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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-00333-01

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-00333-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar los ordinales segundo y tercero de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2013, por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Luz Mireya Vásquez Rueda, contra el municipio de San Vicente de Chucurí (Santander), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar: Segundo. Declarar probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del derecho para reclamar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Tercero. Declarar que los aportes a pensión son imprescriptibles por lo que corresponde su reconocimiento de la siguiente manera: i) Ordenar al municipio de San Vicente de Chucurí (Santander) tomar el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los honorarios pactados), mes a mes, (durante el periodo comprendido entre el 7 de febrero de 1989 y el 30 de diciembre de 2002, salvo sus interrupciones) y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, para lo cual la señora Luz Mireya Vásquez Rueda deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. ii) Ordenar al municipio de San Vicente de Chucurí (Santander) hacer la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta los 32 Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014) Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2013-00333-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

17 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda
Demandado: Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander)

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad, pago de
prestaciones sociales, aportes al sistema de Seguridad Social
en salud, prescripción

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2013, por el Tribunal Administrativo
de Santander, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Luz Mireya Vásquez Rueda, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio D.A.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

689-1 del 3 de octubre de 2012, mediante el cual el alcalde municipal ( E) de San
Vicente de Chucurí negó el reconocimiento de la relación laboral.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar la existencia de una relación laboral entre las partes desde la
vinculación de la demandante y sin solución de continuidad; ii) reconocer el
derecho a los salarios y prestaciones en igualdad de condiciones que los docentes
de planta; iii) pagar las diferencias que resulten del reconocimiento anterior;
iv) ordenar al demandando a afiliarlo a un fondo de pensiones y pagar allí lo
correspondiente por la duración de la relación laboral; y v) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Luz Mireya Vásquez Rueda trabajó en el municipio de San Vicente de
Chucurí entre el 17 de febrero de 1989 y el 30 de noviembre de 2002, mediante
órdenes de prestación de servicios para desempeñar sus labores como docente
de educación básica, y realizarlas de manera personal, bajo la subordinación de
las autoridades administrativas y educativas de la entidad territorial.

ii) La demandante solicitó el reconocimiento de la existencia de la relación laboral,
sin embargo, a través del acto demandando la entidad denegó esa petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 6, 53 y 13 de la Constitución Política; y los
Decretos 1950 de 1073, 2277 de 1979, 82 de 1995, 45 de 1996, 45 de 1997, 47 de
1998, 51 de 1999, 2729 de 2000, 1465 de 2001, 688 de 2002, 3621 de 2003 y
4250 de 2004.

2

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:1

i) En atención al principio de primacía de la realidad sobre las formas y conforme
lo ha señalado el Consejo de Estado, el contrato de prestación de servicios
celebrado con la entidad territorial se desnaturalizó y se utilizó con el fin de ocultar
una verdadera relación laboral.

ii) De acuerdo con lo dispuesto por la jurisprudencia, a la actividad docente se le
debe otorgar una realidad propia de una actividad dependiente, cuyo servicio se
presta en forma personal y que está subordinado permanentemente al
cumplimiento de los reglamentos educativos, del programa académico, del
calendario, del horario escolar correspondiente, y en general de las políticas que
fije el Ministerio de Educación.

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de San Vicente de Chucurí, por intermedio de apoderado, se opuso a
la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:2

i) Los contratos suscritos entre la demandante y la entidad territorial desde el 1.º
de febrero de 1992 eran de prestación de servicios, a la luz de lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, que excluyen el vínculo laboral reclamado; y aquellos celebrados
entre el 7 de diciembre de 1989 y el 31 de diciembre de 1991, fueron laborales y
se encuentran debidamente liquidados.

ii) No existió subordinación sino coordinación, en la medida en que debía hacer
entrega de informes respecto de su actividad, en razón del contrato celebrado y
recibía orientaciones para la prestación del servicio, lo que no es igual que recibir
órdenes en un esquema jerarquizado en el que se solicitan permisos, se reciben
memorandos o llamados de atención.

1 Folios 54 a 70.
2 Folios 96 a 108.

3

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

iii) No puede tenerse en cuenta el tiempo cotizado como contratista para la
pretensión de ascenso en el escalafón docente, toda vez que para ello se requería
que hubiese sido vinculada como servidora pública a través de una relación legal y
reglamentaria. Aunado a ello, estos ascensos no dependen del municipio por no
tener esa facultad.

Propuso como excepciones, las siguientes: i) equivocada elección de la acción,
toda vez que lo que se discute es un asunto de orden contractual; ii) prescripción,
en tanto que la primera reclamación data del 10 de septiembre de 2012, es decir,
más de 10 años después de haber fenecido la relación con el municipio; y
iii) solución de continuidad, por cuanto entre cada uno de los contratos
transcurrieron más de 15 días y hasta 2 meses.

1.3. La audiencia inicial

El Tribunal Administrativo de Santander, en la audiencia inicial celebrada el 22 de
agosto de 2013,3 declaró no probadas las excepciones previas de inepta demanda
y prescripción con fundamento en lo siguiente: i) las pretensiones de la demanda
se dirigen al reconocimiento de una relación laboral y el acto por el cual la entidad
territorial negó esa solicitud tiene el carácter de definitivo; y ii) el término de
prescripción se cuenta desde que la obligación se hace exigible y en los casos en
los que se alega la existencia de un contrato realidad, el derecho surge desde el
momento en que la sentencia lo constituye a favor del demandante, tal y como lo
ha señalado el Consejo de Estado.4

1.4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 19 de
noviembre de 2013, dispuso:

3 Folios 124 a 130.
4 Citó una sentencia del 6 de marzo de 2008 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado con ponencia del magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sin embargo, no
identificó el número de radicado del proceso.

