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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00712-00

Fecha
21 de marzo de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00712-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00712-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

21 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a nombre propio, por Yaser Fadith
Palacios Greins en contra del Tribunal Administrativo del Chocó.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 7 de febrero de 20252 la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y a la honra que considera vulnerados con la providencia
proferida el 28 de agosto de 2024 por el tribunal accionado, mediante la cual
confirmó y adicionó la dictada el 4 de febrero de 2022 por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 27001333300420210018200/01.

2. Hechos

2.1. Yaser Fadith Palacios Greins era patrullero de la Policía Nacional.

2.2. El señor Palacios Greins sostuvo una relación sentimental con la teniente Maira
Alejandra Cuesta Domínguez, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del
Departamento de Policía Chocó.

1
Índice 2 de SAMAI, certificado 16ED30DEE4DDC896 D89F02D530B3636E EB91C47DDF541FE8 6F4261007CDDD7D4.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado D7E170CF531A7754 00DF4871B367B60D EEB951C12ED68FE5 ED4AB291D99ECB33.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
Accionante Yaser Fadith Palacios Greins
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.3. La Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de
Antioquia inició una investigación contra el hoy accionante por haber tenido una
discusión y, posteriormente, agredir físicamente a la teniente Maira Alejandra
Cuesta Domínguez. El proceso finalizó con la imposición de la sanción de
destitución e inhabilidad general en su contra por el término de 10 años, mediante
fallo de primera instancia emitido el 23 de diciembre de 2019, confirmado el 24 de
septiembre de 2020.

2.4. Por lo anterior, el señor Palacios Greins presentó demanda3 contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional en orden a que se declarara la nulidad de
las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia del 23 de diciembre de
2019 y del 24 de septiembre de 2020, respectivamente, y de la Resolución 03372
del 7 de diciembre de 2020 a través de la que se ejecutó la sanción.

A título de restablecimiento, solicitó, entre otras cosas, ordenar a la entidad
demandada i) reintegrarlo, sin solución de continuidad, al servicio activo en el grado
de patrullero; ii) pagar los emolumentos, debidamente indexados, dejados de
percibir desde la fecha en que fue retirado y los perjuicios morales causados; y iii)
pagar las sumas de dinero por servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos,
odontológicos y de laboratorio para él y su familia que se encontraba afiliada al
sistema de salud de la Policía Nacional, durante el tiempo que permaneció fuera del
servicio.

2.5. El Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó por medio de la sentencia del 4 de
febrero de 2022, expedida dentro del proceso 27001333300420210018200, negó
las pretensiones de la demanda.

2.6. Inconforme con la decisión, el señor Palacios Greins interpuso recurso de
apelación.4

2.7. Mediante providencia del 28 de agosto de 20245 el Tribunal Administrativo del
Chocó emitió sentencia de segunda instancia a través de la cual confirmó y adicionó
un numeral en la parte resolutiva de la providencia apelada.

3
Índice 2 de SAMAI, certificado 16ED30DEE4DDC896 D89F02D530B3636E EB91C47DDF541FE8 6F4261007CDDD7D4,
folios 31 y 32.
4
Archivo denominado “24 agregar memorial”, carpeta llamada “no asociado a cuaderno”, visible a índice 8 de SAMAI,
certificado D3B357A7A5E4372F F911807CE2A73283 396A92DB5C713E88 C86BA53F1041E262.
5
Índice 2 de SAMAI, certificado 16ED30DEE4DDC896 D89F02D530B3636E EB91C47DDF541FE8 6F4261007CDDD7D4,
folios 75 al 106.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
Accionante Yaser Fadith Palacios Greins
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.7.1. Para ello, el tribunal encontró acreditado que si bien era cierto el señor
Palacios Greins para la fecha de la ocurrencia de los hechos, esto es, el 7 de abril
de 2019, estaba en la situación administrativa de franquicia, también lo era que
aquella no lo separaba de la obligación de observar el ordenamiento jurídico, lo cual
se acompasaba con lo establecido en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015
de 2006.

Así, de acuerdo con el material probatorio, determinó que la teniente Maira
Alejandra Cuesta Domínguez sufrió lesiones en su rostro que le generaron una
incapacidad, ocasionadas por el hoy accionante. De este modo, su conducta no
obedeció a una que estuviese estrictamente ligada a su órbita personalísima, pues
se encuadró en el Título I, Capítulo III, artículos 111 y 112 de la Ley 599 de 2000.

