Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00438-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00438-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00438-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00438-01 (2219-2021)
Demandante: María Imelda Polo Paredes
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza jurídica de las
intendencias. Docente territorial. Continuidad en el vínculo por
situación administrativa de traslado docente. REVOCA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el primero (1.º) de septiembre de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora MARÍA IMELDA POLO PAREDES instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: i) RDP 004965 del 18 de febrero de
2019 y ii) RDP 013626 del 30 de abril de 2019, por medio de las cuales la UGPP
negó el reconocimiento y pago la pensión gracia y resolvió el recurso de apelación
interpuesto en contra del acto administrativo inicial, confirmando en todas sus partes
la decisión recurrida.
1 Folios 1 y 2, archivo digital denominado «Expediente Físico 410012333000 2019 00439 00», índice 2 SAMAI.
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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prestación, así como a reajustar los valores
adeudados de acuerdo con el IPC; y cancelar los intereses moratorios conforme al
artículo 192 del CPACA.
Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsiones del artículo 192
del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la señora María Imelda Polo Paredes nació el 18 de abril de 1956. Que en su
vida laboral estuvo vinculada al magisterio inicialmente desde el 22 de febrero de
1979 hasta el 1.° de noviembre de 1980 como docente al servicio del departamento
de Caquetá, según nombramiento 00061 del 9 de febrero de 1979.
Que, posteriormente, se desempeñó como docente en propiedad en favor del
departamento del Huila entre el 1.° de marzo de 1993 y el 8 de octubre de 2018,
como consecuencia del nombramiento efectuado mediante el Decreto 0011 del 27
de febrero de 1993.
Que el 31 de octubre de 2018 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, por considerar que cumplía con las exigencias de tiempo, edad, y
demás requisitos de orden legal para ser beneficiaria de la prestación, a lo cual
dicha entidad expidió la Resolución RDP 004965 del 18 de febrero de 2019 con la
que negó la prestación.
Que la accionante recurrió el anterior acto administrativo, resuelto mediante la
Resolución RDP 013626 del 30 de abril de 2019, confirmada la decisión inicial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 16 de septiembre de 20193 y notificada
a la UGPP4, quien mediante memorial de contestación5 manifestó que la actora no
cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la prestación solicitada.
Esto se fundamenta en la demostración de que los tiempos de servicio laborados
entre el 1.° de marzo de 1993 y el 13 de agosto de 2018 fueron de carácter nacional,
y por ello, no pueden ser computados para efectos del reconocimiento pensional.
Propuso las excepciones que denominó: (i) inexistencia de la obligación de la
demandada, (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, (iii)
prescripción y (iv) la genérica.
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Folios 4 a 5, ibid.
3 Folios 69 a 71, ibid.
4 Folio 79, ibid.
5 Folios 96 a 101, ibid.
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Por auto del 11 de agosto de 2020 el tribunal, en aplicación del artículo 13 del
Decreto Legislativo 806 de 2020, consideró que la discusión suscitada en el proceso
era de pleno derecho y no se necesitaban pruebas, por lo que debía dictarse
sentencia anticipada. En consecuencia, a través de dicha providencia procedió a
incorporar las pruebas aportadas en la demanda, negó las pruebas solicitadas, fijó
el litigio y, en virtud del artículo 181 del CPACA, ordenó correr traslado para
presentar alegatos de conclusión dentro de los 10 días siguientes a la notificación
de dicha decisión. Al mismo tiempo, se notificó al Ministerio Público para rendir
concepto de fondo, si así lo consideraba oportuno.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia el 1.° de septiembre de 2020, a
través de la cual negó las pretensiones de la demanda y decidió condenar en costas
a la parte activa, argumentando que no se demostraron los 20 años de servicio en
la docencia oficial territorial y/o nacionalizada requerida para el reconocimiento
pensional. En consecuencia, se argumentó que no se logró desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos impugnados.
Para arribar a dicha conclusión tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:
Que mediante el Decreto 061 de febrero 9 de 1979, el Intendente Nacional del
Caquetá, en uso de sus facultades legales, nombró a María “Melba” Polo Paredes
en la Escuela la Unión del Distrito de Belén, cargo del que tomó posesión el 22 de
febrero de 1979 y posteriormente, fue trasladada con la Resolución 036 del 5 de
marzo de 1979 a la Escuela San Jorge del Distrito de Morelia - Caquetá, habiendo
prestado su servicio como docente nacionalizada hasta el 1.º de noviembre de 1980,
cuando se aceptó su retiro voluntario mediante el Decreto 481 de 7 de noviembre
de 1980.