4

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del Oficio DA No. 0689-1 de fecha 03 de octubre de
2012, suscrito por el alcalde (E) del municipio de San Vicente de Chucurí – Santander,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER a
reconocer y pagar a favor de la demandante LUZ MIREYA VÁSQUEZ RUEDA, a título de
restablecimiento del derecho, el valor equivalente a las prestaciones sociales que
devengó en esa entidad durante el período comprendido entre el 07 de febrero de 1989
hasta el 30 de diciembre de 2002, sin solución de continuidad, tomando como base el
valor pactado en los contratos, debidamente indexado, conforme lo expuesto en la
parte motiva de la sentencia. El tiempo laborado se computará para efectos
pensionales, para lo cual la entidad hará las correspondientes cotizaciones y efectuará
los descuentos de ley.

TERCERO: CONDÉNASE al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER a
reconocer y pagar a favor de la demandante LUZ MIREYA VÁSQUEZ RUEDA el valor
equivalente al porcentaje que legalmente le correspondía trasladar al ente demandado
como empleador por concepto de aportes de salud y pensión, y que la demandante
demuestre haber realizado.

CUARTO: Las sumas que resulten de la condena anterior, se actualizarán en la forma
indicada en la parte motiva de esta providencia y devengarán intereses en cuanto se
den los supuestos de hecho previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: CONDÉNASE en costas al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER y
a favor de la demandante, las cuales serán liquidadas por Secretaría una vez
ejecutoriada la sentencia. Para tal efecto, FÍJANSE por concepto de agencias en
derecho, la suma equivalente al uno por ciento (1 %) del valor de la condena impuesta
en esta sentencia, conforme lo señalado en la parte considerativa.

SEXTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede recurso de apelación en los términos
del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, EXPÍDASE a la parte demandante copia
auténtica de la sentencia con constancia de notificación y ejecutoria y de ser primera
copia que presta mérito ejecutivo; y LÍBRENSE los oficios correspondientes de
conformidad con el inciso final del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. Cumplido lo
anterior, archívense las diligencias previas las anotaciones de rigor en el Sistema
Judicial XXI.

NOVENO: Notifíquese esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos:5

i) Está demostrado que la demandante prestó sus servicios como docente del

5 Folios 161 a 172.

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Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

municipio de San Vicente de Chucurí (Santander) desde el 7 de febrero de 1989
hasta el 30 de diciembre de 2002, sin interrupción alguna, por lo cual recibía una
remuneración de carácter mensual.

ii) De acuerdo con el interrogatorio de parte rendido se evidencia que más que una
relación de coordinación, hubo una verdadera subordinación, pues la prestación
del servicio no era autónoma, sino que era dirigida y controlada, cumplía un
horario, atendía las órdenes de la profesora encargada y presentaba informes a la
dirección de núcleo. Además, la función desarrollada por la señora Vásquez
Rueda no era temporal, toda vez que duró vinculada más de 13 años.

iii) La demandante no demostró estar dentro de los presupuestos de la Ley 70 de
1988 para ser beneficiaria de la dotación de calzado vestido.

1.5. El recurso de apelación

El municipio de San Vicente de Chucurí, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación6 y lo sustentó así:

i) Contrario a lo señalado por el a quo, en el interrogatorio de parte la demandante
afirmó que no existió el elemento subordinación al señalar que «no se sintió
vigilada al ejercer sus funciones como docente, pero sí sentía el deber moral de
desempeñar sus funciones de la mejor manera». Lo anterior evidencia que la
relación era de carácter contractual, en la que, desde luego, hubo una supervisión
del cumplimiento del objeto, pero no subordinación. Aunado a ello, no se aportó
prueba alguna de la manera como la dirección de núcleo respectiva haya ejercido
subordinación.

ii) No debe olvidarse que en la administración pública deben cumplirse otros
requisitos como que el empleo exista en la respectiva planta de personal y que
cuente con un manual de funciones.

6 Folios 179 a 182.

6

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

iii) La administración municipal necesitó de personal que desarrollara la función de
la docencia por un lapso limitado y previamente determinado, comoquiera que en
ese momento no contaba con personal de planta que cumpliera dicha tarea, lo que
fue establecido en los contratos celebrados entre las partes. En tal sentido no
procede el reconocimiento del derecho a la igualdad, toda vez que los docentes de
planta se vincularon a través de un acto administrativo, previa verificación de los
requisitos de disponibilidad presupuestal y existencia del cargo en la nómina de la
entidad, supuestos que no pueden predicarse de una relación de hecho «más
cuando las acreencias laborales que reclaman no pueden considerarse como tal y
a lo sumo y solo en el evento de verificarse la existencia de los mismos requisitos
del contrato de trabajo, se tendría derecho a una indemnización y nunca al pago
de prestaciones sociales».

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Mediante auto del 28 de mayo de 2015, se dispuso dar traslado a las partes y al
ministerio público por el término de 10 días para que presentaran los alegatos de
conclusión;7 derecho que no ejercieron según se desprende de la constancia
secretarial del 6 de octubre de 2015.8

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer i) si entre la señora Luz Mireya Vásquez Rueda y el
municipio de San Vicente de Chucurí (Santander) existió una auténtica relación
laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculada con la entidad; y ii) si el derecho está afectado por prescripción.

