Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01830-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01830-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01830-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
4 de agosto de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01830 01
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01830 01
Accionante: JAIME LINDO TORRIJOS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Jaime Lindo
Torrijos en contra del fallo de tutela proferido el 25 de mayo de 2023 por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jaime Lindo Torrijos, actuando por conducto de apoderada,
promovió acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones y las sentencias proferidas el 28 de febrero de
2020 y el 27 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo del Valle
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01830 01
Accionante: Jaime Lindo Torrijos
del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
respectivamente; para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO: Tutelar los Derechos Fundamentales del Dr. JAIME
LINDO TORRIJOS a la VIDA DIGNA, a la IGUALDAD, al HABEAS
DATA, a la SEGURIDAD SOCIAL y al DEBIDO PROCESO, vulnerados
por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES.
SEGUNDO: Declarar ineficaces las Sentencias No. 29 de Febrero 28
de 2020 proferida por la SALA DE DECISIÓN DEL HONORABLE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, Rad. 76-001-
23-33-009-2015-0262-00 y la Sentencia S/N proferida el 27 de
Octubre de 2022 por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA –
SUBSECCION A, Rad. 76001-233-33000-2015-00262-01 (1674-
2021).
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES,
reliquidar la pensión de jubilación del Dr. JAIME LINDO TORRIJOS,
aplicándole las normas del Decreto 1653 de 1977, como funcionario
de la seguridad social reconocido, incluyendo para ello sus factores
salariales de “Asignación básica, Prima de servicios y Prima de
Vacaciones” que fueron tenidos en cuenta en la Resolución No.
00002669 de 07 de Junio de 1991, proferida por el INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES, para la liquidación del ingreso base de su
último año de servicios.
CUARTO: Ordenar a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES –
COLPENSIONES, el reconocimiento de los intereses de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como resarcitorios por la
tardanza en el reconocimiento de su pensión y la inaplicación del
Decreto 1653 de 1977 que le correspondía […]”. [Mayúsculas y
negrillas del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que laboró para el Instituto de Seguros Sociales-
ISS, que se retiró el 1 de mayo de 1991 y adquirió su estatus de
pensionado el 3 de septiembre de 1992, fecha en la que estaba vigente
el Decreto 1653 de 1977.
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01830 00.
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Manifestó que, mediante la Resolución nro. 00002669 del 7 de junio de
1991, el ISS “(…) liquidó sus prestaciones sociales, lo reconoció y clasificó
como “funcionario de Seguridad Social” y le estableció su “salario
base para liquidación de $667.688”, al año de 1991, correspondiente
a su último año de servicios en el cual incluyó su “prima de servicios” y
su “prima de vacaciones” en concordancia con el Decreto 1653 de 1977
(…)”2. (Negrillas del escrito de tutela).
Señaló que, para el 25 de noviembre de 1992, fecha en la que solicitó por
primera vez el reconocimiento de la pensión, cumplía con los requisitos
del Decreto 1653 de 1977, es decir, tenía 55 años y 1.042 semanas
cotizadas y laboradas como servidor público.
Indicó que, a través de la Resolución GNR 131305 del 17 de junio de
2013, 20 años después de su solicitud, Colpensiones, en reemplazo del
ISS, le reconoció la pensión de vejez como beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta los factores
salariales establecidos por el Decreto 1158 de 1994.
Anotó que el ingreso base de liquidación y la calificación como funcionario
de la seguridad social ya estaban definidos en la Resolución nro.
00002669 del 7 de junio de 1991, proferida por el Instituto de Seguros
Sociales como su empleador y, a su vez, asegurador, incluyendo los
factores salariales correspondientes a la asignación básica mensual y las
primas de servicios y de vacaciones.
Expuso que el 6 de agosto de 2013 radicó ante Colpensiones solicitud de
revocatoria directa en contra de la Resolución GNR 131305 del 17 de junio
de 2013, solicitando la reliquidación de su pensión de vejez, conforme con
el Decreto 1653 de 1977, la cual fue negada.
Manifestó que el 14 de mayo de 2014 presentó ante Colpensiones
“recurso de queja y reclamación”, que fue resuelta mediante la Resolución
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GNR 390536 del 7 de noviembre de 2014, que le reliquidó la pensión de
vejez y le liquidó un retroactivo con un IBL de $3.996.133 actualizado al
año 2008, para una pensión de $2.997.100.
Informó que, actuando por conducto de apoderado, instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Colpensiones, con la
finalidad de que se declarara la nulidad de la precitada resolución GNR
390536 del 7 de noviembre de 2014 y en consecuencia se ordenara a la
demandada a (i) reconocerle que acreditó sus derechos pensionales como
funcionario de la seguridad social el 3 de septiembre de 1992, antes de
entrar en vigor de la Ley 100 de 1993; por lo tanto, la normatividad
aplicable a su caso era el Decreto 1653 de 1977 y la Ley 33 de 1985; y a
(ii) reliquidar la pensión de vejez sobre el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio, conforme con lo
dispuesto en el Decreto 1653 de 1977 y la Ley 33 de 1985.
