Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00674-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00674-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00674-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00674-01
Accionante: Dagoberto del Mar Arturo
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por el señor Dagoberto del Mar Arturo contra la providencia
del 24 de junio de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado mediante la cual negó el amparo porque no encontró
acreditados los defectos alegados.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. De lo narrado en el escrito de tutela1, se colige que el señor Dagoberto del
Mar Arturo fue capturado el 27 de junio de 20122, tras acudir a cobrar una deuda al
señor Ricardo Monsalve, quien lo denunció penalmente por una presunta extorsión.
3. El actor sostuvo que en su sentir la Fiscalía actuó con base únicamente en
esa denuncia y una supuesta flagrancia, por lo que solicitó su captura e imputación,
sin contar con elementos materiales de prueba sólidos ni verificados. El accionante
indicó que la imputación inicial fue por extorsión, pero luego fue modificada por
tentativa de extorsión, y finalmente se reconoció la atipicidad de la conducta.
4. El actor manifestó que, durante la audiencia de imputación, la Fiscalía
sustentó la medida de aseguramiento en tres elementos: la denuncia penal, la
entrevista del denunciante y un informe de policía judicial y adujo que
supuestamente estos documentos no fueron corroborados ni contrastados con
1
Presentada el 10 de febrero de 2025.
2
El señor Dagoberto del Mar Arturo, con posterioridad a su captura, permaneció privado de la libertad desde el 27
de junio de 2012 hasta el 27 de febrero de 2013, es decir, 8 meses exactos.
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Accionante: Dagoberto del Mar Arturo
otras pruebas, y no cumplían con los estándares mínimos de legalidad, necesidad
y proporcionalidad exigidos para privar a una persona de la libertad.
5. Señaló que, en la audiencia preparatoria, celebrada el 27 de febrero de 2013,
la defensa presentó pruebas que desvirtuaron por completo la teoría del caso de la
Fiscalía, por lo que, ante la debilidad probatoria, el ente acusador solicitó la
absolución del señor Dagoberto del Mar Arturo reconociendo expresamente que no
contaba con elementos para sostener la acusación. En consideración a lo anterior,
el juez penal aceptó la solicitud y dictó sentencia anticipada absolutoria por
atipicidad de la conducta, confirmando que nunca existió conducta punible.
6. Con base en lo anterior, el actor y otros de sus familiares3, instauraron una
demanda, a través del medio de control de reparación directa, que en primera
instancia fue de conocimiento del Juzgado Séptimo Administrativo de Cali4. Tras el
fallo del a quo, la decisión fue apelada tanto por el accionante5, como por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca6.
7. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante fallo del
29 de agosto de 20247, revocó la decisión de primera instancia, aplicando según la
percepción del accionante, de manera equivocada la teoría subjetiva de la
responsabilidad8.
2.2. Fundamento jurídico
8. El accionante consideró trasgredidos sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, a la responsabilidad de los
servidores públicos, a la primacía del derecho sustancial sobre las formas y a la
presunción de inocencia.
9. A pesar de que el actor alegó la existencia de un defecto sustantivo, se colige
que en realidad reprochó el desconocimiento del precedente contenido en la
sentencia C-469 de 20169, que adujo establece parámetros vinculantes para
evaluar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas de
aseguramiento, así como de otras providencias10 que consideró aplicables al
3
Diana María Vásquez Molina; Daniela del Mar Vásquez; Gloria Amparo Quiñones Carvajal, quien actuó en nombre
propio y en representación de su hijo menor L.F.P.Q; Fernando Arturo; Claudia Patricia Ariza Arturo; María Elizabeth
del Mar Jordán; Nora del Mar Arturo; Carlos Mora Arturo; Henry Jordán Rodríguez; Marisol Quiñones Carvajal; Eric
Fabio Quiñones y Diana Quiñones Carvajal, por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, pidiendo que se declarara a las entidades citadas administrativamente
responsables por todos los perjuicios que les fueron causados como consecuencia de la privación de la libertad,
presuntamente injusta e ilegítima a la que fue sometido el señor Dagoberto del Mar Arturo.
4
El cual, mediante fallo del 3 de diciembre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones del actor y condenó a la
Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de su libertad, aplicando la teoría
objetiva de la responsabilidad estatal, conforme a la sentencia de unificación SU-072 de 2018. El accionante afirmó
que el a quo concluyó que no existió delito, que la Fiscalía actuó sin pruebas y que el daño fue causado por el aparato
judicial.
