Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2019-00114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2019-00114-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Carmen Emilia Cárdenas Ariza presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 035661 y RDP 044496
del 31 de agosto y 20 de noviembre de 2018, a través de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
Protección Social2 le negó el reconocimiento de una pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada, teniendo en cuenta
todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, el 7 de febrero de 2012; ii) el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iii) el pago de intereses moratorios
a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Carmen Emilia Cárdenas Ariza prestó sus servicios como docente nacionalizada
en el departamento de Caldas mediante Decreto 0089 del 28 de febrero de 1969,
empleo que desempeñó entre el 1° de marzo de 1969 y el 25 de abril de 1971.
3.2. Asimismo, fue nombrada docente: i) nacionalizada por el acto administrativo
0089 del 28 de febrero de 1969, «expedido por el departamento de Caldas»; y ii) en
el municipio de Victoria mediante el Decreto 001 del 7 de febrero de 1994.
3.3. El 14 de junio de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
la cual fue negada con las resoluciones RDP 035661 y RDP 044496 del 31 de
agosto y 20 de noviembre de 2018.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 4 de
1966, 91 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994 y 715 de 2001. Asimismo, la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
5. En cuanto al concepto de violación, señaló que los actos administrativos
demandados desconocieron las normas y la jurisprudencia del Consejo de Estado
en relación con el reconocimiento de la pensión gracia, inclusive «el nuevo
pronunciamiento» contenido en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018, en
los cuales se ha reconocido la prestación pretendida en casos como el de la
demandante.
1.2. Contestación de la demanda
2
En adelante UGPP
2
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
6. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación:
6.1. La demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, porque
no acreditó el cumplimiento de las exigencias para esos efectos, por cuanto «reposa
dentro del expediente pensional [de la demandante] formato único para la expedición de
certificados de historia laboral con consecutivo N° 3611 del 27 de septiembre de 2017
expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Caldas indicando: RÉGIMEN DE
PENSIONES: NACIONAL». Así las cosas, la vinculación que ostentó la docente fue del
orden nacional, por lo que no podía ser computada para verificar el tiempo de
servicio requerido para la prestación pretendida.
6.2. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido; ii) buena fe; iii) prescripción; y iv) genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia proferida el 15 de septiembre
de 2023 accedió a las súplicas de la demanda y en consecuencia: i) declaró la
nulidad de los actos demandados; ii) ordenó el reconocimiento de la pensión gracia
a partir del 19 de febrero de 2013, pero con efectos fiscales a partir del 14 de junio
de 2015, por prescripción; y iii) condenó en costas a la Ugpp.
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
8.1. De acuerdo con el material probatorio aportado, « está suficientemente determinado
que la demandante no solo cuenta con la edad exigida por el marco normativo relacionado
para hacerse acreedora al beneficio pensional perseguido, sino también que se encontraba
vinculada al servicio docente en plaza nacionalizada» con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980.
8.2. Carmen Emilia Cárdenas Ariza acreditó una vinculación como docente en una
plaza del orden territorial y «más allá de la calificación que el propio FNPSM quiso atribuir
a dicha plaza docente como nacional, ninguna de las pruebas permite avalar esta
conclusión». Así las cosas, «al sumarse […] tiempos de servicio docente prestados por la
nulidiscente en plazas nacionalizadas, se tiene que […] acreditó 21 años 4 meses y 18 días,
lapso útil para acceder a la prestación» [sic].
8.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 1743 de 1966,
reglamentario de la Ley 4 de 1966, la pensión deberá liquidarse con el promedio del
3
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
75% de los salarios devengados durante el año anterior a la fecha en la que adquirió
el estatus pensional, es decir, entre el 19 de febrero de 2012 y el 19 de febrero de
2013, «entendido por salario la totalidad de los ingresos que recibe el trabajador por sus
servicios, ello conforme a la Ley 33 de 1985 y al Decreto 1042 de 1978, artículo 42» [sic].
8.4. Toda vez que entre la fecha de adquisición del estatus pensional y la
presentación de la demanda [13 de marzo de 2019] transcurrieron más de 3 años,
se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción, por lo que se ordenará el pago
de las mesadas causadas a partir del 14 de junio de 2015.
