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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01269-01

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-01269-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 9 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Daysi Rivera Quiñones contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. En su lugar, Segundo: Negar las pretensiones de la demanda. Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente expuesto. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2014-01269-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

26 de enero de 2023

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: DAYSI RIVERA QUIÑONES
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1.

Tema: Reconocimiento pensión gracia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 9 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Daysi Rivera Quiñones en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20112 formuló, en síntesis, las siguientes

Pretensiones3

1. Declarar la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) 04849 del 13 de
febrero de 2008; ii) RDP 013339 de 28 de abril de 2014 y; iii) RDP 022900
de 24 de julio de 2014, por medio de las cuales se negó el reconocimiento
de una pensión gracia en favor de la libelista.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) condenar a la UGPP a
reconocer y pagar en favor de la demandante una pensión gracia de
jubilación en cuantía del 75% de todos los factores devengados en el último
año de servicio; ii) reajustar el valor de las mesadas pensionales desde la
fecha de adquisición del estatus pensional; iii) realizar los ajustes de valor
sobre las sumas adeudadas conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA; y v) condenar en costas a la demandada.

1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

en adelante CPACA.
3 Folios 43 a 45.

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

Fundamentos fácticos relevantes4

1. La señora Daysi Rivera Quiñones laboró como docente nacionalizada entre
el 1.° de septiembre de 1971 hasta el 1.° de diciembre de 1978; del 15 de
octubre de 1978 hasta el 14 de diciembre de 1978; y del 30 de diciembre
de 1994 hasta la fecha.

2. Cumplió 50 años de edad el 15 de mayo de 1998 y los 20 años de servicio
como docente oficial el 30 de octubre de 2007.

3. Cajanal negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia mediante
Resolución 04849 de 13 de febrero de 2008, por considerar que los tiempos
de servicio acreditados por la demandante fueron como docente nacional.

4. La libelista solicitó al Ministerio de Educación Nacional que certificara el
tipo de vinculación que ella tuvo con esa entidad, a lo cual, mediante oficio
2013ER142302 del 22 de octubre de 2013, esta dio respuesta en la que
informó que la señora Rivera Quiñones no laboró para la citada entidad.

5. El 27 de octubre de 2013 solicitó a la UGPP el reconocimiento de la
prestación. La anterior fue atendida negativamente a través de la
Resolución RDP 013339 de 28 de abril de 2014.

6. Frente a la anterior decisión interpuso el recurso de apelación, el cual fue
resuelto por medio de la Resolución RDP 022900 de 24 de julio de 2004,
que confirmó en todas sus partes el acto inicial.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba.5

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la
contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las
excepciones propuestas:

«No formularon»

Se notificó la decisión en estrados y no se propusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

4 Folios 45 a 47.
5 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

«Establecer si la demandante es docente nacional o nacionalizada, de manera que
se definirá si tiene derecho a la pensión gracia.»

La decisión fue notificada en estrados y frente a esta no se interpusieron
recursos.

SENTENCIA APELADA6

El a quo profirió sentencia el 9 de noviembre de 2015, en la cual accedió
parcialmente a las pretensiones, con fundamento en que, contrario a lo
aducido por la demandada en los actos objeto de nulidad, los tiempos de
servicio prestados a partir de 1994 no podían considerarse como nacionales,
en tanto que está demostrado que fue nombrada por el ente territorial, según
los actos de vinculación, en tanto que fue nombrada por el gobernador del
departamento de Valle del Cauca, es decir, que no fue proferido por el gobierno
nacional.

Sobre el particular, agregó que el Consejo de Estado ha sostenido y enfatizado
que, cuando los nombramientos de los docentes provienen del respectivo
gobernador departamental, estos son tiempos meritorios de la pensión gracia
y, para el efecto, transcribió un aparte de lo que parece una sentencia, pero
sin indicar la fuente de la cita.

