Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00499-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2019-00499-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00499-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2019-00499-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 170012333000201900499-01
Actor: Pablo César Calderón Aguirre
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte; Instituto Nacional de Vías -
INVIAS-; Autopistas del Café S.A.; Corporación Autónoma Regional de Caldas -
CORPOCALDAS-; y Municipio de Manizales
Vinculados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agencia
Nacional de Infraestructura -ANI-; Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA–; y Departamento de Caldas
Coadyuvantes: Clínica Socio jurídica de Interés Público de la Universidad de
Caldas1
Llamado en garantía: Seguros Generales Suramericana S.A.
Tema: Pasos de fauna; eco-ductos; derechos e intereses colectivos al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; y el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes
de uso público
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de
Transporte; el Municipio de Manizales; la Sociedad Autopistas del Café S.A.; la
señora Sofía Gallego Osorio, en calidad de Coadyuvante, y la adhesión presentada
1
Estudiantes Sebastián Gómez Carbonell, Sofia Gallego Osorio, y Luisa Fernanda Benavides Jaramillo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, contra la sentencia proferida el 18 de
septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El actor popular presentó demanda2 en ejercicio del respectivo medio de
control, contra el Ministerio de Transporte; el Instituto Nacional de Vías; Autopistas
del Café S.A.; la Corporación Autónoma Regional de Caldas; y el Municipio de
Manizales, con el objeto de lograr la protección de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación
de las especies animales y vegetales; el goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Se eleva a su señoría esta acción con el deseo de que por medio de la
realización de los ecoductos suficientes en la ciudad se logre esta interconección
(sic) entre los ecoparques y a su vez en un diseño inteligente se realicen los
ecuductos (sic) en las afueras de la misma, sobre las principales vías, asegurando
así el resguardo de los principios del derecho ambiental y trabajando sobre lo ya
propuesto para la ciudad como modelo de biodesarrollo a nivel mundial en un estado
ambiental de derecho.
Que se ordene a los citados en la petición, por ley y competencia ambiental y demás
responsables en el municipio de Manizales y sus vecinos que realicen
mancomunadamente los corredores biológicos, ecoductos y se encarguen de su
monitoreo científico y mantenimiento en un número suficiente de ellos necesarios
en el municipio y sus afueras.
Ya se conocen sitios específicos, zonas calientes y hay suficientes análisis que ya
determinan con certeza algunos lugares donde es necesario dichos ecoductos por
ejemplo los citados en el simposio de atropellamiento y medidas de mitigación
(https://www.facebook.com/recosfa/videos/1419555231475159/) y los evidenciados
en la presente acción caso peaje Chinchiná, que se realicen los estudios
topográficos, cartográficos biogeográficos de rigor, que se construyan los primeros
ecoductos en estos sitios donde ya hay reportes concretos y necesidades evidentes
y apremiantes. Que se construyan urgentemente y se prevengan más biocidios pues
2
Por medio de auto de 30 de septiembre de 2019, el Juez Tercero Administrativo del Circuito de Manizales – Caldas, declaró
la falta de competencia para conocer de la demanda y fue remitida al Tribunal Administrativo de Caldas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
las primeras peticiones se hicieron en el 2012 a algunas de estas entidades y al
hacer caso omiso de ellas se convierte en BIOCIDIO el delito ecológico pues la
intención sería seguir condenando a estas especies a la muerte.
2. En concordancia con el principio de transpersonalización violado. Que estas
entidades requeridas se solidaricen y se les ordene a las entidades remitidas
financiar proyectos comunitarios y de ongs ambientalistas en capacitaciones y
sensibilizaciones en cuidado de la fauna silvestre en la prevención del
atropellamiento. Que reforesten para mitigar la tala de árboles en la ampliación de
márgenes viales.
3. En coherencia con el principio del desarrollo sostenible en su devastación de
cemento insostenible: que cumplan con la paga de tasas de retribución ambiental.
Que las entidades implicadas financien la creación y sostenimiento de centros
especializados con profesionales especializados en cada especie, centros de
atención, protección y reproducción de las especies atropelladas más afectadas
según los amplios estudios. Mínimo Uno en el municipio.
4. Que cumplan con el Principio de precaución: que se ordene presentar los estudios
y en cada nueva concesión vial otorgada previa y desde la fecha de esta sentencia
estén contemplados los ecoductos como medida de precaución para la disminución
del atropellamiento de fauna silvestre. Que retribuyan en responsabilidad biosocial;
Teniendo en cuenta que varias de estas especies son consideradas sagradas para
los pueblos milenarios aún supervivientes en el territorio, que realicen en cada uno
de ellos tipificados como resguardos indígenas, ceremonias de perdón,
capacitaciones de rescate y cuidado de la fauna como símbolos de pensamiento
ancestral y se capacite en formación de guardas de la fauna silvestre en estos
resguardos.
Para cumplir con el Principio de extraterritorialidad En sus dos fases:
• Principio de unidad:
integrar la biogeografía además que con la construcción de los ecoductos, con la
siembra de flora, árboles específicos de cada zona otrora alimento y refugio de las
especies afectadas, crear, recrear y reconstruir nichos de las diferentes especies,
sitios de nidación fracturados y fragmentados por las vías. Ya que es de carácter
sistémico, por lo tanto no conoce fronteras políticas, divisiones de carreteras, El
ambiente viaja. Repercute en otra a través del agua, del aire, de la fauna.
*Concurrencia de Competencias:
Que por medio de actividades públicas, programas educativos en los canales
regionales, fiestas ambientales y culturales donde se explore el territorio ,se siembre
se mapee, se identifique la biota y recursos y se eduque a la comunidad en las
recomendaciones para la protección de la fauna y prevención de su atropellamiento,
las corporaciones autónomas, las concesiones, los entes privados beneficiados por
estas o beneficiarios en regiones y municipios, las asambleas departamentales,
concejos municipales, los representantes del municipio y cada poder; militar,
político, religioso, económico y medios de comunicación, evidencien estas acciones
permanentes en pro de la educación y prevención del ecosidio-biocidio de la fauna
silvestre en armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario. Así entonces
se protege el derecho de las generaciones futuras a gozar de las especies y de un
ambiente sano y con riqueza biológica (en el art 80 CP de 1993).
5. En reciprocidad con el Principio de participación Ciudadana: Se integra al
ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de
decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos
públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para
permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se
desenvuelve. Para ello que las partidas globales que las JAL no ejecuten se destinen
a capacitaciones públicas, comunitarias en educación de los principios del derecho
ambiental y mecanismos de participación ciudadana. Así, para la aplicación de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
cualquier proceso o proyecto es necesario utilizar una metodología que conjugue la
actividad del conocimiento de la realidad, mediante mecanismos de participación de
la comunidad, destinados al mejoramiento de sus condiciones de vida. A estos
fondos que se sume el monto que este tribunal de justicia estime en cumplimiento
al principio de:
6. EL QUE HACE EL DAÑO AMBIENTAL PAGA- Contraloría ¿a este principio si le
harán caso? Es función del derecho dentro de los criterios razonables de
probabilidad encontrar al sujeto agente del daño, individualizar el origen de la
actividad productora del daño y juzgar en derecho por el bien de la vida misma su
valor. ¿Cuánto vale un puma en vía de extinción, un oso de anteojos, un venado,
cada especie de ave, un caimán una iguana un ungulado, un cérvido, etc...?
multiplicado a millones por día. Esto da una cifra millonaria también sólo con los
estudios rigurosos de tramos específicos en carreteras colombianas ya referidos
donde en un solo tramo se pueden encontrar en un día más de 100 individuos de
una sola especie. Y 33 de 36 especies conocidas en una zona. Esto es abismal y
más que alerta roja, estas concesiones están diezmando a un ritmo aterrador
nuestra flora, fauna, y recursos. Que paguen financiando un biólogo y un profesional
en ciencias sociales por cada especie en campo para el tiempo y espacio necesario
para determinar un stood book y estado del arte de cada una de las especies con
mayor índice de atropellamiento en nuestro municipio, financiando cámaras trampa
con visión nocturna, cámaras de fotografía adecuadas, equipos y herramientas
necesarias que estos profesionales necesiten para dicha elaboración científica de
gran valor para el mundo actual. Que socialicen ampliamente dichos resultados.
7. En coherencia con el Principio de racionalidad (Estocolmo): se postula que la
formación de una racionalidad ambiental es un proceso de renovación del mundo,
de deconstrucción de los fundamentos de la civilización occidental y las falacias de
la globalización económica; y que el diálogo de saberes apunta hacia un
renacimiento que surgirá del encuentro de los seres, ya que este diálogo intercultural
racional fue omitido por las concesiones; De acuerdo a la lógica común, aunque en
estos casos de vías monstruosas el sentido común es el menos común de los
sentidos. Todo debe haberse realizado en conformidad a los estudios científicos
previos, censos poblacionales, socializaciones, planes biosociales de manejo,
líneas bióticas, abióticos, biogeográficos, de clados (sic) y dispersionismo (sic)
ambiental.
Para entender esa OTRA RACIONALIDAD que se elabore un informe de campo
sobre la cosmovisión en la forma de habitar de cada una de las comunidades
ancestrales aún supervivientes en nuestro territorio, como "ordenan su territorio"
más bien como ellos se adaptan a un territorio sin hacer daño ambiental, cómo y
con qué construyen, cuál es su centro, su periferia, cómo viajan. cómo habitan. Cada
una de ellas.
8. En paralelo con el Principio de la evaluación del impacto Ambiental. Ley 99 de
1993 Numeral 11. Art 27: "toda persona natural o jurídica, pública o privada que
proyecte realizar o realice cualquier obra o actividad susceptible de producir
deterioro ambiental, está obligada a declarar el peligro presumible que sea
consecuencia de la obra o actividad". Art 28. Derogado por evaluación del impacto
ambiental. (Programa de vigilancia y recuperación) que desde archivo preexistente
exponga el peligro detallado y porcentual por especie y puntos calientes posibles de
atropellamiento de fauna silvestre por zonas que debió haber realizado cada
concesión. De lo contrario se investigue por la moralidad administrativa a las
fiscalías ambientales, a las corporaciones autónomas y demás implicados, se les
penalice por haber realizado contratos, otorgadas licencias sin estos estudios., se
les haga corresponsables del daño y obligue a reparación.
Principio Pro Natura:
Conferencias de Estocolmo 1972 medio ambiente (aunque este término es
incorrecto)-hombre-flora y fauna. Art 85 de la ley 99 de 1993. Obligación de restaurar
el medio ambiente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Art 9 de la ley 472 de 1998 por acción u omisión, reparado o restituido.
Además estas nuevas megaestructuras (sic) viales, con su aplicación de nuevas
tecnologías modificaron los conceptos tradicionales de espacio (ampliando los
márgenes de deforestación a lado y lado) y también generan nuevas realidades que
se sintetizan en entornos más áridos contribuyendo al aumento del calentamiento
Global y en su uso al aumento de emisiones de Co y otros agentes tóxicos. Alterando
las formas de actuar de las comunidades en un territorio específico (daño de cultivos
por cambio de temperaturas, caso Dorada-victoria) Por todo ello, es necesario que
se establezca los sistemas de control que aseguren que las inversiones en
carreteras se dirigen a aquellas actuaciones que menos contribuyen al cambio
climático y que menos expuestas están a sus consecuencias.
La fauna, biota y flora no se protegen si no se educa al humano, Se hablan ya de
vías 5 G sin haber acabado las 4 G y éstas quedaron mal, pero ¿que se invierte en
la población de esto? Poblaciones humanas también fracturadas, el paisaje se
fractura, los entornos visuales sufren un daño y fragmentación, los lugares donde
otrora se organizaban las prácticas sociales se convierten en una síntesis
desorganizada de desconexión de diferentes espacios físicos, ciudades y paisajes
integrados grotescamente a infraestructuras de red que incluyen tecnología
avanzada que cada vez están más a la mano de cualquier sociedad y que tienen el
gran desafío de adoptar las instituciones a los nuevos modelos, no para estar al
servicio de una nueva economía tecnológica, sino para que la nueva economía sirva
al medio social, ambiental, cultural y político de la ciudad.
Para saldar esta deuda biosocial arrasada por las concesiones se pide también que
los llamados puntos de información sean más, dos mínimo (sic) para este municipio
se transformen en puntos de FORMACIÓN, pues no se protege lo que no se conoce,
donde se conozca el territorio, en un entorno virtual y visual se eduque en lo
específico de cada zona, su biogeografía, su biota y se transmita el ánimo
proteccionista y de precaución con la vida silvestre y se rescate los valores
tradicionales y culturales.
Por último que los planes de desarrollo nacionales estén en congruencia con el
tratado de Kioto y los Planes de Movilidad Sostenible obligatorios por ley en
municipios con población superior a 100.000 habitantes. Estos planes deberán
fomentar el uso del transporte público y los medios no motorizados […]”3.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Indicó que animales de distintas especies como cérvidos, bóvidos, jabalíes,
carnívoros, dentro de los que se destacan, los pumas andinos, tigrillos, linces, lobos,
nutrias, martas, caninos de todas las razas; lagomorfos como liebres y conejos;
insectívoros como erizos, musarañas; roedores y reptiles, mueren diariamente en
las carreteras debido al fraccionamiento de sus hábitats lo que altera o impide su
acceso a la alimentación y a las fuentes hídricas.
3
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: 002Demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
3.2. Manifestó que se generan accidentes de tránsito al esquivar a los animales
en la vía. Que la organización Red Colombiana de Seguimiento de Fauna
Atropelladas - RECOSFA trata de registrar y georreferenciar los atropellamientos
sin que hasta el momento se realicen acciones prácticas de mitigación.
3.3. Argumentó que la omisión de los principios del derecho ambiental ha
generado un daño ambiental incalculable en el cual a diario mueren millones de
animales porque no se han realizado estudios y acciones efectivas como los
ecoductos específicos para cada especie en las diferentes zonas.
3.4. Afirmó que no hay aplicación de los estudios que sugieren la construcción de
ecoductos que deben ser necesarios en los planes de manejo ambiental y en el
territorio, en la creación de corredores biológicos para la protección de las especies
afectadas por parte de las concesiones.
3.5. Señaló que entre 1956 y 1980 el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de
Santa Marta fue afectado por diversos factores naturales y antrópicos, dentro de
ellos la construcción de la carretera que comunica a la ciudad de Barranquilla con
Ciénaga, la cual interrumpió el flujo hídrico natural entre la Ciénaga y el mar, por el
aumento en la producción de la salinidad y resequedad de los suelos, con la
consecuente disminución del bosque de manglar, de la biodiversidad y el recurso
pesquero.
El trámite del proceso, en primera instancia
4. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto de 22 de octubre de 2019
resolvió inadmitir la demanda para que corrigiera los siguientes aspectos: “[…] [p]ara
que concrete cual es el ámbito territorial de las pretensiones, o sea sí es solamente
al Municipio de Manizales o (sic) es todo el territorio del departamento de Caldas.
Las pretensiones deben concretarse a las peticiones que se realizaron cuando se
agotó el requisito de procedibilidad ante las entidades a las cuales solicitó la
protección de los derechos colectivos. Debe allegar el requisito de procedibilidad de
todas las entidades demandadas. Debe identificar los “demás responsables” y el
agotamiento del requisito de procedibilidad ante todas las entidades que demanda
y que considera responsable […]”4.
4
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: 022ED_001EXPEDIENTEESCANEA.Pág. 149 y 150.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
4.1. Por su parte, el actor popular, Pablo Cesar remitió correo electrónico en el
que indicó:
“[…] omisión fatal por parte DE INVIAS, SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE, CORPORACIONES AUTÓNOMAS, ALCALDÍA DE MANIZALES Y
ALCALDÍAS VECINAS MINISTERIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE
AMBIENTE, AUTOPISTAS DEL CAFÉ, GRUPO ODINSA, AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL Y LAS
DIFERENTES CONCESIONES, RUTA DEL SOL, PACÍFICO 1,2,3 POR LEY Y
COMPETENCIA AMBIENTAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, CONCEJOS
MUNICIPALES Y DEMÁS RESPONSABLES en el municipio.
2. Pretensiones concretadas en las peticiones:
Respuesta: Se anexó los derechos de petición donde se lee en cada caso: "realizar
el máximo de ecoductos donde históricamente se reporte"..." solicito se dé solución
urgente a esta situación."
3. Agotar el requisito de procedibilidad
Respuesta: oficié mediante derecho de petición a todas las entidades y se anexaron
sus respuestas.
4. Identificar a los demás responsables: Respuesta: corresponde a la justicia
encontrar más responsables del daño. Se (sic) considera que con los oficiados por
el accionante son los necesarios […]”.
