Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2015-00236-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2015-00236-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2015-00236-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
20 de octubre de 2022
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: ISBELIA DEL CARMEN PULIDO ESCALANTE
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1.
Tema: Reconocimiento pensión gracia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 3 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Isbelia del Carmen Pulido Escalante en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138
de la Ley 1437 del 20112 formuló, en síntesis, las siguientes
Pretensiones3
1. Declarar la nulidad de la Resolución PAP 039234 de 16 de febrero de 2011
y del Auto ADP 00289 del 19 de enero de 2015 que negó el reconocimiento
de la pensión gracia en favor de la demandante.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la UGPP a: i)
pagar las mesadas pensionales y adicionales con los correspondientes
reajustes de ley, desde la fecha de la adquisición del status de pensionada;
ii) incorporar los ajustes de valor, conforme al IPC de precios al consumidor
o al por mayor, como lo autoriza el artículo 187 del CPACA; iii) dar
cumplimiento a la sentencia y reconocer y pagar los intereses moratorios a
1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
3 Folios 15 y 16.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, de conformidad con el
artículo 192 del CPACA y iv) en costas y agencias en derecho.
Fundamentos fácticos relevantes4
1. La señora Isbelia del Carmen Pulido Escalante nació el 16 de julio de 1959,
por lo que cumplió 50 años en 2009.
2. Laboró para el magisterio como docente nacionalizada del departamento
de Sucre entre el 12 de mayo de 1980 y el 15 de agosto de 1985, el 8 de
febrero de 1993 y el 30 de noviembre de 1993 y el 12 de diciembre de 1994
y hasta la fecha.
3. La demandante prestó sus servicios al magisterio con honradez, idoneidad
y buena conducta.
4. El 4 de marzo de 2010 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia y a través de la Resolución PAP 039234 del 16 de febrero la UGPP
negó la petición.
5. El 15 de septiembre de 2014, solicitó nuevamente el reconocimiento de la
prestación pensional y mediante Auto ADP 00289 del 19 de enero de 2015,
la parte demandada se remitió a lo dispuesto en el acto administrativo que
negó la pensión.
6. En oficio del 1.° de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación Nacional
al resolver la petición del 27 de noviembre de la misma anualidad, se indicó
que ella no ha tenido vinculación con esa cartera ministerial.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba.5
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la
contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las
excepciones propuestas:
«[…] De conformidad con lo anterior, encontramos que la parte demandada en la
contestación de la demanda (Fol. 73 a 83), propone como excepción falta de
requisitos legales para el reconocimiento del derecho pretendido, inexistencia de
4 Folios 16 y 17.
5 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
la obligación, legalidad del acto acusado y prestación trienal, todas atacando el
fondo del asunto. En torno a la prescripción trienal, si bien se debe resolver como
previa, en este caso deberá abordarse al estudiar el fondo del asunto, pues su
prosperidad dependerá de forma necesaria del estudio del derecho pretendido.»
Se notificó la decisión en estrados y no se propusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Se encuentra en discusión la calidad de nacional, nacionaliza o territorial, de
los tiempos laborados a partir del 8 de febrero de 1993, pues en el certificado y la
entidad demandada los toman como nacional y la demandante como
nacionalizado.
Frente a lo anterior, el Magistrado pregunta a las partes si están de acuerdo con la
relevancia de los hechos planteados y los extremos de la Litis trazados por la Sala.
[…]»
La decisión fue notificada en estrados y frente a esta no se interpusieron
recursos.
SENTENCIA APELADA6
El a quo profirió sentencia el 3 de marzo de 2016, en la cual negó las
pretensiones, con fundamento en que el tiempo laborado entre el 12 de mayo
de 1980 y el 15 de agosto de 1985 es de carácter territorial, pero el tiempo de
servicio desde el 8 de febrero de 1993 y el 8 de abril de 1993 y del 12 de
diciembre de 1994 a la fecha de expedición del certificado (1.° del febrero de
2010) es de carácter nacional, pese a que el nombramiento lo realizó el alcalde
municipal, dado que fue a cargo de los recursos de la nación y en ejercicio de
una facultar delegada por la ley para actuar en nombre de esta entidad; por lo
tanto, consideró que dicho tiempo no era computable para la obtención del
derecho a la pensión gracia.
