Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00746-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00746-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00746-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de junio de 2025
Demandante: Crispulo Domingo Nieves Correa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-00746-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00746-01
Demandante: CRISPULO DOMINGO NIEVES CORREA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte actora contra la
sentencia del 9 de abril de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta
que negó las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El ciudadano Crispulo Domingo Nieves Correa, mediante apoderado judicial1,
promovió amparo constitucional contra el Consejo de Estado, Segunda, Subsección
A, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la «igualdad,
debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, vida
digna, mínimo vital, garantía del derecho adquirido, buena fe, favorabilidad y
seguridad social de los pensionados».
Para el accionante, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales tuvo
lugar con ocasión de la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 20
de noviembre de 2024, al interior del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho 15001-23-33-000-2020-01842-00/01, en el que revocó la decisión de
1 Según poder conferido al abogado Pedro Yesid Lizarazo Martínez, con nota de presentación
personal ante la Notaría Única del Círculo de Belén, Boyacá.
1
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Demandante: Crispulo Domingo Nieves Correa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
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primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, para, en su
lugar, negar las súplicas de la demanda.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese sentido, pidió:
[…]
Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas
respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros le sean tutelados los derechos
fundamentales de: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, VIDA DIGNA, MINIMO VITAL,
GARANTIA DEL DERECHO ADQUIRIDO, FAVORABILIDAD Y SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS PENSIONADOS, ordenando de ser posible en alcance jurídico el
correspondiente reconocimiento de la pensión gracia en favor del docente CRISPULO
DOMINGO NIEVES CORREA.2
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
Crispulo Domingo Nieves Correa, acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objetivo de cuestionar la legalidad de las
Resoluciones RDP 000909 y 007438 del 15 de enero y 6 de marzo de 2019,
proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales, en lo sucesivo UGPP.
A través de los citados actos administrativos la demandada negó el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación gracia solicitada por el actor, al considerar que
no se cumplía con el requisito de tiempo en la docencia oficial de carácter
departamental, distrital, municipal o nacionalizado.
El asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Boyacá, autoridad
judicial que clausuró la primera instancia con sentencia del 14 de junio de 2023 en
la que accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó a la
UGPP «[…]reconocer y pagar la pensión gracia al docente Críspulo Domingo
Nieves Correa, identificado con cédula de ciudadanía 3.294.464, en cuantía del 75%
del promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de
su estatus pensional, comprendido entre el 26 de abril de 2003 al 26 de abril de
2004 con inclusión de la asignación básica y las doceavas partes de las primas
de vacaciones y de navidad».
2 Transcripción original del texto con posibles errores.
2
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Demandante: Crispulo Domingo Nieves Correa
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Para arribar a la citada conclusión, el a quo analizó los requisitos legales
establecidos para acceder a la prestación económica, para lo cual explicó lo
siguiente:
En consecuencia, es dable afirmar que el docente Críspulo Domingo Nieves Correa
demostró plenamente los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia,
estos son, contar con 50 años de edad (pues los cumplió el 17 de agosto de 1997),
tener una experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 (20 de enero de
1969), haber prestado sus servicios como docente en planteles de orden territorial y
nacionalizado por más de 20 años (que cumplió el 26 de abril de 2004), y observar
una buena conducta en su desempeño como docente.
Inconforme con la anterior decisión, la UGPP formuló recurso de apelación en el
que precisó que el señor Nieves Correa no contaba con el requisito de tiempo de
servicio, pues, la certificación arrimada para tal efecto, correspondiente al periodo
entre 1992 y 2012, es de orden nacional y no resulta idónea para el objeto del
proceso.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A revocó la sentencia del
Tribunal Administrativo de Boyacá, para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda. Lo anterior, en razón a que el actor solo logró demostrar un tiempo de
servicio de 5 años y 10 días como docente territorial, el cual resulta insuficiente para
acceder a la prestación. Al respecto, acotó lo siguiente:
En esa línea de consideraciones, para la Sala el tiempo de servicio prestado por el
docente en el periodo que se analiza desde el 15 de septiembre de 1993 hasta el
16 de agosto de 2012 es del orden nacional, al tenor del certificado laboral
mencionado, y por tanto no es computable para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia.
La anterior providencia se notificó a las partes e intervinientes el 6 de diciembre de
20243.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
Luego de recapitular desde el punto de vista jurisprudencial los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, enfatizó que éstos
se encuentran acreditados en el presente asunto.
