Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00083-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00083-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2018-00083-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00083-01 (2790-2021)
Demandante: Alba Rosa Balanta Batista
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Intervención del delegado
del MEN en el acto de nombramiento. Plan de Universalización
de la Educación Básica Primaria. Crédito Internacional 3010
BIRF-CO. Aplicación de la figura de la non reformatio in pejus
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Cesar, por medio de la cual se accedió las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora ALBA ROSA BALANTA BATISTA instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: i) RDP 022273 del 30 de mayo de
2017 y ii) RDP 041342 del 31 de octubre de 2017, por medio de las cuales la UGPP
negó el reconocimiento y pago la pensión gracia y rechazó por extemporáneo el
recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto en contra del acto
administrativo inicial.
1 Folios 3 y 4 del archivo digital «7_200012333000201800083013EXPEDIENTEDIGI20210901143540», índice
2 SAMAI.
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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prestación, así como a reajustar los valores
adeudados de acuerdo con el IPC; y cancelar los intereses moratorios conforme al
artículo 192 del CPACA.
Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsiones del artículo 192
del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la señora Alba Rosa Balanta Batista nació el 20 de febrero de 1955 y, por tanto,
cumplió 50 años el 20 de febrero de 2005. Asimismo, que se vinculó al magisterio
desde el 9 de mayo de 1979 hasta el 4 de julio de 1979 como docente al servicio
del departamento del Cesar, según nombramiento 001247 del 21 de junio de 1979.
Después, se desempeñó como docente en propiedad en favor del mismo
departamento entre el 2 de agosto de 1993 y el 28 de febrero de 2014, por el
nombramiento del Decreto 000493 del 14 de febrero de 2014.
Que el 28 de octubre de 2016 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, por considerar que cumplía con las exigencias de tiempo, edad, y
demás requisitos de orden legal para ser beneficiaria de la prestación, a lo cual
dicha entidad expidió la Resolución RDP 022273 del 30 de mayo de 2017 con la
que negó la prestación.
Que la accionante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el
anterior acto administrativo, el cual fue rechazado por extemporáneo a través de la
Resolución RDP041342 del 31 de octubre de 2017.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 19 de abril de 20183 y notificada a la
UGPP4, quien mediante memorial de contestación5 se opuso a la totalidad de las
pretensiones de la demanda al manifestar que los actos acusados gozan de
legalidad, toda vez que la actora no cumple con los requisitos exigidos para ser
beneficiaria de la prestación solicitada, ello en razón a que se demostró que los
tiempos de servicio laborados entre el 1.º de febrero de 1971 y el 24 de enero de
1974 y entre el 16 de julio de 1990 y el 9 de agosto de 2012 fueron de carácter
nacional y por ello, no pueden ser computados para efectos del reconocimiento
pensional.
2
Folios 80 a 82, ibid.
3 Folio 87, ibid.
4 Folios 156 a 161 ibid.
5 Folios 96 a 101, ibid.
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Propuso las excepciones que denominó: (i) falta de requisitos pensionales o
inexistencia de la obligación de la demandada y (ii) prescripción.
En la audiencia inicial6 realizada el 2 de marzo de 2019 el Tribunal saneó el proceso,
indicó que las excepciones planteadas resultaban meritorias por lo cual se
resolverían en la sentencia, fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y
las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, señaló que no existía
ánimo conciliatorio y efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral
10 de la Ley 1437 de 2011.
Una vez recopiladas las pruebas que fueron decretadas de oficio, se prescindió de
la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado para alegar de
conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7
El Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia el 11 de febrero de 2021, a
través de la cual declaró la nulidad de los actos demandados y, en consecuencia,
ordenó a la UGPP reconocer la pensión gracia a la docente Alba Rosa Balanta
Batista, con base en el 75% del promedio de la asignación básica y demás factores
devengados durante el año anterior a la causación del derecho.
