Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2015-00010-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2015-00010-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2015-00010-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. , cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 18001 23 33 000 2015 00010 01 (3343–2017)
Demandante: Luz Marina Morales.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social .
Temas: Pensión gracia . Tiempo de servicio docente de carácter
nacionalizado. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 9 de junio de 2017 , proferida por
el Tribunal Administrativo de l Caquetá, que negó las súplicas de la
demanda de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda . 1
Luz Marina Morale s , por intermedio de apoderad o judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluci ones RDP 018 477 de 12 de
junio, RDP 021546 de 11 de julio y RDP 026730 de 1.º de
septiembre , todas ellas de 201 4, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió de manera
negativa los recursos de reposición y apelación, respectivamente.
1 Folios 24 a 33 del expediente.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001 23 33 000 2015 00010 01
Demandante: Luz Marina Morales
Como restablecimiento del derecho , deprecó que se ordene a la
UGPP conceder le la pensión gracia , a partir de la fecha en que
adquirió el estatus por cumplimiento de los requisitos, en cuantía
del 75% de lo devengado en el año anterior a obtener el derecho
con la inclusión de todos los factores salariales ; así mismo, que las
sumas resultantes sean ajustadas conforme al IPC, y que sean
reconocidos los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993 y los establecidos en el artículo 192 del CPACA.
1.2. Hechos que funda mentan la demanda .
La señora Luz Marina Morales relató que nació el 5 de agosto de
1959, por lo que cumplió 50 años de edad el 5 de agosto de 2009.
De igual forma, indicó que prestó servicios como docente oficial por
9.711 días al servicio del departamento del Caquetá, primero por
nombramiento a través del Decreto 203 del 2 de mayo de 1980 y,
posteriormente, con la vinculación por disposición del Decreto 65
del 14 de enero de 1998.
Expuso que cumplió con los requisito s exigidos para acceder a la
prestación reclamada , pues cumplió el tiempo requerido como
docente nacionalizada, tiene más de la edad exigida y prestó
servicio de manera honrada y con buena conducta; razón por la
cual, el 28 de abril de 2014 presentó solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión gracia ante la UGPP.
La mencionada petición fue resuelta de manera negativa por la
entidad a través de la Resolución RDP 018477 del 12 de junio de
2014 y confirmada con las Resoluciones RDP 021546 de 11 de julio
y RDP 026730 de 1.º de septiembre, ambas de 2014, mediante las
cuales se resolvieron los recu rsos de reposición y apelación,
respectivamente.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración .
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Demandante: Luz Marina Morales
La demandante a rgumentó que la UGPP erró al manif estar que no
le asiste el derech o a ser beneficiaria de una pensión gracia por
considerar que se trató de una docente del orden nacional ; no
obstante, la administración no analizó las actas de nombramiento y
decretos que dan cuenta de que la vinculación es de carácter
nacionalizado, circunstancia que se adecúa a lo preceptuado en el
artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 .
1.4. Contestación de la demanda .
La Unidad Admi nistrativa Especial de Gestión P ensional y
Contri buciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 2,
por intermedio de apoderad o, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda , al señalar que si bien es claro que la
docente tiene una vinculación del orden nacionalizado con
nombram iento en 1981, no se especificó lo mismo sobre el
nombramiento ocurrido en 1979 y 1980, las cuales corresponden al
orden nacional ; por ello, al no d emostrar que existiera una
prestación de servicio del orden territo rial o nacionalizado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 no es dable acceder a la
prestación reclamada .
1.5. Trámite en primera instancia.
En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal
Administrativo de l Caquetá realizó el 22 de agosto de 2016 3 la
audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:
«[ …] se cont r ae en est ablecer si a la señor a LUZ M ARI NA
M O RALES DE M ANJA RR EZ le asist e der echo al
r econocim ient o y pago de la pensión gr acia, de conf or m idad
con la Ley 114 de 191 3, Ley 116 de 1928 y Ley 1933. »
2 Folios 52 a 58 del expediente.
3 Folios 108 a 112 y en CD anexado a folio 120 del expediente.
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Demandante: Luz Marina Morales
1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación . 4
El Tribunal Administrativo de l Caquetá, mediante sentencia de l 9 de
junio de 2017, negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte demandante .
Para el efecto, c onsideró que si bien la señora Luz Marina Morales
prestó servicio co mo docente oficial por más de 20 años, lo cierto
es que 15 de esos años fueron como docente del orden nacional,
pues así fue certificado, circunstancia que le impide acceder a la
pensión gracia de acuerdo con las normas aplicables a dicha
prestación .
1.7. Recurso de apelación . 5
El apoderad o de Luz Marina Morale s presentó escrito en el que
señaló que el tribunal no analizó las vinculaciones como establece
la jurisp rudencia del Consejo de Estado, sino que simplemente
profirió la decisió n con base en los certificados e xp edidos, los
cuales no son acordes a los precept os legale s que para el caso
concreto resultan aplicables. En línea de lo anterior, sostuvo que
los nombramientos son del orden nacionalizado y con ello le asiste
el derecho a ser beneficiaria de una pensión gracia.
1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia .
La Unidad Admi nistrativa Especial de Gestión P ensional y
Contri buciones P arafiscales de la Protección Social – UGPP 6
allegó escrito en el que solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia . Argumentó que el decreto por medio del cual fue
nombrada la actora a partir del 22 de enero de 1998 da cuenta de
una vinculación nacional, lo que impide acceder a la pensión gracia
pretendida.