Adujo que, conforme con las reglas de la experiencia, en el marco de una agresión
las partes pueden adoptar una de las siguientes conductas: evitar, continuar o
suspender y marcharse. Contrario a ello, el hoy accionante ejerció una desmedida
violencia, por lo tanto, los operadores disciplinarios efectuaron una correcta
valoración probatoria.

En consecuencia, concluyó que no se transgredieron los derechos a la igualdad, al
debido proceso y tampoco los principios de proporcionalidad e imparcialidad.

Finalmente, el tribunal confirmó la decisión apelada y ordenó al Comité Nacional de
Género de la Policía Nacional publicar dicha providencia en su página web, durante
1 mes e impartir “las directrices, necesarias, tendientes a que en los procesos donde
se advierta hechos constitutivos de violencia contra la mujer, se surta el debido
acompañamiento, en función del restablecimiento de derechos, valores y
condiciones sicosociales que resulten resquebrajadas con ocasión a los hechos
puestos en su conocimiento, dentro del marco de la perspectiva de género y el deber
que asiste, como guarda y protector de dicho grupo poblacional.”6

3. Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, pues el
tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico y sustantivo, en tanto no valoró en

6
Índice 2 de SAMAI, certificado 16ED30DEE4DDC896 D89F02D530B3636E EB91C47DDF541FE8 6F4261007CDDD7D4,
folio 105.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
Accionante Yaser Fadith Palacios Greins
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

debida forma las pruebas del expediente y no aplicó los principios de
proporcionalidad e imparcialidad y los derechos a la igualdad y al debido proceso.

En primera medida, afirma que no se valoró que a. también se desplegaron
agresiones físicas por parte de la señora Cuesta Domínguez en su contra; b. al
momento de la ocurrencia de los hechos se encontraba en una situación
administrativa de descanso, razón por la cual las conductas que le fueron
censuradas hacían parte de su órbita personalísima; y c. si bien la señora Cuesta
Domínguez interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, esa
entidad no le imputó delito alguno por lesiones personales, para lo cual trajo a
colación la sentencia del 15 de junio de 2023, emitida por el Consejo de Estado,
radicado 76001-23-33-000-2014-00504-01 (1667-2022).

En consecuencia, se inobservó el principio de proporcionalidad.

Por otra parte, manifiesta que el actuar de los operadores disciplinarios y del tribunal
no fue imparcial, comoquiera que la sanción se impuso única y exclusivamente por
pertenecer al sexo masculino, pues en el proceso disciplinario se utilizaron términos
como “corpulencia y superioridad física”. Con ello, se favoreció el sexo femenino de
Maira Alejandra Cuesta Domínguez y se desconocieron los artículos 15 de la Ley
734 de 2002 y 13 de la Ley 1015 de 2006.

Finalmente, señala que el tribunal incurrió en violación directa de la Constitución y
la ley, en especial del derecho al debido proceso, porque no ejerció control de
legalidad de los actos administrativos censurados, pues la segunda instancia del
proceso disciplinario declaró la nulidad de lo actuado al no tener certeza de la
adecuación típica, sin embargo, lo correcto era absolverlo, conforme lo ha sostenido
la Procuraduría General de Nación.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: Amparar mis Derechos Fundamentales al Debido Proceso, a la Igualdad
y al Acceso efectivo a la Administración de Justicia, a la Buena Fe, al Buen Nombre
y a la Honra.

SEGUNDO: Consecuente con lo anterior, se revoque y deje sin efectos la sentencia de
segunda instancia, emitida por parte del Tribunal Administrativo de Chocó - Sala

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
Accionante Yaser Fadith Palacios Greins
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Primera de Decisión Oral, proferida dentro del proceso de nulidad y restableciendo de
derecho, bajo el radicado N. 27001333300420210018201.

TERCERO: Ordenar a la accionada, esto es, al Tribunal Contencioso Administrativo
de Chocó, que, en un término de Treinta (30) días, valore en debida forma las pruebas
aportadas y, consecuente con ello, proceda a emitir una Sentencia de reemplazo.”7
(Resaltado y subrayado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 12 de febrero de 2025 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Quibdó y a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional. También dispuso la notificación a las partes
y a los vinculados.

5.2. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Quibdó rindió informe,8 para lo cual
solicitó negar la acción de tutela comoquiera que la sentencia de primera instancia
fue expedida de manera clara y motivada, tras valorar diversas pruebas tales como
informes de novedad, denuncia penal, historias clínicas, el informe de medicina legal
y forense, capturas de pantalla de mensajes de texto y declaraciones juradas. En
consecuencia, no se incurrió en violación de los derechos fundamentales invocados.

