Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00712-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00712-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00712-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00712-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
31 de julio de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: YASER FADITH PALACIOS GREINS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ – SALA
PRIMERA DE DECISIÓN
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 21 de marzo de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Yaser Fadith Palacios Greins, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 28 de
agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Chocó - Sala Primera
de Decisión en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
identificado con el radicado nro. 27001 33 33 004 2021 00182 00/01, y
para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
«[…] PRIMERO: Amparar mis Derechos Fundamentales al Debido
Proceso, a la Igualdad y al Acceso efectivo a la
Administración de Justicia, a la Buena Fe, al Buen Nombre y
a la Honra.
SEGUNDO: Consecuente con lo anterior, se revoque y deje sin
efectos la sentencia de segunda instancia, emitida por parte del
Tribunal Administrativo de Chocó - Sala Primera de Decisión Oral,
proferida dentro del proceso de nulidad y restableciendo de
derecho, bajo el radicado N. 27001333300420210018201.
TERCERO: Ordenar a la accionada, esto es, al Tribunal
Contencioso Administrativo de Chocó, que, en un término de
Treinta (30) días, valore en debida forma las pruebas aportadas
y, consecuente con ello, proceda a emitir una Sentencia de
reemplazo. […]». (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de
tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que estuvo vinculado a la Policía Nacional por más
de 12 años en el grado de patrullero.
Relató que tuvo una relación sentimental con la teniente Maira Alejandra
Cuesta Domínguez, quien ocupaba el cargo de jefe de la Oficina de Control
Interno Disciplinario del Departamento de Policía del Chocó, y que, “(…)
[e]stando de descanso, para el día 07 de mayo del año 2019, el suscrito
y con consentimiento de mi pareja, la señora Teniente Maira Alejandra
Cuesta Domínguez, ingresé al lugar de habitación de [la] referida oficial.
Dicha habitación, se encuentra en el casino de oficiales del Comando de
la Policía de Chocó. Una vez allí, entablamos una serie de discusiones y,
posteriormente, fui agredido físicamente por ella, lo que conllevó a que
se generaran agresiones mutuas y reciprocas. Valga señalar que, ambos,
nos encontrábamos en una situación administrativa de descanso, es decir,
no había ninguna relación con el deber funcional institucional (…)” 2.
1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
2
Ibidem.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Expuso que, por los hechos narrados anteriormente, la Oficina de Control
Interno Disciplinario del Departamento de Policía de Antioquia inició una
investigación disciplinaria en su contra la cual finalizó con la imposición
de la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10
años, decisión que fue confirmada el 24 de septiembre de 2020.
Anotó que “(…) en la investigación disciplinaria, a pesar de existir lesiones
recíprocas entre dicha pareja sentimental, a pesar de no existir testigos
presenciales de los presuntos hechos, a pesar de que ambos resultamos
con lesiones, el operador disciplinario de primera como de segunda
instancia, desconociendo el contenido del artículo 129 de la Ley 734 del
año 2002, lo que hicieron fue amparar y proteger a la señora oficial, tan
es así, que ni siquiera la vincularon a la investigación disciplinaria, puesto
que, tal y como obra en las pruebas documentales y el mismo testimonio
de la señora oficial, ella reconoce que también me agredió, sin embargo
(…) frente a ella, no hubo ninguna investigación (…)”3.
Indicó que, posteriormente, mediante la Resolución nro. 03372 del 7 de
diciembre de 2020, el director general de la Policía Nacional ejecutó la
sanción disciplinaria impuesta y dispuso separarlo del servicio de forma
definitiva.
Manifestó que, en virtud de “todas las irregularidades presentadas y
evidenciadas en [la] referida investigación disciplinaria”4, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional la cual correspondió
por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó que,
en sentencia del 4 de febrero de 2022 resolvió denegar las pretensiones.
Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo de Chocó – Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia del 28 de agosto de 2024 la confirmó.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Alegó que en la sentencia de primera instancia “(…) la judicatura no hizo
un análisis objetivo, imparcial, integral y, especialmente de control de
legalidad (Debido Proceso – Principios Rectores) de la actuación
disciplinaria demandada (…)”5.
Explicó que “(…) los operadores disciplinarios y la judicatura, hicieron su
análisis de responsabilidad, inclinándose la balanza a favor de la condición
de mujer de la señora Teniente Maira Alejandra Cuesta Domimguez (sic)
desconociéndose así, el Principio Rector contemplado en la Ley 1015 del
año 2006 artículo 13, que señala: Igualdad ante la ley disciplinaria (…)”.
En igual sentido, lo prescrito en la Ley 734 del año 2002, “artículo 15.
Igualdad ante la ley disciplinaria: Las autoridades disciplinarias tratarán
de modo igual a los destinatarios de la ley disciplinaria, sin establecer
discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” (…)”6.
Aseveró que “(…) [n]o se ejerció un control de legalidad del acto
administrativo sancionatorio, como quiera que, se vulneró el Principio
Rector de Imparcialidad, pues, es notable, el grado de “Parcialidad” del
operador disciplinario de segunda instancia (…), el cual, mediante auto de
fecha 24 de septiembre de 2020, reconoce como tal, “las agresiones
recíprocas”, sin embargo, inclinó su balanza sancionatoria en contra del
suscrito, única y exclusivamente por mi condición de género, “corpulencia
y superioridad física”, lo cual, a todas luces, denotó el grado de parcialidad
y vulneración por razones de sexo de los artículos antes mencionados
(…)”7.
Agregó que “(…) se me reprochó, no solo por parte de las autoridades
disciplinarias sino también por la judicatura, la condición de sexo
masculino para sancionarle disciplinariamente y negar las pretensiones
contenciosas, por esa razón. Sin embargo, del contexto fáctico, es
evidente que se desprende que lo acontecido entre el suscrito y la señora
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Oficial Cuesta Domínguez, una actuación donde dado la agresión de la
que inicialmente fui víctima, se generaron luego “agresiones recíprocas”,
tal y como quedó corroborado con la presentación de la versión libre y
pruebas documentales (fotografías) que aporté. Sin embargo, ello no fue
valorado integralmente por la Judicatura de Primera Instancia (…)”8.
