Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03327-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03327-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-03327-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-2017)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 27 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Ana Patricia Nieto Sabogal, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP014855 del 13 de mayo de 2014, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; ii) RDP018605 del 13 de junio de 2014, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó;
y iii) RDP018814 del 16 de junio de 2014, que desató el recurso de apelación incoado
dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la administración. Los
mencionados actos fueron proferidos por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación equivalente al 75% de los salarios y la totalidad de los factores
devengados «durante el último año de servicio»; ii) cancelar el valor de las mesadas
pensionales y adicionales con los correspondientes reajustes de ley desde la fecha
de acreditación de requisitos de pensionada; iii) cumplir la sentencia al tenor de lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA; iv) realizar los ajustes de valor
conforme el índice de precios al consumidor; y vi) condenar en costas a la entidad
demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Ana Patricia Nieto Sabogal nació el 2 de febrero de 1955, luego
cumplió 50 años de edad, el 2 de febrero de 2005.
ii) Prestó servicios como docente oficial de la siguiente manera:
• Al magisterio del departamento de Cundinamarca, municipio de La Vega a
partir del 5 de mayo de 1976 hasta el 10 de septiembre de 1976, nombrada
con el Decreto 0548.
• Al magisterio del departamento de Cundinamarca, municipio de Bojacá a
partir del 1° de febrero de 1993 hasta el 30 de noviembre de 1993.
• Al magisterio del departamento de Cundinamarca, municipio de Bojacá a
partir del 1° de febrero de 1994 hasta la fecha de interposición de la demanda.
iii) Cumplió 20 años de servicio al magisterio como docente nacionalizada con
honradez, idoneidad y buena conducta.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
iv) El 27 de marzo de 2014, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia; sin
embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 3 del Decreto Ley 2277 de 1979; y literal a) del numeral
2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Asimismo, se invocaron como vulneradas las
Leyes 115 de 1994; 43 de 1975; y 715 de 2001, y el Decreto 081 de 1976.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:
i) Los actos administrativos enjuiciados violentaron las normas señaladas, pues
la señora Nieto Sabogal prestó sus servicios en diversas épocas en
establecimientos oficiales del orden territorial.
ii) La demandada indicó que no le asiste derecho a la actora a beneficiarse de
la prestación pretendida puesto que sus nombramientos fueron de orden nacional,
sin hacer referencia a las actas de nombramientos y decretos que evidencian su
vinculación nacionalizada, puesto que quien realizó la designación fue el
departamento de Cundinamarca y en ese orden no obtuvo ninguna retribución de la
Nación.
iii) Adicionalmente, no se tuvo en cuenta el tiempo servido bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios sin ninguna justificación.
iv) Así las cosas, la demandante computó más de 20 años de servicio y cumplió
50 años de edad el 2 de febrero de 2005, luego le debe ser reconocida la prestación
que reclama.
1.2. Contestación de la demanda
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Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:1
Los actos administrativos demandados conservan incólumes su presunción de
validez y surten plenamente efectos jurídicos, toda vez que no contienen vicio
alguno que conlleve su anulación, ya que fueron expedidos por la autoridad
competente y tanto los motivos en los que se fundan como la motivación son
consistentes y congruentes con las normas superiores.
Propuso las excepciones de ausencia de vicios en el acto administrativo
demandado, inexistencia de la obligación de conceder una pensión gracia,
prescripción, indebida pretensión de reconocimiento e inexistencia de la obligación
de indexar, cobro de lo no debido e imposibilidad de condena en costas.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia escrita proferida el 27 de octubre de 2016, negó las
pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:2
i) Las razones por las cuales la UGPP negó la petición de reconocimiento de la
pensión gracia se refieren a que: a) respecto del tiempo prestado desde el 3 de
mayo de 1976 por 38 días no se acreditó el tipo de vinculación; b) el servido del 1°
de febrero al 30 de noviembre de 1993 se hizo bajo contrato de prestación de
servicios y; c) lo laborado desde el 1° de febrero de 1994, obedeció a un vínculo
como empleada de carácter nacional.
