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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00704-01

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00704-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones señaladas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00704-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00704-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: IVÁN AURELIO PRÉSIGA OSORIO

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO QUE AMPARÓ LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA INCURRIÓ EN DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL, TODA VEZ QUE SE APARTÓ DE LA REGLA
JURISPRUDENCIAL DISPUESTA POR LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO, SIN JUSTIFICACIÓN RAZONABLE PARA ELLO.
FACTOR PARA CALCULAR EL VALOR DE LA HORA DE JORNADA
LABORAL EMPLEADO PÚBLICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1 contra la sentencia de 4 de

marzo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 amparó los

1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante la Sección Cuarta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00704-01
Actor: IVÁN AURELIO PRÉSIGA OSORIO

derechos fundamentales del actor.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor IVÁN AURELIO PRÉSIGA OSORIO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 12 de noviembre de

2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 05001-33-

33-009-2020-00125-01.

I.2.- Hechos

Señaló que desde el 8 de agosto de 1994 labora para la E.S.E.

Metrosalud en calidad de médico de tiempo completo al servicio de

urgencias y de manera habitual mediante turnos rotativos de hasta

12 horas por tratarse de un servicio esencial.

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Actor: IVÁN AURELIO PRÉSIGA OSORIO

Relató que desde hace varios años la entidad le ha reliquidado mal

los recargos dominicales, festivos, nocturnos y horas extras, además

de utilizar un cálculo errado para obtener el factor mediante el cual

se calculan dichos recargos.

Mencionó que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de

carácter laboral contra la E.S.E. Metrosalud, con el fin de que se

declarara la nulidad del acto administrativo que le negó el

reconocimiento y pago del reajuste del 100% de los días domingos y

festivos, el reajuste de horas extras, días compensatorios y reajuste

al trabajo ordinario nocturno, dominical y festivo, a la cual le fue

asignado el número único de radicación 2020-00125-00

Afirmó que el proceso correspondió en primera instancia al Juzgado

Noveno Administrativo Oral de Medellín3 que, mediante sentencia de

10 de marzo de 2022, accedió a las pretensiones y condenó a la

E.S.E. Metrosalud al pago del reajuste solicitado de conformidad con

las horas laboradas, con una base de liquidación de 190 horas

mensuales con el correspondiente pago de los recargos reclamados.

3
En adelante el Juzgado.

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Indicó que la E.S.E. Metrosalud impugnó la decisión, disenso

desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 12 de

noviembre de 2024, modificó la decisión del a quo y, en su lugar,

declaró la nulidad parcial del acto administrativo demandado y

condenó a la entidad para que reliquidara el salario pagado por

concepto de dominicales y festivos diurnos y nocturnos en un 100%

adicional, que reajustara el valor pagado por concepto de dominicales

y festivos nocturnos, -pues calculó el recargo con una sobre

remuneración del 135% y no del 235% como correspondía-, y

efectuara los aportes a seguridad social en pensiones con la inclusión

de tales reajustes.

Resaltó que, respecto de la liquidación de la hora ordinaria de

trabajo, el TRIBUNAL consideró que el factor hora se calcularía

sobre 220 horas mensuales y no sobre 190 horas, como lo estimó el

a quo.

Afirmó que dentro del sustento de la decisión el TRIBUNAL admite

la existencia del precedente judicial que reconoce el cálculo sobre

190 horas mensuales; sin embargo, decidió alejarse de él sin

fundamento alguno.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada no sustentó con

suficientes razones los motivos por los cuales se alejó del precedente

de la misma Corporación y se limitó a realizar una interpretación

distinta del artículo 33 del Decreto 1042 de 7 de junio de 19784.

Alegó que en un asunto con identidad fáctica a su caso, el TRIBUNAL

concluyó que se debía tener en cuenta el precedente del Consejo de

Estado y condenó a la accionada a la reliquidación de las horas

teniendo en cuenta un factor de 190 horas mensuales.