2.2. Marco normativo

7 Folio 214.
8 Folio 223.

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Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el
trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; y,
vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación
interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del
derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la

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Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

Organización Internacional del Trabajo -OIT-9 a través del principio de «salario igual
por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado por el artículo 2 del
Convenio 111 de la misma organización10, en cuya virtud «todo miembro para el cual
este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política
nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas
nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y
ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador:
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de
noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo
como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y
decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o
aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo,
«(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y
2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados
parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar
los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En
consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios
laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los
trabajadores en Colombia.

9 Aprobada el 11 de abril de 1919.
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que
«no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente»,
define una característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y
reglamentaria y constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de
contratos de prestación de servicios para vincular personas en el desempeño de
funciones propias o permanentes de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad
personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio. Con base en
estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral
en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es
este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los principios
fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los
derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de
un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de

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Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en el
numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855
de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025
de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas,
derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015,11 cuyo Libro 2, Parte 2,
Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que
complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la
entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».12

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o

11 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
12 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.

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Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».13

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir
una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de
prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse que si bajo el ropaje
externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación
de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones
sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la
entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será posible darle la
categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.14

13 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la

práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de
1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las
expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
14 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-

2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

12

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones como
parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación
contractual.

2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo. No
obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar
consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

[…] para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un
mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos
de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte
de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que
desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás
documentos precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las
necesidades que se querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su
celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una
verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos
laborales y prestacionales, por haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas,
autónomos e independientes, sino como verdaderos servidores en el contexto de una
relación laboral de raigambre funcionarial.

2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.15

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-

33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.

13

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de
disciplina o del ius variandi,16 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del
elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga
una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que
en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de
ser valorado como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como personal natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y

16 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs.

54 y 55.

14

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

directamente por este;17 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.18

2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha debido
recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo o
periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que, por
dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del servicio
contratado.

2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase precontractual,
pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a
contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible»
para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al
principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de
los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán
quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que la Administración
recurra a un contrato de prestación de servicios».19

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos

17 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de

trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
18 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1

de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-

03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

15

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el
contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio jurídico.20

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya
una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con
los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de
1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma
persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior
y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del
otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares
y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

16

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el
juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los
contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los
derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre periodos
contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia de Unificación
del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la excepción de prescripción
en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que
la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de
analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos
de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de
la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta
o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta
la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a
la terminación del vínculo develado como laboral.21

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró
«improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud
efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes obligatorios de
naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista debe sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y, por lo tanto, no es
procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la existencia de una
relación laboral encubierta.

21 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de

la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.

17

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de
los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271
ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y
administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

El 22 de diciembre de 1995, a través de la Resolución 2180 suscrita por el
presidente de la Junta Seccional de Escalafón Docente, la señora Luz Mireya
Vásquez Rueda fue inscrita en el grado primero del escalafón. Posteriormente fue
ascendida al grado octavo mediante la Resolución 3768 del 9 de diciembre de
1997.22 «Actualmente se encuentra en el grado 2B según resolución 1079 del 30
de enero de 2012», tal y como lo hizo constar el coordinador Grupo Escalafón de
la Gobernación de Santander.23

El 1.º de agosto de 2012,24 la señora Vásquez Rueda solicitó el reconocimiento de
la relación laboral con la entidad territorial entre el 17 de febrero de 1989 hasta el
30 de diciembre de 2002.25

El 14 de agosto de 2012, la directora de la Institución Educativa Palmira de San
Vicente de Chucurí (Santander) certificó lo siguiente:26

Que la señora Luz Mireya Vásquez Rueda […] prestó sus servicios al municipio de san
Vicente de Chucuri (sic), como profesora municipal a contrato del 17 de Febrero de
(1.989) al 30 de Noviembre de (1989), del 1 de Febrero de (1.990) al 30 de Noviembre
de (1.990) y como Docente del 1 de Febrero de (1.991) al 30 de Diciembre de (1.991),
del 1 de Febrero de (1.992) al 30 de Noviembre de (1.992), del 1 de Febrero de (1.993)
al 30 de Noviembre de (1.993), del 1 de Febrero de (1.994) al 30 de Noviembre de

22 Folios 137 y 138.
23 Folio 136.
24 Según se afirma en el acto demandado.
25 Folios 6 a 8.
26 Folio 10.

18

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

(1.994), del 1 de Febrero de (1.995) al 15 de Diciembre de (1.995), del 1 de Enero de
(1996) al 30 de Diciembre de (2.002).

El 3 de octubre de 2012, mediante el Oficio D.A. 689-1 el alcalde municipal (E) de
San Vicente de Chucurí negó el reconocimiento de la relación laboral reclamada
por la actora.27 Como fundamento de su decisión, señaló que la administración la
contrató mediante órdenes de prestación de servicios por un período determinado
y excepcional, y que en todo contrato existe una supervisión o interventoría para
constatar la observancia de las obligaciones contraídas por las partes lo que no
conlleva una necesaria y obligatoria subordinación o dependencia.

