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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00026-01

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00026-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en cuanto condenó en costas a la parte vencida. En su lugar, se revocan las costas impuestas en primera instancia, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Blanca Elisa Aldana Perilla contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia. Cuarto. Reconocer personería a las abogadas Yulian Stefani Rivera Escobar y Gloria Ximena Arellano Calderón como apoderadas de la UGPP, según poderes y 24 Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018) Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla sustituciones que obran en el expediente42 y en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Quinto. Aceptar la renuncia del poder presentada por la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón, en tanto allegó la comunicación de que trata el inciso 4 del artículo 76 del CGP.43 Sexto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-00026-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

29 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 22 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Blanca Elisa Aldana Perilla, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
la Resolución UGM 018287 del 24 de noviembre de 2011, proferida por Cajanal2

1 Folios 17 a 26.
2 Caja Nacional de Previsión Social.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

E.I.C.E. en liquidación, que le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación, con inclusión de todos los factores salariales percibidos durante
el año anterior a la consolidación del estatus pensional; ii) pagar las mesadas
causadas con los reajustes de ley; iii) actualizar el valor de las condenas con base
en el IPC3 o al por mayor, según lo prevé el artículo 187 del CPACA; iv) reconocer los
intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v)
cumplir la sentencia que ponga fin al proceso en los términos del artículo 192 del
CPACA y sufragar los intereses moratorios a que haya lugar; vi) asumir la condena

en costas.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló:

i) La señora Ana Beatriz Cárdenas Riscanevo nació el 16 de octubre de 1957 y
prestó sus servicios al magisterio oficial de la siguiente forma:

Entidad Desde Hasta
D-M-A D-M-A
Municipio de Manta 15/03/1979 17/11/1984
12/03/1987 10/04/1987
08/05/1987 02/06/1987
Bogotá D.C. 01/03/1988 09/04/1988
20/04/1988 08/06/1988
26/07/1988 27/07/1988
17/08/1988 09/09/1988
12/09/1988 07/10/1988
10/10/1988 23/11/1988
16/02/1989 03/12/1989
22/01/1990 30/11/1990
21/01/1991 30/11/1991
08/02/1993 31/12/2010

3 Índice de Precios al Consumidor.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

ii) El 23 de abril de 2008, la actora solicitó ante Cajanal el reconocimiento de la
pensión gracia. Esta petición fue reiterada los días 4, 14, 18 y 25 de marzo de 2011;
sin embargo, la administración negó la prestación a través de la resolución
enjuiciada.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 15 de la Ley 91 de 1989; 3 del Decreto 81 de 1976; y 3 del Decreto 2277 de
1979.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso:

i) La señora Blanca Elisa Aldana Perilla cumple con todos los requisitos previstos
por el legislador para acceder a la pensión gracia, ya que cuenta con más de 50
años de edad; prestó sus servicios como docente territorial y/o nacionalizada por
más de 20 años y se vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.
Además, se desempeñó con idoneidad, honradez y buena conducta.

ii) La entidad demandada le solicitó a la accionante que allegara documentos
autenticados para estudiar su solicitud pensional, pero tal exigencia riñe con los
principios de celeridad, economía y simplicidad, establecidos en el Decreto 19 de
2012. A su vez, dicha norma estableció la presunción de autenticidad.

1.2. Contestación de la demanda

La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos
términos:4

4 Folios 73 a 76.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

i) La pensión gracia únicamente puede reconocerse a los maestros del orden
territorial o nacionalizados; sin embargo, la señora Blanca Elisa Aldana Perilla tenía
una vinculación nacional; por ende, no acreditaba los requisitos legales para
acceder a dicha prestación.

ii) Durante la actuación administrativa, la actora afirmó que laboró como educadora
en el municipio de Silvania entre el 4 de abril y el 31 de mayo de 1980, en virtud del
nombramiento efectuado por Decreto 0428 del 2 de abril de 1980; sin embargo, la
interesada nunca aportó dicho acto.

