Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-01842-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-01842-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2020-01842-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001 23 33 000 2020 01842 01 (1287–2024)
Demandante: Crispulo Domingo Nieves Correa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Revoca sentencia y niega pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 14 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, que accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
El señor Crispulo Domingo Nieves Correa, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 000909 de 15 de enero de
2019 y RDP 007438 de 6 de marzo del mismo año, proferidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia.
Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia,
desde el momento en que adquirió el estatus pensional; y que le sean canceladas
las mesadas adeudadas con los reajustes de ley.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=15001233300020200
1842011100103
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2020 01842 01 (1287-2024)
Demandante: Crispulo Domingo Nieves Correa
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
Se indicó que el señor Crispulo Domingo Nieves Correa nació el 20 de abril de 1947,
por lo que cumplió 50 años de edad el 10 de abril de 1997. Así mismo, que prestó
servicio como docente nacionalizado así:
• Del 20 de enero de 1969 al 1 de febrero de 1974 en el departamento de
Arauca.
• Del 15 de septiembre de 1993 al 16 de agosto de 2012 en el departamento
de Boyacá, nombrado mediante Decreto 033 expedido por el municipio de
Chitaraque, Boyacá.
En consideración de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 21 de
junio de 2018, radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, el 17 de septiembre de 2018, la cual
fue resuelta de manera negativa a través de las resoluciones hoy demandadas.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Señaló que las actuaciones demandadas son contrarias a los artículos 2, 13, 48 y
58 de la Constitución Política, las Leyes 57 de 1887, 4 de 1966, 33 de 1985, 62 de
1985, 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y al Decreto Reglamentario 1743 de
1966.
Explicó que la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia sin tener en cuenta que se cumplieron todos los requisitos de ley,
principalmente el haber estado vinculado como docente nacionalizado antes del 31
de diciembre de 1980 y haber prestado servicio de la misma naturaleza por más de
20 años.
1.4. Contestación de la demanda
Admitida la demanda el 17 de noviembre de 2020, y notificado dicho proveído, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, presentó escrito con el que se
opuso a la prosperidad de las pretensiones; al efecto, sostuvo que la vinculación
docente del demandante fue del orden nacional, por tal razón no le asistía el derecho
ser beneficiario de la pensión gracia, pues la mencionada prestación legalmente se
estableció para los docentes con vinculaciones del orden territorial y/o
nacionalizado, por lo que en el caso particular, no se cumple con los requisitos
mínimos exigidos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
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Demandante: Crispulo Domingo Nieves Correa
1.5. Sentencia de primera instancia
Con fallo de 14 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a
las pretensiones de la demanda.
Como sustento de lo anterior, luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial
que regulan la pensión gracia, analizó el cumplimiento de requisitos, llegando a la
siguiente conclusión:
El señor Crispulo Domingo Nieves Correa, laboró por 5 años y 10 días como docente
nacionalizado en el departamento de Arauca entre el 20 de enero de 1969 y el 10
de febrero de 1974, tiempo que fue certificado por la secretaría de educación de
dicho ente territorial. Adicionalmente, se certificó por parte del departamento de
Boyacá que laboró entre el 20 de marzo de 1974 y el 1 de agosto de 1977 como
docente departamental en el municipio de Maripí.
Explicó que el tiempo laborado entre el 1 de febrero de 1992 y el 16 de agosto de
2012, si bien fue certificado como nacional por la entidad territorial, al revisar el
decreto por medio del cual se realizó la vinculación, y en atención a la sentencia de
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado de 21 de junio de 2018, se
constató que la naturaleza de dicho tiempo de servicios era territorial, por lo tanto,
resultó valido para el cómputo de la pensión gracia, alcanzando el estatus pensional
el 26 de abril de 2004, momento en el cual, teniendo más de 50 años, alcanzó los
20 años de servicio docente.
Así, declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó el reconocimiento y pago de
la pensión gracia, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados en
el año anterior a la consolidación del estatus pensional; de igual forma, declaró la
configuración de la prescripción, decretando que el reconocimiento pensional se
debía realizar a partir del 17 de septiembre de 2015.
1.6. Recurso de apelación
A través de apoderado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP presentó recurso
de apelación a fin de que se revoque la decisión de primera instancia.