ii) Respecto del primer tiempo, de conformidad con las pruebas aportadas la
demandante se desempeñó como docente interina en la Escuela Rural La Patria en
el municipio de La Vega, vinculada mediante la Resolución 0548 del 25 de mayo de
1 Folios 60 al 66.
2 Folios 175 al 183. Con ponencia del magistrado Néstor Javier Calvo Chaves.
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Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
1976 del secretario de educación de Cundinamarca, por lo que se concluye que el
desempeño realizado en el establecimiento educativo de carácter territorial por
designación de autoridad administrativa territorial es útil para completar 20 años de
servicios en la docencia oficial del orden territorial.
iii) Sobre el segundo período, según la jurisprudencia del Consejo de Estado
resulta procedente tener en cuenta el tiempo laborado por la actora en el municipio
de Bojacá entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 1993, bajo la modalidad
de contrato de prestación de servicios, por cuanto la existencia de la relación laboral
con los docentes contratistas se presume.
iv) Respecto del tercer tiempo, se acreditó que mediante el Decreto 004 del 29
de enero de 1994 el alcalde del municipio de Bojacá nombró a la demandante como
docente de la Escuela Rural Municipal de Barroblanco a partir del 1° de febrero de
1994 de acuerdo al Convenio U-PD-348 suscrito entre el municipio de Bojacá y la
Fiduciaria Popular S. A. para la cofinanciación de plazas docentes municipales
rurales – Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria, y mediante
Convenio del 9 de enero de 1998 suscrito entre la Nación (Ministerio de Educación
Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público) y el municipio de Bojacá se
garantizó la afiliación o incorporación de cinco docentes, entre ellos la demandante,
financiados 100% por la Nación. Por tal razón, el secretario de educación municipal
certificó que la señora Nieto Sabogal tiene vinculación como docente nacional en
propiedad a partir del 1° de febrero de 1994.
v) Así las cosas, tal como claramente se desprende de los actos acusados y las
demás documentales la demandante no acreditó haber prestado 20 años de
servicios en la docencia oficial de educación primaria o secundaria del orden
departamental, municipal o distrital, ya que la vinculación a partir del 1° de febrero
de 1994 tiene carácter nacional.
vi) A pesar de que lo anterior es suficiente para negar las pretensiones de la
demanda, debe también decirse que si bien la accionante fue nombrada mediante
Decreto 004 del 28 de enero de 1994 de la Alcaldía del municipio de Bojacá, dicha
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Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
circunstancia no es útil para acreditar que no recibe remuneración de carácter
nacional, por cuanto no se puede echar de menos que el referido acto fue proferido
con ocasión del Convenio U-PD-348, razón por la cual el alcalde actuó como agente
de la Nación y no en ejercicio de la autonomía administrativa propia del ente
territorial, llevando como consecuencia que el nombramiento realizado tuvo carácter
nacional y no territorial, en virtud de la figura de la desconcentración de funciones
administrativas.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) El proceso de nacionalización consistió en la centralización de la educación,
quedando este servicio a cargo exclusivo del presupuesto nacional; sin embargo,
no es dable que se utilice el referido proceso para desconocer los derechos de los
docentes que se vincularon con entidades del orden territorial antes del 31 de
diciembre de 1980, como lo hizo el Tribunal.
ii) En aras de determinar la naturaleza de la vinculación de la señora Nieto
Sabogal, quien de conformidad con el Decreto 004 de 1994 fue nombrada con
fundamento en un convenio suscrito para la cofinanciación de plazas docentes
municipales rurales – Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria –
es necesario acudir no solo a la Ley 91 de 1989, sino también a la ley orgánica
sobre distribución de competencias vigente al momento de expedición del acto
administrativo (Ley 60 de 1993). En ese sentido se puede concluir que la fuente de
financiación de la plaza docente no desvirtúa la naturaleza de la vinculación
municipal, por cuanto será docentes del orden territorial todo aquel que se vincule
a una plaza departamental o municipal.