5. Posteriormente el Tribunal, mediante auto proferido el 10 de marzo de 20205
admitió la demanda contra el Municipio de Manizales, el Ministerio de Transporte,
el Instituto Nacional de Vías, Autopistas del Café y la Corporación Autónoma
Regional de Caldas y, en especial, consideró que “[…] [e]l ámbito territorial de la
acción popular se circunscribirá solo al Municipio de Manizales y el
comprendido por la Concesión Autopista del Café […]” (Destacado fuera de
texto).
Contestaciones de la demanda
6. La sociedad Autopistas del Café S.A. contestó la demanda, se opuso a las
pretensiones formuladas, así:
6.1. Indicó que la acción popular carece de sustento fáctico y jurídico, lo cual pone
en riesgo el debido proceso en su modalidad de contradicción y defensa de la
sociedad.
6.2. Aclaró que la sociedad es una persona jurídica de derecho privado que
construyó unas obras recibidas a satisfacción, que suscribió con el INVIAS el
contrato de concesión núm. 113 de 1997 con el objeto de “realizar por el sistema de
concesión los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de
construcción, la operación y el mantenimiento y la prestación de los servicios del
5
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: 022ED_001EXPEDIENTEESCANEA.Pág. 163 a 165.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
proyecto vial ARMENIA – PEREIRA – MANIZALES”, el 1 de febrero de 2009 terminó
la etapa de construcción del contrato y la entidad concedente recibió.
6.3. Expresó en relación con los hechos que no se identifica alguna carretera en
particular, que la acusación es acierta, abstracta y genérica, además, que no señala
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurriría lo que relata el actor
popular, que los estudios allegados con la demanda no se refieren a los
departamentos de Risaralda, Caldas o Quindío que es donde se ubica el proyecto
vial.
6.4. Señaló que, para el caso de Autopistas del Café S.A., tanto la autoridad
Nacional de Licencias Ambientales como las corporaciones autónomas regionales
verificaron el cumplimiento de los instrumentos de manejo ambiental y no han hecho
requerimientos o amonestaciones de ningún tipo relacionadas con la ausencia de
alguna de las obras que se pretenden.
6.5. Reiteró que Autopistas del Café S.A. no tiene facultad para planear obras
públicas ni disponer recursos para su ejecución ni ejecutarlas cuando no le han sido
contratadas.
6.6. Indicó que no se identifica dentro de la demanda el concepto de violación ni
se menciona algún hecho que permita inferir la supuesta vulneración de los
derechos colectivos invocados.
6.7. Aclaró que cada una de las obras adelantadas por Autopistas del Café y entre
ellas la ampliación de vías cuenta con el respectivo instrumento de manejo
ambiental que le sea aplicable, y se establecen las medidas de compensación que
son de obligatorio cumplimiento. Manifestó que en relación con el cruce de fauna
silvestre ha instalado demarcación suficiente en las áreas donde se ha evidenciado
cruce de animales de distintas especies, la demarcación es fabricada en material
reflectivo y que su ubicación es coordinada con las autoridades locales ambientales
como la Corporación Autónoma Regional.
6.8. Señaló que, para el caso puntual de la concesión vial, se identificó la zona de
influencia del Parque Regional Natural Barbas Bremen, el cual se encuentra ubicado
entre el Municipio de Filandia y Circasia en el Quindío. De igual manera se identificó
el sector vial que conduce del Municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda,
pasando por Chinchiná y llegando a Manizales. En consecuencia, se instalaron
señales preventivas reflectivas que advierte sobre la presencia de animales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
silvestres en la zona, para sensibilizar a los usuarios de la vía para la conducción
responsable.
6.9. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación
en la causa por pasiva”; “Inexistencia de los elementos estructurales de la
responsabilidad”; “Cumplimiento de las obligaciones contractuales de Autopistas del
Café S.A.”; “Inexistencia de un nexo causal entre el supuesto daño o peligro
causado con una conducta de Autopistas del Café S.A.”; “Cualquiera que se derive
del presente escrito”; y “Cualquiera que resulte probada en el proceso”6.
7. La Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
contestó la demanda7, por medio de apoderado, en la cual se opuso a las
pretensiones formuladas, así:
7.1. Señaló que no le constan los hechos descritos en la demanda,
específicamente en los hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto,
manifestando que estos no están respaldados por documentos o pruebas concretas
y que corresponde al accionante aportar la prueba de lo alegado.
7.2. Manifestó que ha desarrollado una serie de estrategias y acciones de
educación ambiental dirigidas a la conservación, restauración y uso sostenible de
los recursos naturales, especialmente en temas como el tráfico ilegal de fauna y la
sensibilización de la comunidad frente a los atropellamientos de animales en las
vías, cubriendo puntos críticos del departamento mediante la instalación de señales
verticales y la realización de campañas como “En la Vía también hay Vida”.
7.3. Agregó que, en cumplimiento de la Ley 1333 de 20098 y la Resolución 2064
de 20109, se han creado tres centros de atención, valoración y rehabilitación de
fauna silvestre, ubicados estratégicamente en el departamento de Caldas para
atender a las especies afectadas por la actividad humana.
7.4. Consideró que, según el Decreto 1076 de 201510 y el Decreto 3573 de
201111, la ANLA es la entidad responsable de otorgar licencias ambientales para
proyectos de infraestructura vial de carácter nacional, incluyendo la construcción de
6
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente digital documento denominado:
022ED_001EXPEDIENTEESCANEA páginas 203 a 242.
7
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado:022ED_001EXPEDIENTEESCANEA.pdf, Folio 241 a 252 (481 a 503)
8
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”
9
“Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes
de especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”
10
“Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”
11
“Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan otras disposiciones”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
pasos ambientales. En este contexto, mencionó que, a través del Oficio núm. 2018-
IE-00000616, emitido el 12 de enero de 2018 por esta entidad, notificó al actor
popular sobre su falta de competencia para evaluar y autorizar licencias ambientales
relacionadas con la red vial nacional.
7.5. Determinó que, en cuanto a la competencia en materia vial, CORPOCALDAS
no tiene responsabilidades en la construcción y mantenimiento de vías, conforme a
lo estipulado en la Ley 105 de 199312 y la Ley 715 de 200113, este marco normativo
se asigna dicha competencia al Instituto Nacional de Vías y a las entidades
territoriales. En consecuencia, al ser una entidad ambiental, CORPOCALDAS
carece de atribuciones para gestionar infraestructura vial, que son competencia de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por lo tanto, no se le puede atribuir
responsabilidad alguna en los problemas viales planteados.
7.6. Concluyó que ha actuado dentro de los límites de su competencia y conforme
a la legislación vigente, no pudiendo ser responsabilizada por la omisión de licencias
o medidas que corresponden a la ANLA.
7.7. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación
en la causa por pasiva y competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-”; y “Falta de competencia de la Corporación Autónoma
Regional de Caldas en el otorgamiento de licencias ambientales o ejecución de
proyectos cuando no se encuentran en el área de su jurisdicción”.
8. La Nación - Ministerio de Transporte contestó la demanda14, se opuso a
las pretensiones formuladas, así:
8.1. Determinó que su rol primordial incluye la formulación y adopción de políticas,
planes, programas y regulaciones económicas y técnicas en materia de transporte
carretero, marítimo, fluvial, ferroviario y aéreo.
8.2. Reconoció el impacto significativo que los atropellamientos de fauna tienen
sobre la biodiversidad, así como la importancia de la colaboración interinstitucional
entre el Estado, la academia y la comunidad para mitigar esta problemática. Destacó
que, en conjunto con entidades como INVIAS, ANI, ANSV, MADS e Instituto
12
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación
y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”
13
"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre otros"
14
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: 46_170012333000201900499011EXPEDIENTEDIGI20231101105742
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Humboldt, se ha fortalecido la recopilación y análisis de datos, lo que ha permitido
desarrollar lineamientos, guías técnicas y modelos predictivos para prevenir el
atropellamiento de fauna silvestre.
8.3. Precisó que se han llevado a cabo talleres regionales en principales ciudades
para sensibilizar a la población sobre la mitigación del atropellamiento de fauna.
Además, destacó el desarrollo del aplicativo de la Red Colombiana de Seguimiento
de Fauna Atropellada – RECOSFA, gestionado por el Instituto Tecnológico
Metropolitano de Medellín en colaboración con la ANI, e indicó que este aplicativo
facilita la recopilación de información por parte de los concesionarios viales sobre
las medidas de mitigación implementadas y los incidentes de atropellamiento.
Igualmente, que el INVIAS implementó el aplicativo SUKUBUN, destinado a
capturar información sobre el atropellamiento de fauna silvestre y desarrolló la
“Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte”, que incluye la
creación de un comité de sostenibilidad para la captura de información sobre
avistamientos y atropellamientos de fauna.
8.4. Subrayó que con estas acciones se pretende elaborar un mapa de
vulnerabilidad faunística en la red vial nacional, que identifique puntos críticos de
atropellamiento y acompaña proyectos viales en el desarrollo de medidas de
prevención y mitigación.
8.5. Consideró que no queda demostrada una vulneración efectiva, daño o
amenaza actual contra las especies de vida silvestre como resultado directo de la
ausencia de ecoductos o pasos ambientales, toda vez que el despliegue de políticas
y proyectos ha sido propicio para atender las necesidades de protección de la fauna
en relación con las infraestructuras viales.
9. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS contestó la demanda15, se opuso a
las pretensiones formuladas, así:
9.1. Argumentó que no tiene responsabilidad en los hechos denunciados, ya que
en todas las vías bajo su gestión se han implementado medidas adecuadas para la
protección de la fauna, como la construcción de pasos de fauna y la instalación de
sistemas de drenaje que permiten el cruce seguro de animales.
15
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: Contestaciòn popular rad 201900499 (1).pdf
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
9.2. Señaló que ha implementado la “Política de Sostenibilidad” para la
infraestructura vial, adoptada mediante la Resolución 405 de 2020. Esta política
abarca medidas ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos de
infraestructura vial, desde su planeación hasta su operación, asegurando la
protección de la fauna y la flora en los proyectos a cargo de la entidad.
9.3. Implementó el sistema SUKUBUN, una plataforma que captura y monitorea
información sobre el atropellamiento de fauna. Los datos recolectados permiten
evaluar los incidentes y diseñar medidas de mitigación. Esta acción se enmarca en
la política de sostenibilidad, y el instituto afirmó que el sistema está en fase de
desarrollo y recolección de datos para futuros análisis.
9.4. Explicó que, desde 2013, ha desarrollado los Lineamientos de Infraestructura
Verde Vial, que incluyen diseños específicos de pasos de fauna para los nuevos
proyectos viales. Además, cuenta con una guía para el manejo de fauna atropellada,
en coordinación con otras entidades nacionales, para definir y ejecutar estrategias
que minimicen los impactos sobre la fauna.
9.5. Destacó que, en su sitio web, existe un enlace llamado "Club Vida en la Vía",
el cual busca promover entre los usuarios de las vías la prevención del
atropellamiento de fauna silvestre. Esta es una campaña de concienciación para los
conductores y un esfuerzo adicional dentro de las medidas de sostenibilidad
implementadas por el INVÍAS.
9.6. Aseguró que prevé el diseño y construcción de pasos de fauna como parte
de sus requisitos en los nuevos contratos. Estas medidas se establecen desde la
etapa de estudios y diseño de los proyectos para evitar el atropellamiento y
garantizar la conservación de la fauna silvestre en las áreas de influencia de las
vías.
9.7. Aseguró que no tiene legitimación en la causa por pasiva en relación con la
Autopista del Café, ya que esta es una vía concesionada y, por tanto, su operación
y mantenimiento no son competencia directa del Instituto.
9.8. Afirmó que el accionante no ha presentado pruebas claras que vinculen las
acciones u omisiones del INVÍAS con la supuesta vulneración de derechos
colectivos. Además, sostuvo que los hechos relacionados con el atropellamiento de
fauna ya han sido solucionados a través de la implementación de diversas medidas.
Entre ellas, mencionó la instalación de alcantarillas y otros sistemas de cruce seguro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
cada 100 metros en las vías bajo su control, así como el desarrollo de políticas
ambientales y de sostenibilidad que incluyen la protección de la fauna silvestre.
9.9. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) “falta de legitimación
en la causa por pasiva del instituto nacional de vías, respecto de la autopista del
café”; ii) “inexistencia de responsabilidad por parte del Instituto Nacional de Vías”;
iii) “carencia de prueba de la vulneración o amenaza de derechos colectivos
respecto del instituto nacional de vías”; y iv) “hecho superado”.
10. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales - ANLA16, contestó la
demanda, se opuso a las pretensiones formuladas, así:
10.1. Reconoció los impactos negativos que los proyectos lineales, como vías y
carreteras, generan sobre las comunidades de fauna, incluyendo la muerte
abundante de diversas especies de vertebrados tetrápodos y los efectos adversos
de la fragmentación de hábitats. Por ello, los proyectos sujetos a la obtención de
una Licencia Ambiental deben implementar medidas de manejo ambiental para
prevenir, mitigar, corregir o compensar dichos impactos. Sin embargo, se precisó
que los impactos mencionados en la demanda por el actor popular no están
directamente asociados a ningún proyecto licenciado por esta Autoridad, lo que
resalta la falta de fundamento en las alegaciones presentadas.
10.2. Indicó que, el proyecto “Construcción de la segunda calzada y tercer carril,
así como la rehabilitación en los sectores de Armenia, Club de Tiro, Chinchiná, y
otros, correspondientes a la vía Armenia - Pereira - Manizales” cuenta con un Plan
de Manejo Ambiental, contenido en la Resolución núm. 1031 de 2020, el cual incluye
medidas específicas para la protección de la fauna.
10.3. Señaló que ha realizado un seguimiento estricto de la implementación de las
medidas ambientales, el cual consta mediante el Concepto Técnico de Seguimiento
y Control Ambiental núm. 1511 del 28 de marzo de 2022, y se acogió mediante el
Acta 86 de la misma fecha. Dentro de las medidas implementadas, se destaca la
señalización en las áreas de alto riesgo de atropellamiento de fauna y la
implementación del programa "Pon tus ojos en la vía", que permite a los usuarios
reportar avistamientos o atropellos de fauna; al igual que se advierte que se
construirán los pasos de fauna requeridos en el desarrollo de la ejecución del tramo
vial.
16
Vinculada mediante audiencia de pacto de cumplimiento con fecha de 19 de abril de 2022. Cfr. Cuaderno principal del
Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo denominado: Contestación
AP- 2019-00499.pdf.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
10.4. Precisó que, aunque no está dentro del área de interés, se contempló dentro
del proyecto "Variante La Paz" la construcción de pasos de fauna tipo box culvert
en cumplimiento de las medidas de manejo ambiental del Plan de Manejo Ambiental
aprobado mediante la Resolución núm. 785 de 2015, incluyendo el uso de pasos
específicos para especies de fauna silvestre. Además, se concluyó que el paso de
fauna ha sido utilizado de manera efectiva por mamíferos y aves, lo cual contribuye
a la reducción de atropellamientos y favorece la reproducción de estas especies
según el informe de monitoreo.
10.5. Argumentó que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos denunciados,
ya que no existe un nexo de causalidad entre sus actuaciones y los daños alegados,
puesto que las acciones realizadas se enmarcan dentro de sus competencias y en
cumplimiento de las regulaciones ambientales, y que, por lo tanto, no puede ser
considerada responsable de la vulneración o amenaza a los derechos colectivos
alegados.
10.6. Sostuvo que no tiene legitimación en la causa por pasiva, dado que no ha
participado en los hechos que originaron la demanda, ni tiene la obligación
contractual o legal de satisfacer las pretensiones del demandante, “[…] toda vez
que como se ha indicado, una vez verificada la ubicación de las zonas de alto riesgo
de atropellamiento de fauna indicadas por el actor popular en zonas aledañas a la
ciudad de Manizales, ninguna de ellas se asocia directamente a algún proyecto
licenciado por esta Autoridad […]”.
10.7. Afirmó que, de acuerdo con el principio de carga de la prueba, corresponde
al accionante demostrar la veracidad de sus afirmaciones. Sin embargo, subrayó
que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que la entidad es
responsable por los daños alegados.
10.8. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) “inexistencia de
responsabilidad y nexo de causalidad”; ii) “improcedencia de la acción popular por
inexistencia de amenaza o vulneración a los derechos colectivos por parte de la
ANLA”; iii) “falta de legitimación por pasiva”; iv) “insuficiecia (SIC) probatoria- carga
probatoria en cabeza del accionante”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
11. La Nación – Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
contestó la demanda17, se opuso a las pretensiones formuladas, así:
11.1. Indicó que no existe evidencia suficiente que demuestre que se haya
vulnerado algún derecho o interés colectivo.
