Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00701-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00701-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00701-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de marzo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00701-00
Demandante: PABLO CÉSAR CALDERÓN AGUIRRE
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – DEFECTO FÁCTICO – DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE – SE NIEGA EL AMPARO
Síntesis del caso: el demandante reclamó la protección a sus derechos fundamentales por la
sentencia proferida en segunda instancia en un proceso de acción popular, pues consideró
que la autoridad judicial no valoró las pruebas aportadas y desatendió el carácter vinculante
del precedente judicial en materia ambiental. La Sala negará las pretensiones de la acción de
tutela porque no se configuran los defectos alegados.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Pablo César Calderón
Aguirre en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado para la protección de
sus derechos fundamentales del debido proceso, ambiente sano y acceso a la
administración de justicia, consagrados en los artículos 29, 79 y 229 de la
Constitución Política, supuestamente vulnerados con ocasión de la providencia del 17
de octubre de 2024 proferida por dicha autoridad judicial en el proceso con radicación
17001-23-33-000-2019-00499-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente (índice 00002 en SAMAI):
1) Presentó una demanda en ejercicio del medio de control judicial de protección de
derechos e intereses colectivos en contra del Ministerio de Transporte, el Municipio
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00701-00
Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
Acción de tutela
de Manizales, el Instituto Nacional de Vías, la Corporación Autónoma Regional de
Caldas y Autopistas del Café SA para el amparo de los derechos al goce de un
ambiente sano, el equilibrio ecológico y la conservación de las especies animales y
vegetales, que consideró violados por el atropello de animales en las vías del
municipio de Manizales ante la ausencia de ecoductos o pasos de fauna.
2) Mediante sentencia del 18 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Caldas amparó los derechos colectivos y le ordenó al Municipio de Manizales realizar
un inventario de los hábitats de las áreas de interés ambiental que pueden ser
fraccionados por redes viales, adelantar la construcción de pasos para la fauna de
dichos hábitats en las vías municipales y, enviar requerimientos a la Corporación
Autónoma Regional de Caldas y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para
que determinen la necesidad de los mismos o las medidas de conectividad de los
hábitats pertinentes.
3) El Ministerio de Transporte1, Autopistas del Café SA2, la Clínica Socio-Jurídica de
Interés Público de la Universidad de Caldas3, el Municipio de Manizales4 y el Instituto
Nacional de Vías5 impugnaron la decisión.
4) A través de sentencia del 17 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo
de Estado revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda, pues consideró que el demandante no cumplió con la carga de probar
1 El Ministerio de Transporte indicó que la sentencia generó incertidumbre sobre si se le atribuye
alguna culpa, pues no fue mencionado en la parte resolutiva, y que no es el encargado de construir
ecoductos o corredores biológicos para proteger la fauna porque las obras públicas en vías nacionales
corresponden al Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura.
2 Autopistas del Café SA manifestó que no está obligado legal ni contractualmente a construir pasos de
faunas, que toda construcción debe estar precedida por estudios técnicos y remunerada por la Nación
a través de las autoridades competentes, que las obras viales fueron recibidas a satisfacción con el
cumplimiento de los requisitos ambientales y que cumplió sus obligaciones contractuales.
3 La Clínica Socio-Jurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas, coadyuvante en el proceso,
solicitó su inclusión como integrante del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia.
4 El Municipio de Manizales argumentó que no se probó ninguna afectación a los intereses colectivos y
que, en todo caso, las demás autoridades demandadas y vinculadas también pueden responder por la
presunta vulneración, por otra parte, cuestionó la efectividad de imponer obras y campañas alrededor
de una fauna que a nivel mundial va perdiendo su espacio ante el crecimiento de la urbe, que el
requisito de construir eco túneles para el otorgamiento de licencias ambientales es reciente y afirmó
que no existe evidencia de grandes vertebrados en la vía operada por Autopistas del Café SA.