8.5. En virtud de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, « teniendo en cuenta que
producto de la vulneración de los derechos de la parte actora se vio en la necesidad de
contratar un abogado y sufragar los gastos procesales hasta su culminación», condenó en
costas a la parte demandada.
1.4. El recurso de apelación
9. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar
se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos:
9.1. La demandante no acreditó el tiempo de servicio exigido para el reconocimiento
de la pensión gracia, porque, de conformidad con «el certificado de historia laboral,
expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, […] prestó sus
servicios entre en 14 de febrero de 1994 y el 7 de julio de 2014, con tipo de vinculación
nacional», sin que el contenido de dicho documento hubiese sido desvirtuado por la
interesada, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso.
9.2. Así las cosas, «el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia con tiempos de
orden nacionales no puede ser posible como expresamente lo ha reiterado el Consejo de
Estado».
9.3. De otra parte, «frente a estos tiempos de servicio, con vinculación de carácter
cofinanciado, se tiene que se trata de una categoría de docentes vinculados por
nombramiento de la respectiva entidad territorial que pertenecen a la planta de personal del
distrito, departamento o municipio y que durante la vigencia de los convenios entidad
territorial, fondo de cofinanciación para la inversión social FIS eran cofinanciados por la
nación 70% y 30% a cargo de la entidad territorial, en tanto la mayor fuente de los recursos
provenían del situado fiscal/presupuesto general de la nación» [sic].
1.5. Trámite de segunda instancia
4
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
10. La Ugpp presentó una solicitud probatoria consistente en oficiar a la secretaría
de educación del departamento de Caldas para que aportara lo siguiente: i)
certificación en la cual conste el acto de nombramiento y el acta de posesión de la
demandante; ii) certificación en que se informe la plaza docente, la fuente de
financiación, el régimen salarial nacional o territorial de los tiempos acreditados; iii)
los factores salariales percibidos y el escalafón docente alcanzado durante los 20
años de servicios acreditados para el reconocimiento de la pensión gracia; iv) la
institución educativa del orden territorial, nacional o nacionalizada en la que laboró
la demandante; v) el tipo de educación prestado por la docente; la forma de su
vinculación; y vi) el origen y evolución de la plaza docente antes y después de la
nacionalización de la educación.
11. La anterior solicitud fue negada mediante auto del 30 de abril de 2025, porque
las pruebas documentales pretendidas fueron aportadas al expediente y se les dio
traslado a las partes en audiencia adelantada el 11 de febrero de 2020, sin que
hubiera existido objeción frente a estas.
12. De otra parte, toda vez que no se advirtió la necesidad de decretar pruebas en
esta instancia, no se ordenó correr traslado para que los extremos procesales
alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del artículo 247 del
CPACA.
1.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no intervino en esta etapa
procesal.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
14. Se circunscribe a resolver ¿si Carmen Emilia Cárdenas Ariza acreditó los
requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de
conformidad con las normas que la regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
15. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
5
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
16. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19133 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
17. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
4
18. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 19335, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
19. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
3
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
4
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
5
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
6
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
20. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
6
21. En efecto, la Ley 60 de 1993 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
6
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
7
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubiesen realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del señalado fondo.
22. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja7, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 19688, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos9 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de 199410
(artículo 179, literal d).
23. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
24. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199511, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
24.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
7
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
8
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
9
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
10
«Por la cual se expide la ley general de educación»
11
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
8
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
24.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
25. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
26. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
27. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
12
28. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
13
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
14
29. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
30. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
12
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
13
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
14
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
9
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala15 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198916 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
31. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201817, así:
15
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
17
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
10
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
32. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202218 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».19
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
19
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
11
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
33. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
34. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
41.1. Carmen Emilia Cárdenas Ariza nació el 8 de julio de 1949.
41.2. Mediante Decreto 0089 del 22 de febrero de 1969 fue designada por el
gobernador del departamento de Caldas como directora de la escuela rural El Llano
en el municipio de Victoria. El acto fue suscrito por dicho funcionario y por el
secretario del ente territorial.