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia, al
considerar errada la conclusión a la que llegó el tribunal en tanto que, si bien
es cierto que el Decreto 76 del 12 de diciembre de 1994, contiene la
manifestación expresa de la creación de la plaza docente a cargo del
presupuesto de la Nación, esta debe ser analizada a la luz del mandato del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975, como una autorización de la creación de la
plaza docente, más no como una vinculación de dicho carácter. Indicó,
además, que el acto administrativo cumple con los requisitos establecidos en
el inciso 3 del artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, por cuanto emana de una
autoridad del orden municipal, como lo es la alcaldía del municipio de San
Benito Abad.
6 Folios 131 a 141.
7 Folios 147 a 150.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
Adicionalmente expuso que debió analizarse toda la documentación allegada
al expediente, de los cuales se puede advertir fehacientemente que los
tiempos en disputa corresponden a una vinculación nacionalizada, aun cuando
los certificados de tiempo de servicios señalen como forma de vinculación
nacional y que, en caso de duda, debió hacer uso de la facultad oficiosa en
aras de establecer los supuestos de hecho del derecho reclamado. Como
argumento de ello citó el fallo del 18 de septiembre de 2014, proferido por el
mismo tribunal, demandante Robinson Enrique Arroyo Álvarez.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante8 reiteró lo expuesto en el recurso de apelación y agregó
que cumple con todos los requisitos legales establecidos para ser beneficiario
de la prestación que se reconoce a los docentes nacionalizados
departamentales, distritales y municipales.
La UGPP9 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al considerar
que la demandante no alcanzó a cumplir con los 20 años de servicios
necesarios para obtener la pensión gracia. Destacó que de las pruebas
aportadas en el plenario se puede concluir que ellos tiempos prestados desde
el 8 de febrero de 1993 al 8 de abril de 1993 y del 12 de diciembre de 1994 a
la fecha de expedición del certificado del 1.° de febrero de 2010 es de carácter
nacional, tiempo que no es hábiles para la obtención del derecho a la pensión
gracia, tal y como lo sostuvo el tribunal.
El ministerio público guardó silencio en esta etapa, de conformidad con lo
dispuesto en la constancia secretarial visible a folio 202.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:
¿La señora Isbelia del Carmen Pulido Escalante tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: De conformidad con las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, de
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la parte
8 Folios 197 a 199.
9 Folios 200 y 201.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, como
se explica a continuación:
Marco legal y jurisprudencial para el reconocimiento de la pensión de
jubilación gracia. Síntesis.
La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hubiesen servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. El
derecho a la prestación se extendió a través de las Leyes 116 de 1928 (a
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública) y 37 de 1993 (a los maestros de escuela que hubieren
completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria), pero siempre bajo el entendido de que se debe
cumplir con los demás requisitos regulados por el artículo 4 de la Ley 114
citada.
Luego, la Ley 91 de 1989, en el numeral 2 de su artículo 15, limitó el derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, en el sentido de que, a partir de esta
solo serían beneficiarios aquellos docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980, de modo que todo aquel que haya ingresado al servicio
docente oficial con posterioridad a dicha fecha carece de legitimidad para
reclamar la prestación.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta;
ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional;
y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige
que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.° de
enero de 1981.
Ahora, de las diferentes normas enunciadas la jurisprudencia de esta
corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo
docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»
Para ayudar a determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
10Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
201811 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas
de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los
educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto
de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en
uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a
los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
11Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys
Amanda Hernández Triana contra la UGPP.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)
Por último, y no menos importante, debe recalcarse que en reciente sentencia
de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 202212 la Sección
Segunda también incorporó como regla jurisprudencial sobre la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
legalmente establecidos para su reconocimiento».
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que él o la
docente laboró 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna
posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114
de 1913.
La parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia de jubilación
En el presente caso se observa que la señora Isbelia del Carmen Pulido
Escalante nació el 16 de julio de 1959, de modo que cumplió los 50 años en el
año 200913.