11.2. Precisó que el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, actualmente conocido como Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, creó la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
mediante el Decreto núm. 3266 de 2004. Esta dirección fue responsable de otorgar
y supervisar las licencias ambientales. Sin embargo, con la entrada en vigencia del
Decreto núm. 3573 del 27 de septiembre de 2011, se constituyó la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, la cual asumió las competencias
anteriormente ejercidas por dicha dirección.
11.3. Afirmó que, de acuerdo con el artículo 2° ibidem, la ANLA no solo tiene la
facultad de otorgar o negar licencias, permisos y trámites ambientales, sino que
también está encargada del seguimiento a los mismos y de representar judicial o
extrajudicialmente a la Nación en asuntos relacionados con su competencia.
11.4. Reiteró que la ANLA ha asumido el rol que antes correspondía a la Dirección
de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, que operaba bajo el Viceministerio
de Ambiente del extinto Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
11.5. Señaló que como entidad responsable de formular políticas en materia
ambiental y de recursos renovables, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible carece de competencia para asuntos relacionados con licencias
ambientales, y dado que el órgano que expidió la licencia ya no existe, se reconoce
que la competencia para el seguimiento y la gestión de dicha licencia recae en la
ANLA.
11.6. Finalmente, propuso la excepción que denominó: “Falta de legitimación en la
causa por pasiva”.
12. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI contestó la demanda18, se
opuso a las pretensiones formuladas, así:
17
Vinculada mediante audiencia de pacto de cumplimiento con fecha de 19 de abril de 2022. Cfr. Cuaderno principal del
Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo denominado:
49_170012333000201900499011EXPEDIENTEDIGI20231101110049
18
Vinculada mediante audiencia de pacto de cumplimiento con fecha de 19 de abril de 2022. Cfr. Cuaderno principal del
Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo denominado: Contestación
ANI - AP 2019-00499-00 .pdf
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
12.1. Indicó que, a través de la Resolución 115 de 16 de febrero de 1999, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible otorgó una licencia ambiental al
Instituto Nacional de Vías para la construcción de la segunda calzada y tercer carril
en el proyecto vial Armenia-Pereira-Manizales. Posteriormente, mediante la
Resolución 0420 del 17 de mayo de 2001, se autorizó la cesión de derechos de esta
licencia a la Sociedad Autopistas del Café S.A., la cual ha implementado diversas
medidas de manejo ambiental, como la señalización preventiva para la protección
de la fauna y programas de capacitación en educación ambiental, con el fin de
mitigar los impactos ecológicos derivados de las obras.
12.2. Consideró que, conforme a la Resolución 1031 del 8 de junio de 2020, la
ANLA modificó la licencia ambiental para incluir un Programa de Protección de
Fauna dentro del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, actualizando así las
disposiciones previas. Destacando que la concesionaria ha implementado acciones
clave para proteger la fauna en la Autopista del Café, incluyendo la instalación de
señalización preventiva para cuidar a los animales que cruzan la vía. Además, se
han llevado a cabo medidas de capacitación y educación ambiental, así como la
delimitación del área de intervención. También se lanzó el programa “Pon tus ojos
en la vía” en la aplicación de Autopistas del Café, que permite a los usuarios reportar
avistamientos de fauna y casos de atropellamiento.
12.3. Manifestó que se ha desarrollado una Agenda Ambiental Interministerial,
entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transporte,
con el propósito de proteger la fauna en el marco de proyectos de infraestructura
vial en Colombia. En este contexto, se han desarrollado lineamientos específicos
para “[…] evitar, prevenir, mitigar y corregir los potenciales impactos ambientales
negativos […]”. Así, tanto la ANI como las concesiones y las autoridades
ambientales han estado aplicando estos lineamientos en todas las fases de
planificación y construcción de carreteras, garantizando que las obras no solo
cumplan con los requisitos técnicos, sino que también integren estrategias que
protejan a la fauna, lo cual se evidenciará en el desarrollo del proceso judicial.
12.4. Señaló que no ha vulnerado ningún derecho colectivo, en tanto ha ejecutado
sus funciones de planificación y ejecución de proyectos de concesión, conforme al
Decreto 4165 de 2011, reconociendo las nuevas problemáticas ambientales que
requieren un fortalecimiento de capacidades. En este marco, en colaboración con
el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, llevó a cabo en 2021 jornadas de
capacitación dirigidas a concesiones e interventorías sobre la prevención de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
atropellamientos de fauna y la gestión de esta problemática. Además, ha
garantizado que los proyectos de infraestructura pública se desarrollen siguiendo
los lineamientos de infraestructura verde vial, lo que evidencia su compromiso con
la sostenibilidad.
12.5. Enfatizó que, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Decreto Ley 3570 de
2011, la ANLA no solo otorga licencias ambientales, sino que también realiza el
seguimiento, por tal motivo ha sido la responsable de la veeduría sobre el
cumplimiento de la normatividad ambiental en el proyecto vial Armenia-Pereira-
Manizales, gestionado por la sociedad Autopistas del Café S.A, como se evidencio
con la actualización del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, incorporando
medidas para prevenir y mitigar impactos sobre la fauna.
13. Seguros Generales Suramericana S.A, llamado en garantía por Autopistas
del Café19, contestó la demanda20 y se opuso a las pretensiones formuladas, así:
13.1. Manifestó que las pretensiones de la demanda carecen de fundamento
fáctico y jurídico, toda vez que los hechos presentados son aseveraciones
subjetivas que no cuentan con sustento probatorio, por lo cual el actor popular no
ha logrado demostrar que los hechos denunciados tengan relación con las acciones
u omisiones de Autopistas del Café S.A., lo que resalta la ausencia del nexo causal.
13.2. Argumentó que Autopistas del Café S.A. no puede ser la responsable en este
proceso porque no tiene la calidad de autoridad ambiental ni la obligación de
ejecutar obras de infraestructura que no estén estipuladas en el contrato de
concesión. Determinó que sus funciones se limitan a las obras de rehabilitación,
mantenimiento y operación vial, y que la responsabilidad de la protección ambiental,
como la construcción de ecoductos, recae en las autoridades competentes, no en
la concesionaria
13.3. Afirmó que el daño ambiental alegado, en particular los atropellamientos de
fauna, no fue causado por Autopistas del Café S.A., sino por conductores
particulares o terceros ajenos a la concesionaria, por ende, no puede ser
responsabilizada por la conducta de terceros que transitan por la vía, ya que no
tiene control sobre esos eventos. En este caso, los conductores individuales serían
los responsables directos de los atropellamientos, y no la concesionaria.
19
Vinculada por medio de auto de 5 de noviembre de 2023. Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo denominado 025ED_004AUTO201949900AD.pdf.
20
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: CONTESTACIÓN DEMANDA Y LLTO GTÍA- SURAMERICANA S.A.- ACCIÓN POPULAR. PABLO CESAR
CALDERON AGUIRRE RAD. 201900499
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
13.4. Determinó que Autopistas del Café S.A. ha cumplido todas las obligaciones
estipuladas en el Contrato de Concesión núm. 0113 de 1997, incluidas las relativas
a la protección del medio ambiente. Asegurando que la concesionaria ha
implementado todas las medidas de mitigación ambiental requeridas por las
autoridades competentes y que no existe evidencia de incumplimiento alguno
13.5. Manifestó que la responsabilidad por el deterioro ambiental no recae
exclusivamente en el Estado o en la concesionaria, ya que los asociados, es decir,
la sociedad y los individuos, también deben asumir parte de la responsabilidad en
la preservación del medio ambiente.
13.6. Solicitó que se declare la prescripción de la acción, argumentando que ha
transcurrido el plazo legal para hacer las reclamaciones, por lo que no puede
exigirse responsabilidad alguna a la concesionaria.
13.7. Respecto a las pretensiones del llamamiento en garantía, la aseguradora
sostuvo que los riesgos denunciados no están amparados en las pólizas
contratadas. Afirmó que la póliza de responsabilidad civil no cubre los daños
ambientales alegados, ni los derivados del dolo, tal como lo estipula el artículo 1055
del Código de Comercio. Además, señaló que existen cláusulas de exclusión que
limitan la cobertura en relación con daños ecológicos puros, y que el límite de valor
asegurado y los deducibles pactados excluyen cualquier responsabilidad adicional.
13.8. Finalmente propuso, frente a la demanda, las excepciones de mérito
denominadas: i) “carencia de legitimación en la causa por pasiva de Autopistas del
Café”; ii) “ausencia de los elementos estructurantes del daño ambiental alegado, la
acción popular no cumple con los requisitos señalados en la ley 472 de 1998”; iii)
“inexistencia del contenido obligacional peticionado, por ausencia de prueba del
nexo causal”; iv)”causa extraña el presunto daño ambiental yace a causa del hecho
de un tercero o de terceros no vinculados”; v) “la imputación a autopistas del café
s.a. resulta imposible”; vi) “cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
de concesión 0113 de 1997, a cargo de la Autopistas del Café S.A.”; vii) “relatividad
de la falla en el servicio- el deterioro medio ambiental alegado, no es una obligación
absoluta del estado, corresponde también a sus asociados la asunción del mismo”;
y viii) “prescripción, caducidad y compensación”.
13.9. Asimismo, propuso las siguientes frente al llamamiento a garantía: i)
“inasegurabilidad del dolo”; ii) “ausencia de cobertura por inexistencia de amparo de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
daños o responsabilidad ambiental”; iii) “exclusión por daños ecológicos puros”; iv)
“límite de valor asegurado y deducible pactado”; e v) “inexistencia de solidaridad en
el marco del contrato de seguro”.
14. El Municipio de Manizales presentó escrito de contestación de la demanda,
de manera extemporánea21.
15. En calidad de coadyuvantes, los ciudadanos Sebastián Gómez Carbonell,
Sofia Gallego Osorio y Luisa Fernanda Benavides Jaramillo22 presentaron
contestación de la demanda en los siguientes términos:
15.1. Precisaron que el aplicativo web proporcionado por Autopistas del Café, a
pesar de permitir a los usuarios reportar avistamientos de fauna, no es lo eficiente
para identificar de manera precisa los puntos donde ocurren con mayor frecuencia
atropellamientos de animales. Esto impide una respuesta efectiva y la toma de
medidas adecuadas para mitigar este tipo de incidentes, lo que incrementa el riesgo
de atropellamiento en zonas vulnerables.
15.2. Alegaron que, a pesar de las medidas implementadas por Autopistas del Café
S.A., como la señalización y el programa "Pon tus ojos en la vía", estas han sido
insuficientes para evitar la muerte de fauna silvestre, señalando tan solo en el
reporte de febrero se presentaron “[…] al menos seis zorros perrunos en vías de
Quimbaya, Filandia, Autopistas del Café y Armenia […]”.
15.3. Mencionaron estudios académicos realizados en el departamento de Caldas,
que confirman la ocurrencia frecuente de atropellamientos de fauna en las vías del
área, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas más robustas y específicas
para proteger a las especies vulnerables que habitan la región.
15.4. Solicitaron que se realice un estudio detallado sobre la fragmentación de los
ecosistemas a lo largo del recorrido de la Autopista del Café y la vía que conduce
de Manizales al Parque Nacional Natural Los Nevados; y con base en los resultados
del análisis de fragmentación, se determinen y ejecuten las medidas necesarias
para mitigar el impacto ambiental negativo que estas vías han generado sobre la
fauna silvestre, priorizando la protección de especies vulnerables. Además de la
realización de análisis forense en las zonas donde se reporta mayor incidencia de
21
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: 022ED_001EXPEDIENTEESCANEA.pdf, Folio 241 a 252 (481 a 503)
22
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente en One Drive del Tribunal archivo
denominado: 052ED_059COADYUVANCIAAPUNI.pdf
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
atropellamientos, con el fin de identificar las especies más vulnerables y establecer
una línea base de la fauna que habita en estos ecosistemas fragmentados.
La audiencia de pacto de cumplimiento
16. El Tribunal, mediante audiencia de 19 de abril de 2019 llevo a cabo la
audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se suspendió para la vinculación de
algunas entidades, posteriormente se continuó el 21 de junio de 2022, y se declaró
fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes23.
Sentencia proferida, en primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia de 18 de septiembre
de 2023, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de: (-) falta de
legitimación en la causa propuestas por Autopistas del Café SA, Corpocaldas, el
Invias, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Infraestructura; (-) inexistencia de
los elementos estructurales de la responsabilidad propuesta por Autopistas del
Café SA; y, (-) falta de competencia propuesta por Corpocaldas.
SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probadas las excepciones de: (i)
cumplimiento de las obligaciones contractuales de Autopistas del Café e
inexistencia de nexo causal propuestas por Autopistas del Café SA; (-)
inexistencia de responsabilidad del Invias- carencia de pruebas propuestas por
el Invias; (-) inexistencia de responsabilidad y nexo causal – improcedencia de
la acción popular insuficiencia probatoria propuestas por la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales.
TERCERO: AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, el
equilibrio ecológico y la conservación de las especies.
CUARTO: ORDENAR al municipio de Manizales:
4.1. Dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y caso de no haberlo
realizado aun, el municipio de Manizales hará un inventario de los hábitats de las
áreas de interés ambiental, o aquellas donde exista fauna silvestre, que pueden ser
fraccionados por las redes viales que existen en el municipio. Con la asesoría de
Corpocaldas.
4.2. Dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, determinar
específicamente la fauna de dichos hábitats que requieran los pasos de fauna,
señalando las características técnicas mínimas que cada especie requiera. Con la
asesoría de Corpocaldas.
4.3. El municipio de Manizales deberá adelantar la construcción de los pasos de
fauna en las vías municipales, de la siguiente manera: (-) de las especies en peligro
en un plazo de un año siguiente a la ejecutoria de la sentencia; (-) para las demás
especies en un plazo de tres años siguientes a la ejecutoria de la sentencia; y , (-)
una campaña pública acerca de cada una de las especies en peligro en el municipio
23
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
056ED_066ACTACONTINUACIONP.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
de Manizales y para evitar su atropellamiento, dentro de los dos años siguientes a
la ejecutoria de la sentencia.
4.4. En cuanto a las vías departamentales y nacionales, el municipio de Manizales
enviará los requerimientos de pasos de fauna a Corpocaldas y ANLA para que, en
el plazo de dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia, estas entidades
determinen la necesidad de los mismos o las medidas de conectividad de los
hábitats pertinentes. En el caso de las especies en peligro, Corpocaldas y la
ANLA deberán exigir al Invias y Autopistas del Café la implementación de los pasos
de fauna, que deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años siguientes a la
ejecutoria de la sentencia.
QUINTO: Se fijan agencias en derecho a favor de la parte demandante, en la suma
de un salario mínimo legal mensual vigente.
SEXTO: El Comité de Verificación estará conformado por el magistrado ponente, el
demandante Pablo César Calderón Aguirre, un representante del municipio de
Manizales, un representante de Corpocaldas y el agente del Ministerio Público ante
el despacho del magistrado ponente.
SÉPTIMO: La parte resolutiva de la sentencia será publicada en un diario de amplia
circulación local en el municipio de Manizales.
OCTAVO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITASE (sic) copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
NOVENO: Una vez ejecutoriada esta providencia, remítase al juzgado de origen,
previas las anotaciones respectivas en “Siglo XXI” y archívese […]”24.
Consideraciones del Tribunal
18. El Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver era el siguiente: “[…]
¿Se vulneran los derechos colectivos al ambiente sano, equilibrio ecológico,
aprovechamiento de los recursos naturales y al goce del espacio público por la no
existencia de ecoductos en las vías en el área del municipio de Manizales? […]”.
18.1. El Tribunal se refirió a la estructura ecológica del municipio de Manizales y
su biodiversidad y también sobre las redes viales en la zona rural del municipio
mencionado. Determinó el marco normativo y jurisprudencial de los derechos
colectivos invocados como vulnerados. Asimismo, se refirió sobre el paradigma
ambiental adoptado en Colombia y los animales como seres sintientes y su
protección como individuos, la protección de la biodiversidad y los principios de
precaución y prevención.
18.2. El Tribunal consideró las funciones de las entidades en la protección de la
biodiversidad en la infraestructura vial, en el que determinó las obras que requieren
licencia ambiental, la necesidad de los estudios de impacto ambiental y el sistema
24
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente digital documento denominado:
002ED_168SENTENCIAPRIMERA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
de responsabilidad de la infraestructura vial, igualmente se refirió sobre los contratos
de concesión.
18.3. El Tribunal indicó que se demostró la existencia de un daño contingente y
una amenaza a los derechos colectivos en Manizales, debido a la proximidad de las
redes viales a áreas de interés ambiental y la presencia de especies en peligro. Se
argumentó que el riesgo de atropellamiento de incluso un solo individuo representa
una vulneración significativa, a pesar de que los atropellamientos reportados son
escasos. Además, se evidenció un mapa de vulnerabilidad que respalda la
necesidad de medidas de protección.
