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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03912-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03912-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE 1. Declarar ajustada a derecho la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026, por cuyo conducto la DIAN adicionó «el artículo 1.2.2.39 al Capítulo 2 del Título 2 de la Parte 1 y un nuevo formulario al numeral 1. Tabla de Formularios del artículo 3 de la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025 “Resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria”», conforme a la motivación. 2. Notificar personalmente o mediante mensaje de datos al buzón electrónico dispuesto para notificaciones judiciales, a la DIAN, al procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado y al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 3. Archivar el expediente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03912-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

17 de julio de 2026

Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03912-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 3

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Control inmediato de legalidad
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03912-00
Acto: Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026, con la que la DIAN
adicionó «el artículo 1.2.2.39 al Capítulo 2 del Título 2 de la Parte
1 y un nuevo formulario al numeral 1. Tabla de Formularios del
artículo 3 de la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025
“Resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria”»

Asunto: Sentencia de única instancia

Conforme con los artículos 136 y 185 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), procede la Sala a emitir sentencia de
única instancia en el control inmediato de legalidad de la Resolución 004285 del 26
de marzo de 2026, por medio de la cual la DIAN adicionó «el artículo 1.2.2.39 al Capítulo
2 del Título 2 de la Parte 1 y un nuevo formulario al numeral 1. Tabla de Formularios del
artículo 3 de la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025 “Resolución Única en
Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria”».

I. ANTECEDENTES

1. Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Mediante el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, el Gobierno nacional
declaró «el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de
Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de
treinta (30) días calendario», en razón al evento climatológico (frente frío) que golpeó a
la Costa Atlántica entre el 1º y 6 de febrero de 2026. En esa norma se consignó que
el aludido fenómeno natural desencadenó «una conjunción de eventos meteorológicos
que resultaron en un incremento significativo en la velocidad de los vientos, alteraciones en la
altura y dirección del oleaje, mar de leva e intensas lluvias, que superaron los rangos
climatológicamente esperados para el mes de febrero, generando condiciones de amenaza
atípicas e intensas en zonas costeras, marítimas y continentales del país».

Asimismo, en el mencionado Decreto Legislativo se indicó que esos fenómenos
climatológicos provocaron afectaciones en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre,
Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena, y que el Presupuesto General de la Nación era
insuficiente para atenderlas, lo que hacía necesario adoptar medidas urgentes
1

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orientadas a superar la crisis. Allí también se consignó que la negativa de la Comisión
Cuarta del Senado de la República de tramitar un proyecto de ley de financiamiento
derivó en que no se contaran con los recursos necesarios para enfrentar la
mencionada problemática.

2. Medidas tributarias emitidas en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

En virtud del Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, el Gobierno nacional
profirió el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 20261 (modificado por el
Decreto 0240 de 12 de marzo de 2026), en el cual se adoptaron algunas medidas
tributarias destinadas a recaudar recursos que se emplearían para conjurar la crisis.
Una de ellas fue la de incluir como sujetos pasivos del impuesto al patrimonio a « los
establecimientos permanentes (incluidas las sucursales) de entidades del exterior».

Además, el artículo 5º del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026 estipuló
que los aludidos establecimientos debían declarar ese impuesto «el 30 de abril de 2026,
y en esa misma fecha deben pagar una primera cuota del cincuenta por ciento (50%) del
impuesto. La segunda cuota del cincuenta por ciento (50%) del impuesto se pagará el 1 de
junio de 2026. La Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales habilitará el respectivo
formulario de pago»2.

3. Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026 (objeto del control inmediato de
legalidad)

En atención al artículo 5º del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, la
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) emitió la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026, en la que
dispuso que las personas jurídicas sujetas al impuesto al patrimonio debían declararlo,
presentarlo y pagarlo a través del formulario 425.

El tenor de la mencionada Resolución es el siguiente:

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

En uso de las facultades legales y en especial de las que confieren el numeral 2 del artículo 8
del Decreto 1742 de 2020, los artículos 298, 298-1, 578 y 579-2 del Estatuto Tributario y el
artículo 5 del Decreto Legislativo 0173 de 2026 y

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, el Gobierno nacional
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de
Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por el término de
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto.

1 «Por el cual se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos

del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante
el Decreto Legislativo 0150 de 2026».
2 Artículo 5º del Decreto 173 de 2026.

2

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Que en desarrollo de la referida emergencia el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de
2026 adoptó medidas tributarias en materia del impuesto al patrimonio, incluyendo para la
vigencia del año 2026 como sujetos pasivos a las personas jurídicas y sociedades de hecho
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.

Que el Decreto Legislativo 0240 del 12 de marzo de 2026 modificó el Decreto Legislativo 0173
del 24 de febrero de 2026 incluyendo para la vigencia del año 2026 como sujetos pasivos del
impuesto al patrimonio a los establecimientos permanentes (incluidas las sucursales) de
entidades del exterior.

Que el artículo 5 del Decreto Legislativo 0173 de 2026 dispuso que la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN prescribirá el formulario mediante
el cual los contribuyentes de que trata el numeral 6 del artículo 292-3 del Estatuto Tributario
deberán declarar el impuesto al patrimonio.

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
expidió la Resolución 000227 de 2025, “Resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y
Cambiaria”, con el propósito de racionalizar y unificar la normatividad vigente expedida por la
entidad, por lo que resulta procedente adicionar el artículo 1.2.2.39 al Capítulo 2 del Título 2 de
la Parte 1 a efectos de prescribir el formulario 425 “Declaración de Impuesto al Patrimonio para
Personas Jurídicas Vigencia 2026”.

