Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00284-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00284-01 (3890-2016)
Demandante: Arnul Salcedo Barandica
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial y nacional. Contratos de prestación
de servicio. Conversión solución educativa nacional a plaza
docente de tiempo completo. Aplicación de sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el dos (2) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Arnul Salcedo Barandica instauró demanda1 en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones 031012 del 10 de octubre de 2014 y
RDP 000694 del 8 de enero de 2015, por medio de las cuales la entidad negó la
pensión gracia y confirmó la negativa al resolver el recurso de apelación.
1 Folios 25 a 31.
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Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar la mencionada pensión a partir del 3 de junio de 2014, tomando como base
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, y que
sobre la mesada inicial se reconozca y pague los reajustes conforme la Ley 71 de
1988, así como la respectiva indexación.
Que sobre las sumas adeudadas se hagan los ajustes de valor conforme al IPC,
según lo establece el artículo 178 del CCA.
Que la UGPP dé cumplimiento al fallo dentro del término del artículo 176 del CCA y
que, en caso de no hacerlo, pague los intereses comerciales y moratorios.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que inició su carrera al servicio de la educación desde el 23 de septiembre de 1976,
nombrado para el efecto mediante Decreto 1223 de 1976 como docente
departamental en el municipio de Palmira, cargo que desempeñó hasta el 24 de
septiembre de 1979.
Que, de manera posterior por Decreto 2853 de 1993 fue vinculado como maestro
en Cali, posesionándose el 29 de diciembre de 1993 y que al menos hasta la fecha
de presentación de la demanda, continuaba prestando su servicio.
Que adquirió su estatus pensional el 2 de junio de 2002 y que el 3 de junio de 2014
solicitó ante la entidad el reconocimiento de su derecho, el cual fue negado a través
de las resoluciones demandadas.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredieron: los
artículos 2, 25, 58 y 84 de la Constitución Política; las Leyes 4 de 1966, 114 de
1913, 37 de 1933, 39 de 1903, 4 de 1976, 153 de 1887, 91 de 1989, los Decretos
1848 de 1969, 435 de 1971, 446 de 1973, 1221 de 1975, 1607 de 1977, 2277 de
1979, 0671 de 1984, el Código Civil en sus artículos 27, 30, 31 y el Código
Sustantivo del Trabajo en su artículo 21.
Que el actor laboró por más de 20 años al servicio de la educación y conforme a la
normatividad y a la jurisprudencia, tiene derecho a la pensión gracia, por lo tanto, la
UGPP le negó de manera injustificada su pretensión.
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 9 de abril de 20152 y notificada a la UGPP, quien
manifestó3 que existen inconsistencias en los certificados de tiempos de servicios
expedidos por el municipio de Cali, pues, el del 6 de noviembre de 2008 señala que
a partir del 29 de diciembre de 1993 la vinculación fue nacional, sin embargo, en
aquel emitido el 15 de octubre de 2013 se indica que el docente fue nacionalizado
desde el 23 de septiembre de 1976 hasta el 2014 (sic).
Que se encuentra una inconsistencia adicional, pues en los certificados se observan
unos tiempos desempeñados bajo la modalidad de prestación de servicios entre el
1.° de diciembre de 1989 y el 30 de junio de 1990, el 3 de septiembre de 1990 y el
2 de julio de 1991, el 17 de septiembre de 1991 y el 16 de julio de 1992.
Que en virtud de dichas discordancias, no se logran acreditar los 20 años de
servicios prestados a instituciones del orden territorial o nacionalizado.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo,
y (iii) prescripción.
En la audiencia inicial4 se indicó que no existían excepciones previas por resolver y
que las propuestas fueron de mérito. Se fijó el litigio, se señaló que no existía ánimo
conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas y de manera oficiosa se requirió a la
Secretaría de Educación de Santiago de Cali para certificar el tiempo de servicios y
la naturaleza de la vinculación.
En la audiencia de pruebas5 incorporó las allegadas al proceso por las partes y la
solicitada de oficio. Dio por agotada la etapa probatoria y corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión por escrito.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del dos (2) de
junio de dos mil dieciséis (2016), accedió a las pretensiones al señalar que el
docente se vinculó bajo una calidad departamental en varias oportunidades, esto
es, desde el 26 de agosto de 1976 hasta el 23 de septiembre de 1979, luego, por
prestación de servicios desde el 20 de noviembre de 1989 hasta el 16 de julio de
1992, de manera interrumpida, y que finalmente, desempeñó sus labores desde el
16 de diciembre de 1993 al 6 de abril de 2016.
