Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2020-00411-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 85001-23-33-000-2020-00411-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2020-00411-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2020-00411-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Casanare, Despacho 002, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Gladys Nayr Martínez Rodríguez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 08178 del 30 de marzo
de 2020 y RDP 013903 del 17 de junio del 2020, a través de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social2 le negó el reconocimiento de una pensión gracia.
1 En adelante CPACA.
2 En adelante Ugpp
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada equivalente al 75%
del salario básico y demás factores salariales; ii) la actualización de las sumas
adeudadas de conformidad con el artículo 187 y el reajuste del valor desde la fecha
exigible hasta la ejecutoria del fallo; iii) la indexación de la primera mesada; iv) el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) la
condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Gladys Nayr Martínez Rodríguez nació el «2 de mayo de 1959».
3.2. Se vinculó al servicio docente así: i) del 18 marzo al 18 de julio de 1980, mediante
Decreto de nombramiento 0104 del 18 de marzo de 1980 expedido por el intendente
de Casanare en la escuela rural La Candelaria del municipio de Paz de Ariporo;
ii) del 13 de agosto al 14 de noviembre de 1981, según la Resolución 1060 de 1981
en la escuela rural Llano de Páez del municipio de Paz de Ariporo; iii) a través de
órdenes de prestación de servicios en la escuela Muese en el municipio de Paz de
Ariporo del 1º de abril de 1991 al 31 de marzo de 1992; en la escuela El Peral del
municipio de Paz de Ariporo del 1º de marzo al 31 de diciembre de 1992, del 1º de
febrero al 31 de diciembre de 1993, del 18 de enero al 18 de diciembre de 1994, del
1º de febrero al 31 de diciembre de 1995, del 23 de enero al 31 de diciembre de
1996; y iv) del 30 de junio de 1997 a la fecha de la presentación de la demanda por
medio de la Resolución 312 de ese año.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 33 de
1933; y 15, numeral 2, de la Ley 91 de 1989; y las leyes 114 de 1913; 115 de 1994;
715 de 2001; y 812 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
5.1. Delas pruebas allegadas con la reclamación administrativa se extrae que
cumplió con los requisitos para acceder a la pensión gracia, no obstante, la entidad
de previsión realizó una indebida valoración probatoria del Decreto 104 de 1980 por
3 Índice 3 de Samai del tribunal, expediente digital, archivo 67ED_00285001233300020200(.pdf)
NroActua 3
2
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
medio del cual el intendente de Casanare la nombró profesora de la Escuela Rural
La Candelaria del municipio de Paz de Ariporo, acto en el que no intervino el
gobierno nacional. Por consiguiente, acreditó una vinculación antes del 31 de
diciembre de 1980, tal y como lo previó el artículo 15, numeral 22, literal a) de la Ley
91 de 1989.
5.2. Los actos administrativos no tuvieron en cuenta, para efectos del
reconocimiento pensional, los tiempos de servicio laborados bajo la figura de
contratos de trabajo u órdenes de trabajo desde 1988 hasta 1991, lo que es contrario
a lo señalado en la sentencia del 22 de enero de 20154.
5.3. Asimismo, se desconocieron las sentencias del 21 de junio de 2018 del Consejo
de Estado5 y del 22 de febrero de 2020 de la Corte Constitucional6 que se ocuparon
de indicar que la prueba idónea para determinar si un docente es nacional o
territorial, nacionalizado, son los actos administrativos de nombramiento y posesión
del docente.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresaron a continuación7:
6.1. Tal y como se expuso en los actos administrativos acusados la demandante no
cumplió con el requisito que impone el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91
de 1989, según el cual, para que se causara el derecho la docente debía estar
vinculada al 31 de diciembre de 1980 como docente oficial de carácter territorial
(departamental, municipal, distrital y/o nacionalizado).
6.2. Además, para garantizar las expectativas de los docentes territoriales vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980 se permitió que estos fueran acreedores del
derecho si al 29 de diciembre de 1989 completaban mínimo 11 años de servicio. Sin
embargo, para tal fecha, la demandante no alcanzó tal tiempo y ni siquiera tenía
una vinculación como docente oficial, requisito previsto en las sentencias C-084 de
1999 y C-489 de 2000 de la Corte Constitucional.
6.3. En el expediente administrativo no obra certificación alguna que evidencie el
4 Radicado 25000-23-42-000- 2012-02017-01, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E)
5 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000- 2013-
04683-01 (3805-2014), C.P. Carmelo Perdomo Cueter.