41.3. De conformidad con el formato de información laboral expedido por la
profesional especializada del departamento de Caldas, entre el 1° de marzo de 1969
12
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
y el 16 de julio de 1970 y entre el 15 de septiembre de 1970 y el 25 de abril de 1971,
prestó sus servicios como docente primaria, periodo en el que la entidad
empleadora fue el departamento de Caldas. Asimismo, en este documento se
señaló que de estas vinculaciones por los aportes para pensión «responde» la
nación.
41.4. A través del Decreto 001 del 7 de febrero de 1994 fue designada por el alcalde
municipal de Victoria [Caldas] como docente de tiempo completo en la escuela rural
Marzana. En las consideraciones de este acto se señaló:
«Que el Ministerio de Educación Nacional, por medio de las Resoluciones 03695 de julio
de 1993 y 04271 de agosto 30 de 1993, dispuso la conversión de las soluciones
educativas nacionales en plazas docentes de tiempo completo.
Que mediante las precitadas resoluciones ministeriales, se crearon las correspondientes
plazas docentes y se reglamentó el proceso de la conversión.
Que las mismas resoluciones facultan a los alcaldes municipales, como actuales
autoridades nominadoras del personal vinculados a los institutos docentes oficiales, para
efectuar la conversión, mediante el nombramiento del personal que ha venido laborando
en cada municipio en el programa de soluciones educativas nacionales y que reúnan
los requisitos para el estatuto docente.
Que las soluciones educativas nacionales, constituyen un programa del Ministerio
de Educación Nacional, el cual se desarrolla y cumple en el nivel de la educación
primaria.
Que el municipio de Victoria, cuenta con 23 soluciones educativas nacionales,
distribuidas entre los institutos docentes de primaria de su jurisdicción.
Que Carmen Emilia Cárdenas Ariza […] mediante orden de trabajo ha venido siendo
vinculada al programa de soluciones educativas nacionales en este municipio, estando
adscrito a la escuela rural Marzala, del municipio de Victoria.» [se resalta]
41.5. Mediante
Decreto 01120 del 27 de diciembre de 2004, el gobernador del
departamento de Caldas incorporó a la planta de cargos del departamento «el
personal docente, directivo docente y administrativo» dentro del cual se encontraba
la demandante.
41.6. Según el formato parala expedición de certificado de historia laboral con
consecutivo 3564, expedido el 13 de diciembre de 2019 por la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas, prestó sus servicios como docente con
régimen de pensiones nacional, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
13
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
Ing. y Reing.
Decreto 001
Escuela Rural Marzala 14-02-1994 -
07-02-1994
Victoria (Cal)
Incorporación
Colegio Integrado San Decreto 01120
27-01-2005 07-07-2014
Pablo 27-12-2004
Victoria (Cal)
Tiempo total 20 años, 4 meses y 24 días
41.6.1. El referido certificado contiene la siguiente observación « nombramiento
departamental en plaza nacionalizada, régimen nacional con anualidad de cesantías,
afiliado ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio como docente nacional por
haber ingresado después de 01/01/90 de acuerdo de le Ley 91/89. Se expide para dar
respuesta al radicado 2019-00114-00 solicitado por el Tribunal Administrativo de Caldas»
[sic].
41.7. El profesional especializado de la Unidad de Inspección y Vigilancia y Control
de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas certificó lo siguiente:
«La Escuela Rural El Llano, perteneciente a la I.E. San Pablo, ubicada en el municipio
de Victoria – Caldas, es un establecimiento educativo de carácter oficial del orden
departamental (nunca ha cambiado de orden).
La Escuela Rural Marzala, perteneciente a la I.E. San Pablo, ubicada en el municipio
de Victoria – Caldas, es un establecimiento educativo de carácter oficial del orden
departamental (nunca ha cambiado de orden).»
41.8. El 14 de junio de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
la cual fue negada con la Resolución RDP 035661 del 31 de agosto de 2018,
decisión confirmada a través de la Resolución RDP 044496 del 20 de noviembre de
2018 con la que fue resuelto el recurso de apelación.