Que en cumplimiento del Decreto número 1081 de 2015, modificado por el Decreto número 270
de 2017, y los artículos 3º y 8º de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de Resolución fue publicado,
en el sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), entre el 11 y el 20 de marzo de 2026.

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Adición del artículo 1.2.2.39 al Capítulo 2 del Título 2 de la Parte 1 de la
Resolución 000227 de 2025, “Resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y
Cambiaria”. Adiciónese el artículo 1.2.2.39 al Capítulo 2 del Título 2 de la Parte 1 de la
Resolución 000227, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, así:

“Artículo 1.2.2.39. Prescripción del formulario 425 Declaración de Impuesto al
Patrimonio para Personas Jurídicas. Prescríbase el formulario 425 “Declaración de
Impuesto al Patrimonio para Personas Jurídicas” para declarar, presentar y pagar el impuesto
al patrimonio para personas jurídicas, sociedades de hecho y los establecimientos
permanentes (incluidas las sucursales) de entidades del exterior, por la vigencia 2026 de
conformidad con los Decretos Legislativos 0173 y 0240 de 2026. El diseño del formulario
hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo. La declaración deberá presentarse a través de los servicios informáticos,
utilizando la Firma Electrónica (FE) autorizada por la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
pondrá a disposición el formulario número 425 en forma virtual en la página web
www.dian.gov.co, en el Servicio Informático de Usuarios Registrados, para su
diligenciamiento y presentación electrónica.”

ARTÍCULO 2°. Adición del Formulario 425 “Declaración de Impuesto al Patrimonio para
Personas Jurídicas” al numeral 1 Tabla de formularios del artículo 3 de la Resolución
000227 de 2025, “Resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria”.
Adiciónese el Formulario 425 “Declaración de Impuesto al Patrimonio Para Personas Jurídicas”

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al numeral 1 del artículo 3 de la Resolución 000227 de 2025, “Resolución Única en Materia
Tributaria, Aduanera y Cambiaria”.

ARTÍCULO 3o. PUBLICACIÓN. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, de
conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 4o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
adiciona el artículo 1.2.2.39 al Capítulo 2 del Título 2 de la Parte 1 de la Resolución número
000227 del 23 de septiembre de 2025 "Resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y
Cambiaria".

A través de oficio 100208194-380 del 20 de mayo de 2026, la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN remitió al Consejo de Estado la Resolución 004285 del 26 de
marzo de 2026, con el fin de que surtiera el control inmediato de legalidad de que trata
el artículo 136 del CPACA.

4. Trámite del control inmediato de legalidad

4.1 Auto que avoca conocimiento
Con auto del 26 de mayo de 2026, el despacho sustanciador avocó conocimiento del
control inmediato de legalidad de la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026
emitida por la DIAN, al considerar que colmaba los presupuestos del artículo 136 del
CPACA, esto es, era un acto administrativo de carácter general proferido en ejercicio
de la función administrativa y con la finalidad de reglamentar un decreto legislativo
expedido en el marco de un estado de excepción.

En la mencionada providencia se ordenó (i) notificar personalmente al director de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público y
(ii) informar a la comunidad sobre ese trámite, mediante avisos publicados por 10 días
en los sitios web de la DIAN y del Consejo de Estado y demás medios virtuales
disponibles.

En cumplimiento del anterior proveído, la Secretaría General del Consejo de Estado
publicó el respectivo aviso el 28 de mayo de 2026 y le pidió a la Oficina de Prensa de
la Corporación que elaborara «una pieza informativa en el que se comunique sobre la
existencia de este proceso y sea publicada en la página web»3. Asimismo, dicha Secretaría
también le pidió a la DIAN, con Oficio HPB-022 del 7 de junio de 2026, que publicara
el respectivo aviso sobre la existencia del trámite de la referencia en su sitio web y en
sus demás medios virtuales4.

4.2 Intervenciones
4.2.1 La DIAN, a través de apoderada, aseveró que el «restablecimiento transitorio del
impuesto al patrimonio» no vulneraba el principio de igualdad y que en la sentencia C-
3 La cual fue publicada en la página electrónica del Consejo de Estado.
4 Lo cual aconteció el 29 de mayo de 2026, como constata en el link www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NN-Aviso-

importante-control-inmediato-de-legalidad-resolucion-004285-del-26-de-marzo-de-2026.aspx. El organismo
publicó el respectivo aviso en sus perfiles de las redes sociales de X
(x.com/diancolombia/status/2061538274225872934?s=46) y Facebook
(www.facebook.com/share/p/18G1kj2J97/?mibextid=wwXIfr).
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243 de 2011, la Corte Constitucional precisó que en el marco de un estado de
excepción el Gobierno nacional estaba facultado para extender temporalmente el
aludido tributo a otras personas, en aras de recaudar recursos destinados a conjurar
la crisis.

Que la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026 fue proferida en ejercicio de las
tareas previstas en los artículos 8-2 del Decreto 1742 de 2020, 298, 298-1, 578 y 579-
2 del Estatuto Tributario y 5º del Decreto Legislativo 0173 de 2026. Que en esa última
disposición se dispuso que el director del organismo era el encargado de prescribir el
formulario de pago para que «los establecimientos permanentes (incluidas las sucursales)
de entidades del exterior» declararan el impuesto sobre el patrimonio, potestad en virtud
de la cual la mencionada autoridad profirió el acto administrativo objeto del control
inmediato de legalidad de la referencia, por ende, se ajusta al marco normativo.