iii) Como excepciones se proponen: 1) prescripción; 2) buena fe; 3) compensación;
y 4) genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 22 de noviembre de 2017, negó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:5

i) La pensión gracia únicamente puede reconocerse a los docentes territoriales y
nacionalizados que hubieran prestado sus servicios antes del 31 de diciembre de
1980; sin embargo, este requisito no fue acreditado por la accionante.

ii) La señora Blanca Elisa Aldana Perilla aportó una copia simple de una certificación
del 17 de noviembre de 1984, suscrita por el director escolar del municipio de Manta
(Cundinamarca), en la que se indica que, desde el 15 de marzo de 1979 y de manera
ininterrumpida, la ciudadana venía prestando sus servicios en la Concentración
Rural Cubia; sin embargo, este documento no cuenta con sellos ni membretes de la
Secretaría de Educación Departamental o Municipal signataria.

5 Folios 275 a 281.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

iii) En razón a la precariedad del referido documento, se decretó una prueba de
oficio tendiente a verificar la información allí contenida, pero no fue posible hallar un
elemento de juicio que la confirmara; por el contrario, el secretario de hacienda y el
técnico administrativo del municipio de Manta y el director de personal de
instituciones educativas de Cundinamarca certificaron que en sus bases de datos
no se encontró registro alguno de la historia laboral de la interesa que diera cuenta
de su vinculación laboral con dichos entes territoriales.

iv) Tampoco se puede pasar por alto que en sede administrativa la actora adujo que
estuvo vinculada en el municipio de Silvania entre el 4 de abril y el 31 de mayo de
1980; sin embargo, no aportó el decreto de nombramiento y tal situación resulta
contradictoria con la afirmación de haber laborado en el municipio de Manta, pues
se trataría de una prestación simultánea del servicio en dos lugares que se
encuentran apartados el uno del otro.

v) Finalmente, «ante la protuberante inconsistencia e incongruencia en las
certificaciones laborales de tiempos docentes prestados antes de 1980, aportadas
en la vía administrativa y ante esta jurisdicción, por la demandante, puede deducirse
temeridad en su accionar, por lo que se condenará en costas a favor de la parte
demandada y a cargo de la señora Blanca Elisa Aldana Perilla».

1.4. El recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base
en los argumentos que se resumen, a continuación:6

i) La señora Blanca Elisa Aldana Perilla logró acreditar una vinculación como
docente territorial entre el 15 de marzo de 1979 y el 17 de noviembre de 1984,
conforme lo certificó el director escolar de Manta. Dicho documento se presume
auténtico y, aunque no se respaldó con el acto de nombramiento, da cuenta del

6 Folios 291 a 294.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

cargo, tipo de vinculación, período e institución educativa donde laboró la
ciudadana.

ii) La actora aportó los elementos que tenía en su poder para demostrar los hechos
que fundaron sus pretensiones, pero el a quo incurrió en un rigorismo excesivo al
desestimar dicha prueba y omitió dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
procesal.

iii) La certificación en comento también evidencia que la accionante prestó sus
servicios en una institución del orden territorial y, por ende, ese también era el
carácter de su vinculación, pues así se desprende del contexto en que se ha
desarrollado el servicio educativo históricamente.

iv) En el presente proceso no se alegó una vinculación con el municipio de Silvania,
por cuanto la señora Aldana Perilla carecía del soporte documental pertinente.

v) El fallador de primera instancia no debió imponer costas en contra de la
demandante, pues en este caso no se ha desvirtuado la buena fe con la que ha
actuado, máxime cuando «no hubo un cotejo estricto entre la presunta certificación
del municipio de Silvania y la expedida por el municipio de Manta, que permitiera
evidenciar faltas a la verdad como lo deduce el despacho».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La accionante guardó silencio en esta etapa7 y la UGPP8 reiteró los argumentos
expuestos en el transcurso del proceso.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9

7 Según constancia secretarial obrante en el folio 319.
8 Folios 314 a 318.
9 Según constancia secretarial obrante en el folio 319.