iii) En este caso, el acto administrativo de nombramiento señala expresamente
3 Folios 245 al 247.
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Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
que aquel se hace en una plaza municipal rural. Así las cosas, el tiempo laborado a
partir de 1994 es computable para el reconocimiento de la pensión gracia.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en las
oportunidades procesales.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
4 Folios 210 al 214.
5 Folio 215.
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Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
Por su parte, las Leyes 116 de 19286 y 37 de 19337 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 8
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».9
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».10
6 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
7 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
8 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
9 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
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Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,11 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».12
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
11 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:13
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».14
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,15 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:16
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».17
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad y tiempo de servicios
i) Conforme a su cédula de ciudadanía la señora Ana Patricia Nieto Sabogal nació
el 2 de febrero de 1955, por lo tanto, cumplió 50 años de edad el 2 de febrero de
2005.18
ii) El 25 de mayo de 1976, mediante la Resolución 0548, «por medio de la cual se
conceden unas licencias sin remuneración a unos maestros al servicio del
departamento y se nombra interinamente a otros», la secretaria de Educación del
departamento de Cundinamarca nombró a la señora Ana Patricia Nieto Sabogal
como maestra de la Escuela Rural La Patria del municipio de La Vega por el término
de 38 días a partir del 3 de mayo de 1976.19
iii) El director de personal de establecimientos educativos y de historias laborales
de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca, a través de la
certificación 2012052302 hizo constar que la actora prestó servicios como docente
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Folio 2.
19 Folios 4 al 6.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
interina a partir del 3 de mayo de 1976 por el término de 38 días, y fue nombrada
a través de la Resolución 0548 del 25 de mayo de 1976.20
iv) El 28 de enero de 1993, el alcalde del municipio de Bojacá suscribió el contrato
de prestación de servicios 009 con la señora Ana Patricia Nieto Sabogal para
desempeñarse como docente en la Escuela Rural de la Vereda Barroblanco, con un
plazo de duración a término fijo por el período comprendido entre el 1° de febrero y
el 30 de noviembre de 1993, cuyos honorarios se pagarían con cargo al presupuesto
general de rentas y gastos de esa vigencia.21
v) La Secretaría de Desarrollo Institucional y de Control Interno del municipio de
Bojacá certificó que la señora Nieto Sabogal celebró contrato de servicios 009 de
1993 cuyo objeto fue la prestación de servicios como docente en el período
comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 1993.22
vi) A través del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del municipio de Facatativá certificó que la demandante
prestó servicios a través de la vinculación por contrato de prestación de servicios
como docente entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 1993.23
vii) El 29 de enero de 1994, con el Decreto 004, «por medio del cual se hace el
nombramiento de tres docentes para las escuelas rurales del municipio de Bojacá,
de Acuerdo al Decreto 2277 de 1979», el alcalde del municipio de Bojacá, en uso
de sus facultades legales y en especial las conferidas por el articulo 9°de la Ley 29
de 1989 y el artículo 26 del Decreto 2277 de 1979, nombró a la demandante como
docente en la Escuela Rural Municipal de Barroblanco.24 Tomó posesión del empleo
el 1° de febrero de 1994, en el despacho del alcalde.25
20 Folios 3. Certificado del 23 de mayo de 2012.
21 Folio 52.
22 Folio 9. Certificado del 13 de junio de 2011.
23 Folios 7 y 8. Certificado del 10 de marzo de 2014.
Hi24 Folios 13 y 14.