A manera de síntesis, alegó que el demandante no cumple con el requisito de 20
años de servicio como docente territorial o nacionalizado, dado que la certificación
laboral aportada da cuenta que el tiempo servido entre 1992 y 2012, es del orden
nacional.
Señaló que el Decreto 033 de 1993, mediante el cual se nombró al señor Nieves
Correa, se expidió por orden del Ministerio Nacional, disponiéndose además enviar
copia de dicho acto al Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional
ante el FER de Boyacá, por lo que concluye que la financiación de este periodo
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provenía de la Nación, atendiendo a la naturaleza jurídica de los Fondos Educativos
Regionales, con anterioridad a la aplicación de la Ley 60 de 1993.
Seguidamente expuso que, no había lugar a reconocer la prestación solicitada, ya
que la parte interesada no aportó material probatorio suficiente que diera cuenta del
cumplimiento de los requisitos exigidos para el efecto, incumpliendo así la carga
probatoria; y que, además, las certificaciones aportadas no cumplen con las
exigencias de ley, considerando que debía aportarse era el certificado CETIL.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Con auto de 16 de abril de 2024, se admitió el recurso de apelación.
El señor Crispulo Domingo Nieves Correa, la UGPP, el Agente del Ministerio
Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio en esta
etapa procesal.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada
–demandada-, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Crispulo Domingo
Nieves Correa, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias
para hacerse acreedor a tal prestación.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
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«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme
al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
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en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4. Actuación administrativa
El señor Crispulo Domingo Nieves Correa, actuando a través de apoderado, radicó
el 17 de septiembre de 2018 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión
gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual fue negada a
través de la Resolución RDP 000909 de 15 de enero de 2019, por cuanto el tiempo
de servicio prestado a partir del año 1993 en adelante era del orden nacional;
inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto de
manera negativa por medio de la Resolución RDP 007438 de 6 de marzo del mismo
año.
2.5. Caso concreto
Pasa la Sala a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, para el reconocimiento de la acreencia pensional en discusión.
Debiendo analizarse, además, si las vinculaciones laborales de las que fue objeto
resultan válidas para el cómputo del tiempo de 20 años de servicio con miras a
obtener la pensión gracia.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
a. Edad
Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que el señor Crispulo Domingo Nieves Correa nació el
17 de agosto de 19477, razón por la cual, el 17 de agosto de 1997 cumplió 50 años
de edad.
b. Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito; siendo pertinente destacar que, en
todo caso, dicho aspecto no fue objeto de reproche por la demandada.
7 Copia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía visible en el expediente digital
que se encuentra en SAMAI.
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c. Tiempo de servicio
Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial;
requisito este sobre el que gira la controversia en esta instancia:
• Vinculación desde el 20 de enero de 1969 hasta el 1 de febrero de 1974
(5 años y 10 días)
En el expediente reposa copia del Decreto 0014 de 9 de enero de 19698, por medio
del cual el intendente nacional de Arauca realizó el nombramiento de diferentes
docentes en el ramo de educación, entre estos al actor, como profesor en la escuela
Urbana de Cravo, Arauca.
Posterior a ello, a través de los Decretos 0038 de 5 de febrero de 1969 y 0046 de 3
de marzo de 1970, el intendente nacional de Arauca dispuso los traslados del
docente Nieves Correa. Y con Decreto 130 de 7 de marzo de 1974, aquél declaró
insubsistente al citado docente.
Respecto de las anteriores novedades, la secretaría de educación del departamento
de Arauca certificó el 22 de mayo de 2007 que el señor Nieves Correa prestó
servicios como docente con vinculación nacionalizada desde el 20 de enero de 1969
hasta el 1 de febrero de 1974, novedades laborales que fueron certificadas de igual
manera por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales el Magisterio – FOMAG
Secretaría de Educación Departamental de Arauca.