La demandante y el municipio de San Vicente de Chucurí suscribieron los
siguientes contratos:

Fecha Fecha
Contrato Periodo Objeto
inicio terminación
«el patrono contrata los servicios personales del
trabajador y este se obliga a).- Poner al servicio
del patrono toda su capacidad normal de trabajo
en forma eficiente en el desempeño de sus
funciones como educador en la Escuela
Cantarranas ubicada en la Vereda Cantarranas
del Municipio de San Vicente de Ch. b).- A
Contrato laborar la jornada ordinaria que le permita
Individual a cumplir con el calendario y desarrollo del
7 de 30 de 9
término fijo currículo escolar trazado por el Ministerio de
febrero noviembre meses,
023 Educación Nacional, a la investigación de
de 1989 de 1989 24 días
(Folios 12 y asuntos pedagógicos: a las labores de
13) orientación, disciplina y formación de los
alumnos. c).- A dictar treinta (30) horas de
clases semanales distribuidas de Lunes a
Viernes inclusive, según horario determinado por
el patrono. d).- A cumplir los planes y programas
de trabajo trazados por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de
Educación del Departamento»

27 Folios 4 y 5.

19

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

«el patrono contrata los servicios personales del
trabajador y este se obliga a).- Poner al servicio
del patrono toda su capacidad normal de trabajo
en forma eficiente en el desempeño de sus
funciones como educador en la Escuela [ilegible]
ubicada en la Vereda Cantarranas del Municipio
de San Vicente de Ch. b).- A laborar la jornada
Contrato ordinaria que le permita cumplir con el
Individual a calendario y desarrollo del currículo escolar
término fijo [ilegible] [ilegible] [ilegible] trazado por el Ministerio de Educación Nacional,
(Folios 14 y a la investigación de asuntos pedagógicos: a las
15) labores de orientación, disciplina y formación de
los alumnos. c).- A dictar treinta (30) horas de
clases semanales distribuidas de Lunes a
Viernes inclusive, según horario determinado por
el patrono. d).- A cumplir los planes y programas
de trabajo trazados por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de
Educación del departamento»
«el empleador contratará los servicios
personales del trabajador y este se obliga a
poner al servicio del empleador toda su
capacidad normal de trabajo en el desempeño
de sus funciones como educador. El objeto de
este contrato será supervisado por el empleador
[…] En virtud del presente contrato el Trabajador
Contrato de se obliga a: a) laborar la jornada ordinaria que le
trabajo a 1 de 31 de permita cumplir con el calendario y desarrollo del
11
término fijo febrero diciembre currículo escolar trazado por el Ministerio de
meses
(Folios 16 y de 1991 de 1991 Educación. b) A la investigación de asuntos
17) pedagógicos y a las labores de orientación
disciplinarias y formación de los alumnos. c) A
dictar horas de clases semanales distribuidas de
Lunes a Viernes, según horario determinado por
el empleador. d) A cumplir los planes y
programas trazados por el Ministerio de
Educación Nacional, la Alcaldía Municipal y la
Secretaría de Educación del departamento»
«el empleador contratará los servicios
personales del trabajador y este se obliga a
poner al servicio del empleador toda su
capacidad normal de trabajo en el desempeño
de sus funciones como educador […] En virtud
del presente contrato el Trabajador se obliga a:
a) laborar la jornada ordinaria que le permita
Contrato de cumplir con el calendario y desarrollo del
prestación de currículo escolar trazado por el Ministerio de
1 de 30 de
servicios 10 Educación. b) A la investigación de asuntos
febrero noviembre
docentes meses pedagógicos y a las labores de orientación
de 1992 de 1992
(Folios 18 y disciplinarias y formación de los alumnos. c) A
19) dictar las horas de clases semanales distribuidas
de Lunes a Viernes, según horario determinado
por el empleador. d) A cumplir los planes y
programas trazados por el Ministerio de
Educación Nacional, la Alcaldía Municipal y la
Secretaría de Educación del departamento, en
relación a su cargo docente y dentro del
calendario académico»

20

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

«el empleador contrata los servicios personales
del trabajador y este se obliga: a) A poner al
servicio del empleador toda su capacidad normal
de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño
de sus funciones [como docente], de
conformidad con las órdenes e instrucciones que
le importa al empleador o sus representantes y
b) A no prestar directa ni indirectamente
Contrato de servicios laborales a otros empleadores, ni a
derecho trabajar por cuenta propia en el mismo oficio,
privado de la durante la vigencia de este contrato […] El
1 de 30 de
administración 10 empleador pagará al trabajar por la prestación
febrero noviembre
(Folios 15 a meses de sus servicios el salario indicado, […] dentro
de 1993 de 1993
17 del de este pago se encuentra incluida la
cuaderno remuneración de los descansos dominicales y
administrativo) efectivos de que tratan los capítulos I y II del
título VII del Código Sustantivo del Trabajo. En
cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 del
Código Sustantivo del Trabajo. En cumplimiento
del artículo 46 del c.s.t. modificado por el artículo
3º de la Ley 50/90, el trabajador tendrá derecho
al pago de vacaciones y prima de servicios en
proporción al tiempo laborado cualquiera que
este sea».
«Por medio de la cual se vinculan docentes por
el sistema de soluciones educativas» «Los
Resolución docentes vinculados mediante esta Resolución
026 del 7 de sólo tienen derecho al valor expresado en el
No
febrero de - - artículo 3 de la misma y por el término de
señala
1994 (Folios duración de la prestación del servicio y, dada la
22 y 23) naturaleza de la modalidad de vinculación, no se
genera derecho para reconocimiento de
prestaciones sociales»
«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» «En [los] pagos se
Resolución
encuentran incorporados factores salariales
035 Bis del 3 1 de 15 de 10
integrantes al mismo […] Los docentes
de febrero de febrero diciembre meses,
vinculados mediante esta Resolución sólo tienen
1995 (Folios de 1995 de 1995 15 días
derecho al valor expresado en el artículo 3 de la
24 a 28)
misma y por el término de duración de la
prestación del servicio»
«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» «En [los] pagos se
Resolución
encuentran incorporados factores salariales
030 del 1.º de 1 de 31 de
12 integrantes al mismo […] Los docentes
febrero de enero dciembre de
meses vinculados mediante esta Resolución sólo tienen
1996 (Folios de 1996 1996
derecho al valor expresado en el artículo 3 de la
29 a 31)
misma y por el término de duración de la
prestación del servicio»
«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» « En [los] pagos se
Resolución
encuentran incorporados factores salariales
031 del 30 de 1 de 31 de
12 integrantes al mismo […] Los docentes
enero de 1997 enero diciembre
meses vinculados mediante esta Resolución sólo tienen
(Folios 32 a de 1997 de 1997
derecho al valor expresado en el artículo tercero
34)
de la misma y por el término de duración de la
prestación del servicio»

