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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03024-00

Fecha
10 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03024-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente, por existir cosa juzgada, la solicitud de tutela presentada por Jaime Lindo Torrijos contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y la Administradora Colombiana de Pensiones, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 16 Ver índice 6 en el expediente constitucional 11001031500020250067401. 9 Radicado: 11001-03-15-000-2025-03024-00 Demandante: Jaime Lindo Torrijos La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03024-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03024-00
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros

Temas: Tutela contra acto administrativo / Reliquidación pensional
Decisión: Declara improcedente por existir cosa juzgada

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Jaime Lindo Torrijos, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Jaime Lindo Torrijos promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y habeas data,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de los actos administrativos mediante
los cuales se le negó la reliquidación de la pensión de vejez, con el IBL establecido
por el ISS previamente, es decir, con inclusión de todos los factores salariales
ordenados por el Decreto 1653 de 1977.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Se retiró del servicio el 1.º de mayo de 1991. Mediante la Resolución 00002669
del 7 de julio de 1991 de Colpensiones le liquidó sus prestaciones sociales como
funcionario de la Seguridad Social, con aplicación de lo ordenado en el Decreto 1653
de 1977, con un IBL de $ 667.688,00, esto es, con inclusión de todos los factores
correspondientes a su último año de servicios.

2.2. En Resolución GNR 131305 del 17 de junio de 2013, se le reconoció la pensión
de jubilación con aplicación de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta que en el año
1992 había cumplido los requisitos necesarios para ello, esto es, más de 20 años de

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03024-00
Demandante: Jaime Lindo Torrijos

servicios prestados al Estado, por lo que el régimen aplicable era el establecido en el
Decreto 1653 de 1977. Decisión contra la cual elevó reclamación.

2.3. En Resolución GNR 142971 de abril de 2014, se le reconocieron los 20 años
de servicio al ISS, pero se le negó su condición de funcionario de la Seguridad Social.
En contra de esta decisión interpuso recurso de queja.

2.4. En Resolución GNR 390536 del 7 de noviembre de 2014, se le reliquidó la
pensión con aplicación de la Ley 33 de 1985 al considerar que no cumplió con los 20
años exclusivos al servicio del ISS, como lo fue indicado por error en la acto recurrido,
y tampoco fue incorporado a una ESE, ya que estas son posteriores a la Ley 100 de
1993.

2.5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de Colpensiones, con la finalidad de cuestionar la
legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le reliquidó su pensión
de jubilación y, en consecuencia, lograr que se le reajustara conforme a lo establecido
en el Decreto 1653 de 1977 y la Ley 33 de 1985.

2.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 28 de febrero
de 2020 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien el
demandante no era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por
cuanto ya había adquirido el status de pensionado con fundamento en el Decreto
1653 de 1977, lo cierto es que la entidad liquidó su pensión con el 75% del promedio
de los salarios devengados durante el último año de servicios. En contra de esta
decisión interpuso recurso de apelación.

2.7. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 27
de octubre de 2022 confirmó la decisión del a quo, al considerar que la entidad realizó
la liquidación pensional con cumplimiento estricto al ordenamiento jurídico, pues, no
era procedente la reliquidación con la inclusión de las primas de servicio y
vacaciones, ya que no fueron certificadas como emolumentos devengados en el
último año de servicio.

2.8. Se vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto Colpensiones indujo a
las autoridades judiciales a error mediante fraude procesal, al presentar información
inexacta sobre sus factores salariales, por lo que se pasó por alto la Resolución
00002669 del 7 de 1991 proferida por el ISS, en la cual constaba el IBL del último
año de servicios por valor de $667.688,00, con inclusión de la asignación básica,
prima de servicios y prima de vacaciones.