25 Folio 12.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
viii) El 9 de enero de 1998, la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio
de Hacienda y Crédito Público) y el municipio de Bojacá suscribieron convenio por
el término de 10 años (prorrogable por un lapso igual) con el objeto de garantizar la
afiliación o incorporación de 5 docentes financiados 100% por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Fomag, entre estos la señora Ana Patricia Nieto Sabogal.26
ix) A través del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del municipio de Facatativá certificó que la docente fue
vinculada a través del Decreto 004 del 29 de enero de 1994, al servicio de la
Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca (sin municipio
definido) y que a partir de 2005 se desempeña en el municipio de Facatativá hasta
la fecha de suscripción del documento inclusive, esto es, el 10 de marzo de 2014.27
En dicho certificado no se dejó constancia respecto del tipo de vinculación de la
demandante.
x) Según el certificado de salarios emitido el 10 de marzo de 2014 por la Secretaría
de Educación del municipio de Facatativá, la señora Nieto Sabogal devengó entre
2012 y 2013, los factores salariales de asignación básica, sueldo de vacaciones y/o
receso escolar, prima de navidad, prima de vacaciones docenes, y subsidio de
alimentación.28
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 13 de mayo de 2014, la UGPP profirió la Resolución RDP014588 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante, toda vez que dicha prestación no puede ser
reconocida a los docentes nacionales y aquella ostenta dicha calidad a partir de
1994; además, los tiempos laborados como docente mediante contrato de
prestación de servicios en 1993 no son computables.29
26 Folios 151 al 153.
27 Folios 15 al 17, certificado del 10 de marzo de 2014.
28 Folios 18 al 20.
29 Folios 22 al 27.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
ii) Los días 13 y 16 de junio de 2014, la UGPP expidió las Resoluciones
RDP018814 y RDP018605, respectivamente, por las cuales resolvió los recursos de
reposición y apelación interpuestos contra la anterior decisión y la confirmó.30
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos.
El Tribunal concluyó que el tiempo laborado por la señora Nieto Sabogal a partir del
3 de mayo de 1976 (por 38 días) en la Gobernación de Cundinamarca; y el servido
del 1° de febrero al 30 de noviembre de 1993 bajo contrato de prestación de
servicios en el municipio de Bojacá, resultan computables para efectos del
reconocimiento prestacional pretendido, por cuanto la docente estuvo vinculada «al
orden territorial»; empero, a su juicio, no ocurrió lo mismo con la designación como
maestra a partir del 1° de febrero de 1994, pues esta fue como empleada de carácter
nacional, financiada por el Ministerio de Educación Nacional.
Dicho análisis respecto de las dos primeras vinculaciones es compartido por esta
Sala, al observar las siguientes circunstancias.
i) El nombramiento efectuado a través de la Resolución 0548 del 25 de mayo de
1976, es de carácter territorial, pues fue suscrito por la secretaria de Educación
de Cundinamarca en uso de sus facultades legales (sin intervención de ningún otro
funcionario, y sin delegación del Ministerio de Educación), para prestar labores
como maestra de la Escuela Rural La Patria del municipio de La Vega por el término
de 38 días a partir del 3 de mayo de 1976. El contenido del acto es el siguiente:
30 Folios 28 al 33.
16
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
Acerca de esta designación, se advierte que el nombramiento que detentó la señora
Nieto Sabogal fue bajo la modalidad de interinidad, es decir, con el fin de ocupar
17
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
una vacante de manera transitoria ante la necesidad del servicio y debido a la
imposibilidad de designar a un empleado en carrera administrativa.
Esta Corporación en múltiples pronunciamientos ha señalado que la vinculación en
interinidad «es plenamente computable para efectos del reconocimiento y pago de
la pensión gracia como quiera (sic) que tal figura se utilizó como un mecanismo
mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de
carrera, designaba con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de
la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación de los servicios educativos», siempre y cuando se acredite con
suficiencia que la plaza ocupada temporalmente tiene carácter territorial,31
circunstancia que se demostró en este caso.
En consecuencia, la vinculación de la accionante fue como maestra territorial, pues
se puede inferir razonablemente que prestó servicios en una plaza de igual
categoría por tratarse de una institución educativa a cargo del referido ente
departamental, bajo el nombramiento de un funcionario de dicho orden.
Al respecto, es relevante resaltar que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que
la instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de
los departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario de la referida
ley, determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los gastos
que ocasione la instrucción primaria».32
De acuerdo con este marco normativo, el nombramiento que efectuó el
departamento de Cundinamarca atendía a las atribuciones que con antelación había
otorgado el legislador.