Ahora bien, respecto al carácter de la vinculación, del Decreto 0014 de 9 de enero
de 1969 se desprende que el Intendente Nacional de Arauca es quien funge como
nominador de los docentes allí nombrados; en lo que respecta a la naturaleza
jurídica de las Intendencias, la Sección Segunda de esta Corporación ya se ha
pronunciado de la siguiente manera:9
«[…] encuentra la Sala que el tiempo de servicios laborado por el actor,
correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de
noviembre de 1983, ha de ser tenido en cuenta en calidad de docente del orden
territorial, puesto que según se encuentra acreditado en el plenario dicha vinculación
se produjo debido a nombramiento efectuado por el Intendente Nacional de Arauca
en el cual se nombra al señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN como profesor
de la Escuela Rural Calafitas del Municipio de Saravena, quien posteriormente
efectúa su traslado a otra Institución y finalmente a través del Decreto No. 1197 de
1983 el mismo funcionario acepta la renuncia presentada por el actor a partir del 30
de noviembre del mismo año.
8 Documento visible en el archivo 24 del expediente digital, disponible en SAMAI.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000- 2014-00638-01 (2753-2016).
Sentencia de 17 de octubre de 2017.
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[…], a través de la Ley 22 del 18 de enero de 198510 se establece que la
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los
Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios11,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª
de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias
correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos,
pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas
rentas que aquellos.
Finalmente con la Constitución de 1991 dichas intendencias y comisarías fueron
erigidas como Departamentos, tal como lo ordenó el art. 309 de la C.P12.
Para la parte demandada el tiempo de servicios como docente prestado por el actor
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 es del orden nacional, tal como se
advirtió líneas atrás, no obstante, para la Sala el mismo deviene del orden territorial,
puesto que fue efectuado por entidad territorial, la cual si bien era administrada por
el Gobierno Nacional, tenía la misma calidad de entidad territorial, esto es gozaba
de autonomía e independencia como de ellos se predica, tal como se prevé en la
Ley 2ª de 1943 y 22 de 1985, como se dejó advertido.
Lo anterior sumado a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975 art. 1º en el cual se
nacionalizó la educación que venían prestando los Departamentos, Distrito Especial
de Bogotá, los municipios, intendencias y comisarías, por lo que con fundamento en
la anterior norma quedaron nacionalizada el servicio de educación que venía
prestando las intendencias, para el caso concreto la de Intendencia Nacional de
Arauca, por lo tanto los nombramientos efectuados por este se entienden de
naturaleza nacionalizada, tal como lo ordenó la norma.
Argumento que a su vez se confirma con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 91 de
1989 que considera como docente territorial el nombrado por entidad territorial, en
este caso, la Intendencia Nacional de Arauca, con posterioridad al 1º de enero de
1976.
En este orden de ideas, se observa que la prestación de servicios docentes durante
el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983,
tienen naturaleza territorial, pues si bien fueron prestados a una intendencia nacional
cuya administración correspondía al Gobierno Nacional, la misma tenía categoría de
entidad territorial, asimilables a Departamentos tal como expresamente lo establece
la normatividad analizada, los cuales por demás, expresamente fueron erigidas como
tal por la Constitución Política de 1991; no siendo de esta manera de recibo el
argumento esgrimido por la entidad demandada al considerar que el actor tiene
nombramiento nacional pues tal como se dejó analizado el mismo es del orden
territorial, emanado por entidad territorial.» 13
10 «“por la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las Intendencias y Comisarías,
se faculta al Presidente de la República para reorganizar el Departamento Administrativo de
Intendencias y Comisarías, modificar el Régimen Administrativo, Contractual y Fiscal en estas
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.»
11 «“Artículo 1°. La Administración de las Intendencias y Comisarías corresponde al Gobierno
Nacional, al Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías y en cada entidad territorial
a los Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios, conforme a las
disposiciones de la presente ley.»
12 «“Articulo 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas,
Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a
las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los respectivos departamentos.”»
13 Al respecto, véanse también: Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 81001-23-33-000-
2013-00119-01(1466-2015). Sentencia de 17 de mayo de 2018; Radicado: 81001-23-33-000-2013-
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Demandante: Crispulo Domingo Nieves Correa
En línea de la citada jurisprudencia, se debe entender que las Intendencias
Nacionales eran entidades territoriales, que con la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991 pasaron a ser departamentos, por lo que los docentes
vinculados tenían la condición de territoriales o nacionalizados, según cada caso
particular, pues las intendencias también fueron sometidas al proceso de
nacionalización de la educación desarrollado en la Ley 43 de 1975.