Para arribar a dicha conclusión tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:
La señora Balante Batista fue docente desde el 9 de mayo de 1979 hasta el 4 de
julio de 1979, en la Escuela Fuente Zuleta ubicada en el municipio de Valledupar (1
mes y 25 días) y desde el 2 de agosto de 1993 hasta el 28 de febrero de 2014 en la
Institución Educativa Agropecuaria Luís Felipe Centeno, ubicada en Chiriguaná (20
años 6 meses y 26 días); cumpliendo el requisito de 20 años de servicio.
Que aunque en el plenario obran documentos expedidos por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en los que se aduce que la vinculación de la
demandante como docente fue de carácter nacionalizado, y en otras se aduce que
fue nacional, dicha duda fue despejada con la certificación que fue expedida por el
secretario de educación del departamento del Cesar en la cual se dijo que su
vinculación fue de tipo nacionalizado.
Que de la relación probatoria se concluye que la demandante se desempeñó en
planteles educativos no del orden nacional, por lo que las plazas que ocupó tenían
la calidad de nacionalizado y municipal, circunstancia que no contradice con otra
prueba allegada al plenario.
6
Folios 183 a 191, ibid.
7 Folios 97 a 110.
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Por último, sobre las costas procesales indicó que, de las pruebas obrantes en el
proceso, no existió causación de expensas distintas a los gastos ordinarios del
proceso que son responsabilidad de la demandante, razón por la que, al margen de
la conducta de las partes, se abstuvo de imponer una condena al respecto.
EL RECURSO DE APELACIÓN8
La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia, con el propósito que
sea revocada y en su lugar, se nieguen a las pretensiones de la demanda. Su
inconformidad se centra en el hecho de que, el periodo comprendido entre el 2 de
agosto de 1993 y el 26 de febrero de 2014, «debe ser desestimado para efectos de
reconocimiento pensional debido a que los certificados de información laboral
presentan inconsistencias, pues un certificado hace constar que la vinculación de la
docente es nacional y otro indica que es municipal, generándole a la entidad dudas
respecto a su vinculación, aspecto determinante para acceder a la prestación».
Además, adujo que la demandante no tiene derecho a la pensión gracia, pues su
vinculación como docente en el tiempo de servicio prestado en el departamento del
Cesar es como docente nacional y con la prueba recaudada en el proceso se
observa que no hay tiempos anteriores al año 1981, razones suficientes para que
se absuelva a la UGPP de cualquier condena.
PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES
De conformidad con el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el
recurso9, las partes guardaron silencio.
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El señor Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto
a través del cual solicita se confirme la sentencia de primera instancia que accedió
a las pretensiones de la demanda, dado que, a su juicio, resulta claro que la
demandante reúne los requisitos para tener derecho a la prestación que reclama,
especialmente los que fueron objeto de debate por la UGPP, pues suma más de 20
años de servicios como docente territorial en cualquier tiempo, con vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
8 Archivo denominado «20_ED_12RECURSOAPELACIONUG(.PDF) NroActua 2», índice 2 de SAMAI.
9 Índice 4 SAMAI.
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o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en
tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 10. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
10 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año» . De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio» .
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló que,
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
12Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento» .
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
13 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el
entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales
circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se
centran y limitan en verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones de la
demandante como docente oficial fueron del orden territorial o nacionalizado y si
estas le permitan acumular los 20 años de servicio necesarios para consolidar el
derecho pensional en litigio.
Como se determinó en el acápite que antecede, para ser beneficiario de la pensión
gracia, se debe acreditar 50 años de edad, 20 años de servicios en instituciones
municipales, departamentales y/o distritales, en plazas de docentes nacionalizadas
y buena conducta en el ejercicio de la docencia.
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En lo que respecta al primer requisito consagrado por la legislación enunciada en
el marco normativo, se observa que la señora Balanta Batista nació el 20 de febrero
de 1955, de modo que cumplió los 50 años el 20 de febrero de 200514.
