Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2016-00170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2016-00170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2016-00170-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 85001 23 33 000 2016 00170 01 (1266-2018)
Demandante: Elizabeth Amézquita Medina
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Pensión gracia. Docentes de carácter territorial y
nacionalizado. Condena en costas en segunda instancia.
Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia toda vez que en el
expediente se demostró que la parte actora cumplió con
todos los requisitos legales para acceder a la pensión gracia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 19 de diciembre de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 022191 del 17 de julio de
20142, RDP 026987 del 3 de septiembre de 20143, RDP 028261 del 17 de
septiembre de 20144, RDP 013235 del 7 de abril de 20155 y RDP 023787 del 11
de junio de 20156, a través de las cuales la entidad demandada le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad el
reconocimiento de la mencionada prestación periódica, en cuantía del 75% del
salario y demás factores salariales, junto con la actualización de las sumas
adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA. De
1 Folios 2 al 8.
2 Folios 9 y 10.
3 Folios 11 y 12.
4 Folios 14 y 15.
5 Folio 17.
6 Folios 19 y 20.
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igual modo, pidió condenar en costas a la demandada y dar cumplimiento a la
sentencia en el término previsto en el artículo 196 ibidem.
3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, indicó que laboró como
docente del departamento del Meta y del municipio de Villavicencio antes del 31
de diciembre de 1980, en virtud de los nombramientos efectuados mediante los
Decretos 606 del 30 de octubre de 1979 y 711 de 1980.
4. Asimismo, expuso que prestó sus servicios como educadora en el referido
departamento entre el 25 de enero de 1982 y el 11 de junio de 1985 y que, a
partir de esta última fecha, fue nombrada docente en la Concentración Urbana
Fabio Riveros de Villanueva (Casanare), para luego trasladarse al municipio de
Yopal desde el 17 de junio de 1998.
5. Igualmente, manifestó que tiene más de 50 años de edad, que ha
desempeñado sus funciones con consagración, lealtad, honradez e idoneidad, y
que nunca ha sido sancionada disciplinariamente por autoridad alguna.
6. Explicó que desde el año 2004 ha reclamado el derecho que le asiste a
ser beneficiaria de la pensión gracia y que el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Yopal (Casanare) declaró probada la excepción de cosa
juzgada dentro del proceso 85001 33 31 001 2010 00067 01.
7. Debido a lo anterior, en el año 2014 inició un nuevo procedimiento
administrativo con el fin de reclamar la referida prestación, la cual fue negada
mediante la Resolución RDP 022191 del 17 de julio de 2014 bajo el argumento
de que no se había allegado el original del Decreto 606 de 1979 ni del certificado
de tiempo de servicios. Dicha decisión se confirmó mediante las Resoluciones
RDP 026987 del 3 de septiembre de 2014 y RDP 028261 del 17 de septiembre
de 2014.
8. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2014 reiteró la solicitud ante la
entidad adjuntando la documentación en original. No obstante, esta fue negada
mediante la Resolución RDP 013235 del 7 de abril de 2015 por cuanto la docente
no acreditaba 20 años de servicios. Dicho acto fue confirmado mediante la
Resolución RDP 023787 del 11 de junio de 2015, con fundamento en que no
había lugar al reconocimiento de la prestación dado que los recursos con los que
se sufragaron sus salarios habían sido financiados por el Sistema General de
Participaciones, lo cual permitía concluir que se trataba de una docente de
carácter nacional.
Contestación de la demanda7
9. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando
que los actos administrativos acusados se expidieron conforme a derecho, en
7 Folios 103 al 111.
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tanto que la demandante no acreditó 20 años de servicios en la docencia oficial
de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado.
10. Asimismo, explicó que en el expediente administrativo obran dos
sentencias ejecutoriadas que contienen pretensiones idénticas a las deprecadas
en el sub lite, como consta en los procesos 2008-00030 y 2011-00215, dictadas
por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal y el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de esa ciudad, respectivamente.