Que a través del Decreto 011 de febrero 27 de 1993 el alcalde del municipio del
Pital, en uso de sus facultades legales y sin la intervención de ninguna otra
autoridad, creó 5 plazas docentes rurales en dicha localidad y efectuó el
nombramiento de unos educadores, entre ellos, el de María Imelda Polo Paredes
como docente grado 1.º del escalafón nacional; estableciendo que la plaza ocupada
por la demandante fue de naturaleza territorial pues si bien fue financiada con
recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con la sentencia de
unificación emitida por el Consejo de Estado en 2018, dichos recursos exógenos no
desnaturalizan la calidad de la plaza.
Que a pesar de que la certificación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio con fecha del 13 de agosto de 2018, presentada ante el plenario,
establece que la demandante se desempeñó como docente activa a nivel nacional
6 Folios 97 a 110.
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desde el 1.° de marzo de 1993 hasta el 13 de agosto de 2018, fecha en que se
emitió la certificación, no se acepta este hecho debido a que el periodo en el que la
demandante trabajó en el centro educativo Las Minas abarcó desde el 1.° de marzo
de 1993 hasta el 8 de abril de 1997.
No obstante, se reconoce y acepta la información contenida en el certificado en
cuanto a la calidad nacional del vínculo laboral, la cual fue adquirida "[…] en virtud
del traslado efectuado con el Decreto 355 de abril 9 de 1997 al Plantel Educativo
Andrés Fernández de la misma municipalidad (es decir, desde el 9 de abril de 1997
hasta el 13 de agosto de 2018, fecha del certificado-)". Esto se fundamenta en que
no se encontró evidencia de que la plaza docente en el mencionado plantel hubiera
sido creada por el alcalde de la localidad en el Decreto 011 de febrero 27 de 1993
ni se aportó un acta de posesión que así lo indicara. Dada esta falta de
documentación, no existieron elementos para desvirtuar la información
proporcionada en el certificado, por lo que se le otorga pleno valor probatorio.
Que, en esa medida, el tiempo de servicio prestado por la actora que es computable
para acceder a la pensión gracia resulta insuficiente para que opere el
reconocimiento de dicha prestación pues este solo suma 5 años, 9 meses y 14 días,
siendo indiscutible que las razones de la defensa contenidas en los argumentos de
las excepciones propuestas por la entidad demandada, a saber, inexistencia de la
obligación demandada y ausencia de vicios en el acto administrativo demandado
debían acogerse.
Finalmente, en cuanto se acogieron los argumentos de defensa planteados,
atendiendo el criterio objetivo valorativo que ha sentado el precedente
jurisprudencial a partir de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, condenó en
costas a la parte demandante en atención a los gastos de representación que se
probaron dentro del proceso.
EL RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, con el propósito que
sea revocada y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Su
inconformidad se centra en el hecho de que, contrario a lo que señaló el a quo,
dentro del proceso se logró demostrar fehacientemente que la señora Polo Paredes
se desempeñó como docente nacionalizada, según Decreto 0061 del 9 de febrero
de 1979, y posteriormente fue vinculada como docente territorial a partir del 1.º de
marzo de 1993, según Decreto 11 del 27 de febrero de 1993, vinculación que no se
modificó con el traslado efectuado mediante Decreto 355 del 9 de abril de 1997,
expedido por la Gobernación del Huila.
Al respecto, adujo que la vinculación que ostentó la docente en favor del municipio
del Pital no puede verse modificada por el traslado discrecional del año 1997, a
7 Folio 209.
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través del cual fue designada como educadora del CDU Andrés Fernández, pues
en los términos del artículo 1.º del Decreto 180 de 1982 el traslado «[…] se
constituye como una novedad administrativa que en modo alguno puede
interpretarse como una modificación al nombramiento o al tipo de vinculación que
le correspondía […] a partir del año 1993», pues, tal interpretación implicaría un
desconocimiento de los derechos que le corresponden a la actora en virtud a la
vinculación inicial.
Que uno de los fines principales de este tipo de procesos es el lograr el
esclarecimiento de la verdad y por ello, en caso de existir alguna duda adicional
respecto al tipo de vinculación de la demandante, lo más prudente y acertado era
que el juez de primera instancia hubiera acudido a la práctica de una prueba con la
que se aclarara el punto oscuro, esto teniendo en cuenta que, los documentos que
por costumbre se requieren para este tipo de trámite ya reposaban dentro del
expediente, esto es, resolución de nombramiento, acta de posesión y certificados
de historia laboral.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante presentó alegaciones finales8, reiterando los argumentos
expuestos en el recurso de apelación y exponiendo que con el fin de despejar toda
duda que pudiese existir sobre la naturaleza de la vinculación de la accionante
allegó al proceso copia del decreto de traslado 355 del 9 de abril de 1997,
documento del cual puede vislumbrase el carácter territorial que gozaba la actora
cuando se desempeñó en la Institución Educativa Andrés Fernández.