2 Folio 34.
3 Folio 81 a 87.
4 Folios 96 a 99.
5 Folios 112 a 114.
6 Folios 124 a 134.
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Que si bien en certificado del 6 de noviembre de 2006 la Secretaría de Educación
de Cali señaló que la vinculación a partir de 1993 fue nacional, tal calidad se
desvirtúa con el acto administrativo de nombramiento en el que se evidencia que
fue suscrito por el gobernador del Valle del Cauca, por lo que, en términos del
artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, se trata de un docente nacionalizado.
Que el actor cumplió los 20 años de servicios el 8 de julio de 2009, pero que, al
tener en cuenta que presentó su reclamación el 3 de junio de 2014, se aplica la
prescripción trienal a las mesadas anteriores al 3 de junio de 2011.
Condenó en costas a la entidad demandada.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandada7 interpuso recurso de apelación argumentando que al actor no
puede reconocérsele la pensión gracia teniendo en cuenta las inconsistencias
presentadas con los certificados de tiempo de servicio respecto al tipo de
vinculación, y en ese sentido, no se demuestra el cumplimiento de los requisitos
legales para que le sea concedido el derecho, específicamente el relativo a los 20
años de servicio como docente territorial.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 7 de diciembre de 20168 se admitió el recurso y el 9 de marzo de 20179 se dio
traslado por el término de 10 días para la presentación de los alegatos de
conclusión, se corrió el mismo traslado para el Ministerio Público.
La demandada10 presentó alegaciones finales con las que ratificó los argumentos
de la contestación y el recurso de apelación. El demandante y el Ministerio Público
guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el actor cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.
7 Folios 140 a 142.
8 Folio 187.
9 Folio 194.
10 Folios 199 a 200.
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Marco normativo y jurisprudencial
Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en
cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que
el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna
indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes
postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para
que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
(Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
5. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su
artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla
la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el
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cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»22.
Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a
los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron
modificaciones o adiciones a los requisitos antes consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio
de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966,
en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia
se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año
de servicio».
Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión
de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
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reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»
(Negrilla fuera de texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201824
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
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por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,25 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
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Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Sin embargo, la Sala considera necesario abordar inicialmente el estudio del
segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio del reclamante
como docente territorial o nacionalizado, pues la determinación del incumplimiento
de este sería suficiente para poder tener por no cumplida dicha exigencia y por tanto
negar las pretensiones.
• Periodo I: del 23 de septiembre de 1976 al 24 de septiembre de 1979
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Conforme a la página 2 del Certificado de Tiempo de Servicios No. 24,662 del 6 de
noviembre de 200811, se observa que el demandante laboró desde el 23 de
septiembre de 1976 al 24 de septiembre de 1979, nombrado por el Decreto 1223 de
1973. Pese a que en el expediente se encuentra el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del 6 de abril de 201612 el cual también
hace alusión al ejercicio de la labor docente originada por el mismo acto de
nombramiento ya referido, esta certificación deja ver una fecha de terminación de
actividades posterior a la señalada anteriormente, a saber, indica que el
demandante finalizó su relación laboral el 17 de noviembre de 1979.
No obstante, es el accionante quien delimitó el tiempo trabajado hasta el 24 de
septiembre de 1979, por lo que no es factible tener en cuenta un lapso que supere
el límite establecido por él mismo, máxime cuando se advierte un certificado que lo
respalda.
Ahora, respecto a la naturaleza jurídica del vínculo del docente, se aportó el Decreto
1223 del 26 de agosto 197613 proferido por el gobernador del Valle del Cauca, en el
que no se observa que el cargo ejercido por el reclamante haya sido de aquellos
propios de la planta de personal de la Nación, o que hubiese sido vinculado por la
autoridad territorial como representante de aquella cartera en virtud de una
autorización legal, por lo que se descarta que la relación legal y reglamentaria haya
sido del orden nacional.
De igual manera, tampoco se señala en el acto en mención que esta plaza se
hubiese ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los
postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para
atender el proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos
Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer el Ministerio de Educación Nacional, intervención que tampoco se
encuentra en el decreto.