11. Por lo anterior, propuso la excepción mixta de cosa juzgada habida cuenta
de que en el presente proceso se persigue el reconocimiento de una pensión
gracia que ya fue objeto de decisión en sentencias judiciales anteriores.
12. De igual modo, planteó las excepciones de mérito denominadas
«inexistencia de la obligación», «cobro de lo no debido», «buena fe»,
«presunción de legalidad de los actos administrativos», «genérica e innominada»
y «prescripción».
Decisión de las excepciones previas8
13. En la audiencia inicial llevada a cabo 29 de agosto de 2017, el Tribunal
Administrativo de Casanare declaró no probada la excepción de cosa juzgada
habida cuenta de que en el presente caso y en los resueltos en los procesos
85001 33 31 002 2008 00030 00 y 85001 33 31 002 2011 00215 00/01 no existe
identidad de objeto por cuanto no se están demandando los mismos actos
administrativos y se están discutiendo nuevos hechos y pruebas que soportan la
demanda.
Sentencia apelada9
14. Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo
de Casanare declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y condenó
a la entidad a reconocerle a la demandante el pago de una pensión gracia en
cuantía del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios
anterior a la fecha en la que adquirió el estatus pensional, comprendido entre el
25 de diciembre de 2004 al 25 de diciembre de 2005. Sin embargo, declaró
probada la prescripción de las mesadas pensionales ocasionadas antes del 17
de julio de 2011.
15. Para arribar a dicha conclusión, estimó que la docente acreditó el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos para beneficiarse de la pensión
gracia reclamada pues el 25 de diciembre de 2005 cumplió 50 años de edad,
laboró durante 20 años como maestra territorial y nacionalizada a partir del 10 de
noviembre de 1979 y no se probó que haya tenido alguna conducta reprochable
que le impidiera gozar de la prestación.
8 Folios 145 al 148.
9 Folios 333 al 343.
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16. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.
Recurso de apelación
17. La parte demandada presentó recurso de apelación en el que, luego de
transcribir algunos apartes normativos y jurisprudenciales sobre el derecho a la
pensión gracia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negar las pretensiones, bajo el argumento de que la docente no acreditó una
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y no
laboró durante 20 años en dicha calidad.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. Mediante auto del 16 de mayo de 201910, se admitió el recurso de
apelación de la referencia. Luego, el 30 de julio de 202011 se ordenó correr
traslado a las partes por el término de 10 días para que presentaran sus alegatos
de conclusión y poner el expediente a disposición del Ministerio Público para que
emitiera el concepto correspondiente.
19. La demandante12 reiteró sus argumentos tendientes a indicar que reúne
todos los requisitos para acceder a la pensión gracia. Por su parte, la entidad13
adujo que se debe revocar la sentencia apelada por cuanto la docente pretende
que se le tengan en cuenta tiempos laborados para el departamento de
Casanare, los cuales fueron de carácter nacional pues sus salarios se pagaron
con recursos provenientes de la Nación.
20. Por otro lado, el 29 de noviembre de 202214 se resolvió no avocar
conocimiento para emitir sentencia de unificación.
21. Finalmente, el 26 de febrero de 202615 se emitió auto para mejor proveer,
con el fin de requerir al Juzgado Segundo Administrativo de Yopal (Casanare)
para que remitiera copia digital del expediente correspondiente al proceso 85001
33 31 002 2008 00030 00 con el fin de establecer si en el presente asunto se
había configurado la excepción de cosa juzgada.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
10 Folio 371.
11 Folio 393.
12 Índice 15.
13 Índice 16.
14 Folios 395 a 397.
15 Índice 63.
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competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Cuestión previa
23. Antes de resolver el recurso de apelación de la referencia, es preciso
señalar que en el presente caso no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada
respecto de lo resuelto en los procesos 85001-33-31-002-2008-00030-00 y
85001-33-31-002-2011-00215-00 ya que, si bien confluyen la identidad de partes
y de objeto, lo cierto es que no se presenta identidad de causa exigida por el
artículo 303 del CGP.