Aseveró que mediante sentencia de unificación de 12 de febrero de

2015, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

dentro del expediente identificado con el número único de radicación

25000-23-25-000-2010-00725-01, señaló que no podía tomarse

como factor válido para calcular el valor de la hora de jornada de 240

horas mensuales, sino una de 190, a efectos de liquidar el pago del

trabajo suplementario por recargos nocturnos y trabajo en

dominicales y festivos, posición reiterada en sentencias de 16 de

4
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a
dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.

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septiembre de 20155, 7 de febrero de 20196 y 18 de marzo de 20217,

de la misma Corporación.

En ese orden de ideas, indicó que la autoridad judicial accionada

incurrió en desconocimiento del precedente judicial, comoquiera

que existe un precedente y un deber de argumentación riguroso

sobre las razones para apartarse del mismo, razón por la que al no

existir tales fundamentos se configura dicho defecto y, además, una

decisión sin motivación.

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. Se deje sin efectos la sentencia No. 355 de 2024 proferida
por la SALA QUINTA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA por ir en contravía de la Constitución Política de
Colombia en cuanto a la vulneración de los derechos
fundamentales.

3. Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA a
emitir una nueva decisión que se encuentre debidamente
fundamentada en normas existentes, así como con la debida
atención a las sentencias del H. Consejo de Estado, por mencionar
algunas la de Radicado 25000-23-25-000-2010-00725-01 y
referencia 1046-2013, C.P., reiterada en sentencia No. 00421 de

5
Radicación número 25000-23-25-000-2012-00421-01.
6
Radicación número 25000-23-42-000-2013-05805-01.
7
Radicación número 25000-23-42-000-2013-05420-01.

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2015 con radicado 25000-23-25-000-2012-00421-01, del 16 de
septiembre de 2015, entre otras […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL destacó que la solicitud de amparo es

improcedente, comoquiera que lo pretendido por la parte actora es

reabrir un debate ya zanjado.

Afirmó que aun cuando existe un precedente respecto a la liquidación

de la hora ordinaria de trabajo sobre el factor de 190 horas

mensuales, lo cierto es que la Sala de Decisión adoptó una posición

mayoritaria y dispuso que el factor hora se debía calcular sobre 220

horas mensuales.

Asimismo, reiteró los argumentos expuestos en la providencia

cuestionada y adujo atenerse a lo que se disponga por el juez

constitucional.

I.5.2. El JUZGADO y la E.S.E. Metrosalud pese a ser notificados

en debida forma de la presente acción de tutela, guardaron silencio.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 4 de marzo de 2025, la SECCIÓN TERCERA

amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad

y al acceso a la administración de justicia del actor, por lo que ordenó

a la autoridad judicial accionada lo siguiente:

“… En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 12 de
noviembre de 2024 proferida por la Sala Quinta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación no. 05001-33-33-009-
2020-00125-01 y ordénase a dicha autoridad que, en el término
de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de
esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se
tengan en cuenta las consideraciones expuestas ….

Advirtió que el actor ostenta la calidad de empleado público vinculado

con una empresa social del Estado, por lo que le resulta aplicable el

Decreto Ley 1042 de 1978, norma que regula la jornada laboral, los

recargos nocturnos, dominicales y festivos, de tal forma que el

cálculo del valor de la hora laboral debe regirse por las disposiciones

allí contenidas, en concordancia con los criterios fijados por el

Consejo de Estado.

Resaltó que la sentencia que el actor alega como desconocida,

proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de

Estado, analizó el contenido del artículo 33 del Decreto Ley 1042 de

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1978 y determinó que la jornada ordinaria máxima legal para los

empleados públicos es de 44 horas semanales, lo cual arroja un total

de 190 horas mensuales, por lo que emplear bases de cálculo

superiores resulta incorrecto pues ello genera una reducción

injustificada del valor de la hora ordinaria de trabajo.