4 Folios 128 a 134 del expediente.
5 Folios 190 a 193 del expediente.
6 Folio 168 del expediente.
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Demandante: Luz Marina Morales
Luz Mari na Moral es de Manjarrez 7, actuando por intermedio de
apoderado, aportó escrito en el que reiteró los argumentos
expresados en el recurso de apelación.
La Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto 8. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso 9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente
la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitad o a los argumentos del mencionado recurso.
2.2. Del problema jurí dico .
Esta Sala de Subsección considera que el estudio y posterior
decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:
¿Luz Marina Mora les , en su calidad de docente oficial ,
tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión
gracia?
7 Folios 160 a 172 del expediente.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argum entos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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Demandante: Luz Marina Morales
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.3.1. La pensión gracia .
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1
de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1º, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
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Demandante: Luz Marina Morales
«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a cont inuaci ón de ca da
uno de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docen t es vinculados p or
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados p or
nombrami en t o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o de
1976 y los vinculad os a par t ir de est a f echa, de conf or m idad
con lo dispuest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los docent es vinculados po r
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al , a par t ir del 1 de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«A rt í cul o 15. A par t ir de la vigencia de la pr esent e Ley el
per sonal docent e na ciona l y nacional iza do y el que se vincule
con post er ior id ad a l 1. de ener o de 1990 ser á r egido por la s
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 11 4 de 1 913, 116 de 1928, 3 7
de 1933 y dem ás nor m as que las hu bier an desar r ol lado o
m odif icado, t uviese n o llegar en a t ener der echo a la pensi ón
de gr acia, se les r econocer á siem pr e y cuando cum plan con l a
t ot alidad de los r equisit os . Est a pensión segu i r á
r econociéndos e por la Caj a Naci onal de pr evisión S oci a l
conf or m e al Decr et o 081 de 1 976 y s er á com pat ible co n la
pensión or d inar ia d e j ubilaci ón, aún en e l event o de est ar ést a
a car go t ot al o par cial de la naci ón. [ …]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
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Demandante: Luz Marina Morales
«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a
no quedan i ncl ui dos l os docent es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que , com o dice la Ley 91
de 1989, adem ás d e haber est ado vinc ulados hast a e l 31 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o lle gar en a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la
t ot alidad de r equis it os” . [ …] . » 10
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 11 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a t r ansf er í a o
cedí a la Nac ión a la s ent idades t er r it or i ales, en vi genci a de la
Car t a de 1886 y hast a cuando per m anecier on en vigor en la
Const it ución de 199 1, no obst ant e su or igen o f uent e nacion al,
una vez se incor poraban a los pr esupuest os locales pasaba n a
ser de pr opiedad ex clusiva d e los r ef er id os ent es en calid ad de
r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular es dir ect os o
pr opiet ar ios de lo s r ecur sos que les gir a la Nació n,
pr ovenient es del si st ema general de part i ci paci ones , por
asignac ión dir ect a del ar t í culo 356 de la Car t a Polí t ica de
1991.
ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los f ond os
educat i vos regi ona l es no solo dependí a de los r ecur sos q ue
gir aba la Nación a las ent idades t er r it or iales por concept o
del si t uado f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los entes
local es dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í cul os 29
del Decr et o 31 57 d e 1968; y 60, inc is o 2. º , de la Ley 24 de
1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es
naciona les y nac io naliz ados 1 2 , r esult a f act ible cole gir d e
m aner a r azonada que lo pr opi o acont e cí a con algunas de las
er ogaciones sa lar ia l es or iginad as por el ser vicio que pr est ab an
los educador es t er r it or iales, ya que lo s r ecur sos dest inados
par a t al f in pr ovení an t ant o de la Nación —si t uado f i scal—
10 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
11Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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com o de las ent ida des t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o
caso, el univer so d e esos r ecur sos le per t enecí a de f orm a
exclusiv a a los ent es loca les dado q ue ingr esaba n a s us
pr esupuest os en cal idad de r ent as exógenas y endógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t er r it or ial es
y/ o nacional izados s e convier t en en educador es naciona les ( i)
cuando en el act o de su vinculac ión i nt er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent idad t er r it or ial, el delega do
per m anent e del M inist er io de E duca ción Nac iona l com o
m iem br o de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ond o
educat i vo regi onal , así , est e últ im o, cert if ique la vacanc ia d el
car go j unt o con la dispon ibi li dad pr esu puest al 1 3 ; y ( ii) por el
ar gum ent o de que los r ecur sos dest inados par a su
sost enim ient o t iene n su or igen o f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i dad de docent e t e rri t ori al . Se r equier e
copia de los act os a dm inist r at ivos dond e const e el ví ncul o, en
los que adem ás se pueda est ablec er con suf icient e c lar id ad
que la plaza a ocupar sea de aquella s que el legisl ador ha
pr evist o com o t err it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede
acr edit ar con la r espect iva cer t if icac ión de l a aut or ida d
nom inador a que dé cuent a de m aner a inequí voca que el t i po
de vincul ación a l cu al se encuent r a som et ido el docent e of ic ial
es de car áct er t er r itor ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a enti dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, f r ent e al reconocim ie nt o de la
pensión gr acia, es la acr edit ación de la plaza a ocupar , esto
es, que sea de car áct er t er r it or ial o nacional izada, pues
conf or m e a los lin eam ient os f ij ados por la Sala en est a
pr ovidenc ia, en lo que r espect a a los educador es t er r it or iales,
el pago de sus acr eencias pr ovení a dir e ct am ent e de las r entas
endógenas de la r espect iva local idad, o de las exóge nas —
si t uado f i scal — cuando se suf r agaban los gast os a tr avés de
los f ondos educat i vos regi onal es ; y en lo que t iene que v er
con los educador es naciona liz ados, las er ogaciones que est os
gener aban se enm ar can en los r ecur sos del si t uado f i scal , hoy
si st ema general de part i ci paci ones . »
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docent es pue den acceder a la p ensión gr ac ia ant es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando
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acr edit en una vinc ulaci ón t er r it or ial o naciona liza d a con
ant elació n al 31 de d iciem br e de 1980 y c um plan con los dem ás
r equisit os le galm ent e est ablecidos par a su r econocim ient o». 12
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4. Análisis probatori o.
