Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00654-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00654-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00654-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 11 de agosto de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00654-01
Demandante: Edufay Caleño García y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional –
Subsidiariedad - modifica
Síntesis del caso: El accionante cuestionó la providencia de segunda instancia que
readecuó una acción de grupo, declaró la caducidad respecto de algunos demandantes
y confirmó la denegación de las pretensiones.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la demandante contra la Sentencia de 24 de
abril de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 17 de agosto de 2023, Edufay Caleño García y otros3, mediante
apoderada judicial, presentaron una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Tolima y la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, vida, integridad, salud y educación, con
ocasión de las Sentencias 26 de febrero de 2018 y 14 de junio de 2023,
respectivamente, proferidas en el proceso de acción de grupo Rad. 73001-
23-33-004-2017-00111-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte accionante no formuló
ninguna pretensión específica, pero del primer escrito de tutela y su
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. Declarar improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional”.
3 Luis Alejandro Riaño, Nohemi Vega Torres, Virginia García de Caleño, Hermides Rodríguez Morales, Hernando
Miranda Martínez y Luis Alejandro Riaño Herrera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00654-01
Demandante: Edufay Caleño García y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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respectiva subsanación se infiere que solicitó que se dejara sin efectos las
providencias mencionadas.
3. Como hechos relevantes, a partir del primer escrito de tutela, del
escrito de subsanación y sus anexos, se identificaron los siguientes:
4. 1) El 21 de junio de 2016, Adolfo Guapacho y un grupo conformado
por 25 personas4, presentaron una acción de grupo contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional y la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), por permitir su
desplazamiento forzado y por negar el acceso a los derechos derivados de
esa situación, a pesar de estar inscritos en el registro oficial de víctimas.
5. Como criterios para identificar a los integrantes del grupo
manifestaron que eran “todas aquellas personas (…) inscritas previamente
en el sistema único de registro que lleva la entidad Acción Social hoy
Departamento Para la protección Social y/o quien realice sus comisiones, a
quienes se le desplazaron injustamente de su lugar de origen”.
6. 2) En Sentencia de 26 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de
Tolima negó las pretensiones de la demanda. Determinó que el grupo no
reunía condiciones uniformes respecto de la ocurrencia del daño alegado,
ya que las circunstancias del desplazamiento de cada accionante fueron
distintas en cuanto a fechas, lugares y causas, por lo que no constituía una
causa común. Además, el Tribunal consideró que los accionantes contaban
con los mecanismos de reparación previstos en el procedimiento
administrativo de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 del mismo año.
7. 3) Contra la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso
de apelación. Alegó que el desplazamiento forzado se encontraba
acreditado con la inscripción en el registro de la UARIV y que este hecho
constituía la causa común que unía al grupo. Además, reiteró que las
víctimas tenían derecho a acceder a los beneficios derivados del registro y
cuestionó que no se hubieran ordenado medidas de satisfacción,
económicas ni morales, en el marco de la Ley 1448 de 2011. Señaló que la
providencia se apartó de la jurisprudencia sobre los criterios de la reparación
integral. También invocó normas nacionales e internacionales, así como
jurisprudencia nacional e interamericana sobre desplazamiento forzado y
reparación integral. Finalmente, solicitó que el caso se analizara con un
enfoque diferencial, por ser sujetos de especial protección.
4 Entre ellos, los accionantes de la presente acción de tutela.
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Demandante: Edufay Caleño García y otros
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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8. 4) Mediante Sentencia de 14 de junio de 2023, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera
instancia, al considerar que cada accionante sufrió el desplazamiento en
circunstancias distintas de tiempo, modo y lugar. Por lo tanto, los miembros
del grupo no compartían condiciones similares respecto de la causa del
daño y no era posible una decisión unitaria sobre la controversia. Por esta
razón, al no cumplirse el requisito de procedencia de la acción de grupo, la
adecuó a una acción de reparación directa. No obstante, declaró la
caducidad de la acción para la mayoría de los demandantes.