6 SU 014 de 2020.
7 Índice 6 Samai del tribunal, archivo
3_850012333000202000411001RECIBEMEMORIAL202111319464
3
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
tiempo de servicio de la demandante en cada una de las vinculaciones, así como
tampoco de los recursos con los que se pagaba lo devengado en cada uno de los
periodos laborados de manera discriminada y pormenorizada con cada uno de los
actos administrativos emitidos; lo que permitía dar certeza o no sobre la existencia
de un cambio en la vinculación por la descentralización de la educación, según
como lo ordenan los artículos 20 del Decreto 1748 de 1995 y 2 y 3 del Decreto 13
de 2001, e incumbía a la parte la carga de la prueba de conformidad con el artículo
167 del Código General del Proceso.
6.4. En todo caso, la demandante no acreditó los 20 años de servicio como docente
territorial, además, porque no era posible el reconocimiento de la pensión solicitada
con la inclusión de tiempos de servicio de carácter nacional.
6.5. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de: i) presunción de
legalidad de los actos administrativos; ii) inexistencia de la obligación; iii) falta de
título y causa; iv) cobro de lo no debido; v) buena fe; vi) prescripción; y vii) genérica
o innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Casanare, Despacho 002, en sentencia proferida el
2 de noviembre de 2023 declaró la nulidad de las resoluciones RDP 08178 del 30
de marzo de 2020 y RDP 013903 del 17 de junio de 2020 y ordenó a la Ugpp, a
título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar la pensión gracia a favor
de Gladys Nayr Martínez Rodríguez a partir del 20 de marzo de 2011 con la
aplicación de los reajustes de ley y en cuantía del 75% del promedio de todo lo
devengado durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es
entre el 20 de marzo de 2010 y el 19 de marzo de 2011, y con efectos fiscales a
partir del 16 de diciembre de 2016 por prescripción de las mesadas anteriores a tal
fecha.
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente8:
8.1. La demandante prestó sus servicios como docente del orden territorial, pues los
actos administrativos y contratos fueron suscritos por la autoridad departamental, y
la financiación de sus salarios, prestaciones y honorarios estuvo a cargo de recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones, que se incorporaron al
presupuesto de las entidades territoriales. Por lo que, Gladys Nayr Martínez
Rodríguez cumplió con los presupuestos exigidos legal y jurisprudencialmente para
8 Índice 58 de Samai de tribunal, archivo 53_850012333000202000411001FALLO20231102155057.
4
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
que se le reconociera la pensión gracia a partir del 20 de marzo de 2011, entre ellos,
una vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 sin que resultara necesario
acreditar que laboró al menos durante 11 años como docente con anterioridad a tal
fecha.
8.2. Lo anterior, por cuanto el Consejo de Estado en pronunciamiento del 17 de
marzo de 2022 precisó que «no es necesario para el reconocimiento de la pensión gracia
que el docente hubiera servido de manera continua ni qué modo de vinculación ostentaba,
sino que basta con que el servicio territorial fuera anterior a 31 de diciembre de 1980».
8.3. No impuso condena en costas en atención a que no se acreditó que se hubiesen
causado.
1.4. Recurso de apelación
9. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar
se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos9:
9.1. La demandante no cumplió con los requisitos de la Ley 114 de 1913, esto es,
tener 20 años de servicio departamental, distrital, municipal o nacionalizada, pues
el tiempo con vinculación nacional no debe tenerse en cuenta para el
reconocimiento, toda vez que el período comprendido desde el 14 de abril de 1980
hasta el 7 de julio de 1980 y probado mediante el certificado de tiempo de servicio
del 6 de febrero de 2014, expedido por la Secretaría de Educación de Casanare y
el Decreto de Nombramiento 104 del 18 de marzo de 1980 expedido por el Ministerio
de Educación Nacional, Delegación Regional de Casanare, no puede ser tenido en
cuenta como una vinculación de carácter territorial para acreditar los 20 años
requeridos. Si bien el nombramiento pudo haber sido efectuado por autoridad
territorial, esta autoridad estaba actuando con base en las atribuciones directas
otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional para efectuar los nombramientos
y los salarios fueron cubiertos por dineros provenientes de la nación, tal y como
ocurrió en el caso bajo estudio, más aún porque en el acto administrativo de
nombramiento intervino un delegado del Ministerio de Educación Nacional.