2.9. Con las Resoluciones SUB 383867 del 1.º de noviembre de 2024 y DPE 1315
del 13 enero de 2025, Colpensiones no desmintió los hechos referentes a su
condición de funcionario de la Seguridad Social ni tampoco sus 20 años de servicios
prestados al entonces ISS, como lo requería el Decreto 1653 de 1977, razón por la
cual tenía derecho a una pensión equivalente al 75% de lo percibido en el último año
de servicio, según los factores contenidos en el Decreto 1653 de 1977.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03024-00
Demandante: Jaime Lindo Torrijos

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Dados los Hechos, Consideraciones, Fundamentos de Derecho, y Pruebas
Documentales anteriores, que demuestran plenamente que la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES incurrió en FRAUDE PROCESAL y
en VIA DE HECHO y vulneró mis Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la
IGUALDAD, al HABEAS DATA y al MINIMO VITAL, al liquidar en forma arbitraria mi
pensión de vejez en sus Resolución GNR 131305 de junio 17 de 2013, al reliquidarla en
la Resolución GNR 3390536 de noviembre 7 de 2014 y en las subsiguientes, sin ningún
fundamento legal vigente a la fecha de la causación de mi derecho, hago a Su Señoría,
con todo respeto, la siguiente petición:

PRIMERO: Tutelar mis Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la IGUALDAD
y al HABEAS DATA y a la VIDA DIGNA.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, reliquidar mi pensión de vejez
teniendo en cuenta mi IBL por valor de $ 667.688,oo para el año de 1991 establecido por
el ISS - EMPLEADOR en su Resolución No. 00002669 de julio 7 de 1991, al liquidar mis
prestaciones sociales, que incluyó los factores salariales de Asignación Básica, Prima de
Servicios y Prima de Vacaciones, recibidos por mí y establecidos en el Decreto1653 de
1977.

TERCERO: Ordenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES el reconocimiento y pago del retroactivo correspondiente al saldo de
mis mesadas dejadas de pagar e igualmente los intereses moratorios correspondientes
establecidos en el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993, respetando los términos de
prescripción y suspensión establecidos en el CPT.

CUARTO: En caso de ser negada mi solicitud, o declarada su improcedencia, pido a Su
Señoría indicarme el procedimiento idóneo para lograr la protección alternativa de mis
derechos vulnerados, en virtud del Artículo 44 del Decreto 2591 de 1991 […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2 si bien allegó copia del
expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A3 solicitó se
declarara improcedente por no acreditar los requisitos generales de procedibilidad,
específicamente, el de la inmediatez, ya que no existió un plazo razonable entre la
notificación de la providencia enjuiciada y la presentación de la solicitud de amparo.
Asimismo, la verdadera intención de la parte demandante fue reabrir un debate ya
zanjado por la autoridad competente en el marco de sus competencias.

2 Ver índice 8 de Samai. Archivo denominado «9RECIBEPRUEBAS_76001233300920150026(.zip)

NroActua 8».
3 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «16CONTESTACIONDE_Informedetutela20250(.pdf)

NroActua 10».

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Demandante: Jaime Lindo Torrijos

6. Colpensiones4 solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo,
ante la configuración de la cosa juzgada, pues, los fundamentos de hecho y de
derecho sobre los cuales versó ya fueron objeto de estudio judicial. Tampoco se
acreditó el requisito general de la inmediatez, la vulneración a los derechos
fundamentales invocados, ni la existencia de un perjuicio irremediable que ameritara
la intervención del juez de tutela.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra actos
administrativos; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20215 esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud
de amparo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros.

2.2. Procedencia de la solicitud de tutela

9. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispuso, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

10. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia6, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos

4 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
adjunto_17031900ADM(.pdf) NroActua 13».
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
6 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03024-00
Demandante: Jaime Lindo Torrijos

fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.2.1. Procedencia de solicitud de tutela contra actos administrativos

11. El artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991 establece la improcedencia
de la solicitud de tutela contra actos «de carácter general, impersonal y abstracto» y, de
manera excepcional, respecto de aquellos de contenido particular, en la medida en
que el ordenamiento constitucional y legal ha establecido mecanismos ordinarios de
defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el derecho al debido proceso con
el objeto de discutir acerca de su legalidad, tal como lo señaló la Corte Constitucional
en la sentencia T-548 de 20107:

«[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia
de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para
controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que
se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado
puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos
cuya protección se invoca. […]».