La UGPP presentó escrito de alegatos de conclusión9, en el cual se ratificó en los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó confirmar la
decisión de primera instancia.
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto
a través del cual solicita revocar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, con base en los siguientes razonamientos:
Que la incertidumbre neurálgica proyectada por el a quo, y contradicha por el
apelante, versa sobre las consecuencias y efectos jurídicos del traslado de
docentes, la cual para el caso concreto provenía de un nombramiento con
vinculación de carácter nacionalizado.
Sobre la naturaleza jurídica del traslado del personal docente citó sentencias de
esta corporación para concluir que, por regla general, la existencia de un traslado-
nombramiento causa la no solución de continuidad en la naturaleza jurídica del
vínculo previo.
8 Índice 27 SAMAI.
9 Índice 23 SAMAI.
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Así las cosas, y sin perjuicio de la discusión sobre la posibilidad de revivir plazos
probatorios complementarios en sede de apelación, consideró que el a quo realizó
un análisis insuficiente de la problemática planteada, pues circunscribió la
controversia a una insuficiencia probatoria que, según estimó, no le permitía
determinar la vinculación de la señora Polo Paredes posterior al año 1997, con
ocasión del traslado efectuado dentro de la misma entidad territorial, sin plantearse
o vislumbrar la solidez legal y jurisprudencial para resolver este punto, ni analizar
con detenimiento los efectos del traslado a la luz de la normativa vigente aplicable
y su interpretación judicial.
Que en tal medida existe mérito para revocar el fallo apelado, pues a pesar de no
señalarse expresamente que la plaza docente fuese creada por el ente territorial, la
jurisprudencia ha entendido que la plaza no pasa a ser parte de la planta de personal
de la Nación cuando existe un traslado de conformidad con los criterios establecidos
en la Sentencia de unificación SUJ-011-S2 del 21 de junio de 2018, así como el
artículo 1 del Decreto 2706 de 1989, el inciso segundo del artículo 7 del Decreto
1140 de 1995 y el artículo 106 de la Ley 115 de 1994.
Por lo anterior, señaló que es posible tener el periodo de servicios prestados entre
los años 1997 y 2018 como vinculación de carácter nacionalizada, pues el acto de
traslado fue efectivamente suscrito por el Gobernador del Departamento del Huila.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, ello en el entendido de que
laboró al servicio de la docencia en el departamento de Caquetá con anterioridad al
31 de diciembre de 1980 y posteriormente para el Departamento del Huila desde el
1.º de marzo de 1993 siendo trasladada a otra plaza docente en el año 1997.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
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Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 10. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año» . De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio» .
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló que,
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
12 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
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del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento» .
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
13 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el
entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales
circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se
centran y limitan en verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones de la
demandante como docente oficial fueron del orden territorial o nacionalizado y si
estas le permitan acumular los 20 años de servicio necesarios para consolidar el
derecho pensional en litigio.
Como se determinó en el acápite que antecede, para ser beneficiario de la pensión
gracia, se debe acreditar 50 años de edad, 20 años de servicios en instituciones
municipales, departamentales y/o distritales, en plazas de docentes nacionalizadas
y buena conducta en el ejercicio de la docencia.
En lo que respecta al primer requisito consagrado por la legislación enunciada en
el marco normativo, se observa que la señora Polo Paredes nació el 18 de abril de
1956, de modo que cumplió los 50 años el 18 de abril de 200614.
Respecto al segundo y tercer requisito atinente a la vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 y a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada (el cual es punto de debate en
esta instancia), se precisa que estos se estudiarán de manera conjunta en esta
oportunidad.
Por tal razón, se procederá a efectuar un análisis sobre los tiempos laborados que
fueron acreditados en el expediente y los que fueron desestimados por el juez de
14 Tal y como se logra advertir de la copia del Registro Único de Nacimiento obrante a folio 19 del archivo digital
denominado «E Expediente Físico 410012333000 2019 00439 00», índice 2 SAMAI.
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primera instancia, con el fin de concluir si estos pueden ser tenidos en cuenta para
obtener la prestación deprecada.