Contrario a lo expuesto, sí se concluye con claridad que el nombramiento del actor
en este caso tuvo lugar por decisión autónoma y directa de la autoridad nominadora,
lo que logra acreditar una calidad territorial de la actividad docente.
La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 en
el que se dispuso: «Personal territorial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
En consecuencia, el tiempo de labor oficial del demandante como educador
territorial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 24 de septiembre de 1979 (3
11 Ver índice 51 de SAMAI, página 104.
12 Folio 110 a 111.
13 Folios 19.
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años y 2 días), puede considerarse para cumplir la exigencia de 20 años de servicio
necesarios para acceder a la prestación solicitada.
• Periodo II: (i) del 1.° de diciembre de 1989 al 30 de junio de 1990, (ii) del 3
de septiembre de 1990 al 2 de julio de 1991, y (iii) del 17 de septiembre de
1991 al 16 de julio de 1992 - órdenes de prestación de servicios
En atención a lo señalado por la Secretaría de Educación de Cali en el Certificado
de Tiempo de Servicios No. 24,662 - página 2, se observa que el actor laboró bajo
la modalidad de orden de prestación de servicios en los siguientes lapsos: (i) del 1.°
de diciembre de 1989 al 30 de junio de 1990, (ii) del 3 de septiembre de 1990 al 2
de julio de 1991, y (iii) del 17 de septiembre de 1991 al 16 de julio de 1992.
Ahora bien, sobre la plaza ocupada, aunque no se aportaran las referidas órdenes
en las que se identifiquen las partes contratantes, sí se pueden analizar en conjunto
todos los documentos aportados a la actuación, pues a la luz de las disposiciones
que gobiernan la pensión gracia, la naturaleza de la calidad docente es posible
extraerla a partir de otros medios probatorios como certificaciones, actas y demás
actos administrativos, acompañados de una valoración bajo elementos propios de
la sana crítica, pues tal posibilidad incluso fue contemplada por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, en la cual se aclara
que es aplicable a los diferentes tipos de vinculación que puede ostentar el personal
docente:
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial. […]»
En ese orden de ideas, del mencionado certificado de tiempos de servicio aportado,
claramente puede extraerse la naturaleza de la vinculación, toda vez que
expresamente dispone que el docente: «prestó sus servicios en el nivel básica
primaria, vinculación: orden de prestación de servicios, como departamental en
forma continua.». Por lo tanto, a partir del mismo puede concluirse que la calidad
ocupada fue territorial.
Si bien se advierte que la forma en la que el reclamante se desempeñó como
educador estatal fue en virtud de la modalidad de prestación de servicios, y no de
una relación legal y reglamentaria, lo cierto es que, no se puede desconocer la
naturaleza propia de la labor educativa, la cual comporta en esencia una actividad
reglada y sometida a directrices de política pública que conlleva asumir que, en
realidad, tales relaciones contractuales eran verdaderamente vínculos laborales
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encubiertos que tienen plenos efectos en materia del reconocimiento de derechos
como la pensión gracia.
Respecto a esta afirmación, basta con resaltar, como lo hizo esta corporación en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 que, en el caso de los maestros
del Estado, no existe duda sobre la prestación personal del servicio, así como la
remuneración que estos perciben por esa labor debido a la esencia del contrato
celebrado, al igual que la subordinación y dependencia a la que están sometidos
debido a la falta de autonomía y discrecionalidad que se predica del desarrollo de
las funciones educativas, pues este servicio está regulado por los lineamientos
revisados, controlados y materializados en órdenes de un superior.
Al respecto se recuerda que el Consejo de Estado14 ha manifestado lo siguiente
sobre las vinculaciones mediante la aludida modalidad contractual:
«[…] Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se
incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad,
habida cuenta que las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares
en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante contrato de
prestación de servicios también] está obligado a acreditar iguales condiciones
de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias
instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el
derecho de los docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o
privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado».
[…] En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto
que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya
querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad
de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que
están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado
por el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios,
para que sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le
permite, previo estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la
pensión gracia. […]»
Esta postura jurisprudencial obedece al hecho de que debe garantizarse el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades en materia
laboral, básicamente en la medida en que debido a que el desarrollo de la función
docente implica necesariamente un elemento de subordinación intrínseco derivado
de la regulación y control de las actividades educativas por parte de las autoridades,
así como la prestación personal del servicio y el cumplimiento de condiciones de
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de enero de 2017. Exp. 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015). CP: Carmelo Perdomo Cuéter.