5.3. El Tribunal Administrativo del Chocó9 se refirió a los hechos que consideró
relevantes y aseveró que la acción de tutela es improcedente porque no cumple el
requisito de relevancia constitucional, pues carece de la carga argumentativa
exigida. En efecto, si bien el accionante indicó que presuntamente la providencia
judicial atacada incurrió en una indebida valoración probatoria, lo cierto es que no
ofreció argumentos suficientes sobre el particular, sino que se limitó a manifestar su
desacuerdo con la decisión adoptada en el proceso disciplinario.

5.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional10 afirmó que la sanción fue
impuesta luego de haber garantizado al hoy accionante todas las garantías
constitucionales y legales dentro del proceso disciplinario, en especial el derecho
de defensa y contradicción.

7
Índice 2 de SAMAI, certificado 16ED30DEE4DDC896 D89F02D530B3636E EB91C47DDF541FE8 6F4261007CDDD7D4,
folio 27.
8
Índice 8 de SAMAI, certificado 1254612ABC5B580B 57BB27A57BD974C0 90FED792F77461EB 3DE4F536F192C820.
9
Índice 9 de SAMAI, certificado 9672A9DB78411DB1 011F8C8DB042A29D EC52482748596689 7E06AA994A762287.
10
Índice 10 de SAMAI, certificado F45964A38DA07CF3 E9BFDC5DD8241D21 770079A9733189B6 1F51AFE685EF8489.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
Accionante Yaser Fadith Palacios Greins
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Yaser
Fadith Palacios Greins en contra del Tribunal Administrativo del Chocó de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad11 y de procedencia12 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.13

11
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
12
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
Accionante Yaser Fadith Palacios Greins
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber14: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202215, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, el señor Palacios Greins cuestiona, en esencia, que el
tribunal erróneamente avaló el análisis de responsabilidad de los operadores
disciplinarios fundamentado única y exclusivamente en que el accionante pertenece
al sexo masculino, con lo cual se desconocieron los artículos 15 de la Ley 734 de
2002 y 13 de la Ley 1015 de 2006.

Asimismo, aduce que el Tribunal Administrativo del Chocó no valoró debidamente
el material probatorio, porque pasó por alto que a. el día de la ocurrencia de los
hechos investigados también se desplegaron agresiones físicas por parte de la
señora Maira Alejandra Cuesta Domínguez en su contra; b. si bien la señora Cuesta
Domínguez interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, esa
entidad no le imputó delito alguno por lesiones personales; y c. para la data de los
hechos se encontraba en una situación administrativa de descanso, por lo que las

14
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
15
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
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conductas que le fueron censuradas hacían parte de su órbita personalísima, razón
por la cual se inobservó el principio de proporcionalidad.

Por su parte, manifiesta, la autoridad accionada incurrió en violación directa de la
Constitución y la ley, en especial del derecho al debido proceso, porque la segunda
instancia del proceso disciplinario declaró la nulidad de lo actuado al no tener
certeza de la adecuación típica, sin embargo, lo correcto era absolverlo.

4.4. Ahora bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda
instancia del 28 de agosto de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó,
se observa el siguiente análisis textual:

“[…] Con respecto al cargo formulado por el recurrente en la apelación sobre la violación
del principio de proporcionalidad disciplinaria, […] A este respecto, debe indicarse que
tal cargo no está llamado a prosperar habida cuenta que si bien es cierto el señor YASER
FADITH PALACIOS GREINS se encontraba inmerso en una situación administrativa de
franquicia, para la fecha del 07 de abril de 2019 –fecha de ocurrencia de los hechos-, y
que según el artículo 40 numeral 6 del Decreto 1791 de 2000, se concibe como una
situación de descanso, no es menos cierto que, tal cuestión transitoria de descanso
puede afectar el deber funcional ya que en ningún momento separa al miembro de la
Policía Nacional de su obligación de observar cabalmente la Constitución y la Ley en
tratándose de cuestiones que superan su esfera personalísima y se inmiscuyen en la
lesión de un bien jurídicamente tutelado tipificado en la ley como delito o contravención
[…].

[…] Por ello, no advierte la Sala el desconocimiento del principio de proporcionalidad en
razón a que la prestación del servicio policial debe ser prestado de manera continua e
ininterrumpida, sin que pueda aceptarse que un miembro de dicha institución al estar
bajo de una situación administrativa de franquicia pueda exceder con su comportamiento
su órbita personalísima y lesionar con su conducta un bien jurídico tipificado en la ley
como delito o contravención, cuestión aquella que aconteció en el presente caso.