24. Sobre el particular, la Sala advierte que, en el primer proceso, resuelto
mediante sentencia del 21 de julio de 2010, el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Yopal no estudió ninguno de los períodos aducidos en el presente
asunto dado que en esa oportunidad la controversia planteada por la demandante
se sustentó en que no debía exigírsele el requisito de haberse vinculado como
docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 arguyendo
que al momento de su vinculación como docente aún no había sido proferida la
Ley 91 de 1989, que fue la norma que introdujo dicha exigencia.
25. Por su parte, en el segundo proceso tampoco fueron estudiados los
tiempos y vinculaciones aducidos en el presente asunto puesto que el Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión de Yopal, mediante sentencia del 9 de
noviembre de 2012 —confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare
mediante fallo del 4 de abril de 2013—, declaró probada de oficio la excepción
de cosa juzgada frente al primer litigio, sin analizar el fondo del asunto en torno
a periodos de servicios como docente de carácter nacional, nacionalizado o
territorial, como sí sucede en este proceso.
Problema jurídico
26. Aclarado lo anterior, conforme a los argumentos del recurso de apelación
le corresponde a la Sala determinar si la demandante acreditó todos los requisitos
legales para beneficiarse de la pensión gracia reclamada, en especial, los de
haberse vinculado como docente territorial o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980, así como haber ejercido en tal calidad durante 20 años.
Análisis del problema jurídico
27. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia apelada en razón a
que en el expediente se encuentra acreditado que la demandante cumplió con
todos los requisitos legales para acceder a la pensión gracia que reclama, tal
como se explicará a continuación.
28. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
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servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
29. En el asunto sub judice no está en discusión que la parte actora satisfizo
el requisito de la edad pues nació el 25 de diciembre de 1955 y cumplió 50 años
el 25 de diciembre de 200516. Tampoco se controvierte lo relacionado con el
requisito de haber laborado con buena conducta y honradez, pues en el recurso
de apelación no se planteó un reparo al respecto ni obra en el expediente prueba
alguna que demuestre que la demandante se le haya impuesto alguna sanción
disciplinaria17.
30. Con base en lo anterior, se estudiarán las demás exigencias legales para
acceder a la pensión gracia.
1. Requisito de haberse vinculado como docente territorial o nacionalizada
antes del 31 de diciembre de 1980
31. Para demostrar el citado requisito, al proceso se aportó copia del Formato
Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral 4614 del 26 de
noviembre de 201418, a través del cual la Secretaría de Educación del
departamento del Meta certificó que la demandante prestó sus servicios como
docente de primaria en propiedad entre el 16 de octubre y el 11 de diciembre de
1979 (1 mes y 26 días) y entre el 6 de octubre y el 1 de diciembre de 1980 (1 mes
y 26 días).
32. Como soporte de la anterior información, se aportó copia del Decreto 606
del 30 de octubre de 197919, a través del cual el gobernador del departamento
del Meta nombró a la actora como maestra interina de educación primaria en la
Escuela Urbana Abraham Lincoln del municipio de Villavicencio a partir del 16 de
octubre de 197920 y por el tiempo que durara la licencia de maternidad de la titular
del cargo.
33. Asimismo, se aportó copia del Decreto 711 del 19 de noviembre de 198021,
mediante el cual el gobernador del Meta, en uso de sus atribuciones legales,
nombró a la demandante como maestra interina en la escuela urbana Primero de
Junio del municipio de Granada, a partir del 6 de octubre de 198022 y por el tiempo
que durara la licencia de maternidad de la titular del cargo.
16 Cfr. Registro Civil de Nacimiento (folio 22).
17 Cfr. Certificado de Antecedentes Disciplinarios 84699946 del 19 de julio de 2016 (folio 62).
18 Folios 26 al 29.
19 Folios 36 al 36.
20 Cfr. Acta de posesión del 10 de noviembre de 1979 (folio 37).
21 Folio 38.
22Cfr. Acta de posesión 28-07 del 20 de noviembre de 1980 (Folio 39).