Respecto al segundo y tercer requisito atinente a la vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 y a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada (el cual es punto de debate en
esta instancia), se precisa que estos se estudiarán de manera conjunta en esta
oportunidad.
Por tal razón, se procederá a efectuar un análisis sobre los tiempos laborados que
fueron acreditados en el expediente y los que fueron reprochados en el recurso de
apelación, con el fin de concluir si estos pueden ser tenidos en cuenta para obtener
la prestación deprecada.
Según las pruebas obrantes en el expediente se encuentra que la demandante
prestó sus servicios, así:
• Periodo I: Desde el 9 de mayo de 1979 hasta el 4 de julio de 1979.
Docente nacionalizada
En primer lugar, se advierte que mediante Resolución 1247 del 21 de junio de 1979,
el Gobernador del departamento del Cesar nombró a la señora Alba Rosa Balanta
Batista como docente en la seccional Fuente de Valledupar, con el fin de cubrir la
licencia de la señora Adelaida Santamaría de Torres. Veamos:
[…]
14 Tal y como se logra advertir de la copia del Registro Único de Nacimiento obrante a folio 50 del archivo digital
denominado «7_200012333000201800083013EXPEDIENTEDIGI20210901143540», índice 2 SAMAI.
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[…]
Respecto de tal vínculo la señora Alba Rosa Balanta tomó posesión desde el 2 de
junio de 1979. Para una mayor ilustración se trae el acta de posesión 0933 suscrita
por el jefe de personal de la seccional educación de la gobernación del Cesar:
Cabe precisar que, aunque en los actos traídos a colación se observa un error de
mecanografía respeto al apellido de la hoy demandante (registra Balante cuando es
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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00083-01 (2790-2021)
Balanta), los datos numéricos de identificación que reposan en el acta de posesión
coinciden con los de la cédula de ciudadanía de aquella, por lo que no cabe duda
de que efectivamente se desempeñó como docente; máxime cuando no existió
discusión en sede administrativa ni hoy hay debate en vía judicial, salvo en qué
calidad se ostentó en tal periodo.
Ahora, respecto del tipo de vínculo debe decirse que aun cuando del acto de
vinculación no se verifica cuál es el sustento normativo de competencia del
gobernador del departamento de Cesar para efectuar el nombramiento de la
accionante, sí es posible inferir que: i) la posición a ocupar está prevista para
desarrollarse en una escuela del municipio de Valledupar; ii) existe intervención el
delegado del Ministerio de Educación — sin que ello signifique necesariamente que
la plaza ocupada por la docente sea del orden nacional, más aún cuando se observa
que el trámite de vinculación fue realizado ante la máxima autoridad administrativa
del departamento —; iii) y fue proferida en una fecha posterior al 1.° de enero de
1976 cuando estaba en vigencia el proceso de nacionalización de la educación en
virtud de la Ley 43 de 1975.
Lo anterior, se ajusta a la regla jurisprudencial interpretativa en la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018 cuando se indicó lo siguiente:
«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación. […]».
Pues bien, para confirmar la naturaleza de la referida plaza ocupada por la
reclamante, resulta adecuado acudir a otros medios de convicción en conjunto con
las pruebas precitadas, por ejemplo, a certificaciones emitidas por las propias
autoridades empleadoras como se puntualizó en la mencionada providencia
unificadora bajo el siguiente entendido:
« vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. ».
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En tal sentido, con base en las precisiones en comento y conforme a los Formatos
Únicos para la Expedición de Historia Laboral expedido el 19 de mayo de 2016 15 y
el 8 de mayo de 201716 por el técnico operativo de hojas de vida de la Secretaría de
Educación departamental del Cesar y la certificación expedida el 28 de octubre de
202017 — con ocasión a una prueba de oficio decretada por el tribunal de instancia—
por el profesional universitario de hojas de vida de la misma entidad es dable
confirmar que la plaza docente bajo estudio se entiende nacionalizada, pues así se
expuso inequívocamente tales documentos.