5 El Instituto Nacional de Vías adhirió a la impugnación presentada por Autopistas del Café SA e indicó
que, según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 4165 de 2011, la Agencia Nacional de
Infraestructura es la entidad que tiene a su cargo las vías nacionales concesionadas. Agregó que el
demandante no logró probar la vulneración de los derechos colectivos invocados.
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Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
Acción de tutela
una afectación o amenaza concreta a los derechos colectivos invocados y que las
carreteras cuentan con suficientes controles para mitigar los efectos sobre la fauna
silvestre que habita la zona.
2. Los fundamentos de la vulneración
El demandante adujo que la sentencia del 17 de octubre de 2024 de la Sección
Primera del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales porque adolece
de los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
En su criterio, se configuró un defecto fáctico en la decisión porque no se valoraron
las pruebas que demuestran la necesidad de implementar ecoductos en las vías del
municipio; puntualmente, alegó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta los
estudios científicos, fotos, georreferenciaciones, mapas y reportajes del periódico
local que aportó con la demanda.
Por otra parte, mencionó que se desconoció el precedente sentado por la Corte
Constitucional en las sentencias T-760 de 2007, T-095 de 2016 y T-622 de 2016
sobre la protección constitucional al medio ambiente y la fauna silvestre, también los
principios de precaución, desarrollo sostenible, transpersonalización, participación
ciudadana y pro natura consagrados en la Ley 99 de 1993 y la jurisprudencia
constitucional.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. Se conceda el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la justicia y ambiente sano vulnerados en la sentencia
de segunda instancia del Consejo de Estado.
2. Se ordene a los accionados realizar los estudios y entregar debidamente
los especímenes atropellados a la autoridad ambiental y su reporte en las
plataformas estipuladas.
3. Se deje sin efectos la providencia del 17 de octubre de 2024 por
desconocer la protección de la fauna silvestre y los principios de precaución
y prevención ambiental entre otros.
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Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
Acción de tutela
4. Se ordene a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión
con enfoque garantista de los derechos ambientales y colectivos
vulnerados.
5. Se ordene a las entidades demandadas la implementación de estudios y
realización de los ecoductos y corredores biológicos en las zonas críticas
identificadas en el área de guacas rosario peaje y torre 4.
6. Se investigue y condene a los responsables por la moralidad
administrativa a las diferentes corporaciones y a las entidades que han
permitido a las concesiones iniciar obras sin tener evidencia previa de los
estudios bióticos, ecológicos en prevención de atropellamiento de fauna
silvestre que afectan la zona biogeográfica. Como de facto lo dice la ley”.
(Archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del Historial de
Actuaciones en el aplicativo SAMAI - mayúsculas y negrillas del original).
4. Actuación procesal
Por auto del 13 de febrero de 20256 se admitió la acción de tutela, se notificó al
despacho del consejero Hernando Sánchez Sánchez de la Sección Primera del
Consejo de Estado y se vincularon a la actuación al Tribunal Administrativo de
Caldas, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, el Departamento de Caldas, el Municipio de
Manizales, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, la Clínica Socio-Jurídica de
Interés Público de la Universidad de Caldas, Autopistas del Café SA y Seguros
Generales Suramericana SA, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Intervención de las autoridades demandadas
1) La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional, expuso que el demandante no
cumplió con una carga argumentativa mínima que demuestre la relevancia
constitucional del asunto, pues, la presunta afectación tiene origen en un debate
estrictamente legal y no se acreditó una arbitrariedad en la decisión judicial que
lesione derechos fundamentales, por lo que en caso de que existan distintas
interpretaciones razonables, debe prevalecer la del juez de conocimiento para dar
prevalencia a los principios de autonomía, independencia y especialidad de la labor
judicial (índice 00022 en SAMAI).
6 Índice 00005 en SAMAI.
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Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
Acción de tutela
2) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible afirmó que la acción de tutela es
improcedente porque el demandante no identificó de manera clara y razonable los
hechos que generan la vinculación ni sustentó la violación al debido proceso, sino que
se limitó a insistir en que la sentencia ordinaria vulneró su derecho al ambiente sano
(índice 00016 en SAMAI).