De acuerdo con lo anterior, concluyó que se encontraban demostrados todos
los requisitos legales exigidos para ser beneficiaria de la pensión gracia por lo
que había lugar a ordenar su reconocimiento y pago, pero únicamente a partir
del 27 de marzo de 2011 por efectos de la prescripción.

RECURSO DE APELACIÓN7

La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia, al considerar que
los tiempos como docente nacional no son computables para la pensión
gracia, en tanto que la norma que regula ese derecho proscribe la posibilidad
de percibir otros ingresos provenientes de la Nación. Lo anterior, con base en
que las pruebas allegadas al proceso dan cuenta de que parte de los periodos
laborados por la demandante lo hizo como docente nacional.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La UGPP8 reiteró el argumento expuesto en el recurso de apelación.

La demandante y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa, de
conformidad con lo dispuesto en la constancia secretarial visible a folio 190.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,

6 Folios 132 a 149.
7 Folios 150 a 152.
8 Folios 185 a 189.

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:

¿La señora Daisy Rivera Quiñones tiene derecho al reconocimiento y pago de
la pensión gracia?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: De conformidad con las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, de
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la parte
demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, como
se explica a continuación:

Marco legal y jurisprudencial para el reconocimiento de la pensión de
jubilación gracia. Síntesis.

La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hubiesen servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. El
derecho a la prestación se extendió a través de las Leyes 116 de 1928 (a
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública) y 37 de 1993 (a los maestros de escuela que hubieren
completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria), pero siempre bajo el entendido de que se debe
cumplir con los demás requisitos regulados por el artículo 4 de la Ley 114
citada.

Luego, la Ley 91 de 1989, en el numeral 2 de su artículo 15, limitó el derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, en el sentido de que, a partir de esta
solo serían beneficiarios aquellos docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980, de modo que todo aquel que haya ingresado al servicio
docente oficial con posterioridad a dicha fecha carece de legitimidad para
reclamar la prestación.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta;
ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional;
y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige
que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.° de
enero de 1981.

Ahora, de las diferentes normas enunciadas la jurisprudencia de esta
corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo
docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus
requisitos, la prestación solo está prevista para los de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 19979 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»

Para ayudar a determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
201810 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas
de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los
educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto
de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en
uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a
los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la

9Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto

de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
10 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys

Amanda Hernández Triana contra la UGPP.

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

Por último, y no menos importante, debe recalcarse que en reciente sentencia
de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 202211 la Sección
Segunda también incorporó como regla jurisprudencial sobre la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que él o la
docente laboró 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna
posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por
la Ley 114 de 1913.

La parte demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia de jubilación

En el presente caso se observa que la señora Daysi Rivera Quiñones nació el
15 de mayo de 1948, de modo que cumplió los 50 años en el año 199812.

Asimismo, obra certificado de antecedentes emitido por la Procuraduría
General de la Nación en el que se indicó por la autoridad competente que la
parte demandante, a la fecha de su expedición13 no registraba sanciones o
inhabilidades. Además, se advierte que este ítem no fue objeto de discusión
en sede administrativa o en la primera instancia, por lo que se presume la

11 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia

Jiménez Lozano contra la UGPP.
12 Según documento de identidad obrante a folio 2 del expediente.
13 8 de febrero de 2007.

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

buena fe de la interesada en cuanto al cumplimiento del requisito de honradez,
consagración y buena conducta14.

Ahora bien, la parte demandante acreditó las siguientes vinculaciones
docentes al servicio del Estado:

 En la institución educativa Santa Teresita, en San Andrés de Tumaco,
como docente por educación contratada, entre el 1.° de septiembre de
1971 y el 31 de agosto de 197815.
 En la institución educativa Alfonso Barberena, como docente
«nacionalizada», entre el 15 de octubre de 1978 y el 1.° de diciembre
de 197816.
 En la institución educativa Leónidas Mosquera Zúñiga, en el municipio
de Pradera, como docente en propiedad, entre el 30 de diciembre de
1994 y el 4 de septiembre de 200217.
 En la institución educativa Ana María Vernaza, en el municipio de Cali
(traslado), como docente en propiedad, entre el 5 de septiembre de
2002 y el 15 de diciembre de 200318.
 En la institución educativa Siete de Agosto del municipio de Cali, como
docente en propiedad, a partir del 16 de diciembre de 2003 a la fecha
de radicación de la demanda19.