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formación y experiencia, lo que realmente se genera es un vínculo laboral entre la
administración y los educadores contratados, el cual puede deducirse en casos
particulares como el que es objeto de discusión, sin que deba exigirse el
pronunciamiento judicial previo que así lo declare.
Además, resulta adecuado acudir a la tesis que esta corporación ha sostenido en
casos similares al presente, cuando se ha precisado que la normativa especial de
la pensión gracia no excluyó tal forma de labor oficial contractual para consolidar
aquel derecho, toda vez que lo esencial para adquirirlo es que el reclamante
compruebe que ejerció funciones como educador oficial en plazas del orden
territorial o nacionalizado, lo cual ocurre en el asunto bajo examen si se tiene en
cuenta la calidad departamental adjudicada en el certificado.
Por consiguiente, al considerar que no existe prueba de que los contratos fueron
expedidos conforme al proceso de nacionalización de la Ley 43 de 1975 ni se
registra información de intervención directa por parte del Ministerio de Educación
Nacional, dicho tiempo se tendrá del orden territorial.
Por consiguiente, deberán computarse para efectos de consolidar el derecho a la
pensión gracia, los siguientes interregnos: (i) del 1.° de diciembre de 1989 al 30
de junio de 1990, (ii) del 3 de septiembre de 1990 al 2 de julio de 1991, y (iii) del
17 de septiembre de 1991 al 16 de julio de 1992, equivalentes a un total de 2
años y 3 meses.
• Periodo III: del 29 de diciembre de 1993 al 6 de abril de 2016
Sobre el periodo referido, se advierte que obra en el plenario el Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral No. 7915 expedido por la Secretaría
de Educación de Cali en el que se observa que el docente laboró de manera
ininterrumpida desde el 29 de diciembre de 1993 al menos hasta la fecha de
expedición del documento (6 de abril de 2016), sin determinar la calidad docente,
pues en ningún aparte hace referencia a algún tipo de vinculación sino al régimen
de pensiones del docente, el cual para efectos del estudio de la causa que nos
convoca, no determina la naturaleza de la vinculación de un maestro.
Respecto al tipo de plaza ocupada, se encuentra el Decreto 2853 del 16 diciembre
de 199316, el cual fue allegado por la entidad demandada y por la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali en virtud de la prueba de oficio decretada por la Sala,
y se observa en el mismo que el demandante fue nombrado por el gobernador del
Valle del Cauca como educador de tiempo completo en virtud de la conversión de
las soluciones educativas nacionales a plazas docentes de tiempo completo.
15 Folio 108.
16 Ver índice 60 y 64 de SAMAI.
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A partir del acto administrativo analizado, se concluye que el periodo alegado no
puede ser tenido en cuenta para los efectos perseguidos por el accionante por
pertenecer a una categoría nacional, como ya lo ha manifestado esta corporación
cuando se ha presentado la referida conversión17.
Al respecto, esta subsección en sentencia del 5 de junio de 202418 determinó en
cuanto a las soluciones educativas nacionales que:
«Ahora bien, se advierte que esta corporación en casos similares ha precisado
que las soluciones educativas pueden asimilarse a un contrato de prestación de
servicios que puede ser nacional, departamental o municipal19, y que para las
soluciones educativas nacionales se puede concluir que las conversiones a
plazas docentes de tiempo completo sostenían la calidad inicial que originó la
relación laboral del docente, es decir, la nacional, como es la del caso estudiado
en esta oportunidad. (líneas intencionales)
Puntualmente, la sentencia del 20 de octubre de 202220, expresamente indicó
que:
«Sobre el particular, se advierte que el programa de «soluciones educativas»
se asimiló a una vinculación contractual por prestación de servicios que podía
ser del nivel nacional, departamental o municipal, de modo que, al indicar la
orden de autorización laboral del 24 de febrero de 1993 que la vinculación de
un docente era para el programa «SOLUCIONES EDUCATIVAS P.N.R» y el
Decreto 076 de 1994 que las plazas objeto de conversión eran «soluciones
educativas nacionales», se puede inferir que estas nacieron bajo esa misma
categoría (nacional), y al pasar a ser plazas docentes de tiempo completo,
continuaron con esta.»