9. Respecto de Fernando Morales Gordillo, Elkin Anderson Torres
Castiblanco, Azucena Vinasco Silva y Álvaro José Vergara Álvarez, el
Consejo de Estado se pronunció de fondo, ya que la acción fue presentada
en tiempo. Determinó que se probó la inclusión de los demandantes en el
Registro Único de Víctimas por desplazamiento forzado, según el informe de
la UARIV. Sin embargo, no acreditaron las circunstancias objetivas de
tiempo, modo y lugar del desplazamiento, por lo que no se demostró la
ocurrencia de los hechos y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda.
10. 5) Contra la decisión anterior, la parte demandante interpuso “recurso
extraordinario de súplica y/o revisión”. Argumentó que la primera y la
segunda instancia se equivocaron porque no tuvieron en cuenta que “el
daño común [era] la inasistencia y la omisión del Estado en la entrega de los
componentes básicos para la resocialización y estabilización
socioeconómica, así las cosas, el daño común está fijado de manera clara
en la omisión del Estado en socorro a las víctimas del desplazamiento
forzado”.
11. Alegó que “no tuvo en cuenta la totalidad de las circunstancias
acreditadas en el plenario que pudieron incidir como causa determinante
del hecho dañino y que, probablemente, permitirían vislumbrar la existencia
de una posible falla en el servicio que, aunque no fue alegada en la
demanda, compete al juez de la reparación directa su verificación y
declaratoria”. Asimismo, manifestó que se hizo una fijación del litigio
inadecuada, porque lo que se alegó fue “la no entrega de la provisión de
la ayuda humanitaria de emergencia a los desplazados”. Por último, afirmó
que se contrariaba la Sentencia C-278 de 2007 de la Corte Constitucional.
12. 6) El 28 de octubre de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera
rechazó el recurso extraordinario de súplica, al no estar previsto en ninguna
norma jurídica para las providencias impugnadas. Frente al recurso
extraordinario de revisión, declaró su falta de competencia funcional y lo
remitió a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
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Estado, autoridad competente conforme al artículo 249 del CPACA y al
artículo 16 del CGP.
13. 7) El 18 de diciembre de 2024, la Sala 9 Especial de Decisión del
Consejo de Estado inadmitió el recurso por no cumplir con los requisitos del
artículo 253 del CPACA y requirió para que se aclarara si lo presentado era
una acción de tutela. El 13 de enero de 2025, la parte actora así lo confirmó,
por lo que el recurso fue rechazado y readecuado como acción de tutela5.
14. 8) El 7 de febrero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
inadmitió la tutela y ordenó subsanar varios aspectos, como la identificación
de los sujetos afectados, derechos vulnerados y otros requisitos de
procedencia. El 20 de febrero de 2025, la acción de tutela fue subsanada y
admitida6.
15. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, los
accionantes señalaron que las providencias enjuiciadas se limitaron,
únicamente, a la falta de unidad del daño, pese a que este se evidenciaba
en el hecho de ser registrados como desplazados víctimas del conflicto
armado y por no haber recibido la ayuda humanitaria ni el trato digno que
solicitaron. Asimismo, expresaron que la Policía Nacional y el Ejército
Nacional no han brindado las garantías requeridas frente a la situación de
los accionantes, lo que implicó un desconocimiento de los artículos 2 y 90
de la Constitución Política.
16. La parte accionante alegó el desconocimiento de la jurisprudencia7 y
de las noticias sobre el “éxodo de masivo de desplazados, crisis humanitaria,
pero lo más importante que está el ente llamado a responder por omisión
en la entrega de los componentes básicos de resocialización de los
registrados víctimas de desplazamiento”.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
17. Mediante Sentencia de 24 de abril de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
el requisito de relevancia constitucional. A su juicio, los accionantes utilizaron
el amparo como una instancia adicional y no cumplieron con la carga
argumentativa, ya que no encuadraron sus razones en los requisitos
especiales de procedencia de la acción.
