesto de conexidad, el llamado a emerger es el control de calificación jurídica, pues superado el
control formal de comprobación o constatación de los hechos […] se requiere que esos hechos reciban una calificación
jurídica con la que se determine si ese hecho jurídicamente sí viabilizaba la expedición del acto que se controla y lo ingresa
al ámbito de la necesidad como previsión para adoptar las decisiones tendientes a solucionar la situación de excepción, por
lo que deben expresar con claridad las razones jurídicas por las cuales adopta las medidas que contiene y el por qué son
necesarias para alcanzar los fines que dieron lugar a conjurar las circunstancias excepcionales».
59
Los cuales se encuentran expresamente relacionados en la Resolución 4223 del 23 de junio de 2022.

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contratación y convenios del Ministerio de Defensa Nacional 60, pues de aplicarse
esta exigencia, la celeridad que busca la declaratoria de urgencia manifiesta
perdería su finalidad y propósito.

71. A su vez, se advierte que, el artículo 4.° del acto objeto de análisis establece
un límite temporal, dado que la competencia delegada para suscribir contratos se
conservaría «hasta cuando el Gobierno Nacional dé por finalizado el estado de
conmoción interior».61

72. De lo anterior es posible colegir que, la resolución objeto de análisis
contempló las medidas necesarias para conjurar la crisis que se desató en la
región del Catatumbo y que llevó a la declaratoria de conmoción interior, motivo
por el cual, la Sala encuentra acreditada la debida conexidad entre el referido
acto administrativo y los supuestos fácticos y jurídicos que lo sustentan.

73. Así mismo, de su contenido se da cuenta de todos los mecanismos de
control y vigilancia dispuestos para que la delegación y la contratación se realice
de conformidad con el ordenamiento jurídico que regula estas materias, de lo cual
esta Sala de Decisión debe concluir que, para lo que incumbe a este medio de
control inmediato de legalidad el factor de conexidad se encuentra debidamente
acreditado.

74. Ahora, en cuanto al juicio de razonabilidad y proporcionalidad de las
medidas, resulta necesario precisar que, este consiste en verificar la «relación de
medio a fin que debe acompañar esta clase de actos que se expiden dentro del
marco del estado de emergencia»62, esto es, el equilibrio entre las circunstancias
fácticas que dieron lugar al estado de excepción y las medidas que se adopten
para contrastarlas.

75. Partiendo de lo anterior, la Sala encuentra que las medidas relacionadas en
el acto administrativo objeto de control resultan proporcionales con la situación
fáctica y jurídica que se pretende atender, en tanto que, tienen como finalidad darle
continuidad a la prestación del servicio público de defensa de manera expedita, a
través de los delegatarios, quienes tendrán en su órbita funcional el trámite
contractual al que haya lugar, hasta cuando se dé por terminada la conmoción
interior.

76. En esa línea, se evidencia que las medidas adoptadas en el mentado acto
administrativo no desbordan los límites constitucionales y legales, así como
tampoco difiere del objeto por el cual se declaró la conmoción interior en la región

60
«CONCEPTO PREVIO PARA CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PARA LA CONTRATACIÓN
QUE REQUIERA RESERVA PARA SU ADQUISICIÓN».
61
Sobre el particular, se pone de presente que mediante el Decreto 467 de 2025, a partir del 24 de abril del mismo año se
levantó el estado de conmoción interior declarado en el Decreto 0062 de 2025, en la región del Catatumbo, los municipios
del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar.
62
Ibidem.

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del Catatumbo, pues lo que realmente se busca es continuar con la prestación del
servicio público del Ministerio de Defensa Nacional y con ello, retornar el orden
público y garantizar la seguridad de los habitantes del referido territorio.

77. Aunado a lo anterior, se pone de presente que en el acto administrativo que
se estudia, se establecieron los mecanismos de control que deben activarse con
el propósito de supervisar la actividad contractual que fue delegada por el ministro
de Defensa Nacional en virtud de la declaratoria de urgencia manifiesta, lo cual
permite evidenciar que las medidas adoptadas no resultan arbitrarias, se
encuentran debidamente sustentadas y están supeditadas a la fiscalización de la
misma entidad e incluso de la Contraloría General de la República.

78. Así las cosas, esta Sala de Decisión observa que las medidas adoptadas
en el acto administrativo que se examina: i) no contradice y tampoco se extralimita
frente a la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo63, en el
área metropolitana de Cúcuta64 y, los municipios de Río de Oro y González del
departamento del Cesar, ii) es compatible con el ordenamiento jurídico y,
particularmente, con las funciones que detenta el Ministerio de Defensa Nacional
y, iii) contribuye a solventar las circunstancias de orden público que acontecieron
en el referido territorio.

79. Bajo ese entendido, las medidas contenidas en la Resolución 0273 del 5 de
febrero de 2025 guardan relación con las situaciones fácticas y jurídicas que lo
sustentan, por lo que no se trata de decisiones arbitrarias e infundadas, con las
que se evidencie el desconocimiento de las normas constitucionales y legales, y
tampoco la vulneración de derechos fundamentales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: Declarar la legalidad de la Resolución 0273 del 5 de febrero de 2025,
expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, por los motivos expuestos en la
presente providencia.

SEGUNDO: En firme esta decisión, archivar el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

63
Nororiente de Norte de Santander, municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí,
La Playa, El tarra, Tibú y Sardinata y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
64
Conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.

Calle 12 No. 18-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00644-00
Referencia: Control inmediato de legalidad
Objeto: Resolución 0273 de 2025, Ministerio de Defensa Nacional

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
Ausente con permiso

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrado

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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