5
Índice 24 del aplicativo SAMAI, 16RECURSO DE APELACION
6
Índice 24 del aplicativo SAMAI, 12MemorialDABOBERTO DEL MAR ARTURO
7
Notificada el 30 de agosto de 2024.
8
Al respecto, el accionante señaló que el Tribunal consideró razonable y proporcional la medida de aseguramiento,
sin tener en cuenta que los elementos aportados por la Fiscalía no constituían pruebas, sino simples actos de
investigación que no fueron objeto de contradicción.
9
Corte Constitucional, Sentencia C-469 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
10
Entre los soportes que allegó con su acción constitucional anexó una providencia de tutela de esta corporación, del
6 de mayo de 2024, con rad. 11001-03-15-000-2023-05020-01 al considerar que el asunto tratado en ella guardaba
similitud con su asunto y fue desconocido por el ad quem. En esta, se revocó una decisión judicial que ignoró el
contenido de una absolución penal por atipicidad, señalando que el juez contencioso no puede descartar el régimen
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Accionante: Dagoberto del Mar Arturo
asunto.11
10. Afirmó además que, en su sentir, el Tribunal aplicó parcialmente la sentencia
SU-072 de 201812, ignorando que el señor Dagoberto del Mar Arturo fue absuelto
perentoriamente por atipicidad, lo que, a su modo de ver, excluía cualquier análisis
de culpa de la víctima y exigía aplicar la teoría objetiva por daño especial.
11. Ahora bien, pese a que no lo planteó como tal, se infiere que el actor
consideró la existencia un defecto sustantivo por la supuesta inaplicación de los
artículos 295 y 311 de la Ley 906 de 2004, normativa que regula los requisitos
legales para imponer medidas de aseguramiento. Alegó que su omisión
supuestamente privó de fundamento legal la restricción de la libertad, afectando
directamente el contenido del fallo, pero no profundizó al respecto.
12. Por último, el accionante endilgó la existencia de un defecto fáctico,
alegando que el Tribunal valoró como prueba una denuncia temeraria, un informe
policial sin fuerza probatoria y una supuesta flagrancia no acreditada, aunado a que
la Fiscalía solicitó la absolución perentoria, y el juez penal renunció a la práctica de
pruebas, dictando sentencia absolutoria.
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Con el debido respeto solicito a los honorables consejeros se declare la
existencia de la violación de los derechos fundamentales (artículo 1°, 13, 29,
123, 228 y 209 de la constitución política) y que se inaplicaron reglas de
unificación contenidas en la SU - 072 de 2018, cuando el fallo absolutorio es
por inexistencia de la conducta y atipicidad.
En segundo lugar, con base en la anterior declaración, que la misma
jurisdicción proceda a amparar el derecho vulnerado, mediante el
procedimiento de órdenes, que, en el caso concreto, las vías de hecho
judiciales consisten en ordenar dejar sin efecto la providencia judicial del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que vulneraron los derechos aquí
demandados en tutela y que, en consecuencia:
1. Se ordene modificar la sentencia de segunda instancia del Tribunal del
Valle, para aplicar correctamente el precedente SU 072 de 2018.
2. SE REVOQUE la sentencia de Segunda instancia y, CONFIRMANDO la
Sentencia de primer grado. se ordene hacer nuevo fallo favorable estudiando
principalmente la PRESUNCION DE INOCENCIA y el DEBIDO PROCESO
objetivo solo por considerar legal la medida de aseguramiento. Asimismo, reconoció que la privación de la libertad
puede tornarse injusta por decisiones posteriores, y que la atipicidad exige valorar integralmente el caso bajo la SU-
072 de 2018. No obstante, la providencia enfatizó que incluso en el régimen objetivo debe analizarse si hubo
hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración.