21

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» «El personal
vinculado […] tiene el carácter de provisional
Resolución
mientras se designa en planta de personal […]
059 del 5 de 1 de 31 de
12 En [los] pagos se encuentran incorporados
febrero de enero diciembre
meses factores salariales integrantes al mismo […] Los
1998 (Folios de 1998 de 1998
docentes vinculados mediante esta Resolución
35 a 37)
sólo tienen derecho al valor expresado en el
artículo tercero de la misma y por el término de
duración de la prestación del servicio»
«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» « El personal
Resolución
vinculado […] tiene carácter temporal solo hasta
160 del 29 de 1 de 31 de
12 cuando exista la necesidad del servicio […] Los
marzo de enero diciembre
meses docentes vinculados mediante esta Resolución
1999 (Folios de 1999 de 1999
sólo tienen derecho al valor expresado en el
38 a 40)
artículo 3 de la misma y por el término de
duración de la prestación del servicio»
«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» « El personal
Resolución
vinculado […] tiene carácter temporal solo hasta
001 del 30 de 1 de 31 de
12 cuando exista la necesidad del servicio […] Los
enero de 2000 enero diciembre
meses docentes vinculados mediante esta Resolución
(Folios 41 a de 2000 de 2000
sólo tienen derecho al valor expresado en el
43)
artículo tercero de la misma y por el término de
duración de la prestación del servicio»
«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» « El personal
Resolución
vinculado […] tiene carácter temporal solo hasta
036 del 8 de 1 de 31 de
12 cuando exista la necesidad del servicio […] Los
febrero de enero diciembre
meses docentes vinculados mediante esta Resolución
2001 (Folios de 2001 de 2001
sólo tienen derecho al valor expresado en el
44 a 46)
artículo primero de la misma y por el término de
duración de la prestación del servicio»
«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» « El personal
vinculado […] es de carácter temporal solo hasta
cuando exista la necesidad del servicio […]
Resolución Reconózcasele al personal docente vinculado
034 del 25 de 1 de […] el pago de aportes parafiscales en cuantía
30 de abril 4
febrero de enero del 9 % de conformidad en lo establecido en las
de 2002 meses
2002 (Folios de 2002 Leyes 27 de 1992, 21 de 1974, 89 de 1988, 58
52 y 53) de 1963 y Ley 21 de 1982 […] Los docentes
vinculados mediante esta Resolución sólo tienen
derecho al valor expresado en el artículo primero
de la misma y por el término de duración de la
prestación del servicio»
«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» « El personal
vinculado […] es de carácter temporal solo hasta
Resolución cuando exista la necesidad del servicio […]
159 del 9 de 1 de Reconózcasele al personal docente vinculado
30 de junio 3
mayo de 2002 abril de […] el pago de aportes parafiscales en cuantía
de 2002 meses
(Folios 50A y 2002 del 9 % de conformidad en lo establecido en las
51) Leyes 27 de 1992, 21 de 1974, 89 de 1988, 58
de 1963 y Ley 21 de 1982 […] Los docentes
vinculados mediante esta Resolución sólo tienen
derecho al valor expresado en el artículo primero

22

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

de la misma y por el término de duración de la
prestación del servicio»

«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» « El personal
vinculado […] es de carácter temporal solo hasta
cuando exista la necesidad del servicio […]
Resolución Reconózcasele al personal docente vinculado
232 del 2 de 1 de […] el pago de aportes parafiscales en cuantía
31 de julio
julio de 2002 julio de 1 mes del 9 % de conformidad en lo establecido en las
de 2002
(Folios 49 y 2002 Leyes 27 de 1992, 21 de 1974, 89 de 1988, 58
50) de 1963 y Ley 21 de 1982 […] Los docentes
vinculados mediante esta Resolución sólo tienen
derecho al valor expresado en el artículo primero
de la misma y por el término de duración de la
prestación del servicio»
«Por la cual se vincula docentes por el sistema
de soluciones educativas» « El personal
vinculado […] es de carácter temporal solo hasta
cuando exista la necesidad del servicio […]
Reconózcasele al personal docente vinculado
Resolución
1 de 30 de 4 […] el pago de aportes parafiscales en cuantía
363 de 2002
agosto diciembre meses, del 9 % de conformidad en lo establecido en las
(Folios 47 y
de 2002 de 2002 30 días Leyes 27 de 1992, 21 de 1974, 89 de 1988, 58
48)
de 1963 y Ley 21 de 1982 […] Los docentes
vinculados mediante esta Resolución sólo tienen
derecho al valor expresado en el artículo primero
de la misma y por el término de duración de la
prestación del servicio»