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34. Al revisar los mencionados actos de nombramiento, la Sala evidencia que
estos fueron suscritos por el gobernador del Meta, en usos de sus atribuciones
legales, sin que se advierta la intervención del Ministerio de Educación Nacional
o del delegado del FER en su expedición, lo cual permite concluir que se trató de
vinculaciones del orden territorial-departamental, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, según el cual el personal de
dicha naturaleza «Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
35. Así las cosas, contrario a lo afirmado por la entidad apelante, en el
presente caso está plenamente demostrado que la parte actora cumple con el
requisito de haberse vinculado como docente territorial antes del 31 de
diciembre de 1980, sumado a que los tiempos laborados antes de esa fecha
sean computables para completar los 20 años de servicios requeridos para
acceder a la pensión gracia reclamada, los cuales suman 3 meses y 22 días.
2. Requisito de haber laborado durante 20 años como docente territorial o
nacionalizada
36. Para acreditar este requisito temporal, sea lo primero señalar que al
expediente se aportaron copias de los Decretos 532 del 28 de julio de 198123 y
663 del 10 de septiembre de 198124, mediante los cuales el gobernador del Meta
nombró a la actora como maestra interina en las Escuelas Urbanas Antonio
Nariño y Abraham Lincoln de Villavicencio, con efectividad a partir del 15 de julio
de 198125 y 20 de agosto de 198126, respectivamente, en tanto permanecieran
las licencias por enfermedad y no remunerada de los titulares del cargo.
37. Sin embargo, la Sala no tendrá en cuenta los referidos nombramientos
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia reclamada por cuanto, de
una parte, no fueron invocados en la demanda y, de otra, no es posible establecer
los extremos temporales de dichas vinculaciones, lo que impide determinar el
tiempo efectivamente laborado por la parte actora.
38. Por otro lado, obra en el expediente el ya mencionado Formato Único para
la Expedición del Certificado de Historia Laboral 4614 del 26 de noviembre de
201427, mediante el cual la Secretaría de Educación del departamento del Meta
certificó que la demandante prestó sus servicios como docente de primaria en
propiedad entre el 1 de febrero de 1982 y el 11 de junio de 1985 (3 años, 4 meses
y 11 días). Dicha información coincide, a su vez, con lo consignado en el
Certificado de Tiempo de Servicio del 11 de julio de 200628, en el que la
mencionada entidad catalogó la vinculación como de carácter nacionalizado.
23 Folios 52 y 53.
24 Folio 55.
25 Cfr. Acta de posesión 3374 del 10 de agosto de 1981 (Folio 54.)
26 Cfr. Acta de posesión 3342 del 11 de septiembre de 1981 (Folio 56.)
27 Folios 24 y 25.
28 Folio 31.
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39. Al revisar el aludido certificado de historia laboral, se advierte que entre el
22 de abril y el 5 de junio de 1985 —equivalente a 1 mes y 15 días— se le
concedió a la docente una licencia no remunerada, mediante la Resolución 114
del 22 de abril de 1985.
40. Ahora bien, como soporte de los tiempos previamente certificados, al
proceso se allegó copia del Decreto 60 del 25 de enero de 198229, a través del
cual se nombró a la actora como maestra en propiedad en la Escuela Urbana el
Provenir de Villavicencio. De dicho cargo tomó posesión el 1 de febrero de 198230
y laboró hasta el 11 de junio de 1985, fecha en la que le fue aceptada su renuncia
mediante el Decreto 0361 del 28 de junio de 198531.