11
El accionante alegó vulneración a su derecho a la igualdad, comparando su caso con la sentencia de la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado con rad. 76001-23-31-000-2011-01190-01 del 3 de abril de 2020, MP
Martha Nubia Velásquez Rico, donde se condenó al Estado por privación injusta de la libertad. En ese fallo, la Fiscalía
impuso medida de aseguramiento basada solo en transliteraciones sin respaldo técnico, lo que llevó a una absolución
por duda probatoria y se configuró un error judicial. Sin embargo, el caso del señor Dagoberto del Mar Arturo fue
distinto: su absolución fue por atipicidad, no por duda, y los tipos penales no son comparables pues el de ese asunto
correspondió a tráfico de estupefacientes, por lo que resulta claro que el precedente no le es aplicable.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018, MP Alejandro Linares Cantillo
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Accionante: Dagoberto del Mar Arturo
acogiendo los argumentos expuestos en el fallo Constitucional C- 469 de 2016,
tal como la ha hecho la Sección Tercera del Consejo de Estado en otros
procesos, en donde sí lo ha hecho y ha accedido. Que se de aplicación
correcta a la sentencia de unificación SU - 072 de 2018, cuando se absuelve
al imputado por atipicidad, inexistencia de la conducta, o por absolución
perentoria.» (SIC en toda la cita)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, mediante auto del 4 de abril de 202513 a
través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
como accionado y como terceros con interés en el resultado del proceso a la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Juzgado
Séptimo Administrativo de Cali, a los demandantes, a los demandados y a los
terceros vinculados dentro del proceso con radicado núm. 76001-33-33-007-2014-
00385-00/01.
15. Asimismo, reconoció personería al abogado Rafael Augusto Cuellar Gómez
para actuar como apoderado judicial de la parte tutelante en los términos previstos
en el poder conferido para tal fin.
2.4.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial14 señaló que no tiene
competencia para responder por decisiones judiciales, ya que su función es
exclusivamente técnica y administrativa, conforme al artículo 98 de la Ley 270 de
1996. Por tanto, no puede ser vinculada como tercero en la acción de tutela.
16. Afirmó que la sentencia cuestionada fue proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial autónoma e independiente, y
que no se evidenciaban vulneraciones a derechos fundamentales en su actuación.
17. Finalmente, solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación
en la causa por pasiva y pidió negar la tutela, al considerar que esta buscaba reabrir
un litigio ya resuelto con respeto al debido proceso y la cosa juzgada.
2.4.2. La Fiscalía General de la Nación afirmó que no tenía legitimación por
pasiva en la acción de tutela, ya que no participó en los hechos que motivaron la
presunta vulneración de derechos fundamentales ni tenía competencia para
pronunciarse o actuar sobre las pretensiones del accionante.
18. Consideró que, tras analizar el caso, no se evidenciaba que la decisión del
ad quem hubiese incurrido en defecto alguno que justificara la acción de tutela.
Además, sostuvo que no se aportaron argumentos suficientes que permitieran
evaluar una posible vulneración al derecho de igualdad conforme a la jurisprudencia
aplicable, razones por las cuales debía negarse el amparo o declararse
improcedente por carecer de relevancia constitucional pues buscaba reabrir un
debate ya surtido en dos instancias judiciales.
19. A lo expuesto en precedencia adicionó que, en su criterio, tampoco se había
13
Índice 20 del aplicativo SAMAI
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agotado el requisito de subsidiariedad pues el actor no había interpuesto el recurso
extraordinario de revisión contra la decisión que le fue desfavorable.
20. Por otro lado, sostuvo que la imposición de la medida de aseguramiento
privativa de la libertad al señor Dagoberto del Mar Arturo en la audiencia preliminar
del 17 de octubre de 2013, estuvo sustentada en una inferencia razonable de su
posible autoría en el delito de extorsión en grado de tentativa, conforme al
artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y se basó en los elementos
probatorios recolectados por la Fiscalía en esa etapa procesal, que no exigían
certeza plena de la comisión del punible, pero si la presunta participación en este.
21. Adujo que, por lo anterior, aunque en el juicio oral posterior se presentaron
hechos distintos, como la supuesta ausencia de intimidación y un saldo pendiente
de una obligación, ello no desvirtuaba en medida alguna la legalidad de la medida
de aseguramiento impuesta inicialmente, ya que fue adoptada con base en una
valoración adecuada y proporcional a la etapa procesal y al tipo penal investigado.
2.4.3. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
22. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, concluyó que la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió
en defecto alguno que justificara la intervención del juez constitucional. En
consecuencia, negó el amparo solicitado, al no evidenciarse vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
23. La primera instancia verificó que el Tribunal accionado aplicó correctamente
la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa vigente, en especial la
sentencia SU-072 de 2018, al examinar la antijuridicidad del daño con base en los
criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento impuesta, por lo que descartó la configuración de responsabilidad
objetiva derivada exclusivamente de la decisión absolutoria en sede penal.