Señaló que “(…) basado en el Principio Rector de Proporcionalidad, tal y
como se expuso y se argumentó ampliamente en la demanda contenciosa,
se desconoció por la judicatura referido principio, habida cuenta que,
derivado del supuesto fáctico, se evidencia que no existe ninguna relación
con el Deber Funcional o cargo asignado al suscrito, pues es claro que me
encontraba en situación administrativa de descanso (…)”9.
Al respecto, hizo referencia a la sentencia proferida por la Subsección A,
Sección Segunda de esta Corporación en el proceso identificado con el
radicado nro. 11001 03 25 000 2013 01092 00, en la que, según afirmó:
“(…) basado precisamente en ese Principio Rector de Proporcionalidad, se
consideró por parte del órgano de cierre de lo contencioso administrativo,
confirmar la sanción impuesta de 45 días al señor Francisco Javier
Guillermo Barreto Vásquez, por haber causado lesiones a su compañera
de trabajo, en una situación ajena a su cargo o función, sin embargo, al
suscrito, se me destituye de su cargo (…)”10.
El accionante enfatizó que “(…) todas las irregularidades presentadas en
la investigación disciplinaria y del que se imploró el control de legalidad
por parte de la judicatura, basado en las pruebas allegadas en el proceso
contencioso, con el fin de cumplir la carga de la prueba y desvirtuar la
presunción de legalidad del Acto Administrativo, no fueron en debida
forma valoradas, ni de forma objetiva, por parte de la Juez de Primera
instancia (…) y, que, desafortunadamente fue avalada dicha postura por
parte de la entidad judicial accionada, esto es, Tribunal Contencioso
Administrativo de Chocó, lo cual, se constituyó en una vía de hecho -
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Defecto Fáctico por indebida valoración de las pruebas, puesto que, no
fue razonable la valoración que se hizo a las mismas (…)”.
Precisó que “(…) desde la propia presentación de la demanda contenciosa
y del control de legalidad que, se solicitó a la jurisdicción contenciosa, su
real aplicación, es claro que, lo acontecido con mi ex – pareja, se traduce
en una situación que, en nada afectó los Principios de la Administración
Pública, pues ni tenían relación alguna con el cargo y/o función, dado que,
tal y como quedó probado, ambos estábamos en situación administrativa
de descanso. Es más, de haberse emitido una sanción, la misma, ha
debido ampararse bajo el Principio de Proporcionalidad, pues se relacionó
y aportó la respectiva sentencia del Consejo de Estado donde en un caso
similar al del suscrito, se emitió fue suspensión disciplinaria, pero frente
a ello, no hubo pronunciamiento alguno por parte de la accionada (…)”.
Adujo que “(…) tanto las autoridades disciplinarias, como las judiciales,
en especial la accionada, desconocieron por completo la prevalencia del
Derecho sustancial sobre el Procedimental, dado que, en el proceso
disciplinario, tal y como se evidencia, hubo una indebida e inadecuada
estructuración de la Tipicidad, y aún así, segunda instancia disciplinaria,
en vez de absolver en sede de apelación, declaró oficiosamente la nulidad
de la actuación disciplinaria, cuando lo que ha debido proponer, es la
revocatoria de dicha sanción y posterior absolución. Ello, dado el control
de legalidad administrativa que es de su competencia. Denótese que lo
que se presentó honorable Juez Constitucional, fue una sugerencia y
recomendación de segunda instancia al fallador de primera instancia para
que este último corrigiera sus propios errores, esto es, indebida
tipificación de la conducta (…)”11.
En ese sentido, subrayó que “(…) el Tribunal Administrativo de Chocó no
ejerció dicho control de legalidad, desconociendo por completo que hay
bastante pronunciamiento respecto a que, si el operador disciplinario de
segunda instancia no tenía certeza entre el supuesto fáctico y jurídico
11
Ibidem.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
(adecuación de tipicidad) ha debido entonces proceder NO A LA NULIDAD
(…) SINO A LA ABSOLUCIÓN, puesto que, el sujeto procesal no tiene por
qué asumir la carga disciplinaria derivada precisamente de errores
emitidos por quien en sede de juzgamiento de primera instancia los
comete (…)”12.
A su turno, aseguró que “(…) al igual que el Juzgado 4o Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Quibdó, el Tribunal Administrativo Chocó que
resolvió el recurso de alzada, con la Sentencia emitida, se generó defectos
fácticos por indebida valoración de las pruebas aportadas, falso juicio de
raciocinio, defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio, no valoración del material probatorio allegado al proceso
judicial (…)”13.
Argumentó que el tribunal accionado “(…) desconoció por completo que,
respecto a los supuestos fácticos que dieron lugar a la investigación y
sanción disciplinaria, fue el suscrito víctima inicial de las agresiones
cometidas por mi ex – pareja y que ante una reacción fue que se
generaron las agresiones recíprocas, pero que, por mi condición de
hombre (generó), vulnerándose el Principio o Derecho Fundamental a la
Igualdad, simplemente se me sancionó, de forma desproporcionada
(…)”14.
Resaltó que “(…) se me sancionó disciplinariamente, por infringir la
normatividad disciplinaria el cual, por remisión normativa, se acudió al
Código Penal “lesiones personales”, Ley 1015 de 2006 artículo 34 numeral
10 remitiéndose a la Ley 599 de 2000 artículo 111 (Lesiones personales),
del cual, se desconoció en igual manera por parte de la entidad judicial
accionada, el contenido de la reciente Sentencia del CONSEJO DE ESTADO
• SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B, radicado N. 76001-23-33-000-2014-00504-01 (1667
2022), de fecha 15 de junio del año 2023, en proceso contencioso de
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, donde se demandó a la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, el Consejero Ponente:
Carmelo Perdomo Cuéter, al hacer un comparativo respecto a la decisión
contenciosa acontecida en mi caso, frente a las decisiones judiciales
(penal) y administrativas (disciplinaria) (…)”15.