Ahora, en el caso en concreto de Crispulo Domingo Nieves Correa, se constata que
fue nombrado docente por medio del Decreto 0014 de 1969, cuyo nominador fue el
Intendente Nacional de Arauca, sin que mediara autorización o intervención alguna
del Ministerio de Educación Nacional para realizar el nombramiento. Sobre el
particular, es relevante resaltar que desde la expedición de la Ley 39 de 1903 las
entidades territoriales, por regla general, estuvieron únicamente a cargo y bajo la
dirección de la educación primaria (artículo 3), sin embargo, por disposición expresa
conforme al artículo 4 ibidem también quedaron habilitadas para administrar
establecimientos de enseñanza secundaria, por lo que el nombramiento que aquí
se analiza, sería consecuente con la atribución que con antelación había otorgado el
legislador, máxime cuando en el acto no se especifica que la plaza sea nacional y
este tampoco proviene directamente del Ministerio de Educación Nacional. Además,
por disposición de la Ley 114 de 1913 se consagró por primera vez la pensión gracia
para docentes de escuelas de primaria oficiales (artículo 1).
Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que la designación del accionante se
produjo con anterioridad a la nacionalización de la educación, de acuerdo con la Ley
43 de 1975 y el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, se entiende que el vínculo
producido el 20 de enero de 1969 es de naturaleza territorial, más no de tipo
nacionalizado como se certificó por el Fomag, conclusión a la que se llega a partir
del análisis del acto administrativo obrante en el plenario.
En cuanto a la diferencia entre uno y otro tipo de naturaleza docente esta
Corporación en la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, concluyó:
«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de
nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a
partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron
nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la norma
en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades
de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
00025-01 (4571-2014) Sentencia de 15 de 2017; Radicado: 81001-23-33-000-2013-00128-01 (1518-
2015) Sentencia de 16 de febrero de 2023; Radicado: 18001 23 33 000 2015 00010 01 (3343–2017)
Sentencia de 27 de abril de 2023.
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establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta
genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.» (Subrayado fuera del
texto original)
Adviértase que dichas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con todos elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco el tipo de vinculación del respectivo docente.
En ese sentido, contrario a lo certificado por la secretaría de educación de Arauca
y a lo establecido por el tribunal en la sentencia de primera instancia, el docente,
por el periodo de 20 de enero de 1969 a 1 de febrero de 1974 (5 años y 10 días),
tuvo un vínculo laboral de naturaleza territorial, tiempo que resulta válido para
ser tenido en cuenta con miras a obtener la pensión gracia.
• Vinculación desde el 15 de septiembre de 1993 en adelante
Al proceso se allegó copia del Decreto 033 de 15 de septiembre de 199314, expedido
por el alcalde municipal de Chitaraque, Boyacá, por medio del cual nombró al señor
Crispulo Domingo Nieves Correa como maestro en propiedad en la escuela rural
nacionalizada de Santa Bárbara de dicho municipio; y se dispuso que el docente
ocuparía la plaza que venía funcionando como solución educativa en dicha
institución, en la que prestaba sus servicios desde años anteriores por contrato.
En certificación expedida el 30 de enero de 2020 por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación Departamental de
14 Documento visible en el archivo 42 del expediente digital, disponible en SAMAI.
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Boyacá15, se señaló que el demandante estuvo vinculado como docente nacional
desde el 15 de septiembre de 1993 hasta el 16 de agosto de 2012.
Ahora bien, de acuerdo con lo descrito, y con el objeto de resolver la alzada,
respecto a la naturaleza del vínculo docente originado con el nombramiento
efectuado con el Decreto 33 de 1993, se observa lo siguiente:
En primer lugar, del acto en mención se extrae que fue proferido por el alcalde
municipal de Chitaraque, Boyacá, quien actuó en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 9 de la ley 29 de 1989 y en cumplimiento de las Resoluciones 03695
y 4271 de 1993 emanadas del Ministerio de Educación Nacional.
Cabe señalar que, con el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, se asignó a los alcaldes
municipales las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales o nacionalizados; de manera que, en casos en los que la designación se
realice en atención a dicha disposición, debe entrarse a determinar la naturaleza de
la misma, pues, bien puede tratarse de un docente nacional o de uno nacionalizado.
Segundo, respecto a que el nombramiento del docente se produce en cumplimiento
de resoluciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, resulta
pertinente advertir que no fueron allegadas al expediente copias de dichos actos
administrativos; así mismo, del artículo segundo del Decreto 33 de 1993, se observa
que el docente ocuparía la plaza que venía ocupando a través de contrato y que
funcionaba como solución educativa.