Ahora bien, el objeto de controversia surge frente a la naturaleza de la
vinculación docente de la demandante, pues para la entidad demandada, esta
solo acreditó que se desempeñó como docente nacionalizada entre el 15 de
octubre de 1978 y el 1.° de diciembre del mismo año, mientras que el periodo
a partir de 1994 fue certificado como nacional por la autoridad competente, de
modo que no cumplió con los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiaria
de la pensión gracia.

Debe anotarse que en ninguno de los actos controvertidos, Cajanal o la UGPP
tuvieron en cuenta los tiempos docentes anteriores al 15 de octubre de 1978,
esto es, los laborados para el servicio de educación contratada en Tumaco,
Nariño, entre el 1.° de septiembre de 1971 y el 31 de agosto de 1978.

Por su parte, el tribunal estimó que el argumento para negar la prestación no
era procedente, en tanto que, según el precedente del Consejo de Estado, era
posible advertir que su nombramiento fue efectuado por la gobernación de
Valle del Cauca, de modo que este no fue precedido por parte del gobierno
nacional, razón por la cual esta vinculación sí debía ser tenida en cuenta para
efectos de computar los 20 años de servicio como decente territorial o
nacionalizada.

Sobre el particular, la sala advierte lo siguiente:

14 Certificado obrante en CD de antecedentes administrativos a folio 114.
15 Según constancia expedida por la Coordinación de Educación Misional Contratada del Ministerio de

Educación Nacional, obrante a folio 24 del expediente.
16
Tiempo de servicios tenido en cuenta por Cajanal en la Resolución 04849 del 13 de febrero de 2008,
y por la UGPP en la RDP 013339 de 28 de abril de 2014, actos administrativos en cuales se negó la
pensión gracia a la demandante.
17 De acuerdo con certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación de Santiago

de Cali, obrante en CD de antecedentes administrativos a folio 114.
18 Idem.
19 Idem.

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

1) Frente al periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 1971 y el 31
de agosto de 1978, en el que la demandante prestó servicios como docente
en la coordinación de educación contratada no obra prueba del nombramiento
o certificación donde conste la calidad de vinculación20. No obstante, para esta
subsección dicho periodo debe tenerse como nacional en tanto que de la
constancia aportada a folio 24 se observa que la coordinación de educación
misional contratada hace parte del Ministerio de Educación Nacional y que sus
aportes fueron consignados a la Caja Nacional de Previsión como entidad a la
que «estaba afiliado todo el magisterio».

Lo anterior se confirma con la información contenida en certificado de
información laboral CLEBP (Formato 1)21, según el cual la entidad empleadora
de la señora Rivera Quiñones, entre el 1.° de septiembre de 1971 y el 1.° de
diciembre de 1978, fue el Ministerio de Educación Nacional.

2) El periodo que va del 15 de octubre de 1978 al 1.° de diciembre de 1978
también se incluyó en la certificación descrita en el punto 1, además de obrar
a folio 33 certificado de historia laboral del Fomag, donde se indica que el
régimen de la docente era «nacional». No obstante, se evidencia a folio 41 del
expediente el acta de posesión 5017 de 4 de diciembre de 197822, donde se
indica que el acto de nombramiento de la libelista provino de la secretaría de
educación del departamento de Valle del Cauca y, de igual forma, como se
aprecia de los actos demandados, especialmente las Resoluciones 04849 de
13 de febrero de 2008 y RDP 013339 del 28 de abril de 2014 que negó el
reconocimiento de la pensión gracia, Cajanal y la UGPP sí tuvieron en cuenta
ese tiempo como docente nacionalizada.