Sobre el particular afirmó que en la sentencia enjuiciada el

TRIBUNAL reconoció la existencia del precedente mencionado; sin

embargo, decidió apartarse del mismo con fundamento en su

posición mayoritaria y utilizar 220 horas mensuales como base de

cálculo, sin ofrecer razones suficientes, claras y razonables que

permitieran justificar la no aplicación del precedente.

Así las cosas, destacó que el criterio de la autoridad judicial accionada

desconoció los lineamientos definidos en la sentencia de unificación

de 12 de febrero de 2015, por cuanto ignoró que, de acuerdo con la

regla jurisprudencial, el descanso remunerado no constituye una

hora laboral y tampoco tiempo de trabajo efectivo sino un derecho

laboral adquirido por el correspondiente empleado público, por lo que

se apartó de tal postura sin justificación adecuada, completa,

razonable ni respetuosa de los derechos fundamentales, máxime

cuando aplicó una interpretación más gravosa al actor.

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El TRIBUNAL impugnó la decisión proferida en primera instancia y

solicitó revocar la decisión del a quo y, en su lugar, denegar el

amparo deprecado.

Al respecto, sostuvo que la decisión adoptada como posición

mayoritaria fue la de tener como factor para el cálculo 220 horas

mensuales, pues la interpretación correcta del artículo 33 del Decreto

1042 de 1978 establece que la jornada laboral de los empleados

públicos es de 44 horas semanales, que deben ser laborados en 6

días de la semana, lo que arroja un total de 220 horas mensuales.

Afirmó que el salario devengado mensualmente comprende el pago

de 30 días, en el que se incluye por semana el descanso remunerado,

por lo que un cálculo distinto conllevaría concluir que dentro de las

190 horas mensuales deben quedar comprendidas las que hacen

parte del descanso remunerado.

Adujo que la sentencia de unificación de 12 de febrero de 2015 señala

que se debe aplicar el factor de 190 horas como base del cálculo para

la liquidación del valor de la hora ordinaria de trabajo y de los

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recargos laborales reclamados; sin embargo, dicha jurisprudencia no

trata el tema del factor hora que se debe utilizar para calcular el valor

de la hora laboral diaria, sino que está relacionado con el recargo

nocturno, dominicales y festivos.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre

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que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al

acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados

por el TRIBUNAL con ocasión de la providencia de 12 de noviembre

de 2024, proferida dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2020-00125-01.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante fallo de 4 de marzo de 2025,

amparó los derechos fundamentales del actor al considerar que la

autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del

precedente judicial de la sentencia de unificación de 12 de febrero de

2015, por lo que ordenó proferir una providencia de reemplazo en lo

relacionado con la correcta base de cálculo para la liquidación del

valor de la hora ordinaria de trabajo y de los recargos laborales

reclamados, teniendo en cuenta que el factor a utilizar debe

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corresponder a 190 horas mensuales.

Inconforme con lo anterior, el TRIBUNAL impugnó la anterior

decisión y solicitó revocarla, para lo cual argumentó que la

providencia cuestionada fue producto de una decisión mayoritaria de

la Sala, de conformidad con la interpretación dada al artículo 33 del

Decreto 1042 de 1978 que arroja un total de 220 horas mensuales.

Añadió que pese a que la sentencia de unificación de 12 de febrero

de 2015 señala que debe aplicarse el factor de 190 horas como base

del cálculo para la liquidación del valor de la hora ordinaria de trabajo

y de los recargos laborales reclamados, dicha jurisprudencia no trata

el tema del factor hora que debe utilizarse para calcular el valor de

la hora laboral diaria, sino que está relacionado con el recargo

nocturno, dominicales y festivos.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que

debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en

primer lugar, debe estudiarse si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL

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vulneró los derechos deprecados e incurrió en el desconocimiento del

precedente invocado.

