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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00647-00

Fecha
7 de marzo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00647-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00647-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: JAIME LINDO TORRIJOS
Accionado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Presupuestos de
procedencia / COSA JUZGADA Y TEMERIDAD– No se configura porque se trata de dos
acciones de tutelas diferentes / Improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Jaime Lindo Torrijos, de conformidad con lo consagrado en el Decreto
333 del 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 5 de febrero de 20252 el señor Jaime Lindo Torrijos, en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, habeas data y seguridad social.

Hechos relevantes

2. El señor Jaime Lindo Torrijos laboraba para el Instituto de Seguros Sociales
(ISS), siendo retirado el 1° de mayo de 1991 y adquiriendo el estatus de pensionado
el 3 de septiembre de 1992, fecha en la que según el accionante se encontraba
vigente el Decreto 1653 de 1977.

1 Que ingresó para fallo el 20 de febrero de 2025.
2 Se advierte que en principio la solicitud de tutela fue radicada en Cali, correspondiéndole al Juzgado
15 laboral del Circuito Judicial de Cali, sin embargo, mediante auto del 6 de febrero de 2025 declaró
la falta de competencia para adelantar la acción de tutela y remitió al Consejo de Estado en la misma
fecha.
1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3. El 25 de noviembre de 1992, el señor Lindo Torrijos solicitó al ISS el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, siendo reiterada el 28 de julio
de 1995.

4. El 17 de junio de 2013, la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones) mediante la resolución GNE 131305, le reconoció una pensión
vitalicia de jubilación a partir del 1° de junio de 2013, indicando que al ser
beneficiario del régimen de transición debían aplicarse las Leyes 71 de 1988 y 100
de 1993, además de liquidar la prestación sobre el promedio de los últimos 10 años
laborados con fundamento en el Decreto 1158 de 1994.

5. El 6 de agosto de 2013, radicó ante Colpensiones una solicitud de revocatoria
directa en contra de esa resolución que fue negada, debido a que no fue acreditada
la calidad de funcionario de la seguridad social.

6. Con base en lo anterior, el 14 de mayo de 2014, el señor Lindo Torrijos elevó una
queja ante Colpensiones en procura de que no se le aplicara la Ley 100 de 1993,
por cuanto el 3 de septiembre de 1992 había consolidado su estatus pensional al
tenor de lo dispuesto en el Decreto 1653 de 1977.

7. Este recurso fue resuelto a través de la Resolución GNR 390536 del 7 de
noviembre de 2014, en la que le fue reliquidada la pensión de jubilación y le fue
pagado un retroactivo con un IBL actualizado al año 2008. Inconforme con la
decisión, presentó un recurso de reposición y en subsidio de apelación para que se
ordenara la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos del Decreto
1653 de 1977, pero al no ser resuelto por Colpensiones, renunció a dichos
mecanismos el 9 de marzo de 2015.

8. De manera posterior, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de obtener la reliquidación de la pensión de jubilación, la cual fue
conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. A
través de la sentencia del 28 de febrero de 2020, dicha autoridad negó las
pretensiones de la demanda bajo el entendido de que la autoridad pensional tomó
como ingreso base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado durante el
último año de servicio comprendido entre el 1° de mayo de 1990 y 30 de abril de
1991, sumado a que los factores salariales se encontraban señalados en el Decreto
1653 de 1977 siendo los correspondientes a los que fueron incluidos por
Colpensiones.

9. El accionante presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión,
que fue conocido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
de Estado. Surtido el trámite procesal correspondiente, a través de sentencia del 27
de octubre de 2022, confirmó la decisión de primera instancia al considerar que sí
se tuvieron en cuenta los factores salariales devengados en el último año de servicio
previstos en el Decreto 3135 de 1968, además de que los asuntos pensionales que
se presentaron por la relación laboral entre el ISS y los funcionarios de la seguridad
social eran responsabilidad de la UGPP, por eso le correspondía haber elevado una

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

petición ante esa autoridad para que resolviera la solicitud pensional. Por último,
indicó que no era procedente la reliquidación reclamada con la inclusión de las
primas de servicios y de vacaciones, porque estas no fueron certificadas por el
empleador como emolumentos devengados en el último año, por tanto, no se probó
que se hubieran dado dichas cotizaciones y no se encontraban contempladas en la
Ley 62 de 1985.

Pretensiones

10. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“Dados los Hechos, Consideraciones, Fundamentos de Derecho, y Pruebas
documentales anteriores, que demuestran plenamente que la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES
incurrió en VIA DE HECHO y vulneró mis Derechos Fundamentales al DEBIDO
PROCESO, a la IGUALDAD y al HABEAS DATA al liquidar en forma arbitraria
mi pensión de vejez en sus Resolución GNR 131305 de junio 17 de 2013, al
reliquidarla en la Resolución GNR 390536 de noviembre 07 de 2014 y en las
subsiguientes, sin ningún fundamento legal vigente a la fecha de la causación de
mi derecho, hago a Su Señoría, con todo respeto, la siguiente petición:

PRIMERO: Tutelar mis Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la
IGUALDAD y al HABEAS DATA.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la ADMINISTRADORA
COLOMBINA DE PENSIONES – COLPENSIONES, reliquidar mi pensión de
vejez teniendo en cuenta mi IBL establecido por el INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES en su Resolución No. 00002669 de julio 07 de 1991, que incluyó los
factores salariales ordenados por el Decreto 1653 de 1977 al liquidar mis
cesantías.

TERCERO: Ordenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
– COLPENSIONES el reconocimiento y pago del retroactivo correspondiente al
saldo de mis mesadas dejadas de pagar e igualmente los intereses moratorios
correspondientes establecidos en el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
respetando los términos de prescripción y suspensión establecidos en el CPT”.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. Destacó que se retiró como médico del Instituto de Seguros Sociales (en
adelante ISS) a partir del 1° de mayo de 1991, por lo que la liquidación de sus
cesantías y demás prestaciones sociales se realizó y pagó mediante la Resolución
No. 00002669 de julio 7 del mismo año, siendo reconocido como funcionario de la
seguridad social y aplicándose lo ordenado por el Decreto 1653 de 1977 de acuerdo
con el IBL de ese año, en el cual se incluía su asignación básica, prima de servicios,
prima de vacaciones.