La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que, en sentencia del 28 de febrero de 2022, negó las
pretensiones.
Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación y el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 27 de
octubre de 2022, la confirmó.
Alegó que “(…) de la sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, proferida
el 27 de octubre de 2022, se deduce claramente que el reconocimiento
del derecho a la pensión de Jubilación del Dr. JAIME LINDO TORRIJOS,
como funcionario de la seguridad social, plenamente reconocido por el
ISS, y con su tiempo y edad cumplidos el 3 de Septiembre de 1992, está
especialmente reglamentado por el Decreto 1653 de 1977 en sus artículos
19 y 21, que le dan el derecho a que se le incluyan como Factores
Salariales para la liquidación de su pensión, su Asignación Básica, su
Prima de Servicios y su Prima de Vacaciones. Aplicarle una
reglamentación diferente en detrimento del valor de su pensión,
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constituye una flagrante VIA DE HECHO que vulnera sus derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la VIDA DIGNA, a la IGUALDAD y
a la SEGURIDAD SOCIAL (…)”3.
Argumentó que la acción de tutela es procedente, comoquiera que es una
persona de especial protección por parte del Estado por tener 85 años y
porque se trata de la vulneración de su derecho pensional y de sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la seguridad
social y al debido proceso. Agregó que ha reclamado sus derechos
pensionales con documentación oficial e idónea que ha sido desconocida
tanto por las autoridades administrativas como las judiciales.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada vía correo electrónico el 23 de marzo de 20234
ante la oficina judicial de Cali y correspondió por reparto al Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali que,
por auto del 23 de marzo de 20235, la admitió y dispuso notificar a
Colpensiones, entidad que rindió informe el 28 de marzo de 2023.
3.2. Por auto del 13 de abril de 20236, el Juzgado Dieciséis Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali dejó sin efecto las
actuaciones adelantadas por ese despacho en el trámite de la acción de
tutela por falta de competencia y ordenó remitir la solicitud de amparo al
Consejo de Estado.
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Ibídem.
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Ibídem.
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3.3. La tutela correspondió por reparto a la Sección Cuarta de esta
Corporación que, por auto del 18 de abril de 20237, la admitió y dispuso
notificar8 a los Consejeros que conforman la Subsección A, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones como partes accionadas.
De igual forma, solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del proceso identificado
con el radicado nro. 76001 23 33 000 2015 00262 00, el cual fue
remitido9.
3.4. El Consejero ponente de la providencia de segunda instancia
cuestionada rindió informe10, en el que aseveró que la sentencia
reprochada se ajustó al ordenamiento jurídico y que en ella no se incurrió
en ningún defecto procesal, orgánico, fáctico o material; y agregó que,
contrario a lo señalado por el actor, en la decisión se valoró la integridad
del material probatorio allegado al expediente.
3.5. La directora de acciones constitucionales de Colpensiones allegó
escrito vía correo electrónico11 en el que solicitó que se deniegue la
solicitud de amparo porque las pretensiones son improcedentes,
comoquiera que la acción de tutela no cumple con los requisitos de
procedibilidad del Decreto 2591 de 1991.
Indicó que lo que se pretende debatir en instancia constitucional son
pretensiones abiertamente litigiosas que deben ser resueltas en un
proceso ordinario, por lo que decidir de fondo y acceder a lo solicitado por
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Esta orden se cumplió el 24 de abril de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01830 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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el accionante implicaría invadir la órbita del juez contencioso excediendo
las competencias del juez constitucional.
3.6. El accionante radicó memorial12 en el que explicó que la acción de
tutela no está dirigida contra la Subsección A, Sección Segunda, del
Consejo de Estado, sino contra Colpensiones.
3.7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió vía correo
electrónico13 el hipervínculo de consulta del proceso contencioso
identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2015 00262 00, sin
embargo, no se pronunció sobre los hechos de la tutela.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de mayo de
202314, declaró improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional, bajo la consideración que
lo pretendido con la solicitud de amparo es prolongar la discusión zanjada
por el juez natural de la causa.
Para ello expuso que los argumentos propuestos por el accionante,
relacionados con la reliquidación pensional reclamada y los intereses
moratorios causados por no incluir todos los factores salariales
devengados, ya fueron debatidos ante la autoridad judicial demandada y
fueron resueltos con suficiencia.