3) Por su parte, el Instituto Nacional de Vías argumentó que el demandante no
cumplió los requisitos generales de procedencia de la acción porque no logró
demostrar una afectación a su debido proceso ni justificó razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental. Indicó que,
por el contrario, la autoridad judicial demandada observó las etapas del proceso,
apreció todas las pruebas y desarrolló con suficiencia los fundamentos de la decisión
(índice 00015 en SAMAI).
4) La Corporación Autónoma Regional de Caldas afirmó que el demandante instauró
la acción de tutela como una tercera instancia judicial del medio de control judicial de
protección de derechos e intereses colectivos con el único propósito de dejar sin
efectos una sentencia en firme, lo que pone en riesgo el principio de seguridad
jurídica y desnaturaliza la finalidad del mecanismo constitucional de protección de
derechos fundamentales (índice 00017 en SAMAI)
5) A su turno, el Departamento de Caldas señaló que las pruebas documentales que
aportó el demandante al proceso ordinario no proveen información técnica, actual y
concreta sobre la instalación de ecoductos, sino que se limitan a reseñar de manera
general la problemática de los atropellamientos, tal como lo consideró la autoridad
judicial demandada. Por lo tanto, solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional, pues la tutela no está instituida para
reanudar debates probatorios y la decisión se sustentó en el marco jurídico aplicable
(índice 00030 en SAMAI).
6) Autopistas del Café SA sostuvo que la acción de tutela es improcedente por
incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional ya que,
no se acreditó una vulneración a derechos fundamentales ni la presencia de un
perjuicio irremediable, así mismo, la Sección Primera del Consejo de Estado valoró
íntegramente las pruebas aportadas al proceso ordinario y consideró que no era
procedente aplicar el principio de prevención, pues el impacto del proyecto vial sobre
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Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
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la biodiversidad era conocido y las autoridades competentes implementaron medidas
de mitigación concretas y adecuadas (índice 00020 en SAMAI).
7) Seguros Generales Suramericana SA manifestó que el demandante pretendió
reanudar una discusión que se agotó en las sentencias proferidas en el proceso
ordinario y que no son susceptibles de cuestionamientos mediante el mecanismo
judicial de la tutela, pues ello implicaría transgredir los principios de autonomía e
independencia judicial (índice 00024 en SAMAI).
8) Por su parte, la Clínica Socio-Jurídica de Interés Público de la Universidad de
Caldas solicitó acceder al amparo constitucional porque la autoridad judicial
demandada vulneró el debido proceso al proferir una decisión sin considerar todas las
pruebas que obraban en el expediente y omitir el decreto de pruebas pertinentes,
conducentes y útiles para evidenciar la necesidad de implementar pasos de fauna en
las vías de los andes centrales del departamento de Caldas (índice 00029 en SAMAI).
9) El Ministerio de Transporte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la
Agencia Nacional de Infraestructura solicitaron su desvinculación de la presente
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva (índices 00011,
00019 y 00021 en SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
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Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
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Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección
Primera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, ambiente sano y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia
del 17 de octubre de 2024, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia y
se negaron las pretensiones de protección de derechos e intereses colectivos.
La Sala advierte que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: (i) el demandante
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los
derechos que se transgredieron, (ii) se agotaron los medios de defensa judicial
disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, (iii) la acción se promovió dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la sentencia del 17 de octubre de 20247, (iv) la cuestión que se discute
es constitucionalmente relevante porque el demandante invocó los defectos en los
que habría incurrido la providencia atacada y fundamentó la vulneración por la
sentencia de segunda instancia, que revocó la decisión de primer grado y contra la
cual no proceden recursos, por lo cual no pudieron ser objeto de análisis en el curso
del proceso ordinario y (v) no se ataca una sentencia de tutela.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala negará las pretensiones
de la acción de tutela, por las razones que se exponen a continuación.
7 La providencia atacada se notificó el 30 de octubre de 2024 y la acción de tutela se presentó el 10 de
febrero de 2025.