Según las pruebas obrantes en el expediente se encuentra que la demandante
prestó sus servicios, así:
• Periodo I: 22 de febrero de 1979 al 1.º de noviembre de 1980-
Nombramiento por intendencia nacional
Se advierte que la demandante fue nombrada como maestra en la Escuela La Unión
del Distrito de Belén, según el Decreto 00061 de 1979, expedido por el Intendente
Nacional de Caquetá, veamos:
Respecto de tal vínculo la señora María Imelda Polo tomó posesión desde el 22 de
febrero de 197915. En dicho acto se deja en evidencia que fue el Intendente Nacional
de Caquetá quien fungió como nominador de la actora, por lo que en virtud de la
reiterada jurisprudencia de esta corporación el carácter de su vinculación sería
territorial, según las razones que, en un caso de similares connotaciones estudió la
Subsección B:
«Asimismo, la afirmación referente a que comoquiera que en las vinculaciones
estaba concernida la intendencia nacional del C., estas tienen la naturaleza de
nacionales, se aclara que para la fecha en que aquellas incorporaciones se
efectuaron (1979 y 1980), el hoy conocido como departamento del Caquetá fue
catalogado, por medio del Decreto 963 del 14 de marzo de 1950, como intendencia,
y, posteriormente, elevado a la categoría de departamento con la Ley 78 de 15 de
diciembre de 1981, en cumplimiento del Acto legislativo 1 de 14 de enero de ese
15 Folio 59 obrante en los documentos que componen los antecedentes administrativos, carpeta «CD folio 100
expediente físico», índice 2 SAMAI.
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año, motivo por el cual no puede confundirse que el hecho de que en las
resoluciones de nombramiento de la actora de 1979 y 1980 se consigne «[d]ada[s]
en Florencia, Intendencia Nacional del Caquetá […]», signifique que su naturaleza
sea nacional, ya que, como quedó planteado, al Caquetá antes de denominarse
departamento, en particular, para las anualidades en que se emitieron los referidos
actos administrativos, se le atribuía el nombre de intendencia, sin que ello implique
que sea nacional, puesto que pese a las transformaciones de que fue objeto el
Caquetá siempre ha sido clasificado como una entidad territorial 16».
Igualmente, en lo que respecta a la naturaleza jurídica de las Intendencias, la
Sección Segunda ha precisado:
«[…], a través de la Ley 22 del 18 de enero de 198517 se establece que la
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los
Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª
de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias
correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos,
pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas
rentas que aquellos17».
Incluso, la naturaleza del vínculo en mención se ve ratificada en el hecho de que la
misma entidad demandada no pone en duda este lapso en uno de los actos
administrativos demandados —Resolución RDP 013626 del 30 de abril de 2019—,
aunque allí erradamente señaló que era nacionalizada.
Ahora bien, de conformidad con el Formato Único para la Expedición de la Historia
Laboral expedido el 29 de agosto de 2018 por la Secretaría de Educación
departamental de Caquetá, la actora fue trasladada a la Escuela San Jorge del
Distrito de Morela, según Resolución 0036 del 5 de marzo de 1979, para el cual
prestó servicios hasta el 1.º de noviembre de 1980 — cuando se aceptó su retiro
voluntario mediante el Decreto 481 de 7 de noviembre de 1980—; sin que el hecho
que la actora haya sido sujeta un movimiento de personal implique un cambio la
naturaleza de la relación legal y reglamentaria que sostenía con la entidad territorial
mencionada previamente.
Por los argumentos anteriormente expuestos, la demandante prestó sus servicios
como docente de carácter territorial para los interregnos laborados del 22 de febrero
de 1979 al 1.º de noviembre de 1980 (1 años, 8 meses y 8 días), por lo que se
deberá tener por colmado el presupuesto de ingreso a la docencia oficial con
antelación al 31 de diciembre de 1980, para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia reclamada.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 22 de octubre de 2018, radicación
número: 18001 -23-33-000-2014-00229-01(3494-16).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, radicación 05001-
23-33-000-2014-00638-01 (2753-16)
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• Periodo II. Del 1.º de marzo de 1993 al 13 de agosto de 201818-
Continuidad en el servicio por traslado- Docente territorial
Por otro lado, se observa que la señora María Imelda Polo fue nombrada por el
alcalde de Pital mediante Resolución 011 de 1993, como docente para
desempeñarse en el Centro Docente Rural de «Las Minas».
La demandante tomó posesión del referido cargo el 1.º de marzo de 1993. Para
mayor ilustración se pone en evidencia el documento proferido durante la
diligencia:
18
A folio 58 del expediente digitalizado se encuentra el Formato Único de Historia Laboral emitido por la
Secretaría de Educación departamental del Caquetá fecha 29 de agosto de 2018, en el cual no se registra que
el docente se haya retirado del servicio por lo que se tomará esta fecha como última en el servicio.