6

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Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 193311 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 12

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4

10 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho

a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
11 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,

quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
12 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,

radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».13

Debido a dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
educadores locales o regionales».14

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales por la diferencia
salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin
embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe

13 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

15 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

9

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».16

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:17

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».18

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-

01 (AC).

10

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,19 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:20

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
20 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.

11

Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».21

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía, la señora Blanca
Elisa Aldana Perilla nació el 16 de octubre de 1957.22

• El 17 de diciembre de 1984, el director escolar del municipio de Manta hizo
constar:23

• El 1 de febrero de 1993, por Resolución 202, el alcalde mayor de Bogotá D.C.
nombró a la demandante como docente de tiempo completo, zona urbana, en la
planta de personal docente del Distrito Capital – Secretaría de Educación.24

22 Esta información reposa en el expediente administrativo allegado por la UGPP en medio magnético.
23 Folio 4.
24 Folios 32 a 35.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

• El 3 de junio de 2016, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. certificó que la
actora prestó sus servicios en dicho ente de la siguiente forma:25

25 Folios 235 a 237.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

• El 27 de junio de 2016, la Secretaría General y de Gobierno del municipio de Manta
informó que «una vez revisado el archivo reciente de la entidad y la base de datos
de PASIVOCOL en lo que concierte al municipio de Manta no se encontró información
relacionada con la señora BLANCA ELISA ALDANA PERILLA».26 Similar información fue
aportada por la Secretaría de Hacienda de dicho ente territorial.27

26 Folio 238.
27 Folio 239. Oficio del 16 de junio de 2016.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

• El 26 de julio de 2016, por oficio CE-2016544232, el director de personal de
instituciones educativas de Cundinamarca expresó que «una vez verificadas
debidamente nuestras bases de datos, no se encontró registro alguno de historia
laboral en esta Secretaría a nombre de la señora BLANCA ELISA ALDANA PERILLA».28

• El 11 de eneo de 2017, mediante Oficio SH-2017006, el secretario de hacienda
del municipio de Manta certificó que «una vez revisado el archivo documental de la
secretaría de hacienda del municipio de Manta Cundinamarca Nit. […] no se
encontró acto administrtivo alguno que indique que la señora BLANCA ELISA ALDANA
PERILLA […] haya estado vinculada con la administración municipal».29 Idéntica

información fue suministrada por el técnico administrativo con funciones de archivo
de dicho ente territorial.30

• La Procuraduría General de la Nación certificó que la accionante no registraba
antecedentes disciplinarios.31

➢ Actuación administrativa

• El 23 de abril de 2008, la demandante peticionó ante Cajanal el reconocimiento de
la pensión gracia. Esta solicitud fue reiterada los días 4, 14, 18 y 25 de marzo de
2011.32

• El 24 de noviembre de 2011, por Resolución UGM 018287, la entidad negó la
referida solicitud, toda vez que la peticionaria tenía el carácter de docente nacional
y no demostró una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980. En lo que atañe
a este último argumento se sostuvo:33

28 Folio 247.
29 Folio 259.
30 Folio 260.
31 Información visible en el expediente administrativo que allegó la UGPP en medio magnético.
32 Información extraída de la Resolución UGM 018287 del 24 de noviembre de 2011 (folios 10 a 15).
33 Folios 10 a 15.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-00026-01 (1249-2018)
Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

Que una vez observado el cuaderno administrativo y según certificado de tiempos de
servicio de facha 07 de noviembre de 2007 expedido por el municipio de Silvania, se
menciona que laboró como docente interina a partir del 04 de abril de 1980 hasta el
31 de mayo de 1980, nombramiento que se produjo por medio del Dcto. 0428 del 02
de abril de 1980, decreto que ha sido solicitado en varias oportunidades y a la fecha
no ha sido allegado, motivo por el cual no se establece la veracidad del mismo.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

En el presente caso se encuentra en discusión el tiempo que la actora alega haber
laborado como docente antes del 31 de diciembre de 1980, el cual es un requisito
indispensable para acceder a la pensión gracia reclamada, conforme se explicó en
el acápite del marco normativo de la presente providencia.