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Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
Acción de tutela
2.1 Caracterización del defecto fáctico
1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito
específico de acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional
ha reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.
2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio
en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo.
3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una
valoración por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta
para ello, ya sea (i) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas
resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (ii) por decidir con medios de
prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia.
2.2 Caracterización del desconocimiento del precedente
1) El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”8.
En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico
y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que,
en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorgar un tratamiento jurídico similar,
8 Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
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Acción de tutela
la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras
de garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las
decisiones judiciales.
2) No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional9, es necesario
precisar que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de
precedente”, pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”, en efecto, para
mayor claridad sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias
judiciales es posible identificar tres partes (i) la parte resolutiva o “decisum”, en la que
se profieren las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la
solución al problema jurídico examinado; (ii) la “ratio decidendi”, compuesta por las
consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada, y
(iii) los “obiter dicta” o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de
argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes ni
necesarios para la resolución del asunto.
3) Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la “ratio decidendi” posee
fuerza de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el
caso a resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema
jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso
posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior
sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse
posteriormente”10.
4) Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por
el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero
antecedente judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para
establecer una regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.
5) Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente
para la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que
se denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.
6) En la sentencia T-830 del 22 de octubre de 2012, esa Corporación se pronunció al
respecto en los términos siguientes:
9 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
10 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
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Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
Acción de tutela
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior
a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el
punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos
puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales,
etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los
antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no
deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo
eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los
principios de transparencia e igualdad. (…)
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto
de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y
en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.
Luego, entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en
los cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.
(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”11.
No obstante lo anterior, pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: (i) deben hacer explícitas
las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del
mismo, lo que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; (ii)
están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían
de mejor manera el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales
objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye una razón válida para
apartarse del precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de
argumentación”.
2.3 Análisis del defecto fáctico en el caso concreto
La parte demandante alegó un defecto fáctico, porque no se valoraron las pruebas
que aportó con la demanda y que en su criterio demuestran que es imprescindible
11 Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00701-00
Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
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construir ecoductos en las vías del municipio de Manizales para salvaguardar el
ambiente sano, el equilibrio ecológico y la conservación de las especies silvestres que
habitan la zona. Sin embargo, la Sala observa que la autoridad judicial demanda sí
valoró estas pruebas y concluyó –con suficiente apoyo aprobatorio– que la ausencia
de pasos de fauna en la autopista municipal no vulnera los derechos colectivos
invocados.
1) En primer lugar, la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado contiene un análisis completo y razonable de todas las pruebas que fueron
aportadas y decretadas en el proceso ordinario, incluso las que se reclaman como
desconocidas. En el acápite 44 de la providencia atacada, la autoridad judicial
identificó el material aportado por el demandante y lo relacionó con los otros
documentos y testimonios que obran en el expediente, con lo cual se constata una
apreciación íntegra de la evidencia.
2) A partir de una valoración racional, la autoridad judicial determinó que el
demandante no cumplió con la carga de probar una amenaza concreta a los derechos
colectivos pues, no se allegó evidencia estadística acerca de un patrón de atropello
de especies en peligro de extinción ni se identificaron las vías que posiblemente
podrían fragmentar sus hábitats, textualmente se anotó que:
“51.9. En el caso concreto no se probó o demostró el riesgo de la fauna de ser
atropellada en las vías del municipio, por cuanto no se aportó un estudio estadístico
de atropellamiento de especies en peligro de extinción u otra prueba que estableciera
el nivel de riesgo; ni se identificaron los ecoparques del municipio y las vías que
posiblemente podrían fragmentar su hábitat. Además, en relación con la vía
concesionada, Autopistas del Café, informó sobre la construcción de diversos box
culvert adaptados como pasos de fauna, según el requerimiento impuesto por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para la construcción de las obras de la
Variante la Paz en el Municipio de Chinchiná; y su respectivo seguimiento respecto del
cual la autoridad ambiental determinó su cumplimiento. Es relevante indicar que las
medidas se requirieron luego de identificar que la zona que se intervendría se
caracteriza por ser fincas ganaderas y de recreo con alto nivel de intervención
antrópica y la autoridad identificó un interés de preservación de las especies”
3) Además, la autoridad judicial también encontró probado que existe una política de
sostenibilidad para la infraestructura vial que incorpora alternativas tecnológicas de
avistamiento, aplicativos de información, medidas de manejo y lineamientos de
infraestructura verde. A partir de ello concluyó que las autoridades involucradas han
adoptado las medidas necesarias para mitigar el daño contingente y que, por lo tanto,
no había lugar a aplicar el principio de prevención ambiental, sin perjuicio de que el
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Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
Acción de tutela
concesionario pueda implementar e instalar nuevos pasos de fauna según las
necesidades advertidas en la ejecución del proyecto.