Revisado el exped iente, y con el objeto de resolver e l problema
jurídico planteado, la Sala encuentra probado que Luz Marina
Morales nació el 5 de agosto de 1959 13, razón por la cual, el 5 de
agosto de 2009 cumplió 50 años de edad.
De igual manera, no se observan reproches sobre la buena
conducta en el desempeño docente, razón por la cual se entiende
cumplido dicho requisito.
2.4.1. Del tiempo de servicio.
12Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
13 C o p i a de la cédula de ciudadanía visible en el folio 3 del expediente.
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Demandante: Luz Marina Morales
• Del 2 de mayo de 1980 al 1.° de octubre de 199 5.
En primer lugar, con el Decreto 203 del 2 de mayo de 1980 14, el
gobernador del Caquetá nombró a la señora Morales como docente.
Al respecto, el mencionado acto señaló:
« DECR ET O NUM ERO 00203 DE 1980
( M ayo 2)
M ediant e el cual se r ealizan unos nom br am ient os del
per sonal de Enseñ a nza Pr im ar ia
EL I NTEND ENT E NA CI O NAL DEL CAQ U ETA
en uso de sus f acult ades lega les, y
CO NSI DER ANDO :
Q ue por aut or ización del M inist er io de E ducación y par a cub r ir
las vacant es pr esen t adas por r enuncias o insubsist enc ias, se
hace necesar i o nom br ar el per sona l par a desem peñar dich o s
car gos.
DECR ETA:
ARTI CULO P RI M ER O : Nom br ase el sig uient e per sona l par a
desem peñar el car go de m aest r os de enseñanza pr im ar ia,
dependi ent es de la Secr et ar í a de Educación:
[ …]
20. LUZ M ARI NA M O RALES, par a la escuela El Car m e n,
dist r it o de Solano.
[ …]
ARTI CULO SEG UN DO : El pr esent e Decr et o sur t e ef ect os
f iscales, a par t ir de la f echa de su posesión.
CO M UNI Q UESE Y C UM PLASE»
El anterior nombramiento fue certificado el 18 de agosto de 2009 15
por la Gobernación del Caquetá – Secretaría de Educación , en
donde, además, indicó que se prestaron los servicios en el nivel
básica primaria co n vinculación en propiedad como nacionalizada
en forma continua, y señaló las siguientes novedades:
14 C o p i a
disponible en los antecedentes administrativos visible en Cd anexado
a folio 82 del expediente.
15 F o l i o 5 del expediente.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001 23 33 000 2015 00010 01
Demandante: Luz Marina Morales
Historia laboral:
Novedad Acto Numero Fecha Fec.Fiscal Fec. Pos. Fec. Hasta Años Meses Días
EL CARMEN - SOLANO
DEC 203 2-may-80 2-may-80 2-may-80 27-ago-80 0 3 26
POSESION POR NOMBRAMIENTO
CAMPO ELIAS MARULANDA - SOLANO
DEC 406 21-ago-80 28-ago-80 28-ago-80 9-jul-81 0 10 10
TRASLADO
F.A.C. - SOLANO
RES 371 10-jul-81 10-jul-81 10-jul-81 9-feb-93 1 7 0
TRASLADO
SERGIO MOSSORI - MILAN
RES 33 10-feb-83 10-feb-83 10-feb-83 9-jul-91 8 5 4
TRASLADO
GABRIEL GARCIA MARQUEZ - PUERTO RICO
DEC 25 10-jul-91 10-jul-91 10-jul-91 30-sept-95 4 2 21
TRASLADO
RETIROS DEC 364 17-oct-95 1-oct-95 21-ene-98 0 0 0
Ausencias Laborales:
LICENCIA ORDINARIA DEC 10 13-feb-95 15-feb-95 16-mar-95 0 1 2
LICENCIA ORDINARIA DEC 260 24-jul-95 1-ago-95 29-sept-95 0 2 0
Tiempo Servido 15 1 0
De lo anterio r, se observa que la vin culación ocurrida e l 2 de mayo
de 1980 permaneció vigente hasta el 1.º de octubre de 1995, fecha
de efectos fiscales del retiro del servicio de acuerdo con lo
certificado por la Secretaría de Educación del Caquetá , es decir,
por 15 años, 1 mes y 27 días, tiempo definitivo luego de descontar
los tres meses y dos días en que se presentó licencia ordinaria .