El 1.º de octubre de 2013, en la audiencia de pruebas se realizó el interrogatorio
de parte a la señora Luz Mireya Vásquez Rueda, en el que señaló lo siguiente:28

Yo estuve nombrada por el municipio por contrato, algunos fueron de 10 meses,
algunos de 11, 12, desde el año 1989 hasta el 2002 […] cada año firmamos un
contrato, por el año y ya un año firmamos unas soluciones educativas por 3 meses […]
yo empecé en 1989 en la escuela Cantarranas 1, en ese entonces que me dieron el
primer contrato, había otra docente que estaba en propiedad, ella se llama Carmen
Pinzón, fue la primera docente con la que yo trabajé. Se vio la necesidad [de su
contratación] porque el número de estudiantes que había era grande, entonces por eso
me dieron el contrato. Ese año empecé allá, ya los siguientes seguí laborando en la
escuela rural Santa Helena en donde estoy laborando actualmente […] Preguntado:
¿quién le daba las órdenes?, ¿cómo debería ejecutar su función?, ¿a quién le rendía
Usted informes de su labor en esa época? Respondió: En esa época existía una

28 Folios 139 a 145, minuto 00:11:40.

23

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

dirección de núcleo, mi primera directora de núcleo fue la profesora Marina Garnica,
esa oficina estaba dentro de la alcaldía municipal y pues, a mí me pagaba el sueldo
que en ese tiempo devengaba, el municipio […] nosotros teníamos periódicamente que
capacitarnos, llenar documentación como los cuadros del DANE, y nos reuníamos en
grupos que se llaman microcentros que lo hacíamos en ese tiempo mensualmente y
teníamos que llevar informes del trabajo que nosotros realizábamos con los
estudiantes. Preguntado: ¿Usted en alguna oportunidad solicitó algún permiso que
recuerde, alguna incapacidad, si lo recuerda, ante quien lo tramitó y de qué manera,
escrito o verbal? Respondió: Yo tengo dos hijos, mi primer hijo lo tuve en diciembre, o
sea a mí no me pagaron maternidad ni nada de eso, y ya cuando regresamos a
trabajar ya, eso fue el segundo hijo, y cuando tuve mi primer hijo tuve que buscar un
reemplazo para que me cubriera algunos días de la maternidad, porque en ese tiempo
a nosotros no nos pagaban, por lo menos a mí no me pagaron la maternidad, o sea el
tiempo después de que uno tiene el bebé. […] En inicios de que yo empecé mi labor
docente, la alcaldía nos suministraba materiales como escoba, traperos, tiza y algunos
materiales así que es lo que más se utilizaba y lo demás pues, la escuela cuenta con
una granjita y de ahí se sacaba, la asociación, para cubrir algunas cosas que
necesitaba la escuela. […] La alcaldía nos tuvo vinculados, recuerdo que en un tiempo
estábamos vinculados a Caprecom, luego nos pasaron a Cajanal, o sea, estuvimos en
diferentes entidades, alguna vez, recuerdo que nos llegó una tarjetica de pensiones de
Colmena, pero a la fecha realmente yo no estoy segura esa plata de pensión a dónde
está en este momento, porque hemos ido con otros compañeros a la alcaldía a
averiguar eso y no nos han dado como una respuesta concreta de si realmente la
alcaldía pagó durante el tiempo que nosotros estuvimos por contrato, pensiones, la
verdad no sé si todos los años nos pagaron, la verdad no le sabría dar esa respuesta.
[…] Nosotros en ese tiempo, todo lo referente a nuestro trabajo como labor docente,
teníamos que entregarla en la dirección de núcleo […] Inicialmente, recuerdo que en mi
primer año de trabajo nos pagaban cada 6 meses, o sea a mitad de año y a final de
año, ya en los siguientes años, no recuerdo muy bien, pero ya el pago fue siendo más
cada dos mes, cada tres meses, periódicamente […] en el año 2002 todos los docentes
que estábamos como en mi caso, por contrato, fuimos como entregados, el municipio,
si no estoy mal, entregó esa nómina, o sea no nómina porque no estábamos en
nómina, pero fue entregada al departamento, y fuimos nombrados por el departamento
en provisionalidad, pero creo que a partir de ese tiempo el municipio no siguió
empleando de esa manera, sino era directamente, o sea en la gobernación nos
pagaban. […] Yo en el momento estoy vinculada en la escuela rural Santa Helena sede
K del colegio Palmira, estoy nombrada en propiedad, presenté el concurso de docentes
y afortunadamente lo pasé y estoy trabajando en esa institución. […] En esa época
cuando yo tenía que ausentarme tenía que pedir permiso en la alcaldía a la dirección
de núcleo, en ese tiempo a la profesora Marina Garnica que era la directora de núcleo,
uno pasaba el permiso […] Preguntado: ¿sin ese permiso no se podía retirar o sí se
podía retirar? Respondió:

Pues lo ideal es uno tener el permiso para poder desplazarse
porque uno no puede dejar el trabajo abandonado […] En la dirección de núcleo nos
informaban las fechas para iniciar las clases, los periodos de clase y todo eso,
estábamos dirigidos por esa entidad […] No recuerdo que tuviera que llenar un
formulario, yo sé que cobraba [los honorarios] en la tesorería, no recuerdo muy bien
pero el presidente de la Junta nos tenía que firmar algo. […] No me sentí vigilada [para
cumplir su labor] porque mi profesión, el deber de uno es hacer su trabajo así no estén
pendientes si uno está trabajando o no, pero a uno la ética profesional le induce a
realizar su trabajo sin necesidad de que lo estén vigilando, pero nunca me sentí
supervigilada, no, pero sí con el deber de desarrollar mi trabajo acorde a las normas
establecidas.