La Sala observa que en el presente caso, se cumple con el requisito

general de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea

con suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se configuró

el defecto alegado; contra la decisión cuestionada no proceden

recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos

extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable8, la solicitud identifica los

hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se

trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta que el presente asunto

cumple con los requisitos generales de procedibilidad, la Sala hará

mención al marco jurídico del defecto alegado para enseguida

efectuar el estudio del fondo del asunto.

8
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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Desconocimiento del precedente judicial

Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del

precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo

establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el

poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus

providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla

general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente9”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

9
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.

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Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial10.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)11.

Caso concreto

Conforme con lo anterior y para resolver el problema jurídico, es

necesario traer a colación la providencia cuestionada con el fin de

10
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
11
Ver sentencia T-292 de 2006.

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verificar los fundamentos de la decisión.

De la providencia cuestionada se transcriben algunos apartes, así:

“[…] 2.4.2. Valor hora sobre una jornada de 44 horas
semanales o 190 horas efectivamente laboradas.

Por general una jornada laboral equivale a cuarenta y cuatro (44)
horas semanales distribuidas así: ocho (8) horas de lunes a viernes
y cuatro (4) horas el sábado y un (1) día destinado al descanso. En
casos excepcionales, esto es, cuando se ejerzan funciones
discontinuas o intermitentes, dicha jornada podrá estar compuesta
de hasta sesenta y seis (66) horas, distribuidas en turnos de doce
(12) horas diarias.

Entonces, como las cuarenta y cuatro (44) horas deben ser
laboradas en seis (6) días, a efectos de establecer el número de
horas laboradas diariamente, se debe dividir ambas cifras (44/6),
obteniendo como resultado el factor 7.33 horas diarias.

De esa manera, está claro que el tiempo efectivamente laborado
es de 190 días al mes, puesto que si se multiplica 7.33 horas por
30 días el resultado da 220 horas mensuales. Sin embargo, dado
que el mes tiene 4 días de descanso habitual (domingo) los cuales
equivalente 30 horas mensuales (7.33 X 4), estos se deben restar
a las 220 horas del mes, arrojando como resultado 190 horas
efectivamente laboradas.

Ahora, a efectos de determinar el valor de la hora ordinaria de
trabajo, actualmente existen dos interpretaciones respecto a si el
factor de división con el salario básico mensual debe ser 220 o 190.

• El supuesto de las 220 horas parte de la idea de que el salario
mensual comprende el pago de 30 días, incluyendo el día de
descanso remunerado, por lo que el valor hora se establece de
multiplicación 7.33 x 30 = 220 horas mensuales.

• El supuesto de 190 horas obedece a una lógica en que la hora
diaria resulta de dividir la asignación básica mensual en el
número de horas legales laborables es de 44 horas semanales
para los servidores públicos (artículo 33 del Decreto 1042 de
1978), las que deben multiplicarse por 52 semanas, que son
las que tiene el año y su resultado se divide por 12 meses, para
así obtener 190 horas (44 X 52/12= 190). Para reforzar esa

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hipótesis, el Consejo de Estado indicó que a dicho valor también
se llega, multiplicando el número de horas semanales, 44 horas
por el factor 4.3, que corresponde al número de semanas en el
mes.

La diferencia, entonces, radica en establecer si dentro del mes para
efectos del pago se tienen en cuenta o no las 30 horas destinadas
para el descanso.

En todo caso, se reitera que, una cosa es la hora establecida en la
jornada laboral y otra, son el número de horas laboradas al mes,
que no pueden sobrepasar de 190 horas mensuales, ya que, si no,
habría lugar al pago de horas extras.

Dicha jornada máxima legal influye directamente en el salario a
devengar, así como en el valor del factor hora, puesto que de
laborarse tiempo suplementario o extra, la asignación básica puede
variar, al reconocerse pagos adicionales a los que normalmente
percibiría el funcionario.

Es importante advertir que el jefe de cada entidad puede establecer
el horario de trabajo y compensar el sábado con tiempo adicional,
sin que en ningún caso exceda la jornada máxima legal semanal.