Por los argumentos anteriormente expuestos, la demandante prestó sus servicios
como docente de carácter nacionalizado para los interregnos laborados del 9 de
mayo de 1979 al 4 de julio de 1979 (1 meses y 25 días), por lo que se deberá tener
por colmado el presupuesto de ingreso a la docencia oficial con antelación al 31 de
diciembre de 1980, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia reclamada,
tal y como lo consideró el juez de primera instancia.
Periodo II: Desde el 2 de agosto de 1993 hasta el 14 de febrero de 2014.
Docente territorial
Verificado el acervo probatorio, se observa que el alcalde de Chiriguaná nombró a
la señora Alba Rosa Balanta Batista mediante Decreto 093 del 28 de julio de 1993,
docente en la Escuela Nueva Las Margaritas, ubicada en el corregimiento de
Ponente, en reemplazo de la señora Noemi Cifuentes Bustos, quien renunció a
dicha plaza.
15
Folio 76 del archivo «CC42495004», el cual contiene de los antecedentes administrativos de los actos
demandados.
16 Folio 161, ibid.
17
Folio 15 del archivo digital «15_2000123330002018000830111EXPEDIENTEDIGI20210901143540», índice
2 SAMAI.
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La demandante tomó posesión del referido cargo el 2 de agosto de 1993. Para
mayor ilustración se pone en evidencia el documento proferido durante la
diligencia:
Observados los considerandos del Decreto 093 del 28 de julio de 1993 se
desprende que: i) el cargo que venía ocupando la señora Noemi Cifuentes Bustos
fue fruto de la transformación de la contratación anual de docentes del municipio
dentro del sistema de soluciones educativas a la creación de diferentes plazas
docentes municipales de educación básica primaria y ii) la financiación de esta plaza
radicaba en el Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria (Fondos
Especiales de Crédito 3010) hasta el 31 de diciembre de 1994 y de ahí en adelante
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sería pagada con recursos propios del ente territorial.
En este punto debe resaltarse que, el Ministerio de Educación Nacional a través del
Decreto 61 de 1992, institucionalizó el Plan de Universalización de la Educación
Básica Primaria, el cual estaría cofinanciado con recursos de carácter internacional,
nacional y regional entre ellos, recursos provenientes del Crédito Internacional 3010
BIRF-CO y de las contrapartidas nacionales y los aportes de los presupuestos
departamentales y municipales. Tal disposición normativa en sus artículos 4 y 7
señaló que para ejecutar dicho plan se suscribirían convenios interadministrativos
con los entes territoriales para el desarrollo de esta política educativa.
Respecto del ejercicio de la docencia dentro del marco del Plan de la
Universalización de la Educación Básica Primaria, se considera necesario citar in
extenso un pronunciamiento proferido por esta Subsección de manera reciente, en
el cual se estudió un caso de similares connotaciones a las del que hoy es objeto
de análisis:
«[...]
En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional adelantó el referido plan
de universalización que estuvo financiado con recursos mixtos, es decir, nacionales,
departamentales y municipales, e inclusive con aportes de la comunidad y
provenientes del crédito internacional. Además, las entidades territoriales debían
suscribir convenios interadministrativos con el fin de ejecutar dichos recursos y
desarrollar la política educativa, teniendo en cuenta los alcances y propósitos
definidos por ella.
Bajo este escenario normativo y jurisprudencial el tiempo laborado por la señora
Nieto Sabogal en desarrollo del Plan de Universalización de la Educación Básica
Primaria, tuvo carácter territorial, pues el municipio de Bojacá especificó que la
vinculación de los docentes se hacía para prestar labores dentro del referido
programa en escuelas rurales municipales de educación primaria y que en virtud de
lo dispuesto en el Decreto 61 de 1992, suscribió el Convenio U-PD-348 para la
cofinanciación de plazas docentes municipales rurales.