En cuanto al memorial allegado por el accionante donde aclaraba que la
acción de tutela promovida era contra Colpensiones y no contra el Consejo
de Estado, el a quo precisó que en dicho escrito la parte actora no modificó
las pretensiones de la tutela, en el que solicitó se declare la ineficacia de
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las sentencias proferidas el 28 de febrero de 2020 y el 27 de octubre de
2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, respectivamente.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó 15
manifestando lo siguiente:
Insistió que está demostrado, con documentación idónea, que fue
funcionario de la seguridad social y cumplió con los requisitos del Decreto
1653 de 1977, por lo que tiene derecho a que se le apliquen, para el
reconocimiento de su pensión, los beneficios dispuestos en los artículos
19 y 21 del precitado decreto.
Reiteró que en la reliquidación de la pensión efectuada en la Resolución
GNR 390536 del 7 de noviembre de 2014 solo se incluyó como factores
salariales la asignación básica mensual y las horas extras, sin tener en
cuenta las primas de servicios y de vacaciones, lo que consideró implica
una vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
Finalmente señaló que es un adulto mayor, una persona de especial
protección por parte del Estado y que, por haber agotado todos los medios
a su alcance, decidió no presentar recurso extraordinario y acudir a la
acción de tutela por tratarse de la vulneración permanente de su derecho
pensional imprescriptible e irrenunciable.
Por auto del 14 de junio de 2023 se concedió la impugnación16 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 27 de junio de 202317.
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Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01830 00.
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Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01830 00.
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199118, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201519, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202120, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201921 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:
6.2.1. El accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de Colpensiones, con la finalidad de que se declarara
la nulidad de la Resolución GNR 390536 del 7 de noviembre de 2014 y en
consecuencia se ordenara a la demandada (i) reconocerle que acreditó
sus derechos pensionales como funcionario de la seguridad social antes
de entrar en vigor la Ley 100 de 1993; por lo tanto la normatividad
aplicable al caso era el Decreto 1653 de 1977 y la Ley 33 de 1985; y a
18
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
19
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
22
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado nro. 76001 23 33 000 2015 00262 00. Visto en el índice 2 y 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
01830 00.
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(ii) reliquidar su pensión de vejez sobre el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio, conforme con lo
dispuesto por el Decreto 1653 de 1977 y la Ley 33 de 1985.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que, en sentencia del 28 de febrero de 2020, negó las
pretensiones.
6.2.3. En contra de la precitada decisión la parte actora interpuso recurso
de apelación, y la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado,
por sentencia del 27 de octubre de 2022, la confirmó.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sala confirmará lo decidido por la Sección
Cuarta de esta Corporación en la sentencia proferida el 25 de mayo de
2023 que declaró improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional y para ello se detendrá en
(i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional23
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
23
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
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Accionante: Jaime Lindo Torrijos
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”24.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades25:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
24
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
25
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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relevancia26. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
examinará el tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 27 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
26
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
27
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca]
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento, esto es,
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, debido a que la petición de amparo está siendo utilizada por
el actor para reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades expuestas,
tanto en el escrito de tutela como en la impugnación, están encaminadas
a (i) controvertir la valoración que el juez natural de la causa hizo sobre
el acervo probatorio, en tanto que, alega que “(…) ha reclamado sus
derechos pensionales con documentación oficial e idónea que ha sido
desconocida tanto por las autoridades administrativas como las judiciales
(…)”, y (ii) en cuestionar la interpretación que el juez natural de la causa
hizo respecto de las normas aplicables, por cuanto afirma que “(…) está
demostrado que (…) cumplió plenamente con los requisitos del Decreto
1657 de 1977, con lo cual adquirió el derecho a que se le aplicaran, para
el reconocimiento de su pensión, los beneficios especificados en los
artículos 19 y 21 de dicho Decreto (…)”.
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En ese sentido, comoquiera que la acción de tutela está siendo empleada
para controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez natural de
la causa y la interpretación de las disposiciones aplicadas en la sentencia
cuestionada, se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional aludida en referencia, la petición de amparo no cumple con
el tercer criterio de la relevancia constitucional.
La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que
la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la
demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen
a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas.
Por lo tanto, en los casos en los cuales el juez decide precisamente sobre
la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de
las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias;
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo dicho contexto, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
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porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
En consecuencia, la petición de amparo es improcedente, por cuanto no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se
confirmará el fallo proferido el 25 de mayo de 2023 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.
Lo señalado no varía porque el actor alegue que tiene 85 años de edad,
comoquiera que, por un lado, lo que reclama es la reliquidación de la
pensión; por lo tanto, ya cuenta con una pensión de vejez reconocida; y,
por el otro, el hecho de que se trate de una persona de la tercera edad
no es razón suficiente para definir la procedencia excepcional de la acción
de tutela, puesto que es una condición necesaria acreditar que el daño
alegado afecta materialmente los derechos fundamentales a la dignidad,
el mínimo vital y la subsistencia digna, o que pueda configurarse un
perjuicio irremediable28, lo que en este caso no se probó ni alegó.
28
Corte Constitucional. Sentencia T- 668 del 30 de agosto de 2007.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 25 de mayo de
2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según lo explicado en
la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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