Además, el carácter territorial de la aludida designación encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto preceptúa que se entiende por personal
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2018,
radicado 25000 23 42 000 2014 00012 01 (3050-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
32 Artículo 27.
18
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
territorial aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975», el cual previó que a partir de la entrada en vigencia
de dicha norma «ningún Departamento, Intendencia o Comisaría, ni el Distrito
Especial, ni los Municipios podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de
maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria; ni tampoco podrán
decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa
autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
En este caso, se itera, el acto de nombramiento fue suscrito exclusivamente por la
secretaria de educación, sin que se observe intervención alguna de un delegado del
Ministerio de Educación Nacional, como tampoco se hizo referencia a una
autorización por parte de la Nación para hacer la designación, ni que la plaza a
ocupar fuera nacional.
Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 38 días y además acredita el
requisito de haber ostentado una vinculación territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980.
ii) El tiempo servido entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 1993, en el
municipio de Bojacá, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios es
claramente computable para efectos del reconocimiento de la pensión gracia
pretendida.
Lo anterior por cuanto «el tiempo requerido para el reconocimiento de la pensión
gracia no solo es aquel que se deriva de las relaciones regulares y en titularidad,
debido a que se trata de una prestación cimentada en la prestación efectiva de
labores de educador»,33 siempre y cuando, la vinculación sea territorial,
circunstancia que fue válidamente demostrada por la actora, pues se desempeñó
como docente en la Escuela Rural de la Vereda Barroblanco, cuya remuneración
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-
000-2014-1000-01 (0823-2017).
19
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
fue cancelada con cargo al presupuesto general de rentas y gastos. Adicionalmente,
se puede inferir razonablemente que se trataba de una plaza territorial por tratarse
de una institución educativa a cargo del referido municipio. El contenido del encargo
es el siguiente:
De acuerdo con el análisis integral de este medio de prueba se concluye que la
vinculación con el referido municipio es del orden territorial, pues la señora Nieto
Sabogal prestó servicios al municipio de Bojacá; sus emolumentos fueron
cancelados con recursos propios; no se inmiscuyó al Ministerio de Educación
Nacional en la contratación, ni se hizo referencia a la existencia u ocupación de una
plaza nacional; luego es dable afirmar que la contratación se ejecutó con el
propósito de suplir una demanda del servicio educativo a nivel territorial.
En suma, los 10 meses que duró el vínculo contractual se deben tener en cuenta
para efectos del reconocimiento prestacional reclamado.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
iii) Finalmente, la vinculación de la accionante a partir del 1° de febrero de 1994,
se concretó en los siguientes términos:
En lo que concierne a la vinculación que tuvo el accionante en el año 1994, a través
del Convenio U-PD-348 suscrito entre el municipio de Bojacá y al Fiduciaria Popular
para la cofinanciación de plazas docentes municipales rurales, Plan de
Universalización de la Educación Básica Primaria, es pertinente citar el siguiente
pronunciamiento del Consejo de Estado en el que se estudió la naturaleza de
algunos componentes del referido plan de universalización:34
59. El programa denominado “soluciones educativas” hizo parte del plan de
universalización de la Educación Básica Primaria que adelantó el Ministerio de
Educación con el propósito de mejorar ese nivel de educación tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo ofreciendo a los alumnos, maestras y escuelas un
conjunto integrado de bienes y servicios educativos.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2018,
radicado 50001-23-31-000-2009-00316-02 (2470-2015).
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
60. Según el documento del Departamento Nacional de Planeación de 19 de marzo
de 1991, denominado “Plan de Apertura Educativa 1991-1994”, el Consejo Nacional
de Política Económica y Social, mediante el CONPES 2158 de 1991, aprobó la
medida conforme al referido plan para el cuatrienio 19911994 y fue institucionalizado
por medio del Decreto 61 de 14 de enero de 199235.