9.2. Tampoco era posible, para acceder al reconocimiento solicitado, tener en cuenta
los periodos en los que Gladys Nayr Martínez Rodríguez estuvo vinculada bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios, ya que en ese lapso no existió
una relación laboral, salvo que se declarara judicialmente una relación laboral y que
9 Índice 63 de Samai del tribunal, archivo
56_850012333000202000411003MemorialWeb20231117204459.
5
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
los tiempos fueran válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar10.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio11.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
12. Se circunscribe a resolver ¿si Gladys Nayr Martínez Rodríguez acreditó los
requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de
conformidad con las normas que la regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
13. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
14. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
10 Tal y como consta en el auto del 15 de marzo de 2024 visible a índice 4 de Samai y notificado
según índice 7 de Samai.
11 Obra notificación a índice 7 de Samai.
6
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
medio de la Ley 114 de 191312 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
15. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
13
16. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193314, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
17. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
12 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
13 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
14 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
7
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
18. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
19. En efecto, la Ley 60 de 199315 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
20. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
15 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
8
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja16, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196817, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos18 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199419 (artículo 179, literal d).
21. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
22. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199520, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
22.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su afiliación.
22.2. Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
23. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
24. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
16 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
17 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
18 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
19 «Por la cual se expide la ley general de educación»
20 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
9
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
25. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
21
26. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
22
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
23
27. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
28. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala24 ha señalado:
«Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
21 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
22 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
23 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
24 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
10
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198925 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio». [Se resalta]
29. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201826, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
25 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
26 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
11
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
30. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202227 indicó:
«[L]a línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».28
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
28 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
12
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989». [Se resalta]
31. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
32.1. Gladys Nayr Martínez Rodríguez nació el 26 de enero de 195929.
32.2. El intendente nacional del Casare la nombró profesora de la Escuela Rural La
Candelaria del municipio de Paz de Ariporo a través del Decreto 104 del 18 de marzo
de 198030, y tomó posesión el 14 de abril de 1980 en acta 58 suscrita por ese
servidor y el jefe de personal del Fondo Educativo Regional31.
32.3. La demandante suscribió los siguientes contratos a término fijo y de servicios
para desempeñarse como docente, así:
Contrato Entidad Institución Desde Hasta
contratante
Contrato de Intendencia del Escuela Rural El 1° de abril de 31 de marzo de
trabajo a término Casanare Muese del 1991 1992
fijo 300 (sin municipio de Paz
fecha)32 de Ariporo.
29 Índice 3 Samai del tribunal, archivo
67_EXPEDIENTEDIGI_00185001233300020200_4_20250225124714095, página 26
30 «[p]or el cual se causan novedades en personal docente de enseñanza primaria del Fondo
Educativo Regional del Casanare».
31 Ibidem, página 38 y 39, respectivamente.
32 Índice 44 Samai del tribunal, carpeta
40_850012333000202000411001RECIBEPORCORR20230202150329, subcarpeta Gladys Nayr,
documento Cont. Trabajo 300 01-04-1991
13
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
Contrato de Departamento Escuela Rural 1° de abril de 31 de noviembre
trabajo a término del Casanare Brisas del Muese 1992 de 1992
fijo 465 (sin del municipio de
fecha) 33 Paz de Ariporo.
Contrato de Alcaldía Vereda La Peral 1° de febrero de 31 de diciembre
trabajo a término municipal de Paz 1993 de 1993
fijo 617 del 31 de de Ariporo
enero de 199334
Contrato de Departamento Escuela Rural El 18 de enero de 18 de diciembre
servicio 3 del 18 del Casanare Peral 1994 de 1994
de enero de
199435
Contrato de Departamento Escuela Rural El 1° de febrero de 31 de diciembre
servicio 291 (sin del Casanare Peral 1995 de 1995
fecha)36
Contrato de Departamento Escuela Rural El 23 de enero de 30 de diciembre
servicio 308 del del Casanare Peral 199638 de 199639
23 de enero de
199637
32.4. Através del Decreto 312 del 29 de mayo de 1997 el gobernador del
departamento del Casanare la vinculó en la planta de personal docente de la
Secretaría de Educación de esa jurisdicción, como docente en la Escuela Rural El
Peral del municipio de Paz de Ariporo. Se expuso en sus consideraciones que
aquella venía prestando sus servicios como docente por contratos desde el año
1994 y mediante Decreto 00137 del 6 de mayo de 1997, expedido por el gobernador
del Casanare se crearon 354 plazas docentes, además, el literal c), del artículo 9
del Decreto 1140 de 1995 previó la provisión de cargos sin el lleno del requisito del
concurso y dio prioridad para vincular a los docentes que prestaban sus servicios
educativos mediante contrato, como en su caso. Tomó posesión del cargo según el
acta 223 el 3 de junio de 199740.