24

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Previo a resolver el problema jurídico planteado, se encuentra necesario precisar
que por virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
en esta decisión la Sala se limitará a analizar los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, sin perjuicio de las decisiones que se deban adoptar de
oficio, en los casos previstos en la ley.

En tal sentido corresponde señalar que si bien el a quo abordó, en la audiencia
inicial, el análisis de la prescripción, en atención a lo definido por esta corporación
en la sentencia CE-SUJ2-005-16,29 según la cual «el estudio de la prescripción en
cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada
la existencia de la relación laboral» y toda vez que el inciso 2.º del artículo 187 de
la Ley 1437 de 2011 prevé que el juez deberá decidir sobre todas las excepciones
«propuestas o no»; de encontrar acreditada la relación laboral, esta Sala no se
atará a la aludida decisión del Tribunal y abordará su análisis.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la inconformidad de la parte apelante se
circunscribe a cuestionar la configuración de la relación laboral, la Sala procederá
con su examen, a la luz de los criterios establecidos en la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021.

2.4.1. Sobre la relación entre la demandante y el municipio de San Vicente
de Chucurí

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
señalar que en el recurso de apelación no se cuestionó la existencia de dos
elementos de la relación laboral, por un lado, i) la prestación personal del
servicio, en tanto el tribunal concluyó que la demandante fue contratada para
prestar su servicio como docente en el municipio, y ii) la remuneración por el
trabajo cumplido, comoquiera que en los contratos celebrados se estipuló un valor

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001 23 33 000 2013

00260 01; M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

25

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

y una forma de pago con cargo a los recursos presupuestales de la entidad.

2.4.1.1. Subordinación continuada

En lo concerniente a este último elemento de la relación laboral el cual, a juicio del
apelante no se acreditó, resulta procedente examinar los elementos materiales
probatorios allegados y los criterios consolidados en la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021, con el fin de establecer si existió o no.

De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación
o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue
la relación laboral de la prestación de servicios. Ello es así, porque esta encierra la
facultad del empleador de exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes,
imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de
organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es
un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la
actividad y el modo de prestación del servicio.30

A partir del material probatorio expuesto, se observa que la señora Vásquez
Rueda se desempeñó como docente del municipio de San Vicente de Chucurí
desde el 7 de febrero de 1989 hasta el 30 de diciembre de 2002, a través de
sendas vinculaciones denominadas «sistema de soluciones educativas», los
cuales, según reconoce la entidad demandada, corresponde a contratos de
prestación de servicios.31 De manera que por ese período no existe duda de la
configuración de una relación legal y reglamentaria con el Estado en calidad de
educadora.

Ahora, el apelante no niega la existencia de los referidos contratos de prestación
de servicios y órdenes de servicios celebrados entre la demandante y la entidad
territorial, y lo cierto es que la calidad de las actividades desarrolladas por la

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-

33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
31 Así lo afirma en la contestación de la demanda al señalar que «los contratos se realizaron por medio de

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS».

26

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

primera no era otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al
margen de que no se hubiese declarado la existencia de una relación laboral en su
momento. Esta afirmación resulta más evidente, si se tiene en cuenta que el
vínculo en comento se desarrolló en el marco del programa de soluciones
educativas del municipio, el cual como se aprecia en los contratos, tenía como
objeto la ejecución específica de labores inherentes a personal del magisterio,
siempre en la misma institución educativa, esto es, Santa Helena de San Vicente
de Chucurí.

Esto en la medida en que la «contratista» debía ejercer realmente un cargo como
maestra pero sometida a las directrices de la alcaldía municipal, como ella lo
afirma y se extrae de la cláusula cuarta, recurrente en todos los contratos, según
la cual, la administración podría dar por terminada la vinculación en cualquier
momento «por incumplimiento del docente de su labor académica».

Hasta este punto, tanto lo probado en la actuación como la sola naturaleza de las
funciones ejercidas por la demandante durante el tiempo que celebró contratos de
prestación de servicios con la parte apelante, dan cuenta de que en observancia
del principio de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53
Constitucional y sin necesidad de concederle la calidad de empleada pública per
se, aquella sí puede ser considerada como una docente oficial a lo largo del lapso
aludido en virtud de la etimología propia de dicha ocupación.32 Por este motivo,
también es válido estimar que efectivamente el período precitado corresponde al
de una relación de trabajo, en tanto se consolidaron sus elementos constitutivos,
así como lo concluyó el a quo.

En consecuencia, la subordinación y dependencia se verifican «a partir del propio
esquema de soluciones educativas, así como de la noción de docente estatal,
habida cuenta de la falta de autonomía y discrecionalidad que se predica en el
desarrollo de esta actividad, por la consecuente sujeción de quien desempeña tal
32 Posición que ha sido desarrollada por esta Subsección en providencia relativa a un caso de reliquidación

pensional de una docente con acumulación de tiempos derivados de contratos de prestación de servicios con
una entidad territorial. Para tal efecto ver la sentencia del 18 de noviembre de 2020 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado: 66001-23-33-000-2016-00082-01
(4676-2017).