2.4. Análisis sustancial
34.1. LaUgpp solicitó que se revocara la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas al considerar que la demandante no había acreditado el
tiempo de servicio exigido para el reconocimiento de la pensión gracia, porque, de
conformidad con «el certificado de historia laboral, expedido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, […] prestó sus servicios entre en 14 de febrero de
1994 y el 7 de julio de 2014, con tipo de vinculación nacional», sin que el contenido de
dicho documento hubiese sido desvirtuado por la interesada, de conformidad con el
artículo 167 del Código General del Proceso.
14
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
42. Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la sala deberá verificar
si la actora acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia, para esos efectos, se verificará si: i) contaba con 50 años de edad; ii) acreditó
una experiencia anterior al 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada; iii) completó 20 años de servicio en una plaza territorial o
nacionalizada; y iv) ejerció la docencia con buena conducta.
43. Al respecto, se advierte que frente al requisito de la buena conducta no se realizó
reparo alguno, por lo que se encuentra acreditado. Asimismo, que Carmen Emilia
Cárdenas Ariza contaba con más de 50 años de edad [nació el 8 de julio de 1949,
por lo que cumplió con esa exigencia en el año 1999].
44. Ahora bien, en relación con la experiencia docente con vinculación territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, se evidencia que la demandante
fue designada directora de la Escuela Rural El Llano en el municipio de Victoria.
45. En relación con esta vinculación en el expediente obra: i) Decreto 0089 del 22 de
febrero de 1969, mediante el cual el gobernador del departamento de Caldas la
designó como directora en una institución educativa; ii) formato de información
laboral según el cual durante dicho periodo su empleador fue el departamento de
Caldas; y iii) certificado mediante el cual la Secretaría de Educación del ente
territorial señaló que la Escuela Rural El Llano « es un establecimiento educativo de
carácter oficial del orden departamental (nunca ha cambiado de orden)».
46. El anterior material probatorio es suficiente para concluir que la designación
efectuada a la demandante antes del 31 de diciembre de 1980 fue en una plaza
nacionalizada, por cuanto, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989,
era personal de ese orden el vinculado « por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976». Lo anterior se encuentra en consonancia con lo certificado
por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, según lo cual, ese
establecimiento educativo siempre fue del orden departamental. Así las cosas, se
encuentra acreditado el primer requisito en mención.
47. En cuanto a la exigencia de contar con 20 años de servicio como docente del
orden territorial o nacionalizado, en el sub judice se encuentra acreditado lo
siguiente: i) Decreto 001 del 7 de febrero de 1994, con el que fue designada en la
Escuela Rural Marzala, en el marco del programa de soluciones educativas
nacionales; ii) certificado según el cual se vinculó como docente entre el 14 de
febrero de 1994 y el 7 de julio de 2014, con régimen de pensiones nacional, con
ocasión de un «nombramiento departamental en plaza nacionalizada»; y iii) certificado
15
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
expedido por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas en el que se
señaló que el establecimiento educativo en el que fue vinculada era « del orden
departamental (nunca ha cambiado de orden)».
48. Al respecto, la Sala recuerda que la vinculación de docentes a través de
soluciones educativas tuvo lugar en el marco de un programa de «universalización
de la educación básica primaria» institucionalizado por el gobierno nacional, mediante
el Decreto 61 de 1992, de conformidad con el « plan de apertura educativa para el
cuatrienio 1991-1994» aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y
Social. Este fue financiado con «recursos del Crédito Internacional 3010 BIRFCO, con
las contrapartidas nacionales estipuladas en éste, con aportes de los presupuestos
departamentales, municipales cuando se suscriban los convenios respectivos, y con
aportes de la comunidad20».
49. Asimismo, de conformidad con el Plan de Apertura Educativa 1991-1994 del
Departamento Nacional de Planeación21:
«Los docentes faltantes en las zonas de expansión de la primaria se proveerán mediante
acuerdos (contratos de gestión) entre la Nación y los municipios para ampliar la planta
docente municipal. De manera similar, se crearán mecanismos para transferir los
docentes rurales contratados bajo el sistema “soluciones educativas”, que hoy paga la
Nación, a la planta docente municipal. El Gobierno transferirá recursos a los municipios
para financiar estos docentes, en los tres primeros años, sin asumir responsabilidades
laborales con ellos. A partir de entonces, el municipio se responsabilizará de la
financiación con sus propios recursos.