Advirtió que “(…) se me sancionó estando en situación administrativa de
descanso, por un tipo disciplinario de remisión normativa al Código Penal,
trayendo a consideración la anterior providencia del órgano de cierre
contencioso, es de aclarar que, por parte de la Fiscalía NUNCA se me
imputó cargo y/o acusación alguna por el delito de lesiones personales,
mucho menos existió un juicio oral donde se haya emitido sentencia
Condenatoria alguna en mi contra por “lesiones personales” (…)”16. En
ese sentido, afirmó que “(…) el suscrito, no cometió ningunas “lesiones
personales” como lo justificó y motivó el ente disciplinario, y que fue
avalado por la judicatura tanto de primera como de segunda instancia
(…)”17.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 7 de febrero de 202518 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Subsección C, Sección Tercera del Consejo
de Estado que por auto del 12 de febrero de 202519 la admitió y dispuso
notificar20 al Tribunal Administrativo del Chocó, como parte accionada; así
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
19
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
20
Esta orden se cumplió el 14 de febrero de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
00712 00.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
como vincular21 al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó
y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, como
terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Quibdó para que allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del
expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro.
27001 33 33 004 2021 00182 00/01, el cual fue remitido22.
3.2. La titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó
presentó escrito23 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones del
accionante.
Manifestó que “(…) frente a los cuestionamientos planteados por el
accionante en la acción de tutela respecto a la actuación del Despacho,
se precisa que no es cierto que no se haya realizado un análisis objetivo,
imparcial e integral del caso sometido a estudio (…)”.
Argumentó que “(…) [a]l analizar la sentencia de primera instancia dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se evidencia que
se valoraron diversas pruebas documentales y testimoniales, tales como
informes de novedad, la denuncia penal, historias clínicas, el informe de
medicina legal y forense, capturas de pantalla de mensajes de texto y
declaraciones juradas. Se examinó la coherencia del testimonio de la
Teniente Maira Alejandra Cuesta Domínguez, otorgándole valor probatorio
en conjunto con los demás elementos recaudados (…)”.
Sostuvo que “(…) se tuvieron en cuenta los fallos disciplinarios y se
estableció que, aunque el disciplinado se encontraba en franquicia,
conservaba su calidad de servidor público y, por lo tanto, era sujeto de
responsabilidad disciplinaria. Se garantizó el ejercicio de su derecho de
defensa y contradicción a lo largo de la investigación, descartándose
21
Ibidem.
22
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
23
Ibidem.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
cualquier parcialidad en la valoración probatoria o en la toma de la
decisión. En consecuencia, se concluyó que la sanción impuesta fue
producto de una valoración integral del material probatorio, en aplicación
del régimen disciplinario vigente, con respeto al debido proceso y
considerando el impacto de la conducta en la Policía Nacional (…)”.
3.3. La magistrada encargada del despacho ponente de la providencia
cuestionada presentó informe24 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo, comoquiera que no se cumple
con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial o que, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la parte
accionante.
Señaló que “(…) si bien el accionante indicó que presuntamente en la
providencia judicial atacada se incurrió en indebida valoración probatoria,
lo cierto es, que no ofreció argumentos suficientes sobre el particular, sino
que se limitó a manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada en el
proceso disciplinario. En la acción tutelar, al actor le corresponde
establecer con claridad las razones que demuestren la absoluta
arbitrariedad en la valoración del fallo cuestionado, cosa que no se hizo
en el escrito de solicitud de amparo, pues la parte actora no se detuvo a
demostrar que la valoración y apreciación de las pruebas, realizada por
este Tribunal en su sentencia, es jurídicamente imposible, absolutamente
irrazonable u ostensiblemente arbitraria (…)”.
Aseveró que, contrario a lo expuesto por el accionante, la sentencia
acusada no incurrió en ninguno de los defectos invocados, por lo que
advirtió que “(…) los argumentos presentados por el accionante para
cimentar los defectos invocados obedecen a su descontento e
inconformidad con la decisión judicial que no fue favorable a sus intereses,
y no a una real vulneración de las garantías fundamentales alegadas, lo
24
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
que torna improcedente la solicitud de amparo, al no cumplir con el
requisito de procedencia de relevancia constitucional (…)”.
3.4. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción
nro. 21 del Departamento de Policía Antioquia allegó escrito 25 en el
precisó que “(…) al señor Patrullero YASER FADITH PALACIOS GREINS, se
le impuso una sanción disciplinaria previamente de haberle garantizado
todas las garantías Constitucionales y legales dentro del proceso
disciplinario que se adelantó en su contra, mismo que tuvo como
resultado la imposición de un correctivo disciplinario, de acuerdo a las
facultades legales conferidas a este censor disciplinario (…)”.
En ese sentido, adujo que “(…) la presente acción tiene como base
destruir la legalidad que ampara el proceso administrativo adelantado,
cuando el ejercicio de esta acción no conlleva de consuno (sic) la
vulneración de derechos fundamentales (…)”.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
21 de marzo de 202526, declaró improcedente la solicitud de amparo al
considerar que “(…) los cargos referidos no satisfacen el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido
a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario”.
Para ello, expuso que “(…) la parte accionante pretende que nuevamente
se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por la autoridad
judicial accionada en la sentencia censurada, con el objetivo de que se
declare la nulidad de los actos administrativos reprochados en el proceso
ordinario (…)”.
25
Visto en los índices 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
26
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Adujo que “(…) el Tribunal Administrativo del Chocó expresamente señaló
que abordaría los argumentos planteados en el recurso de apelación
consistentes en que, tanto en el proceso disciplinario adelantado como en
el fallo de primera instancia del proceso ordinario, no existió una
valoración integral de las pruebas aportadas, y en que hubo un presunto
desconocimiento de los principios de proporcionalidad e igualdad ante la
ley disciplinaria (…)”.