3. En el tiempo laborado como docente, desde 1994 en adelante, la
demandante debe ser catalogada como docente nacional, por cuanto, si bien
es cierto en los actos de vinculación participó el representante legal del
departamento del Valle del Cauca (como indicó el a quo), también lo es que el
origen de la plaza ocupada por la señora Rivera Quiñones no era territorial o
nacionalizada.

Para el efecto, nótese que mediante Decreto territorial 2369 del 29 de
noviembre de 1994, por el cual se nombró a la demandante como docente en
la institución educativa Leónidas Mosquera Zúñiga, en el municipio de
Pradera, se indicó:

«Que por Resoluciones N° 03695 de julio 28 de 1993 y 4271 de agosto 30 de 1993
emanadas del Ministerio de Educación Nacional, se autorizó y se fijaron las
condiciones para la conversión de las Soluciones Educativas Nacionales a plazas
docentes de tiempo completo.

20 Sobre la pensión gracia y docentes vinculados a través del mecanismo de educación nacional
contratada, esta Sección ha manifestado en múltiples oportunidades que dichos docentes tienen la
connotación de nacionales, resultando improcedente el reconocimiento de la prestación. Para el efecto,
ver sentencias del 2 de junio de 2022 (radicación 88001-23-33-000-2015-00054-02 (1393-2016)); 3 de
marzo de 2022 (radicación 27001-23-33-000-2019-00023-01 (3636-2021)); 2 de octubre de 2020
(radicación 19001-23-33-000-2017-00393-01 (2462-2019)); 25 de septiembre de 2020 (radicación
25000-23-42-000-2015-06485-01 (2816-2018)); y 28 de octubre de 2016 (radicación 85001-23-33-000-
2013-00038-02 (4634-2014)).
21 Documento visible a folio 25.
22 Se advierte que si bien el acta de posesión es de diciembre de 1978, en dicho documento se incluyó

a modo de observación que su vinculación inició a partir del 15 de octubre de 1978 y mientras durara la
licencia de maternidad concedida a la señora María Teresa Jaramillo por 60 días.

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

Que por Acuerdo del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca, se dispuso la
Conversión de nueve (9) Soluciones Educativas Nacionales a plazas docentes de
tiempo completo con cargo a la Nación […]»

Y el artículo 2 del citado acto, se definió que «Los docentes nombrados en el
presente decreto están a cargo de la Nación, y en consecuencia sus sueldos y
prestaciones sociales son las que la Nación ordene, así como sus condiciones
laborales están sujeta a las normas que para el efecto tiene o expida el Ministerio de
Educación Nacional».

En ese sentido, y según la pauta vi) de la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018, la demandante no logró probar el requisito de 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizada, pues contrario a lo afirmado
por ella y por el tribunal en la sentencia objeto de apelación, la plaza en la que
fue nombrada a partir del 30 de diciembre de 1994 era nacional, de modo que
el único tiempo que sería posible computar es el comprendido entre el 15 de
octubre de 1978 y el 1.° de diciembre de la misma anualidad, por lo que solo
es posible concluir que la señora Daysi Rivera Quiñones no cumplió con la
totalidad de condiciones exigidas para ser beneficiaria de la pensión gracia.

Sobre el particular, se advierte que en sentencia del 2 de octubre de 202023,
la subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió un
asunto similar, en el que se discutía si los tiempos laborados en virtud de la
reconversión de las soluciones educativas nacionales eran computables para
el reconocimiento de la pensión gracia, en la cual se concluyó:

«Ahora bien, en relación con el período trabajado desde el 3 de abril de 1994, el
referido documento informa que la accionante tiene la calidad de educadora
nacional, debido a que, por medio de Decreto 10 de 10 de marzo de 1994, se
materializó la reconversión del contrato suscrito por ella con la Nación, en el marco
del programa «soluciones educativas»24, al de una plaza docente; procedimiento
que se efectuó como resultado de la autorización del Ministerio de Educación
Nacional de reconvertir 3491 soluciones educativas nacionales en todo el país, de
las cuales 63 eran en el Norte de Santander.