32.5. Según el formato único para expedición de certificado de historia laboral,
expedido el 6 de febrero de 2014 [fecha en la que se encontraba activa] por la
Secretaría de Educación del Casanare, prestó sus servicios como docente del nivel
primaria, con tipo de vinculación territorial así41:
33 Ibidem, documento Cont. Trabajo 465 -01-04-1992 Gladys Martinez
34 Ibidem, documento Cont. 061- Gladys Martinez-01-02-1993
35 Ibidem, documento Cont. 03-Gladys Martinez-18-01-1994
36 Ibidem, documento Cont. Servicios 291-Gladys Martínez
37 Ibidem, documento Cont. Servicios 308- Gladys Martinez
38 Ibidem, documento Certificación Cetil -Certificación Electrónica de Tiempos Laborados Cetil
39 Ibidem.
40 Ibidem, documento Dto. No. 312 y Posesión Gladys Martínez
41 Índice 3 Samai del tribunal, archivo
67_EXPEDIENTEDIGI_00185001233300020200_4_20250225124714095, páginas 28 a la 30
14
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta Total
Nombramiento en
propiedad Decreto 104 del 18 14 de abril 17 de julio de 3 meses y 3
ER La Candelaria (Paz de de marzo de 1980 de 1980 1980 días
Ariporo)
Se declara insubsistente
Decreto 230 del 18 18 de julio de
ER La Candelaria (Paz de
de julio de 1980 1980
Ariporo)
Vinculación temporal Resolución 1060 14 de
17 de agosto
ER Llano de Páez (Paz de del 13 de agosto de noviembre 2 meses y 26
de 1981
Ariporo) 1981 de 1981 días
Vinculación contrato
Contrato 300 del 1° 1° de abril de 31 de marzo
ER El Muese (Paz de 11 meses y
de abril de 1991 1991 de 1992
Ariporo) 30 días
Vinculación contrato 31 de
Contrato 465 del 1° 1° de abril de
ER El Muese (Paz de diciembre de 8 meses y 30
de abril de 1992 1992
Ariporo) 1992 días
Vinculación contrato 31 de
Contrato 61 del 1 ° 1° de febrero
ER El Peral (Paz de diciembre de 10 meses y
de febrero de 1993 de 1993
Ariporo) 1993 30 días
Vinculación contrato 18 de
Contrato 3 del 18 18 de enero
ER El Peral (Paz de diciembre de 11 meses
de enero de 1994 de 1994
Ariporo) 1994
Vinculación contrato 31 de
Contrato 291 del 1° 1° de febrero
ER El Peral (Paz de diciembre de 10 meses y
de febrero de 1995 de 1995
Ariporo) 1995 30 días
Vinculación contrato 31 de
Contrato 308 del 23 23 de enero
ER El Peral (Paz de diciembre de 11 meses y 6
de enero de 1996 de 1996
Ariporo) 1996 días
Nombramiento en
propiedad Decreto 312 del 29 3 de junio de 17 de febrero 8 meses y 14
ER El Peral (Paz de de mayo 1997 1997 de 1998 días
Ariporo)
Traslado
Resolución del 18
Institución Educativa 18 de febrero 5 de febrero 9 años, 11
de febrero de
Sagrado Corazón (Paz de de 1998 de 2008 meses y 18
199842
Ariporo) días
Traslado
Resolución 350 del
Institución Educativa 5 de febrero
5 de febrero de
Francisco José de Caldas de 2008
2008
(Paz de Ariporo)
32.6. Con el formato único para la expedición de certificado de salarios, emitido el 9
de octubre de 2019 por la Secretaría de Educación del Casanare, se certificaron los
factores salariales devengados entre los años 2008 y 201043.
42 El número de la resolución es ilegible
43 Ibidem, páginas 31 y 32.
15
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
32.7. El 28 de octubre de 2019 Gladys Nayr Martínez Rodríguez declaró que se había
desempeñado con buena conducta en el ejercicio de su labor docente44.