5 Radicado. 11001-03-15-000-2024-06485-00 REV.
6
Radicado. 11001-03-15-000-2025-00654-00.
7 Los accionantes citaron extractos de la Sentencia de Unificación de 9 de septiembre de 2020, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado Rad. 76001-33-31-001-2008-00134-01, Sentencia de 31 de agosto de 2017,
dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Rad. 13001-23-31-000-2001-01492-01,
Sentencia T-347 de 2018 de la Corte Constitucional,
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18. La Sección Quinta infirió del escrito de tutela que se alegó un
desconocimiento del precedente, pero los accionantes se limitaron a citarlo
sin exponer las reglas o subreglas jurídicas aplicables que fueron
desconocidas por la autoridad judicial accionada, según las
particularidades del caso. Al no cumplir con dicha carga argumentativa, la
acción se redujo a simples inconformidades frente a la providencia
impugnada, lo cual no otorgó relevancia constitucional al asunto.
19. Los accionantes impugnaron la decisión de primera instancia.
Reiteraron los argumentos de la tutela y afirmaron que las graves violaciones
de derechos humanos justificaban flexibilizar el estándar probatorio, dada la
dificultad de las víctimas para acreditar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar del daño alegado8. Insistieron en que las entidades no entregaron los
componentes básicos para la resocialización, a pesar de que estaban
registrados y cumplían con los requisitos. Alegaron que sí existía un criterio
común y se refirieron extensamente a los principios y derechos de los
desplazados internos reconocidos por la ONU.
20. Solicitaron que, en segunda instancia, se realizara un análisis
exhaustivo e imparcial. Afirmaron que la omisión estatal en la entrega de los
componentes básicos humanitarios constituía un criterio común entre los
demandantes, todos ellos registrados como desplazados. Cuestionaron que
la decisión en la acción de grupo negara esa unidad, lo que, a su juicio, los
dejó en una situación de manifiesta debilidad y extrema vulnerabilidad, al
continuar en condiciones de discriminación, indefensión y desprotección
por la falta de entrega efectiva de dichos componentes.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
21. El análisis de la presente acción de tutela se centrará únicamente en
la Sentencia de 14 de junio de 2023, proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que resolvió en segunda instancia el
proceso de acción de grupo. Lo anterior, porque a pesar de que se puede
inferir que los accionantes también enjuiciaron la providencia de primera
instancia, fue la decisión del Consejo de Estado la que resolvió de forma
definitiva la controversia, así como el hecho de que, ante un eventual fallo
8 Citó las siguientes sentencias Sentencia SU-60 de 2021, “Sentencia de 5 de abril de 2013, exp. 24984”, “Sentencia
de 23 de marzo de 2017, exp. 50941”, “en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera
del Consejo de Estado”, “SU-0635 de 2018”.
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favorable, sería el juez de segunda instancia el llamado a cumplir con la
respectiva orden de tutela.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
22. En este caso, la Sala modificará la decisión impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional, para confirmar el incumplimiento de dicho
requisito frente a ciertos reparos y, a su vez, adicionar que, respecto del
defecto procedimental por desconocimiento del principio de congruencia,
no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, como pasa a explicarse:
23. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional9.
24. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental.
25. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto ; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario ; y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad .
26. De la revisión integral del primer escrito de tutela y el escrito de
subsanación, la Sala evidenció que los accionantes se limitaron a realizar
referencias generales sobre todo el material probatorio y las normas
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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constitucionales y a trascribir extractos jurisprudenciales sobre el
desplazamiento forzado, sin cumplir con la carga argumentativa mínima.
27. En ese orden, aunque algunos cuestionamientos podrían haberse
enmarcado en un defecto fáctico, los accionantes no explicaron en qué
consistía la supuesta omisión o valoración indebida de pruebas, ni
identificaron cuáles de las pruebas existentes al momento de proferirse la
decisión habrían sido determinantes para modificar el sentido del fallo.