Asimismo, obra certificado de antecedentes emitido por la Procuraduría
General de la Nación en el que se indicó por la autoridad competente que la
parte demandante, a la fecha de su expedición14 no registraba sanciones o
inhabilidades. Además, se advierte que este ítem no fue objeto de discusión
en sede administrativa o en la primera instancia, por lo que se presume la
buena fe del interesado en cuanto al cumplimiento del requisito de honradez,
consagración y buena conducta.
Finalmente, la parte demandante acreditó las siguientes vinculaciones
docentes al servicio del Estado:
12 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia
Jiménez Lozano contra la UGPP.
13 Según documento de identidad y registro civil de nacimiento obrantes a folios 2 y 3 del expediente.
14 27 de febrero de 2010, en CD contentivo del expediente administrativo.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
• En el Centro Educativo Pasifueres, San Benito de Abad, como docente
en propiedad departamental, en el nivel de básica primaria, entre el 12
de mayo de 1980 y el 15 de agosto de 1985, nombrada mediante
Decreto 039 del 24 de abril de 198015.
• En la Institución Educativa el Chaucal, San Benito de Abad, como
docente en el nivel de básica primaria, en propiedad, como nacional así:
i) por autorización de prestación de servicios 004 del 24 de febrero de
1993, entre el 8 de febrero de 1993 y el 30 de noviembre de 1993 y ii)
por Decreto 00076 del 12 de diciembre de 1994, entre el 12 de
diciembre de 1994 y hasta la fecha de expedición del certificado (3 de
diciembre de 2010)16.
Ahora bien, el objeto de controversia surge frente al periodo de vinculación a
partir del 8 de febrero de 1993, en tanto que, según se desprende de las
consideraciones de los actos administrativos demandados, no es posible
computar dichos tiempos de servicios por ser del orden nacional y en ese
sentido, la libelista no contaba con los 20 años en la docencia oficial de
carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado.
Por su parte, el tribunal estimó bien denegada la pensión en favor de la
docente, en tanto que de las pruebas arrimadas al proceso, se puede concluir
que la señora Pulido Escalante tuvo la condición de docente nacional entre 8
de febrero de 1993 y el 30 de noviembre de 1993 y entre el 12 de diciembre
de 1994 y el 1.° de febrero de 2010, pese a que el nombramiento lo realizó el
alcalde municipal, dado que fue a cargo de los recursos de la nación y en
ejercicio de una facultad delegada por la ley para actuar en nombre de esta
entidad.
Sobre el particular, es claro que no existe discusión frente a la vinculación de
la demandante como docente territorial de básica primaria, durante el tiempo
que laboró para el departamento del Sucre, entre el 12 de mayo de 1980 y el
15 de agosto de 1985; pero si frente al período de vinculación a partir del 8 de
febrero de 1993.
Al respecto, la sala advierte que la parte demandante se vinculó nuevamente
al servicio docente en el año 1993 con ocasión de la orden de autorización
laboral 04 del 24 de febrero de 199317, por el cual el alcalde municipal de San
Benito Abad, Sucre, autorizó la vinculación de la señora Isbelia del Carmen
Pulido Escalante, al programa de soluciones educativas P.N.R. en el Centro
Docente denominado El Chaucal, con cargo en el presupuesto de la nación
para la vigencia 1993, a partir del 8 de febrero de 1993.
Así mismo, se cuenta con copia del Decreto 076 de 199418, por medio del cual
el alcalde municipal de San Benito Abad y el secretario de Desarrollo Social,
en uso de las atribuciones conferidas en la Ley 29 de 1989, reconvirtió una
solución educativa nacional a plaza docente creada, a partir del 12 de
diciembre de esa anualidad, tal como se advierte del acta de posesión19.
15 Folio 5 y documento 22 obrante en el CD del expediente administrativo.
16 Folios 6, 113 y documento 23 obrante en el CD del expediente administrativo.
17 Folio 107.
18 Folio 108.
19 Folio 109.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
Sobre el particular, la sala ha de precisar que el tiempo laborado como
docente, desde 1993 en adelante, la demandante debe ser catalogada como
docente nacional, por cuanto, si bien es cierto en la autorización de prestación
de servicios y el acto de vinculación participó el alcalde municipal de San
Benito Abad, lo cierto es que el origen de la plaza ocupada por la señora Pulido
Escalante no era territorial o nacionalizada.