Anotó que “(…) [a]l efecto, hizo un recuento del material probatorio que
le permitió concluir la responsabilidad disciplinaria del señor Palacios
Greins, pues encontró acreditado que agredió físicamente a la señora
Cuesta Domínguez ocasionándole una incapacidad (…)”.
Aunado a lo anterior, indicó que “(…) la autoridad accionada efectuó un
análisis normativo nacional e internacional y jurisprudencial de cara al
derecho a la igualdad y a la perspectiva de género, respecto a las
obligaciones a cargo de las autoridades administrativas y judiciales
tendientes a mitigar la violencia contra las mujeres (…)”.
Advirtió que “(…) [c]ontrario a lo afirmado por el accionante, la autoridad
judicial sí abordó el estudio de la situación administrativa de franquicia en
la que se encontraba al momento de la ocurrencia de los hechos, sin
embargo, concluyó que aquella no lo separaba de la obligación de
observar el ordenamiento jurídico, lo cual se acompasaba con lo
establecido en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 (…)”.
Explicó que “(…) [b]ajo esa línea argumentativa, el tribunal sostuvo que
la conducta fue típica y afectó sustancialmente el deber funcional sin
justificación alguna. Por consiguiente, la sanción impuesta correspondió a
la gravedad de la falta atribuida, aunado a que fue correctamente
dosificada, ya que se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad
general de 10 años (…)”.
Frente al reproche del accionante, respecto a que la autoridad judicial
accionada no ejerció el control de legalidad de los actos demandados
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
porque la segunda instancia del proceso disciplinario declaró la nulidad de
lo actuado sin tener certeza de la adecuación típica, en vez de haberlo
absuelto, precisó que “(…) la sentencia reprochada explicó, in extenso,
que las acciones ejercidas por el señor Palacios Greins sí se subsumieron
en la descripción legal de la conducta disciplinable (…)”.
En ese sentido sostuvo que “(…) el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional,
pues, como se vio, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan
reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario, con el fin de que
prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en el proceso 27001333300420210018200/01;
máxime cuando esta Subsección observa que se formularon similares
motivos de reproche en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia del ordinario (…)”.
Finalmente, concluyó que “(…) en atención a la autonomía judicial y al
carácter excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso
señalar que no basta con manifestar inconformidades respecto a las
decisiones judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los
requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la discusión
queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional (…)”.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo
impugnó27 manifestando que “(…) las consideraciones expuestas para
negar la misma, debe ser revocada por el Juez Constitucional Ad Quem,
dado que, la presentación de la acción de Tutela no estuvo encaminada a
“que el accionante pretende utilizar este mecanismo constitucional como
27
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
si se tratara de una instancia adicional”. Por el contrario, en la acción
constitucional, se argumentaron y se fundamentaron los presupuestos
que, a bien decirlo, tuvieron directa relación con los defectos fácticos
relacionados con los fallos contenciosos y la Violación directa de la
Constitución y relevancia constitucional (…)”.
Señaló que, “(…) [d]esconoció el Juez de Tutela de Primera Instancia que,
respecto a la investigación disciplinaria que conllevó a [la] sanción de
destitución e Inhabilidad General en contra del suscrito, referida sanción
fue por remisión normativa al Código Penal, esto es, Título I, Capítulo III,
artículos 111 y 112 de la Ley 599 de 2000. Y es que, frente a lo anterior,
probado quedó que, en la jurisdicción penal, no existió ninguna condena
en contra del suscrito por el presunto punible de lesiones personales (…)”.
Alegó que el a quo no tuvo en cuenta lo dispuesto en la sentencia del 15
de junio de 2023 proferida por la Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el proceso identificado con el radicado nro. 76001
23 33 000 2014 00504 01, en la que, según indicó, se expuso lo siguiente
“(…) si en materia penal los supuestos de hecho atribuidos al aquí
accionante no resultaron verídicos, como, en efecto, lo evidenciaron con
mayor rigor las autoridades de esa jurisdicción, no resulta dable atribuir
responsabilidad disciplinaria al actor (…)”.
Reiteró que “(…) si segunda instancia administrativa, no tenía certeza de
la Tipificación e Imputación adecuada por la primera instancia, no ha
debido declarar la Nulidad sino por el contrario, haberme absuelto de toda
responsabilidad. Y es que, respecto a lo anterior, si el operador
disciplinario de segunda instancia, no tenía certeza sobre la
responsabilidad del suscrito, ha debido entonces proceder, NO A LA
NULIDAD (…) SINO A LA ABSOLUCIÓN, puesto que, el sujeto procesal,
no tiene por qué asumir la carga disciplinaria derivada precisamente de
errores o yerros emitidos por quien en sede de juzgamiento de primera
instancia los comete, lo que fue desconocido por el Juez de Tutela de
Primera instancia (…)”.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Anotó que “(…) lo acontecido en sede de segunda instancia
administrativa, fue en sí, una flagrante vulneración al Debido Proceso que
me asiste, ampliamente justificado, argumentado y soportado tal y como
se evidencia, con decisiones en diferentes ámbitos judiciales y
administrativos, el cual, a bien decirlo, tiene relevancia constitucional,
por estar en juego dicho derecho fundamental como lo es el Debido
Proceso. Es más, cuando de tensión se trata entre la Presunción de
Inocencia VS irregularidades sustanciales que afectan el Debido Proceso,
ha sido reiterativa las Altas Cortes, en que debe direccionarse por
materializar la primera de ellas, esto es, la Presunción de Inocencia (…)”.