18.4. Consideró que el municipio de Manizales incumplió sus deberes de
protección ambiental, al no establecer pasos de fauna que aseguren la continuidad
de los hábitats en su jurisdicción. A pesar de que los Ministerios de Ambiente y
Transporte han implementado políticas y herramientas para la conservación de la
biodiversidad, el municipio no ha demostrado acciones efectivas para proteger la
fauna en las redes viales.
18.5. Determinó que otras entidades, como el Instituto Nacional de Vías - INVIAS
y CORPOCALDAS, han llevado a cabo acciones significativas en la protección de
la fauna, incluyendo el desarrollo de políticas de sostenibilidad y campañas
educativas. Sin embargo, el municipio no presentó evidencias de medidas
adecuadas en sus vías, lo que, en criterio del Tribunal, evidencia una falta de
coordinación en la protección de la fauna y contribuye al riesgo de atropellamientos.
18.6. Manifestó que la insuficiencia probatoria del demandante respecto a zonas
de protección ambiental y especies en riesgo no excluye la responsabilidad del
municipio. Se resaltó la existencia de especies en peligro de extinción en Manizales,
cuya protección debe ser prioritaria. Además, el municipio debe mantener un
inventario de estas especies y evaluar la conectividad de sus hábitats, considerando
la causalidad entre su omisión y el riesgo de atropellamiento.
18.7. Concluyó que se debe aplicar el principio de prevención, obligando al
municipio a adoptar medidas proactivas para evitar el daño a la fauna. La protección
de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y el equilibrio ecológico
será garantizada, lo que incluye la consideración de diferentes elementos para la
conectividad, no limitándose únicamente a la construcción de ecoductos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Recurso de apelación presentado por la Nación - Ministerio de Transporte
19. El Ministerio de Transporte presentó escrito por medio del cual interpuso el
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los
siguientes términos:
19.1. Indicó que la sentencia de primera instancia no establece de manera clara la
responsabilidad del Ministerio de Transporte, generando incertidumbre sobre si se
le atribuye alguna culpa en el caso planteado por el accionante. La falta de mención
explícita a la entidad en la resolución de la sentencia deja abierta la posibilidad de
no ser considerado responsable.
19.2. Consideró que, aunque el Ministerio tiene funciones de coordinación y
vigilancia en materia de transporte, no es un órgano ejecutor de políticas, por lo que
no existe un nexo de causalidad entre los hechos narrados en la acción popular y
las funciones que desempeña. Además, subrayó que las obras públicas en vías
nacionales corresponden al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y a la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), entidades encargadas de la ejecución de
proyectos en este ámbito.
19.3. Manifestó que el Ministerio ha realizado esfuerzos conjuntos con diversas
entidades para mitigar el atropellamiento de fauna silvestre, incluyendo la
generación de lineamientos y guías técnicas. A través de talleres regionales, se ha
trabajado en sensibilizar a los actores involucrados sobre la importancia de abordar
esta problemática, destacando la participación de múltiples instituciones y la
comunidad.
19.4. Determinó que, en virtud de la Ley 105, la responsabilidad por la
infraestructura de transporte está claramente distribuida entre la Nación y las
entidades territoriales, dejando en claro que el Ministerio de Transporte no es el
encargado de construir los ecoductos o corredores biológicos necesarios para
proteger la fauna, funciones que recaen en otras entidades como el INVIAS y las
Corporaciones Autónomas Regionales.
19.5. Solicitó finalmente la revocatoria de la sentencia de primera instancia,
argumentando que no existe legitimación en la causa por pasiva para el Ministerio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
de Transporte, porque no se han vulnerado los derechos colectivos invocados y no
se le puede atribuir responsabilidad en la presente acción popular25.
Recurso de apelación presentado por la sociedad Autopistas del Café S.A.
20. La sociedad Autopistas del Café S.A. presentó escrito por medio del cual
interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia,
en los siguientes términos:
20.1. Indicó que Autopistas del Café S.A., como persona jurídica de derecho
privado, está limitada a las actividades expresamente contratadas en su convenio
con la Agencia Nacional de Infraestructura, las cuales no incluyen la construcción
de “ecoductos”. Estableció que, al finalizar el contrato en 2027, todas las obras
revertirán a La Nación, y que la empresa no está facultada para realizar obras
públicas ajenas a su objeto social, lo que implica que cualquier ejecución de obras
no contratadas podría resultar en un enriquecimiento sin causa para La Nación.
20.2. Determinó que no existe obligación legal ni contractual que imponga a
Autopistas del Café S.A. la construcción de las obras mencionadas en la sentencia,
por lo que no puede ser considerada responsable por su incumplimiento. Afirmó que
el demandante no cumplió con la carga probatoria de demostrar los elementos
esenciales de responsabilidad colectiva, como el daño, la autoría y la causalidad, y
subrayó que la responsabilidad del riesgo hacia la fauna recae en el Municipio de
Manizales y las autoridades ambientales, no en la concesionaria.
20.3. Consideró que el Tribunal Administrativo de Caldas reconoció que las
medidas para la fauna deben ser definidas por las entidades competentes, y que
condenar a Autopistas del Café S.A. a realizar obras cuya necesidad no ha sido
establecida por estudios técnicos carece de fundamento. Solicitó que, en caso de
ser necesarias obras civiles, estas deben ser contratadas y remuneradas por La
Nación, a través de las entidades pertinentes.
20.4. Manifestó que Autopistas del Café S.A. cumplió con sus obligaciones
contractuales, presentando evidencia de que las obras fueron recibidas a
satisfacción y que los requisitos ambientales fueron verificados. Solicitó la
modificación de la sentencia para que se reconozca este cumplimiento y se aclare
25
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente digital documento denominado:
118ED_170RECURSOAPELACIONM.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
que cualquier requerimiento adicional de obras civiles debe ser gestionado y
financiado por la Agencia Nacional de Infraestructura.
20.5. Solicitó se declaren probadas las excepciones de: i) inexistencia de los
elementos estructurales de la responsabilidad; ii) cumplimiento de las obligaciones
contractuales e iii) inexistencia de nexo causal. En consecuencia, solicitó la
modificación del último inciso del numeral 4.4. para que se indique que es la Agencia
Nacional de Infraestructura la que debe contratar y asumir el costo de las obras
civiles requeridas para la construcción de los ecoductos26.
Recurso de apelación presentado por la Clínica Socio-jurídica de Interés
Público de la Universidad de Caldas
21. La Clínica Socio-jurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas,
parte coadyuvante en el proceso, presentó escrito por medio del cual interpuso el
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que
solicitó la modificación del numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia, en el sentido de incluir al coadyuvante como integrante del comité
de verificación de cumplimiento de la sentencia27.
Recurso de apelación presentado por el Municipio de Manizales
22. El Municipio de Manizales presentó escrito por medio del cual interpuso el
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los
siguientes términos:
22.1. Argumentó que el numeral tercero de la sentencia no determinó si los
derechos colectivos fueron alguna vez vulnerados, cómo y dónde; si están bajo
riesgo de afectación presente y/o futura; si es bajo responsabilidad de cuál o cuáles
de las autoridades o entidades; si se probó alguna afectación o riesgo y en qué
porcentaje pudo afectarse ese interés colectivo.
22.2. Se opuso a que se señale como responsable al municipio y a la obligación
de reparar las presuntas amenazas o vulneraciones a los derechos colectivos por
cuanto las demás entidades vinculadas pueden responder también.
26
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente digital documento denominado:
120ED_172RECURSOAPELACIONA.
27
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente digital documento denominado:
122ED_174RECURSOAPELACIONC.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
22.3. Aclaró que, a riesgo de parecer indolente, quiere llamar la atención sobre la
efectividad de imponer a hoy, actuaciones de obras civiles y campañas educativas
alrededor de una fauna que a nivel mundial va perdiendo su espacio ante el
crecimiento de la urbe, del cemento, del “desarrollo” y que en la parte rural de
nuestro municipio esa realidad no es ajena. Dados estos impactos ambientales
sufridos por cerca de tres décadas y ante la posible merma de conectividad
ecológica por la construcción de estas vías autopistas que unen en su tránsito y
transporte a las poblaciones de municipios altamente poblados, es muy posible que
haya ocasionado cambios en los patrones de movimiento de las especies que, por
supervivencia, buscaran en forma natural sus propios “pasos seguros” y,
excepcionalmente, atropellos de individuos dado el acceso a este carreteable de la
fauna para cruce o tránsito desprevenido.
22.4. Señaló que la imposición de ecotúneles es reciente para el otorgamiento de
licencias ambientales.
22.5. Indicó que no se puede desconocer los esfuerzos realizados por los
verdaderos “responsables” de mitigar el impacto ya causado para con las especies
que dan vida a lado y lado de nuestras principales vías que nos comunican con
nuestros vecinos municipios y es precisamente lo que en forma natural, es decir,
dado el relieve e hidrografía que acompañan las mismas vías, obligaron la
edificación de puentes y hasta túneles que permiten el paso de la fauna silvestre
por encima o debajo de estas estructuras, cuando no es que, por imposición
reciente, el actual concesionario, Autopistas del Café SA, alude a la construcción o
mejoramiento de “Box coulvert modificados” y que “cumplen” salvo mejor criterio,
con permitir el tránsito de especies pequeñas, porque no existe evidencia de
grandes vertebrados en la zona para el tránsito a través de éstos. En consecuencia,
adujo la disminución de eventos de atropello de fauna silvestre a casi cero.
22.6. Aclaró que la respuesta a la presente demanda que el municipio dio en su
momento (con anexo de la carga probatoria alusiva), fue tenida como recibida por
“fuera de oportunidad” pese a sí haberse remitido tal en oportunidad pero por las
vicisitudes tecnológicas de la época pandémica tal correo se “extravió” y por ende
tal respuesta no obtuvo el más mínimo miramiento pero, vale la oportunidad para
aludir a que sí existe tal conocimiento del municipio sobre su entorno ambiental y,
para el caso que nos ocupa, sobre las especies en peligro, con todo y que, la fauna
silvestre, históricamente, ha sido un tema “vedado” tanto para los empleados del
municipio en su Secretaría de Medio Ambiente - Unidad de Protección Animal (UPA)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
como de la Policía Nacional en su especialidad ambiental siendo ello de entero y
exclusivo conocimiento de CORPOCALDAS con el manejo y rehabilitación que
hacen cuando se llevan individuos de estas especies, dada su eventual
vulnerabilidad por algún tipo de incidente, a sus “hogares de paso”.
22.7. Controvirtió que el Tribunal justificó las actuaciones de todas las demás
entidades demandadas y/o vinculadas en el actual proceso, con fundamento en sus
contestaciones, sus alegaciones y que la sentencia, pese a que no desvincula
ninguna de las entidades, tampoco les impone órdenes judiciales, como sí lo hizo al
ente territorial, no como presunto agresor o por sus omisiones en los derechos
colectivos invocados, sino como “sancionado” por no responder la demanda en
oportunidad y por presuntamente no “demostrar” las acciones para la protección
ambiental, cuestionando adicionalmente que descarga en el municipio toda la
responsabilidad.
22.8. Argumentó en relación con el numeral 4.1 que sí existe el inventario y que
requiere de una actualización para la vigencia 2024, todo lo contrario, a lo que se
asegura en la sentencia de instancia e indica que históricamente el municipio de
Manizales sí ha tomado en serio el estudio global medio ambiental de su territorio,
así como constantemente realiza campañas educativas ambientales. Durante la
vigencia 2020-2023 se han emprendido acciones para proteger las especies en
peligro en el Municipio de Manizales, mediante documentos construidos y
campañas.
22.9. Indicó en relación con el numeral 4.2 que se evidencia en el Decreto 1076 de
2016 que la incorporación de infraestructura verde vial en proyectos de
infraestructura vial se orienta a incluir acciones de protección ambiental desde las
etapas iniciales de planeación y diseño, de tal manera que se deben implementar
acciones para evitar y, en caso de ocurrencia, mitigar los impactos durante la
construcción y operación, de modo que en suma generen que esos impactos
ambientales sean positivos.
22.10. Señaló que, para el caso del Municipio de Manizales, la autoridad ambiental
o entidad administradora de la fauna silvestre, es la Corporación Autónoma
Regional de Caldas – CORPOCALDAS, encargada según su competencia, de
administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. En consecuencia, las entidades tantas veces citadas como demandadas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
y vinculadas en el proceso objeto de sentencia y que a continuación se refiere,
siguen siendo responsables solidarias para determinar específicamente la fauna de
dichos hábitats y que además requieran esos “pasos de fauna”, señalando las
características técnicas mínimas que cada especie requiera, así como la
financiación y/o ejecución de éstos.
22.11. Consideró en relación con el numeral 4.3 de la parte resolutiva de la
sentencia que no es coherente y que bien se podría configurar un “defecto
sustantivo” por una “indebida motivación” porque se obliga al municipio de
Manizales a “[…] adelantar la construcción de los pasos de fauna en las vías
municipales […]”, por: i) la falta de legitimación en la causa de otras entidades o
autoridades; y ii) el detrimento patrimonial por la construcción de los pasos de
faunas en las vías municipales, por el término en que fue ordenada y sin tener en
cuenta la falta de personal para realizarla, por lo que solicita la subsidiariedad de
las demás entidades descritas para que colaboren armónicamente con asesoría
técnica y con los recursos si es del caso.
22.12. En relación con el numeral 4.4 indicó que ese debe ser el sentido de la parte
resolutiva de la sentencia, que no se puede desconocer la real competencia de las
entidades demandadas, ni la posibilidad que éstas, bajo los estudios y experticias
del caso, coadyuven con la solución de un posible riesgo y efectividad del mismo,
en caso de comprobarse la vulneración; e indicó, además, que no debe ser a través
del municipio la imposición de este mandato, sino que el Tribunal debe requerir a
las entidades, con la intervención necesaria siempre del Ministerio Público, para
efectos de control y seguimiento de sus decisiones.
22.13. Consideró en relación con el numeral quinto, que tanto las costas, las
expensas, gastos y agencias en derecho, conforme la normativa y la jurisprudencia,
que no se deben reconocer porque la actora solo promovió el proceso, no incurrió
en gastos y que sus actuaciones no fueron relevantes para la prosperidad de las
pretensiones.
22.14. Por último, solicitó que se declare que el Municipio no ha amenazado o
vulnerado derecho colectivo alguno y asimismo solicitó que no se acceda al amparo
solicitado; que se declaren fundadas las excepciones propuestas por la entidad y
que, en caso de que no se acceda a esas solicitudes, se modifiquen los plazos
otorgados28.
28
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente digital documento denominado:
124ED_176RECURSOAPELACIONM
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Recurso de apelación adhesiva presentado por el Instituto Nacional de Vías -
INVIAS
23. El Instituto Nacional de Vías presentó escrito por medio del cual interpuso el
recurso de apelación adhesiva contra la sentencia proferida, en primera instancia,
en los siguientes términos:
23.1. Indicó que interviene para darle fuerza al recurso de apelación presentado
por autopistas del Café S.A, en el cual se solicita la modificación del numeral 4.4 de
la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, e indicó que, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 3 del Decreto 4165 de 2011, la Agencia Nacional de
Infraestructura es la entidad que tiene a su cargo las vías nacionales concesionadas
más allá de la suscripción de los contratos de concesión bajo el esquema de
alianzas publico Privadas, toda vez que las vías en ningún momento dejan de ser
bienes de uso público ni se le trasfiere la propiedad de las mismas a un privado.
23.2. Señaló que en el numeral 4.4 de la parte resolutiva de la sentencia dentro del
presente medio de control debió ser vinculada en igual sentido la Agencia Nacional
de Infraestructura- ANI, toda vez que es la entidad pública encargada de la
administración de las vías objeto del contrato de concesión núm. 0113 de 1997 y
dentro de sus facultades puede a través de su contratista realizar las obras que
eventualmente le impongan las entidades ambientales.
23.3. Consideró que en el escrito de apelación de la empresa Autopistas del Café
S.A., así como también en la sentencia objeto de apelación, se manifiesta que el
demandante no logro probar la vulneración de los derechos colectivos invocados,
además de que las entidades públicas del sector transporte desde el año 2019
vienen implementando políticas públicas y medidas para la preservación de la fauna
en las vías de la red vial nacional de carreteras así como la implementación de
medidas ambientales adecuadas para la preservación de las especies por lo que se
debió declarar en su totalidad las excepciones de inexistencia de responsabilidad
del invias y carencia de pruebas propuestas por el INVIAS, así como también las
excepciones de cumplimiento de las obligaciones contractuales e inexistencia de
nexo causal propuestas por autopistas del Café.