12. Alegó que cumplió con todos los requisitos exigidos con ese Decreto, dado que
cumplió 55 años de edad para esa fecha y prestó sus servicios por más de 20 años,
los cuales fueron reconocidos en la Resolución GNR 131305 del 17 de junio de 2013
3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

y en la resolución GNR 390536 del 7 de noviembre de 2014 y resolución DPE 215
del 13 de enero de 2025. Sin embargo, el IBL liquidado por el ISS en 1991 fue
actualizado al año de 2014, reliquidando la pensión de jubilación de forma arbitraria
y vulnerando su derecho fundamental al habeas data cuando los artículos 19 y 21
del Decreto Ley 1653 de 19773 vigente para la fecha de la causación de su pensión
así lo ordenaba.

13. Con base en lo anterior, indicó que Colpensiones mediante Resolución GNR
390536 del 7 de noviembre de 2014 y subsiguiente, reliquidó su pensión de
jubilación aplicando la Ley 33 de 1985 siendo desconocidos los factores salariales
y su condición de funcionario de la Seguridad Social, aplicando la Circular 01 de
octubre de 2012, cuando ya había sido emitida con posterioridad a la causación de
su pensión, incurriendo en una vía de hecho y vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso, habeas data e igualdad.

14. De otra parte, adujo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en su
sentencia del 28 de febrero de 2020 incurrió en el mismo error y absolvió a
Colpensiones, e incluso, en segunda instancia el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 27 de octubre de 2022 confirmó la anterior decisión.

15. También puso de presente que no fue advertido de la posibilidad de presentar
un “recurso de casación”, pero que por razón de su condición de adulto mayor y al
haberse sobrepasado sus expectativas de vida, no hubiera sido aconsejable agotar
ese mecanismo. Como sustento de su escrito trajo a colación la sentencia C-252 de
2001 e indicó que procede la solicitud de tutela, debido a que es una persona de la
tercera edad, agotó todos los medios administrativos y judiciales que estuvieron a

3 Cita de la acción de tutela:
“ARTÍCULO 19. DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. El funcionario de seguridad social que haya
prestado servicios durante veinte años continuos o discontinuos al Instituto y llegue a la edad de
cincuenta y cinco años si es varón o de cincuenta si es mujer, tendrá derecho al reconocimiento y
pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación. Esta pensión equivaldrá al ciento por ciento del
promedio de lo percibido en el último año de servicios por concepto de los siguientes factores de
remuneración:
a) Asignación básica mensual.
b) Gastos de representación.
c) Primas técnica, de gestión y de localización.
d) Primas de servicios y de vacaciones.
e) Auxilios de alimentación y de transporte.
f) Valor del trabajo en dominicales y feriados, y
g) Valor del trabajo suplementario o en horas extras.
(…)
“ARTÍCULO 21. DE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS. Los servicios prestados
sucesiva o alternativamente en las demás entidades de derecho público podrán acumularse
para el cómputo del tiempo requerido para tener derecho a pensión de jubilación, y el monto
correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo laboral en cada una de tales entidades.
En este caso, la cuantía de la pensión será del setenta y cinco por ciento del promedio de lo
percibido en el último año de servicio por concepto de todos los factores de remuneración
que constituyen salario.
Siempre que conforme en lo dispuesto en el presente artículo proceda la acumulación, el Instituto
tendrá derecho a repetir contra las entidades obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que
les corresponda. El proyecto de liquidación será notificado a los respectivos organismos” (Subrayado
del texto).
4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

su alcance, además de que no cuenta con ningún otro recurso administrativo ni
medio de defensa judicial para reclamar su derecho a la reliquidación de su pensión.

Trámite en primera instancia

16. A través de auto del 11 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia; ordenó notificar a las autoridades accionadas y requirió al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegara copia digital del
expediente con radicado 76001-23-33-000-2015-00262-00/01.

17. Durante el trámite de primera instancia, y de manera posterior a que el
expediente ingresara al despacho para fallo el accionante presentó una adición al
escrito de tutela, mediante la cual solicitó que se tuviera en cuenta la sentencia T-
013-2020 de la Corte Constitucional4 y citó un aparte de la misma.

Intervenciones

18. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el enlace del
expediente 76001-23-33-000-2015-00262-005.

19. La Subsección A – Sección Segunda del Consejo de Estado dentro de su
informe precisó que esta solicitud de amparo guarda identidad de partes, de hechos
y pretensiones con el radicado 11001-03-15-000-2023-0183-006, por tanto, se está
debatiendo lo que ya había sido objeto de examen en otra acción de tutela, con el
fin de obtener nuevamente la revisión de la decisión proferida por esta Corporación
dentro de un proceso ordinario, sin que el accionante acreditara que la presentación
de una nueva solicitud se dio porque había variado el hecho generador de la
presunta transgresión a sus derechos fundamentales y que habilitaran al juez de
tutela realizar un nuevo estudio. Sumado a lo anterior, expresó que se generó un
uso abusivo de la acción constitucional y el fenómeno de la temeridad.

20. La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
argumentó que el accionante no cuenta con los requisitos legales para lo pretendido
dado que ya había presentado una acción de tutela sobre los mismos hechos y

4(…) Sin embargo, se ha admitido que la tutela procede en casos excepcionales en estos asuntos
para salvaguardar derechos fundamentales, cuando las circunstancias particulares y específicas del
caso concreto permiten concluir que los medios ordinarios para la defensa judicial de los derechos
no tienen vocación de ofrecer una protección efectiva y/u oportuna de los derechos reivindicados.
(…)
25. Los eventos en los que la acción de tutela es procedente para reclamar un derecho pensional
son, de forma excepcional, cuando: (i) el amparo es solicitado por un sujeto de especial protección
constitucional; (ii) la falta de pago de la prestación afecta gravemente los derechos fundamentales
de quien la solicita; (iii) el interesado ha desplegado actividad administrativa y/o judicial para lograr
el reconocimiento de su derecho pensional por los medios ordinarios que tiene para ello; y (iv) se
acredita la razón que lleva a concluir que el medio judicial ordinario no puede proteger efectivamente
el derecho reivindicado1 (…)”
5 El link remitido es el siguiente: https://acortar.link/W8piU9
6 En la primera instancia de tutela, el ponente fue el consejero Milton Chaves García quien declaró
la improcedencia, decisión que fue confirmada por el magistrado Oswaldo Giraldo López en segunda
instancia.
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

pretensiones. Además de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela
no es el mecanismo idóneo para realizar la solicitud de reconocimiento y pago de la
reliquidación pensional, más aún cuando en una instancia ordinaria ya se resolvió
dicha controversia siendo negado el reconocimiento, lo que genera una cosa
juzgada.