[…] Si bien es cierto, para la Sala, el ente disciplinario debió utilizar adjetivos calificativos
o criterios distintos a corpulencia y superioridad física del género masculino al
referirse al señor PALACIOS GREINS, no es menos cierto la existencia de la conducta
endilgada y respecto de la cual se le encontró responsable, en línea a la gravedad de
las lesiones causadas, cuestión que en todo caso, no alcanza a tornar irregular y con
esta ilegal la actuación administrativa disciplinaria que culminó con los actos acusados.

La Sala advierte, que no toda violación a la dimensión formal del derecho a la igualdad
y al debido proceso, se debe traducir inexorablemente en la anulación de la actuación
jurídico procesal afectada, porque para tales efectos se necesita que aquella
transgresión sea proyectada en la esfera material de la protección de dicho derecho, con
respecto a dicho aspecto, la Corte Constitucional […].

[…] De lo que se colige que no se afectó gravemente el debido proceso del demandante,
durante el proceso disciplinario que culminó con los actos administrativos sancionatorios
acusados.

[…] No obstante haber obtenido el permiso inicial de la oficial Teniente Maira Alejandra
Cuesta Domínguez, las resultas del proceso, dieron cuenta que el señor Patrullero
PALACIOS GREINS, abusó del permiso, al agredir a la señorita teniente al punto que
esta ingresó por urgencia al servicio médico, estuvo hospitalizada y con 5 días de

9

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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

incapacidad, por fractura en la cara, como lo refiere la historia clínica, comprendidos
entre el 09 de abril de 2019 y el 13 de abril de 2019, sin que del material probatorio
recaudado dentro de las actuaciones se verifique lesión en la integridad física del señor
Patrullero PALACIOS GREINS, o queja directa interpuesta por este ante autoridad
competente, frente a las agresiones mutuas o recíprocas que alega fueron infligidas por
la Teniente Maira Alejandra Cuesta Domínguez.

[…] En esas condiciones para la Sala, la afectación evidenciada, y con esta el reproche
a la conducta exteriorizada por el señor Patrullero PALACIOS GREINS, dan cuenta sin
duda alguna de una violencia de género, en la persona Teniente MAIRA ALEJANDRA
CUESTA DOMÍNGUEZ, conducta injustificable bajo cualquier perspectiva, que pudo
evitarse, si el patrullero PALACIOS GREINS, hubiese adoptado una cualquiera de las
posibles conductas, que prevé la regla de la experiencia arriba anotadas, en caso de
agresiones o conflictos, máxime teniendo presente los deberes que como parte de la
institución policial le asistían e incumbían.

[…] En el caso analizado, resalta de bulto la gravedad de la conducta señalada al
demandante patrullero (R) PALACIOS GREINS, como motivo para adelantarle el
proceso disciplinario dentro del cual resultó involucrado, y, que culminó con el fallo de
responsabilidad disciplinaria, en el cual se le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad general por el término de diez (10) años, la cual encuentra ajustada a la
legalidad en el marco del bloque de convencionalidad y la perspectiva de género.”16

4.5. Luego de lo relatado, esta Subsección observa que, en sede de tutela, la parte
accionante pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y
resueltos por la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada, con el
objetivo de que se declare la nulidad de los actos administrativos reprochados en el
proceso ordinario.

Se advierte que el Tribunal Administrativo del Chocó expresamente señaló que
abordaría los argumentos planteados en el recurso de apelación consistentes en
que tanto en el proceso disciplinario adelantado como en el fallo de primera
instancia del proceso ordinario, no existió una valoración integral de las pruebas
aportadas, y en que hubo un presunto desconocimiento de los principios de
proporcionalidad e igualdad ante la ley disciplinaria.

Al efecto, hizo un recuento del material probatorio que le permitió concluir la
responsabilidad disciplinaria del señor Palacios Greins, pues encontró acreditado
que agredió físicamente a la señora Cuesta Domínguez ocasionándole una
incapacidad. Lo anterior, aunado al hecho de que no se probaron las presuntas
lesiones contra su integridad física causadas por aquella, toda vez que no se allegó
queja directa interpuesta ante autoridad competente.

16
Índice 2 de SAMAI, certificado 16ED30DEE4DDC896 D89F02D530B3636E EB91C47DDF541FE8 6F4261007CDDD7D4,
folios 91, 93, 96, 97, 100, 101 y 103.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Asimismo, la autoridad accionada efectuó un análisis normativo nacional e
internacional y jurisprudencial de cara al derecho a la igualdad y a la perspectiva de
género, respecto a las obligaciones a cargo de las autoridades administrativas y
judiciales tendientes a mitigar la violencia contra las mujeres.