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Observados los considerandos de la Resolución 011 de 1993 se desprende que: i)
el Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo del Plan de Universalización de
la Educación Básica Primaria, asignó al municipio El Pital a partir del 1.º de marzo
de 1993, cinco plazas docentes municipales de educación básica primaria rural y ii)
la financiación de estas plazas estaría a cargo del Ministerio de Educación Nacional
durante la duración del Convenio U.P.D.- 348 y una vez cumplido este con el situado
fiscal que para tal fin realizaría la Nación.
En efecto, el Ministerio de Educación Nacional a través del Decreto 61 de 1992,
institucionalizó el plan de universalización de la educación básica primaria, el cual
estaría cofinanciado con recursos de carácter internacional, nacional y regional
entre ellos, recursos provenientes del Crédito Internacional 3010 BIRF-CO y de las
contrapartidas nacionales y los aportes de los presupuestos departamentales y
municipales. Tal disposición normativa en sus artículos 4 y 7 señaló que para
ejecutar dicho plan se suscribirían convenios interadministrativos con los entes
territoriales para el desarrollo de esta política educativa.
Respecto del ejercicio de la docencia dentro del marco del Plan de la
Universalización de la Educación Básica Primaria, se considera necesario citar in
extenso un pronunciamiento proferido por esta Subsección de manera reciente, en
el cual se estudió un caso de similares connotaciones a las del que hoy es objeto
de análisis:
«[...]
En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional adelantó el referido plan
de universalización que estuvo financiado con recursos mixtos, es decir, nacionales,
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departamentales y municipales, e inclusive con aportes de la comunidad y
provenientes del crédito internacional. Además, las entidades territoriales debían
suscribir convenios interadministrativos con el fin de ejecutar dichos recursos y
desarrollar la política educativa, teniendo en cuenta los alcances y propósitos
definidos por ella.
Bajo este escenario normativo y jurisprudencial el tiempo laborado por la señora
Nieto Sabogal en desarrollo del Plan de Universalización de la Educación Básica
Primaria, tuvo carácter territorial, pues el municipio de Bojacá especificó que la
vinculación de los docentes se hacía para prestar labores dentro del referido
programa en escuelas rurales municipales de educación primaria y que en virtud de
lo dispuesto en el Decreto 61 de 1992, suscribió el Convenio U-PD-348 para la
cofinanciación de plazas docentes municipales rurales.
Aunado a ello, no existe duda de que en ese acto de nombramiento no hubo
intervención directa por parte del Gobierno nacional, y en ningún momento se indicó
que se fuere a ocupar una plaza nacional; empero, sí se estableció que se trataba
de plazas docentes municipales rurales del Plan de la Universalización de la
Educación Básica Primaria.
En este punto, es oportuno advertir que en cada caso particular debe analizarse la
forma en que los docentes fueron vinculados al Plan de Universalización de la
Educación Básica Primaria, pues esta Subsección en otras oportunidades ha podido
constatar que la vinculación es nacional y no puede computarse para acceder a la
pensión gracia, por ejemplo, cuando el acto de nombramiento de manera expresa e
inequívoca establece que los docentes ocuparán plazas que se encuentran a cargo
del Ministerio de Educación Nacional [...]
A todo esto, en el sub examine se advierte que la vinculación proveniente Decreto
004 del 29 de enero de 1994, se considera territorial y que debe ser computada para
el reconocimiento de la pensión gracia, en atención a que no existe prueba diferente
que demuestre que el nombramiento estuvo a cargo del Ministerio de Educación
Nacional, ya que la autoridad que nominó a la demandante como docente, fue el
alcalde municipal de Bojacá con base en las facultades conferidas por el articulo
9°de la Ley 29 de 1989 y el artículo 26 del Decreto 2277 de 1979, y al verificar la
plaza educativa en la que fue nombrada, Escuela Rural Municipal de Barroblanco,
es evidente que pertenece al orden territorial, municipal. 19»
De acuerdo con el anterior recuento, los tiempos prestados por los docentes que
fueron nombrados en el marco normativo del Plan de Universalización de la
Educación deben analizarse no a la luz de la naturaleza de los recursos con los que
fueron financiados los cargos, pues proceder de tal forma implicaría apartarse de la
postura adoptada por esta corporación en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
11-2018 de 21 de julio de 2018, sino con base en el criterio jurisprudencial
establecido según el cual «[...] [l]o esencialmente relevante, frente al reconocimiento
de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».
Entonces, el hecho que el pago de las acreencias laborales de los educadores se
hubiere efectuado con cargo en parte a la Nación, no implica per se que la
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del
30 de noviembre de 2023, Radicación: 25000-23-42-000-2014-03327-01 (1342-2017).