61. En efecto, el sistema de “Soluciones Educativas”, consistía en la contratación
anual de docentes por los municipios, con recursos del gobierno nacional, con cargo
a sus propios recursos, de suerte que se convirtió en una opción flexible por la
facilidad de vinculación de docentes y posibilitó que se llevara la educación a zonas
de difícil acceso.
[…]
64. De acuerdo con el anterior recuento, el tiempo servido como docente en
programas de “soluciones educativas” debe tomarse como servido en educación
primaria en entidades territoriales, razón por la cual es posible computarlo para
efectos de acreditar el requisito de tiempo para el reconocimiento de la pensión
gracia36. [Resalta la Sala]
Así las cosas, el plan de universalización de la educación básica primaria se
sufragaba con dineros de la Nación y/o con recursos propios de los municipios y en
el artículo 2.º del Decreto 61 de 14 de enero de 1992 se definió de la siguiente
manera:
Artículo 2o. Definición. El plan de universalización de la educación básica primaria
consiste en la prestación de un conjunto integrado de bienes y servicios educativos
ofrecidos a los seis primeros años de la educación básica; capacitación de docentes;
suministro de textos para los niños, bibliotecas para las escuelas, material de
instrucción para los maestros, provisión de mobiliario escolar para alumnos, maestros
y escuelas; renovación y mejoramiento de la planta física de las escuelas en términos
de construcción y reparación de aulas, unidades sanitarias, servicio de agua y pozo
séptico. Además, prevé el desarrollo de acciones y proyectos de fortalecimiento del
sector mediante una estrategia global que cuenta con la estructura básica del sistema
educativo y que comprende la renovación curricular y la descentralización
administrativa.
En dicha norma se señaló, además, que el plan tenía cobertura nacional y su
ejecución se extendería hasta el año de 1995, atendiendo todos los municipios,
siguiendo los criterios trazados por el Ministerio de Educación Nacional y sujeto a
evaluaciones periódicas para detectar su estado de avance en cada región.
35 Por el cual se institucionaliza el “Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria”.
36 El tiempo laborado como docente de soluciones educativos fue tenido en cuenta para efectos de la pensión
de jubilación gracia en sentencia de 2 de agosto de 2018, C.P Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Expediente
70001233300020150024301 (2739-2016), Demandante: Nellys del Carmen Taborda Bohórquez.
22
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
En efecto, el artículo 4 del Decreto 61 de 1992 determinó que el plan sería financiado
«con recursos del Crédito Internacional 3010 BIRFCO, con las contrapartidas
nacionales estipuladas en éste, con aportes de los presupuestos departamentales,
municipales cuando se suscriban los convenios respectivos, y con aportes de la
comunidad».
A su vez, el artículo 7 ibidem previó que, en el nivel municipal, el alcalde será el
director del plan cuando se suscribieran los respectivos convenios.
En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional adelantó el referido
plan de universalización que estuvo financiado con recursos mixtos, es decir,
nacionales, departamentales y municipales, e inclusive con aportes de la comunidad
y provenientes del crédito internacional. Además, las entidades territoriales debían
suscribir convenios interadministrativos con el fin de ejecutar dichos recursos y
desarrollar la política educativa, teniendo en cuenta los alcances y propósitos
definidos por ella.
Bajo este escenario normativo y jurisprudencial el tiempo laborado por la señora
Nieto Sabogal en desarrollo del Plan de Universalización de la Educación Básica
Primaria, tuvo carácter territorial, pues el municipio de Bojacá especificó que la
vinculación de los docentes se hacía para prestar labores dentro del referido
programa en escuelas rurales municipales de educación primaria y que en virtud de
lo dispuesto en el Decreto 61 de 1992, suscribió el Convenio U-PD-348 para la
cofinanciación de plazas docentes municipales rurales.
Aunado a ello, no existe duda de que en ese acto de nombramiento no hubo
intervención directa por parte del Gobierno nacional, y en ningún momento se indicó
que se fuere a ocupar una plaza nacional; empero, sí se estableció que se trataba
de plazas docentes municipales rurales del Plan de la Universalización de la
Educación Básica Primaria.