Como primer reparo a la decisión acusada, el actor indicó que se incurrió en defecto
fáctico por errónea valoración de la prueba. Dado que, a partir del alcance que se
le dio al Decreto 033 del 15 de septiembre de 1993, proferido por el municipio de
Chitaraque del cual era posible concluir que el actor si cumplió con el tiempo de
servicios echado de menos.
3 Ver índice 17 de Samai. Exp. Ord. 15001-23-33-000-2020-01842-01
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Por otro lado, como segundo reparo, planteó un defecto por desconocimiento del
precedente, en el que explicó que la providencia judicial contraviene la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018 del Consejo de Estado, Sección Segunda 4 en
donde se desarrolló lo atinente a la prueba de la calidad de docente territorial.
En igual sentido, trajo a colación la sentencia SU 014 del 22 de enero de 2020 de la
Corte Constitucional, en donde se encuentran consideraciones importantes sobre la
valoración de la prueba en procesos de esta naturaleza ordinaria laboral.
Finalmente, citó el fallo de unificación del 11 de agosto de 2022, la cual también
abordó el tema de la pensión gracia de los docentes.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente de la primera instancia, mediante proveído del 13 de febrero
de 2025, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, y, por último, vinculó como terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Boyacá y a la UGPP.
1.6. Intervención
Luego de realizadas las notificaciones correspondientes, se tiene que la UGPP
concurrió al proceso solicitando que se declare la improcedencia del mecanismo
constitucional. Para lo cual alegó que el objetivo del señor Nieves Correa es sustituir
al juez natural del proceso, buscando revocar una decisión en la que no se
vulneraron los derechos fundamentales del actor, y tampoco se hace evidente la
existencia de un perjuicio irremediable.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Cuarta profirió sentencia de primera instancia en la
que negó el amparo solicitado por la parte actora. Lo anterior, tras concluir que los
vicios alegados en la solicitud de amparo no se habían configurado.
Frente al cargo por defecto fáctico, explicó que la autoridad judicial accionada
analizó los medios de prueba aportados al proceso, incluyendo el documento base
de la tutela, esto es el Decreto 033 del 15 de septiembre de 1993, proferido por el
municipio de Chitaraque.
4 Expediente: 25000-23-42-000-2013-04683-01 Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
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Asimismo, enfatizó que el ejercicio de valoración realizado se acompasó con
criterios de lógica y razonabilidad, sin que pueda atribuirse un actuar arbitrario o
caprichoso al juez del proceso ordinario.
Respecto al cargo por desconocimiento del precedente, explicó que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A no incurrió en el yerro, pues, de los hechos
probados en el proceso no se cumplió con el requisito que hiciera posible aplicar
dicha decisión, esto es acreditar los 20 años de servicio.
En suma, se concluyó que no habían prosperado los cargos expuestos en la tutela,
lo que conllevaba negar las pretensiones de la solicitud de amparo.
1.8. Impugnación
En su escrito indicó que los medios de prueba que conforman el expediente
ordinario son dicientes en indicar que el señor Crispulo Domingo Nieves Correa
ocupó cargos de docente oficial con el lleno de requisitos que lo hacen acreedor de
la prestación económica.
Reiteró que no se tuvo en cuenta el derrotero jurisprudencial fijado por el órgano de
cierre en las sentencias de unificación, el cual permitía arribar a una conclusión
sustancialmente diferente respecto a los presupuestos legales para acceder a la
pensión de gracia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación formulada en el presente
asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 31 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado, la intervención presentada, la
sentencia de primera instancia y el escrito de impugnación corresponde a la Sala
establecer si confirma, modifica o revoca la sentencia primera instancia. A efectos
de lo anterior, se deben abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
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• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales del accionante,
con ocasión de la sentencia del 20 de noviembre de 2024 dictada al interior
del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-23-
33-000-2020-01842-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su
procedencia.7
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
6
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términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción
constitucional ante la falta de relevancia constitucional, puesto que no cumple con
las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20228.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal9 (Énfasis de la
Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
8 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9 Sentencia SU-573 de 2019.
7
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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional11.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal12”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales13”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal15. (Resaltado de
la Sala)
2.5. Caso concreto
Se revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
acción constitucional, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la solicitud de
amparo por falta de relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto, contrario a lo
sostenido por el actor, en el presente asunto es claro que el mecanismo está siendo
utilizado como una tercera instancia.
Como punto de partida se remembra que el señor Crispulo Domingo Nieves Correa
acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-128 de 2021.
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Ibid.
8
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cuestionar la legalidad de los actos administrativos dictados por la UGPP que
negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Para el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A no era procedente
acceder a la pretensión del demandante, pues, conforme se explicó en precedencia,
no se logró demostrar el supuesto de facto que le permitía acceder a la prestación
económica demandada, esto es acreditar el tiempo de servicio mínimo de 20 años
como docente territorial o nacionalizado para ser beneficiario de la pensión gracia.