41. Con fundamento en los documentos previamente analizados, la Sala
concluye que la vinculación surgida a partir del 1 de febrero de 1982 tuvo
naturaleza territorial y no nacionalizada —como lo certificó la Secretaría de
Educación del Meta— habida cuenta de que el acto administrativo de
nombramiento fue suscrito por el gobernador del Meta en uso de sus atribuciones
legales, sin intervención del Ministerio de Educación ni autorización presupuestal
previa de dicha entidad nacional, lo cual se corresponde con la definición de
personal territorial contenida en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989.
42. En consecuencia, se computarán para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia reclamada 3 años, 2 meses y 26 días, correspondientes al tiempo
efectivamente laborado por la parte actora entre el 1 de febrero de 1982 y el 11
de junio de 1985 como docente territorial, descontado el lapso derivado de la
licencia no remunerada comprendida entre el 22 de abril y el 5 de junio de 1985.
43. Entre tanto, obra en el expediente el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 18 de julio de 202432, mediante el cual la
Secretaría de Educación de Yopal certificó que la parte actora prestó sus
servicios como docente en propiedad, con tipo de vinculación «nacional», desde
el 1 de agosto de 1985 hasta el 1 de febrero de 2019, en virtud del nombramiento
efectuado mediante el Decreto 00026 del 31 de julio de 1985.
44. En dicho documento también se registraron diversas novedades, tales
como ascensos, reubicaciones, cambios de sueldo e incorporaciones, sin que se
advierta la existencia de interrupciones o solución de continuidad durante el
tiempo que permaneció en vigor el vínculo docente.
45. Como soporte de lo anterior, en el expediente obra copia del mencionado
Decreto 00026 del 31 de julio de 198533, mediante el cual el Intendente Nacional
de Casanare, en su calidad de presidente de la Junta Administradora del FER y
en uso de sus facultades legales, nombró a la demandante como profesora de la
29 Folios 40 y 41.
30 Cfr. Acta de posesión 105 del 1 de febrero de 1982 (folio 42).
31 Folio 43.
32 Índice 45 de SAMAI.
33 Ibidem.
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Concentración Urbana Fabio Riveros del municipio de Villanueva. De dicho cargo
tomó posesión el 1 de agosto de 198534.
46. Sobre este punto, conviene precisar que, al momento en que se profirió el
mencionado acto administrativo de nombramiento, Casanare aún no se había
erigido como departamento —hecho que ocurrió con la expedición de la
Constitución Política de 199135—, sino que correspondía a una intendencia
nacional, las cuales, de manera pacífica, han sido reconocidas como verdaderas
entidades territoriales, en virtud de lo establecido en las Leyes 2 de 1943 (artículo
1)36 y 22 del 18 de enero de 198537, en consonancia con la jurisprudencia de esta
Corporación38.
47. En ese orden de ideas, en contraposición a la connotación nacional que la
Secretaría de Educación de Yopal le dio a la mencionada vinculación docente,
para esta Subsección está claro que se trató de un nombramiento del orden
nacionalizado, ya que el acto administrativo (Decreto 00026 del 31 de julio de
1985) fue suscrito por el intendente nacional de Casanare, con representante
legal de la entidad territorial y presidente de la Junta Administradora del Fondo
Educativo Regional, junto con el delegado del Ministerio de Educación Nacional
ante el FER de Casanare, lo cual se acompasa con lo previsto en los artículos 6
y 10 de la Ley 43 de 1975, y 1 de la Ley 91 de 1989.
48. Además, vale precisar que mediante la sentencia de unificación de 21 de
junio de 2018, esta Sección fijó como regla de unificación que «la calidad de
docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia
a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo
fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la
vacancia definitiva del cargo».
34 Ibidem.
35 «Articulo 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare,
Guainía, Vaupés y Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las intendencias y
comisarías continuarán siendo de propiedad de los respectivos departamentos» (se resalta).