21. En lo que respecta al carácter subsidiario de la acción de tutela, el artículo 2 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que esa jurisdicción
es la encargada de resolver las controversias referentes al sistema de seguridad
social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los
empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. Sumado a que el
ciudadano debe agotar los procedimientos administrativos y judiciales dispuestos
para tal fin y no discutirlo vía acción de tutela a menos de que no exista otro
mecanismo judicial tal como lo expresa la Corte Constitucional en la sentencia T-
043 de 2014. Así mismo, trajo a colación las sentencias T-071 de 2021, T-391 de
2013, T-344 de 2011, T-1222 de 2001, entre otros.

22. De otra parte, adujo que la jurisprudencia ha estudiado las consecuencias de
modificar órdenes ejecutoriadas, porque se presentaría una cosa juzgada, y
desconocería los principios de certeza, seguridad jurídica y legalidad, para esto,
mencionó la sentencia C-522 de 2009, la C-774 de 2001, la SU 191 del 2 de julio de
2022 de la Corte Constitucional. También expresó que, los preceptos de la triple
identidad que compone el concepto de la cosa juzgada, la Corte ha sido reiterativa
en las excepciones que deben tenerse en cuenta al momento del análisis del caso
concreto, por tanto, hizo alusión a la sentencia T-407 de 2022.

23. En cuanto, a la protección al patrimonio público, expuso que, si bien se trata de
un derecho colectivo, no obsta para que todos los jueces incluido el constitucional
respete el núcleo básico, por lo que de conformidad con la sentencia T-540 de 2013
se ratificó la responsabilidad y la pericia en cabeza de los jueces de tutela al
momento de resolver los conflictos que involucren el patrimonio público.

24. Puso de presente, que en la sostenibilidad financiera, se debe entender que
Colpensiones al ser una empresa industrial y comercial del Estado del orden
nacional, debe velar por la protección de los dineros del erario, pues el pago de las
prestaciones reconocidas en contravía de preceptos legales, afecta el principio
constitucional contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política, el cual fue
adicionado por el artículo 1° del acto legislativo del 01 de 2005, motivo por el que,
dando prevalencia al interés general sobre el particular, se deben tomar medidas
pertinentes en la búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema
pensional de acuerdo con los principios que rigen la Constitución Política 7. Por lo
que cualquier decisión que tomen los administradores de justicia, se deben basar
en ese principio constitucional de sostenibilidad fiscal del sistema pensional, de lo
contrario al proteger un derecho de un afiliado, se podría ver afectado el de todos
aquellos que hacen parte del sistema.

7 Para esto trajo a colación la sentencia T-399 de 2013, la C-110 de 2019

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

25. Por último, en lo relacionado a la órbita de competencia del juez constitucional,
de acuerdo con la sentencia T-587 de 2015 y T-821 de 2010, adujo que se debe
tener en cuenta que el decidir de fondo las pretensiones del accionante y acceder a
las misma, invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, pero, además,
excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó
vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable.
Además de que, en la tutela contra providencia judicial, no se cumple con ninguno
de los 6 requisitos de procedibilidad8.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia de la Sala

26. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
19919.

Cuestión Previa

Cosa juzgada constitucional y temeridad en la formulación de la acción de
tutela

27. De acuerdo con los informes recibidos, algunas de las autoridades accionadas
y vinculadas estiman que la presente controversia guarda una similitud innegable
con la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-0183-00/01, lo que
configuraría una violación al principio de cosa juzgada constitucional y una conducta
temeraria por parte del actor. Al respecto, se advierte que en el presente caso no
concurren los elementos necesarios para dar aplicación a ninguna de estas dos
instituciones ni a sus consecuencias.

28. La institución de la cosa juzgada busca garantizar la seguridad jurídica y el
respeto por el derecho fundamental al debido proceso. En esa línea, el Código
General del Proceso establece, en su artículo 303, que “[l]a sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.”10

29. En tal sentido, la Corte Constitucional ha definido a la cosa juzgada como una
“institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas
en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,

8 Son los siguientes: “(i) aplicó las normas relativas en la materia (ii) aplicó los preceptos
constitucionales sobre el particular (iii) aplicó la jurisprudencia existente en la materia y (iv) las
actuaciones del despacho no transgreden, violan o amenazan los derechos fundamentales del
accionante.”
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política"
10 Código General del Proceso, artículo 303.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

vinculantes y definitivas”11, y ha sostenido que dicha figura también resulta aplicable
en los procesos de tutela12.

30. A través de la cosa juzgada constitucional, se previene, fundamentalmente, la
existencia de decisiones judiciales contradictorias. En tal sentido, la Corte
Constitucional ha visto en esta figura un límite legítimo al ejercicio de la acción de
amparo, en la medida en que ningún ciudadano se encuentra facultado para
promover dos o más veces una solicitud de tutela fundamentada sobre los mismos
hechos:

Cosa juzgada constitucional

21. De conformidad con el artículo 243 de la Constitución, ‘los fallos que la Corte
dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional’. Esta Corte ha señalado que las acciones de tutela también están
sometidas a los parámetros de la cosa juzgada. Por eso, el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 dispone que quien ‘interponga la acción de tutela deberá
manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto
de los mismos hechos y derechos’13. La cosa juzgada dota a las providencias
de un valor inmutable, vinculante y definitivo. En consecuencia, ‘le está vedado
tanto a los funcionarios judiciales como a las partes y eventualmente a la
comunidad, volver a entablar el mismo pleito’14.

22. Una sentencia proferida en un proceso de tutela hace tránsito a cosa
juzgada constitucional (i) cuando es seleccionada para revisión por parte de
esta corporación y fallada en la respectiva Sala; o (ii) cuando, surtido el trámite
de selección, se vence el término establecido para que se insista en su
selección, sin que ésta haya sido escogida por esta corte15.