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prestación del servicio haya sido de naturaleza nacional y por consiguiente deba
otorgársele dicha calidad a la plaza que el educador oficial ostentó para tal periodo.
Con ello, en el caso particular se advierte que la vinculación objeto de análisis es de
carácter territorial y que debe ser computada para el reconocimiento de la pensión
gracia, en atención a que la autoridad que designó a la accionante para ocupar dicho
cargo fue el Alcalde del Pital, sin que se evidencie manifestación de voluntad del
Ministerio de Educación para adoptar la decisión, así como tampoco fundamento
alguno que mencione autorización, delegación o ejercicio de una facultad por
desconcentración administrativa para que el ente territorial adoptara lo propio en
nombre y representación de aquella cartera gubernamental.
Aun cuando la naturaleza de la vinculación de la demandante fue territorial por
haberse adoptado la decisión únicamente por la aludida autoridad municipal, lo
cierto es que esta pudo haberse tornado nacionalizada, en el momento en el cual el
convenio U-PD-348 perdió vigencia –fecha que se desconoce al no obrar dicho
documento dentro del acervo probatorio- pues, en el mismo acto administrativo se
señaló que este pasaría a ser pagado con recursos del situado fiscal, con sujeción
a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de Educación.
Con todo, al margen del tipo de vinculación que se hubiese demostrado en este
período, lo cierto y definitivo es que aquella no sería del orden nacional, sino
eventualmente territorial o nacionalizado, lo cual, en cualquiera de estos dos
eventos, no cambia ni afecta la inclusión y cómputo de tales tiempos de servicio
para el reconocimiento de la pensión gracia, pues ambos permiten colmar el
requisito bajo estudio.
Respecto del vínculo en comento, más adelante, según se advierte en el Formato
Único para la Expedición de la Historia Laboral expedido por la Secretaría de
Educación del departamento del Huila, se comprueba que la actora fue incorporada
al plantel educativo Centro Docente Rural Las Minas mediante Decreto 1106 de
1996 y seguidamente fue trasladada por medio del Decreto 355 del 9 de abril de
1997 al Plantel Educativo Andrés Fernández del Pital (Huila), desempeñándose en
aquel lugar hasta la última fecha en que se certificó la prestación del servicio.
A juicio del a quo dicho tiempo no se puede considerar para efectos del
reconocimiento pensional, ya que al no existir prueba que acredite que dicha plaza
docente la creó directamente el alcalde de esa localidad, debe dársele valor
probatorio al certificado emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio emitido el 13 de agosto de 2018, en el que se señaló que la actora se
desempeñó como docente activa nacional del 1 de marzo de 1993 hasta agosto de
2018; calidad que no permite acceder a la prestación.
En el recurso de alzada la demandante basó también su inconformidad en el hecho
de que su vinculación como docente en favor del municipio del Pital no puede verse
modificada por el traslado discrecional del año 1997, a través del cual fue designada
como educadora del CDU Andrés Fernández de la misma municipalidad, pues en
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los términos del artículo 1.º del Decreto 180 de 1982 el traslado «[…] se constituye
como una novedad administrativa que en modo alguno puede interpretarse como
una modificación al nombramiento o al tipo de vinculación que le correspondía».
Así entonces, emerge con claridad para la Sala, que resulta contrario a la ley que el
Tribunal considere que el periodo prestado entre el 1.º de marzo de 1993 y el 13 de
agosto de 2018, fue de carácter nacional; en vista de que el traslado no lleva en sí
un cambio en la naturaleza jurídica del nombramiento que venía gozando la
demandante, esto es, del orden territorial al orden nacional, como lo adujo el a
quo, ni mucho menos significa que en aplicación a la facultad ejercida por la entidad
nominadora la actora pasó a ser parte de la planta de personal docente de la Nación.
Sobre la figura del traslado, entendida esta como la provisión del empleo público,
cuando el nominador ordena el desplazamiento de un funcionario de un cargo a otro
con funciones, en principio, afines al que se desempeñaba previamente, debe
señalarse que, por un lado, el artículo 67 del Decreto 2277 de 1979, vigente para la
fecha en la que ocurrió la situación administrativa, dispuso que «[l]a autoridad
nominadora puede disponer el traslado del educador o del directivo docente a otro
establecimiento o dependencia de la zona urbana o cabecera del mismo municipio».
Por el otro lado, el artículo 2 del Decreto 180 de 1982, que reglamentó el traslado
de personal docente contemplado en la norma citada, señaló que «[e]l traslado
puede decretarse [d]iscrecionalmente por la autoridad nominadora cuando debe
cumplirse dentro de la zona urbana o cabecera del mismo municipio donde el
educador tiene fijado su domicilio».