28. Igualmente, los accionantes tampoco justificaron porqué el
desconocimiento de los artículos 2 y 90 constitucionales, que podría
encuadrarse en un posible defecto sustantivo, constituía un debate de
relevancia constitucional. En realidad, las referencias normativas sirvieron
para reforzar sus argumentos sobre las obligaciones estatales frente al
desplazamiento forzado, lo cual extiende el debate del proceso ordinario y
excede el ámbito de competencia del juez de tutela
29. De igual forma, aunque otros reproches podrían ser el sustento de
desconocimiento del precedente judicial, los accionantes no explicaron
cómo las providencias referidas y los apartes trascritos tienen el carácter de
precedente para el caso bajo estudio, sino que se limitaron a enunciar su
desconocimiento, sin justificar cómo las reglas de decisión establecidas en
dichas sentencias fueron trasgredidas por la autoridad judicial accionada al
proferir la providencia enjuiciada.
30. Por lo tanto, las referencias generalizadas de las pruebas, la
enunciación de normas jurídicas y providencias judiciales desconocidas por
la autoridad judicial accionada no basta para justificar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una acción de tutela
contra providencia judicial de una alta corte, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional y más riguroso.
31. Por ello, la Sala concluye que los argumentos expuestos no fueron
suficientes. En realidad, los accionantes se limitaron a manifestar su
inconformidad con la conclusión del proceso de acción de grupo y, por
ende, se mantendrá la improcedencia que declaró el juez de tutela de
primera instancia por falta de relevancia constitucional.
32. Por otra parte, respecto del reparo por falta de congruencia, cabe
advertir que esta Subsección lo ha enmarcado como un defecto
procedimental. No obstante, la Sala evidenció que no cumple con el
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requisito de subsidiariedad10, en la medida en que: 1) existía un mecanismo
de defensa judicial idóneo que no fue agotado por la parte actora, y 2) no
se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
33. Sobre la existencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo, la
Sala advierte que el reparo de los accionantes consistente en que el
Consejo de Estado, dentro del proceso de acción de grupo Rad. 73001-23-
33-004-2017-00111-01 no resolvió ni analizó el daño por la omisión en el
acceso y cumplimiento de las ayudas humanitarias, era susceptible de ser
alegado en el mismo trámite a través de la solicitud de adición de la
sentencia, reglada en el artículo 287 del CGP, el cual dispone (se trascribe):
“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de
resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria,
o a solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”
34. En consecuencia, al no haber presentado la solicitud de adición de la
Sentencia de 14 de junio de 2023, con la finalidad de que la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunciará sobre la
supuesta omisión en el acceso y cumplimiento de las ayudas humanitarias,
planteada de manera ambigua y confusa tanto en la demanda11 como en
el recurso de apelación12, hace improcedente la presente acción
10 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta
improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
11 “Octava. El estado colombiano ha incumplido con las obligaciones que tiene frente a estas familias o núcleos
familiares desplazadas por la violencia forzada y por consiguiente obviamente a violado la constitución nacional
y las leyes que reconocen los derechos fundamentales de la población desplazada, como lo dijo y lo declaro la
honorable corte constitucional en la sentencia T- 025 de 2004, un estado de cosa inconstitucional. La población
desplazada tiene derecho a recibir ayuda nacional e internacional conforme al artículo 93 de la constitución
nacional y los artículos 1,2 y 15 de la ley 387 de 1997 (…) Todos estos derechos que son para la protección de los
desplazados a nivel nacional, (…) ha sido imposible, lo que constituye una omisión por parte de los funcionarios
activos del estado, los cuales deben responder por los daños y perjuicios que les han ocasionado a estas personas
a través de la dilatación para recibir los beneficios y derechos adquiridos por tener la condición de desplazados
en el territorio nacional colombiano. (…) Así las cosas, la presente acción de grupo está llamada a prosperar
debiéndose ordenar de la entidad accionada, proceder resarcir y pagar la indemnización total e integral, siendo
equivalente a la sumatoria ponderada de las indemnizaciones individuales”.