Que las medidas tributarias que el Gobierno nacional fijó en el Decreto Legislativo
0173 del 24 de febrero de 2026, como la de extender el impuesto al patrimonio, se
ajustaban al ordenamiento jurídico por estar orientadas a superar la crisis que causó
la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica efectuada en
el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026.

Que la extensión del referido tributo a «los establecimientos permanentes (incluidas las
sucursales) de entidades del exterior» se fundamentó en el principio superior de
solidaridad y se justificó en la «insuficiencia de recursos» del Presupuesto General de
la Nación para atender a los damnificados por las emergencias, a quienes debían
brindársele una oportuna atención por ser sujetos de especial protección
constitucional en razón a su situación de vulnerabilidad.

Que el acto administrativo objeto del control inmediato de legalidad fue publicado en
debida forma y «guarda conexidad» con el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero
de 2026 y el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero del año en curso, de ahí que
debiera declararse ajustado a derecho.

4.2.2 Concepto del Ministerio Público

El «procurador delegado de intervención 10: quinto ante el Consejo de Estado» rindió
concepto en el trámite de la referencia. Señaló que la Resolución 004285 del 26 de
marzo de 2026 debía declararse contraria al ordenamiento jurídico, toda vez que en
el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026 no se «acreditó» que los
fenómenos climatológicos que conllevaron a la declaratoria del estado de excepción
causaran «impacto en el mercado de energía mayorista» y provocaran crisis en el sistema
de energía eléctrica.

Que «se acogía» al concepto que el Procurador General de la Nación presentó ante la
Corte Constitucional, dentro del estudio de constitucionalidad que adelanta del
Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, y en el que señaló que el frente
frío que afectó la costa caribe a principio de febrero de 2026 hacía necesaria la
declaratoria de un estado de excepción, dado que no se contaban con recursos para
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conjurar la crisis. No obstante, ese Decreto no justificó la relación del fenómeno natural
con el «mercado de energía mayorista», de ahí que la declaratoria de emergencia sobre el
particular fuese inconstitucional.

Que el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026 desconoció el principio de
irretroactividad de la ley tributaria, pues fijó tributos para el mismo año gravable 2026
pese a que la Constitución Política (no determina el artículo) señala que las leyes «que
regulen contribuciones» derivadas de hechos acaecidos en un «período determinado […]
no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de la iniciación de la
vigencia de la respectiva ley». Además, gravar a fundaciones y corporaciones benéficas
provocaba desviación de recursos destinados a la educación, salud y asistencia
social.

Que el aludido Decreto tampoco atendía el principio de certeza tributaria, porque allí
no se fijaron los elementos esenciales del impuesto al patrimonio, esto es, no se
determinaron los sujetos activos y pasivos, el hecho generador, la base gravable y la
tarifa, lo cual tampoco hizo la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026. Que este
acto administrativo desconocía el artículo 15 de la Ley 137 de 1994, que prevería que
los asuntos que reguló aquella decisión eran «de exclusivo desarrollo legislativo», en
consecuencia, la DIAN desbordó sus competencias al proferirlo.

4.3. Ni Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ni la comunidad se
pronunciaron respecto del control inmediato de legalidad bajo estudio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 111-8 y 136 del CPACA y 23 del Reglamento del
Consejo de Estado y según lo decidido por la Sala Plena en sesión 10 del 1º de abril
de 2020, la Sala Especial de Decisión 3 de esta Corporación es competente para
ejercer el control inmediato de legalidad de los actos administrativos que expidan las
autoridades del orden nacional, en ejercicio de la función pública, con el fin de
desarrollar o reglamentar decretos emitidos en el marco de un estado de excepción.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026,
expedida por la DIAN para prescribir el formulario 425 destinado a la declaración,
presentación y pago del impuesto al patrimonio por la vigencia 2026, constituye un
desarrollo válido del artículo 5.º del Decreto Legislativo 0173 de 2026 (modificado por
el Decreto Legislativo 0240 de 2026), expedido en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto Legislativo 0150 de
2026, y si fue proferida con observancia de los requisitos de validez exigidos por el
ordenamiento jurídico para los actos administrativos sometidos al control inmediato de
legalidad.
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La Sala anticipa que declarará ajustada a derecho la mencionada Resolución,
comoquiera que se expidió con el propósito de desarrollar una de las medidas
tributarias señaladas en el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026
(modificado por el Decreto 0240 de 12 de marzo de 2026), fijada para conjurar la crisis
que causó la declaratoria del referido estado de excepción.

Para llegar a esa conclusión, la Sala (i) estudiará la naturaleza y características del
control inmediato de legalidad y (ii) analizará si la Resolución 004285 del 26 de marzo
de 2026, expedida por la DIAN, atiende el ordenamiento jurídico.

3. Naturaleza y características del control inmediato de legalidad

El artículo 212 de la Constitución Política prevé que el presidente de la República, con
la firma de todos sus ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior, escenario
en el cual asume facultades especiales que le permiten adoptar medidas necesarias
para «repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y
procurar el restablecimiento de la normalidad».

Por su parte, el artículo 213 superior establece que el primer mandatario del país
también cuenta con la potestad de declarar el estado de conmoción interior, por
conducto de decreto firmado por todos sus ministros, «en caso de grave perturbación del
orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad
del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las
atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía».