En el presente asunto, se tiene que el traslado se dio dentro del mismo municipio,
puesto que la actora había sido nombrada mediante Resolución 011 de 1993, como
docente para desempeñarse en el Centro Docente Rural de «Las Minas» del
municipio de Pital (Huila) y a través del Decreto 355 de abril 9 de 1997 para prestar
sus servicios en el Plantel Educativo Andrés Fernández de Pital (Huila).
Es así como, teniendo en cuenta que, según el Formato Único para la Expedición
de Historia Laboral del 3 de octubre de 2010, la prestación del servicio continuó
dándose sin suspensión o ruptura de la relación laboral, debe predicarse la «no
solución de continuidad» respecto de la calidad del vínculo que venía ostentando la
actora, ya que no se dio una terminación del mismo, ni se presentó una nueva
vinculación a otra entidad territorial que trajera duda frente a tal prueba, sino que lo
que sucedió fue que, por orden de la autoridad nominadora la educadora tuvo que
desplazarse de un cargo docente a otro cargo docente de igual categoría.
De manera adicional, debe precisarse que en contraposición a lo que señaló el
Tribunal es necesario resaltar que el Formato Único para la Expedición de Historia
Laboral emitido por la Secretaría de Educación del Huila el 13 de agosto de 2018 20,
certificó que el régimen de pensiones de la señora Polo Paredes era nacional, pero
20 Folios 61 a 62 del expediente digitalizado.
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allí no se hace referencia alguna que el vínculo laboral haya sido de este tipo.
De ahí pues, se resalta que la naturaleza de la vinculación de los docentes oficiales
y el régimen pensional que les es aplicable son cuestiones totalmente diferentes, en
tanto, el primero se determina por la voluntad que tuvo el nominador respecto de la
plaza a ocupar y el segundo obedece a la fecha de vinculación del docente al
servicio educativo estatal tomando como referencia el 27 de junio de 2003, con lo
cual se determina si le es aplicable a la normatividad que para el efecto consagra la
Ley 91 de 1989 o en la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la
Ley 797 de 2003.
Ahora, debe precisarse que, aunque la apelante en su recurso pretende tratar
controvertir a decisión de primera instancia aportando para ello copia del Decreto
355 de abril 9 de 1997, a juicio de esta Sala resulta improcedente en esta instancia
efectuar valoración alguna respecto de dicho documento pues aunque la ley permite
de manera excepcional pedir pruebas para que sean decretadas en segunda
instancia, la actora en ninguno momento efectuó solicitud en tales términos y al
proceder de forma contraria vulneraría el equilibrio que tienen las partes en el
proceso para pedir que se practiquen pruebas y contradecir las mismas; más aún
cuando frente al conocimiento adecuado de los hechos que ingresaron al proceso
se tienen los medios probatorios que permiten desentrañar las situaciones
administrativas ocurridas y definir fehacientemente la naturaleza de la vinculación
objeto de discusión.
Visto el análisis precedente se ha concluir que el tiempo de servicios laborado por
la demandante como docente a partir del 1.º de marzo de 1993 es del orden
territorial, no habiendo lugar a predicar que el traslado realizado a la actora a partir
del 9 de abril de 1997 sea del orden nacional, pues las normas precitadas no
previeron el cambio de origen de los recursos ni del tipo de vinculación que tenía la
docente al momento del traslado.
En estas condiciones, se tiene que la demandante laboró al servicio de la docencia
del orden territorial desde el 1.º de marzo de 1993 y hasta el 13 de agosto de 2018
(25 años, 5 meses, y 12 días), efectivamente puede ser tenido en cuenta para
colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder a la prestación
solicitada.
Con base en el referido recuento probatorio, se concluye que los tiempos de labor
oficial de la señora Polo Paredes en plazas como docente territorial, se acreditaron
de la siguiente forma:
ACTO DE ENTIDAD QUE EXPIDE EL
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
NOMBRAMIENTO ACTO Y POSESIONA
Decreto 00061 de Intendente nacional de
22/02/1979 1/11/1980 1 8 10
1979 Caquetá
Resolución 14 del 7
1/03/1993 13/08/2018 25 5 12 Gobernador de Caldas
de febrero de 1975
TOTAL DE TIEMPO DE SERVICIO = 27 AÑOS, 1 MES
TOTAL 26 13 22
Y 22 DÍAS
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En suma, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo laborado por
el demandante como maestra oficial del orden territorial entre el 1.º de marzo de
1993 al 13 de agosto de 2018, observa la Sala que aquella satisfizo el requisito de
cumplir 20 años al servicio estatal.
