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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01138-00

Fecha
28 de marzo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01138-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia presentada por Luz Marina Mira Ruíz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término 7 de 8 Radicación: 11001-03-15-000-2022-01138-00 Demandante: Luz Marina Mira Ruíz Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela. Primera instancia Decisión: Declara Improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________ legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin17. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01138-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 28 de marzo de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01138-00
Demandante: Luz Marina Mira Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos generales de
procedibilidad/ Relevancia constitucional/ Subsidiariedad

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la sentencia que revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada con ocasión a la supresión y retiró de un cargo
en el municipio de Jamundí- Valle del Cauca.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Luz Marina Mira Ruíz
contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 15 de febrero de 2022, Luz Marina Mira Ruíz, mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, con ocasión de la Sentencia de 30 de noviembre de
2021, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 76001-33-33-005-2013-00059-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO. Sírvase Honorables Consejeros tutelar el derecho fundamental al
debido proceso por configurarse una vía de hecho, por no resolverse ni
analizarse la situación de prepensionada de la demandante, por indebida

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01138-00
Demandante: Luz Marina Mira Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara Improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

valoración de la prueba documental del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

SEGUNDO: Se declare sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y en consecuencia se dicte sentencia que
corresponde conforme lo expuesto en el presente escrito y las pretensiones
formuladas en la respectiva demanda.”

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) El 18 de febrero de 2013, Luz Marina Mira Ruíz instauró demanda,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra el municipio de Jamundí – Valle del Cauca, con el fin de
que se declarara la nulidad de los actos administrativos2 mediante los
cuales dicho ente territorial suprimió el cargo de secretaria código 440
grado 4 y retiró a la señora Mira Ruíz del mismo y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara su reintegro y el pago de
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.

5. 2) El 10 de mayo de 2017, el Juzgado 5 Administrativo de Cali profirió
sentencia de primera instancia, en la cual accedió a las pretensiones3, tras
concluir que los actos administrativos demandados se expidieron de forma
irregular porque el estudio técnico en el que se fundó la restructuración
administrativa y consecuente modificación de la planta de empleos del
ente territorial no cumplió con los requisitos normativos previstos en el
artículo 97 del Decreto 1227 de 20054.

6. 3) El municipio de Jamundí apeló la anterior decisión5 y el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, a través de la Sentencia de 30 de
noviembre de 2021, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones, al
considerar que, contrario a lo determinado por el juez de primera instancia,
los estudios técnicos sí se ajustaban a los presupuestos del artículo 46 de la
Ley 909 de 2004 y 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005, pronunciamiento este
que ya había emitido en las Sentencias de 14 de julio de 2016, Rad. 76001-
33-31-003-2013-00107-01; 31 de agosto de 2017, Rad. 76001-33-33-005-2013-
00062-01 y 31 de julio de 2020, Rad. 76001-33-33-003-2013-00064-01.
2 Decreto No. 30-16-298 de 17 de septiembre de 2012 “Por medio del cual se ajusta la planta de personal de la

Administración Central del Municipio de Jamundí (V) y se dictan otras disposiciones [como la de suprimir 2 cargos
de secretario Código 440 Grado 4]” y el Oficio No. 35-0855 de 24 de septiembre del mismo año a través del cual
se le comunicó a la demandante que el cargo que ejercía en provisionalidad había sido suprimido y por ello se
retiraba del servicio.
3 Declaró la nulidad parcial del Decreto No. 30-16-298 de 17 de septiembre de 2012 y la nulidad total del Oficio

No. 35-0855 de 24 de septiembre del mismo año y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el pago de
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por la señora Mira Ruiz desde la fecha de su desvinculación
hasta su reintegro, o, de no proceder este, hasta la ejecutoria de la sentencia. Además, declaró que no hubo
solución de continuidad en la prestación del servicio.
4 “Artículo 97. Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse en

metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos:
97.1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo. // 97.2. Evaluación de la prestación de los servicios.
// 97.3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos.”
5 Bajo el argumento de que los estudios técnicos sí cumplieron con los lineamientos del artículo 46 de la Ley 909

de 2004 y del artículo 97 del Decreto 1227 de 2005 y, por tanto, los actos administrativos demandados gozaban
de presunción de legalidad.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01138-00
Demandante: Luz Marina Mira Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara Improcedencia
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7. Como fundamento de la vulneración, la parte demandante invocó
un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente. Al respecto
indicó que el Tribunal demandado no valoró el concepto técnico del
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), mediante el
cual se determinó que los estudios técnicos del municipio de Jamundí no
cumplían con los requisitos legales, pese a que fue una prueba decretada
y practicada en el proceso ordinario; ni tampoco tuvo en cuenta que en
otros precedentes6 se ha tenido en cuenta los conceptos del DAFP.