4) De conformidad con lo expuesto, es evidente que la autoridad judicial demandada
no omitió analizar ninguna prueba que tuviera la virtualidad de cambiar el sentido del
fallo o, mucho menos, que haya sustentado su decisión en conjeturas infundadas o
apreciaciones subjetivas, por el contrario, referenció explícitamente el acervo
probatorio y expuso los motivos por los cuales les restó valor demostrativo a los
documentos aportados por el actor popular, luego es forzoso concluir que no se
configuró un defecto fáctico en la providencia atacada.
5) Finalmente, es preciso señalar que la Sección Primera del Consejo de Estado goza
de una facultad de discreción en la apreciación de los medios de prueba. En ese
sentido, para esta Sala no resulta admisible que en sede de tutela se imponga un
criterio diferente al del juez natural de la causa pues, este mecanismo constitucional
no fue instituido como una herramienta para perseguir la modificación de los
supuestos fácticos del proceso judicial por un simple desacuerdo en la valoración
probatoria.
2.4 Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto
De antemano se precisa que los cargos por el desconocimiento del precedente y la
violación directa de la Constitución se resolverán en conjunto, debido que ambos
argumentos se dirigen a cuestionar que la autoridad judicial interpretó los principios
del derecho ambiental al margen del precedente judicial imperante en la materia.
Para el demandante, la providencia atacada pasó por alto el precedente sentado por
la Corte Constitucional en las sentencias T-760 de 2007, T-095 de 2016 y T-622 de
2016 sobre la protección constitucional al medio ambiente y la fauna silvestre. Al
respecto, la Sala no encuentra configurado el defecto, pues, la autoridad judicial no
desconoció la vinculatoriedad de precedentes judiciales aplicables, por las siguientes
razones:
1) Puntualmente, en las sentencias T-760 de 2007 y T-095 de 2016, la Corte
Constitucional estudió acciones de tutela en las que se reclamó el amparo a derechos
fundamentales por la retención, decomiso y custodia de animales silvestres y
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Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
Acción de tutela
domésticos por parte de entidades del orden municipal, en ambos antecedentes
aquella Corporación confirmó la decisión de negar el amparo con fundamento en que,
por un lado, las autoridades ambientales pueden y deben intervenir para salvaguardar
las fortunas faunísticas del país y, por otro, que la eficacia del mandato constitucional
para el bienestar animal no es absoluta.
2) En cambio, en la acción que ocupó a la autoridad judicial demandada, se discutió
la vulneración a derechos colectivos por la ausencia de ecoductos o pasos de fauna
en las vías municipales, por lo tanto, la Sala observa que no existe identidad entre los
supuestos de hecho de las sentencias T-760 de 2007 y T-095 de 2016 y los
supuestos de hecho de la providencia atacada, por lo que es indiscutible que su
fuerza vinculante no se extiende al caso concreto, dicho de otro modo, no se advierte
una similitud fáctica que torne aplicables los precedentes invocados por el
demandante.