Aunado a ello, no existe duda de que en ese acto de nombramiento no hubo
intervención directa por parte del Gobierno nacional, y en ningún momento se indicó
que se fuere a ocupar una plaza nacional; empero, sí se estableció que se trataba
de plazas docentes municipales rurales del Plan de la Universalización de la
Educación Básica Primaria.
En este punto, es oportuno advertir que en cada caso particular debe analizarse la
forma en que los docentes fueron vinculados al Plan de Universalización de la
Educación Básica Primaria, pues esta Subsección en otras oportunidades ha podido
constatar que la vinculación es nacional y no puede computarse para acceder a la
pensión gracia, por ejemplo, cuando el acto de nombramiento de manera expresa e
inequívoca establece que los docentes ocuparán plazas que se encuentran a cargo
del Ministerio de Educación Nacional [...]
A todo esto, en el sub examine se advierte que la vinculación proveniente Decreto
004 del 29 de enero de 1994, se considera territorial y que debe ser computada para
el reconocimiento de la pensión gracia, en atención a que no existe prueba diferente
que demuestre que el nombramiento estuvo a cargo del Ministerio de Educación
Nacional, ya que la autoridad que nominó a la demandante como docente, fue el
alcalde municipal de Bojacá con base en las facultades conferidas por el articulo
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9°de la Ley 29 de 1989 y el artículo 26 del Decreto 2277 de 1979, y al verificar la
plaza educativa en la que fue nombrada, Escuela Rural Municipal de Barroblanco,
es evidente que pertenece al orden territorial, municipal. 18»
De acuerdo con el anterior recuento, los tiempos prestados por los docentes que
fueron nombrados en el marco normativo del Plan de Universalización de la
Educación deben analizarse no a la luz de la naturaleza de los recursos con los que
fueron financiados los cargos, pues proceder de tal forma implicaría apartarse de la
postura adoptada por esta corporación en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
11-2018 de 21 de julio de 2018, sino con base en el criterio jurisprudencial
establecido según el cual «[...] [l]o esencialmente relevante, frente al reconocimiento
de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».
Entonces, el hecho que el pago de las acreencias laborales de los educadores se
hubiere efectuado con cargo en parte a la Nación, no implica per se que la
prestación del servicio haya sido de naturaleza nacional y por consiguiente deba
otorgársele dicha calidad a la plaza que el educador oficial ostentó para tal periodo.
Con ello, en el caso particular se advierte que la vinculación objeto de análisis es de
carácter territorial y que debe ser computada para el reconocimiento de la pensión
gracia, en atención a que la autoridad que designó a la accionante para ocupar dicho
cargo fue el Alcalde de Chiriguaná, sin que se evidencie manifestación de voluntad
del Ministerio de Educación para adoptar la decisión, así como tampoco fundamento
alguno que mencione autorización, delegación o ejercicio de una facultad por
desconcentración administrativa para que el ente territorial adoptara lo propio en
nombre y representación de aquella cartera gubernamental.
Debe advertirse que en el momento en el cual el Convenio 098 PD-92 —acuerdo
interadministrativo suscrito entre el ente territorial y el MEN para el desarrollo de
esta política educativa, según se enuncia en el epígrafe el decreto— perdió vigencia
—fecha que se desconoce al no obrar dicho documento dentro del acervo
probatorio—, la naturaleza de la vinculación de la demandante continúo siendo
territorial pues, en el mismo acto administrativo se señaló que a partir de tal instante
la plaza pasaría a ser pagada con recursos del municipio Chiriguaná.
En el recurso de alzada la entidad demandada basó también su inconformidad con
la decisión adoptada en primera instancia porque existen pruebas contradictorias
sobre la calidad de vínculo de la docente para el periodo entre el 2 de agosto de
1993 y el 28 de febrero del 2014, que no permiten determinar a ciencia cierta si fue
del nivel nacional, departamental o municipal.
Sobre el particular, pese a que no se detallaron cuáles eran las pruebas
contradictorias, de los documentos aportados en sede administrativa se encontraron
por lo menos cuatro Formatos Únicos para la Expedición de la Historia Laboral con
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del
30 de noviembre de 2023, Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-2017).