8. Por otro lado, alegó que su caso era diferente a los precedentes
citados en la sentencia enjuiciada, dada su condición de prepensionada.
En ese sentido, manifestó que las providencias judiciales debían ser
congruentes con los hechos y pretensiones, lo cual no ocurrió en su caso,
comoquiera que el Tribunal demandado no se pronunció frente a la
aludida condición, configurándose de esta manera una violación al
principio de congruencia.

1.2. Posición de la parte demandada y terceros7

9. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca remitió, vía correo
electrónico, el expediente requerido, pero no se pronunció sobre los
hechos y/o pretensiones de la presente acción de tutela.

10. El Juzgado 5 Administrativo de Cali rindió informe, en el que, luego
de hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-005-
2013-00059-00/01, precisó que dicho despacho no había vulnerado los
derechos invocados en la acción de tutela, ya que esta última
cuestionaba la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca que revocó la decisión de primera instancia.

11. El municipio de Jamundí señaló que la situación esbozada por la
parte accionante no era de su resorte. En todo caso, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, bajo el argumento de que la tutela
carecía de relevancia constitucional. En consecuencia, solicitó se
declarara su improcedencia.

6 Sentencias de 27 de abril de 2015, radicación No. 76001-23-31-000-2001-02885-01, actor: Unión sindical de

servidores públicos y contratitas y otro, demandado: Municipio de Santiago de Cali y otro; y 19 de agosto de
2010, radicación No. 05001-23-31-000-2001-01578-01 (1971-09), actor: Gabriel Jaime Naranjo Muñoz y
demandado: INDER.
7Mediante Auto de 21 de febrero de 2021, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,

(2) tener como parte demandada al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y, (3) vincular, en calidad de
terceros interesados al Juzgado 5 Administrativo de Cali y al municipio de Jamundí (Valle).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01138-00
Demandante: Luz Marina Mira Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara Improcedencia
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos 2.2 Fijación de la controversia. 2.3. Procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Conclusión.

2.1. Identificación de defectos

12. La Sala estima pertinente precisar que, si bien, la parte demandante,
además del presunto defecto fáctico y desconocimiento del precedente,
alegó una violación del principio de congruencia porque el Tribunal
demandado no se pronunció sobre su condición de prepensionada, dicho
reparo, de superar los requisitos generales de procedibilidad y como en
casos anteriores8, será analizado a la luz de un presunto defecto
procedimental, comoquiera que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional9 ha dispuesto que la afectación al principio de
congruencia, respecto de las pretensiones formuladas y lo decidido por la
autoridad judicial, pueden configurar el aludido defecto.

2.2. Fijación de la controversia

13. Establecer, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, como juez de segunda instancia, (1) incurrió en un defecto
fáctico por la presunta valoración probatoria del concepto técnico de la
DAFP, (2) desconoció el precedente jurisprudencial en el que se tuvo en
cuenta conceptos de la DAFP y (3) incurrió en defecto procedimental por
la supuesta violación del principio de congruencia.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial10

14. La Sala advierte que, en el caso concreto, no se cumplieron algunos
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, como pasa
a explicarse.

15. En relación con los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional11, dado

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de enero de 2020, radicado No. 11001-03-

15-000-2019-04407-01.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-424, de 2012 y T-152 de 2013.
10 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-066 de 2019.
11 Sobre el particular, es preciso recordar que este es igualmente uno los requisitos que deben concurrir para que

resulte procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la Corte
Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones”. [Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional]. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de
Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, adujo expresamente
que el requisito que se analiza requiere (1) la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte del
demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el juez de tutela11 y que la solicitud de
amparo no se presente con objeto de obtener una nueva instancia; y (2) que se trate de una controversia sobre

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Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara Improcedencia
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que la señora Mira Ruíz no cumplió con la carga argumentativa mínima
para explicar por qué la controversia era constitucionalmente relevante y,
adicionalmente, la tutela no puede presentarse con el objeto de obtener
una nueva instancia en la que se debata un reparo que ya fue objeto de
pronunciamiento en el proceso ordinario.

16. En concordancia con lo anterior, el reparo sobre la no valoración del
concepto técnico de la Dirección Administrativa de la Función Pública
(DAFP)12, mediante el cual se determinó que los estudios técnicos del
municipio de Jamundí no cumplían con los requisitos legales, fue objeto de
pronunciamiento por ambas instancias en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-005-2013-00059-01, pues, el
Juzgado 5 Administrativo de Cali, al acceder a las pretensiones, precisó (se
trascribe):

“No desconoce este juzgador que el concepto transcrito se emitió de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de CAPACA y por ello no posee
fuerza vinculante frente a la decisión que aquí deba adoptarse, no obstante,
lo que se demuestra con dicho concepto es que la posición del
Departamento Administrativo de la Función Pública respecto al estudio
técnico aquí analizado es igual a la adoptada por el Despacho en esta
providencia, en el entendido de que dicho estudio no satisface la totalidad de
los requisitos normativos exigidos para soportar la modificación de la planta de
empleos del MUNICIPIO DE JAMUNDÍ en el año 2012.”