Contrario a lo afirmado por el accionante, la autoridad judicial sí abordó el estudio
de la situación administrativa de franquicia en la que se encontraba al momento de
la ocurrencia de los hechos, sin embargo, concluyó que aquella no lo separaba de
la obligación de observar el ordenamiento jurídico, lo cual se acompasaba con lo
establecido en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

Bajo esa línea argumentativa, el tribunal sostuvo que la conducta fue típica y afectó
sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna. Por consiguiente, la
sanción impuesta correspondió a la gravedad de la falta atribuida, aunado a que fue
correctamente dosificada, ya que se le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad general de 10 años.

Finalmente, respecto al reproche orientado a cuestionar que el tribunal no ejerció el
control de legalidad de los actos administrativos demandados porque la segunda
instancia del proceso disciplinario declaró la nulidad de lo actuado sin tener certeza
de la adecuación típica, pero lo correcto era haber absuelto al hoy accionante; la
Sala advierte que esta censura, al igual que los anteriores argumentos líneas atrás
abordados, fue planteada en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
a saber:

“Frente al fallo de primera instancia, oportunamente se presentó el respectivo recurso de
apelación, el cual, el señor Inspector Delegado Regional N. 2 (E), Coronel Edgar
Fernando Rojas Sierra, a través de fallo SIJUR-DEANT-2019-53 de fecha 12 de
septiembre de 2019, declaró oficiosamente la nulidad de la actuación disciplinaria,
cuando lo que ha debido proponer, es la revocatoria de dicha sanción y posterior
absolución disciplinaria, ello dado el control de legalidad administrativa que es de su
competencia. Denótese que lo que se presentó fue una sugerencia y recomendación de
segunda instancia al fallador de primera instancia para que este último corrigiera sus
propios errores.”17 (Resaltado original del texto).

Sobre el asunto, la sentencia reprochada explicó, in extenso, que las acciones
ejercidas por el señor Palacios Greins sí se subsumieron en la descripción legal de
la conducta disciplinable, pues se acreditó que:

17
Índice 2 de SAMAI, certificado 16ED30DEE4DDC896 D89F02D530B3636E EB91C47DDF541FE8 6F4261007CDDD7D4,
folio 33.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
Accionante Yaser Fadith Palacios Greins
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

“[…] la conducta desplegada por la misma parte, señor YASER FADITH PALACIOS
GREINS no obedeció a una que estuviese estrictamente ligada a su órbita
personalísima, ya que, de paso, de acuerdo a lo que se tiene probado dentro del
expediente, su actuar se encasilló en el TÍTULO I, DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA
INTEGRIDAD PERSONAL, CAPÍTULO III, DE LAS LESIONES PERSONALES. Artículo
111. LESIONES de la ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal
Colombiano, traducido en “El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá
en las sanciones establecidas en los capítulos siguientes” ARTÍCULO 112
INCAPACIDAD PARA TRABAJAR O ENFERMEDAD. […]

[…] Es bajo ese entendido que la Sala considera que el accionante actuó a título de dolo
con el conocimiento de que su conducta estaba violando el deber funcional establecido
en la Ley 1015 de 2006, artículo 34 numeral 10, y aun así decidió realizarla.”18 (Resaltado
original del texto).

4.6. Resulta claro, entonces, que el accionante pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, los
reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar
en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la
acogida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el proceso
27001333300420210018200/01; máxime cuando esta Subsección observa que se
formularon similares motivos de reproche en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho19 y en el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia del ordinario.20

4.7. En este orden de ideas, y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

4.8. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole

18
Índice 2 de SAMAI, certificado 16ED30DEE4DDC896 D89F02D530B3636E EB91C47DDF541FE8 6F4261007CDDD7D4,
folios 92 y 93.
19
Índice 2 de SAMAI, certificado 16ED30DEE4DDC896 D89F02D530B3636E EB91C47DDF541FE8 6F4261007CDDD7D4,
folios 29 al 49.
20
Archivo denominado “24 agregar memorial”, carpeta llamada “no asociado a cuaderno” visible a índice 8 de SAMAI,
certificado D3B357A7A5E4372F F911807CE2A73283 396A92DB5C713E88 C86BA53F1041E262.
21
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00712-00
Accionante Yaser Fadith Palacios Greins
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario22.

5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

22
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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