El recuento de las pruebas aportadas al plenario permite concluir que debe
confirmarse la decisión del a quo, pues la demandante no logró demostrar que se
desempeñó como docente en una plaza territorial o nacionalizada antes de la
referida fecha.

Es así como la interesada ha alegado que fue profesora en el municipio de Manta
desde el 15 de marzo de 1979 hasta el 17 de noviembre de 1984, conforme se
acredita con la constancia expedida por el director escolar de este ente territorial.

Sin embargo, al revisar el aludido documento, se observa que carece de sellos y
membretes oficiales en los que se logre evidenciar cuál fue el ente territorial y la
dependencia que expidió la certificación como por ejemplo la Secretaría de
Educación u otra secretaría de despacho municipal o departamental a la que
estuviera adscrito el funcionario que firmó la constancia.

Aunado a ello, la información allí contenida es insuficiente para predicar la
naturaleza de la plaza ocupada por la interesada, pues el hecho de que hubiera
prestado sus servicios en la Concentración Rural Cubia, no permite tener certeza
de quién la nombró, si estaba adscrita a la planta docente municipal, departamental,
nacionalizada o nacional, nivel de enseñanza que impartió y fechas exactas de

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Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

iniciación y culminación de la relación laboral, pues según la certificación la actora
seguía vinculada al servicio para el momento de su expedición, por lo que tampoco
se conoce cuándo terminó su relación legal y reglamentaria.

Al respecto, es pertinente anotar que el Ministerio de Educación Nacional durante
diversas épocas efectuó designaciones con el fin de suplir la demanda educativa de
municipios que carecían del personal suficiente.

Ejemplo de ello son la denominada educación contratada34 y el programa de
soluciones educativas,35 los cuales en no pocas ocasiones han evidenciado la
intervención directa de dicho ministerio y el carácter nacional del personal vinculado
bajo esa modalidad.

Ahora bien, el a quo decretó una prueba de oficio, con el objetivo de aclarar la
vinculación de la accionante con el municipio de Manta durante el período indicado.

Sin embargo, la información recaudada en virtud de dicho requerimiento no permitió
aclarar la información contenida en la certificación aportada por la actora y; por el
contrario, se desvirtuó por completo su vinculación laboral con dicha entidad.

Es así como las Secretarías de Hacienda, General y de Gobierno y el técnico
administrativo con funciones de archivo del municipio de Manta y el director de
personal de instituciones educativas de Cundinamarca expresaron que en sus
archivos no reposaba documento alguno que permitiera concluir que la señora
Blanca Elisa Aldana Perilla estuvo vinculada laboralmente con el referido municipio.

Bajo este escenario, se recuerda que esta Sección, mediante sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018,36 hizo hincapié en la importancia de que las

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del sentencia del 17 de agosto de 2017, radicado 81001-

23-39-000-2015-00006-01 (0468-2017).
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2022, radicado 76001-23-33-000-2014-

01269-01 (0988-2016).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

pruebas arrimadas a esta clase de procesos dieran suficiente cuenta del carácter
de la plaza ocupada por el docente con miras a reconocerle la pensión gracia.

En tal sentido, se fijó la siguiente regla: «para acreditar la calidad de docente
territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en
los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar
sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual
se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

En este caso no obra ninguno de los documentos mencionados en la regla de
unificación, pues la constancia aportada por la accionante no establece el carácter
de la plaza ocupada y tampoco emanó de la autoridad nominadora, ya que fue
expedida por director escolar de Manta y no por el alcalde municipal.