23.4. Solicitó que teniendo en cuenta que el despacho en la parte motiva de la
sentencia estableció la aplicación del principio de prevención respecto del municipio
de Manizales, lo cual deja de entrever que no se logró demostrar la vulneración de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
los derechos colectivos invocados en el presente medio de control por parte del
Invias y de autopistas del Café; y que en la actualidad y en el desarrollo del proceso
no existe un estudio que determine la necesidad de la construcción de los ecoductos
sobre las vías administradas por Invias y por la ANI a través de la empresa
Autopistas del Café S.A. En ese orden, se deben declarar probadas en su totalidad
las excepciones propuestas por estas partes procesales y hasta que el municipio no
determine dicha necesidad, no se está incurriendo en la vulneración de los derechos
colectivos invocados en el medio de control promovido.
23.5. Solicitó se modifique el numeral 4.4 de la parte resolutiva a efectos de indicar
que es la Agencia Nacional de Infraestructura la entidad que deberá contratar y
asumir el costo de las obras civiles requeridas para la construcción de los ecoductos
a los que se refiere la sentencia y la declaratoria de las excepciones presentadas
por Autopistas del Café de: i) inexistencia de los elementos estructurales de la
responsabilidad; ii) cumplimiento de las obligaciones contractuales; y iii) inexistencia
de nexo causal, así como también se declaren probadas en su totalidad las
excepciones de inexistencia de responsabilidad del INVIAS y carencia de pruebas
propuestas por el INVIAS29.
Actuaciones en segunda instancia
24. El Despacho sustanciador, mediante auto de 20 de noviembre de 202330,
ajustó al efecto devolutivo los recursos de apelación interpuestos; mediante auto de
27 de febrero de 202431 admitió los recursos de apelación y la adhesión; y por medio
de auto de 22 de julio de 2024 negó las solicitudes probatorias presentadas por el
Municipio de Manizales. El Ministerio Público no rindió concepto, ni las partes se
pronunciaron en relación con los recursos de apelación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
25. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
principio de prevención en materia ambiental; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho ambiental como garantía del derecho colectivo al goce
29
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, expediente digital documento denominado:
129ED_181ADHESIONAPELACION.
30
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00004.
31
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00010.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
al ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico; vi) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce de un espacio público y la
utilización y la defensa de los bienes de uso público; y vii) el análisis del caso
concreto.
Competencia de la Sala
26. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 32, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201933, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15034 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201135, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
27. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las partes demandadas en sus recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 18 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, de conformidad con los artículos 32036 y 32837 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201238, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Los problemas jurídicos
28. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación:
28.1. Determinar si es procedente la revocatoria de la sentencia de primera
instancia en relación con la solicitud de la Nación – Ministerio de Transporte, no
32
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
33 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
34 Modificado por las leyes 1564 y 2080 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por
medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
35
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
36
“[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme
la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
37
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones […]”
38
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
obstante, no haberse señalado como responsable y tampoco atribuírsele alguna
orden en la parte resolutiva de la providencia.
28.2. Si existe vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos al
goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible y el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público por la no existencia de pasos de fauna o eco-ductos en el Municipio de
Manizales y sus vías aledañas. En caso de determinarse la amenaza o la
vulneración se analizará si:
28.2.1. El Municipio de Manizales es competente para realizar una
actualización del inventario de los hábitats de las áreas de interés ambiental, o
aquellas donde exista fauna silvestre que pueda ser fraccionada por las redes viales
en su jurisdicción, la determinación de la fauna de dichos hábitats que requieran
pasos de fauna y la construcción de los pasos de fauna.
28.2.2. Si la sociedad Autopistas del Café tiene competencia para la
implementación de los pasos de fauna ordenada en el numeral 4.4 de la parte
resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia y también si la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI en el marco de sus competencias como
administradora de las vías concesionadas es la que debe realizar las obras
mencionadas.
28.3. Determinar si es procedente la inclusión de la Clínica Socio jurídica de Interés
Público de la Universidad de Caldas dentro del Comité de Verificación de
Cumplimiento de la Sentencia.
28.4. Determinar si es procedente la revocatoria de las agencias en derecho a favor
de la parte demandante en la suma de 1 smlmv, teniendo en cuenta el precedente
jurisprudencial sobre el tema y que la intervención realizada por el actor popular no
fue determinante en la protección de los derechos colectivos amenazados.
29. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 18 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, en primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
30. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
30.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
30.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
30.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
30.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”39.
30.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de 2014; C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de prevención
en materia ambiental
31. El principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el Principio
17 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo según el cual
“[…] deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente […]”.
31.1. Es importante recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le impone
al Estado la obligación de prevenir los factores de deterioro ambiental; así las cosas,
al igual que el principio de precaución, el principio de prevención está señalado en
la Ley 99, principalmente por la remisión que efectúa el numeral 1 del artículo 1.º,
norma según la cual “[…] el proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en
la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo […]”, postulado que también se manifiesta en el numeral 7 ibidem cuando
se refiere al principio de “quien contamina paga” al prever que “[…] el Estado
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y
para la conservación de los recursos naturales renovables […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
31.2. La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 201540 se refirió al principio
de prevención definiéndolo en los siguientes términos:
“[…] aquel que busca ‘que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o
minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de
otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas
o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se
produzca o se agrave’. La doctrina ha expresado que ‘se ha producido, en nuestros
días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino
que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención
en uno de los grandes principios estructurales de este sector del derecho internacional
público. La finalidad o el objeto último del principio de prevención es, por tanto, evitar
que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben adoptar medidas
preventivas’.
Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial
de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia práctica de la
acción preventiva requiere de una armonización con el principio de precaución, al
flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el Estado adopte una
determinación. El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible
conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha
de determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el
principio de precaución opera en ausencia de certeza científica absoluta […]”.
31.3. El principio de prevención abarca los supuestos en los cuales el estado del
conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos que sobre el medio
ambiente son provocados por determinada actividad, por lo que es necesario el
despliegue de las facultades de la Administración para evitar que se concrete el
riesgo o el daño previo a que ocurran.
31.4. En ese sentido la debida diligencia constituye un elemento fundamental del
principio de prevención en materia ambiental, teniendo en cuenta que ello implica la
aplicación en el proceder de la administración de los instrumentos legales para
controlar y eventualmente mitigar los posibles daños sobre el medio ambiente. Es
de suma importancia para garantizar la aplicabilidad del mencionado principio, el
proceder de acuerdo con el reglamento o instrumento autorizado. Así, la actuación
diligente implica acciones de preservación y otras de atención a obligaciones,
incluso de carácter internacional.
40
Corte Constitucional. Sentencia C-449/15. Referencia: Expediente D-3748. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en
contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial), de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.” Demandante: Ricardo Vanegas Sierra. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, 23 de abril de 2002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del derecho colectivo al goce al ambiente sano
32. En el orden internacional41 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Río de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en su preámbulo tiene como objetivo
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y
las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial.
32.1. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un
lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el
otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99 de 22 de diciembre de
1993.42
32.2. En efecto, el artículo 1.º Ibidem sobre los principios generales ambientales
dispone que:
“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:
1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.
32.3. En sentido similar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"43, adoptado el 17 de noviembre de 1988, aprobado en
nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la Ley 319 de 20 de septiembre de
199644 y promulgado mediante Decreto 429 de 14 de marzo de 200145, estableció:
41
Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el
19 de julio de 2018, proceso identificado con número único de radicación 270012331000201100179-02(AP), C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
42
Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones.
43
El citado instrumento internacional entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 de acuerdo con lo previsto en su artículo 21,
numeral 3.
44
Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador', suscrito en San Salvador el 17de noviembre de
1988.
45
Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de
1988.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
“[…] ARTICULO 11. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente […]” (Destacado de la Sala).
32.4. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está
amparado por lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional46 ha denominado
la “Constitución Ecológica”, esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la
Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse
la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio
ambiente.
32.5. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que
desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95
que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando
la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados.
32.6. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) como un servicio
público y, iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su
integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así
como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un
carácter de objetivo social.
32.7. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional47 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y
46
Corte Constitucional: Sentencias T-411 de 17 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de 22 de
noviembre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1 de abril de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-
431 de 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
47
Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015, M.P. Diana Fajardo Rivera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
32.8. Asimismo, sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, la referida
Corporación en sentencia T-046 de 29 de enero de 199948 precisó lo siguiente:
“[…] cabe señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección
de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes
para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de
la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de
cooperación con otras naciones para la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80) […]”.
32.9. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197349 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197450, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio
común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los
particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del
ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
32.10. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
48
M.P. Hernando Herrera Vergara.
49
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos
Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
50
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo
remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad y el derecho de
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del
principio de precaución.
32.11. Finalmente, el goce de un ambiente sano ha sido entendido, tanto por la
Corte Constitucional como por esta Corporación, como un derecho multidimensional
fundamental y colectivo. Al respecto, se considera pertinente citar la sentencia
proferida por esta Sección el 14 de marzo de 201951, en los siguientes términos:
“[…] Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido
entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un
derecho multidimensional fundamental y colectivo52. Precisamente, en sentencia de
28 de marzo de 2014, esta Sección adujo lo siguiente:
“[…] Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda
vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse
estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud);
ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente
sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii)
de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente
para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y,
iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo
de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e
imposición las sanciones a que haya lugar). […]53
Ahora bien, acerca de la noción de medio ambiente y los alcances del derecho al
goce del ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:
“[…] Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como
todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los
recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna,
etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer
la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.
En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias
dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida
y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de
un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de
51
Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo de 2019, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación: 17001-23-00-000-2011-00337-01 (AP).
52
Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Demanda de
inconstitucionalidad contra los articulas 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Actor: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Exp. 0-8379.
53
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 25000-23-
27-000-2001-90479-01 (AP)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y
futuras), iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo
sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar) y v) de derecho
colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior.
Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al
derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible
relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional
determinó:
“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y
a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para
la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los
hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que
el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”54.
Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado:
“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución
recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las
pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado
de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo
sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (…)
De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a
gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de
éste […]” (Subraya inserta en el texto)
[…]
Por ello, el principio de desarrollo sostenible se convierte en el parámetro
que debe guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas.
El mencionado principio facilita el proceso de armonización de las tensiones
existentes entre el uso y la explotación de los recursos naturales; con la
necesidad de conservar y proteger el ambiente55. En efecto, el artículo 80 de
la Carta Política consagra una garantía estatal de racionalización de los
recursos naturales, a través de la cual se establecen pautas de preservación
del ambiente al interior de la estrategia de crecimiento económico que
promueva el Estado.
A nivel normativo el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, define el desarrollo
sostenible como aquel que: “[…] conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades […]”. En igual sentido, la Ley 1523
54
Corte Constitucional, Sentencia C - 671 de 2001.
55
Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia de 17 de agosto
de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01 (AP).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
de 201256, dispuso en su artículo 3° que: “[…] el desarrollo es sostenible
cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras
e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación
insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente constituyen características
irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo
de desastres […]”.
Cabe precisar que este concepto también se nutre de diversos compromisos
multilaterales de los Estados. Particularmente, la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el
informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible Río + 20 de 22 de junio de 2012 y la XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático de 2015, entre otros.
Estos instrumentos internacionales ponen de presente la necesidad de
promover políticas que mantengan y expandan la base de los recursos
naturales desde una estrategia de equidad intergeneracional, la cual
reconoce que: i) es necesario preservar los recursos naturales para el
beneficio de las generaciones futuras; ii) la explotación de los recursos debe
ser sostenible, prudente y racional; y, iii) las consideraciones
medioambientales deben ser parte de los planes de desarrollo.
En efecto, recientemente el Estado Colombiano suscribió el Acuerdo de
París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y aprobado mediante Ley 1844
de 2017, en cuyo marco el gobierno nacional reitera el compromiso global de
armonizar el bienestar de las personas con el de la naturaleza, de manera
que el medio ambiente sea considerado como parte fundamental del proceso
de desarrollo.
Sin embargo, esta actividad de ponderación de ambos bienes jurídicos no
resulta sencilla. Por ello, esta Sección, en la sentencia de 21 de junio de
2001, recordó que el Estado que no puede frenar el desarrollo cuando este
sea sostenible. Es decir, aquel que “[…] lleve al crecimiento económico, al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los
recursos, ni deteriorar el ambiente […]”57.
Sumado a ello, en la sentencia de 18 de marzo de 2010, la Sección Primera
de esta Corporación judicial, al reconocer el escenario complejo que afrontan
las autoridades públicas en la interpretación del principio de desarrollo
sostenible, puso de presente que: “[…] el medio ambiente involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida
del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural […]”58.
De igual manera, conforme al criterio jurídico definido en la sentencia de 28
de marzo de 201459, el concepto de desarrollo sostenible posibilita el
desarrollo de actividades productivas que conduzcan al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
56
"Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres".
57
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero.
58
Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas
Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-
01(AG). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
59
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 25000-23-
27-000-2001-90479-01(AP).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.
Por lo anterior, es dable concluir que, a nivel normativo y jurisprudencial, la
protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las
personas (naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el ecosistema
nacional y mundial […]” (Subrayado del texto).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
33. Vistos: i) los artículos 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198960 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200261; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199862 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 2005 63, sobre el uso y goce del espacio
público.
34. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.
35. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:
“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del
60
“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones […]”.
61
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
62
“[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
63
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y
artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales
del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo […]”.
36. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional64 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).
37. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
38. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.
39. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.
39.1. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.
64
Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda Espinosa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Análisis del caso concreto
40. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.
41. El Tribunal considero que si se demostró la existencia de un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración y derechos o intereses colectivos
porque: i) en el Municipio de Manizales las redes viales nacional y municipal están
en contacto o atraviesan áreas de interés ambiental; ii) existen especies en peligro,
por lo que el riesgo o atropellamiento de un solo individuo constituye la amenaza a
los derechos colectivos; iii) se han reportado atropellamientos a fauna; y iv) en las
redes nacionales si existe un mapa de vulnerabilidad que demuestra el riesgo de la
fauna, en especial la que está en peligro de extinción.
42. El Tribunal determinó que el Municipio de Manizales no ha cumplido con sus
deberes de protección al ambiente, determinando los sitios donde deben
establecerse pasos de fauna para la continuidad de los hábitats en las áreas de
interés ambiental de su jurisdicción e incluso en la red terciaria.
43. El Tribunal consideró que pese a la insuficiencia probatoria de la parte actora
en cuanto a las zonas de protección ambiental y las especies que estén en riesgo
por las redes viales, de las pruebas se demuestra que existe descoordinación entre
las acciones de las entidades responsables de las redes viales, atribuible al
municipio de Manizales, para abordar la protección de la fauna y evitar su
atropellamiento. No se demostró que en los planes de manejo ambiental del
municipio se hayan desarrollado medidas de protección y conectividad en torno a
sus redes viales, incluso veredales. Que existen especies en peligro de extinción,
las cuales deben ser protegidas en todos los ámbitos, incluso viales, así no haya
sucedido algún atropellamiento. Indicó que si bien el Municipio de Manizales como
principal responsable de las zonas de interés ambiental de su jurisdicción, no tiene
competencia para construir ecoductos en las vías nacionales o departamentales, si
debe tener un inventario de las especies en riesgo cuyo hábitat sea fraccionado por
las redes viales como una evaluación de los medios técnicos para la conectividad
de sus hábitats.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
44. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes65:
44.1. Copia de una fotografía extraída de un reportaje de prensa que muestra un
puma yaguarundí y un puma con color atropellados en una autopista66.
44.2. Copia de la fotografía aérea de la Autopista del Café, que según el actor
popular evidencia la división causada en la biogeografía de la zona.
44.3. Copia de las fotografías de unas señales informativas de paso de fauna.
65
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivos denominados:
007ED_DEMANDA001EXPEDIENT.
66
Especies atropelladas en las carreteras de Caldas (lapatria.com)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
44.4. Copia de los estudios nacionales realizados por la red RECOSFA sobre la
problemática, los cuales cita parcialmente, así:
“PROBLEMÁTICA AMBIENTAL POR LA NO CONSTRUCCIÓN DE ECODUCTOS
EN LA AUTOPISTA POR LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
PROTEGIDAS
Especies protegidas y en peligro, Administración e instituciones públicas
El creciente número de grandes infraestructuras que suponen una barrera, sumado
a la sensibilidad ambiental ha llevado a la necesidad de crear estructuras específicas
para paliar los efectos perniciosos de autovías / autopistas y líneas de ferrocarril de
alta velocidad, que por sus propias características de obra lineal y la necesidad de
acceso totalmente restringido, parten el territorio en dos.