32.8. El 25 de octubre de 2019 la Procuraduría General de la Nación expidió
certificado de antecedentes disciplinarios en el que consta que no registra sanciones
ni inhabilidades vigentes45.
32.9. A través de la Resolución RDP 008178 del 30 de marzo de 2020, la Ugpp negó
la solicitud de reconocimiento pensional presentada por la demandante el «16 de
diciembre de 2019» toda vez que, al 31 de diciembre de 1980 no se encontraba
vinculada a la docencia oficial ni había acreditado una de carácter territorial, pues
consideró que Gladys Nayr Martínez Rodríguez había prestado sus servicios con
vinculación nacional; para tal efecto indicó el siguiente período y vinculación46:
Entidad laboró Desde Hasta Cargo Vinculación Modalidad
«DPTO CASANARE» 1980/04/14 1980/07/18 Docente Nacional Primaria
«DPTO CASANARE» 1991/04/01 2020/01/30 Docente Departamental Primaria
32.10. Contra la anterior decisión presentó recurso de apelación, que fue resuelto a
través de la Resolución RDP 013903 del 17 de junio de 2020 en el sentido de
confirmar por iguales razones la decisión inicial47.
2.4. Análisis sustancial
33. El Tribunal Administrativo del Casanare accedió a las pretensiones de la
demanda al considerar que la demandante prestó sus servicios como docente del
orden territorial, pues los actos administrativos y contratos a través de los cuales fue
vinculada fueron suscritos por la autoridad departamental, y la financiación de sus
salarios, prestaciones y honorarios estuvo a cargo de recursos del situado fiscal,
hoy sistema general de participaciones, que se incorporaron al presupuesto de las
entidades territoriales. Además, que no era necesario acreditar 11 años de servicio
docente con anterioridad al 29 de diciembre de 1989, por cuanto la jurisprudencia
de esta Corporación había precisado que para acceder al reconocimiento pensional
no era determinante que el docente hubiera servido de manera continua o el modo
de vinculación que ostentaba [legal o reglamentaria, interinidad, contrato de
prestación de servicios], sino que basta con que el servicio territorial fuera anterior
a 31 de diciembre de 1980.
44 Ibidem, páginas 33 a la 35.
45 Ibidem, página 36.
46 Ibidem, páginas 15 a la 19.
47 Ibidem, páginas 20 a la 25.
16
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
34. La Ugpp presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión
adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que, contrario a lo
concluido en dicho proveído, la demandante no cumplió con los requisitos de la Ley
114 de 1913, ya que no acreditó 20 años de servicio en entidades territoriales. Lo
anterior, porque el tiempo trabajado entre el 14 de abril y el 7 de julio de 1980 no
fue territorial, pues, aunque el nombramiento fue realizado por una autoridad local,
esta actuó por delegación del Ministerio de Educación Nacional, y los salarios fueron
cubiertos con fondos nacionales. Además, los periodos en los que prestó sus
servicios por la modalidad de contratos de prestación de servicios no pueden ser
tenidos en cuenta para el reconocimiento solicitado, salvo que una declaración
judicial hubiese determinado la existencia de una relación laboral.
35. En virtud de lo anterior, la sala deberá verificar si como lo afirma el apelante, no
hubo una vinculación de orden municipal, territorial, distrital o nacionalizado antes
del 31 de diciembre de 1980 y no se acreditaron los 20 años de servicio en igual
orden según las condiciones previstas en la ley para acceder a la prestación.
36. Al respecto, por un lado, se advierte que, en relación con la vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1980, en el expediente obran el Decreto 104 del 18 de marzo
de 1980, mediante el cual el intendente nacional del Casanare la nombró en calidad
de profesora en la Escuela Rural La Candelaria del municipio de Paz de Ariporo y
la certificación del 6 de febrero de 2014 expedida por la Secretaría de Educación
del Casanare en el que se relacionó la anterior novedad.
37. En este punto, se tiene que, respecto de la naturaleza jurídica de las intendencias
y el tipo de vinculación de los docentes nombrados en ejercicio de sus facultades la
Sección Segunda de esta Corporación48 se ha pronunciado de la siguiente manera:
«se debe entender que las Intendencias Nacionales eran entidades territoriales, que
con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 pasaron a ser
departamentos, por lo que los docentes vinculados tenían la condición de territoriales o
nacionalizados, según cada caso particular, pues las intendencias también fueron
sometidas al proceso de nacionalización de la educación desarrollado en la Ley 43 de
1975» [Se resalta].