En contraste, el referido ente territorial y el departamento de Cundinamarca han
sostenido de manera enfática y reiterada que en sus archivos y bases de datos no
existen soportes de una relación laboral entre la señora Blanca Elisa Aldana Perilla
y el municipio de Manta.

También se advierte que la interesada omitió desplegar una conducta más activa
tendiente a demostrar los hechos sobre los cuales edificó su pretensión pensional,
pues no aportó otras pruebas documentales a las que la jurisprudencia ha hecho
referencia como las certificaciones de los rectores o directores de los
establecimientos educativos en los que el docente haya prestado sus servicios. Al
respecto, el Consejo de Estado ha sostenido:37

En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA (DOCENTE) se
deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los educadores teniendo en
cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de febrero de 2006, radicado 25000-23-25-000-

2002-00528-01 (3710-05).

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Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

le sirva para la prestación y otro no), a saber: EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de
primaria, profesor de Normal, inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo
completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde desempeñó
su labor (Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así como EL NIVEL DE VINCULACIÓN DEL
CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional, nacionalizado -a partir de
cuándo- Departamental, Distrital, Municipal, etc.). La época del trabajo realizado
(año, con determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es
fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión
y la Ley 91/89. Los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben
ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan
esta clase de pensión.
[…]

Se agrega que la expedición “incompleta” de estos certificados puede conducir a la
Justicia a decisiones no acordes con el régimen jurídico y comprometer la
responsabilidad de quienes los expidieron; por eso, en caso de tener información
incompleta, las autoridades pueden solicitar a los mismos interesados arrimar
certificaciones precisas expedidas por los mismos Directivos de los Centros
Educativos donde trabajaron, que enriquezcan sus archivos y sirvan para expedir
otras en forma correcta. Por eso son muy importantes los certificados expedidos por
los Rectores o Directores de los planteles donde trabajaron los educadores, ya que
en ellos se pueden precisar: la clase de plantel (primaria, secundaria, etc.), el nivel
del mismo (nacional, nacionalizado, departamental, etc.), el cargo desempeñado
(maestro de primaria, etc.), la dedicación (tiempo completo, etc.), las fechas de
trabajo (iniciación, interrupciones y terminación); ellos deben ser reflejo de la realidad,
pues sus inexactitudes –se repite- pueden comprometer la responsabilidad de
quienes los suscriben; dichos certificados pueden ser anexados a las Hojas de
Vida del servidor en el Ministerio, Departamento, Distrito o Municipio, etc. y con los
demás datos que se posean pueden servir para la elaboración de un documento más
completo y preciso.

En el sub lite, la demandante no agotó los mecanismos probatorios referenciados
en la citada providencia y tampoco allegó otros que pudieran dar cuenta de las
funciones desempeñadas, carga escolar asignada, elaboración de boletines de
notas o informes, actos de nombramiento y posesión, contratos de prestación de
servicios y demás aspectos que permitieran emitir un fallo favorable a sus
pretensiones.

Al respecto, se recuerda que es a los accionantes a quienes les corresponde probar
los supuestos de hecho en que se basa la censura que pretenden hacer valer para
destruir la presunción de legalidad del acto acusado; 38 esta afirmación, atendiendo
a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, está determinada por

38 Sentencia del 16 de febrero de 2006, Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Jesús

María Lemos Bustamante. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-08208-01(2485–04).

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Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

la regla contenida en el Código General del Proceso de que «incumbe a las partes
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen».39

De este modo, se concluye que los elementos de juicio allegados a este proceso
impiden establecer de manera cierta e inequívoca la prestación del servicio docente
en una plaza territorial o nacionalizada entre 15 de marzo de 1979 y el 17 de
noviembre de 1984, por lo que no es posible tener en cuenta ese tiempo para
reconocer la pensión gracia reclamada, cuyo carácter especialísimo y excepcional
exige que el fallador tenga completa certeza de dichos aspectos, conforme lo ha
manifestado esta Subsección en casos análogos al presente.40

Por lo tanto, la accionante no cumplió los requisitos necesarios para acceder a la
pensión gracia dado que no acreditó la vinculación territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980, situación que impide continuar con el análisis de los
demás tiempos laborados y restantes requisitos contemplados en las normas que
regulan la materia.