24. Asimismo, señaló que el Tribunal valoró de forma razonada los elementos
de convicción disponibles al momento de la imposición de la medida de
aseguramiento, como la denuncia del señor Ricardo Monsalve Naranjo y la captura
en flagrancia del accionante por lo que tales elementos permitieron al juez de
control de garantías inferir razonablemente la posible autoría del delito de extorsión
en grado de tentativa, conforme al artículo 308 del C.P.P.
25. Finalmente, la Sección Segunda, Subsección B enfatizó que la acción de
tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia para reabrir debates ya
resueltos en sede contenciosa y consideró que la decisión del Tribunal se basó en
un análisis juicioso de los hechos, las pruebas y el marco normativo aplicable, sin
que se evidenciara arbitrariedad, irrazonabilidad o desconocimiento del precedente
constitucional que ameritara la protección invocada.
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2.6. Impugnación
26. El accionante reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela,
centrando su inconformidad en el desconocimiento del precedente jurisprudencial
contenido en la sentencia SU-072 de 2018. Sostuvo que, al haber sido absuelto
penalmente por atipicidad, el análisis de responsabilidad debió realizarse bajo el
régimen objetivo por daño especial, y no bajo criterios subjetivos como lo hizo el
Tribunal.
27. El impugnante reprochó que la primera instancia omitió valorar los
precedentes citados en su escrito inicial que consideró análogos al suyo e insistió
en que la privación de la libertad del señor Dagoberto del Mar Arturo se basó en
hechos que no constituían delito.
28. Finalmente, consideró que la ausencia de respuesta del Tribunal accionado
a la acción constitucional, en su sentir generaba consecuencias jurídicas relevantes
que no fueron consideradas por el a quo, pues desde su perspectiva, la falta de
respuesta implicaba tener por ciertos los hechos expuestos en su escrito de
tutela, entre ellos, que el señor Dagoberto del Mar Arturo fue privado de la libertad
por hechos atípicos, lo que reforzaba la necesidad de aplicar el régimen de
responsabilidad objetiva por daño especial.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
30. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, al proferir la sentencia del 29 de agosto de 202415, vulneró los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, a la
responsabilidad de los servidores públicos, a la primacía del derecho sustancial
sobre las formas y a la presunción de inocencia del accionante, al incurrir en los
defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
31. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
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salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
32. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
33. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
34. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
35. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
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se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no han transcurrido más de
6 meses desde que profirió la decisión cuestionada en sede de tutela, lo cual ocurrió
el 29 de agosto de 202416 y la acción de tutela se presentó el 10 de febrero de la
presente anualidad.
3.3.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental a la dignidad humana,
a la igualdad, al debido proceso, a la responsabilidad de los servidores públicos, a
la primacía del derecho sustancial sobre las formas y a la presunción de inocencia
del accionante, al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento
del precedente, los cuales se encuentran fundamentados razonablemente.
36. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
37. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional17 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa18, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva19, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
38. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios».
39. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
16
Notificada el 30 de agosto de 2024.
17 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,
T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
19 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen
40. La Sala considera, que el defecto fáctico alegado carece de sustento jurídico,
toda vez que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca valoró los elementos
probatorios disponibles conforme al estándar exigido por el artículo 308 del Código
de Procedimiento Penal. En ese entendido, la inferencia razonable de autoría se
construyó sobre la denuncia penal, la entrevista del denunciante y el informe de
policía judicial, elementos que, en su conjunto, permitían la imposición de la medida
de aseguramiento en la etapa procesal correspondiente.
41. Por otro lado, si bien la sentencia penal absolutoria por atipicidad es
relevante y contrario a lo planteado por el actor, sí fue tenida en cuenta por el a
quo, no desvirtúa per se la legalidad de la medida de aseguramiento adoptada en
la fase preliminar, pues esta no exige certeza plena de la comisión del delito sino
una inferencia razonable de su participación.20
42. En ese entendido, no se configuró el defecto fáctico alegado, toda vez que
el ad quem evaluó la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de
privación de la libertad con base en los elementos disponibles en el expediente, sin
que ello implique desconocimiento del fallo penal absolutorio posterior.
43. Así las cosas, la supuesta falta de valoración de la sentencia penal
absolutoria no puede considerarse en este caso como un defecto fáctico, dado que
el análisis de responsabilidad administrativa no dependía exclusivamente del
resultado penal, sino de la legalidad de la medida de aseguramiento en su contexto.