38. En tal virtud se debe entender que las intendencias nacionales eran entidades
del orden territorial que después de la promulgación de la Constitución Política de
48 Al respecto, ver: Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 81001-23-33-000- 2013-00119-
01(1466-2015). Sentencia de 17 de mayo de 2018; Radicado: 81001-23-33-000-2013-00025-01
(4571-2014) Sentencia de 15 de 2017; Radicado: 81001-23-33-000-2013-00128-01 (1518-2015)
Sentencia de 16 de febrero de 2023; Radicado 18001 23 33 000 2015 00010 01 (3343-2017)
Sentencia 4 de mayo de 2023; y Radicado: 18001-23-33-000-2021-00159-01 (7287-2023) Auto del
12 de septiembre de 2014, C.P. José Edison Portocarrero Banguera.
17
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
1991 pasaron a ser departamentos, por ende, los docentes vinculados tenían la
condición de territoriales y nacionalizados, según cada caso, luego del proceso de
la nacionalización de la educación.
39. Así pues, con dicho proceso, específicamente por lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 43 de 1975, se terminó con el régimen de responsabilidades compartidas
en materia educativa entre la nación, los departamentos y los municipios al
establecer que «[l]a educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio
público a cargo de la nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasionaba,
sufragados por «los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de
Bogotá y los Municipios, ser[ía]n de cuenta de la Nación, en los términos de [esa] Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por medio
de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho por los
funcionarios que actualmente ejerzan dicha función». No obstante, se debe tener en
cuenta que para definir si el docente tenía derecho a la pensión gracia la Ley 91 de
1989 los categorizó y definió de la siguiente manera:
«- Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa
fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación
que se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.
• Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar
haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio
presupuesto». [se resalta]
40. El referido artículo 10 señalaba que «[e]n adelante ningún departamento,
intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la
Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria,
ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin
la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional» [Se
resalta].
41. Además, no puede pasarse por alto que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Constitución de 1886 «[s]on entidades territoriales de la República los
Departamentos, las Intendencias, las Comisarías y los Municipios o Distritos Municipales,
en que se dividen aquellos y éstas» [Se resalta].
42. En consideración a lo anterior, comoquiera que la vinculación de la docente
ocurrió por virtud del nombramiento efectuado por una autoridad territorial
18
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
[intendencia nacional del Casanare], con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y
para ocupar una la plaza con dicho carácter se acreditó el requisito bajo estudio. En
igual sentido se ha reconocido por esta Sección los tiempos de servicio acreditados
en virtud de nombramientos provistos por autoridades intendenciales49.
43. En este punto, resulta pertinente insistir en que, según la sentencia de unificación
del 21 de junio de 201850, el carácter territorial o nacionalizado de una plaza
educativa es lo importante para el reconocimiento de la pensión gracia, como
también lo es que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, y no por el origen de los recursos con los que se pagaban los
salarios de los docentes, como lo consideró la Ugpp.
41. Ahora bien, como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, tanto la
Corte Constitucional como el Consejo de Estado han manifestado que el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes territoriales está
condicionado a la existencia de una vinculación anterior al 31 de diciembre de
1980, y para la acreditación de los 20 años de servicio está permitido contar tiempos
posteriores solo si se demuestran como nacionalizados o territoriales.
42. En efecto, la Ley 91 de 1989 no solo protegió los derechos adquiridos sino
también las expectativas legítimas de los docentes afectados por la nacionalización
de la educación. Luego, no era procedente negar el acceso a la prestación con el
argumento de que a la entrada en vigencia de la citada ley la demandante no había
completado la totalidad de los requisitos exigidos para tal fin, o, un mínimo de 11
años de servicio, pues en cuanto a la analizada condición bastaba acreditar una
experiencia de carácter municipal, territorial, distrital o nacionalizado antes del 31
de diciembre de 1980 para que se le garantizara la expectativa de completar los
requisitos legales incluso con tiempos posteriores a la entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989.