3) De otra parte, la sentencia T-622 de 2016 amparó los derechos fundamentales a la
vida, salud, agua, seguridad alimentaria, medio ambiente sano, cultura y territorio de
las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y reconoció a este
cuerpo de agua como un sujeto de derechos. En aquella ocasión la Corte
Constitucional consideró que, así no exista certeza científica sobre las afectaciones
que pudieran generar las actividades mineras en la cuenca del río, el principio de
precaución impone un mandato de protección si se presentan dudas razonables
acerca de los efectos en el ambiente natural y la salud de las personas, lo que implica
preferir la solución que evite el daño sobre aquella que pueda permitirlo.
4) En la sentencia atacada, la Sección Primera del Consejo de Estado planteó que la
debida diligencia constituye un elemento esencial del principio de prevención en
materia ambiental, pues, implica que la administración debe observar los
instrumentos legales para controlar y eventualmente mitigar los posibles daños sobre
el medio ambiente, de igual manera, expuso que en el proceso se acreditó que las
autoridades competentes ya han adoptado medidas y controles suficientes para
mitigar los posibles riesgos sobre la fauna por los proyectos de infraestructura vial en
el municipio. En la providencia se consignó lo siguiente:
“51.7. Es relevante aclarar que el principio de prevención opera tratándose de daños o
riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de
determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00701-00
Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
Acción de tutela
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir
sus repercusiones o de evitarlas.
51.8. Por lo anterior, cuando tal hipótesis se presenta, opera el principio de prevención
que se materializa en mecanismos orientados a la evaluación del impacto ambiental o
el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad
de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese
conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente […].
51.10. En ese entendido, se torna improcedente la aplicación del principio de
prevención en este caso concreto, toda vez que, el riesgo en relación con la
biodiversidad es conocido y las diferentes autoridades involucradas han adoptado las
medidas necesarias para mitigar el daño contingente y se ha realizado la evaluación
del impacto ambiental en relación con la infraestructura vial. En consecuencia, es
claro que el actor tiene la carga de probar los hechos que se exponen en la demanda
con el fin de que prosperen sus pretensiones, lo cual no ocurrió en este caso, como
quiera que no se probó la amenaza o vulneración de los derechos colectivos
invocados y por lo tanto, en este caso lo correspondiente es revocar la sentencia
proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar,
se negarán las pretensiones de la demanda.
51.11. Sin perjuicio de lo anterior, para esta Sala, es importante destacar que la
protección de la biodiversidad en la infraestructura vial en Colombia es fundamental
debido a que el país alberga una de las mayores riquezas biológicas del mundo. La
construcción y mantenimiento de vías deben considerar cuidadosamente su impacto
sobre los ecosistemas y las especies que habitan en ellos porque la fragmentación de
hábitats puede resultar en la disminución de la diversidad genética, la pérdida de
especies y la alteración de los procesos ecológicos. Integrar medidas de mitigación,
como la implementación de pasos de fauna y corredores biológicos, no solo es un
imperativo ético, sino también una estrategia necesaria para garantizar la
sostenibilidad de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades que
dependen de ellos”.
5) La Sala evidencia que la autoridad judicial demandada expuso con transparencia
los motivos por los cuales consideró que la prueba de la debida diligencia de la
Administración excluye la aplicación del principio de precaución, aunque no demerita
el compromiso que deben compartir las autoridades y los particulares para cuidar la
fauna y la flora, a su propio tiempo, también identificó las particularidades fácticas del
caso que lo alejaban de la órbita de aplicación del referido principio.
6) De lo anterior se colige que se presentaron razones claras y suficientes para
sustentar que no era aplicable en ese caso el principio de precaución en materia
ambiental sentado en la sentencia T-622 de 2016. En ese orden de ideas, el cargo
por desconocimiento del precedente judicial no está llamado a prosperar.
3. Conclusión
Para la Sala resulta claro que la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024 por la
Sección Primera del Consejo de Estado no vulnera los derechos fundamentales del
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00701-00
Demandante: Pablo César Calderón Aguirre
Acción de tutela
demandante, debido a que no se encuentran configurado un defecto fáctico ni un
desconocimiento del precedente judicial; por consiguiente, se negarán las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Deniégase la acción de tutela presentada por Pablo César Calderón Aguirre de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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