El accionante acusó la sentencia de haber incurrido en defecto fáctico, lo anterior
por cuanto no hubo una correcta valoración del Decreto 33 de 1993, del cual, según
su punto de vista, era factible inferir el requisito echado de menos.
Al respecto, una lectura del fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A del 20 de noviembre de 2024, permite arribar a una
conclusión diametralmente diferente, esto es que si hubo el ejercicio hermenéutico
y fue dicha labor la que permitió a la autoridad judicial arribar a la conclusión de
negar la pretensión.
Los reparos que planteó el extremo accionante, tienen como finalidad la imposición
de su criterio sobre el que primó para el juez el de segunda instancia, sobre la
valoración de los medios de prueba.
En torno a la valoración de la prueba, es preciso mencionar que es un ejercicio
intelectivo en el que el juez, aplicando las reglas de la sana crítica y las máximas de
la experiencia, determina el mérito que asigna a cada uno de estos. Lo cual, se
encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan las autoridades
judiciales, por lo que, salvo casos excepcionalísimos16, no es viable su reproche en
esta instancia judicial.
Por otro lado, el cargo por desconocimiento del precedente, nuevamente incurre en
una mera inconformidad del actor con la decisión acusada, pues, el fallo reprochado
si realizó el estudio de las sentencias de unificación argüidas con el escrito de tutela,
las cuales sirvieron como fundamento en sus consideraciones. Para tal efecto, la
decisión indicó lo siguiente:
16 El defecto fáctico, en su dimensión positiva, puede acreditarse en dos escenarios. Primero, respecto de
aquellas pruebas que pueden ser valoradas de manera libre y amplia, el funcionario judicial incurre en tal defecto
cuando actúa contra la razonabilidad. Caso en el que (i) no respeta las reglas de la lógica deóntica al establecer
la premisa fáctica, (ii) resuelve la controversia acudiendo a su propio capricho, (iii) no valora íntegramente el
acervo, o (iv) funda su convencimiento en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas. Segundo, si el
legislador establece que del elemento probatorio p debe seguirse q, incurre en un defecto fáctico si concluye
algo distinto sin ofrecer una justificación para ello (v. gr. la probada falsedad del documento). En cualquiera de
los dos eventos antedichos, el juez desconoce el derecho al debido proceso de las partes y, en consecuencia,
vía tutela, la decisión podrá dejarse sin efectos.
9
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Adviértase que dichas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con todos elementos de juicio para concluir sin lugar a equívoco
el tipo de vinculación del respectivo docente.
En ese sentido, contrario a lo certificado por la secretaría de educación de Arauca y
a lo establecido por el tribunal en la sentencia de primera instancia, el docente, por el
periodo de 20 de enero de 1969 a 1 de febrero de 1974 (5 años y 10 días), tuvo un
vínculo laboral de naturaleza territorial, tiempo que resulta válido para ser tenido
en cuenta con miras a obtener la pensión gracia
Lo anterior, pone en evidencia que el objeto del mecanismo constitucional no es
más que plantear la inconformidad de la parte frente a las conclusiones que en su
momento realizó la autoridad judicial accionada, las cuales, en criterio de esta Sala,
no se encuentran permeadas por una posible arbitrariedad o capricho, así como
tampoco se tornan lejanas a razonamientos debidamente justificados.
Conforme dicho panorama, se advierte que el amparo estudiado no tiene la
identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, toda vez que la discusión planteada por la parte accionante pone
en evidencia una discrepancia con la solución a la que llegó el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se evidencia
prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad
judicial accionada.
Por otro lado, no puede perderse de vista que la parte convocada en el presente
asunto, es el órgano de cierre judicial, lo cual, conforme lo expuso la Corte
Constitucional, impone una mayor labor para el accionante en demostrar el presunto
actuar arbitrario y contrario al ordenamiento jurídico.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar éstas vía acción
de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
planteado por el accionante busca mutar el amparo constitucional en una tercera
instancia.
Aunado lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las providencias judiciales que son adoptadas en el curso de
los procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
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estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.
La Sala concluye que la discusión planteada por la parte actora no superó el
requisito de relevancia constitucional, por lo que se impone revocar la decisión de
primera instancia que negó el amparo.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de abril de 2025, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la
acción de tutela interpuesta por Crispulo Domingo Nieves Correa contra el Consejo
de Estado, Segunda, Subsección A, por no gozar de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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