12. La anterior postura, de ninguna manera riñe con las facultades del juez de
tutela para suspender, de forma excepcional, la ejecución de actos administrativos
de carácter particular en los siguientes eventos: como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, cuando este se alegue y se pruebe dentro del proceso
por la parte demandante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o como mecanismo
definitivo, cuando el mecanismo principal no sea eficaz e idóneo para la defensa
judicial de quien demanda. Así lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T-244
de 20108:

«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los
cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar de
existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera de
esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta
cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en la
práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca,
excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por la
jurisprudencia de esta Corporación. […]».

13. Ahora, en cuanto al perjuicio irremediable, debe entenderse como aquel que
presenta las características de inminente, esto es que amenaza o está por
suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar su consumación,
aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado con el
bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente [determinado o
determinable] relevante para el afectado e, impostergable, lo que determina que la
tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su integridad.

7 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
8 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03024-00
Demandante: Jaime Lindo Torrijos

2.3. Problema jurídico

14. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de
tutela presentada por Jaime Lindo Torrijos configura cosa juzgada o comporta una
actuación temeraria al haber acudido ante el juez constitucional en oportunidad
anterior en calidad de demandante, presuntamente, bajo idénticos supuestos de
hecho y causa petendi?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. La cosa juzgada en la solicitud de tutela y la actuación temeraria

15. En cuanto a la cosa juzgada, recuérdese que «es una institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se
conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica»9.

16. La solicitud de tutela como mecanismo preferencial, idóneo y efectivo para
salvaguardar los derechos fundamentales constitucionales, se caracteriza por ser un
procedimiento sumario, garante del debido proceso, cuya instancia final corresponde
a la Corte Constitucional ante quien opera un proceso de selección cuya decisión, en
todo caso, les imprime a las providencias de las instancias fuerza de cosa juzgada
constitucional.

17. La Corte Constitucional en sentencia T-089 de 201910 respecto de la cosa
juzgada consideró:

«[…] Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad
mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la
configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las
autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela. Al respecto, la Corte
Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el
evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela ya
sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia11.
La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe “(…) que se profiera un nuevo
pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que
brinda este principio de cierre del sistema jurídico”12.

Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional
deberá hacer un análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de
identificar si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud de
amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento.

9 C-100 de 2019
10 MP. Alberto Rojas Rìos.
11 Artículo 243 de la Constitución Política de Colombia: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del

control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.
12 Sentencia T-001 de 2016.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03024-00
Demandante: Jaime Lindo Torrijos

Por lo que, la cosa juzgada no es otra cosa que “los efectos jurídicos de las sentencias,
en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y
coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no
resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento”13. […]».

18. En concordancia con lo anterior, se tiene que el uso de la solicitud de tutela
debe ser racionalizado y atender al hecho de que, una vez resuelto el caso por un
juez constitucional, éste no puede ser puesto en conocimiento -bajo los mismos
supuestos y con idénticas pretensiones y partes- ante otra autoridad, pues ello
implicaría el quebrantamiento del principio de la cosa juzgada constitucional e,
inclusive, se podría incurrir en un actuación temeraria, en los términos del artículo 38
del Decreto 2591 de 1992 que regula:

«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]».

19. Como se observa, al presentarse dos o más solicitudes de amparo bajo
supuestos similares deberán ser rechazadas o decididas desfavorablemente; sin
embargo, hay que tener en cuenta que para que se configure una actuación
temeraria, además, deben concurrir los requisitos establecidos por la jurisprudencia
constitucional, tales como:

«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces, con
infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es
indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela
se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto
en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de
apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el
ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que
le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la
satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso
en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de
tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente
dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que
permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]»14.

20. Es decir, los jueces de tutela deben verificar de manera rigurosa los citados
requisitos a partir de la presunción de buena fe del demandante, pues no es suficiente
con el cumplimiento formal de estos, sino que se hace necesario examinar las
razones por las cuales se interponen las demandas y evaluar si los motivos están
plenamente justificados, para determinar la existencia o no de una actuación
temeraria.