43. En efecto, esa es la lectura que debe darse al numeral 2 del artículo 15 de la
referida Ley 91, que señala
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
49 Sentencias del 20 de abril de 2023, radicado 13001-23-33-000-2016-00715-01 (3318-2021) y del
24 de octubre de 2024, radicado: 18001-23-33-000-2019-00118-01 (4099-2023), C.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar. Sentencias del 27 de noviembre de 2020, radicado: 85001-23-33-000-2017-
00087-02 y del 20 de mayo de 2021, Radicado 63001-23-33-000-2018-00102-02, C.P. Sandra
Lisseth Ibarra Vélez.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, expediente 2500023420000130468301 (3805-
2014).
19
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos». [Se
resalta]
44. En ese sentido, al plenario se allegaron pruebas documentales (decreto de
nombramiento 104 del 18 de marzo de 1980, acta de posesión 58 y certificado del
6 de febrero de 2014) que permiten verificar la prestación del servicio en una plaza
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y en los cuales aparece como
nominador una autoridad de este orden (intendente nacional del Casanare), que de
acuerdo con las reglas de la jurisprudencia vigente denota la plaza en el cual prestó
sus servicios.
45. Por consiguiente, se concluye que la docente ostentó una vinculación antes del
31 de diciembre de 1980 de carácter territorial pues, su nombramiento fue en
ejercicio de las facultades legales otorgadas al intendente nacional del Casanare, y
en esos términos fueron acreditados 3 meses y 3 días.
46. Por otro lado, respecto de las vinculaciones ejercidas con posterioridad por la
demandante, se observan las siguientes: i) la Resolución 1060 del 13 de agosto de
1981, relacionada en el formato único para expedición de certificado de historia
laboral expedido el 6 de febrero de 2014, por el término de 2 meses y 26 días; ii) los
contratos de prestación de servicios suscritos con el departamento del Casanare; y
iii) el Decreto 312 del 29 de mayo de 1997, mediante el cual el gobernador del
departamento del Casanare la nombró como docente en la Escuela Rural El Peral
del Municipio de Paz de Ariporo.
47. Sobre el particular, los argumentos del recurrente cuestionan el lapso en el que
la demandante estuvo vinculada a través de contratos de prestación de servicios
suscritos con autoridades territoriales, como lo son el gobernador del departamento
del Casanare y el alcalde del municipio de Paz de Ariporo, los cuales eran viables
para acceder al beneficio de la pensión gracia, pues la normativa que regula la
prestación la concibió como una compensación o retribución a favor de los maestros
que laboraran en el nivel territorial sin exigir una calidad de vinculación específica51.
51 Sentencia del 14 de noviembre de 2015, Exp. 2636-2014, consejero Ponente Gerardo Arenas
Monsalve.
20
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
48. Valga indicar, que, respecto de la viabilidad de constituir como modalidad válida
de vinculación a la interinidad, a la provisionalidad, a la hora cátedra, entre otras,
para el reconocimiento de la pensión gracia, esta Corporación ha sostenido lo
siguiente52:
«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse que
las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación como
una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el nivel
territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la jurisprudencia
de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la
prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia
oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a
cualquiera de las previstas en la ley. En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no
define expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos
docentes, esta Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con
docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio
de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación de los servicios educativos. Lo anterior, en todo caso, constituye una forma
de vinculación a la administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la
ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con carácter
autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor […]53»
(…)
También es de la mayor importancia, establecer conforme a lo anterior, que el tiempo
requerido y viable para el reconocimiento de la pensión gracia, no solo es aquel
se deriva de las relaciones regulares y en titularidad, pues, tal como hemos visto,
modalidades de vinculación como la interinidad, los nombramientos en
provisionalidad e inclusive el ejercicio de la docencia por horas cátedras o por contratos
de prestación de servicio, resultan válidos en el entendido que se trata de una
prestación cimentada en la prestación efectiva de labores de educador, sin aislar
que en todo caso se requiere que el nexo sea territorial o nacionalizado».[se resalta]
49. Así entonces, se tiene que el ejercicio de la docencia en interinidad, los
nombramientos en provisionalidad e inclusive el ejercicio de la docencia por horas
cátedras o por contratos de prestación de servicios, resultan válidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, siempre y cuando el nexo sea de carácter
territorial o nacionalizado.
50. En tal sentido, se tiene que la docente suscribió los contratos de prestación de
servicios con la intendencia nacional del Casanare, con la Alcaldía municipal de Paz
52 Sentencia del 26 de noviembre de 2018, Exp. 4419-2017, consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
53 Sentencia del 14 de noviembre de 2015, exp.2636-2014, CP Gerardo Arenas Monsalve.
21
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
de Ariporo y con el departamento del Casanare, autoridades de carácter territorial,
lo que muestra la voluntad de vincularla a la planta territorial y lo que se corrobora
con la posterior incorporación mediante el Decreto 312 del 29 de mayo de 1997.