Ahora bien, cuando acontecen situaciones excepcionales que no estén previstas en
las precitadas normas y que perturben o amenacen el orden económico, social y
ecológico del país, el artículo 215 de la Constitución Política faculta al presidente de
la República para declarar hasta por 30 días un estado de emergencia por conducto
de Decreto. Este debe contar con la firma de todos sus ministros y con una motivación
que permita evidenciar la necesidad de la medida. Cabe anotar que el lapso del estado
de excepción es prorrogable por plazos de hasta de 30 días, «que sumados no podrán
exceder de noventa días en el año calendario».

En el marco de un Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica, el presidente
de la República cuenta con la potestad de emitir Decretos con fuerza de ley sobre
materias relacionadas con la crisis que conllevó a la declaratoria del estado de
excepción. Esa prerrogativa involucra la posibilidad de «establecer nuevos tributos o
modificar los existentes»5 de manera transitoria, pues «dejarán de regir al término de la
siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter
permanente»6.

Cabe advertir que los estados de excepción involucran la trasmisión temporal al
presidente de la República de atribuciones que cotidianamente recaen en otros
órganos del Estado. Esta situación comporta alteración del sistema de pesos y

5 Artículo 215 de la Constitución Política.
6 Ibidem.

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contrapesos propio de los estados sociales y democráticos de derecho7, de ahí que la
Constitución Política prevea instrumentos que permitan controlar el debido uso de
esas potestades por parte del primer mandatario del país.

Dentro los mecanismos señalados por el ordenamiento jurídico para controlar el uso
debido de las facultades extraordinarias de las que goza el Gobierno nacional en los
estados de excepción, se destacan: (i) la revisión que realiza la Corte Constitucional
de los decretos que los declaran y de los que establecen medidas para conjurar la
crisis, conforme a los artículos 215 (parágrafo8) y 241-79 de la Constitución Política; y
(ii) el control inmediato de legalidad que realiza la jurisdicción contencioso-
administrativa sobre los actos administrativos proferidos con el fin de desarrollar
aquellos decretos, tal como lo estipulan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136
del CPACA.

En relación con el control inmediato de legalidad, es de señalar que es un mecanismo
en virtud del cual tanto los tribunales administrativos como el Consejo de Estado
revisan los actos administrativos que emiten autoridades territoriales y nacionales,
respectivamente, en desarrollo de decretos emitidos en el marco de los estados de
excepción y con el fin de conjurar la crisis que causó su declaratoria.

El aludido control inmediato de legalidad tiene, entre otras, las siguientes
características:

(i) Es automático e inmediato, dado que en virtud de los artículos 20 de la Ley 137
de 1994 y 136 del CPACA los respectivos actos administrativos deben ser
enviados dentro de las 48 horas siguientes a su expedición al respectivo tribunal
o al Consejo de Estado, según corresponda, so pena de que se adelante de
oficio la revisión.

(ii) Es autónomo, en razón a que su procedencia no está supeditada a que la Corte
Constitucional decida previamente sobre la constitucionalidad del decreto que
declaró el estado de excepción y de los decretos que lo desarrollaron10, trámite
que es competencia de esa Corporación de acuerdo con los artículos 215
(parágrafo) y 241-7 de la Constitución Política.

(iii) No es absoluto, dado que únicamente se centra en determinar si los actos
administrativos dictados por autoridades administrativas en el marco de un

7 Corte Constitucional, sentencia C-156 de 2020, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
8 «El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte

en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el
Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma
inmediata su conocimiento».
9 «A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos

y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
[…]
7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con
fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución».
10 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 28 de julio de 2020, M. P. Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez, expediente 11001-03-15-000-2020-01299-00.
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estado de excepción y en desarrollo de este, se emitieron conforme a los
decretos que lo declararon y fijaron medidas necesarias para conjurar la crisis.

En ese orden de ideas, el estudio que se realiza en un control inmediato de
legalidad no involucra confrontar el acto administrativo con todo el ordenamiento
jurídico, pues solo comporta la revisión de determinados aspectos formales y
sustanciales, a saber, los presupuestos de procedibilidad previstos en los
artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA y exigencias que todo acto
administrativo debe colmar.

Ahora bien, en el control inmediato de legalidad debe establecerse si los actos
administrativos revisados colman los presupuestos del artículo 137 del CPACA, esto
es, (i) si atendieron las normas en que debían fundarse; (ii) si fueron proferidos por
autoridades administrativas con competencia para ello; (iii) si respetaron el
procedimiento señalado en el sistema normativo para su expedición; (iv) si se
motivaron debidamente y (v) si se emitieron con desviación de poder11.

En caso de que no se colmen dichas exigencias, habrá de concluirse que el acto
administrativo examinado incurre en alguna o algunas de las correspondientes
causales de nulidad previstas en el referido artículo 137 del CPACA, en consecuencia,
debe declararse ilegal.

Cabe advertir que en los controles inmediatos de legalidad debe establecerse si los
actos administrativos examinados atienden el principio de necesidad, esto es, si las
medidas adoptadas en ellos están orientadas a conjurar la crisis que derivó en la
declaratoria del estado de excepción. En caso de que ello no ocurra, habrá de
concluirse que esas decisiones desconocen las normas en que deberían fundarse12.