23. En una acción de tutela se vulnera el principio de cosa juzgada cuando: (i)
se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia;
(ii) en el nuevo proceso existe identidad de partes16; (iii) de objeto17; y (iv) de
causa respecto del anterior18. Como lo ha señalado esta Corte, ‘si existen
elementos distintos que caracterizan la nueva acción (…) ya no podría hablarse

11 Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001 y T-249 de 2016.
12 Ver, entre otras: Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-427 de 2017, T-219 de 2018, T-
089 de 2019, T-497 de 2020, T-393 de 2021 y SU-397 de 2022.
13 Original de la cita: “Ver, entre otras, la sentencia C-774 de 2011”.
14 Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018”.
15 Original de la cita: “Constitución Política de 1991, artículo 241: ‘A la Corte Constitucional se le
confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos
términos de este artículo, con tal fin cumplirá las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma
que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales’”.
16 Original de la cita: “La identidad de partes, hace referencia a que ‘al proceso deben concurrir las
mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada’. Corte Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de 2017”.
17 Original de la cita: “Hay identidad de objeto cuando ‘sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente’. Corte Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de 2017”.
18 Original de la cita: “‘Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos,
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los
fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa’. Corte
Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de 2017”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
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Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

de cosa juzgada constitucional, en tanto que el nuevo litigio tendría otra
identidad sustancial que aún espera ser resuelta y ser dotada de su propia
intangibilidad’19.

24. Sobre esto, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que ‘[c]uando
sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes’, razón por la
cual, cuando se verifique la coincidencia material de los casos presentados ante
la jurisdicción constitucional, la conducta a seguir por los jueces de tutela
consiste en denegar la tutela solicitada, o bien declarar la improcedencia del
amparo, sin importar que estos no coincidan en el tiempo20.

31. Así las cosas, la presentación múltiple de una misma acción de tutela, de forma
sucesiva o simultánea, en la que concurra una triple identidad de objeto, causa y
partes, y donde exista un pronunciamiento judicial en firme que haya puesto fin a la
causa litigiosa, da lugar a la configuración de la cosa juzgada21.

32. Cabe resaltar que la misma Corte Constitucional ha sostenido que “si existen
elementos distintos que caracterizan la nueva acción (…) ya no podría hablarse de
cosa juzgada constitucional, en tanto que el nuevo litigio tendría otra identidad
sustancial que aún espera ser resuelta y ser dotada de su propia intangibilidad”.

33. De otra parte, la Sala advierte que el ejercicio de la acción de tutela el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991 determina que se incurrirá en una conducta temeraria
“cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales,
se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.

34. Cabe recordar que la temeridad ha sido entendida como un fenómeno jurídico
que tiene lugar cuando “sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela es presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales”. Su configuración se traduce en el rechazo y en la resolución desfavorable
de todas las solicitudes, sin perjuicio de las sanciones que establece la ley.

35. En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia
de la acción de tutela, la Corte Constitucional, en sentencia SU-168 de 2017,
estableció que la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos:
a) identidad de partes, b) identidad de hechos, c) identidad de pretensiones, y d) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un
actuar doloso y de mala fe.

36. Referente al elemento de ausencia de justificación, se presenta cuando es
evidente que la persona no actúa de buena fe y ejercita de forma anormal un derecho

19 Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018”.
20 Original de la cita: “‘En el caso de que la acción de tutela fuese promovida por un abogado, la
consecuencia no solo consiste en el rechazo o la decisión desfavorable, sino además en la sanción
“con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años’. El artículo 38 del Decreto 2591
de 1991 dispone además que, en caso de reincidencia, ‘se le cancelará su tarjeta profesional, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar’”.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-407 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

en repetidas ocasiones, amparándose en un precepto de un interés subjetivo en un
abuso del derecho para obtener un resultado favorable a toda costa, que “deja al
descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala
fe se instaura la acción”22.

37. En el presente asunto, la Sala establece que en el proceso con radicado 11001-
03-15-000-2023-01830-00/01 el 25 de mayo de 202323 se profirió la sentencia de
primera instancia24 mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela
formulada por el señor Jaime Lindo Torrijos debido a que no cumplía con el requisito
de relevancia constitucional. Decisión que fue impugnada y conocida en segunda
instancia por la Sección Primera25 del Consejo de Estado que mediante providencia
del 4 de agosto de 202326, confirmó la anterior decisión, siendo notificada el 11 del
mismo mes y año27 y enviada a la Corte Constitucional28. Así mismo, tras consultar
el expediente en el sistema de búsqueda de procesos dispuesto por ese tribunal, se
encontró que no fue seleccionado para revisión a través de providencia del 30 de
noviembre de 2023, notificada por estado del 15 de diciembre del mismo año 29.

38. Con todo, procede la Sala a efectuar un ejercicio comparativo con el fin de
revelar que el trámite de la presente acción de tutela no desconoce el principio de la
cosa juzgada constitucional ni existe temeridad en el ejercicio de la acción. Veamos:

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00/01 Radicado: 11001-03-15-000-2025-00647-00 en
curso
Identidad de las partes
Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corporación, se presenta cuando se trata de los
mismos sujetos que en nombre propio o por medio de representante comparecieron al proceso
anterior -bien en calidad de demandante o de demandado- y actúan en el nuevo30

a. Accionante: Jaime Lindo Torrijos a. Accionante: Jaime Lindo Torrijos
b. Accionado: Tribunal Administrativo del Valle b. Accionado: Administradora Colombiana de
del Cauca y Consejo de Estado – Sección Pensiones – Colpensiones
Segunda – Subsección A c. Vinculados: Tribunal Administrativo del Valle
C. Vinculada: Administradora Colombiana de del Cauca y Sección Segunda Subsección “A”
Pensiones - Colpensiones del Consejo de Estado.

Su objeto
El objeto se refiere a la relación o situación jurídica sobre la cual versa el derecho que se pretende
en la sentencia y que se somete a la decisión del juez (qué se litiga); es decir, se refiere al derecho
o pretensión que se ha solicitado en la nueva demanda (petitum), coincida con el del otro proceso
previamente resuelto, toda vez que no se configura esta institución procesal sobre pretensiones
que no han sido materia de pronunciamiento en una sentencia 31
PRIMERO: Tutelar los Derechos Fundamentales “Dados los Hechos, Consideraciones,
del Dr. JAIME LINDO TORRIJOS a la VIDA Fundamentos de Derecho, y Pruebas
DIGNA, a la IGUALDAD, al HABEAS DATA, a la documentales anteriores, que demuestran

22 Corte Constitucional. Sentencia SU- 168 de 2017.
23 Ver índice 16 del expediente digital de tutela 11001-03-15-000-2023-01830-00.
24 M.P Milton Chaves García.
25 M.P. Oswaldo Giraldo López.
26 Ver índice 4 del expediente digital de tutela 11001-03-15-000-2023-01830-01.
27 Ver índice 7 del expediente digital de tutela 11001-03-15-000-2023-01830-01.
28 Ver índice 8 del expediente digital de tutela 11001-03-15-000-2023-01830-01.
29 Cfr. Radicación T9695542.
30 Sentencia 11001-03-25-000-2005-00167-01 del Consejo de Estado.
31 Sentencia 11001-03-25-000-2005-00167-01 del Consejo de Estado.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