Las transferencias del Gobierno Nacional a los municipios de financiarán con ajustes al
programa de universalización de la educación básica primaria financiado por el Banco
Mundial […]».
50. Lo anterior explica lo concluido por la Sección Segunda de esta Corporación,
según lo cual «el programa de “soluciones educativas” se asimiló a una vinculación
contractual por prestación de servicios que podía ser del nivel nacional, departamental
o municipal22». Así las cosas, para efectos de determinar la naturaleza de la
vinculación efectuada con ocasión de las «soluciones educativas» se deberá
verificar según las reglas previstas por el ordenamiento jurídico y la interpretación
que de estas ha hecho la jurisprudencia.
51. En ese orden, el material probatorio aportado permite concluir que Carmen Emilia
Cárdenas Ariza fue vinculada a través del Decreto 001 del 7 de febrero de 1994, en
20 Artículo 4 del Decreto 61 de 1992.
21 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2518.pdf
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2022, expediente con
radicado 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016).
16
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
una plaza nacionalizada, esto, porque de conformidad con el artículo 1 de la Ley 91
de 1989 es personal de ese orden el vinculado «por nombramiento de entidad territorial
antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». Lo que fue corroborado por la Secretaría
de Educación del ente territorial, a través del certificado de historia laboral con
consecutivo 3564, en el que precisó que este nombramiento se efectuó en una
«plaza nacionalizada».
52. De otra parte, la entidad de previsión reprochó que el tribunal desconociera que
de conformidad con «el certificado de historia laboral, expedido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, […] prestó sus servicios entre en 14 de febrero de
1994 y el 7 de julio de 2014, con tipo de vinculación nacional». Sin que el contenido de
dicho documento hubiese sido desvirtuado por la interesada, de conformidad con el
artículo 167 del Código General del Proceso.
53. En relación con lo anterior, encuentra la Sala que no tiene asidero el referido
cuestionamiento, porque los certificados expedidos por el Fomag:
53.1. Señalaron que el «régimen de pensiones» de la demandante era «nacional»,
aspecto que no puede confundirse con la naturaleza de la plaza, y que se da como
consecuencia de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 91 de 1989, según el cual
«los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados,
y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional» [se resalta]; supuesto dentro del cual
se encontraba la docente puesto que se vinculó con posterioridad a dicha data; y
53.2. Se precisó que la vinculación de Carmen Emilia Cárdenas Ariza se dio con
ocasión del «nombramiento departamental en plaza nacionalizada».
54. Así las cosas, contrario a lo afirmado por la entidad apelante, en el formato único
para la expedición de certificado de historia laboral del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de manera expresa se certificó que la
demandante fue vinculada en una plaza nacionalizada.
55. En consonancia con lo expuesto, Carmen Emilia Cárdenas Ariza acreditó el
siguiente tiempo de servicio como docente nacionalizada en el departamento de
Caldas: i) entre el 1° de marzo de 1969 y el 16 de julio de 1970 y entre el 15 de
septiembre de 1970 y el 25 de abril de 1971, esto es, durante 1 año, 11 meses y
25 días; y ii) entre el 14 de febrero de 1994 y el 7 de julio de 2014, esto es, durante
17
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
20 años, 4 meses y 24 días. Por lo expuesto, se encuentra que adquirió el estatus
pensional el 19 de febrero de 2012, fecha en la que contaba con más de 50 años
de edad y 20 años de servicio como docente del orden nacionalizado.
56. Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Caldas, puesto que la demandante acreditó la totalidad
de los requisitos para efectos del reconocimiento pensional pretendido.
2.5. Costas
57. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
58. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
59. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma23.
60. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
61. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
23En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
18
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas y se abstendrá de
imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
62. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Carmen Emilia Cárdenas
Ariza acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto que
contaba con más de 50 años de edad, experiencia como docente del orden
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, 20 años de servicio como docente
de ese orden y ejerció la profesión con buena conducta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la condena en costas y agencias en derecho impuesta en la
sentencia proferida el 15 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Caldas y, en su lugar se dispone:
«No condenar en costas.»
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 15 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas mediante la cual se accedieron a las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta decisión.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
19
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00114-01 (2587-2024)
Demandante: Carmen Emilia Cárdenas Ariza
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
20
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.