Ahora bien, respecto al carácter de la vinculación, del Decreto 203
de 1980 se desprende que el Intendente Nacional del Caquetá es
quien funge como nominador de los docentes allí nombrados y en
lo que respecta a la naturaleza jurídica de las Intendencias , la
Sección Segunda de esta Corporación ya se ha pronunciado de la
siguiente manera: 16
«[ …] encuent r a la Sala que el t iem po de ser vicios labor ado por
el act or , cor r espondient e al per iodo co m pr endido ent r e el 21
de m ayo de 1979 al 30 de noviem br e de 1983, ha de ser t eni do
en cuent a en cal ida d de docent e del or den t er r it or ial, pues t o
que según se e nc uent r a acr edit ado en el p lenar io d ic ha
vincul ación se pr od uj o debido a nom br am ient o ef ect uado por
el I nt endent e Nacion al de Ar auca en el cual se nom br a al señor
JESÚS O RLA NDO CETR E I BÁRG UEN com o pr of esor de la
Escuela R ur al Ca la f it as del M unicip io de Sar avena, qui en
post er ior m ent e ef ect úa su t r aslado a ot r a I nst it ución y
f inalm ent e a t r avés del D ecr et o No. 1 197 de 198 3 el m is m o
f uncionar io acept a l a r enuncia pr ese nt ada por el act or a par t ir
16Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000- 2014-
00638-01 (2753-2016). Sentencia de 17 de octubre de 2017.
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del 30 de noviem br e del m ism o año.
[ …] , a tr avés de la Ley 22 de l 18 d e ener o de 1985 17 s e
est ablece qu e la ad m inist r ación d e esa s int endenc ias en c ada
ent idad t er r it or ial cor r esponder í a a los Co ns ej os
I nt endencial es y Com isar ia les y a los I nt endent es y
Com isar ios 18, conf ir mando de est a m aner a lo disp uest o en l a
Const it ución y el ar t . 1º de la Ley 2ª de 1943, según los cua l es
si bien la adm inist r ación de las int endencias y com isar ias
cor r espondí a al G obier no Nacion al ell a s se asim ilaban a los
depar t am ent os, pudiendo est ablec er lo s m ism os im puest os y
cont r ibuciones y t en dr í an las m ism as r ent as que aquell os.
Fina lm ent e con la Const it ución de 1991 dichas int ende ncias y
com isar í as f uer on er igidas com o Depar t am ent os, t al com o lo
or denó el ar t . 309 de la C. P 19.
Par a la par t e dem andada el t iem po de ser vicios com o docen t e
pr est ado por el actor con ant er ior idad al 31 de diciem br e de
1980 es del or den naciona l, t al com o se advir t ió lí neas at r ás,
no obst ant e, par a la Sala e l m ism o devi e ne del or den t er r it or i al,
puest o que f ue ef ectuado por ent idad t er r it or ial, la cual si b ie n
er a adm inist r ada por el G obier no Nac iona l, t ení a la m ism a
calid ad de ent idad t er r it or ial, est o es gozaba de aut onom í a e
indepen denci a com o de el los se pr ed ica, t al com o se pr evé e n
la Ley 2ª de 1943 y 22 de 1985, com o se dej ó adver t ido.
Lo ant er ior sum ado a lo dispuest o en la Ley 43 de 1975 ar t. 1º
en el cual se nac io naliz ó la educac ión que vení an pr est ando
los Depar t am ent os, Dist r it o Especia l de Bogot á, los m unicipi os,
int endenc ias y com isar í as, por lo que con f undam ent o en l a
ant er ior nor m a quedar on naci ona liz ada el ser vicio de
educación que vení a pr est ando las int endencias, par a el caso
concr et o la de I nt endencia N acion al de Ar auca, por lo t ant o los
nom br am ient os ef ectuados por est e se ent ienden de nat ur aleza
naciona liz ada, t al com o lo or denó la nor m a.
Ar gum ent o que a su vez se conf ir m a con lo dispuest o en el ar t .
17 «“por la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las
Intendencias y Comisarías, se faculta al Presidente de l a República para
reorganizar el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías,
modificar el Régimen Administrativo, Contractual y Fiscal en estas entidades
territoriales y se dictan otras disposiciones”. »
18 «“Artículo 1°. La Administración de las Intendencias y Comisarías
corresponde al Gobierno Nacional, al Departamento Administrativo de
Intendencias y Comisarías y en cada entidad territorial a los Consejos
Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios, conforme a
las disposiciones de la presente ley. »
19 «“ARTICULO 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca,
Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y
Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las
intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los respectivos
departamentos.”»
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1º de la Ley 91 de 1989 que consider a com o docent e t er r it orial
el nom br ado por ent idad t er r it or ial, en est e caso, la I nt endenci a
Nacion al de Ar auca, con post er ior idad al 1º de ener o de 1976.
En est e or den de ideas, se obser va que la pr est ación de
ser vicios docent es d ur ant e el per iodo co m pr endido ent r e el 21
de m ayo de 1979 al 30 de noviem br e de 1983, t ienen nat ur aleza
t er r it or ial, pues si bien f uer on pr est ados a una int endencia
naciona l cuya a d m inist r ación cor r espondí a al G obier no
Nacion al, la m ism a t ení a cat egor í a de ent idad t er r it or ia l,
asim ila bles a Dep ar t am ent os t al com o expr esam ent e lo
est ablece la nor m at ivida d anal izada, lo s cuales por dem ás,
expr esam ent e f uer on er igidas com o t al por la C onst it ución
Polí t ica de 1991; no siendo de est a m aner a de r ecibo el
ar gum ent o esgr im id o por la ent i dad de m andada al co nside r ar
que el act or t iene nom br am ient o nacional pues t al com o se dejó
anal izado e l m ism o es del or den t er r it or ial, em anado p or
ent idad t er r it or ial . » 20
En línea de la citada jurisprudencia, se debe entender que las
Intendencias Nacionales eran entidades territoriales, que con la
entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 pasaron a
ser departamentos, por lo que los docentes vinculados tenían la
condición de territoriales o nacionalizados, según cada caso
particular, pues la s intendencia s también fueron sometida s al
proceso de nacionalización de la educación desarrollado en la Ley
43 de 1975.