Si bien, el tribunal administrativo de Boyacá en la sentencia objeto de apelación,
consideró que el nombramiento resultaría válido para la pensión gracia, por cuanto
15 Folios 17 a 19 del archivo 4 del expediente digital, disponible en SAMAI.
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la institución educativa en la que fue nombrado era del orden territorial, descartando
así la certificación emitida por la secretaría de educación departamental que
indicaba que el tipo de vinculación fue nacional, vale la pena resaltar que el acto de
nombramiento, al dictarse en consideración al artículo 9 de la Ley 29 de 1989 no
respalda que se trate de un docente territorial, nacionalizado o nacional como se
explicó antes, así mismo, la mención al cumplimiento de órdenes expedidas por el
Ministerio de Educación Nacional sí genera cuestionamientos sobre la autonomía
administrativa del alcalde municipal de Chitaraque para determinar el nombramiento
del docente, y por tanto, la naturaleza de dicha vinculación.
Tercero, de la mención de que la plaza se trataba de una que venía en el programa
de soluciones educativas, se advierte que dicho programa se asimiló a una
vinculación contractual por prestación de servicios16 que podía ser del nivel
nacional, departamental o municipal, y la reconvención a plazas docentes ocurridas
por aquella época tenía por objeto mejorar la calidad de la educación primaria.
Cabe indicar que, el acto de nombramiento no realiza ninguna precisión frente al
programa de solución educativa que ejecuta, y que conlleva al nombramiento del
hoy demandante. Por lo que se desconoce si se trató de una conversión de solución
educativa nacional, territorial o nacionalizada, y tampoco se tiene información sobre
la procedencia de los recursos con los que se le pagaron al actor las acreencias
laborales.
En razón de lo expuesto, para la Sala, a partir del acto administrativo de designación
no es posible establecer con certeza la naturaleza de la vinculación del señor Nieves
Correa, esto es, si se trató de un docente territorial, nacional o nacionalizado. En
todo caso, reposa certificado expedido la secretaría de educación, que da cuenta
que se desempeñó como docente nacional, y el cual se tendrá en cuenta para
resolver, pues, no existe en el plenario otra prueba que permita desvirtuar dicha
constancia.
La discusión descrita previamente no es desconocida para las partes en disputa,
pues la entidad demandada, tanto en sede administrativa como en la defensa
ejercida en el proceso de la referencia, argumentó que el tiempo de servicio a partir
del nombramiento ocurrido con el Decreto 33 de 1993 no resultaba válido, en la
medida que i) este se produjo como consecuencia de una orden impartida por el
Ministerio de Educación Nacional y ii) la entidad territorial certificó la vinculación
como nacional.
No obstante, la parte interesada, es decir el señor Nieves Correa, no allegó
documentación que lograra desvirtuar el certificado expedido por la entidad territorial
o que explicara jurídicamente de que se trataba la orden impartida por la cartera de
16 Según se desprende de las sentencias del 3 de marzo de 2022 (radicación 81001-23-33-000-2013-
00108-01 (4784-2014)); 24 de febrero de 2022 (81001-23-33-000-2014-00050-01 (2631-2015)); y 17
de febrero de 2022 (radicación 68001-23-33-000-2013-00333-01 (1098-2014)).
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educación al momento de efectuar el nombramiento.
Lo anterior, en la medida que, para esta Sala resulta claro que el demandante tenía
pleno conocimiento que la discrepancia con la entidad se presentaba ante la falta
de certeza sobre la naturaleza de la vinculación, de manera que, al iniciar el proceso
judicial, al docente accionante le correspondía demostrar los supuestos fácticos que
sustentaban su pretensión.
Vale la pena poner de presente respecto a la carga de la prueba, que conforme con
el artículo 167 del Código General del Proceso, se prevé que «Incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen», y para el caso que hoy nos ocupa, no cabe duda de que la parte
demandante tenía la obligación de acompañar sus argumentos y pretensiones con
material probatorio suficiente que demostrara el lleno de requisitos legales para
obtener el aumento prestacional reclamado, lo cual no ocurrió.