Asimismo, del mentado acto de nombramiento se destaca que: (i) a partir de ese
momento se originó una relación legal y reglamentaria entre las mismas partes que
anteriormente suscribían los contratos, esto es, la Nación y la actora; (ii) la
interesada permanecería en la institución educativa en la que ejercía sus
funciones; y (iii) la plaza docente no fue incorporada a la planta del departamento
o municipio, de lo que se colige su carácter nacional.

Por otra parte, advierte la Sala que en el referido Decreto 10 de 10 de marzo de
1994, el mandatario de Toledo expresa que la designación la realiza en uso de las
facultades conferidas por los artículos 9° de la Ley 29 de 1989 y 2° de la Ley 60 de
1993 y la Resolución 4271 de 1993. Al respecto, el artículo 5425 de la Ley 24 de
198826, modificado por el artículo 9° de la Ley 29 de 1989, establece que esta
actuación hace parte de las funciones que fueron desconcentradas en los entes
territoriales, así:

23 Proceso con radicación 68001-23-33-000-2016-00368-01 (5573-2018) de Mery Chacón Solano contra

la UGPP.
24
Creado con el propósito de prestar el servicio de educación pública en zonas de difícil acceso y que
resultaba ser mucho más flexible en cuanto a la contratación de personal y a los requisitos exigidos a los
contratistas, en comparación con la normativa que regulaba la relación laboral de plantas docentes
(tomado del Plan de Apertura Educativa 1991-1994 del Departamento Nacional de Planeación.
Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2518.pdf).
25 Se encuentra contenido en el capítulo VI de la «Desconcentración administrativa».
26 «Por la cual se reestructura el Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras disposiciones».

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los
Alcaldes Municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover,
controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo
de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados, plazas
oficiales de Colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales,
teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera
Administrativa vigentes y que expida en adelante el Congreso y el
Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de
personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades
presupuestales correspondientes.

En la Isla de San Andrés estas atribuciones se asigna al Intendente.

Se asigna a los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y Alcalde Mayor
de Bogotá, las funciones de nombrar, remover, controlar y, en general,
administrar el personal administrativo, nacional y nacionalizado, de los
Equipos de Educación Fundamental, teniendo en cuenta la Carrera
Administrativa.

Parágrafo 1º. Los salarios y prestaciones sociales de este personal,
continuarán a cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las
crearon.

Así las cosas, se concluye que la administración del personal docente la ejerce el
respectivo funcionario del ente territorial como agente de la Nación, argumento
que se refuerza con lo ordenado por el Ministerio de Educación Nacional a través
de Resolución 4271 de 30 de agosto de 199327, que frente al procedimiento «[…]
de vinculación de personal a las plazas docentes establecidas por reconversión
de las 3491 soluciones educativas nacionales […]», en su artículo 2°, dispuso:

[…]
4. Los nombramientos los hará el Alcalde Municipal, si ha asumido las
funciones del artículo 9° de la Ley 29 de 1989; de lo contrario, los hará el
gobernador respectivo. En todo caso los nombramientos que en el futuro
deban hacerse en cumplimiento de lo que establece el artículo primero
de la presente Resolución, estarán a cargo de la autoridad competente al
momento de la provisión.
[…]

Lo anterior corrobora que la plaza no tenía el carácter territorial, sino que el referido
alcalde hizo uso de la facultad de administrar el personal de educadores, conferida
por el Congreso de la República (Ley 29 de 1989) y el Ministerio de Educación
Nacional (Resolución 4271 de 30 de agosto de 1993), este último relativo al
específico procedimiento de reconversión del sistema educativo nacional a plazas
docentes, también nacionales.