51. En este punto entonces, y sin que estén en discusión los requisitos iniciales [edad
y buena conducta], se advierte que los tiempos que resultan válidos para el
reconocimiento de la pensión gracia hasta completar el exigido por la norma [20
años] incluyen el acreditado por virtud del nombramiento efectuado por el intendente
nacional del Casanare antes del 31 de diciembre de 1980 y los acumulados en
cumplimiento de los contratos de prestación de servicios con el departamento. Para
mayor claridad la Sala relacionará en el siguiente cuadro los tiempos de servicio
válidos, así:
. Modalidad Cargo Desde Hasta Total,
tiempo de Años Meses Días
servicios
Intendencia Laboral docente 14 de abril 17 de julio 0 años 3
Nacional del de 1980 de 1980 meses 3
Casare días 0 3 3
Departamento Laboral docente 17 de 14 de 0 años 2
de Casanare agosto de noviembre meses 28 0 2 28
1981 de 1981 días
Departamento OPS -300 docente 1 de abril de 3 de 0 años 11
del Casanare 1991 marzo de meses 2 0 11 2
1992 días
Departamento OPS -465 docente 1 de abril de 31 de 0 años 8
del Casanare 1992 diciembre meses 30 0 8 30
de 1992 días
Alcaldía de OPS -61 docente 1 de febrero 31 de 0 años 10
Paz de de 1993 diciembre meses 30 0 10 30
Ariporo de 1993 días
Departamento OPS -3 docente 18 de enero 18 de 0 años 11
del Casanare de 1994 diciembre meses 0 0 11 0
de 1994 días
Departamento OPS -291 docente 1 de febrero 31 de 0 años 10
del Casanare de 1995 diciembre meses 30 0 10 30
de 1995 días
Departamento OPS -308 docente 23 de enero 31 de 0 años 11
del Casanare de 1996 diciembre meses 8 0 11 8
de 1996 días
Departamento laboral docente 3 de junio 30 de 22 años 7
del Casanare de 1997 enero de meses 27 22 7 27
2020 días
22 73 158
6 5 /30
28 78 5,27
/12 8
6,5
6
52. Así pues, del anterior material probatorio se puede establecer que el tiempo
22
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
laborado en ese lapso lo ejerció como docente de carácter territorial en plazas de
igual orden, tal y como se reconoció en la sentencia de primera instancia. En esos
términos fueron acreditados 28 años, 6 mes y 8 días de servicio. Valga aclarar que
incluso descontando los 2 meses y 26 días relacionados en el certificado el 6 de
febrero de 2014 expedido por la Secretaría de Educación de Casanare, por cuanto
no fue aportada la Resolución 1060 del 13 de agosto de 1981 por medio de la cual
fue nombrada en la Escuela Rural Llano de Páez (Paz de Ariporo) ni una
certificación de la autoridad nominadora que diera cuenta de manera inequívoca del
tipo de vinculación, aun así, completaría 28 años, 3 meses y 10 días de servicio.
53. En ese orden de ideas, concluye la Sala que la docente prestó su servicio en
ejercicio de vinculaciones de orden municipal durante 28 años, 3 meses y 10 días
de servicio, motivo por el cual no le asiste razón a lo argumentado por la Ugpp,
comoquiera que en el expediente fue plenamente acreditado el cumplimiento de los
requisitos cuestionados, como la existencia de la vinculación antes del 31 de
diciembre de 1980 y los 20 años de servicio.
54. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023,
por el Tribunal Administrativo de Casanare.
2.5. Costas
55. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
56. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
57. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
23
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
aplicación razonable de la norma54.
58. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
59. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá condenar en costas en esta instancia.
3. Conclusión
60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Gladys Nayr Martínez
Rodríguez ostentó una vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 y prestó sus
servicios por 20 años en virtud de vinculaciones del orden territorial. En esas
condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Casanare, Despacho 002, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Casanare, Despacho 002, por medio de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Gladys Nayr Martínez Rodríguez contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (Ugpp).
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
54En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
24
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00411-01 (0751-2024)
Demandante: Gladys Nayr Martínez Rodríguez
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MAG
25
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.