SEGURIDAD SOCIAL y al DEBIDO PROCESO, plenamente que la ADMINISTRADORA
vulnerados por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES incurrió en VIA DE HECHO y
COLPENSIONES. vulneró mis Derechos Fundamentales al
DEBIDO PROCESO, a la IGUALDAD y al
SEGUNDO: Declarar ineficaces las Sentencias HABEAS DATA al liquidar en forma arbitraria mi
No. 29 de Febrero 28 de 2020 proferida por la pensión de vejez en sus Resolución GNR
SALA DE DECISIÓN DEL HONORABLE 131305 de junio 17 de 2013, al reliquidarla en la
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL Resolución GNR 390536 de noviembre 07 de
CAUCA, Rad. 76-001-23-33-009-2015-0262- 00 2014 y en las subsiguientes, sin ningún
y la Sentencia S/N proferida el 27 de Octubre de fundamento legal vigente a la fecha de la
2022 por el HONORABLE CONSEJO DE causación de mi derecho, hago a Su Señoría,
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO con todo respeto, la siguiente petición: ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A, Rad. 76001-23-33-000-2015- PRIMERO: Tutelar mis Derechos
00262-01 (1674-2021). Fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, IGUALDAD y al HABEAS DATA.
ordenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES – COLPENSIONES, reliquidar SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior,
la pensión de jubilación del Dr. JAIME LINDO ordenar a la ADMINISTRADORA
TORRIJOS, aplicándole las normas del Decreto COLOMBIANA DE PENSIONES –
1653 de 1977, como funcionario de la seguridad COLPENSIONES, reliquidar mi pensión de
social reconocido, incluyendo para ello sus vejez teniendo en cuenta mi IBL establecido por
factores salariales de “Asignación básica, Prima el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en su
de servicios y Prima de Vacaciones” que fueron Resolución No. 00002669 de julio 07 de 1991,
tenidos en cuenta en la Resolución No. que incluyó los factores salariales ordenados
00002669 de 07 de Junio de 1991, proferida por por el Decreto 1653 de 1977 al liquidar mis
el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para cesantías.
la liquidación del ingreso base de su último año
de servicios TERCERO: Ordenar a la ADMINISTRADORA
CUARTO: Ordenar a la ADMINISTRADORA DE COLOMBIANA DE PENSIONES –
PENSIONES – COLPENSIONES, el COLPENSIONES el reconocimiento y pago del
reconocimiento de los intereses de que trata el retroactivo correspondiente al saldo de mis
Articulo 141 de la Ley 100 de 1993, como mesadas dejadas de pagar e igualmente los
resarcitorios por la tardanza en el intereses moratorios correspondientes
reconocimiento de su pensión y la inaplicación establecidos en el Artículo 141 de la Ley 100 de
del Decreto 1653 de 1977 que le correspondía. 1993, respetando los términos de prescripción
y suspensión establecidos en el CPT”. Causa petendi: Es el hecho jurídico que sirve de razón, motivo y fundamento de la pretensión (el porqué del litigio);
es decir, consiste en que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos en virtud de los cuales
se demanda sean en esencia los mismos expuestos en el primer proceso, de manera que, si varían,
el segundo proceso es diferente y no existe cosa juzgada 32
i) El señor Jaime Lindo Torrijos tenía cumplidos i) Una vez retirado como médico del ISS a partir
los requisitos, pues al 25 de noviembre de 1992, del 1° de mayo de 1991, fue reconocido como
fecha de su primera solicitud de pensión, la cual funcionario de la seguridad social, por tanto se
fue ratificada el 28 de julio de 1995, le daban el aplicó lo ordenado por el Decreto 1653 de 1977
derecho al reconocimiento de su pensión de para la liquidación de sus cesantías y demás
jubilación con aplicación del Decreto 1653 de prestaciones sociales a través de Resolución No. 1977 vigente a esa fecha y con anterioridad a la 00002669 de julio 7 del mismo año.

Ley 100 de 1993 ii) De manera arbitraria, mediante resolución
ii) Mediante resolución GNR 131305 del 17 de GNR 390536 del 7 de noviembre de 2014,
junio de 2013, después de 20 años y medio de modificó su IBL, el cual ya había sido establecido
gestiones se le reconoció la pensión de vejez a por el ISS, y reliquidó su pensión de jubilación
partir del 1° de junio de 2013 en el que se aplicando la Ley 33 de 1985 siendo
catalogaba como beneficiario del Régimen de desconocidos los factores salariales y su
Transición de la Ley 100 de 1993 y toma los condición de funcionario de la Seguridad Social,
factores salariales del Decreto 1158 de 1994 aplicando la Circular 01 de octubre de 2012.
normas posteriores a la causación del derecho y iii) Su abogado falleció y no pudo presentar
aplicando la Ley 71 de 1985. “Recurso de Casación”.
iii) El ingreso base de liquidación y calificación
del funcionario de la Seguridad Social ya habían
sido definidos

32 Sentencia 11001-03-25-000-2005-00167-01 del Consejo de Estado.

11

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

iv) Una vez radicada la revocatoria directa, fue
negada, sin hacer mención a la solicitud de
reconocimiento de los intereses moratorios.
v) Al radicar una queja y reclamación
Colpensiones respondió mediante la Resolución
GNR 390536 del 7 de noviembre de 2014 en la
cual se efectuaba una reliquidación y un
retroactivo fundamentado en un IBL actualizado
al año 2008, que no guardaba relación con el que
había sido liquidado y reconocido por el ISS
mediante resolución de 7 de junio de 1991.
vi) Ante esa situación, el señor Jaime Lindo
Torrijos presentó una demanda administrativa la
cual fue asignada al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca quien profirió sentencia de
primera instancia, la cual fue apelada por el
señor Jaime Lindo Torrijos y conocida por la
Subsección A – Sección Segunda del Consejo
de Estado, mismas decisiones que no se
encuentran satisfechas por su parte.

39. La Sala constata que el conocimiento de la acción de tutela 11001-03-15-000-
2023-01830-00/01 correspondió, en primera instancia por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado; autoridad que, mediante providencia de 25 de mayo de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela al concluir que los argumentos expuestos
en la demanda de tutela son una iteración de los expuestos en el recurso de
apelación.