Este felino, del que viven en eje cafetero, es una especie muy territorial, que ocupa
una amplia zona de campeo, lo que obliga a los ejemplares jóvenes a dispersarse
en busca de nuevos territorios donde asentarse.
Esta circunstancia resulta especialmente fatal en la autopista del café, donde buena
parte de la población de linces vive en los bordes del espacio protegido, que está
rodeado por una red de carreteras que los felinos en dispersión deben de cruzar y
en las que han fallecido decenas de ejemplares en los últimos años, los últimos tres
en 2010.
En más de una ocasión hemos comentado que la fragmentación de los hábitats
naturales es la primera amenaza para la biodiversidad global. Una de las principales
causas de fragmentación es la proliferación descontrolada y no planificada de
infraestructuras, entre las que destacan, por sus dimensiones e influencia, las vías
de comunicación, y especialmente las autovías y las grandes líneas férreas. Su
construcción implica partir un territorio en fragmentos que en ocasiones quedan tan
aislados entre sí, dada las características de estas estructuras y la necesidad de
evitar accidentes, que ningún animal que no vuele o se tele transporte puede cruzar
de un lado a otro. Este aislamiento supone, entre otras cosas, reducción o
eliminación de flujos de individuos, obstáculos a las rutas migratorias, incrementos
adicionales de la mortalidad, etc., que a medio o largo plazo podrían ser fatales para
las poblaciones afectadas.
Por fortuna las técnicas constructivas modernas y los nuevos materiales aportan
soluciones capaces de mitigar de forma efectiva los efectos de fragmentación que
suponen las vías de comunicación, permitiendo mantener conectados los hábitats
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
originalmente continuos mediante corredores que imitan o "sustituyen" el paisaje
inicial. Entre estas soluciones destacan los grandes pasos de fauna o
ecoductos que, a modo de corredores ecológicos, conectan ambos lados de
las infraestructuras permitiendo el flujo de individuos y reduciendo el
aislamiento.
Estos "ecoductos" unen los dos arcenes de la carretera mediante una estructura de
varios metros de altura y 15 metros de ancho, que es recubierta con tierra y plantas
para conformar un paso natural de fauna.
Además, esta plataforma elevada queda aislada de la carretera mediante vallas
opacas que evitan la visibilidad y disminuyen el nivel de ruidos.
El uso habitual de los ecoductos por mamíferos, y especialmente por el lince,
constatado por esta fotografía por primera vez, evidencia que estos pasos de fauna
elevados cumplen su función primordial, que es el incremento y garantía de la
seguridad vial en zonas frecuentadas por la fauna, haciéndolo además de forma
beneficiosa para la propia fauna y su conservación
El desarrollo económico requiere de grandes cantidades de infraestructuras de
transporte cuya necesidad es incuestionable, pero por otro lado, dichas
infraestructuras tienen generalmente un gran impacto en el medio ambiente al
atravesar ciertas zonas vulnerables o de gran valor ecológico.
Con el paso de los años se han ido produciendo una serie de avances en estudio y
prevención de dicho impacto, aunque como siempre, aún queda mucho camino por
recorrer. Las vías de transporte, como ejes lineales que son, constituyen una barrera
para el desplazamiento de fauna, dando lugar al fenómeno conocido como
fragmentación de hábitats, uno de los factores más peligrosos para la conservación
de la diversidad biológica. El efecto barrera también favorece determinadas
situaciones de inseguridad vial como consecuencia del cruce de animales cuyos
corredores naturales se ven interrumpidos por una infraestructura.
A este respecto surge la figura del eco ducto, infraestructura destinada a salvar otra
infraestructura de uso humano, y que tiene como fin evitar en lo posible la
fragmentación.
Vías de comunicación obstaculizan a la fauna
En la actualidad el número de infraestructuras de transportes está creciendo de
forma desmesurada, y en la mayoría de los casos los beneficiarios de estas grandes
obras de comunicación no son tan numerosos como cabría esperar. Estamos
hablando principalmente de carreteras y autovías, vías de transporte de alta
capacidad que están siendo construidas para mejorar la movilidad de las personas,
bienes o mercancías, con una intensidad de tráfico intensa, pero no nos paramos a
pensar que el territorio por el cual atraviesan muchas veces está dificultando el
movimiento de la fauna en sus hábitats naturales, y finalmente es un (sic) uno de los
principales factores causantes de la pérdida de biodiversidad.
Durante la planificación, el proyecto, construcción y mantenimiento de estas vías de
comunicación de alta carga, ya sean ferrocarriles o autopistas, se establece una
evaluación de impacto ambiental que debe proporcionar las consecuencias de
dichas obras en el medio natural donde se van a establecer y las mejores soluciones
para mitigar la afección a las especies que habitan en estos lugares, más cuando
atraviesan áreas con un carácter de protección especial, como por ejemplo las
ZEPAS (Zonas de Especial Protección Para las Aves).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Los "ecoductos" minimizan los accidentes en las carreteras, y reducen el problema
de la fragmentación de hábitats
Después de estudiar todos los casos por dónde puede transcurrir una infraestructura
de esta magnitud, el impacto sobre la fauna debe minimizarse al máximo y para que
estas vías no produzcan el llamado "Efecto barrera" en las poblaciones, la
fragmentación de los hábitats, o la irrupción de animales en las calzadas o vías
llegando a provocar accidentes. Desde los años 90 se ha promovido la construcción
de ecoductos, se trata de pasos específicos para la fauna, ya sean pasos inferiores
o superiores al nivel de la vía de comunicación, o incluso falsos túneles, para facilitar
la conectividad entre los espacios naturales divididos. Estos corredores son
exclusivos para la fauna, y no para la circulación de cualquier tipo de vehículo.
El grupo de trabajo Acción Cost 341 que está integrado por representantes de las
administraciones de transporte y conservación de la naturaleza del Estado y de las
Comunidades Autónomas pretende evaluar los efectos de las vías de transporte en
la naturaleza y las causas de la fragmentación de hábitats, y proponer medidas a
aplicar para corregir o compensar estos efectos […]”. (Destacado fuera de texto)
44.5. Copia del contrato de concesión núm. 113 de 21 de abril de 1997, cuyo objeto
fue: realizar por el sistema de concesión los estudios y diseños definitivos, las obras
de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento y la prestación
de los servicios del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales, además el acta de
inicio de operación del 1º de febrero de 2009.
44.6. Copia del documento titulado: “La política de sostenibilidad para la
infraestructura de transporte del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS”, adoptada
mediante la Resolución núm. 405 del 13 de febrero de 2020, donde solo prevé la
implementación de un aplicativo de información como de alternativas tecnológicas
de avistamiento y atropellamiento de fauna como el aplicativo SUKUBUN o la página
web club vida en la vía, y el manejo de fauna atropellada.
44.7. Copia del documento lineamientos de infraestructura verde vial para
Colombia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Transporte, que en relación con la planeación de proyectos de factibilidad y diseños
definitivos, determina: i) la elaboración de estudios ambientales para proyectos de
construcción de infraestructura de transporte que no requiere licencia ambiental; ii)
la elaboración de estudios y diseños para la ejecución de proyectos de construcción
o mejoramiento de infraestructura carretera que no afecten o minimicen la
afectación de las Áreas de Especial Interés Ambiental que contengan soluciones
como los pasos de fauna; iii) la elaboración de estudios y diseños de pasos de fauna
para la construcción o mejoramiento de infraestructura carretera en el que se indica:
“[…] Para cumplir con este objetivo, los estudios de caracterización deben realizarse
considerando los principales grupos faunísticos representados en el área de
influencia, resaltando la presencia de especies endémicas, en peligro, amenaza o
vulnerabilidad, migratorias, sensibles a la infraestructura de transporte y
susceptibles al atropellamiento (p. ej.: perezosos, hormigueros, zarigüeyas y
armadillos). Igualmente, es esencial determinar sus hábitos, comportamiento y
necesidades de movilidad”.
Este conjunto de información orienta las decisiones definitivas de trazado, diseños,
obras o adecuaciones y medidas de manejo que se han de implementar para
garantizar las ya mencionadas necesidades de movilidad de la fauna silvestre. A
continuación, se enuncian ejemplos de los posibles tipos de soluciones:
• Optar por trazados que eviten o minimicen la afectación a la movilidad de la
fauna silvestre (que no intervengan corredores de conectividad o zonas con
vegetación natural, no conformar taludes de pendientes pronunciadas).
• Considerar soluciones tecnológicas y de ingeniería que beneficien la
permeabilidad de la infraestructura carretera (p. ej.: viaductos, puentes,
túneles, pasos de fauna).
• Considerar medidas de conservación y restablecimiento de coberturas
vegetales, especialmente arbóreas, en orientación longitudinal y transversal
al eje vial (p. ej.: zonas de exclusión, corredores longitudinales y puentes de
dosel, y actividades de enriquecimiento generalizado de coberturas).
• Diseñar el sistema de pasos de fauna del proyecto vial, estableciendo los
tipos de pasos a construir, las especies de fauna a las cuales están dirigidos,
su número, ubicación y complementariedad, señalización, rutas de
movilidad, infraestructura y medidas de manejo asociadas y
complementarias para evitar el acceso de la fauna al corredor vial y al mismo
tiempo para orientarla al uso de los pasos de fauna.
• Incluir diseños orientados a reducir la velocidad en sectores en los que la vía
presenta algún grado de susceptibilidad al atropellamiento de fauna,
involucrando señales, elementos reductores de velocidad o modificaciones
al diseño geométrico de la vía.
• Incluir consideraciones de diseño dirigidas al control de la contaminación
sonora o lumínica asociada a la vía, tales como barreras vegetales,
luminarias con sensores de movimiento o barreras físicas para evitar la
afectación de ecosistemas por la acción de la luz de los faros de los
vehículos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Debe tenerse en cuenta que estas soluciones de movilidad o de
permeabilidad para la fauna no son excluyentes entre sí, por el contrario,
deben complementarse para garantizar su eficiencia.
Pasos de fauna
Son sistemas que buscan garantizar el paso seguro de la fauna silvestre de
un lado al otro de una infraestructura de transporte, de modo tal que no se
vea afectada la conectividad funcional y se evite o minimice el efecto de
barrera que genera normalmente la infraestructura vial.
Para cumplir con su propósito deben:
-Responder a un análisis de la conectividad funcional a nivel regional y local,
en el que se identifiquen las posibles rutas de conectividad y las especies
que los utilizarían (incluidos la identificación de sus limitaciones de movilidad
y sus requerimientos de hábitat).
-Incluir la generación o mantenimiento de corredores de conectividad
funcional que faciliten el desplazamiento de la fauna silvestre entre las
estructuras de paso seguro y los ecosistemas naturales.
-Incluir barreras que encaucen a la fauna hacia las estructuras de paso
seguro y limiten su acceso al corredor vial.
-Actuar en concordancia con estrategias de conservación de los ecosistemas
naturales, para garantizar la funcionalidad de las estructuras en el largo
plazo.
El análisis previo deberá llevar a responder las siguientes preguntas:
• ¿Se necesitan pasos de fauna?
• ¿Cuáles son las especies (o grupos de especies) que condicionarían los
diseños?
• ¿Dónde deberían ubicarse?
• ¿Qué tipo de estructura debe utilizarse?
• ¿Cuántos se deberían construir?
Las opciones de estructuras que se pueden utilizar se clasifican en primera
instancia como pasos superiores e inferiores, dependiendo de si la fauna
pasa por encima o por debajo de la superficie de rodadura de la
infraestructura de transporte. En términos generales, pueden ser:
-Pasos superiores: puentes de dosel (para especies arborícolas) o ecoductos
(Figura 22).
-Pasos inferiores: viaductos, puentes, pontones, box culverts, alcantarillas y
zanjas cubiertas.
El diseño de los pasos de fauna deberá considerar:
-La funcionalidad que se requiere (p. ej.: uniespecie, multiespecie, aéreos, a
nivel, subterráneos).
-Su conexión con áreas naturales y corredores de conectividad ecológica
• La cobertura vegetal que forme parte de su estructura y accesos.
-Los hábitos, comportamiento y necesidades de movilidad de las especies a
las cuales están dirigidos. La factibilidad de emplear materiales naturales,
reciclados y de bajo costo, que, no obstante, garanticen la funcionalidad,
resistencia y durabilidad de las estructuras.
-La incorporación de estructuras atractivas, disuasivas y de apantallamiento.
44.8. Copia de la Circular conjunta del 11 de mayo de 2020 proferida por los
Ministerios de Ambiente y Transporte sobre medidas preventivas para la protección
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
de la fauna en el marco de la emergencia sanitaria, donde se prevé el registro y
protección de la fauna avistada y atropellada, como la revisión de la señalización.
44.9. Copia del informe sobre la gestión ambiental de la fauna, realizado por el
concesionario Autopistas del Café, donde se expuso: i) en la zona de Chinchiná-
Manizales se identificaron puntos de interés prioritario para la protección de la fauna;
ii) al efecto se hizo una señalización preventiva vial sobre la presencia de fauna con
Corpocaldas; iii) la concesionaria dará inicio a la campaña Proteger, Alertar y
Socorrer, para la atención de la fauna atropellada; iv) los inspectores viales están
atentos a estos atropellamientos, como se hizo con un búho y un perezoso; y, v) se
hace la revisión mensual de la red de fauna atropellada – RECOSFA, donde se han
reportado varios incidentes entre 2017 a 2019 en toda la autopista, pero ninguno en
el tramo Chinchiná-Manizales.
44.10. Copia de la Resolución núm. 1031 del 8 de junio de 2020, “Por la cual se
modifica la licencia ambiental ordinaria otorgada mediante Resolución 115 del 16
de febrero de 1999” la ANLA modificó la licencia ambiental a favor de Autopistas del
Café otorgada por la Resolución 115 de 1999, del cual se resalta: i) se aprobó el
análisis de la necesidad de los corredores naturales de movilidad de las quebradas
la Mina, la Muerta y San Juan; ii) se señala que autopistas del café reportó fauna
amenazada; iii) en el área de influencia del proyecto no hay áreas de manejo
especial, según consulta que se hizo a la CARDER – Corporación Autónoma
Regional del Risaralda; iv) se reconoce que el proyecto puede tener el impacto
negativo para la fauna de la fragmentación del hábitat; v) el concesionario propone
una compensación de $66.000.000 por la fragmentación de los hábitats que
comprende 2.24 hectáreas de las que 0.73 hectáreas son de afectación de
ecosistemas naturales; y, vi) la ANLA aprobó la modificación de la licencia, que
incluye la ficha ADC-MBCTT- 2.4 Protección de fauna, “[…] que incluya medidas de
ahuyentamiento, rescate, señalización y diseño de al menos 1 paso de fauna, el
cual puede coincidir con el diseño y ubicación del paso de ganado como medida de
compensación socioeconómica realizando las respectivas medidas de
encauzamiento […]”; vii) también la complementación de las medidas de pasos de
fauna con acciones de encauzamiento, con vegetación y acondicionamientos
llamativos para la fauna de manera que se incremente su efectividad, plantear
medidas de manejo que busquen la protección y la conservación del hábitat de la
especie comadreja Mustela felipei del grupo de los mamíferos, atendiendo a que
está clasificada como en peligro (EN) de acuerdo con la Resolución 1912 del 15 de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
septiembre de 2017 y se reporta en la caracterización del medio biótico del área de
influencia del proyecto.