17. En el mismo sentido, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca se
pronunció de la siguiente manera (se trascribe): “(…) se trata de un
concepto que no es vinculante para la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y esta Sala hizo una revisión exhaustiva de los estudios
técnicos y considera que se ajustan plenamente a los presupuestos de los
artículos 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005].

18. Así mismo, la Sala considera que el reparo sobre el desconocimiento
del precedente es igualmente improcedente por carecer de una clara y
marcada importancia constitucional, comoquiera que se citaron
Sentencias en las que supuestamente se tuvieron en cuenta conceptos,
pero no se precisó si era el mismo al del caso concreto ni se demostró su
incidencia en la resolución de los litigios, simplemente se trascribieron
apartes que imposibilitan un análisis de fondo.

derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la
relevancia constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e independencia del juez ordinario,
restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional [Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019 de la Corte Constitucional].
12 Oficio No. 2418 de 20 de noviembre de 2013 suscrito por el Director Desarrollo Organizacional (E).

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Decisión: Declara Improcedencia
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19. Por otra parte, respecto del presunto defecto procedimental, la Sala
evidenció que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad13, en la
medida que 1) existió un mecanismo de defensa judicial idóneo, el cual no
fue agotado por la parte actora y, 2) no se acreditó un perjuicio
irremediable.

20. 1) Sobre la existencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo,
la Sala advierte que el reparo de la demandante consistente en que el
tribunal demandado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 76001-33-33-005-2013-00059-01, no resolvió ni analizó su
situación de prepensionada, era susceptible de ser alegado en el mismo
trámite a través de la solicitud de adición de la sentencia, reglada en el
artículo 287 del CGP14, el cual dispone (se trascribe):

“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó
de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su
ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”

21. Así las cosas, y ante la omisión de la parte actora consistente en no
presentar la solicitud de adición de la Sentencia de 30 de noviembre de
2021, con la finalidad de que el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
se pronunciara sobre su condición de prepensionada, puesta de presente
en la demanda15, hace improcedente la presente acción constitucional,
ya que tal reparo hacía parte de los extremos del litigio y, por ende, debía
ser objeto de pronunciamiento.

22. En este punto, cabe advertir que la Sala, en algunas
oportunidades16, indicó que las solicitudes de aclaración y adición de

13 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta

improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
14 Norma aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, el cual establece (se trascribe): “En los

aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil [ahora, Código General
del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
15 “(…) mi poderdante es una persona que hace parte de protección especial (RETEN SOCIAL) y el estudio

técnico vulnera en su Estudio afectando la legalidad de los actos administrativos demandados”. Folio 33 del
expediente No. 76001-33-33-005-2013-00059-00/.
16 Revisar, entre otras, Sentencias proferidas dentro de los expedientes: 11001-03-15-000-2019-01236-01, 11001-03-

15-000-2019-05099-01, 11001-03-15-000-2020-04239-00.

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Sentencia no constituían recursos respecto de los cuales se pueda exigir su
agotamiento con el fin de tener por superado el requisito de
subsidiariedad. No obstante, tal postura ha sido reevaluada, en la medida
que el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 no se refiere exclusivamente a
recursos, sino que también contempla los medios de defensa judicial,
dentro de los cuales se encuentra la solicitud de adición.

23. En esa medida, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, es decir,
en el presente caso no se puede acudir al juez constitucional con el ánimo
de invocar un asunto que debió ventilarse en el interior del proceso
contencioso a través, se reitera, de la solicitud de adición, salvo que dichos
medios no sean idóneos o eficaces para proteger derechos fundamentales
controvertidos o cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, escenarios que, en el caso bajo
estudio, no se demostraron.

2.4. Conclusión

24. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela habida
cuenta de que los defectos fáctico y desconocimiento del precedente
alegados no superaron el requisito de relevancia constitucional, y el
defecto procedimental no superó el requisito de subsidiariedad. En
consecuencia, se abstendrá de estudiar los demás requisitos generales y
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial y declarará la improcedencia de la misma.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia
presentada por Luz Marina Mira Ruíz, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término

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Demandante: Luz Marina Mira Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara Improcedencia
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legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin17.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración parcial de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

17 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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