Adujo que “(…) lo que se hizo por parte de segunda instancia, no fue
corregir una irregularidad sustancial que afectó el debido proceso, aun
sabiendo, reconociendo y teniendo en cuenta que se estaba ante la
vulneración de un Principio Rector como lo es el In Dubio Pro Disciplinario,
optó fue por corregirle a la primera instancia, todas las situaciones
fácticas derivadas de yerros jurídicos, para que, una vez el proceso
volviera a la primera instancia, subsanar lo anterior, y emitir nuevamente
un fallo de destitución disciplinaria, lo que a todas luces insisto, es una
afrenta al Debido Proceso, la Dignidad Humana, y Principios Rectores
antes enunciados, el cual, tiene relevancia constitucional, de ahí la
presentación de la acción de tutela contra sentencia judicial (…)”.
Sostuvo que “(…) no se pretende con esta acción de tutela revivir o
continuar con una instancia judicial, NO, por el contrario, al tener
relevancia constitucional, como quiera que está en juego Derechos
Fundamentales como lo es el Debido Proceso y la Presunción de
Inocencia, se materializa así uno de los requisitos que la Corte
Constitucional ha establecido para presentar acción de tutela contra
sentencia judicial, en este caso, relevancia constitucional (…)”.
Resaltó que “(…) por parte de las autoridades administrativas, se
desconoció por completo el Principio de Proporcionalidad de la Sanción
disciplinaria, como quiera que, el suscrito para la fecha de los hechos
investigados, no tenía ninguna relación con el cargo y/o función, y, se
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
itera, en un caso similar al que nos ocupa, debe tenerse de presente la
sentencia del Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A Rad. nro.
11001 03 25 000 2013 01092 00 (2552-13) (…) sin embargo (…) no
existió pronunciamiento alguno por parte del Juez Constitucional de
Primera Instancia (…)”.
Al respecto, advirtió que “(…) la anterior Providencia honorable Juez
Constitucional Ad Quem, derivada de un caso similar al que nos ocupa,
generándose y confirmándose inclusive reproche y sanción disciplinaria,
basado precisamente en ese Principio Rector de Proporcionalidad, se
consideró por parte del órgano de cierre de lo contencioso administrativo,
confirmar la sanción impuesta de 45 días al señor Francisco Javier
Guillermo Barreto Vásquez, por haber causado lesiones a su compañera
de trabajo, en una situación ajena a su cargo o función, sin embargo, al
suscrito, se me destituye del cargo y se me impone una sanción
disciplinaria con inhabilidad general (…)”.
Argumentó que “(…) en dicha investigación disciplinaria y, en el fallo de
tutela objeto de impugnación, se desconoció por completo que, el suscrito
evidentemente fue agredido físicamente por parte de la Teniente Maira
Alejandra Cuesta Domínguez, pues fue el mismo señor Inspector
Delegado Regional N. 2 (E), Coronel Edgar Fernando Rojas Sierra, quien
mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2020, reconoce como tal las
agresiones recíprocas, sin embargo, inclina su balanza sancionatoria en
contra del suscrito, única y exclusivamente por mi condición de género,
“corpulencia y superioridad física”, lo cual, a todas luces, denotó el grado
de parcialidad y vulneración por razones de sexo (…)”.
Finalmente, reiteró las pretensiones planteadas en el escrito inicial de
tutela.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
5.2. Por auto proferido el 23 de mayo de 2025 se concedió la
impugnación28 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto
del 4 de junio de 202529.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199130, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201531, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 32, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201933, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente34:
28
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
29
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 01.
30
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
31
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
32
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
33
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
34
Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 27001 33 33 004 2021
00182 00/01. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
6.2.1. El señor Yaser Fadith Palacios Greins, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
pretendiendo lo siguiente:
«[…] PRIMERA: Que se declare la Nulidad de los Actos
Administrativos: (i) Proceso disciplinario bajo el radicado N. SUUR
DEANT-2019-53 expedido por el Jefe de la Oficina de Control
Interno Disciplinario - DEANT (fallo de primera instancia); (il)
Proceso disciplinario bajo el radicado N. SIJUR-DEANT-2019-53
expedido por la Inspección Delegada Regional N. 2 (fallo de
segunda instancia) y, (iii) Resolución N. 03372 del 07 de diciembre
de 2020 expedida por el señor Director de la Policía Nacional
General Oscar Atehortúa Duque, por medio del cual, se ejecutó la
sanción disciplinaria de Destitución e Inhabilidad General en contra
del señor Yaser Fadith Palacios Greins para ejercer funciones
públicas en cualquier cargo o función por el término de 10 años.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo contemplado en el
numeral primero, se condene y ordene a la NACIÓN MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL proceda a actualizar
la base de datos SIJUR de la Policía Nacional, la de la Procuraduría
General de la Nación, de la hoja de vida laboral del señor Yaser
Fadith Palacios Greins y cualquier otra base de datos relacionada
con dicha sanción, respecto al antecedente disciplinario bajo el
radicado N. SIJUR-DEANT-2019-53.
TERCERA: Que como consecuencia de lo contemplado en el
numeral primero y como restablecimiento del derecho, se condene
y ordene a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL proceda a reintegrar sin solución de
continuidad al servicio activo al señor Yaser Fadith Palacios Greins,
en el grado en que fue retirado, es decir, al grado de Patrullero, sin
perder su antigüedad conforme a su escalafón y, se ordene se
llame para adelantar el curso para Subintendente y demás grados
superiores, conforme al Decreto 1791 de 2000; es decir, que se
ordene su reintegro al servicio activo de la Policía Nacional sin
perder de vista el grado ni la antigüedad de sus compañeros de
curso o promoción.