Asimismo, debe indicarse que la decisión que desata un control inmediato de legalidad
comporta una sentencia con efectos erga omnes y hace tránsito a cosa juzgada
relativa, en los términos del artículo 18913 del CPACA, de manera que el acto
administrativo revisado puede ser enjuiciado con posterioridad bajo argumentos
diferentes a los estudiados en el aludido trámite, en el cual, como se enunció, el
estudio es limitado. Así lo precisó esta Corporación14:

11 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 22 de julio de 2020, M. P. Julio Roberto Piza

Rodríguez, expediente 11001-03-15-000-2020-01641-00: «[…] resulta útil el estudio de legalidad a partir de los
elementos del acto administrativo: órgano competente; formas y procedimiento; motivo y motivación; finalidad,
objeto o contenido, pues ocurre que las causales de nulidad de todo acto administrativo están estructuradas a
partir de tales elementos: la falta de competencia, la expedición irregular, la falsa motivación, el desvío de poder y
la violación de la ley (artículo 137 CPACA)».
12 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 24, sentencia del 13 de diciembre de 2022, M. P. Carmelo

Perdomo Cuéter, expediente 11001-03-15-000-2020-02024-00.
13 «[…] Las [sentencias] que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato

de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales
se haga el examen […]».
14 Consejo de Estado, Sala Décima Especial de Decisión, sentencia del 13 de agosto de 2020, M. P. Sandra Lisset

Ibarra Vélez, expediente 11001-03-15-000-2020-01058-00.
Esta postura también fue enunciada en otros pronunciamientos, dentro de los que se destacan los de (i) 31 de
mayo de 2011, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-15-000-2010-00388-00, M. P.
Gerardo Arenas Monsalve; (ii) 2 de julio de 2021, Sala Especial de Decisión 24, expediente 11001-03-15-000-
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Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03912-00

«[…] la decisión adoptada en un fallo desestimatorio, en estos casos, en tanto se contrae a un
estudio de legalidad limitado dado su carácter oficioso, ajeno a la naturaleza dispositiva del control
judicial asignado a la justicia administrativa, no implica el análisis de todos los posibles motivos de
contradicción con normas superiores y -por lo mismo- no es óbice para que a futuro se produzca
otro pronunciamiento, que verse sobre reproches distintos que puedan edificarse sobre la misma
norma».

En ese orden de ideas, en razón a que el acto administrativo sujeto a control de
legalidad es de carácter general, puede ser controvertido a través de las demandas
de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho (siempre que se cumplan
exigencias del inciso 2º del artículo 138 del CPACA), escenarios en los cuales es dable
plantear discusiones jurídicas más amplias de las que se abordan en un trámite como
el de la referencia.

4. Caso concreto

En primer lugar, la Sala determinará si el control inmediato de legalidad colma los
requisitos de procedibilidad de los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del
CPACA. Si ello ocurre, procederá a establecer si la Resolución 004285 del 26 de
marzo de 2026 incurrió en alguna de las causales de nulidad del artículo 137 ibidem,
para lo cual debe dilucidarse si (i) la DIAN tenía competencia para emitirla, (ii) atendió
las normas en que debía fundarse, (iii) colmó el procedimiento previsto para proferirla;
(v) se motivó debidamente y (vi) adolece de desviación de poder.

Es de anotar que el estudio jurídico que realizará la Sala con el fin de establecer si el
acto administrativo objeto de este trámite atendió las normas en que debía fundarse,
abarca el análisis del principio de necesidad15, que obliga a verificar que las medidas
adoptadas en esa decisión estén orientadas a superar la crisis que derivó en la
declaratoria del estado de excepción, como se anotó en precedencia.

4.1 Requisitos de procedibilidad de los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136
del CPACA

Los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA establecen que el Consejo
de Estado conoce los controles inmediatos de legalidad de los actos administrativos
emitidos por autoridades del orden nacional, en ejercicio de sus funciones
administrativas y en el marco de los estados excepción de que tratan los artículos 212,
213 y 215 de la Constitución Política.

En relación con la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026, la Sala constata que:
(i) Fue proferida por una autoridad administrativa del orden nacional, pues la DIAN
tiene esa condición de acuerdo con el artículo 1º16 del Decreto 1071 de 1999.

2020-04467-00, M. P. Guillermo Sánchez Luque; (iii) 3 de junio de 2022, Sala 17 Especial de Decisión, expediente
11001-03-15-000-2021-04661-00, M. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 24, sentencia del 13 de diciembre de 2022, M. P. Carmelo

Perdomo Cuéter, expediente 11001-03-15-000-2020-02024-00.
16 «La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, estará organizada como una

unidad administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio […]».
10

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(ii) Se emitió en ejercicio de la función administrativa, ya que involucra las tareas
previstas en el artículo 1º del Decreto 1742 de 2020 y que están orientadas a
salvaguardar el interés general, conforme al artículo 4º de la Ley 489 de 1998.
Además, el acto administrativo revisado se profirió en atención a la potestad que
tiene la DIAN de establecer el formulario de presentación, declaración y pago del
impuesto al patrimonio, estipulada en los artículos 298 y 298-1 del Estatuto
Tributario.

(iii) Fue dictada en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 0150 del 11 de febrero
de 2026 y concierne a las medidas tributarias dispuestas en el Decreto Legislativo
0173 del 24 de febrero de 202617 (modificado por el Decreto 0240 de 12 de marzo
de 2026), en particular, a la ampliación de los sujetos pasivos del impuesto al
patrimonio.