Ahora bien, el horario en los cargos bajo el sistema de turnos, al
cumplirse de manera ininterrumpida en jornadas diurnas,
nocturnas o mixtas, y en dominicales o festivos, la jornada de
cuarenta y cuatro (44) horas se distribuye en los horarios de
trabajo que sean necesarios, atendiendo la demanda de servicios
y las cargas de trabajo

3.1. Del factor para calcular la hora base de la jornada
ordinaria laboral.

Para el reconocimiento de los conceptos labores pretendidos por la
parte demandante, era necesario establecer el valor de la hora de
trabajo.

El juzgado de instancia ordenó la reliquidación según el factor hora
que resulte de dividir la asignación básica mensual sobre el número
de horas de la jornada máxima legal de 190 horas mensuales.

En este punto, se precisa que, aun cuando existe precedente
respecto a la liquidación de la hora ordinaria de trabajo sobre el
factor de 190 horas mensuales, lo cierto es, que esta Sala de
Decisión ha adoptado como posición mayoritaria, que el factor hora
se calcula sobre 220 horas mensuales.

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Tal como se explicó, el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978
establece que la jornada laboral de los empleados públicos es de
44 horas semanales, que deben ser laboradas en 6 días de la
semana, dado que el séptimo está destinado para el descanso.
Entonces, sí por 6 días laborados da 7.33 horas (cifra que sale de
dividir 44 horas entre 6 días), se tiene derecho a un día de
descanso remunerado, es decir, a otras 7.33 horas por día. Luego,
ese factor de 7.33 horas se multiplica por 30 días al mes arroja un
total de 220 horas, cifra por la cual se divide el valor de la
asignación mensual para establecer el valor hora laboral.

En esa línea argumentativa, el salario devengado mensualmente
comprende el pago de 30 días, en el que se incluye por semana el
descanso remunerado, sobre una jornada de 44 horas semanales
y/o 220 mensuales. De lo contrario, se desconocería que, dentro
del mes, 30 horas están destinadas para el descanso, las cuales
son remuneradas dentro del pago mensual que se hace al
empleado, tal como lo indicó la entidad, conllevaría a pensar que
dentro de las 190 horas mensuales deben quedar comprendidas las
que hacen parte del descanso remunerado, lo que comportaría una
reducción de la jornada laboral a 160 horas.

En consecuencia, el cargo de la parte demandada está llamado a
prosperar, por lo que, se ordenará modificar el ordinal tercero de
la sentencia, debido a que, la nulidad del acto es parcial,
comoquiera que la parte demandante no logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto frente a este aspecto […]”.

De los apartes transcritos, se infiere que el TRIBUNAL al conocer

del asunto en segunda instancia concluyó que, aun cuando existía un

precedente en cuanto a la liquidación de la hora ordinaria de trabajo

sobre el factor de 190 horas mensuales, la posición mayoritaria de la

Sala consideraba que se debía calcular el factor sobre 220 horas

mensuales, por lo que modificó la decisión del a quo en tal sentido.

Ahora, en el caso bajo examen, el actor alega que el TRIBUNAL

desconoció el precedente dispuesto por la Sección Segunda del

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Consejo de Estado en la sentencia de 12 de febrero de 2015, a través

de la cual se logró determinar que el cálculo del valor de la hora

laboral debía hacerse sobre 190 horas mensuales, posición que ha

sido reiterada por la misma Corporación en sentencias de 16 de

septiembre de 2015, 7 de febrero de 2019 y 18 de marzo de 2021.