Para el efecto, nótese que la orden de autorización laboral por medio de la cual
el alcalde municipal de San Benito Abad autorizó la vinculación de la libelista
al Programa Soluciones Educativas P.N.R, partir del 8 de febrero de 1993 en
el Centro Docente El Cauchal y en su artículo tercero se precisó: «El Tesorero
Municipal, para que relaciona y pague con cargo al presupuesto de la Nación vigencia
1993, previa certificación del Director del Núcleo Educativo en el sentido del
cumplimiento laboral.»
De otro lado, en el Decreto territorial 076 de 1994, por el cual se nombró a la
demandante como docente de la Escuela Rural de El Chaucal, en el municipio
de San Benito Abad, se indicó:
«Que dentro de las políticas actuales del Ministerio de Educación Nacional se
encuentra la de reconvertir las Soluciones Educativas Nacionales a plazas
Docentes creadas con el fin de mejorar la calidad de la Educación Primaria.
Que dentro del Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional existen los
recursos necesarios para la vigencia de 1993 para efectuar esta reconvención.
Que a través de la Resoluciones N° 03695 de julio 28 de 1993 el MEN para el
Departamento (sic) de Sucre reconvierte las 94 Soluciones Educativas nacionales
restantes a Plazas Docentes Creadas, a partir del 1 de Agosto (sic) del mismo año.
Que los docentes a quienes se les nombre para ocupar las plantas docentes
creadas deberán ser los mimos que viene prestando sus servicios como Solución
Educativa ya que han sido capacitados en la metodología Escuela Nueva adoptada
por el Plan de Universalización de la Primaria y ubicadas en el mismo
Establecimiento Educativo del Municipio para el cual se está presentado el servicio
durante 1993. […]»
En ese sentido, y según la pauta vi) de la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018, la demandante no logró probar el requisito de 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizada, pues contrario a lo afirmado
por ella, la plaza en la que fue nombrada a partir del 8 de febrero de 1993 era
nacional, de modo que el único tiempo que sería computar es el comprendido
entre el 12 de mayo de 1980 y el 15 de agosto de 1985, para un total de 5
años, 3 meses y 4 días como docente territorial; por lo que solo es posible que
la señora Isbelia del Carmen Pulido Escalante no cumplió con la totalidad de
condiciones exigidas para ser beneficiaria de la pensión gracia.
Por lo anterior, se comparte la conclusión a la que allegó el a quo, toda vez
que, pese a que la orden de prestación de servicios y el acto de nombramiento
fueron expedidos por el alcalde del ente territorial, de dicha documentación se
desprende que la naturaleza de la plaza ocupada por la demandante tenía el
carácter de nacional y que, además, sus salarios y prestaciones eran pagados
en su integridad por el Ministerio de Educación Nacional.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
Sobre el particular, se advierte que el programa de «soluciones educativas»
se asimiló a una vinculación contractual por prestación de servicios 20 que
podía ser del nivel nacional, departamental o municipal, de modo que, al
indicar la orden de autorización laboral 04 del 24 de febrero de 1993 que la
vinculación de un docente era para el programa «SOLUCIONES
EDUCATIVAS P.N.R21» y el Decreto 076 de 1994 que las plazas objeto de
conversión eran «soluciones educativas nacionales», se puede inferir que
estas nacieron bajo esa misma categoría (nacional), y al pasar a ser plazas
docentes de tiempo completo, continuaron con esta.
Es del caso estar que esta Subsección en sentencia del 3 de octubre del año
en curso22 estudió un asunto similar al que es objeto de estudio, en el cual se
indicó:
«[…] 3. En el tiempo laborado como docente, desde 1994 en adelante, la
demandante debe ser catalogada como docente nacional, por cuanto, si bien es
cierto en los actos de vinculación participó el representante legal del departamento
del Valle del Cauca (como indicó el a quo), lo cierto es que el origen de la plaza
ocupada por la señora Rivera Quiñones no era territorial o nacionalizada.