Así las cosas, la Sala constata que la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026
colma los presupuestos de procedibilidad del control inmediato de legalidad de que
tratan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA.
Sumado a lo anterior, se evidencia que el aludido acto administrativo fue debidamente
identificado al consignarse en su texto el número 004285 y la fecha en que se profirió,
esto es, el 26 de marzo de 2026. Allí también se individualizó la autoridad que lo
expidió (director general de la DIAN).

Además, la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026 colmó el principio de
publicidad porque fue publicado en el Diario Oficial 53.441 del 27 de marzo de 202618,
por la DIAN en su página electrónica oficial19 y en sus perfiles de las redes sociales
Facebook20 y X21.

En virtud de lo anterior, el mencionado acto administrativo satisface los presupuestos
formales del control inmediato de legalidad.

4.2 Estudio de los presupuestos del artículo 137 del CPACA

4.2.1 Competencia

Como se advirtió en líneas anteriores, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto 1742
de 2020 la DIAN tiene como función, entre otras, la de «administrar los impuestos sobre
la renta y complementarios, sobre las ventas, nacional al consumo, al patrimonio […]».
Asimismo, los artículos 298 y 298-1 del Estatuto Tributario señalan que a ese

17 «Por el cual se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos

del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante
el Decreto Legislativo 0150 de 2026».
18 https://www.imprenta.gov.co/diario-oficial
19 www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NN-Aviso-importante-control-inmediato-de-legalidad-resolucion-004285-del-

26-de-marzo-de-2026.aspx
20 www.facebook.com/share/p/18G1kj2J97/?mibextid=wwXIfr
21 x.com/diancolombia/status/2061538274225872934?s=46

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organismo le corresponde «prescribir» el formulario oficial para declarar y liquidar el
impuesto al patrimonio.

Por otra parte, el artículo 5º del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026
estableció que a la DIAN le correspondía «habilitar el respectivo formulario de pago» para
declarar el impuesto al patrimonio, norma expedida en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado a través del Decreto Legislativo
0150 del 11 de febrero de 2026.

En ese orden de ideas, se constata que la DIAN estaba habilitada por el ordenamiento
jurídico para emitir la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026, en la que adicionó
la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025 y se prescribió el formulario 425
«para declarar, presentar y pagar el impuesto al patrimonio para personas jurídicas,
sociedades de hecho y los establecimientos permanentes (incluidas las sucursales) de
entidades del exterior, por la vigencia 2026».

En virtud de lo anterior, se concluye que la DIAN tenía competencia para dictar la
Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026, por ende, se verifica que colma ese
requisito de validez de los actos administrativos.

4.2.2 Atención de las normas en que debía fundarse y al procedimiento previsto
para expedirlo

Como se enunció en precedencia, mediante el Decreto Legislativo 0150 del 11 de
febrero de 2026 el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica por el evento climatológico (frente frío) que golpeó a la Costa
Atlántica entre el 1º y el 6 de febrero de 2026, y cuyas emergencias no podían ser
atendidas con los recursos del Presupuesto General de la Nación por ser insuficientes.

En el marco del aludido estado de excepción, el Gobierno nacional expidió el Decreto
Legislativo 0173 del 24 de febrero del año en curso (modificado por el Decreto 0240
del 12 de marzo de 2026), en el que se adoptó una serie de medidas tributarias
orientadas a recaudar recursos, dentro de las que se destaca la de ampliar los sujetos
pasivos del impuesto al patrimonio. Para desarrollarla, el artículo 5º de ese compendio
normativo dispuso que la DIAN debía establecer el formulario oficial a emplearse para
«declarar, presentar y pagar» el referido impuesto.

En atención al artículo 5º del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026
(modificado por el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026), la DIAN emitió la
Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026, en la que estableció el formulario 425
para presentar, declarar y pagar el impuesto al patrimonio.

En consecuencia, la Sala verifica que la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026
se fundamenta adecuadamente en el Decreto Legislativo 0173 de 2026 y que ambas
normas están orientadas a realizar el recaudo de recursos por concepto del impuesto
al patrimonio, para destinarlos a superar la crisis que causó la declaratoria del Estado
de excepción en el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, vínculo
12

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catalogado por la jurisprudencia del Consejo de Estado como conexidad material 22 y
que evidencia el cumplimiento del principio de necesidad.

Por otra parte, debe precisarse que el juicio de legalidad en esta instancia es limitado,
pues únicamente comprende la verificación de los actos administrativos proferidos por
autoridades administrativas en ejercicio de la función pública y con ocasión de un
estado de excepción23.

Ahora bien, el Ministerio Público señaló que la Resolución 004285 del 26 de marzo de
2026 debía dejarse sin efectos porque (i) el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero
de 2026 -que declaró el estado de excepción- no «acreditó» que las inundaciones que
conllevaron a la declaratoria del estado de excepción impactaran « el mercado de
energía mayorista» y provocaran crisis en el sistema de energía eléctrica; y (ii) el
Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026 desconoció el principio de
irretroactividad de la ley tributaria, al fijar tributos para el mismo año gravable 2026, y
no estableció los elementos esenciales del impuesto al patrimonio.

Sobre el particular, la Sala advierte que los argumentos del Ministerio Público
cuestionan directamente los Decretos Legislativos 0150 del 11 de febrero de 2026 y
0173 de 24 del mismo mes y año, los cuales desbordan el objeto del presente control
inmediato de legalidad. El estudio jurídico de este trámite se centra en determinar si
la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026 atendió y desarrolló esos Decretos
Legislativos al prescribir el formulario 425 para declarar, presentar y pagar el impuesto
al patrimonio para la vigencia 2026.