Ahora, en el caso en concreto de la señora Luz Marina Moreno , se
constata que fue nombrada docente en enseñanza primaria a través
del Decreto 203 de 1980, cuyo nominador fue el intendente Nacional
del Caquetá , quien solicitó autorización al Ministerio de Educación
Nacional para realizar el nombramiento . Sobre el particular, es
relevante resaltar que desde la expedición de la Ley 39 de 1903 las
entidades territoria les, por regla general, estuvieron únicamente a
cargo y bajo la dirección de la educación primaria (a rtículo 3), sin
embargo, por disposición expresa conforme al artí culo 4 ibidem
20Al respecto, véanse también : Consejo de Estado. Sección Segunda.
Radicado: 81001-23-33-000- 2013-00119-01(1466-2015). Sentencia de 17 de
mayo de 2018; Radicado: 81001-23-33-000-2013-00025-01 (4571-2014)
Sentencia de 15 de 2017; Radicado: 81001-23-33-000-2013-00128-01 (1518-
2015) Sentencia de 16 de febrero de 2023.
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también quedaron habilitadas para administrar establecimientos de
enseñanza secundaria, por lo que el nombramiento que aquí se
analiza, sería consecuente con la atribución que con antelación
había otorgado el legislador, máxime cuando en el a cto no se
especifica que la plaza sea nacional y este tampoco proviene
directamente del Ministerio de Educación Nacional. Además, por
disposición de la Ley 114 de 1913 se consagró por primera vez la
pensión gracia para docentes de escuelas de primaria ofic iales
(artículo 1).
Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que la designación de
la actora se produjo con posteriorida d a la nacionalización de la
educación, de acuerdo con la Ley 45 de 1973 y el artícu lo 1 .° de la
Ley 91 de 1989, se entiende que el vínculo producid o el 2 de mayo
de 1980 es de carácter nacionalizad o, pues no se evidencia que el
nombramiento se hubiese efectuado en una plaza exclusiva del ente
local y, contrario a ello, se certificó que la misma correspondió a
una naturaleza jurídica nacionalizada .
Por su parte, esta Sala ha precisado que « El car áct er naciona lizad o
de la desi gnaci ón [ …] encuent r a r espaldo en el ar t í culo 1 de la Ley 91
de 1989, en t ant o d ispone q ue son na c iona lizad os aque llos “ docent es
vincul ados por nom b r am ient o de ent idad t er r it or ial ant es de l 1 de ener o
de 1976 y los vincul ados a par t ir de esta f echa, de conf ormi dad con l o
di spuest o por l a Ley 43 de 1975 ”». En similar sentido, la Corte
Constitucional, mediante sentencia C -085 de 2002, indicó que los
« docen t es nacion al izados » son « los vincul ados ant es del 31 de
diciem br e de 1980, por las ent idades t er r it or iales ».
En cuanto a dicha diferencia esta Corporación en la citada
sentencia de uni ficación CE -SUJ2 -011-18 del 21 de junio de
2018, concluyó :
«Por su par t e, se ent iende por perso nal naci onal i zado ( i)
aquel qu e siend o t er r it or ial ant es del 1. de ener o de 1976 f ue
obj et o del pr oces o de nacio nal izac ión i nic iado con la
expedic ión de la Ley 43 de 1975; y ( ii) los que a par t ir de esa
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f echa se hayan vi nculado a una plaz a de aquell as que f uer on
naciona liz adas en vir t ud, t am bién, del alud ido pr o ceso
adelant ado por la no r m a en cuest ión ( Ley 43 de 1975) .
Ent r e t ant o, debe ent ender se por personal t erri t ori al el
vincul ado por ent ida des de ese or den a par t ir del 1. de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975; est o es, que la plaza a ocup ar
haya sido cr eada d e f or m a exclusiva por el ent e local y l os
gast os que est a g ener e se cubr an c on car go a su pr o pio
pr esupuest o. »
Adviértase que dichas reglas jurispru denciales deben analizarse en
cada caso particular en conjunto con los todos elementos de juicio
para concluir sin lugar a equívoco el tipo de vinculación del
respectivo docente.
En ese sentido, en el asunto bajo análisis la docente tuvo un vínculo
laboral de naturaleza jurídica nacionalizada.
Lo anterior, máxime cuando el acto de nombramiento tampoco
indica que la demandante hubiera sido designad a para ocupar una
plaza nacional, o en un establecimiento educativo de ese orden, así
como la nominación tampoco fue efectuada directamente por dicha
cartera, por lo que no existen razones para afirmar que la docente
era nacional.
Ahora bien, en cuanto a la autorizació n del Ministerio de Educaci ón
Nacional que se menciona en el acto de nombramiento, la Sala se
permite aclarar qu e ello no signif ica que se actuara por directriz del
Gobierno nacional, comoquiera que el nominador del ente territoria l
actuó acorde con los parámetros de l artículo 10 de Ley 43 de 1975
con la que se nacionalizó la educación .