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disimilitudes en el tipo de vinculación, en los que figura que la actora fue, por un
lado, docente municipal y por otro, nacional.
Acerca de tal dificultad, se advierte que, aun cuando el Tribunal erradamente
consideró que a partir de las certificaciones emitidas por el secretario de educación
del Cesar — aportadas con ocasión a una prueba de oficio decretada en auto del
18 de junio de 2019— se lograba resolver las dudas sobre el tipo de vinculación, lo
cierto es que de estas no se llega a la certeza del carácter que ostentó la actora
pues en el oficio CES2020ER016522 del 26 de noviembre de 202019, a través del
cual se remitieron dichas pruebas, se expuso claramente que la demandante tuvo
dos vinculaciones estando «cada una […] enmarca[da] dentro de un régimen». Así
es que, respecto al periodo del 9 de mayo al 4 de julio de 1979, certificó que,
efectivamente, el vínculo fue nacionalizado, pero frente al vínculo del 2 de agosto
de 1993 al 28 de febrero del 2014, señaló que era nacional. Veamos:
19 Folio 2, archivo digital «15_2000123330002018000830111EXPEDIENTEDIGI20210901143540», índice 2
SAMAI.
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El fallador de primera instancia tomó aislada uno de los dos certificados para aclarar
las contradicciones alegadas por la UGPP, cuando, en uno de los documentos, el
periodo que laboró la actora desde el 2 de agosto de 1993 se consideró nacional,
según se entrever en imágenes introducidas previamente.
Sin embargo, al margen de lo expuesto, para esta Sala las evidentes
contradicciones que existen en los certificados de historia laboral que fueron
aportados por la parte demandante en la actuación administrativa y que son hoy
objeto de reproche por la UGPP, no ofrecen elementos de convicción suficientes
para asegurar que no se encuentra acreditada plenamente la calidad territorial de la
docente Alba Rosa Balanta Batista durante el 22 de agosto de 1993 y el 28 de
febrero del 2014; esto, en la medida que, de la resolución de nombramiento y la
respectiva acta de posesión es posible evidenciar con suficiente claridad que la
voluntad del nominador frente a la correspondiente plaza a ocupar fue de aquellas
que el legislador ha previsto como tales.
De allí que llama la atención de la Sala que el Tribunal no hubiera tenido en cuenta
en su valoración la totalidad del material probatorio, incluidos los actos
administrativos donde consta el vínculo, y que, además, hubiera impartido el
reconocimiento de la pensión gracia de la actora a partir de un presunto «descarte»
según el cual si la plaza no era nacional es porque necesariamente era
nacionalizada y/o territorial, dejando de lado el deber de verificar la totalidad de los
requisitos legales que le permitan determinar si la interesada tenía o no derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, entre ellos, el análisis respectivo que frente a
la naturaleza de cada vínculo debe realizarse según las reglas de unificación
sentadas por esta corporación.
De cualquier modo, con base en el referido recuento probatorio, se concluye que
los tiempos de labor oficial de la señora Balanta Batista efectivamente logran colmar
la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder a la prestación
solicitada, según se muestra a continuación:
ACTO DE AUTORIDAD QUE EXPIDE EL
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
NOMBRAMIENTO ACTO
Resolución 1247 del
09/06/1979 04/07/1979 1 25 21 de junio de 1979
Gobernador del Cesar
Resolución 093 del 28
02/08/1993 28/02/2014 20 6 26 de julio de 1993
Alcalde de Chiriguaná
TOTAL DE TIEMPO DE SERVICIO = 20 AÑOS, 7
TOTAL 20 7 51 MESES Y 51 DÍAS
En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la reclamante, entendida como el ejercicio de la plaza docente
con honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a satisfacción de esta exigencia normativa.