El análisis de los reproches el Ministerio Público deben ser abordados por la Corte
Constitucional en los trámites que adelanta bajo los radicados RE00039024 y
RE00039125, en los que estudiará la constitucionalidad de Decretos Legislativos 0150
del 11 de febrero de 2026 y 0173 del 24 de febrero de 2026, en virtud de los artículos
215 y 241 de la Constitución Política y con la jurisprudencia del Consejo de Estado26.

Es de advertir que en el primero de los mencionados trámites la Corte Constitucional
emitió el comunicado de prensa 22 del 24 de junio de 2026 27, en el que informó que
mediante la sentencia C-191 de 2026 declaró exequible el Decreto Legislativo 0150
del 11 de febrero de 2026, salvo en lo concerniente (i) a la crisis financiera de las
empresas de servicios públicos de energía eléctrica y el riesgo de continuidad en la
prestación del servicio público domiciliario de energía; (ii) a las facultades de la
Agencia Nacional de Tierras relacionadas con procedimientos agrarios; y (iii) los
planes de manejo de las cuencas hídricas.

22 Sala Décima Especial de Decisión, sentencia del 13 de agosto de 2020, M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez,

expediente 11001-03-15-000-2020-01058-00.
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 24, sentencia del 2 de julio de 2021, M. P. Guillermo Sánchez

Luque, expediente 11001-03-15-000-2020-04468-00.
24 www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=11&expediente=RE0000390.
25 www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=11&expediente=RE0000391.
26 Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 16 de junio de 2025, M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil, expediente

11001-03-15-000-2025-00644-00.
27 https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/comunicado-22-junio-24-de-2026.

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En ese orden de ideas, aunque no se ha notificado la sentencia C-191 de 2026 y, por
ende, carece de fuerza vinculante dado que los comunicados de prensa son
meramente informativos28, ese pronunciamiento permite evidenciar que no le asistirá
razón al Ministerio Público cuando señala que el estado de excepción declarado con
el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026 contrarió el marco normativo.
Así las cosas, podría inferirse que uno de los fundamentos normativos de la
Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026, se ajusta al ordenamiento jurídico
superior.

En todo caso, en este asunto no se evidencia alguna grosera y manifiesta vulneración
de preceptos superiores que haga necesaria la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad de las normas en que se funda la Resolución 004285 del 26 de
marzo de 2026, las cuales se presumen constitucionales hasta tanto no sean retiradas
del ordenamiento jurídico por el órgano judicial correspondiente, esto es, la Corte
Constitucional29.

Así las cosas, se constata que el acto administrativo objeto del control inmediato de
legalidad atendió las normas en que debía fundarse. Además, como el Decreto
Legislativo 0173 de 24 de febrero de 2026 no estableció un procedimiento especial
para expedir la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026 y se verifica que fue
publicada en debida forma, se impone concluir que esa decisión se emitió
correctamente.

4.2.3 Motivación, objeto y finalidad de la Resolución 004285 del 26 de marzo de
2026

4.2.3.1 Motivación

En la parte considerativa de la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026 se explicó
que el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, con la finalidad
de superar la crisis que provocó el evento climatológico (frente frío) que afectó la Costa
Atlántica entre el 1º y 6 de febrero de 2026. Allí se señaló que eran insuficientes los
recursos del Presupuesto General de la Nación para atender las emergencias
causadas por ese fenómeno natural.

En el acto administrativo objeto de control inmediato de legalidad también se
estableció que mediante el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero del año en curso
(modificado por el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026), se adoptaron algunas

28 Auto 201 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «[…] esta Sala Especial recuerda que el alcance de los

comunicados de prensa es meramente informativo, que no son sentencias y, en esa medida, al no responder a las
características propias de las providencias judiciales, no se les confiere fuerza vinculante de ninguna índole […]
Así, atendiendo a las discrepancias que pueden surgir entre uno y otro, de una parte, y a la naturaleza y alcance
que diferencian los comunicados de prensa de las providencias judiciales, de la otra, la Corte Constitucional
sostuvo que no se le puede otorgar al comunicado “capacidad para afectar la providencia cuya adopción se limita
a anunciar”, pues “se le conferiría una fuerza vinculante que, fuera de no corresponderle, enervaría la sentencia
misma y la vaciaría de su contenido y de su valor”».
29 Sentencia C-619 de 2003, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

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medidas tributarias orientadas a recaudar recursos que serían destinados a conjurar
la crisis, como la ampliación de los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio.

La Resolución estudiada también estipuló que el artículo 5º del Decreto Legislativo
0173 del 24 de febrero de 2026 encargó a la «Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales [de habilitar] el respectivo formulario de pago», y que en cumplimiento de ese
mandato fue emitida.

Visto lo anterior, la Sala constata que la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026
fue debidamente motivada, pues al consultar las respectivas normas se evidencia que,
en efecto, el Gobierno nacional declaró «el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar,
Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario», en el Decreto Legislativo
0150 del 11 de febrero de 2026, y adoptó una serie de medidas tributarias en el
Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero del año en curso (modificado por el Decreto
0240 del 12 de marzo de 2026).

Al estudiar el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026 también se observa
que dentro de las mencionadas medidas tributarias estaba la de ampliar los sujetos
pasivos del impuesto al patrimonio y que su artículo 5º encargó a la DIAN de habilitar
el correspondiente formulario de declaración, presentación y pago de ese tributo,
mandato que atendió el organismo a través de la Resolución 004285 del 26 de marzo
de 2026.