Ahora, no se advierte mayor gestión del interesado, más allá de solicitar las copias
de los actos de nombramiento y de adjuntar las certificaciones laborales, las mismas
que determinan que el tipo de vinculación es nacional, cuando bien pudo haber
intentado allegar copia de las resoluciones del Ministerio de Educación que
ordenaron su nombramiento, o certificaciones que demostraran una vinculación de
naturaleza diferente a la ya indicada.
Es de resaltar que, la parte no puede trasladar la carga probatoria en este caso al
despacho judicial en el cual se tramita su asunto, sino que se insiste, debe concurrir
al proceso con el material probatorio que respalde su pretensión, y ante todo debe
realizar un ejercicio diligente para recaudar dicho material, entre otros, ejerciendo
los recursos de ley contra las decisiones dictadas en el curso del proceso, para el
caso, las relacionadas con las pruebas.
La Corte Constitucional respecto a la carga de la prueba en materia pensional
cuando existan inconsistencias en la historia laboral del solicitante, en sentencia
SU-182 de 2019 señaló:
«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre las
posibles inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre la
administradora de pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el sujeto jurídico
más débil del sistema, por lo cual merece una especial protección del Estado”17.
Además, la administradora cuenta con “mejores y mayores elementos de juicio
que le permitan adoptar una decisión más fiel a la realidad de los hechos que
se le plantean”18. Pero cuando la administradora de pensiones presenta una
“justificación bien razonada”, soportada en medios probatorios que
advierten razonablemente sobre una inconsistencia o una irregularidad en
la historia laboral, le corresponde al afiliado desvirtuar tal hecho. En
17 «Sentencia C-177 de 1998. MP. Alejandro Martínez. Reiterada recientemente en la Sentencia T-
376 de 2018. MP. José Fernando Reyes.»
18 «Sentencia T-482 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas.»
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términos similares, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que, frente
a una “censura fundada” de la administración, la carga de la prueba se traslada
al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos medios probatorios a su
alcance.19» (Negrilla de la Sala)
Así, es claro que el señor Crispulo Domingo Nieves Correa al conocer la
circunstancia que rodea su historia laboral, que impide el reconocimiento
prestacional perseguido, tenía la obligación de aportar las pruebas que consideraba
podía corregir la inconsistencia presentada, y que fue motivo de la negación del
derecho reclamado en sede administrativa, y así lograr la prosperidad de sus
pretensiones, lo cual no ocurrió. Sin que en todo caso aquél haya informado sobre
alguna circunstancia especial que le hubiere impedido haber obtenido la prueba y
aportarla al plenario con la demanda o a través de reforma a la demanda.
En esa línea de consideraciones, para la Sala el tiempo de servicio prestado por el
docente en el periodo que se analiza desde el 15 de septiembre de 1993 hasta el
16 de agosto de 2012 es del orden nacional, al tenor del certificado laboral
mencionado, y por tanto no es computable para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia.
3. Conclusión
En ese orden de ideas, para la Sala prosperan los argumentos planteados en el
recurso de apelación, pues, la parte demandante no logró acreditar el tiempo de
servicio mínimo de 20 años como docente territorial o nacionalizado para ser
beneficiario de la pensión gracia, únicamente se logró comprobar el tiempo de 5
años y 10 días como docente territorial, lo cual no es suficiente para acceder a la
prestación reclamada.
En ese orden, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar negar las misma, conforme lo
explicado.
4. Condena en costas
En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
19 «“En su defensa el demandante se limitó a hacer apreciaciones generales sobre la presunción de
buena fe sin desvirtuar el cargo que le hizo la demandada, el cual fue reiterativo en señalar que
nunca prestó servicios al Municipio. En este aspecto confunde el demandante la carga de la prueba,
pues en este caso, frente a una censura fundada de la administración, le correspondía desvirtuar tal
acusación, demostrando por los diversos medios probatorios que efectivamente fue empleado del
citado Municipio, en las fechas que dice haber desempeñado los diferentes empleos a que hace
alusión en su demanda”. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana
Margarita Olaya Forero Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000-
1997- 8732-02 (IJ 029).»
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actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia
de fundamentación jurídica.
En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 4, por tanto,
no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron
las razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus intereses, máxime
cuando lo aquí resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018
y del 11 de agosto de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 14 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda.
En su lugar, se NIEGAN las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por Crispulo Domingo nieves Correa en
contra de la UGPP, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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