En efecto, al revisar la providencia de 12 de febrero de 2015,

proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se advierte

que al analizar el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, se

estableció que la jornada ordinaria máxima legal para los empleados

públicos era de 44 horas semanales, de tal forma que, como regla

jurisprudencial, la Corporación determinó que para calcular la

jornada mensual se debía multiplicar dichas horas (44) por el número

promedio de semanas en un mes, lo que daba como resultado un

total de 190 horas mensuales, de tal forma que un cálculo mayor a

este, generaría una reducción injustificada del valor de la hora

ordinaria de trabajo, tal como se transcribe a continuación:

“[…] En estas condiciones, la Sala reitera el criterio jurisprudencial
expresado por la Sección12 al señalar que la falta de regulación
especial sobre la jornada laboral […] regirá la jornada ordinaria
correspondiente a 44 horas semanales, tal y como se desprende

12
Proceso: 66001-23-31-000-2003-00039-01 (9258-2005). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila;
proceso: 66001-23-31-000-2003-00041-01 (1022-06), Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
17 de abril de 2008, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En el mismo sentido también puede
consultarse la sentencia del 28 de enero de 2010, Radicación 2003-00042-01 (1018-06), C.P. doctor
Luis Rafael Vergara Quintero.

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del referido Decreto 1042 de 1978, debiéndose remunerar el
trabajo suplementario para no lesionar derechos del empleado
expuesto a dicha actividad como la justa remuneración de su labor
por trabajar en jornadas que superan la ordinaria.

Lo anterior, es apenas razonable por criterios de igualdad y
proporcionalidad, ya que si la jornada ordinaria máxima legal -de
44 horas-, aumenta por necesidades del servicio, es consecuente
que el salario también lo haga, ya que no sería justo para quien
cumple una jornada excepcional que supera la ordinaria, que su
salario sea igual al de un empleado que labora 44 horas a la
semana.

Por la circunstancia anterior, la determinación de una jornada
laboral superior a la máxima legal debe asegurar la justa y
proporcional remuneración salarial del tiempo suplementario, es
decir, de la labor desarrollada en exceso de la jornada legal de 44
horas semanales.

Una posición en contrario resulta inequitativa y desigual con
disposiciones que sobre esta misma materia existen en el orden
nacional y territorial para empleados que realizan otro tipo de
funciones que también requieren disponibilidad y permanencia.

Destaca la Sala que, tratándose de empleados públicos es la Ley,
la que fija el régimen salarial y prestacional en el sector oficial. Así
mismo se observa, en aras de hacer efectivo este beneficio y
atender el principio mínimo de favorabilidad consagrado en el
artículo 53 de la Carta Política, que la controversia debe resolverse
respetando la situación más beneficiosa al empleado.

Al proceso se allegó la certificación de los turnos laborados por el
actor […] lo que arroja un promedio de 360 horas laboradas en el
mes, superando de esta forma la jornada ordinaria legal de 44
horas semanales que equivalen a 190 horas mensuales.

[…]

Al contestar la demanda, el Distrito de Bogotá informa que paga
los recargos ordinarios nocturnos así:

Asignación Básica Mensual /240 x 35% x No. Horas laboradas

Afirma la entidad que para dividir por 240 horas se ha tenido en
cuenta el manual de liquidación de nómina del Distrito Capital en
el cual el denominador es una constante de 240 y no un factor
variable (hecho décimo noveno de la contestación de la demanda
f.229).

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[…]

Así las cosas, el sistema de cálculo empleado (...) sobre 240 horas
como denominador constante, resulta errado y va en detrimento
de los intereses del actor, toda vez que reduce el valor del recargo,
teniendo en cuenta que el mismo debe partir de la asignación
básica mensual sobre una jornada de 190 horas mensuales.

En ese orden, hay lugar a ordenar el reajuste de los recargos
nocturnos laborados por el actor, teniendo en cuenta que se debe
emplear para el cálculo de los mismos, el número de horas
mensuales de la jornada ordinaria laboral en el sector público (190)
y no la constante de 240, por lo tanto, la fórmula correcta que
deberá emplear la administración para la liquidación de los
recargos nocturnos es la siguiente:

Asignación Básica Mensual * 35% * Número horas laboradas
con recargo 190

[…]

En criterio de la Sala, dicho parámetro no se ajusta al Decreto 1042
de 1978, toda vez que para el cálculo del tiempo suplementario el
Distrito de Bogotá debió tener en cuenta la asignación básica
mensual sobre el número de horas de la jornada ordinaria mensual
equivalente a 190 horas y no 240, al no ser así, se afectó el cálculo
del valor del recargo en detrimento del actor.