44. Por lo expuesto, lo que evidencia la Sala es que la valoración de las pruebas
se realizó conforme a las reglas de la sana crítica y la jurisprudencia vigente, sin
incurrir en arbitrariedad ni omisión manifiesta que habilite la intervención del juez
constitucional.
45. En consecuencia, no se configuró el defecto fáctico alegado pues el Tribunal
valoró adecuadamente las pruebas, sin incurrir en omisiones ni distorsiones, y su
decisión se ajustó a los hechos y al derecho aplicable al asunto.
46. Lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación de un mismo
conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un defecto fáctico en
punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para que ello resulte
configurado es necesario que el juez de instancia se separe por completo de los
hechos probados, situación que no se muestra evidente en este asunto.
47. En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente
en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria
o irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.
20
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos, entre ellos la SU-072 de 2018 invocada
por el actor, que establece que el análisis de antijuridicidad del daño debe atender al contexto probatorio y jurídico
existente al momento de la privación de libertad.
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48. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con que
cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de discrecionalidad,
cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva fundada en la
lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar los
pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión como
violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto puesto que se
trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable al amparo de los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial21.
49. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez22, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso. Por lo tanto, para la Sala no se encuentra configurado el
defecto fáctico, razón por la cual confirmará en ese sentido la decisión del a quo.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
50. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 23, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
51. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
52. Respecto del precedente vertical24, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
53. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso25.
54. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
21
Sentencia T-106 de 2000.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
23
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
24
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
25
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación26.
55. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento del
precedente en el caso concreto
56. La Sala coincide con la primera instancia en que no se configuró el defecto
por desconocimiento del precedente alegado, toda vez que la providencia tutelada
no ignoró la sentencia SU-072 de 2018, sino que la citó, interpretó y aplicó conforme
a las circunstancias del caso, por lo que el simple disenso del actor con la
conclusión a la que llegó el Tribunal no configura en medida alguna el defecto
endilgado. En ese entendido el ad quem expuso que:
«[…] En la actualidad, según la nueva posición jurisprudencial del Consejo de
Estado, adoptada en la sentencia del 15 de agosto de 201827, en armonía con el
artículo 90 Constitucional, el análisis debe partir, no solo de la verificación de
la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también
de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, lo
que, implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de
detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño de
manera directa, para luego establecer la presencia de los demás elementos de la
responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que se
encuentre predeterminado el régimen de responsabilidad a aplicar, sino
que el juez de conocimiento lo escogerá en cada caso, de acuerdo con las
particularidades del proceso en concreto.
En otras palabras, en desarrollo de la nueva posición jurisprudencial, el examen
de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por
una privación injusta de la libertad, exige la constatación de si la orden de
detención y las condiciones bajo las cuales se adoptó tienen correspondencia
con los cánones legales y constitucionales, así como, si el término de duración
de la medida de restricción fue excesivo, e igualmente, si la medida era
necesaria, razonable y proporcional.
Por ello, destaca el Consejo de Estado que, el primer examen debe hacerse sobre
la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad
de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se
otorgue en la medida en que, en el régimen colombiano de responsabilidad del
Estado, se responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en
desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que encuentran
amparo en el ordenamiento.
Del mismo modo, deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y
determinó con su actuar doloso o gravemente culposo, su propia detención, a fin
de establecer si le corresponde asumir las consecuencias de su actuación.
26
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
27
Consejo de Estado. Sección Tercera. Bogotá, 15 de agosto de 2018. Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano
Barrera. Proceso radicación No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947), Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y otros.
Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.
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“(…)”
Igualmente, indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 que
“a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez administrativo deberá
establecer si está frente a un caso de duda acerca del valor demostrativo de la
prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello
hubiere lugar, un título de atribución objetiva. Esa libertad judicial también se
extiende a la nominación de las causales de privación injusta, dado que estas no
se agotan en el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en
tanto responden a cierto estado de cosas, independientemente de estar o no
normados.”»
57. Visto lo anterior, la Sala evidencia, como lo advirtió el a quo, que la autoridad
judicial accionada atendió lo dispuesto en la sentencia alegada como desconocida,
toda vez que precisó que la decisión constitucional dejó en claro que los artículos
90 constitucional, 68 de la Ley 270 de 1996 y la providencia C-037 de 1996 no
establecieron un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de
privación de la libertad, por lo que es un deber del juez establecer si la medida
fue apropiada, razonable y proporcionada.