13 Sentencia C-622 de 2007.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-507 de 2011 M.P. Dr. Jorge Ivan Palacio Palacio.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03024-00
Demandante: Jaime Lindo Torrijos

2.4.2. Sobre el caso concreto

21. De acuerdo con lo analizado por la Sala, existe la solicitud de tutela identificada
con el radicado 11001-03-15-000-2025-00647-00, la cual presuntamente se
fundamentó bajo supuestos fácticos, jurídicos y probatorios similares a los traídos en
esta oportunidad.

22. Para mayor claridad del asunto, al revisar ambos asuntos constitucionales se
tiene que:

1100103150002025006470015 11001031500020250302400
Radicado

Demandante: Jaime Lindo Torrijos Demandante: Jaime Lindo Torrijos

Demandados: Tribunal Demandados: Tribunal Administrativo
Administrativo del Valle del Cauca, del Valle del Cauca, el Consejo de
Partes el Consejo de Estado, Sección Estado, Sección Segunda, Subsección
Segunda, Subsección A, y la A, y la Administradora Colombiana de
Administradora Colombiana de Pensiones.
Pensiones.

Se alegó la vulneración de los Se alegó la vulneración de los derechos
derechos fundamentales al debido fundamentales al debido proceso,
proceso, igualdad, habeas data y igualdad, habeas data y seguridad
seguridad social, con ocasión de la social, con ocasión de la negativa a su
negativa a su solicitud de solicitud de liquidación pensional con
Causa liquidación pensional con aplicación a las disposiciones
petendi aplicación a las disposiciones normativas dirigidas a las personas que
normativas dirigidas a las personas habían laborado en el ISS,
que habían laborado en el ISS, puntualmente, el Decreto 1653 de
puntualmente, el Decreto 1653 de 1977.
1977.

Lograr el amparo de los derechos Lograr el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, como fundamentales invocados y, como
consecuencia, se les ordene a las consecuencia, se les ordene a las
demandadas liquidar su pensión demandadas liquidar su pensión de
de vejez con el IBL establecido por vejez con el IBL establecido por el ISS
el ISS en la Resolución No. en la Resolución No. 00002669 del 7 de
00002669 del 7 de julio de 1991, es julio de 1991, es decir, con inclusión de
Objeto decir, con inclusión de los factores los factores salariales ordenados por el
salariales ordenados por el Decreto 1653 de 1977, y como
Decreto 1653 de 1977, y como consecuencia, el pago del retroactivo y
consecuencia, el pago del los intereses moratorios
retroactivo y los intereses correspondientes establecidos en el
moratorios correspondientes artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
establecidos en el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993.

15 Ver expediente 11001-03-15-000-2025-00647-00 de Samai

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03024-00
Demandante: Jaime Lindo Torrijos

23. A juicio de la Sala, es evidente la existencia de identidad de partes, causa
petendi y objeto, configurándose cosa juzgada en la solicitud de tutela bajo estudio;
no obstante, no por esto puede hablarse de la existencia de una actuación temeraria,
pues, para ello, se requiere que haya una actuación dolosa o de mala fe contra la
administración de justicia, por parte del demandante.

24. En cuanto a la referida solicitud de tutela, se recuerda que fue declara
improcedente mediante sentencia proferida el 7 de marzo de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A. Decisión confirmada el 30 de abril de 202516
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

25. Al respecto, si bien Jaime Lindo Torrijos presentó, por segunda vez una
solicitud de amparo similar a la identificada con el radicado
11001031500020250064700, la cual fue desatada de manera desfavorable mediante
sentencia proferida el 30 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
lo cierto es que su actuación no da lugar a imponer una sanción, pues, de acuerdo
con sus condiciones personales y el contenido del amparo pretendido, es clara su
ausencia de conocimientos en técnica jurídica.

3. Conclusión

26. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por existir cosa
juzgada, la solicitud de amparo presentada por Jaime Lindo Torrijos contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otros.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente, por existir cosa juzgada, la solicitud de tutela
presentada por Jaime Lindo Torrijos contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y la Administradora
Colombiana de Pensiones, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

16
Ver índice 6 en el expediente constitucional 11001031500020250067401.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03024-00
Demandante: Jaime Lindo Torrijos

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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