12 “Igualmente para la parte demandante conviene resaltar, en todo caso, las victimas de desplazamiento forzado
y otros hechos victimizantes presuntamente ejecutados ya sea por grupos al margen de la ley y/o bandas
criminales tienen derecho a acceder a los beneficios derivados del registro y a las medidas de reparación ya sea
administrativa y/o judicial a las que haya lugar, sin discriminación alguna frente a las demás víctimas del conflicto
armado. Estableciendo medidas de reparación y beneficios a los que tienen derecho en el marco de la ley 1448
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constitucional, ya que tal reparo hacia parte de los extremos del litigio y, por
ende, debía ser objeto de pronunciamiento dentro del proceso ordinario.
35. Cabe advertir que, en ocasiones anteriores13, esta Sala sostuvo que las
solicitudes de aclaración y adición de sentencia no constituían recursos
respecto de los cuales se pueda exigir su agotamiento con el fin de tener
por superado el requisito de subsidiariedad. Sin embargo, dicha postura fue
reevaluada14, teniendo en cuenta que el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
no se refiere exclusivamente a recursos, sino que también contempla otros
medios de defensa judicial, dentro de los cuales se incluye la solicitud de
adición.
36. En esa medida, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, es decir,
en el presente caso no se puede acudir al juez constitucional con el ánimo
de invocar un asunto que debió ventilarse en el interior del proceso
contencioso a través, se reitera, de la solicitud de adición, salvo que dichos
medios no sean idóneos o eficaces para proteger derechos fundamentales
controvertidos o cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, escenarios que, en el caso bajo estudio, no
se demostraron.
2.3. Conclusión
37. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala modificará el fallo
de primera instancia e incluirá que la acción de tutela es improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pero solo respecto del
presunto defecto procedimental.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
de 2011 y demás normas que lo regulan. Objeto de reproche al NO pronunciarse ordenando las medidas de
satisfacción económica y moral, requiriendo a los actores del conflicto disculpas públicas, perdón, y reconciliación
abriendo el camino para una verdadera reparación integral. (…) Se demuestra que sin gran esfuerzo, el tribunal
administrativo del Tolima desconoce en su análisis que las personas ya han realizado largas esperas ante las
entidades que este mismo tribunal cita, demostrando la re victimización por parte de las entidades demandadas
y responsables del agravio donde a pesar de haber pasado y transcurrido un 'calvario Mayor en las reclamaciones
para poder estabilizarse económica, física y emocionalmente hoy día NO han sido indemnizados por ninguna vía,
aunado a lo expuesto tampoco contestó la entidad demandada, que hubiera ofrecido algún tipo de ayuda
humanitaria, auxilio, y/o conservación de la dignidad humana, entonces yerra totalmente en su enfoque de fallo
al apartarse sin más miramientos para con estas personas quienes se encuentran hoy día en, espera de ser
indemnizados y lograr una estabilización en sus hogares; por este motivo solicito sea analizada iura novit curia (…)”.
13 Revisar, entre otras, Sentencias proferidas dentro de los expedientes: 11001-03-15-000-2019-01236-01 y 11001-03-
15-000-2019-05099-01.
14 Revisar, entre otras, la Sentencia proferida dentro del expediente: 11001-03-15-000-2022-01138-00.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 24 de abril de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Edufay
Caleño García, Luis Alejandro Riaño, Nohemi Vega Torres, Virginia
García de Caleño, Hermides Rodríguez Morales, Hernando Miranda
Martínez y Luis Alejandro Riaño Herrera, por carecer de subsidiariedad
respecto del defecto procedimental, y de relevancia constitucional en
todo lo demás, conforme a las razones expuestas en esta providencia.”
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra esta deberá dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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