Sobre lo anterior, se debe tener presente que en la sentencia de
unificación de 21 de junio de 2018 se señaló que « n o e s d a b l e i n fe rir
que los d o c e n te s te rri to ri a l e s y /o n a c i o n a li z a d o s se c on v i e rte n en
e d u c a d o re s n a ci o n ale s (i ) c u a n d o e n el ac to d e s u v i n c ul a c i ón i n te rv i e n e ,
a d e má s d e l re p re s e n ta n te l e g a l d e l a e n ti d a d te rri to ri a l , e l d e l e g a do
p e rm a n en te d e l Mi n i ste ri o d e E d u c a c i ón Na c i o n al c o mo mi em b ro d e l a j u n ta
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a d mi n i s tra d o ra d e l re s p e c ti v o fo n d o e d u c a ti v o re g i o n a l , a s í ́ , e s te ú l ti m o ,
c e rti fi q u e l a v a c a n c ia d e l c a rg o j u n to c o n l a d i s p o ni b il i d a d pre s u p u e s tal
[.. .] ».
En ese sentido, no hay duda alguna de que la docente fue nombrad a
por una entidad territoria l en una plaza nacionalizad a y, por lo tanto,
el período del 2 de mayo de 1980 a 1.º de octubre de 1995, es decir ,
15 años, 1 mes y 27 días , resulta valido para el computo para la
pensión gracia, circunstancia que no fue objetada por la entidad
demandada .
• Del 22 de enero de 1998 al 13 de agosto de 2009.
El gobernador del Caquetá expidió el Decreto 0065 de 14 de enero
de 1998 21, por medio del cual se nombró a la hoy demandante como
docente, al respecto, se observa:
«GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DECR ET O 0065
( 1 4 E NE 1 9 9 8 )
Por el cual se nom br a en pr opiedad a una docent e.
EL G O BERNADO R DEL CAQ UET A
En uso de las at r ibuciones conf er idas le gales conf er idas por el
Decr et o Ext r aor dinar io 2277 de 1979, Ley 115 de 1994, Decr eto
1140 de 1995 , Resol uci ón 5245 de 1995, y
CO NSI DER ANDO Q UE:
Por Decr et o 0886 del 5 de diciem br e de 1997, se convocó a
concur so par a ingr e so y ascenso a la car r er a docent e en el
depar t am ent o del Caquet á.
Una vez r eal izado el concur so en l os plazos f ij ados, se
publ icar on en la Secr et ar í a de Educación , los list ados de
eleg ibles de qu ienes clasif icar on, [ …]
A solicit ud de la aut or idad nom inador a , la Of icina Seccion al de l
Escalaf ón de l Caq uet á, cer t if icó, que la educador a L UZ
M ARI NA M O RALES, r eúne los r equis it o s par a desem peñar el
car go vacant e en la Escuela San I si dr o, m unicipio de La
M ont añit a, que contr a ella no cur sa proceso discip lin ar io ni
21 F o l i o s 7 y 8 del expediente.
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est á pendient e de sanción disc ip lin ar ia alguna.
La Jef e de la División Fin ancier a del Fondo Educat i vo
Depar t am ent al, cer t if icó que ex ist e disp o nibi li dad pr esupu est al
por la plaza de Pedr o Pablo Suár ez Bar r agán, m unicipi o de La
M ont añit a .
DECR ETA:
ARTI CULO PRI M ER O : Nom br ar en pr opiedad a LUZ M ARI N A
M O RALES, ident if ic ada con cédu la [ …] , t it ulo BACHI LL ER
PEDAG O G I CO , escalaf onada en el gr ado Uno ( 1) , para
desem peñar el car g o de docent e en la E scuela S an I sidr o, q ue
f unciona en el m unic ipio de La M ont añit a , en la plaza de Pedr o
Pablo Suár ez Bar r ag án , según Decr et o 0 454 del 1 1 de j uni o de
1997. [ …] »
Del anterior nombramiento, la señora Morales tomó posesión el 22
de enero de 1998 según consta en el acta suscrita en e sa misma
fecha por la docente y el secretario de educación del Caquetá . 22
Más adelante, el 13 de agosto de 2009, la Secretaría de Educación
del Caquetá certificó que la docente Luz Marina Morale s aún presta
servicios en el nivel básica primaria con una vinculación en
propiedad del orden nacional; así mismo, indicó las siguientes
novedades:
Historia laboral:
Novedad Acto Numero Fecha Fec.Fiscal Fec. Pos. Fec. Hasta Años Meses Días
LAS BRISAS DE SAN ISIDRO - LA MONTAÑITA
DEC 65 14-ene-98 22-ene-98 22-ene-98 2-jun-98 0 4 11
POSESION POR NOMBRAMIENTO
SIMON BOLIVAR - FLORENCIA
DEC 367 3-jun-98 3-jun-98 3-jun-98 10-oct-99 1 4 8
TRASLADO
ACEVEDO Y GOMEZ - PUERTO RICO
DEC 517 11-oct-99 11-oct-99 11-oct-99 4-nov-03 4 0 24
TRASLADO
ACEVEDO Y GOMEZ - PUERTO RICO
RES 520 5-nov-03 5-nov-03 5-nov-03 5 9 9
INCORPORACIONES
Tiempo Servido 11 6 22
De acuerdo con lo descrito, se encu entra probado que Luz Marina
Morales laboró como docente desde el 22 de enero de 1998 hasta
el 13 de agosto de 2009 , fecha de la última certificación expedida,
vinculación que , a pesar de los traslados e incorporaciones
certificadas, in ició con el Decreto 65 de 1998 y se ha mantenido
incólume en el tiempo .