44.11. Copia del oficio de julio de 2020 suscrito por el Gerente de Autopistas del
Café, en el que se da respuesta a la solicitud de información sobre la rendición de
cuentas asociadas a procesos enfocados hacia el manejo de fauna y especies de
flora asociadas a las obras y licencias ambientales que están a nombre de la
sociedad y se anexó un informe de manejo de fauna y bienestar animal de la
concesión, el cual contiene a manera de resumen los siguientes puntos: i) la
concesión cuenta con planes de manejo ambiental; ii) la importancia de la protección
de la fauna silvestre, se vinculan acciones tales como la demarcación mediante
señales reflectivas fabricadas por ley en materia reflectivo que advierten a los
usuarios de las vías sobre la presencia de fauna en las zonas de mayor interés de
protección, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales; iii) se
destaca como área de interés para la protección de la fauna la zona de influencia
del Parque Regional Natural Barbas Bremen, el cual se encuentra ubicado entre el
Municipio de Filandia y Circasia en el Quindío, además, el sector vial que conduce
del Municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda, pasando por Chinchiná y
llegando a Manizales como zona de interés prioritario donde igualmente se
identificaron los puntos de mayor interés para la protección de la fauna; iv) se
realizaron actividades pedagógicas para los usuarios de la vía para poner en
práctica las normas básicas en caso de accidentes con animales; v) se realiza la
revisión mensual de la Red Colombiana de Fauna Atropellada Recosfa, para
establecer cuáles son los puntos críticos de accidentes con fauna asociados en las
vías de la Concesión Autopistas del Café, encontrando que a fecha de la última
consulta realizada de la primera semana de mayo, no existen registros de
atropellamientos para la vigencia 2020. Se registran dos reportes indeterminados
en el tramo vial Armenia – La Tebaida del año 2017 y 2019 respectivamente, 4
casos sin fecha determinada en el corredor vial Armenia -Pereira, 1 caso del 2019
sin especificar espécimen en el corredor vial Dosquebradas- Santa Rosa de Cabal,
2 casos sin especificar espécimen del año 2018 y 2019 respectivamente en el tramo
Santa Rosa de Cabal – Chinchiná, y ningún caso reportado en el tramo de Chinchiná
a Manizales. Dicha información puede ser verificada directamente en la página
referenciada http://www.recosfa.com/incidentes-reportados/; vi) se realizó la
instalación de señales preventivas, se anexan imágenes:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
44.12. Copia del acta núm. 86 de 2022 de reunión de control y seguimiento
ambiental realizada por la ANLA a la sociedad Autopistas del Café, según las
facultades de control previstas en el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015. En dicha
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
reunión se plantearon los siguientes requerimientos: i) requerimiento 34 – medio
biótico, allegar permiso de recolección de especies de biodiversidad; ii)
requerimiento 42 -evaluación económica ambiental, para replantear la valoración
económica de la reducción de la diversidad, a lo cual autopistas se comprometió a
realizarla; y, iii) se dio como cumplida la obligación de corredores biológicos en el
departamento del Quindío de los requerimientos de los autos 5669 del 30 de
noviembre de 2017, 1841 del 05 de abril de 2021 y 4329 del 16 de junio de 2021.
44.13. Copia del concepto técnico núm. 01511 de 28 de marzo de 2022, proferido
por La ANLA sobre el seguimiento de las labores de Autopistas del Café, donde se
resalta: i) en torno a la protección de la biodiversidad, la ANLA aceptó el
desistimiento de exigir del programa de corredores biológicos en la cuenca del río
Quindío exigida en el auto 5669 de 2017; ii) en la ficha de manejo ADC-MBCTT- 2.4
Protección de fauna, se previó la medida de construcción de pasos de fauna, como
estructuras según la especie, pasos u obras hidráulicas como box culvert, con
medidas para atraer a la fauna como vegetación o dispositivos; iii) autopistas del
café implementó un aplicativo “Pon tus ojos en la vía” para el reporte de
atropellamiento o avistamiento de fauna; y, iv) en el segundo semestre de 2022 se
implementarán por Autopistas del Café pasos de fauna elevados en los corredores
identificados.
44.14. Copia de las solicitudes y sus respuestas de las entidades demandadas.
44.15. Copia del oficio núm. 2018-IE-00000616 de 12 de enero de 2018 con asunto:
“Respuesta a derecho de petición N2017-El-00018624-caso 28402017.
Construcción de ecoductos. Municipio de Manizales”, se indicó:
“[…]- Los ecoductos o puentes verdes se definen como un tipo de pasos de fauna
salvaje sobre autopistas o grandes líneas férreas, acondicionados con vegetación
que permiten conectar hábitats adyacentes a la vía. En los proyectos relacionados
con la construcción de nuevas carreteras, se realizan grandes movimientos de tierra
para la elaboración de drenajes, viaductos, puentes, etc, por ende, se presentan
procesos importantes de fragmentación de hábitats. Son precisamente estos
proyectos los que deben considerar esta situación y están sujetos a las condiciones
y obligaciones en el marco de la licencia ambiental de cada proyecto, y en los casos
en que este tipo de trámites así lo requiera.
La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con
la ley y los reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables, o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. Asi las cosas, es competencia
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), otorgar o negar la
licencia ambiental a proyectos de la red vial nacional: a) Construcción de carreteras,
incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la misma, b) Construcción
de segundas calzadas y c) Construcción de túneles con sus accesos.
• La Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) tiene como misión
administrar los recursos naturales y el medio ambiente en el departamento de
Caldas, con calidad, oportunidad y efectividad, para contribuir al desarrollo
sostenible y el goce de un ambiente sano, mediante la aplicación adecuada de las
políticas ambientales y el fortalecimiento de la cultura ambiental.
En éste sentido, desde la institución, se trata de mantener y restablecer los
ecosistemas, protegiendo las áreas para que los animales no crucen las carreteras.
En el área de jurisdicción de la Corporación, se tiene la experiencia en la
construcción de ecopuentes o pasos elevados que permiten el paso de determinado
tipo de fauna de un lado a otro de vías departamentales.
Concretamente, la Corporación ha construido este tipo de infraestructura en el
oriente del departamento, en los municipios de Victoria (6 ecopuentes) y de
Norcasia (24 ecopuentes) […]”.
44.16. Copia del oficio de fecha 26 de octubre de 2022 con asunto: informe
complementario de la audiencia de pruebas en el marco de la acción popular
identificada con radicado No. 17001-23-33-00-2019-00499-00, según testimonio de
la Doctora Laura Inés Villegas Calderón, como testigo del Concesionario Autopistas
del Café S.A. en el que se indicó:
“[…] En virtud a la solicitud realizada por el Honorable Magistrado Publio Martín
Andrés Patiño Mejía, en la audiencia de pruebas del día 25 de octubre de 2022, me
permito presentar el informe solicitado en relación a la construcción de un Box
Culvert, adaptado como paso de fauna según el requerimiento impuesto al
concesionario por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, según el
artículo 4 y el numeral 2 del artículo 5 de la resolución 0785 del 15 de Julio de 2015,
por medio de la cual, se otorga Licencia Ambiental para la construcción de las obras
de Variante la Paz en el municipio de Chinchiná. Para la presentación de dicho
informe, me permito transcribir las obligaciones derivadas de la Resolución 0785 de
2015, que están relacionadas con la construcción del Box Culvert, y todas aquellas
relacionadas con las fichas del Plan de Manejo Ambiental asociadas a temas de
fauna. Igualmente, se remiten las evidencias de cumplimiento declaradas por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según diferentes actos
administrativos derivados de procesos de seguimiento al expediente LAV0019
Variante la Paz. […] Tal como se puede observar en el cuadro resumen de
seguimiento de obligaciones ambientales asociadas al componente fauna,
Autopistas del Café ha dado cumplimiento a los mismos, los cuales han sido
declarados por la ANLA, mediante diferentes actos administrativos de seguimiento,
como cumplidos en su totalidad. Como parte de la evidencia, anexo copia integra de
los actos administrativos referenciados previamente en la siguiente ruta:
Anexos/Actos administrativos ANLA/ Res_0785_15Jul15_LA_V_LPaz Anexos/
Actos administrativos ANLA/ 2017-03-22_Auto00848_Sgto Anexos/Actos
administrativos ANLA/ 2019_junio_27 Auto 04519_ seguimiento y control lav0019
Anexos/Actos administrativos ANLA/ ct 06356 de 11dic2017 De igual manera y para
efectos de ilustración del Honorable Magistrado, me permito incluir las fotografías
que tomé el día 26 de octubre de 2022, donde se evidencia el estado de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
operación de la estructura denominada Box Culvert Variante la Paz, e
igualmente, me permito presentar evidencias según cámaras trampa de un
monitoreo de fauna llevado a cabo durante el año 2020, donde se evidencia el uso
del Box como paso de fauna para especies pequeñas. (Destacado fuera de texto)
En el mismo sentido del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ANLA
en relación al manejo de fauna, que fueron derivadas del Estudio de Impacto
Ambiental realizado en el año 2014, el cual fue presentado a la ANLA para la
obtención de la licencia ambiental LAV0019 de 2015, 200 metros más abajo del Box
Culvert construido, se encuentra el paso de ganado que exigió la ANLA para
garantizar la conectividad entre los predios rurales y de los animales que
pudiesen utilizar la estructura para su circulación natural. (Destacado fuera de
texto)
Como se puede evidenciar en las imágenes anteriormente presentadas, la zona
intervenida se caracteriza por ser fincas ganaderas y de recreo con alto nivel
de intervención antrópica, y en la zona donde se evidenció por parte de la
Autoridad Ambiental, un interés de preservación de las especies, la medida
impuesta relacionada con el Box Culvert, ha cumplido con su objetivo.
(Destacado fuera de texto)
Aclarar de esta parte, que son las autoridades ambientales, en función a los estudios
presentados para la construcción de las vías en el marco de los procesos de
licenciamiento ambiental, quienes determinan en función a pruebas científicas, la
necesidad o no de intervenir una zona específica, y el concesionario, tiene como
obligación cumplir con el desarrollo óptimo de estos requerimientos, tal como se hizo
en la variante la paz.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
En igual sentido, tal y como se expresó anteriormente, se realizó durante el año
2020 el monitoreo de fauna en la variante la paz y según el informe del Biólogo
contratado por el Concesionario para tal fin, se llegó a las siguientes conclusiones:
Determinación la efectividad del paso de fauna en el drenaje 1
En total se registraron tres especies de fauna silvestre utilizando el paso de fauna,
dos mamíferos y un ave. Entre los mamíferos, solo la zarigüeya común (D.
marsupialis) pudo ser adecuadamente identificada. Esta se observó el 75% de las
noches atravesando el paso en ambas direcciones (Figura 16 A-B). El otro mamífero
detectado fue un murciélago, este solamente se observó una noche de manera
incidental, sin embargo, no fue posible obtener un soporte físico que permitiera la
identificación. De manera adicional, se detectó la presencia de perros domésticos
(Canis lupus) utilizando el paso de fauna (Figura 16 E).
La única especie de ave observada atravesando el paso de fauna fue el
Atrapamoscas Guardapuentes (Sayornis nigricans). Se observaron 2 individuos el
100% de las ocasiones utilizando el paso tanto para movilizarse, así como sitio de
anidamiento (Figura 16 C-D). La especie tiene hábitos semiacuáticos, utiliza ramas,
rocas y puentes asociados a cuerpos de agua para realizar actividades de forrajeo
y construcción de nidos (Hernández et al., 2010). Tiene un comportamiento muy
territorial, no abandona los sitios de anidación y los usa para descansar en épocas
no reproductivas. Además, tiene preferencia por sitios con baja luminosidad, lo que
puede explicar el uso frecuente del paso de fauna en el drenaje 1 (Quesada et al.,
2015.
Registro fotográfico. Especies de fauna atravesando el paso ubicado en el drenaje
1 de la variante La Paz. Chucha común (Didelphis marsupialis, A-B, flechas negras).
Atrapamoscas Guardapuentes (Sayornis nigricans, C-D) y perro doméstico (Canis
lupus, E). Especies de aves forrajeando afuera del paso de fauna: canarios (Sicalis
flaveola) y azulejo (Thraupis episcopus) (F), coquito (Phimosus infuscatus, G) y
Garza bueyera (Bubulcus ibis, H)
Se identificaron otras especies de aves en la entrada del paso de fauna,
principalmente forrajeando insectos sobre el agua y el suelo pantanoso (Figura 16
F-H). Estas incluyen al atrapamoscas Pitangus sulphuratus, el coquito (Phimosus
infuscatus), la torcaza (Zenaida auriculata), la garza (Bubulcus ibis), entre otros. Sin
embargo, en ningún caso se observaron estas especies atravesando el paso de
fauna o con tendencias de hacerlo… (Tomado del Informe Técnico de Monitoreo de
Fauna Variante la Paz, 2020).
La anterior información se tomó del informe técnico monitoreo de fauna Variante La
Paz, Chinchiná – Caldas, elaborado por Julián Ricardo Henao Isaza, Biólogo
contratista independiente con tarjeta profesional no. 108802198 (julio de 2020), y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
con la elaboración de dicho informe, se evidencia que además de los cumplimientos
normativos exigidos por parte de la ANLA, los cuales fueron dados por cumplidos
en el año 2019, el concesionario dio continuidad a los monitoreos para determinar
la eficacia de las medidas de manejo de fauna impuestos en la licencia ambiental
del expediente LAV0019 […].
44.17. Testimonio del señor Julio Enrique Guevara Jaramillo ingeniero civil
especialista en vías terrestres, Director Territorial del Invias, quien se refirió sobre
los siguientes temas: i) con respecto a los ecoductos, las vías del Invias, ruta
Manizales – Páramo de Letras, cada 100 m tienen alcantarilla, 10 por km, de 36”,
que puede tener el mismo uso que un ecoducto, que son suficientes; ii) a partir del
kilómetro 16 hay box culvert antes de 1 m por 1 m , y se están haciendo de 3 m por
3 m, donde podría pasar ganado, que puede tener el mismo uso que un ecoducto;
iii) el instituto ha colocado señalización de velocidad y de existencia de fauna; iv) la
carretera es de montaña y la construcción es complicada; v) los ecoductos son para
un tipo de animales porque algunos no los utilizan, reptiles, micos, aves o
invertebrados necesitan otros; vi) hay que realizar estudios para identificar las
especies de cada zona para determinar las estructuras del paso de animales
apropiada para cada especie; vii) en los nuevos proyectos se hace una identificación
previa y completa de la diversidad biológica para proponer las obras necesarias; viii)
no se ha visto la necesidad de otros medios en la vía; ix) se han identificado
esporádicamente varias especies; x) en la zona de Torre 4 la vía está al lado de una
reserva y es el principal punto de fauna; xi) actualmente en la vía se está haciendo
un inventario, pero hay complicaciones como atraer los animales, conducirlos,
controlarlos o la colocación de mallas, las entradas en fincas; xii) son pocos los
atropellamientos de la fauna; xiii) se prevé mejorar la señalización; xiv) también se
requiere mejorar la educación de los conductores; xv) los animales atropellados
muertos no pueden rescatarse, pero los que son avistados y recogidos son llevados
a CORPOCALDAS o bomberos de Manizales; xvi) no se han detectado felinos en
dicha carretera, quienes no podrían entrar en una alcantarilla; xvii) las obras
pequeñas como rehabilitación tienen plan de manejo ambiental que aprueba
CORPOCALDAS, y si la vía es más grande tiene licencia ambiental como la
carretera puente La Libertad-Maltería.
44.18. Testimonio de la señora Laura Inés Villegas Calderón, Coordinadora de
Gestión Ambiental de Autopistas del Café, quien se refirió sobre los siguientes
temas: i) los pasos de fauna son infraestructuras para el paso de la fauna; ii) la
empresa Autopistas tiene estrategias de pasos de fauna; iii) también desarrollan
estrategias que no fraccionan el ecosistema como puentes o pontones, como la
estampilla en la jurisdicción de Manizales; iv) también tienen estrategias de paso
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
como box culvert; v) las estrategias son según las especies; vi) en la zona de la
jurisdicción de Chinchiná la vía concesionada tiene un paso de fauna con licencia
ambiental que la autoridad, con la forma de un box culvert; vii) previo al
licenciamiento ambiental la empresa hace un estudio de impacto ambiental, con la
investigación sobre las especies, y la autoridad ambiental indica los requerimientos
para realizar; viii) desde 2020 autopistas hizo una campaña con los ojos en la vía,
con otras entidades, y solo se tuvo un episodio con un búho que resultó herido y se
entregó a la autoridad ambiental; ix) también tienen medidas de primeros auxilios
con los auxiliares de la vía, como líneas de atención con las autoridades para
llevarlos rápidamente; x) también existe el sistema de reporte RECOSFA a nivel
nacional desde 2014 donde no aparecen atropellamientos en la concesión; xi) en
los diseños de la autopista se hizo con consideración a los pasos hídricos; xii) el
riesgo ambiental alto existe en zonas no intervenidas, pero en la región cafetera hay
muchas zonas desarrolladas por los humanos, por lo que el riesgo ambiental no es
tal alto; xiii) en Colombia no existe un estándar ambiental sobre pasos de fauna,
sino que depende de las zonas, solo hay unos lineamientos básicos del Invias de
2020; xiv) un box culvert es una tubería grande donde puede pasar hasta ganado;
xv) los relictos de bosque son zonas discontinuas de ecosistemas, que son
protegidas, pero no son bosques o zonas grandes; xvi) autopistas no hace estudios
acerca de los ecosistemas; vxii) autopistas no tiene constancia acerca del
atropellamiento de un puma en su concesión, y la foto que se allegó con la demanda
no corresponde a los separadores que tiene la autopista; y, xviii) la señalización es
una estrategia de prevención a los usuarios, que va acompañada de otras medidas.