CUARTA: Que como consecuencia de lo contemplado en el numeral
primero y a título de restablecimiento del derecho, se condene y
ordene a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
POLICÍA NACIONAL, proceda a reintegrar a mi poderdante con la
indexación que en derecho corresponda, aunado a las primas de
todo orden (antigüedad, actividad, orden público, etc.),
bonificaciones, prestaciones reglamentarias, estatutarias y/o
extralegales, vacaciones, subsidios familiares, partida alimentaria,
seguros, cesantías y demás emolumentos que en todo tiempo
devengue un Patrullero de la Policía Nacional en servicio activo,
dineros dejados de percibir desde que se produjo su retiro de la
institución por destitución.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
QUINTA: Que, como consecuencia de lo contemplado en el
numeral primero, se condene y ordene a la NACIÓN MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, pagar a mi
poderdante los daños morales como corolario del sufrimiento,
angustia, incertidumbre, aflicción, tristeza, postración física y
anímica que es apenas natural, por las implicaciones y
repercusiones que ello derivó, sufrida en razón a su Intempestivo
retiro institucional como consecuencia de la Destitución por proceso
disciplinario, los cuales se consideran en 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
SEXTA: Que, como consecuencia de lo contemplado en el numeral
primero, se condene y ordene a la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL, que no ha habido o
existido solución de continuidad en la relación laboral legal y
reglamentaria existente entre el señor Yaser Fadith Palacios Greins
y la Policía Nacional, es decir, se entienda como efectivamente
laborado, el tiempo transcurrido entre el retiro y el reintegro
efectivo a la institución.
SÉPTIMA: Que, como consecuencia de lo contemplado en el
numeral primero, se condene y ordene a la NACIÓN MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, reconozca pagar al
actor todas las sumas de dinero que se demuestre haber pagado
por servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, odontológicos
y de laboratorio para él y su núcleo familiar que se encontraban
afiliados al Sistema de Salud de la Policía Nacional, durante el
tiempo que permanezca retirado de la Institución Policial.
OCTAVA: Que, como consecuencia de lo contemplado en el
numeral primero, se condene y ordene a la NACIÓN MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, que al momento de
pagar el fallo ejecutoriado por reintegro y restablecimiento del
derecho, no se descuenten los dineros que pueda percibir el actor
por parte del Estado, de acuerdo a lo expresado por el Honorable
Consejo de Estado Exp. No. 2001-83645 y Exp. No. 2002-354,
fallos del 03 de abril de 2008.
NOVENA: Que, como consecuencia de lo contemplado en el
numeral primero, se dé cabal cumplimiento a la sentencia o fallo
meritorio en los términos establecidos en los artículos 192 y 195
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
DÉCIMA: Que como consecuencia de lo contemplado en el numeral
primero, se condene al pago de costas y agencias en derecho a la
NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL,
conforme a los pronunciamientos de las altas Cortes.
DÉCIMA PRIMERA: Que todos los pagos que se ordenaré hacer a
favor del señor Patrullero® Yaser Fadith Palacios Greins o de quien
sus derechos representen, le sean cubiertos en moneda de curso
legal en Colombia, ajustando su valor con base en los Índices de
precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) o por la entidad que
eventualmente llegaré a hacer sus veces […]». (Mayúsculas y
negrillas originales de la demanda).
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Quibdó que, en sentencia del 4 de febrero
de 2022 declaró probadas las excepciones de “presunción de legalidad”,
“inexistencia del derecho pretendido” y “falta de fundamento jurídico para
las pretensiones e inexistencia de vicios de nulidad”, y negó las
pretensiones de la demanda.
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante, hoy
accionante, interpuso recurso de apelación y la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 28 de agosto de
202435, notificada el 3 de septiembre de 202436, la confirmó y la adicionó,
en el sentido de impartir la siguiente medida especial de prevención:
“[…] Ordenar remitir copia de la presente providencia al Ministerio
de Defensa Nacional-Policía Nacional-Comité Nacional de Género,
o el que haga sus veces, encargado de trazar al interior de la
institución, las líneas de Política y de Promover el Direccionamiento
de acciones afirmativas tendientes a garantizar los derechos de la
mujer a la no violencia ni discriminación, con la finalidad de que
publique la presente providencia en su página web, durante un (1)
mes e imparta las directrices, necesarias, tendientes a que en los
procesos donde se advierta hechos constitutivos de violencia contra
la mujer, se surta el debido acompañamiento, en función del
restablecimiento de derechos, valores y condiciones sicosociales
que resulten resquebrajadas con ocasión a los hechos puestos en
su conocimiento, dentro del marco de la perspectiva de género y
el deber que asiste, como guarda y protector de dicho grupo
poblacional.
Ordenar remitir copia de la presente providencia al Ministerio de
Defensa - Policía Nacional-Control disciplinario, y en general a las
dependencias o secciones encargadas de adelantar procesos
disciplinarios, para que a través de su página web, durante un (1)
mes, pueda ser conocida por todo el personal técnico,
administrativo, operativo y disciplinario de dicha entidad, y en tal
sentido, además se ponga de presente toda la doctrina, normativa
y jurisprudencia, interna e internacional, que existe frente a las
medidas especiales, de prevención y de distinción, que deben
aplicarse y generarse, dentro del marco de un proceso disciplinario,
35
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 27001 33 33 004 2021 00182 01.
36
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 27001 33 33 004 2021 00182 01.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
cuando se esté en presencia de casos con mujeres víctima de
violencia, en línea de la protección del interés especial de la mujer,
la no violencia y la no discriminación.
En tal sentido se impartirán capacitaciones, a todo el personal de
la institución policial […]”.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Circunscribiéndose a lo que es motivo de impugnación, la Sala considera
necesario resolver si, en este caso, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para
luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”37.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
37
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades38:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia39. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
analizará el tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
38
Este criterio ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU
103 de 2022.
39
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que40 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal” (Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer
elemento que la compone, esto es, impedir que la acción de tutela se
40
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora
pretende reabrir el debate resuelto en el proceso ordinario, dado que sus
inconformidades, planteadas tanto en el escrito de tutela como en la
impugnación, están encaminadas a cuestionar la valoración probatoria
realizada por la autoridad judicial accionada, así como controvertir los
fundamentos expuestos en la sentencia acusada.
Para ello, alegó que el tribunal accionado “(…) desconoció por completo
que, respecto a los supuestos fácticos que dieron lugar a la investigación
y sanción disciplinaria, fue el suscrito víctima inicial de las agresiones
cometidas por mi ex – pareja y que ante una reacción fue que se
generaron las agresiones recíprocas, pero que, por mi condición de
hombre (…) simplemente se me sancionó de forma desproporcionada
(…)”41.