Así las cosas, la Sala evidencia que el acto administrativo objeto del presente control
inmediato de legalidad se motivó en debida forma.

4.2.3.2 Objeto y finalidad

Sea lo primero advertir que los formularios tributarios son manifestaciones unilaterales
de la voluntad de la administración de obligatorio cumplimiento, orientados a fijar
parámetros generales que les facilite a los contribuyentes declarar y pagar sus
obligaciones. Por ello son indispensables para realizar el recaudo de los tributos30.

En consecuencia, el propósito de la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026 fue
adoptar un instrumento orientado a ejecutar una de las medidas tributarias previstas en
el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026. En consecuencia, se constata que
la aludida Resolución creó una situación jurídica al señalar que era el formulario 425 el
que debían emplear los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio para declararlo,
presentarlo y pagarlo.

Además, esa situación jurídica cuenta con respaldo normativo ya que involucró el
cumplimiento del mandato del artículo 5º del Decreto Legislativo 0173 del 24 de
febrero de 2026, y desarrolló y materializó una medida tributaria establecida en el

30 Consejo de Estado, sentencia del 10 de mayo de 2018, M. P. Milton Chaves García, expediente 11001-03-27-

000-2016-00040-00.
15

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marco del estado de excepción declarado por el Gobierno nacional a través del
Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026.

En ese orden de ideas, la Sala evidencia que la Resolución 004285 del 26 de marzo
de 2026 satisface el elemento de los actos administrativos denominado objeto, porque
(i) involucró una decisión unilateral de la administración; (ii) modificó una situación
jurídica, como lo es la fijación del formulario 425 para que los sujetos pasivos del
impuesto al patrimonio lo presenten, declaren y paguen; y (iii) cuenta con respaldo
normativo.

Por otra parte, la Sala también constata que la finalidad de la aludida Resolución fue
desarrollar el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026 (modificado por el
Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026) y obedecer el mandato de prescribir el
formulario que debía emplearse para presentar, declarar y pagar el impuesto al
patrimonio, el cual resultaba indispensable para realizar el recaudo de los recursos
destinados a conjurar la crisis que provocó la expedición del Decreto Legislativo 0150
del 11 de febrero de 2026. Dicho formulario es el siguiente:

16

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En virtud de lo anterior, la Sala concluye que la Resolución 004285 del 26 de marzo
de 2026 colma los elementos de los actos administrativos de objeto y finalidad.

4.2.4 Desviación de poder

La desviación de poder es una causal de nulidad de los actos administrativos que
acontece «[…] cuando el acto […] fue expedido por órgano o autoridad competente y con las
formalidades debidas, [pero] persigue fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento
jurídico».

Con base en lo expuesto, se advierte que la Resolución 004285 del 26 de marzo de
2026 está orientada a ejecutar una medida tributaria prevista en el Decreto Legislativo
0173 de 2026, lo que evidencia que su objeto y finalidad concuerdan plenamente con
los fines constitucionales del estado de excepción.

En consecuencia, la finalidad del acto administrativo objeto del control inmediato de
legalidad coincide con el propósito del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de
2026, esto es, declarar y recaudar un tributo, destinado a conjurar el estado de
emergencia.

Con todo, el referido objetivo comporta la salvaguarda del interés general y no un
beneficio particular, por tanto, se debe concluir que el acto administrativo objeto del
control inmediato de legalidad no adolece de desviación de poder31.

4.3 Conclusión

La Sala concluye que la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026 fue expedida en
desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado
mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, toda vez que materializa el mandato
contenido en el artículo 5.º del Decreto Legislativo 0173 de 2026 -modificado por el
Decreto Legislativo 0240 de 2026-, relativo a la habilitación del formulario para la
declaración, presentación y pago del impuesto al patrimonio, medida tributaria adoptada
con el propósito de recaudar recursos destinados a conjurar la crisis que dio lugar a la
declaratoria del estado de excepción.

Asimismo, se acredita que dicho acto administrativo satisfizo los requisitos de validez
exigidos por el ordenamiento jurídico, en cuanto fue expedido por autoridad competente,
con observancia de las normas que le servían de fundamento, del procedimiento
aplicable, de los deberes de motivación, y con un objeto y finalidad acordes con la medida
legislativa que desarrolla, sin que se evidencie desviación de poder. En consecuencia, la
Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026 no se encuentra incursa en ninguna de las
causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA y, por tanto, debe declararse
ajustada a derecho.

31Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de febrero de 2018, M. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, expediente 25000-23-25-000-2008-00942-01.
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Control inmediato de legalidad
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03912-00

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Declarar ajustada a derecho la Resolución 004285 del 26 de marzo de 2026, por
cuyo conducto la DIAN adicionó «el artículo 1.2.2.39 al Capítulo 2 del Título 2 de la Parte
1 y un nuevo formulario al numeral 1. Tabla de Formularios del artículo 3 de la Resolución
000227 del 23 de septiembre de 2025 “Resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y
Cambiaria”», conforme a la motivación.

2. Notificar personalmente o mediante mensaje de datos al buzón electrónico
dispuesto para notificaciones judiciales, a la DIAN, al procurador quinto delegado ante
el Consejo de Estado y al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

3. Archivar el expediente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO LUIS EDUARDO MESA MIEVES

La validez e integridad de este documento puede comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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