40. En tal sentido explicó que, en cuanto a la reliquidación pensional y los intereses
moratorios, la providencia cuestionada fue explícita en señalar que, según la
valoración del acervo probatorio, los asuntos pensionales eran competencia de la
UGPP, ya que la reclamación se presentó en mayo de 2014, tras el reconocimiento
inicial de la pensión. Determinó que si el actor solicitaba la aplicación del Decreto
1653 de 1977 para la reliquidación pensional, debía dirigirse a la UGPP, que es la
entidad competente para resolver solicitudes pensionales derivadas de la relación
laboral con el Instituto de Seguros Sociales. Además, concluyó que los factores
salariales para la liquidación de pensiones bajo la Ley 33 de 1985 y su régimen de
transición están establecidos en la Ley 62 de 1985, los cuales fueron aplicados
correctamente por Colpensiones.

41. La Sección Primera de esta Corporación tras conocer la impugnación
presentada por el señor Jaime Lindo Torrijos, a través de sentencia del 4 de agosto
de 2023, confirmó la decisión de primer grado. Consideró que la acción de tutela fue
presentada para reabrir el debate en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Añadió que aunque el actor argumentó su edad avanzada (85 años), ese
factor no justifica la procedencia de la tutela, ya que no se ha demostrado que exista
un perjuicio irremediable o que se afecten derechos fundamentales como la dignidad
o el mínimo vital.

42. En el caso concreto, el actor pretende que sea el juez de tutela el que, de
manera directa, ordene la reliquidación de la pensión a Colpensiones en los términos
que, según el interesado, legalmente le corresponden. En otras palabras, la
demanda constitucional no propone que sean dejadas sin efectos las sentencias
12

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que, a
pesar de tales determinaciones, sea el juez de tutela el que imparta una orden a la
administradora pensional para que reliquide la pensión y ordene el pago del
retroactivo a que haya lugar.

43. Con base en lo anterior, la Sala estima que a pesar de las similitudes innegables
que existen entre uno y otro caso, no es posible estimar en estricto rigor que exista
una conducta temeraria por parte del actor o un desconocimiento de la cosa juzgada
constitucional. No obstante, en el acápite siguiente se explicarán las razones por las
cuales la acción de tutela es improcedente en el caso materia de examen.

Improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto

44. En el caso bajo estudio la parte accionante aduce que la Administradora
Colombiana de Pensiones, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, habeas data y seguridad social por no liquidar su pensión de vejez teniendo
en cuenta el IBL establecido por el ISS de acuerdo con la Resolución No. 00002669
de julio 07 de 1991, que incluyó los factores salariales ordenados por el Decreto 1653
de 1977 al liquidar sus cesantías. Solicita, en consecuencia, el correspondiente pago
del retroactivo correspondiente al saldo de sus mesadas dejadas de pagar, así como
tampoco los intereses moratorios correspondientes establecidos en el artículo 141
de la Ley 100 de 1993, respetando los términos de prescripción y suspensión
establecidos en el CPT

45. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que la
autoridad de pensiones, al momento de efectuar el análisis sobre la procedencia del
reconocimiento pensional en favor del señor Jaime Lindo Torrijos, tuvo en cuenta lo
siguiente33:

• Que el interesado acreditó un total de 7.295 días laborados, es decir 1,042
semanas.

• Que nació el 3 de septiembre de 1937 y para el 2013 contaba con 75 años de
edad.

• Que ocupaba el cargo de Sub gerente de servicios de salud, en condición de
funcionario de la seguridad social.

• Que dentro del expediente se evidencia que la renuncia del señor Lindo Torrijos
fue aceptada mediante Resolución 0002007 del 29 de abril de 1991, a partir del
1 de mayo de 1991.

• Que no le es aplicable el Decreto 1653 de 1977 debido a que no cumplió con
los 20 años exclusivos al ISS como le fue indicado por error en la Resolución

33 Los siguientes argumentos se encuentran en los anexos adjuntos por el señor Jaime Lindo Torrijos
junto con la solicitud de tutela. Obran en certificado CF25423D9B2E5360 0E4FD29CB8E72B1F
03C33C9A5B03A3C7 D1F56B7683C4035A, índice 2 del expediente digital de tutela.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

GNR 142971 del 28 de abril de 2014 y tampoco fue incorporado a una Empresa
Social del Estado, la cual es posterior a la Ley 100 de 1993, de la siguiente
manera:

• Que no proceden los intereses moratorios, porque Colpensiones no ha
presentado ningún retraso injustificado para el pago de la prestación económica.
Sustento de esto se encuentra la Ley 100 de 1993 en su artículo 141.

46. En los términos descritos, se estima que las resoluciones dictadas por la
Administradora Colombiana de Pensiones, aunque fueron desfavorables a los
intereses del actor, indicaron los motivos específicos por los cuales no le era
aplicable el Decreto 1653 de 1977.

47. La Sala establece que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso
identificado con la radicación 76001-23-33-000-2015-00262-00/01 analizaron si el
Decreto 1653 de 1977 era aplicable al actor por su condición de funcionario de la
seguridad social del extinto ISS y si subsidiariamente se debía aplicar la Ley 33 de
1985 en el tuviera derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, equivalente
al 75% del salario promedio que incluyera todos los factores salariales devengados
en ese periodo. En la decisión de segunda instancia, el Consejo de Estado efectuó
un estudio detallado de la situación particular y concreta del demandante a la luz del
Decreto 1653 de 1977 y de la Ley 33 de 1985. Veamos:

“En primera medida, la Sala advierte que los motivos de inconformidad del
recurrente consisten en que la entidad demandada al momento de realizar la
reliquidación de su pensión de jubilación, no aplicó el Decreto 1653 de 1977 y/o
la Ley 33 de 1985, y de igual manera al liquidar la prestación, en su condición
de funcionario de la seguridad social del ISS, no tuvo en cuenta todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio. Esta actuación, a
su juicio, desconoce que no es beneficiario del régimen de transición contenido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que adquirió el estatus jurídico
pensional antes de la entrada en vigencia de dicha norma.

Pues bien, respecto al primer problema jurídico planteado, esto es, frente a la
aplicación, para efectos pensionales, del Decreto 1653 de 1977, mientras el
actor fue funcionario de la seguridad social en el Instituto de Seguros Sociales,
de acuerdo a lo expuesto en el acápite del marco normativo de esta providencia,
cuando se ordenó la supresión y posterior liquidación del ISS, se confirieron
expresamente a la UGPP competencias relacionadas con el reconocimiento de
ese tipo de prestación; mientras que si se gestan sobre los aportes al régimen
de prima media con prestación definida, corresponderían a COLPENSIONES.