Adujo que “(…) basado en el Principio Rector de Proporcionalidad, tal y
como se expuso y se argumentó ampliamente en la demanda contenciosa,
se desconoció por la judicatura referido principio, habida cuenta que,
derivado del supuesto fáctico, se evidencia que no existe ninguna relación
con el Deber Funcional o cargo asignado al suscrito, pues es claro que me
encontraba en situación administrativa de descanso (…)”42.
En igual sentido, argumentó que “(…) lo acontecido entre el suscrito y la
señora Oficial Cuesta Domínguez, una actuación donde dado la agresión
de la que inicialmente fui víctima, se generaron luego “agresiones
recíprocas”, tal y como quedó corroborado con la presentación de la
versión libre y pruebas documentales (fotografías) que aporté. Sin
embargo, ello no fue valorado integralmente por la Judicatura (…)”43.
41
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
42
Ibidem.
43
Ibidem.
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
Adicionalmente indicó que “(…) los operadores disciplinarios y la
judicatura, hicieron su análisis de responsabilidad, inclinándose la balanza
a favor de la condición de mujer de la señora Teniente Maira Alejandra
Cuesta Domimguez (sic) desconociéndose así, el Principio Rector
contemplado en la Ley 1015 del año 2006 artículo 13, que señala:
Igualdad ante la ley disciplinaria (…)”. En igual sentido, lo prescrito en la
Ley 734 del año 2002, “artículo 15. Igualdad ante la ley disciplinaria: Las
autoridades disciplinarias tratarán de modo igual a los destinatarios de la
ley disciplinaria, sin establecer discriminación alguna por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica” (…)”44.
A su turno, advirtió que “(…) respecto a la investigación disciplinaria que
conllevó a [la] sanción de destitución e Inhabilidad General en contra del
suscrito, referida sanción fue por remisión normativa al Código Penal, esto
es, Título I, Capítulo III, artículos 111 y 112 de la Ley 599 de 2000. Y es
que, frente a lo anterior, probado quedó que, en la jurisdicción penal, no
existió ninguna condena en contra del suscrito por el presunto punible de
lesiones personales (…)”45.
Agregó que “(…) si segunda instancia administrativa, no tenía certeza de
la Tipificación e Imputación adecuada por la primera instancia, no ha
debido declarar la Nulidad sino por el contrario, haberme absuelto de toda
responsabilidad. Y es que, respecto a lo anterior, si el operador
disciplinario de segunda instancia no tenía certeza sobre la
responsabilidad del suscrito, ha debido entonces proceder, NO A LA
NULIDAD (…) SINO A LA ABSOLUCIÓN (…)”46.
Frente a los reparos del accionante, la sentencia acusada explicó lo
siguiente47:
44
Ibidem.
45
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00712 00.
46
Ibidem.
47
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 27001 33 33 004 2021 00182 01.
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
«[…] El eje central del asunto que nos ocupa se centra en las
alegaciones que hace la parte demandante consistentes en que
dentro del proceso disciplinario adelantado y el fallo de primera
instancia no existió una valoración integral de las pruebas
aportadas, así como también, que se desconocieron los principios
de proporcionalidad e igualdad ante la ley disciplinaria.
Con respecto al cargo formulado por el recurrente en la apelación
sobre la violación del principio de proporcionalidad disciplinaria,
aquel considera que la sanción disciplinaria impuesta es
“desproporcional, habida cuenta que, derivado del supuesto
fáctico, se evidencia que no existe ninguna relación con el
Deber Funcional o cargo asignado a mi mandante, dado la
situación administrativa en que se encontraba”.
A este respecto, debe indicarse que tal cargo no está llamado a
prosperar habida cuenta que si bien es cierto el señor YASER
FADITH PALACIOS GREINS se encontraba inmerso en una situación
administrativa de franquicia, para la fecha del 07 de abril de 2019
–fecha de ocurrencia de los hechos-, y que según el artículo 40
numeral 6 del Decreto 1791 de 2000, se concibe como una
situación de descanso, no es menos cierto que, tal cuestión
transitoria de descanso puede afectar el deber funcional ya que en
ningún momento separa al miembro de la Policía Nacional de su
obligación de observar cabalmente la Constitución y la Ley en
tratándose de cuestiones que superan su esfera personalísima y se
inmiscuyen en la lesión de un bien jurídicamente tutelado tipificado
en la ley como delito o contravención (…)
(…)
Luego entonces, de las pruebas recaudadas se puede extraer que
están ajustadas al debido proceso, en tanto se pudo establecer que
la Teniente MAIRA ALEJANDRA CUESTA DOMINGUEZ sufrió
lesiones en su rostro que le generaron una incapacidad para
trabajar de 5 días (…), ocasionadas por parte del demandante ya
que el 07 de abril del 2019, en horas de la madrugada ingresó a la
habitación de la Teniente CUESTA DOMINGUEZ ubicada en el
Casino de Oficiales del Comando de Policía del Departamento del
Chocó, sosteniendo una discusión y posteriormente causándole
daños en su rostro consistentes en fractura de piso de la
órbita de la pared anterior del seno maxilar y parte del
etmoides izquierdo, fractura de la espina nasal anterior,
enfisema periobitrario izquierdo, desviación del tabique
nasal a la izquierda e hipertrofia de cornetes nasales
inferiores con obtusa nasal bilateral, adecuándose la conducta
descrita al tipo disciplinario endilgado.
Es bajo ese entendido que la Sala considera que el accionante actuó
a título de dolo con el conocimiento de que su conducta estaba
violando el deber funcional establecido en la Ley 1015 de 2006,
artículo 34 numeral 10, y aun así decidió realizarla.