En este punto, es oportuno advertir que en cada caso particular debe analizarse la
forma en que los docentes fueron vinculados al Plan de Universalización de la
23
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
Educación Básica Primaria, pues esta Subsección en otras oportunidades ha podido
constatar que la vinculación es nacional y no puede computarse para acceder a la
pensión gracia, por ejemplo, cuando el acto de nombramiento de manera expresa
e inequívoca establece que los docentes ocuparán plazas que se encuentran a
cargo del Ministerio de Educación Nacional o que se pagarán con recursos
provenientes de la Nación.37
A todo esto, en el sub examine se advierte que la vinculación proveniente Decreto
004 del 29 de enero de 1994, se considera territorial y que debe ser computada para
el reconocimiento de la pensión gracia, en atención a que no existe prueba diferente
que demuestre que el nombramiento estuvo a cargo del Ministerio de Educación
Nacional, ya que la autoridad que nominó a la demandante como docente, fue el
alcalde municipal de Bojacá con base en las facultades conferidas por el articulo
9°de la Ley 29 de 1989 y el artículo 26 del Decreto 2277 de 1979, y al verificar la
plaza educativa en la que fue nombrada, Escuela Rural Municipal de Barroblanco,
es evidente que pertenece al orden territorial, municipal.
No obstante, el a quo determinó que la naturaleza de la vinculación de la
demandante fue nacional bajo el entendido de que el 9 de enero de 1998 la Nación
(Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
suscribió convenio con el municipio de Bojacá con el objeto de garantizar la afiliación
o incorporación de 5 docentes financiados 100% por la Nación, Ministerio de
Educación Nacional al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag,
entre estos la señora Ana Patricia Nieto Sabogal. El contenido del convenio es del
siguiente tenor:
37 En ese sentido pueden consultarse las siguientes sentencias, proferidas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A: i) del 16 de junio de 2016, radicado 73001-23-33-000-2013-00529-
01 (3533-14); y ii) del 20 de octubre de 2022, radicado 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-
2016).
24
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
Sobre este punto, teniendo en cuenta el contenido del referido convenio la Sala
advierte que aquel no tuvo la entidad de mutar la vinculación de la señora Nieto
Sabogal con el municipio de Bojacá, como lo afirmó el a quo.
25
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
Lo anterior, por cuanto, la suscripción del mentado convenio no implicó que la actora
perdiera la condición de docente territorial que ostentaba, y que su vinculación
adoptara carácter nacional, dado que no generó un cambio en la naturaleza del
vinculó inicial de la educadora (que había sido nombrada con anterioridad a dicho
convenio), esto es, continuó la relación legal y reglamentaria sin interrupción desde
la suscripción del Decreto 004 del 29 de enero de 1994, como docente de carácter
territorial, es decir, nunca se rompió o interrumpió la designación inicial, pues de la
lectura de las anteriores imágenes únicamente se advierte la asunción de una serie
de obligaciones dinerarias a cargo del municipio de Bojacá y no que se hubiere
realizado un nuevo nombramiento a la señora Nieto Sabogal por parte de la Nación.
Así pues, no puede afirmarse, entonces, como lo hizo el Tribunal, que a partir de
1998 la naturaleza de la designación fue del orden nacional, pues, se reitera, las
condiciones iniciales no se modificaron, al paso que en términos del artículo 1° de
la Ley 91 de 1989, se entiende por personal nacional a aquellos «docentes
vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional», lo que, se insiste, no ocurrió
en este caso.
Así las cosas, como tantas veces lo ha indicado la Sección Segunda del Consejo
de Estado, y de acuerdo con la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, 38
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia lo esencialmente relevante es
la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada.39 Adicionalmente dicha providencia también fue clara al establecer
la regla de que no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional; o ii) por el argumento de
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, (3805-2014).
39
máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos
Regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.