Por último, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el empleo
de la accionante, el acto de nombramiento hace referencia a la autorización
concedida por el fondo educativo regional que si bien atendía los gastos que
generaban los servicios educativos nacionalizados y territoriales, también lo hacía
respecto de los nacionales como en este caso, en el que, se reitera, la plaza era
nacional sin que exista en el plenario prueba en contrario, por ende, no es
procedente legitimar dicho período para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.»

27 «Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3695 de 28 de julio de 1993 y se dictan

otras disposiciones».

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

En ese orden de ideas, y según las pautas fijadas por esta sección en las
sentencias de unificación citadas, la Sala evidencia que la señora Rivera
Quiñones no acreditó los 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizada y, por consiguiente, se puede concluir que la demandante no
cumplió con la totalidad de requisitos exigidos para ser beneficiaria de la
pensión gracia.

Por lo anterior, pese a la conclusión a la que llegó el a quo, según la cual, toda
vez que el acto de nombramiento fue expedido por el gobernador del ente
territorial debía entenderse que la docente tenía esa misma calidad, lo cierto
es que el caso particular no se adecúa a esa tesis, en tanto que del acto de
nombramiento se desprende que la naturaleza de la plaza ocupada por la
demandante tenía el carácter de nacional y que, además, sus salarios y
prestaciones eran pagados en su integridad por el Ministerio de Educación
Nacional.

Sobre el particular, se advierte que el programa de «soluciones educativas»
se asimiló a una vinculación contractual por prestación de servicios 28 que
podía ser del nivel nacional, departamental o municipal, de modo que, al
indicar el Decreto 2369 del 29 de noviembre de 1994 que las plazas objeto de
conversión, eran «soluciones educativas nacionales», se puede inferir que
estas nacieron bajo esa misma categoría (nacional), y al pasar a ser plazas
docentes de tiempo completo, continuaron con esta. Además, debe reiterarse
que el acto de vinculación fue explícito en indicar que el régimen prestacional
y salarial de los docentes nombrados (entre ellos la demandante) era el que
definiera el Ministerio de Educación Nacional, así como dichas plazas
continuarían a cargo de la Nación, por lo que debe concluirse que la plaza
ocupada por la libelista era nacional.

Finalmente, si bien la demandante pretende se tenga como prueba el oficio
2013EE7397801 del 23 de octubre de 2013, según el cual no se encontró
registro a nombre de la señora Rivera Quiñones que indique que esta laboró
para el Ministerio de Educación Nacional29, para la Sala esta prueba no puede
ser tenida en cuenta para desestimar la calidad de docente nacional, en tanto
que se desconocen los términos en que se elevó la consulta ante el ministerio
pues no se allegó copia de la solicitud, y porque en todo caso, las demás
pruebas obrantes en el expediente permiten entrever su vinculación nacional
entre 1971 y 1978 y desde 1994 a la fecha.

En conclusión: La parte demandante no tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión gracia al no haber acreditado el cumplimiento de los
requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para ser beneficiaria de la
prestación.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone revocar la sentencia del 9 de noviembre de
2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca para, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas
28 Según se desprende de las sentencias del 3 de marzo de 2022 (radicación 81001-23-33-000-2013-

00108-01 (4784-2014)); 24 de febrero de 2022 (81001-23-33-000-2014-00050-01 (2631-2015)); o 17 de
febrero de 2022 (radicación 68001-23-33-000-2013-00333-01 (1098-2014))
29 Documento obrante a folio 23.

Radicado: 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016)
Demandante: Daysi Rivera Quiñones

En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por
esta subsección en providencias del 7 de abril de 201630, en esta oportunidad
resulta necesario tener presente que la decisión adoptada en esta instancia
obedeció al cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso,
razón por la cual la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 9 de noviembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Daysi Rivera
Quiñones contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. En su lugar,

Segundo: Negar las pretensiones de la demanda.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente
expuesto.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

30 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario

Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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