(…)
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
En concordancia con lo anterior, para la Sala, fue típica la conducta
que motivó la sanción disciplinaria impuesta al demandante, cuyo
comportamiento afectó sustancialmente el deber funcional
sin justificación alguna (…). La tipicidad, como condición
necesaria del derecho disciplinario, halla su fundamento en el
principio de legalidad previsto, en este caso, en la Ley 734 de 2002,
así: artículo 40. Legalidad. El servidor público y el particular en los
casos previstos en este código solo serán investigados y
sancionados por comportamientos que estén descritos como faltas
en la ley vigente al momento de su realización», que es, a su vez,
expresión del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, según el cual nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio».
La sanción impuesta corresponde a la gravedad de la falta atribuida
y que además fue correctamente dosificada porque se le impuso la
sanción de destitución y suspensión e inhabilidad de 10 años en
este tipo de faltas consideradas como gravísimas. Al respecto la
Ley 1015 de 2006, estatuto disciplinario para la Policía Nacional
establece lo siguiente: «Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas
gravísimas las siguientes: "[...] 9. Realizar una conducta descrita
en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón,
con ocasión como consecuencia de la función o cargo.». En lo que
concierne a la sanción para las faltas gravísimas y a título de dolo,
la citada ley establece lo siguiente: <<Artículo 39. Clases de
sanciones y sus límites. Para el personal uniformado escalafonado,
se aplicarán las siguientes sanciones: 1. Para las faltas gravísimas
dolosas o realizadas con culpa gravísima Destitución e Inhabilidad
General por un término entre diez (10) y veinte (20) años.».
Finalmente, en lo que tiene que ver con la violación al principio de
igualdad.
Aduce el apelante, que el operador disciplinario adoptó su decisión
basada en un contexto discriminatorio por la condición de sexo del
sujeto disciplinado, poniendo en vilo el derecho de igualdad ante la
ley disciplinaria.
En su sentir dentro de la actuación disciplinaria se sometió al actor
a un trato discriminatorio por razones de su sexo masculino (…).
Si bien es cierto, para la Sala, el ente disciplinario debió utilizar
adjetivos calificativos o criterios distintos a corpulencia y
superioridad física del género masculino al referirse al señor
PALACIOS GREINS, no es menos cierto la existencia de la conducta
endilgada y respecto de la cual se le encontró responsable, en línea
a la gravedad de las lesiones causadas, cuestión que en todo caso,
no alcanza a tornar irregular y con esta ilegal la actuación
administrativa disciplinaria que culminó con los actos acusados.
La Sala advierte, que no toda violación a la dimensión formal del
derecho a la igualdad y al debido proceso, se debe traducir
inexorablemente en la anulación de la actuación jurídico procesal
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
afectada, porque para tales efectos se necesita que aquella
transgresión sea proyectada en la esfera material de la protección
de dicho derecho (…).
El control de legalidad de los actos de la administración, que la
Constitución ha confiado a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, implica una especial cualificación y depuración del
debate. Por ello, cuando el asunto es puesto en conocimiento de la
jurisdicción, y emerge, por tanto, el momento de control judicial en
sede Contencioso Administrativa, no cualquier alegato puede
plantearse, ni cualquier defecto menor está en capacidad de
erosionar el fallo disciplinario, dotado, de la presunción de
legalidad, que no se advierte desvirtuada en el presente caso.
Por tanto, el extremo procesal que alegue la nulidad debe estar en
la capacidad de demostrar que dicha irregularidad afecta la
garantía de los sujetos procesales, o que está frente al
desconocimiento de las bases fundamentales de la instrucción y
juzgamiento, cuestión que no aconteció en el presente asunto.
En conclusión, visto el marco jurídico de la falta disciplinaria
endilgada al demandante, en concordancia con las pruebas
recaudadas dentro de la actuación, observa la Sala que el hecho
generador de los actos administrativos demandados se encuentra
tipificado como causal de falta disciplinaria gravísima. Igualmente,
determinó que el estatuto disciplinario para la Policía Nacional
establece como consecuencia jurídica frente a la falta disciplinaria
verificada, destitución e inhabilidad general entre 10 y 20 años,
rangos legales tenidos en cuenta por el ente accionado, al
momento de graduar e imponer la sanción al hoy demandante,
dentro de la actuación acusada […]». (Mayúsculas, subrayas y
negrillas originales de la providencia).
Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ordinario para insistir en la nulidad de los actos administrativos
demandados y en las presuntas “irregularidades” presentadas en la
investigación disciplinaria adelantada en su contra, por el supuesto
desconocimiento del principio de proporcionalidad, de igualdad ante la ley
disciplinaria y la indebida tipicidad de la conducta dentro de dicha
investigación, lo cual ya fue objeto de debate por el juez natural de la
causa, por lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional citada en precedencia, la petición de amparo no cumple con
el tercer criterio de la relevancia constitucional.
Ahora, en cuanto al argumento expuesto por la parte accionante en el
escrito de impugnación, respecto a que el a quo ignoró y no se pronunció
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
sobre las sentencias proferidas por la Subsección A y Subsección B de la
Sección Segunda de esta Corporación en los procesos identificados con
los radicados nro. 11001 03 25 000 2013 01092 00 y 76001 23 33 000
2014 00504 01, respectivamente, citadas tanto en el escrito de tutela
como en el de impugnación, la Sala advierte que el accionante no cumplió
con la carga de identificar los problemas jurídicos resueltos en dichas
providencias, lo que implicaba señalar las pretensiones, así como los
fundamentos de hecho y de derecho que sustentaban dichos casos y que
guardaban identidad con el suyo; más aún cuando en el caso identificado
con el radicado nro. 2013 01092 00, la parte demandada era la
Contraloría General de la República, y en el proceso ordinario objeto de
debate en esta instancia constitucional la entidad demanda corresponde
a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias;
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente
por cuanto no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, por lo que se confirmará el fallo proferido el 21 de marzo
de 2025 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00712 01
Accionante: Yaser Fadith Palacios Greins
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 21 de marzo de
2025 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo, según lo explicado en
precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.