Sobre el asunto, esta Corporación en sentencia del 4 de mayo de 2017, afirmó:

Frente a las conclusiones obtenidas en líneas anteriores, es evidente que
estamos ante una pensión reconocida por el extinto Seguro Social por la
obligación pensional del Instituto de Seguros Sociales como patrono, y por ello,
debe advertirse que al momento de disponerse la supresión y posterior
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

liquidación de esta entidad, se confirió expresamente las competencias
relacionadas con tales aspectos a la UGPP, para lo cual, se dispuso de un plazo
que corrió hasta el 29 de junio de 2013, conforme al ya citado artículo 27 del
Decreto 2013 de 2012.

De suerte que antes de ese límite, las solicitudes pensionales causadas por la
relación laboral entre el Instituto de Seguros Sociales (Patrono) y sus
empleados, debieron ser resueltas por la entidad en proceso de liquidación;
mientras que las posteriores inexorablemente hacen parte de la nueva orbita
competencial en cabeza de la UGPP.

Esta situación, no se alteró con las prórrogas dispuestas por los Decretos 2115
y 3000 del 27 de septiembre y 24 de diciembre de 2013, respectivamente, que
únicamente alteraron el plazo señalado para el proceso liquidatorio de la
entidad, que en todo caso, se llevó hasta el 28 de febrero de 2014.

Concluye la Sala, que cuando se agotó la vía gubernativa para efectos de la
reliquidación pensional, esto es, el 21 de mayo de 2014, los asuntos
pensionales causados por la relación laboral existente entre el Instituto de
Seguros Sociales y sus funcionarios de la seguridad social, eran completa
responsabilidad de la UGPP.

[…] Debe mencionarse, que esta situación no encuadra dentro de las
atribuciones de vinculación que tiene el juez para integrar el contradictorio a
través de la figura del litisconsorcio necesario, como quiera que el ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como instrumento
de sometimiento de la actividad administrativa al imperio de la ley, exige del
requisito de la decisión previa por parte de la autoridad, sin el cual, es imposible
el control de legalidad para el que está instituido la jurisdicción.

Sin embargo, debe señalarse que considerando lo que la jurisprudencia de ésta
Corporación ha señalado sobre la falta de legitimación material en la causa, y
por la naturaleza imprescriptible del derecho que se está invocando en esta
demanda, la parte actora agotando los presupuestos procesales, podrá si a bien
lo tiene requerir de la UGPP, la resolución del tema de la reliquidación de su
pensión, entendiendo que los razonamientos de esta providencia no implican
que carezca de tal derecho.

Así, concluye la Sala que cuando se interpuso la reclamación administrativa el
14 de mayo de 2014, los asuntos pensionales causados por la relación laboral
existente entre el Instituto de Seguros Sociales y sus funcionarios de la
seguridad social, eran responsabilidad de la UGPP. En consecuencia, si lo que
pretende el actor es la aplicación del Decreto 1653 de 1977, para efectos de
lograr la reliquidación pensional, le corresponde elevar petición ante esta última
autoridad, que es competente para resolver las solicitudes pensionales
causadas por la relación laboral entre el Instituto de Seguros Sociales, como
empleador.

(…)

En ese hilo argumentativo, frente a lo relacionado con la aplicación subsidiaria
de la Ley 33 de 1985, es preciso señalar que si bien el acto censurado afirmó
que la fecha de la adquisición del estatus jurídico pensional del actor data el
«1.º de abril de 1994» (sic), lo cierto es que aquella corresponde al 3 de
septiembre de 1992, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, cuando cumplió 55 años de edad, ya que los 20 años de servicio público
los completó con anterioridad, pues, como se determinó en el acto reprochado,
para el 1.º de mayo de 1991, el actor contaba con 7.295 días laborados,
equivalentes a 1.042 semanas.27

15

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

No obstante lo anterior, la entidad demandada dio aplicación al Decreto 3135
de 1968, en cuanto a la edad, y en lo referente a lo demás observó lo previsto
en las Leyes 33 y 62 de 1985, a saber, 20 años de servicio al Estado, continuos
o discontinuos y una tasa de reemplazo equivalente al 75 % del promedio de
los salarios devengados en el último año de servicio, con inclusión de los
factores salariales enlistados en la mencionada Ley 62 de 1985 y que hubieren
sido objeto de cotización.

(…)

Así mismo, la entidad demandada mediante Oficio BZ 2017_8776353 de 2017,
informó que la liquidación de la pensión de jubilación del señor Lindo Torrijos
se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto 3135 de 1968 y que
se tuvieron en cuenta los factores salariales de asignación básica y horas
extras, devengados en el último año de servicios comprendido entre 1990 y
1991.29

De ahí que la Sala advierte que COLPENSIONES no aplicó el régimen de
transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al momento de
reliquidar la pensión de jubilación del actor, porque, se insiste, adecuó los
requisitos de edad y tiempo de servicios del régimen anterior a dicha norma,
esto es, 55 años de edad y 20 años de servicios y tomó una tasa de reemplazo
del 75 % del promedio de los factores salariales devengados y cotizados en el
último año de servicio.

Por su parte, el demandante advierte que el salario base promedio que fue
tenido en cuenta por el extinto Instituto de Seguro Social en la Resolución
00002669 de 1991, 30 ascendía a la suma de $ 687.688, el cual estaba
conformado por la asignación básica mensual y las primas de servicio y de
vacaciones. De esta manera, afirma que debe incluirse en la reliquidación
pensional pretendida, aquellos factores.

Al respecto, es preciso señalar que los factores salariales a tener en cuenta en
la liquidación las pensiones de jubilación regidas por la Ley 33 de 1985 y por el
régimen de transición contenido en el parágrafo 2.° de dicha norma, son los
contenidos en la Ley 62 de 1985, a saber: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio, sobre los cuales se hayan efectuado los respectivos aportes.

(…)

Así, los factores salariales devengados por el actor en el último año de servicio
(1990-1991) y que fueron tomados por la entidad demandada para la liquidación
de la prestación corresponden a la asignación básica y a las horas extras. De
este modo, COLPENSIONES atendió la correspondencia que debe existir entre
los factores descritos en la Ley 62 de 1985 y aquellos sobre los cuales se
realizaron las correspondientes cotizaciones.