36 «Artículo 1º. Las Intendencias y Comisarias de que habla el artículo 5° de la Constitución Nacional, son
personas jurídicas. Se asimilan a los Departamentos en cuanto no pugne con las disposiciones de
carácter especial y, en consecuencia, les son aplicables las leyes que se refieran a los
Departamentos sin haber exclusión manifiesta de las Intendencias y Comisarias, o que no sean
incompatibles con la naturaleza de estas ni con su régimen especial. Así, las Intendencias y Comisarias
podrán establecer los mismas impuestos y contribuciones y tendrán las mismas rentas que los
Departamentos. Pero, de conformidad con aquel precepto constitucional, están bajo la administración
inmediata del Gobierno Nacional, el cual, además de las funcio-nes ejecutivas y administrativas, ejercerá en
ellas las que en los Departamentos corresponden a las Asambleas Departamentales» (se resalta).
37 «[P]or la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las Intendencias y Comisarías, se
faculta al Presidente de la República para reorganizar el Departamento Administrativo de Intendencias y
Comisarías, modificar el Régimen Administrativo, Contractual y Fiscal en estas entidades territoriales y
se dictan otras disposiciones» (se resalta).
38 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de septiembre de 2025, bajo
el radicado 85001 23 33 000 2019 00036 01 (3340-2020), con ponencia del magistrado Juan Camilo Morales
Trujillo. Así mismo, véanse las sentencias del 30 de octubre de 2024, emitida dentro del expediente 18001-
23-33-000-2016-00152-01 (5985–2023), con ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves; y del 6
de marzo de 2025, proferida por la Subsección B de esta Sección dentro del expediente 85001 23 33 000
2020 00411 01 (0751-2024), con ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 85001 23 33 000 2016 00170 01 (1266-2018)
Demandante: Elizabeth Amézquita Medina
49. En consecuencia, el interregno laborado por la demandante como maestra
en la intendencia nacional de Casanare, posteriormente erigida como
departamento del Casanare, desde el 1 de agosto de 1985 hasta el 1 de febrero
de 2019 (equivalente a 33 años, 6 meses y 1 día) es computable para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia reclamada al tratarse de un vínculo docente
de carácter territorial.
50. Así las cosas, la parte actora acreditó un total de 37 años y 19 días de
servicios como docente del orden territorial y nacionalizada, según se evidencia
en la siguiente tabla:
Carácter de la Desde Hasta Tiempo laborado
plaza ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial 16/10/1979 11/12/1979 0 1 26
Territorial 06/10/1980 01/12/1980 0 1 26
Territorial 01/02/1982 11/06/1985 3 2 26
Nacionalizada 01/08/1985 01/02/2019 33 6 1
TOTAL 37 0 19
51. En consecuencia, la actora cumplió con todos los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia, a saber: el de la edad, el de buena conducta, el de
vinculación docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y el de los 20
años de servicio docente oficial. Asimismo, no obra en el expediente evidencia
alguna de que perciba o haya percibido pensión o recompensa de carácter
nacional incompatible con la prestación reclamada, requisito que tampoco fue
controvertido por la entidad demandada en su recurso. Por lo anterior, habrá lugar
a confirmar la sentencia apelada.
52. De igual modo, se comparte la decisión del tribunal en cuanto estableció
que el estatus pensional surgió el 25 de diciembre de 2005, fecha en la que la
actora cumplió 50 años de edad, fecha que es posterior al momento en que
completó los 20 años de servicios docentes (13 de enero de 2002).
53. Adicionalmente, la Sala confirmará lo resuelto respecto de la prescripción
de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 17 de julio de 2011.
Sobre este punto, es preciso indicar que, contrario a lo establecido por el tribunal,
la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia se radicó el 5 de mayo de
2014 y no el 17 de julio de 2014, por lo que correspondía declarar prescritas las
mesadas anteriores al 5 de mayo de 2011. No obstante, y en vista de que dicha
situación agravaría aún más la situación de la entidad como apelante único, se
mantendrá la decisión del a quo.
Condena en costas
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
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corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia a la entidad
demandada por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Casanare.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de diciembre 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Elizabeth Amézquita
Medina contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Casanare.
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TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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