Para el efecto, nótese que mediante Decreto territorial 2369 del 29 de noviembre
de 1994, por el cual se nombró a la demandante como docente en la institución
educativa Leónidas Mosquera Zúñiga, en el municipio de Pradera, se indicó:
«Que por Resoluciones N° 03695 de julio 28 de 1993 y 4271 de agosto 30 de
1993 emanadas del Ministerio de Educación Nacional, se autorizó y se fijaron
las condiciones para la conversión de las Soluciones Educativas Nacionales a
plazas docentes de tiempo completo.
Que por Acuerdo del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca, se dispuso
la Conversión de nueve (9) Soluciones Educativas Nacionales a plazas
docentes de tiempo completo con cargo a la Nación […]»
Y el artículo 2 del citado acto, se definió que «Los docentes nombrados en el presente
decreto están a cargo de la Nación, y en consecuencia sus sueldos y prestaciones sociales
son las que la Nación ordene, así como sus condiciones laborales están sujeta a las normas
que para el efecto tiene o expida el Ministerio de Educación Nacional».
En ese sentido, y según la pauta vi) de la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018, la demandante no logró probar el requisito de 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizada, pues contrario a lo afirmado por ella y por el
tribunal en la sentencia objeto de apelación, la plaza en la que fue nombrada a
partir del 30 de diciembre de 1994 era nacional, de modo que el único tiempo a
computar es el comprendido entre el 15 de octubre de 1978 y el 1.° de diciembre
de 1978, por lo que solo es posible concluir que la señora Daysi Rivera Quiñones
no cumplió con la totalidad de condiciones exigidas para ser beneficiaria de la
pensión gracia.
Sobre el particular, se advierte que en sentencia del 2 de octubre de 202023, la
subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió un asunto
similar, en el que se discutía si los tiempos laborados en virtud de la reconversión
20 Según se desprende de las sentencias del 3 de marzo de 2022 (radicación 81001-23-33-000-2013-
00108-01 (4784-2014)); 24 de febrero de 2022 (81001-23-33-000-2014-00050-01 (2631-2015)); o 17 de
febrero de 2022 (radicación 68001-23-33-000-2013-00333-01 (1098-2014))
21 Plan Nacional de Rehabilitación.
22 Radicado 76001-23-33-000-2014-01269-01 (0988-2016).
23 Proceso con radicación 68001-23-33-000-2016-00368-01 (5573-2018) de Mery Chacón Solano contra
la UGPP.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
de las soluciones educativas nacionales eran computables para el reconocimiento
de la pensión gracia, en la cual se concluyó:
«Ahora bien, en relación con el período trabajado desde el 3 de abril de 1994,
el referido documento informa que la accionante tiene la calidad de educadora
nacional, debido a que, por medio de Decreto 10 de 10 de marzo de 1994, se
materializó la reconversión del contrato suscrito por ella con la Nación, en el
marco del programa «soluciones educativas»24, al de una plaza docente;
procedimiento que se efectuó como resultado de la autorización del Ministerio
de Educación Nacional de reconvertir 3491 soluciones educativas nacionales
en todo el país, de las cuales 63 eran en el Norte de Santander.
Asimismo, del mentado acto de nombramiento se destaca que: (i) a partir de
ese momento se originó una relación legal y reglamentaria entre las mismas
partes que anteriormente suscribían los contratos, esto es, la Nación y la actora;
(ii) la interesada permanecería en la institución educativa en la que ejercía sus
funciones; y (iii) la plaza docente no fue incorporada a la planta del
departamento o municipio, de lo que se colige su carácter nacional.
Por otra parte, advierte la Sala que en el referido Decreto 10 de 10 de marzo de
1994, el mandatario de Toledo expresa que la designación la realiza en uso de
las facultades conferidas por los artículos 9° de la Ley 29 de 1989 y 2° de la Ley
60 de 1993 y la Resolución 4271 de 1993. Al respecto, el artículo 5425 de la Ley
24 de 198826, modificado por el artículo 9° de la Ley 29 de 1989, establece que
esta actuación hace parte de las funciones que fueron desconcentradas en los
entes territoriales, así:
[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los
Alcaldes Municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover,
controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo
de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados,
plazas oficiales de Colegios cooperativos, privados, jornadas
adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la
Carrera Administrativa vigentes y que expida en adelante el Congreso
y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las
plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las
disponibilidades presupuestales correspondientes.