Por tanto, no le asiste razón al recurrente en la objeción planteada frente a la
decisión de primera instancia, porque no es procedente la reliquidación
pensional reclamada con la inclusión de las primas de servicios y de
vacaciones, toda vez que, como quedó visto, por un lado, no fueron certificadas
por el empleador como emolumentos devengados en el último año de servicios
y que sobre ellas se hubieren efectuado cotizaciones (según lo establecido en
el Oficio BZ 2017_8776353 de 2017) y, por el otro, no se encuentran
contempladas en la Ley 62 de 1985, pues la pensión de jubilación regulada en
la Ley 33 de 1985, solo permite el cómputo de los factores regulados en aquella
norma.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

En ese orden, la pensión de jubilación reconocida al actor debía ceñirse al
período de liquidación y a los factores sobre los cuales realizó aportes, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985; lo cual fue
observado por la entidad demandada.

48. Respecto al reconocimiento de los intereses moratorios, la misma autoridad
judicial demandada concluyó que debían ser denegados atendiendo las razones que
a continuación se citan:

“Finalmente, pese a que el actor pretende el reconocimiento y pago de intereses
moratorios causados desde el 21 de septiembre de 2008 hasta el 31 de mayo
de 2013, «fechas de causación y de pago de su Pensión de Vejez»; esa
pretensión deriva de la no inclusión, por parte de la entidad demandada, de
todos los factores devengados en el último año de servicios que, en su sentir,
debían hacer parte de la liquidación de su pensión de jubilación; sin embargo,
como se estudió con antelación, tal pretensión no tuvo acogida y no se accederá
a la inclusión de factores diferentes a los ya tenidos en cuenta en su prestación.

En todo caso, la Sala analizará si hay lugar al reconocimiento de los intereses
solicitados. En ese sentido, se observa que el acto de reconocimiento pensional
se expidió el 17 de junio de 2013 (Resolución GNR 131305) y la inclusión en
nómina de la prestación junto con el retroactivo, data en el período «201306»,
conforme consta en el artículo segundo del referido acto. Pues bien, es preciso
aclarar que la obligación de pagar intereses moratorios en los términos del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 35 surge a partir del acto administrativo del
reconocimiento pensional y no antes, como en reiteradas oportunidades lo ha
señalado esta Subsección, a saber:

Pues bien, es preciso aclarar que la obligación de pagar intereses moratorios
en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, surge a partir del acto
administrativo del reconocimiento pensional y no antes, como en reiteradas
oportunidades lo ha señalado esta Subsección, a saber:

[…] Ahora bien, se tiene que los intereses moratorios se causan por el
retraso en el pago de las mesadas pensionales en consideración al título
que las haga exigible, esto es, el acto administrativo de reconocimiento
de la prestación que determine el monto y periodicidad de dichos pagos,
pues en ese momento nacería la obligación de pagar, y en caso de retardo
en el desembolso se causaría la mora, situación que no sucede en el presente
caso […]. (Resaltado fuera del texto).

Así mismo, esta Sala ha sostenido lo siguiente:

Realizada la anterior precisión, la Subsección considera necesario resaltar que
de conformidad con el citado artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el
reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en los
que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el
reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo
que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago, tal y como lo
ha considerado en otras oportunidades esta Corporación.

Bajo este entendido, es claro entonces que no es procedente el
reconocimiento de intereses moratorios sobre las mesadas causadas con
anterioridad al reconocimiento pensional, es decir sobre el retroactivo
consolidado a partir de la fecha en que se causó el derecho hasta la
ejecutoria del acto que lo reconoció. (Resaltado fuera del texto).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Por lo expuesto, no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios
conforme lo pretende el demandante.

En suma, frente al segundo problema jurídico planteado, contrario a infringir las
disposiciones contenidas en el Decreto 3135 de 1968 y en las Leyes 33 y 62 de
1985, la entidad demandada al realizar la reliquidación de la pensión de
jubilación del actor dio cumplimiento estricto al ordenamiento jurídico reseñado,
por lo que se impone confirmar la sentencia emitida por el a quo, por las razones
expuestas.

49. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela resulta improcedente
para los fines perseguidos por el actor, teniendo en cuenta que el juez natural de los
actos administrativos al efectuar el estudio correspondiente, determinó cuál era el
régimen aplicable en la liquidación de la pensión de jubilación que fue reconocida al
accionante.

50. Dichas decisiones hicieron tránsito a cosa juzgada, institución en virtud de la
cual se le otorga a tal pronunciamiento el carácter de inmutable, vinculante y
definitivo con miras a la terminación definitiva de la controversia y alcanzar un estado
de seguridad jurídica. De esta manera, al Juez de Tutela le está vedado efectuar un
nuevo pronunciamiento en torno a la aplicación del Decreto 1653 de 1977, al caso
particular del actor, en consideración a que existe unas decisiones judiciales previas
que descartaron las previsiones normativas de ese estatuto para efectos de la
reliquidación pensional del accionante.

51. La anterior conclusión obedece al carácter subsidiario de la acción de tutela,
por cuanto el artículo 86 de la Constitución prescribe que solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; recurso que ya fue ejercido
por el demandante y que, aunque resultó desfavorable a sus intereses, no habilita
que proceda la acción constitucional de manera alternativa o paralela a los
mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley. La Corte Constitucional ha
precisado que no se puede abusar del amparo constitucional ni vaciar de
competencia a la jurisdicción ordinaria, con el propósito de obtener un
pronunciamiento diferente, toda vez que éste no ha sido consagrado para reemplazar
los medios judiciales dispuestos por el legislador para tales fines.

52. Ahora bien, el propio artículo 86 señala que la tutela será procedente de manera
excepcional cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En este caso, el demandante destacó que pertenece a la tercera edad
para acreditar el cumplimiento de este presupuesto. No obstante, a juicio de la Sala,
dicha condición resulta irrelevante para reexaminar la aplicación de una disposición
legal ya fue estudiada por el juez natural y máxime si el interesado disfruta del
derecho pensional desde hace varios años. Esta situación a su vez impide la
observancia de la sentencia T-013 de 2020 emanada de la Corte Constitucional, por
cuanto en dicha controversia se estudiaba la negativa de Colpensiones de reconocer
la pensión de vejez a favor de uno de sus afiliados, por el incumplimiento de su deber
legal de actualización de la historia laboral y de las semanas cotizadas.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00647-00
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

53. En esas condiciones, la tutela ejercida por el señor Lindo Torrijos será
declarada improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.

VF

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