22 F o l i o 9 del expediente.
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Demandante: Luz Marina Morales
El nombramiento como docente oficial se produjo por medio del
Decreto 65 de 1998 el cual fue suscrito por el gobernador de l
Caquetá con el acompañamiento de la Secretaría de Educación
Departamental y la autorización presupuestal d el representante del
Fondo Ed ucativo Regional, sin que se especificara de manera
expresa que, para el nombramiento, se actuara por delegación de
la Nación – Minist erio de Educación Nacional, por lo que se debe
entender que la vinculación de la doce nte Morales ocurre por plena
disposición del ente territoria l.
Sobre el particular, se observa que la certificación suscrita por la
Secretaría de Educación del Caquetá indicó que la vin culación de
la educadora Luz Marina Morales es de carácter nacional, no
obstante, esta Sala procederá a esclarecer si resulta correcta esa
categoría .
Al respecto, se observa que el Decreto 0065 de 14 de enero de 1998
fue expedido por el gobernador del Caquetá en uso de las
atribuciones conferidas en la Resolución 6145 de 1995, l os
Decretos 2277 de 1979 y 1149 de 199 5 y la Ley 115 de 1994. De la
mencionada normativa , se destaca:
Por medio de la mencionada Resolución 6145 de 26 de diciembre
de 1995, el Ministerio de Educación Nacional certificó al
departamento del Caquetá para administrar el situado fiscal y el
servicio educativo financiado por el Sistema General de
Participaciones de acuerdo con la categoría del ente local.
Ahora bien, con el Decreto 2277 de 1979, se estableció el régimen
especial para re gular las condiciones de ingreso y demás
situaciones administrativas sobre el ejercicio de la profesión
docente.
Por su parte, el Decreto 1140 de 1995 estableció los criterios y
reglas generales p ara organizar las plantas de personal docente,
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Demandante: Luz Marina Morales
directivo docente y administrativo d e la educación est atal, dentro
de las cuales se resalta el artículo 8.º, que determinó el concurso
docente, siguiendo los parámetros del artículo 105 de la Ley 115 de
1994.
Aunado a lo anterior, resulta import ante resaltar que en 1998 la
actora se vinculó a la docencia oficial a través de un concurso de
méritos organizado directamente por la Gobernación del Caquetá,
el cual se llevó a cabo según los art ículos 105 y 106 de la Ley 115
de 1994, que al respecto dispusieron:
«A r t í cul o 105. Vi ncul aci ón al servi cio educat i vo est at al .
Vincu laci ón al ser vi cio educat ivo est at al. La vincul ación del
per sonal docent e, di r ect ivo y adm inist r ativo al ser vicio púb lic o
educat ivo est at al, sólo podr á ef ect uar se m ediant e
nom br am ient o hecho por decr et o y dent r o de la plant a d e
per sonal apr obada p or la r espect iva ent idad t er r it or ial.
Únicam ent e podr án ser nom br ados com o educador es o
f uncionar ios adm in is t r at ivos de la e duca ción est at al, dent r o de
la plant a de per sonal, quienes pr evio concur so hayan sido
selecci onados y acr edit en los r equis it os legales.
A r t í cul o 106. Novedades de p ersonal . Los act os
adm inist r at ivos de nom br am ient os, tr aslados, per m ut as y
dem ás novedades del per sonal docent e y adm inist r at ivo de la
educación est at al se har án por los gober nador es y por los
al cal des de l os di st ri t os o muni ci pi os que est én
admi ni st rando l a educ aci ón conf orme a l o est abl eci do e n
l a Ley 60 de 1993 .
Todo nom br am ient o deber á aj ust ar se a los pl azos y
pr ocedim ient os leg a les y a la dispon ibi l i dad pr esupuest al.
Parágraf o . Los al cal des muni ci pal es pueden nombra r
educadores con cargo a l os recursos propi o s del muni ci pio ,
cum pliend o los r equisit os exigi dos por la ley. » ( Negr illa de la
Sala)
En ese orden, teniendo en cuenta que el gobernador del C aquetá,
al expedir el Decreto 0065 de 199 8 se fundamentó en las normas
en comento, especialmente, en la Ley 115 de 1994, no cabe duda
de que el nombramiento lo efectuó en su calidad de administrador
de la educación conforme a lo dispuesto en la Ley 60 de 1993,
dentro de la planta de personal departamental, con recursos del
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situado fiscal hoy sistema general de parti cipaciones y con
aprobación presupuestal del FER, p ues fue en el marco de un
concurso de méritos convocado por el Decreto 0 886 de 5 de
diciembre de 1997 para cubrir plaza s territoriales.
Aunado a ello, el acto de nombramiento tampoco indica que el actor
hubiera sido designado para ocupar una plaza nacional, o en un
establecimiento educativo de ese orden o en un programa
administrado por el Ministerio de Educación Nacional, así como la
designación tampoco fue efectuada directamente por dicha cartera,
por lo que no existen razones para afirmar que el docente era
nacional.
Por lo anterior, se debe entender que la vinculación docente es del
orden nacionalizado y, por tanto, la Sala considera que erró la
administración al certificar que se trataba de un docente nacional,
circunstancia que llevó a negar equívocamente el derecho , tanto en
sede administrativa por la UGPP , como por el a quo en la sentencia
objeto de apelación.