58. En ese entendido, el régimen de responsabilidad objetivo no se configura
automáticamente, pues requiere que la atipicidad de la conducta sea
manifiesta, grave y evidente, así como que la decisión adoptada por la autoridad
judicial sea del todo irrazonable o desproporcionada, circunstancias que no se
evidenciaron en el caso concreto. Al respecto, el Tribunal advirtió entre otros
aspectos lo siguiente:
«[…] En el presente asunto la medida de aseguramiento de detención
preventiva, dictada contra el aquí demandante, cumplió con los
presupuestos subjetivos establecidos en el artículo 308 del C.P.P., pues
conforme quedó demostrado en el plenario, para la fecha de su imposición existían
elementos que permitían al Juez de Control de Garantías, inferir razonablemente
que el imputado podía ser autor o participe de la conducta punible que se
investigaba, en razón a la denuncia presentada por el señor Ricardo
Monsalve Naranjo ante el Gaula Ejército, en la cual manifestó estar siendo
víctima de extorsión por parte del señor Dagoberto del Mar Arturo, quien junto a
dos personas más se presentó en varias oportunidades en su lugar de residencia
y establecimiento comercial con fines intimidatorios a exigirle la suma de
$10.000.000, y en caso de no proceder con el pago mandarle “a los muchachos
de la oficina” o realizar dinero exigido.
Así mismo, el Juez de Control de Garantías, tuvo como sustento que el aquí
demandante fue capturado en flagrancia durante el operativo antiextorsivo
realizado por el Gaula, cuando junto a otra persona recibía el dinero
previamente exigido al señor Ricardo Monsalve Naranjo, y por tanto, la
imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad resultaba
necesaria a fin de que se pudiera determinar dentro de la misma y con la certeza
requerida para la emisión de un fallo definitivo, si había participado o no en la
conducta. En este punto debe señalarse que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 244 del Código Penal, el delito de Extorsión consiste en constreñir u
obligar a una persona mediante violencia o intimidación a hacer, tolerar u
omitir alguna cosa con el fin de obtener provecho ilícito para sí o para un
tercero.» Negrillas y subrayas de la Sala.
59. Así las cosas, el Tribunal evidenció que en el caso del señor Dagoberto del
Mar Arturo, el juez penal tuvo en cuenta que la denuncia fue presentada por el
deudor al que el actor acudió a cobrarle de manera airada y repetida, acompañado
de otras personas, lo que generó una percepción de intimidación y temor en el
denunciante que activó legítimamente la medida de aseguramiento.
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60. Por lo expuesto, el supuesto desconocimiento de la sentencia C-469 de 2016
no tiene asidero alguno, pues esta desarrolló los aspectos fundamentales
relacionados con las medidas de aseguramiento, respecto a que estas sean
adecuadas, necesarias, proporcionales y razonables, criterios que evidentemente
si se tuvieron en cuenta, ya que estos presupuestos están contenidos en la
sentencia SU-072 de 2018 precitada.
61. Por otro lado, la providencia de tutela del 6 de mayo de 2024, aportada por
el accionante como omitida, si bien abordó un caso de absolución por atipicidad y
reiteró que el régimen objetivo no puede descartarse por considerar legal la medida
de aseguramiento, también precisó que incluso bajo dicho régimen debían
analizarse otros aspectos de acuerdo al contexto de cada caso particular por lo que
no puede alegarse como desconocida al corresponder a circunstancias fácticas
distintas.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
62. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el
campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en
los siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico».
63. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
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jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la
cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad
no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de
la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario
se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación
al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la
propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador»28.
64. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció
la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
3.6.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el caso
concreto
65. La Sala advierte del todo inexistente el defecto sustantivo alegado en
este asunto, toda vez que este solo se configura cuando la autoridad judicial aplica
una norma inexistente, derogada o manifiestamente inaplicable, circunstancia que
no se evidenció en este caso.
66. Al respecto, se hace necesario establecer cuál fue el análisis del Tribunal
con relación a la adopción de la medida de aseguramiento por parte del juez penal
y la normativa que consideró era aplicable al asunto. Así las cosas, el ad quem
precisó que:
«(…) corresponde a la Sala definir, en principio, si la decisión que privó
de la libertad al señor Dagoberto del Mar Arturo se apartó de los criterios
que gobiernan la imposición de medidas preventivas, lo que permitirá
concluir si la misma fue injusta.