27

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

cargo a una política pública educativa y a unos lineamientos revisados,
controlados y materializados en órdenes de un superior que se distan de la
autonomía concebida para los contratos de prestación de servicios».33

Al respecto, valga resaltar que si bien la entidad apelante aduce que la
administración necesitó de personal que desarrollara la función de la docencia por
un lapso limitado y previamente determinado comoquiera que en ese momento no
contaba con personal de planta que cumpliera dicha tarea, lo que fue establecido
en los contratos celebrados entre las partes, lo cierto es que tal necesidad se
prolongó en el tiempo, al punto que la vinculación de la demandante se extendió
por 13 años, lo que descarta la colaboración episódica y ocasional de que habla la
jurisprudencia y pone en evidencia una vinculación con vocación de permanencia.

En efecto, las interrupciones que sufrieron los contratos celebrados por la
demandante no superaron el término establecido en la sentencia SUJ-025-CE-S2-
2021 y, en contraste, se ajustaron al calendario académico de los establecimientos
educativos estatales, esto es, tenían inicio en enero o febrero y culminaban en
noviembre o diciembre de cada año.

Resta señalar que las afirmaciones de la actora, según las cuales no se sintió
vigilada para cumplir su labor no le restan credibilidad a la pretensión de
reconocimiento de la relación laboral, bajo la premisa de la subordinación, pues
esta se halla demostrada en virtud del objeto contractual convenido y las
características propias de la labor. Lo expuesto encuentra respaldo en la aludida
sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 proferida por el Consejo de Estado, en
la que se precisó lo siguiente:

[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento
subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual
que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las
directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que
carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 11 de febrero de 2021, radicado 81001 23 33 000

2013 00079 01(4021-14), M.P. William Hernández Gómez.

28

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada
laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía
de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen
una protección especial por parte del Estado.

En suma, para el caso sub judice se demostró que se desdibujaron las
características propias del contrato de prestación de servicios, circunstancia que
originó una relación laboral distinguida por su permanencia y continuidad en la
prestación del servicio; sin embargo, ello no implica que la demandante obtenga la
condición de empleado público, ya que no median los componentes para una
relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el artículo 122
superior.34

2.4.2. ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de los
contratos?

Sobre este aspecto, se advierte que la prestación del servicio reconocida por el a
quo tuvo en consideración el periodo comprendido entre el 7 de febrero de 1989
hasta el 30 de diciembre de 2002, por ser la fecha en que culminó el último de los
contratos suscritos; empero, la demandante presentó reclamación ante su
empleador el 1.º de agosto de 2012, esto es, por fuera de los tres años señalados
como el término de la prescripción extintiva. Por lo tanto, no resulta procedente
conceder los emolumentos deprecados, por cuanto no se reclamaron
oportunamente.35

Tal consideración excluye los aportes al sistema de seguridad social que inciden

34 “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de

carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus
emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución
y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá
declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del
servidor público. (…)”.
35 Así se dispuso en la Sentencia CE-SUJ2 5 de 2016, en la que se señaló que «Quien pretenda el

reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas
de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual».

29

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

en el derecho pensional al ser imprescriptibles;36 por lo tanto, la entidad accionada
deberá tomar (durante el tiempo comprendido entre el 7 de febrero de 1989 y el 30
de diciembre de 2002, solo respecto de los periodos en los que se presentó la
vinculación contractual) el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
demandante, esto es, los honorarios pactados, mes a mes, y si existe diferencia
entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar,
cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes
a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

Para efectos de lo anterior, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de
que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.

En tal sentido, la Sala revocará los ordinales segundo y tercero de la sentencia
apelada en tanto reconoció a favor de la demandante el valor equivalente a las
prestaciones sociales que devengó en esa entidad durante el periodo en que se
reconoció la relación laboral, sin tener en cuenta que ocurrió el fenómeno
prescriptivo.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,37 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si

36 De acuerdo con lo definido en la aludida sentencia «no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes

para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio
pro operario, no regresividad y progresividad».
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001 23 33 000 2013 00022 01 (1291-

2014), M.P. William Hernández Gómez.

30

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las
partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,38 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia por no encontrarse demostradas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que debe revocarse el ordinal segundo de la
sentencia apelada por cuanto pese a que se acreditaron los elementos
configurativos de la relación laboral, se configuró el fenómeno prescriptivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

38 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el

expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

31

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

F A L L A:

Primero. Revocar los ordinales segundo y tercero de la sentencia proferida el 19
de noviembre de 2013, por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a
las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Luz
Mireya Vásquez Rueda, contra el municipio de San Vicente de Chucurí
(Santander), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, y en su lugar:

Segundo. Declarar probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del
derecho para reclamar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Tercero. Declarar que los aportes a pensión son imprescriptibles por lo que
corresponde su reconocimiento de la siguiente manera:

i) Ordenar al municipio de San Vicente de Chucurí (Santander) tomar el ingreso
base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los honorarios pactados),
mes a mes, (durante el periodo comprendido entre el 7 de febrero de 1989 y el
30 de diciembre de 2002, salvo sus interrupciones) y si existe diferencia entre
los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar
al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, para lo cual
la señora Luz Mireya Vásquez Rueda deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de pagar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajadora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

ii) Ordenar al municipio de San Vicente de Chucurí (Santander) hacer la
actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 187 (inciso final) de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta los

32

Radicado: 68001 23 33 000 2013 00333 01 (1098-2014)
Demandante: Luz Mireya Vásquez Rueda

índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

iii) Declarar que el tiempo laborado por la señora Luz Mireya Vásquez Rueda al
municipio de San Vicente de Chucurí (Santander) como docente bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios, entre el 7 de febrero de 1989
y el 30 de diciembre de 2002, salvo sus interrupciones, se debe computar para
efectos pensionales.

Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

33

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