2.5. Condena en costas de primera instancia

De otro lado, la apelante manifestó su inconformidad frente a la condena en costas
de primera instancia, pues el a quo las impuso por considerar que actuó de mala fe,
pero tal circunstancia no se demostró en este proceso.

Para resolver el anterior motivo de inconformidad, se destaca que la sentencia
recurrida fue proferida antes expedirse la Ley 2080 de 2021, época para la cual esta
Subsección consideraba que la imposición de las costas obedecía a un criterio
objetivo, por lo que no era necesario evaluar la conducta de las partes.

39 Artículo 167 del CGP.
40 Ver las siguientes sentencias: i) del 11 de mayo de 2023, radicado 23001 23 33 000 2015 00228 01 (1011–2018); y ii) del

22 de junio de 2023, radicado 50001 23 33 000 2015 00110 01 (3048-2019).

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Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

Sin embargo, en este caso el tribunal no acudió a dicho criterio, sino al subjetivo y
consideró que la señora Blanca Elisa Aldana Perilla había actuado de manera
temeraria por la forma en que pretendió demostrar su vinculación con antelación al
31 de diciembre de 1980.

Esta Sala considera que le asiste razón a la apelante, pues los elementos de juicio
arrimados al plenario no permiten enrostrarle una conducta de mala fe, fraudulenta
o engañosa; por el contrario, los documentos aportados simplemente resultaron ser
insuficientes para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones, pero ello no
denota una falsedad en tales soportes.

En lo que respecta a la certificación del municipio de Silvania que la actora adjuntó
a su petición en sede administrativa, es evidente que tal documento no fue allegado
a este proceso, por lo que no debería ser motivo de valoración para imponer costas.
En todo caso, al revisar el expediente administrativo, se concluye que Cajanal
requirió en dos oportunidades (9 de agosto y 1 septiembre de 2011) a dicho ente
territorial para que aportara la historia laboral de la accionante y el acto de
nombramiento; sin embargo, la entidad no respondió.

Lo anterior lo único que demuestra es que el municipio de Silvania omitió su deber
de atender la solicitud elevada por una autoridad pública, sin que de ello pueda
deducirse un actuar de mala fe de la ciudadana.

Adicionalmente, durante la audiencia inicial que se llevó a cabo en primera instancia,
en la cual el tribunal ordenó oficiar a las Secretarías de Educación de Bogotá D.C.
y Cundinamarca para esclarecer puntos dudosos de la contienda, la apoderada de
la señora Aldana Perilla intervino y sugirió requerir también al municipio de Malta, lo
que demuestra el interés de coadyuvar para lograr el recaudo de la prueba y verificar
la historia laboral de la ciudadana.

En consecuencia, se desvirtúa la temeridad aducida por el a quo y por tal motivo se
revocará la condena en costas impuesta en primera instancia.

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Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,41 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
regían la situación particular de la demandante, salvo en lo relacionado con la
condena en costas que deberá revocarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2017
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
en cuanto condenó en costas a la parte vencida. En su lugar, se revocan las costas
impuestas en primera instancia, por las razones expresadas en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida que negó las pretensiones
de la demanda en el proceso promovido por la señora Blanca Elisa Aldana Perilla
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. Reconocer personería a las abogadas Yulian Stefani Rivera Escobar y
Gloria Ximena Arellano Calderón como apoderadas de la UGPP, según poderes y

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Demandante: Blanca Elisa Aldana Perilla

sustituciones que obran en el expediente42 y en la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado.

Quinto. Aceptar la renuncia del poder presentada por la abogada Gloria Ximena
Arellano Calderón, en tanto allegó la comunicación de que trata el inciso 4 del
artículo 76 del CGP.43

Sexto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

42 Folio 313.
43 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

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