Así las cosas, en relación con las medidas de aseguramiento, el artículo 306
de la Ley 906 de 2004, vigente para la época de los hechos, disponía que el
ente investigador debía solicitar al Juez de Control de Garantías su imposición
con indicación de “la persona, el delito, los elementos de conocimiento
necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en
28
Corte Constitucional, sentencia T - 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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audiencia”.
A su vez, el artículo 308, ibidem, estableció que el Juez de Control de
Garantías decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la
información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga,
siempre y cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar
que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de
la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no
cumplirá la sentencia.
De igual manera, el artículo 313 ibidem indicó que, satisfechos los requisitos
del artículo 308, la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario
procederá en los siguientes casos:
“1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito
especializados.
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista
por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.
3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal
cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. (…)”
De lo expuesto es claro para la Sala que, el primer y más esencial requisito que
debe acreditarse para proceder a la imposición de una medida de
aseguramiento, en vigencia de la Ley 906 de 2004, es la existencia de una
inferencia razonable de autoría o participación en contra de la persona
investigada, la que, según la Corte Suprema de Justicia29 “no es otra cosa que
la deducción efectuada por el funcionario judicial sobre la probabilidad que
existe, en términos lógicos y razonables dentro del espectro de posibilidades
serías, que el imputado haya cometido y/o dominado la realización de la
conducta ilícita o haya participado en su ejecución”.
Igualmente, que, una vez acreditada esa inferencia razonable de autoría o
participación, debe el Juez Penal con Funciones de Control de Garantías
verificar, además, si se cumple por lo menos uno de los fines establecidos en
los numerales 1 a 3 del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, esto es:
i) que la medida sea necesaria para evitar que el imputado obstruya la justicia;
ii) que el imputado constituya un peligro para la comunidad o la víctima; o iii)
que sea probable que el imputado no comparecerá al proceso.
Finalmente, para que la medida de aseguramiento pueda ser privativa de la
libertad en establecimiento carcelario, además del cumplimiento de los
requisitos antes señalados deberá cumplirse alguna de las condiciones
enlistadas en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004. “(…)”» (SIC en toda la cita)
Negrillas y subrayas de la Sala.
«[…]
Adicionalmente, para la imposición de la medida de aseguramiento, el
juez de control de garantías, observó lo dispuesto en el artículo 26 de la
ley 1121 de 2006, vigente para el momento en que se impuso la medida
de aseguramiento al actor, que consagraba la prohibición de otorgar
29
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 17 de septiembre de 2019, M.P. EUGENIO
FERNANDEZ CARLIER. Radicación 55519. SP3812-2019.
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beneficios o subrogados legales, judiciales o administrativos, para
quienes se encontraran implicados en el delito de extorsión en cualquiera
de sus modalidades.
Aunado a lo anterior, consideró que la medida cautelar solicitada por la
Fiscalía era proporcional, en cuanto contribuía a los fines
constitucionalmente legítimos, como quiera que la conducta delictiva de
Extorsión atentaba contra el patrimonio económico de la víctima.» (SIC en
toda la cita) Negrillas y subrayas de la Sala.
67. Visto lo anterior, contrario a lo planteado por el accionante, lo que se
evidencia es un estudio juicioso de la normativa que regula las medidas de
aseguramiento y de su aplicación en el caso concreto por parte del Tribunal
accionado, lo que hace que el supuesto defecto sustantivo alegado sea
inexistente.
68. Finalmente, la impugnación confunde el alcance del precedente con su
obligatoriedad. Pues como se expuso, si bien la SU-072 de 2018 fijó criterios
relevantes, no eliminó la facultad del juez de valorar si existió falla del servicio.
69. Adicionalmente, también carece de todo asidero el argumento presentado
en el recurso, respecto a que la falta de contestación por parte de la autoridad
judicial accionada implica que los hechos alegados se tengan por ciertos
automáticamente.
70. La jurisprudencia constitucional ha aclarado que la carga probatoria en tutela
no se invierte por el silencio procesal de las partes, especialmente cuando se trata
de valorar decisiones judiciales, por lo que el juez constitucional debe analizar el
expediente en su conjunto, como acertadamente lo hizo la Sección Segunda de
esta corporación.
71. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no se configuraron los
defectos: fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente alegados por el
accionante. En consecuencia, no se acreditó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, razón por la cual se confirmará la decisión adoptada en
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 24 de junio de 2025 proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por los argumentos expuestos en
la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
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Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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