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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00083-01 (2790-2021)
Según lo expuesto, se estima que resultó acertado el estudio del tribunal de origen
en el fallo apelado para acceder al reconocimiento de la prestación solicitada por la
actora. No obstante, al revisar la fecha de efectividad de la pensión determinada en
la sentencia de primera instancia, se advierte que esta no se ajusta con exactitud al
momento en que la demandante acreditó el cumplimiento de los 20 años de servicio
como docente nacionalizada y territorial, tal como se explica a continuación.
El tribunal en primera instancia indicó que la fecha de adquisición del estatus
pensional de la reclamante fue por cumplimiento del tiempo de servicio que se
estimó completado el 9 de julio de 2014. Sin embargo, al efectuar un cálculo preciso
y adecuado sobre el momento en que la actora consolidó materialmente la
prerrogativa bajo examen, se encuentra que dicha fecha ocurrió el 7 de junio de
201320, pues en realidad fue en esa data cuando la docente colmó la totalidad de
requisitos necesarios a fin de consolidar la pensión bajo estudio, esto es, aquella
fue la oportunidad inicial para exigirla formalmente y por lo tanto para contabilizar el
término prescriptivo, más no el 9 de julio de 2014, como lo sostuvo el a-quo.
A pesar de ello, se sabe que cuando se impugna una sentencia por una sola de las
partes del extremo de la litis, irremediablemente debe limitarse el estudio del caso
con fundamento en el principio constitucional y legal de la non reformatio in pejus
previsto en artículo 31 de la Constitución21 y en el artículo 328 del CGP22.
Por ello, cuando esta instancia se habilitó por la impugnación de la entidad
demandada, quien formuló argumentos de censura solo frente a la decisión de
acceder al reconocimiento pensional sin fundamento alguno sobre la configuración
del estatus pensional, lo correcto es mantener el estado actual de las cosas sobre
tal circunstancia.
En criterio de la Sala, una consideración similar debería darse al análisis de la
prescripción de las mesadas pensiones. En ese sentido, a través de esta decisión
tampoco se puede alterar la naturaleza de este fenómeno, ya que hacerlo requeriría
desconocer las apreciaciones anteriores sobre la imposibilidad de cambiar la fecha
real en la que el demandante consolidó su estatus pensional, más aún si se tiene
en cuenta que el punto de partida para el cálculo del fenómeno prescriptivo es aquel
en el cual la obligación correspondiente se hace exigible, es decir, desde el
20 Según el siguiente cálculo:
DESDE HASTA DÍAS MESES AÑOS
09/05/1979 04/07/1979 0 1 25
02/08/1993 07/06/2013 19 10 5
TOTAL TIEMPO 19 11 30
21 «[…] Artículo 31. [...] El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante
único. »
22 «Artículo 328. Competencia del superior.
[...]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.»
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momento en que se cumple la totalidad de los requisitos que permiten obtener una
pensión.
Así entonces, contabilizar el plazo de prescripción a partir de la fecha efectiva de
adquisición del estatus pensional, y no de la fecha establecida al interior de este
proceso, tendría diversas implicaciones ninguna de las cuales resultaría más
beneficiosa para el apelante único que aquella determinación a la que arribó la
primera instancia respecto de este fenómeno jurídico.
Por lo expuesto, habrá de confirmarse la providencia recurrida, pero por las razones
aquí expuestas en la medida que el estudio del tipo de vinculación se realizó con
integralidad en la presente decisión.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación no presentan una carencia de fundamentación
legal que dé lugar a la condena en costas y en todo caso no hubo intervención de
las partes dentro de la ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió las pretensiones de la demanda,
pero por las razones aquí expuestas.
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SEGUNDO: ABSTENERSE de efectuar condenar en costas en segunda instancia
según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Gloria Ximena Arellano
Calderón, portador de la tarjeta profesional 123.175 del Consejo Superior de la
Judicatura, para que actúe dentro del proceso de la referencia en calidad de
apoderado general de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura
pública visible en el índice 22 de la plataforma digital SAMAI.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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21
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