Como consecuencia de ello, resulta necesario verificar el cumplimiento de las
demás exigencias normativas que no se han estudiado para consolidar el derecho
a la pensión gracia.
En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni en la primera instancia ni mucho menos
mediante el recurso de apelación objeto de análisis en esta oportunidad, por lo que
se presume la buena fe del interesado en cuanto a la acreditación de este
requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que no fue acertado el estudio del tribunal de
origen en el fallo apelado para denegar el reconocimiento de la prestación solicitada
por la actora, por suerte habrá de revocarse dicha providencia para acceder a las
pretensiones de la demanda. Por lo mismo, también resulta necesario efectuar un
examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.
Análisis de la prescripción
El Consejo de Estado21 ha señalado que la estructuración de la mentada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido
las acciones correspondientes para reclamar los derechos que considera
vulnerados. Ese tiempo se cuenta por tres años desde que la obligación se haya
hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual,
tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente
caso.
Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 22
de junio de 2011, cuando la actora acreditó los 20 años de servicio, esto es, posterior
al cumplimiento de los 50 años de edad (18 de abril de 2006), pues ese primer
momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la
prerrogativa bajo estudio.
Ahora bien, está acreditado que, desde la configuración del estatus pensional hasta
la radicación de la solicitud en vía administrativa, transcurrieron más de tres años;
por ello, la fecha que se debe tomar para calcular la prescripción de las diferentes
mesadas es 31 de octubre de 2018, al ser esta la fecha en la que la actora elevó
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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Radicado: 41001-23-33-000-2019-00438-01 (2219-2021)
petición tendiente al reconocimiento de la pensión gracia y en la medida que la
demanda fue presentada el 4 de septiembre de 2019, siendo entonces evidente,
que no transcurrió un término superior a los tres años.
Por lo expuesto, debe declararse probado el fenómeno de la prescripción respecto
de las mesadas pensionales causadas a favor del actor anteriores al 31 de octubre
de 2015.
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se declarará la nulidad de los actos
acusados para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada
por la parte activa, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales
devengados por la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 22 de junio de 2010 y el 21 de junio de 2011, pero
con efectos fiscales a partir del 31 de octubre de 2015, por prescripción trienal de
mesadas.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»22.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte demandante obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes
por mes.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
22 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).
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Radicado: 41001-23-33-000-2019-00438-01 (2219-2021)
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que, aunque
la decisión que ahora se profiere, está revocando en todas sus partes la de primera
instancia, los argumentos expuestos por la parte demandante en el escrito de la
demanda no carecen de fundamento legal, tanto así que el a quo decidió
favorablemente sus pretensiones; así mismo, se encuentra que los argumentos
consignados en contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión
presentados por la parte demandada, vencida en el proceso, no presentan una
carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. En
consecuencia, resulta procedente abstenerse de efectuar condena en costas en
primera y segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el primero (1.º) de septiembre de dos
mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Huila que denegó las
pretensiones de la demanda, por las razones antes expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 004965 del 18 de
febrero de 2019 y RDP 013626 del 30 de abril de 2019, por medio de las cuales se
negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la demandante y se
confirmó tal decisión, respectivamente.
TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de «prescripción»
respecto de las mesadas causadas a favor de la demandante anteriores al 31 de
octubre de 2015 formuladas por la entidad accionada.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora María Imelda Polo Paredes, ello en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
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Radicado: 41001-23-33-000-2019-00438-01 (2219-2021)
pensional, comprendido entre el 22 de junio de 2010 y el 21 de junio de 2011, pero
con efectos fiscales a partir del 31 de octubre de 2015, por prescripción trienal de
mesadas.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
tal como se señaló en la parte motiva.
QUINTO ABSTENERSE de efectuar condenar en costas tanto en primera como en
segunda instancia según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
SEXTO: RECONOCER personería adjetiva a la persona jurídica Eunomia
Abogados S.A.S, identificada con número de identificación tributaria 901673602-1,
cuyo objeto social principal es la prestación de servicios jurídicos, para actuar en
calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del
poder conferido, visible en el índice 22 de SAMAI.
SÉPTIMO: RECONOCER personería al abogado John Jairo Bustos Espinosa,
portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior de la Judicatura,
quien además actúa como representante legal de la sociedad identificada en el
numeral anterior, para que actúe dentro del proceso de la referencia en calidad de
apoderado general de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura
pública visible en el índice 22 de la plataforma digital SAMAI.
OCTAVO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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