A partir de las consideraciones del decreto, en las que el gobernador del
departamento del Valle del Cauca indicó: «Que por Resolución No. 03695 de Julio
28 de 1993 y 04271 de agosto 30 de 1993 emanada del Ministerio de Educación
Nacional, se autorizó y fijaron las condiciones para la conversión de las soluciones
educativas nacionales a plazas docentes de tiempo completo », sin lugar a dudas
se entiende que el servicio que se venía ejecutando bajo una figura (solución
educativa) ahora se prestaría en otra diferente (tiempo completo), sin modificarse
las características propias de la vinculación.
En consonancia con la jurisprudencia citada y el análisis del acto, el nombramiento
del maestro no implicó una modificación de la vinculación nacional primigenia, de la
cual incluso se derivó la conversión de la solución educativa, permaneciendo
invariable la calidad inicial aun después de la nominación realizada por el Decreto
17 Procesos con radicado: 70001-23-33-000-2014-00301-01(0382-16), 19001-33-31-000-2016-00363-01 (2870-
2020), 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016).
18 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 5 de junio de 2024. Exp. 19001-33-31-
000-2016-00363-01 (2870-2020). CP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
19 Procesos con radicado: 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016) del 20 de octubre de 2022; 81001-23-
33-000-2013-00108-01 (4784-2014) del 3 de marzo de 2022; 81001-23-33-000-2014-00050-01 (2631-2015) del
24 de febrero de 2022; 68001-23-33-000-2013-00333-01 (1098-2014) del 17 de febrero de 2022.
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de octubre de 2022. Exp. 70001-23-
33-000-2015-00236-01 (2709-2016). CP. William Hernández Gómez.
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2853 de 1993, por tanto, se demuestra que el actor detentó una vinculación como
docente nacional del 29 de diciembre de 1993 al 6 de abril de 2016, tiempo que no
podrá ser tenido en cuenta para colmar la exigencia bajo estudio necesaria a fin de
acceder al derecho en litigio, pues dicha relación legal y reglamentaria es
incompatible con la finalidad de la pensión pretendida conforme a los presupuestos
de la Ley 114 de 1913.
Incluso, se advierte que con el Certificado de Tiempo de Servicios No. 24,662 -
página 121 expedido el 6 de noviembre de 2008, se corrobora la naturaleza docente
colegida, pues en este se afirma que, para el nombramiento bajo análisis, el tipo de
vinculación del educador fue de calidad nacional.
Ahora, aunque en el proceso se acreditaron otros lapsos susceptibles para el
cómputo de la prestación: del 23 de septiembre de 1976 al 24 de septiembre de
1979 (3 años y 2 días), del 1.° de diciembre de 1989 al 30 de junio de 1990 (7
meses), del 3 de septiembre de 1990 al 2 de julio de 1991 (10 meses), y del 17 de
septiembre de 1991 al 16 de julio de 1992 (10 meses), estos solo equivalen en
tiempo a 5 años, 3 meses y 2 días, los cuales resultan insuficientes para efectos
del reconocimiento del derecho bajo estudio, pues no alcanzan a sumar 20 años de
servicio.
Bajo tal contexto, en el entendido de que el demandante no cumplió con el tiempo
de servicio necesario para adquirir el beneficio pretendido, resulta inane verificar los
demás preceptos señalados previamente, pues ante este primer análisis se
corrobora la necesidad de negar el reconocimiento de la pensión reclamada, de
manera que habrá de revocarse el fallo apelado que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y en su lugar, negar las mismas.
De la condena en costas en ambas instancias
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202122 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP 23, y observando
los argumentos esbozados por la parte demandante en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.
21 Ver índice 51 de SAMAI, página 103.
22 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.»
23 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00284-01 (3890-2016)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dos (2) de junio de dos mil dieciséis
(2016) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual
accedió a las pretensiones. En su lugar,
Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda.
Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto. Reconocer personería al abogado Richard Giovanny Suárez Torres,
portador de la tarjeta profesional 103.505, quien a su vez es el representante legal
de RST Asociados Projects S.A.S., identificada con NIT 900.264.538-8, quien es la
apoderada general de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura
pública visible en el índice 61 de la plataforma SAMAI.
Quinto. Reconocer personería al abogado Luisa Fernanda Lasso Ospina, portadora
de la tarjeta profesional 234.063, en calidad de apoderada sustituta de la UGPP
conforme al memorial en el índice 61 de la plataforma SAMAI.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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