(negrillas y subrayas de la Sala)

Tal posición ha sido reiterada por la Sección Segunda del Consejo de

Estado, entre otras, en sentencia de 18 de marzo de 202113, a través

de la cual se tuvo como factor para el cálculo del valor de la hora

laboral 190 horas mensuales, como se evidencia:

“[…] Teniendo en cuenta lo explicado en el problema jurídico
anterior, la jornada máxima legal que debe tenerse en cuenta es la
establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, esto es, 44

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P.
William Hernández Gómez. Radicación 25000-23-42-000-2013-05420-01.

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horas semanales y 190 mensuales14 y el pago del trabajo
suplementario se realizará de conformidad con los porcentajes
señalados en los artículos 34, 35, 36, 37 y 39 ibidem.

[…]

De acuerdo con el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 y la
posición jurisprudencial de esta sección que ha definido que la
liquidación de las horas extras debe realizarse con base en la
jornada laboral de 190 horas mensuales, se colige que, de las
170 horas laboradas, solo pueden cancelarse en dinero 50 horas
extras al mes, de conformidad con el límite establecido en el
artículo 36 del Decreto 1042 de 1978.

[…]

De lo expuesto, se colige que el sistema de cálculo empleado por
la demandada, sobre 240 horas como denominador constante,
resulta errado y va en detrimento de los intereses del demandante,
toda vez que reduce el valor del recargo, teniendo en cuenta que
el mismo debe partir de la asignación básica mensual sobre una
jornada de 190 horas mensuales. Luego entonces, la fórmula
aplicable para reconocer el referido emolumento es:

Asignación básica mensual x 35% x número horas laboradas con
recargo

190[…]”.

En el caso bajo análisis, se observa que el actor tiene la calidad de

empleado público y se encuentra vinculado a la E.S.E Metrosalud, de

tal forma que le es aplicable el Decreto Ley 1042 de 1978,

específicamente el artículo 33 que regula la jornada laboral, los

recargos nocturnos, dominicales y festivos y condiciones salariales.

Así las cosas, es dable concluir que la situación descrita en las

14
Cantidad que resulta de multiplicar el número de horas semanales (44) por el factor 4,33 que
corresponde al número de semanas en el mes.

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sentencias mencionadas proferidas por la Sección Segunda del

Consejo de Estado le resultan aplicables al actor, por lo que se

advierte que, tal como lo consideró el a quo, el TRIBUNAL incurrió

en desconocimiento del precedente judicial, pues se apartó de una

posición ya decantada por esta Corporación y no tuvo en cuenta la

regla jurisprudencial ya definida que ha determinado que el descanso

remunerado es un derecho laboral adquirido y no puede constituir

tiempo efectivo de trabajo, por lo que el cálculo del valor de la hora

laboral debía hacerse sobre 190 horas mensuales, pues una cifra

mayor generaría una reducción y disminución injustificada del valor

de la hora ordinaria de trabajo.

Lo anterior lleva a concluir que, en efecto, el TRIBUNAL vulneró los

derechos fundamentales de la parte actora al dejar de aplicar el

precedente dispuesto para el asunto a pesar de que reconoció la

existencia del mismo y se apartó de dicho criterio sin justificación

razonable alguna, pues realizó una interpretación del artículo 33 del

Decreto Ley 1042 de 1978, sin tener en cuenta la regla

jurisprudencial ya fijada por el Alto Tribunal de lo Contencioso

Administrativo.

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Lo anterior, impone para la Sala confirmar la sentencia impugnada,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

señaladas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de mayo de 2025.

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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