Así, el tiempo de servicio docente prestado desde el 22 de enero
de 1998 y hasta el 13 de agosto de 2009, es decir, 11 años, 6
meses y 22 días , resulta valido para ser tenido en cuenta para el
computo de la pensión gracia , pues es del orden nacionalizado ,
circunstancia que resulta coherente con el artículo 1.º de la Ley 91
de 1989 que señala como personal nacionalizado a « los docent es
vincul ados por nom br am ient o de ent idad t er r it or ial ant es del 1. de ener o
de 1976 y los vinc ul ados a par t ir de est a f echa, de conf or midad con l o
dispuest o por la Ley 43 de 1975 . »
2.5. Conclusión
Luz Marina Moreno demostró el cumplimiento de los requisitos para
ser beneficiari a de una pensió n gracia de acuerdo con la Ley 114
de 1913, es decir, cuenta con la edad de 50 años, no tiene
reproches sobre la buena conducta en la labor desempeñada y
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cumplió con más de los veinte años de servicio como docente
nacionalizad a, consolidando su estatus el 5 de agosto de 2009 ,
fecha en la que lle gó a la edad de 50 a ños y contaba con más de
26 años de servicio como docente oficial.
En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Así, se declarará la nulidad de las Resoluciones RDP 018477 de
12 de junio, RDP 021546 de 11 de julio y RDP 026730 de 1.º de
septiembre , todas ellas de 2014, por medio de las cuales la UGPP
negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a la aquí
demandante.
Teniendo en cuenta que procede el reconocimiento de la prestación
reclamada, es necesario determinar si se configura la prescripción,
para lo cual se tie ne presente que la docente Lu z Marina Moreno
radicó reclamación de reconocimiento y pago de la pensión gracia
el 28 de abril de 2014 , 4 años, 8 meses y 20 días después de
adquirir el estatus pensional, esto es , el 5 de agosto de 20 09, razón
por la cual, se entiende que operó el fenómeno de la prescripción .
Es de anotar que dicho fenómeno opera en materia pensional sobre
las mesadas que hubiese lugar a reconocer y no sobre el derecho
en sí mismo, por lo que, siendo la interesad a aún titular de la
prerrogativa jurídica reclamada ante la UGPP, la prescripción debe
contarse desde el momento en que se presentó la reclamación ante
la administración (28 de abril de 2014), de modo que hay lugar a
declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 28 de abril de 2011.
A título de restablecimiento del derecho, se condenará a la UGPP
a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Luz
Marina Morales, a partir del 5 de agosto de 2009 , liquidada con el
75% del promedio de todos los factores devengados en el último
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año previo a la a dquisición del est atus pensional, comprendido
entre el 5 de agosto de 2008 y el 5 de agosto de 2009 , según
certificación que deberá expedir la entidad territorial.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior será ajustada
a valor presente, en los términos del artículo 187 del CPACA, en
aplicación de la siguiente fórmula:
R = Rh Índice Fina l
Índice Inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la parte demandante
por concepto de mesada pensional, hasta la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el número que resulta de dividir el índice final
de precios al consumidor, certificad o por el DA NE, vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente
para la fecha en que debió hacerse el pago, según se dis puso en la
parte motiva de este proveído.
La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la Sala considera que estos
únicamente proceden cuando las mesadas pensionales no están en
discusión, es decir, que el reconocimiento de la prestación ya fue
efectuado en favor de la pensionad a y únicamente se presenta una
omisión por parte de la entidad de realizar el pago de la respectiva
mesada.
Razón por la cual, en el caso de la referencia no prosperaría la
pretensión de pago de intereses moratorios, en la medida que la
prestación reclamada se está reconociendo a partir de esta
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sentencia y, por lo tanto , la entidad demandada no se encontraba
en mora del pago de mesadas pensionales .
Sea del caso aclarar que en lo que concierne a la aplicación de la
disposición contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a los
docentes, la Corte Constitucional en Sentencia C -601 de 2000
estableció que la indemnización debe cancelarse incluso cuando se
trate de pens iones que se encuentren en las excepciones previstas
en la norma de la referencia, tal como sucede con el régimen de
docentes exceptuado conforme al artículo 279 ibidem 23.
2.6. Condena en costas
Teniendo en cuenta que la decisión q ue aquí se adopta es fruto de
lo dispuesto en las reglas jurisp rudenciales trazadas en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, no se impondrán
costas a cargo de ninguna de las partes con el fin de salvaguard ar
los principios de b uena fe y confianza legítima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la le y,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 9 de juni o de 2017 ,
proferida por el Tribunal Administrativo d el Caquetá , que negó las
23 «Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto -Ley
1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia
de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas. // Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos
pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad
con la reglamentación que para el efecto se expida. [ …]»
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súplicas de la demanda dentro del proceso de la referencia. En su
lugar:
SEGUNDO. DECLARAR LA NULI DAD de las Resoluciones RDP
018477 de 12 de junio , RDP 021546 de 11 de julio y RDP 026730
de 1.º de septiembre , todas ellas de 2014 , por medio de la s cuales
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó
a Luz Marina Morales el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP a reconocer y pagar a
favor de Luz Marina Morales, ide ntificada con la cédula de
ciudadanía 39 .616.943, una pensión gracia , a partir d el 5 de agosto
de 2009, en cuantía equivalente a l 75% del promedio de todos los
factores devengados en el último año previo a la adquisición del
estatus pensional, comprendido entre el 5 de agosto de 200 8 y el 5
de agosto de 2009 , según certificación que deberá expedir la
entidad territorial .
CUARTO. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de las mesadas
pensionales causadas con anteriorid ad al 28 de abril de 2011 , de
acuerdo con lo precisado en esta sentencia.
QUINTO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Socia l – UGPP
deberá cumplir lo dispuesto en este fallo conforme a lo señalado en
el artículo 192 del CPACA.
SEXTO. Negar las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO. Sin condena en costas en ambas instancias.
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OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue co nsiderada y aprobada por la Sala en
sesión del cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023 ).
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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