En la Isla de San Andrés estas atribuciones se asigna al Intendente.
Se asigna a los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y Alcalde
Mayor de Bogotá, las funciones de nombrar, remover, controlar y, en
general, administrar el personal administrativo, nacional y
nacionalizado, de los Equipos de Educación Fundamental, teniendo
en cuenta la Carrera Administrativa.
Parágrafo 1º. Los salarios y prestaciones sociales de este personal,
continuarán a cargo de la Nación y de las entidades territoriales que
las crearon.
24 Creado con el propósito de prestar el servicio de educación pública en zonas de difícil acceso y que
resultaba ser mucho más flexible en cuanto a la contratación de personal y a los requisitos exigidos a los
contratistas, en comparación con la normativa que regulaba la relación laboral de plantas docentes
(tomado del Plan de Apertura Educativa 1991-1994 del Departamento Nacional de Planeación.
Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2518.pdf).
25 Se encuentra contenido en el capítulo VI de la «Desconcentración administrativa».
26 «Por la cual se reestructura el Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras disposiciones».
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
Así las cosas, se concluye que la administración del personal docente la ejerce
el respectivo funcionario del ente territorial como agente de la Nación,
argumento que se refuerza con lo ordenado por el Ministerio de Educación
Nacional a través de Resolución 4271 de 30 de agosto de 199327, que frente al
procedimiento «[…] de vinculación de personal a las plazas docentes
establecidas por reconversión de las 3491 soluciones educativas nacionales
[…]», en su artículo 2°, dispuso:
[…]
4. Los nombramientos los hará el Alcalde Municipal, si ha asumido las
funciones del artículo 9° de la Ley 29 de 1989; de lo contrario, los hará
el gobernador respectivo. En todo caso los nombramientos que en el
futuro deban hacerse en cumplimiento de lo que establece el artículo
primero de la presente Resolución, estarán a cargo de la autoridad
competente al momento de la provisión.
[…]
Lo anterior corrobora que la plaza no tenía el carácter territorial, sino que el
referido alcalde hizo uso de la facultad de administrar el personal de educadores,
conferida por el Congreso de la República (Ley 29 de 1989) y el Ministerio de
Educación Nacional (Resolución 4271 de 30 de agosto de 1993), este último
relativo al específico procedimiento de reconversión del sistema educativo
nacional a plazas docentes, también nacionales.
Por último, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el empleo
de la accionante, el acto de nombramiento hace referencia a la autorización
concedida por el fondo educativo regional que si bien atendía los gastos que
generaban los servicios educativos nacionalizados y territoriales, también lo
hacía respecto de los nacionales como en este caso, en el que, se reitera, la
plaza era nacional sin que exista en el plenario prueba en contrario, por ende, no
es procedente legitimar dicho período para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia.»»
Finalmente, si bien la demandante pretende se tenga como prueba el oficio
2014ER199934 del 1.° de diciembre de 2014, según el cual no se encontró
registro a nombre de la señora Pulido Escalante que indique que esta laboró
para el Ministerio de Educación Nacional28, para la Sala esta prueba no puede
ser tenida en cuenta para desestimar la calidad de docente nacional, en tanto
que se desconocen los términos en que se elevó la consulta ante el ministerio
pues no se allegó copia de la solicitud, y porque en todo caso, las demás
pruebas obrantes en el expediente dan cuenta de su vinculación nacional
desde 1993 a la fecha.
En conclusión: La parte demandante no tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión gracia al no haber acreditado el cumplimiento de los
requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para ser beneficiaria de la
prestación.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia del 3 de marzo de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las súplicas
27 «Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3695 de 28 de julio de 1993 y se dictan
otras disposiciones».
28 Documento obrante a folio 7.
Radicación: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016)
Demandante: Isbelia del Carmen Pulido Escalante
de la demanda, toda vez que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los
actos acusados.
De la condena en costas
En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por
esta subsección en providencias del 7 de abril de 201629, en esta oportunidad
resulta necesario tener presente que la decisión adoptada en esta instancia
obedeció al cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso,
razón por la cual la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 3 de marzo de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que negó las súplicas de la demanda dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora
Isbelia del Carmen Pulido Escalante contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente
expuesto.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
29 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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