44.19. Testimonio del señor Fabio Ernesto Pérez Chaparro, ingeniero civil
especialista en vías Director de Gestión Técnica y Contractual de Autopistas del
Café SA, quien se refirió sobre los siguientes temas: i) se ha dado cumplimiento a
las obligaciones impuestas en la licencia ambiental; ii) no se le ha impuesto la
construcción de ecoductos o ampliaciones para el paso de la fauna, se ha instalado
señalización; iii) en la vía hay alcantarillas, box culvert que sirven para el paso de la
fauna; iv) el sector de Chinchiná tiene una licencia base donde no tiene obligación
de construir un ecoducto, y en la vía de la paz la licencia ambiental exigió un
ecoducto que se construyó; v) ninguna autoridad ambiental ha hecho
requerimientos porque se han cumplido las obligaciones impuestas; vi) para las
obras a realizarse o señalización se requiere autorización del concedente o la
autoridad ambiental; vii) los box culvert permite el ingreso de personal para la
limpieza; y, viii) hay estructuras cada 100 metros de alcantarilla, box culvert,
pontones, tuberías que pueden servir para el paso de la fauna.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
60
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
45. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.
46. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito.
47. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado67, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:
“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:
“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.
En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el
juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e
intereses colectivos.”
En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010, NUR
150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010,
NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección Primera, sentencia de 22 de enero
de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de
abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de
julio de 2008, NUR 250002326000200500240-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
61
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”68
(Destacado fuera de texto).
48. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202069.
49. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
las entidades apelantes de acuerdo con los cuales se plantearon los problemas
jurídicos de esta providencia.
En relación con el recurso de apelación presentado por el Ministerio de
Transporte
50. En la sentencia proferida en primera instancia, se determinaron las funciones
de las entidades en la protección de la biodiversidad en la infraestructura vial; sobre
el sistema de responsabilidad se indicó que, el Ministerio de Transporte de acuerdo
con el Decreto 87 de 17 de enero de 2011 “[…] adopta las políticas, proyectos del
transporte, como su regulación técnica y económica […]”, lo cual está en
consonancia con el artículo 1 de la norma mencionada. En consecuencia, el
ministerio es la cabeza del sector transporte y por lo tanto tiene como objetivo la
política pública en esa materia, además, cuenta con entidades adscritas dentro de
las que se encuentra el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de
Infraestructura, y los órganos de asesoría y coordinación sectorial. Por esa razón
en la sentencia se determinó su legitimación en la causa para concurrir al proceso.
50.1. Esta Sección ha determinado que la legitimación en la causa por pasiva es
entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las
pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial,
por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de
dicha relación. En el caso concreto, se pretende la construcción de pasos de fauna
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010, NUR
410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
69
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2020 NUR
150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
62
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
o ecoductos en la infraestructura de transporte del Municipio de Manizales en su
parte urbana o a las afueras del mismo.
50.2. En ese sentido, dentro de los impactos más evidentes en materia de
infraestructura vial, se encuentra la fragmentación y destrucción de hábitats y el
atropellamiento de fauna silvestre, además del efecto barrera y el consecuente
aislamiento de poblaciones animales. Por lo anterior y teniendo en cuenta que en la
sentencia proferida en primera instancia no se ordenó ninguna actividad o labor a la
entidad mencionada, esta Sala no entrará a analizar más allá de lo indicado en
líneas precedentes en relación con su rol en el sector transporte.
50.3. En consecuencia, se considera que no prospera el recurso de apelación del
Ministerio de Transporte.
En relación con la amenaza o vulneración de los derechos colectivos en el
caso concreto
51. La Sala considera que de acuerdo con el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, es posible concluir lo siguiente:
51.1. Para la Sala no se probó que en el Municipio de Manizales las redes viales
nacional y municipal estén en contacto o atraviesen áreas de interés ambiental, y
tampoco se demostró la existencia de especies en peligro de atropellamiento en el
mismo Municipio.
51.2. Por el contrario, se probó que a nivel nacional existe una política de
sostenibilidad para la infraestructura de transporte que prevé la implementación de
un aplicativo de información como de alternativas tecnológicas de avistamiento y
atropellamiento de fauna y su respectivo manejo, además, de los lineamientos de
infraestructura verde vial que implica la elaboración de estudios y diseños de pasos
de fauna para la construcción o mejoramiento de la infraestructura vial.
51.3. En el caso concreto, se tiene que el contrato de concesión núm. 113 de 1997
tuvo como objeto la realización de obras de rehabilitación y de construcción,
operación y el mantenimiento y la prestación de los servicios del proyecto vial
Armenia – Pereira – Manizales.
51.4. En efecto, dentro de la gestión ambiental de fauna realizada por el
concesionario Autopistas del Café, fueron identificados en la zona de Chinchiná -
Manizales unos puntos de interés prioritario para la protección de la fauna, se realizó
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
63
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
la señalización preventiva vial con acompañamiento de la Corporación Autónoma
Regional y se aplicó una campaña para la atención de la fauna atropellada.
Asimismo, se encuentra probado que en la zona se realizan revisiones mensuales
sobre fauna atropellada, que se reportan a RECOSFA y que si bien se han realizado
reportes de incidentes, ninguno corresponde al tramo objeto de esta acción popular,
a saber el tramo Chinchiná- Manizales.
51.5. Precisamente por medio de la Resolución núm. 1031 del 8 de junio de 2020
se modificó la licencia ambiental otorgada a favor del concesionario Autopistas del
Café, en el que se aprobó el análisis de la necesidad de los corredores naturales de
movilidad de las quebradas La Mina, La Muerte y San Juan, se reportó la fauna
amenazada y se aclaró que:
“[…] Presencia de áreas sensibles, áreas protegidas o figuras de manejo especial
En la información de caracterización entregada en el documento modificación de la
licencia ambiental, se menciona que, en el área de influencia del proyecto, no se
presentan áreas de manejo especial como áreas protegidas declaradas o
ecosistemas estratégicos que sean poco representados en el SINAP, es decir
prioridades de conservación de carácter regional o nacional. Lo anterior fue
confirmado en sistema Ágil de la ANLA y en consulta a la Autoridad Ambiental
Regional CARDER durante la visita de evaluación.
En concordancia con lo anterior, se considera que la empresa Autopistas del Café
aporta en la caracterización del medio biótico para el área de influencia del proyecto,
la información primaria y secundaria necesaria para el presente pronunciamiento.
La sociedad Identificó los recursos naturales que se verán afectados con la
intervención para la ejecución del proyecto; siendo de especial relevancia las
unidades de cobertura de carácter natural, constituidas por los relictos de bosque
ripario presentes en las rondas de las fuentes hídricas que se ven atravesadas por
el proyecto y que a su vez constituyen ecosistemas que conservan composición,
estructura y función que deben ser protegidas de su deterioro a través de acciones
que busquen prevenir y mitigar los efectos adversos causados con la ejecución del
proyecto. En cuanto a fauna, los relictos de bosque ripario en mención constituyan
los únicos corredores de tránsito, conectividad y hábitat cobrando relevancia las
acciones para su protección y enriquecimiento a través de acciones de
compensación por intervención de coberturas de manera que se generen
nuevas conectividades y pasos seguros de fauna […]”. (Destacado fuera de
texto)
51.6. En la sentencia proferida en primera instancia se indicó que: “[…] [p]ese a la
insuficiencia probatoria de la parte demandante en cuanto a las zonas de protección
ambiental y las especies que estén en riesgo por las redes viales, de las pruebas
se demuestra que existe descoordinación entre las acciones de las entidades
responsables de las redes viales, atribuible al municipio de Manizales, para abordar
la protección de la fauna y evitar su atropellamiento […]”. Sin embargo, esa línea
argumentativa no prueba la existencia de la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos invocados, por cuanto la atribución de responsabilidad al Municipio de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
64
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Manizales no deviene de una acción u omisión propiamente, sino de la aplicación
del principio de prevención.
51.7. Es relevante aclarar que el principio de prevención opera tratándose de
daños o riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad
competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se
produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas.
51.8. Por lo anterior, cuando tal hipótesis se presenta, opera el principio de
prevención que se materializa en mecanismos orientados a la evaluación del
impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo
presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de
obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio
ambiente70.
51.9. En el caso concreto no se probó o demostró el riesgo de la fauna de ser
atropellada en las vías del municipio, por cuanto no se aportó un estudio estadístico
de atropellamiento de especies en peligro de extinción u otra prueba que
estableciera el nivel de riesgo; ni se identificaron los ecoparques del municipio y las
vías que posiblemente podrían fragmentar su hábitat. Además, en relación con la
vía concesionada, Autopistas del Café, informó sobre la construcción de diversos
box culvert adaptados como pasos de fauna, según el requerimiento impuesto por
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para la construcción de las obras
de la Variante la Paz en el Municipio de Chinchiná; y su respectivo seguimiento
respecto del cual la autoridad ambiental determinó su cumplimiento. Es relevante
indicar que las medidas se requirieron luego de identificar que la zona que se
intervendría se caracteriza por ser fincas ganaderas y de recreo con alto nivel de
intervención antrópica y la autoridad identificó un interés de preservación de las
especies.
51.10. En ese entendido, se torna improcedente la aplicación del principio de
prevención en este caso concreto, toda vez que, el riesgo en relación con la
biodiversidad es conocido y las diferentes autoridades involucradas han adoptado
las medidas necesarias para mitigar el daño contingente y se ha realizado la
evaluación del impacto ambiental en relación con la infraestructura vial. En
consecuencia, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos que se
70 Sentencia de la Corte Constitucional, C-703-2010 MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
65
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
exponen en la demanda con el fin de que prosperen sus pretensiones, lo cual no
ocurrió en este caso, como quiera que no se probó la amenaza o vulneración de los
derechos colectivos invocados y por lo tanto, en este caso lo correspondiente es
revocar la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo
de Caldas y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.
51.11. Sin perjuicio de lo anterior, para esta Sala, es importante destacar que la
protección de la biodiversidad en la infraestructura vial en Colombia es fundamental
debido a que el país alberga una de las mayores riquezas biológicas del mundo. La
construcción y mantenimiento de vías deben considerar cuidadosamente su
impacto sobre los ecosistemas y las especies que habitan en ellos porque la
fragmentación de hábitats puede resultar en la disminución de la diversidad
genética, la pérdida de especies y la alteración de los procesos ecológicos. Integrar
medidas de mitigación, como la implementación de pasos de fauna y corredores
biológicos, no solo es un imperativo ético, sino también una estrategia necesaria
para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y el bienestar de las
comunidades que dependen de ellos71.
51.12. Por lo tanto, al abordar estos desafíos de manera proactiva, se fomenta un
desarrollo equilibrado que respeta y preserva la invaluable biodiversidad del país,
asegurando que la infraestructura vial contribuya al desarrollo económico sin
comprometer la salud de los ecosistemas, de ahí la importancia de los estudios de
impacto ambiental y los planes de manejo ambiental en materia de contratación.
51.13. La norma colombiana establece un marco legal integral para la protección del
medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente en
el ámbito de la infraestructura vial. El Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de
197472, que regula la gestión ambiental, establece que cualquier proyecto que
pueda causar deterioro ambiental debe declarar los riesgos asociados. Este
principio es fundamental para asegurar que las obras viales no solo cumplan con
sus objetivos de conectividad, sino que también minimicen su impacto en el entorno
natural.
51.14. La Ley 99 refuerza este enfoque al crear el Ministerio del Medio Ambiente y
el Sistema Nacional Ambiental -SINA, introduciendo el desarrollo sostenible como
un principio esencial. En su artículo 57, se exige la elaboración de un Estudio de
71
Sobre la importancia de la protección de los animales empleados en un circo, ver sentencia de 29 de agosto de 2013, NUR
25000-23-24-000-2011-00763-01, C.P. María Elizabeth García González.
72
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
66
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Impacto Ambiental - EIA que incluya planes de prevención, mitigación y
compensación de impactos, garantizando así que la construcción de carreteras
considere su influencia en los recursos naturales y el paisaje.
51.15. La Resolución 256 de 22 de febrero de 201873 adopta la actualización del
Manual de Compensaciones Ambientales del componente Biótico, el cual orienta a
los proyectos viales a adoptar un enfoque jerárquico en la mitigación de impactos,
priorizando la prevención y minimización de efectos negativos sobre la
biodiversidad.
51.16. Además, el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201574 delimita las competencias
de las autoridades ambientales, estableciendo que la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA es responsable del licenciamiento ambiental de la
red vial primaria, mientras que las corporaciones autónomas regionales manejan las
vías secundarias y terciarias. Este marco de competencias garantiza un control
adecuado sobre los impactos ambientales de los proyectos viales.
51.17. Complementariamente, el Decreto 1608 de 31 de julio de 197875 proporciona
herramientas para la protección de la fauna silvestre, y la Ley 1774 de 6 de enero
de 201676 reconoce a los animales como seres sintientes, lo que impone una
responsabilidad adicional sobre los proyectos viales para considerar el bienestar de
la fauna afectada.
51.18. Los pasos de fauna permiten el paso de la fauna de un lado a otro de las vías
y reestablecen parcialmente la conectividad y reducen el atropellamiento, y, por lo
tanto, al ser implementadas en obras que atiendan las necesidades de diferentes
grupos de fauna, se constituyen en herramientas indispensables para la
conservación de la biodiversidad. Se debe tener en cuenta que su diseño y
construcción debe ir en consonancia con las características de la vía y las
condiciones orográficas, así como también con las limitaciones de la fauna que se
pretende proteger. Dentro de las medidas para mitigar el atropellamiento de fauna
y el aislamiento de poblaciones, desde el diseño de la infraestructura de transporte
se pueden destacar las siguientes: barreras y/o estímulos para evitar el ingreso de
73
“Por la cual se adopta la actualización del Manual de Compensaciones Ambientales del Componente Biótico y se toman
otras determinaciones”.
74
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
75
“Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y
la Ley 23 de 1973 en materia de Fauna Silvestre”.
76
“Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y
se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
67
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
fauna a las vías; barreras físicas; señales luminosas; barreras acústicas; estímulos
olfativos; y los sistemas de pasos de fauna77.
51.19. En conjunto, estas normas no solo buscan la ejecución de obras viales
eficientes, sino que también promueven una conciencia ambiental que es esencial
para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en Colombia.
52. La Sala considera que, en este caso, no solamente no está probada la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos, sino la adopción de
medidas por parte de las autoridades obligadas con el objeto de garantizar el
tránsito seguro de la fauna en el área objeto de esta acción popular; situación que
impide en este caso la aplicación del principio de prevención y que constituye el
fundamento para revocar la sentencia proferida, en primera instancia.
53. Lo anterior no obsta para que la Sala, en atención a lo informado en el
concepto técnico núm. 01511 de 28 de marzo de 2022 expedido por La ANLA, sobre
el seguimiento de las labores de Autopistas del Café, donde se resalta, entre otras
cosas, por un lado, que en la ficha de manejo ADC-MBCTT- 2.4 Protección de
Fauna, se previó la medida de construcción de pasos de fauna, como estructuras
según la especie, pasos u obras hidráulicas como box culvert, con medidas para
atraer a la fauna como vegetación o dispositivos; y, por el otro, que se prevé la
implementación por Autopistas del Café de nuevos pasos de fauna elevados en los
corredores a su cargo; inste a la precitada sociedad para que, en caso de que no lo
haya hecho y adicional a los pasos existentes, implemente e instale nuevos pasos
de fauna elevados en la vía objeto de esta acción popular, según las necesidades
advertidas en el marco de la ejecución del proyecto.
54. De conformidad con lo anterior, la Sala revocará igualmente la condena en
costas, no solo por la no prosperidad de las pretensiones de la demanda sino por
cuanto no se encuentra probada su causación.
55. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
77
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/18.-
Cartilla-pasos-de-fauna-en-infraestructura-lineal.pdf
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
68
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
Conclusiones
56. La Sala revocará la sentencia de 18 de septiembre de 2023 proferida por la
Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas en cuanto declaró el amparo
de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico y la
conservación de las especies y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
57. Asimismo, se instará a Autopistas del Café S.A. para que, en caso de que no
lo haya hecho y de acuerdo con el concepto técnico núm. 1511 de 28 de marzo de
2022 de control y seguimiento ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, implemente e instale nuevos pasos de fauna elevados en la vía objeto
de esta acción popular según las necesidades advertidas en el marco de la
ejecución del proyecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de septiembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: INSTAR a Autopistas del Café S.A. para que, en caso de que no lo
haya hecho y de acuerdo con el concepto técnico núm. 1511 de 28 de marzo de
2022 de control y seguimiento ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, implemente e instale nuevos pasos de fauna elevados en la vía objeto
de esta acción popular, según las necesidades advertidas en el marco de la
ejecución del proyecto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
69
Núm. único de radicación: 170012333000201900499-01
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.