Adicionalmente, resulta pertinente agregar que, como consecuencia de la
promulgación y entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993, se expidió el Decreto 196
de 1995, norma en la que se sustentó el mentado convenio interadministrativo y en
la que se plasmaron las siguientes definiciones:
Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente Decreto, los
siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos:
Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquellos que han venido siendo
financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado
fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993.
Docentes Departamentales, Distritales y Municipales:
a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial
con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal;
b) Son Igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentran
vinculados a plazas departamentales o municipales (resalta la Sala).
De la normativa citada se colige que el personal de educadores financiados por la
Nación lo integran docentes departamentales, distritales o municipales, lo cual
depende de las plazas a las que se hayan vinculado. En ese sentido, la referida
norma es clara al indicar que los docentes financiados por la Nación mediante
convenios interadministrativos, como el que se estudia, que se encuentren
vinculados a plazas municipales, como es el caso de la Escuela Rural Municipal de
Barroblanco, tienen la condición de maestros municipales.
Asimismo, el artículo 4 de la mencionada Ley 60 de 1993, dispuso sobre los
docentes financiados o cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación
Nacional mediante convenios, que además de ser afiliados o incorporados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sus prestaciones serán de cargo
de la respectiva entidad territorial.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente de la demandante con el
municipio de Bojacá no se modificaron, comoquiera que el último nombramiento se
efectuó el 29 de enero de 1994 por el alcalde municipal y este se mantuvo incólume
al no existir ruptura del vínculo laboral y,40 en ese orden, debe concluirse que la
docente mantuvo el régimen prestacional con el que inició la prestación del servicio
educativo en la entidad, esto es, del orden territorial, y que el convenio de
financiación no implicaba que el carácter de su nombramiento mutara al orden
nacional.
En consecuencia, dada la naturaleza de la vinculación de la actora, tal como lo
indicó su apoderado en el recurso de apelación, es claro que el tercer lapso también
resulta válido para reconocer la pensión gracia y en este orden procede acceder a
las pretensiones de la demanda.
Así las cosas, el tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia
corresponde al siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 03-05-1976 10-06-1976 38 0 0
Territorial 01-02-1993 30-11-1993 0 10 0
Territorial 01-02-1994 10-03-2014 6 1 20
TOTAL 14 0 21
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada cumplió el requisito del
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
Además, la señora Ana Patricia Nieto Sabogal cuenta con más de 50 años de edad
y durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es
40 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en sentencias del 23 de marzo
de 2023, radicación 17001 23 33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023,
radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–2018).
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
decir, que demuestra los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral
con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado.41
Ahora bien, la accionante cumplió los 20 años de servicio el 23 de febrero de 2013,
fecha para la cual contaba con más de 50 años de edad (los cumplió el 2 de febrero
de 2005), es decir, que en ese momento adquirió el derecho pensional.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 23 de febrero de 2012 y el 23 de febrero de 2013.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».42
Ahora bien, la señora Nieto Sabogal consolidó el estatus pensional el 23 de febrero
de 2013, de modo que tenía hasta el 23 de febrero de 2016 para reclamar ante la
administración el reconocimiento y pago de la prestación para que sus mesadas
pensionales no fueran objeto de prescripción, lo cual efectivamente se materializó
a través de la reclamación del 27 de marzo de 2014,43 razón por la que no operó el
fenómeno de la prescripción trienal.
41 Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.
42 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
43
Según se plasmó tanto en la demanda como en los actos administrativos demandados.
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Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que el demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,44 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
30
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se accederá a la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 27 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP014855 del 13 de mayo de
2014, RDP018605 del 13 de junio de 2014 y RDP018814 del 16 de junio de 2014,
mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia de la
actora.
31
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-17)
Demandante: Ana Patricia Nieto Sabogal
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Ana Patricia Nieto Sabogal,
identificada con cédula de ciudadanía 41.740.221, en cuantía del 75% del promedio
de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 23 de febrero de 2012 y el 23 de febrero de 2013.
Se precisa que la actora adquirió el estatus pensional el 23 de febrero de 2013.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
32
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