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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00036-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2019-00036-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Lucila Sepúlveda Hernández contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Casanare. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2019-00036-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 85001 23 33 000 2019 00036 01 (3340-2020)
Demandante: Lucila Sepúlveda Hernández
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Cumplimiento de los requisitos
con posterioridad al 29 de diciembre de 1989. Aplicación de la
sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de
2022. Docentes vinculados a intendencias nacionales. Principio de la
non reformatio in pejus.
Decisión: Confirma la sentencia apelada toda vez que la accionante cumple con
todos los requisitos legales para acceder a la pensión gracia
pretendida.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada contra la
sentencia de primera instancia del 30 de enero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora ejerció el medio de control de la referencia con el objetivo de que se
declare la nulidad de las Resoluciones RDP 47939 del 20 de diciembre de 2018 y RDP
006141 del 25 de febrero de 2019, por medio de las cuales la entidad demandada le negó
el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de dicha
prestación periódica en una cuantía equivalente al 75 % del promedio de la remuneración
mensual causada en el año previo a la adquisición del estatus pensional. Asimismo, pidió
que las mesadas que se causen sean actualizadas conforme al Índice de Precios al
Consumidor, se indexe la primera mesada y se condene en costas a la demandada.

3. Como sustento de sus pretensiones, expuso que tiene más de 50 años de edad,
ingresó al servicio de la educación pública territorial antes del 31 de diciembre de 1980,
nunca fue sancionada disciplinariamente y ha prestado sus servicios como educadora
por más de 20 años, en los siguientes períodos: i) desde el «15 de octubre de 1975»
hasta el 12 de julio de 1984, por virtud del nombramiento efectuado a través del Decreto
0108 del 18 de marzo de 1980; ii) desde el 23 de enero al 17 de abril de 1999, en el

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 85001 23 33 000 2019 00036 01 (3340-2020)
Demandante: Lucila Sepúlveda Hernández

Colegio Jorge Eliécer Gaitán de Aguazul; iii) del 24 de mayo al 30 de junio de 1999; iv)
del 10 de febrero al 10 de junio de 2000; v) del 10 de junio al 20 de diciembre de 2000;
vi) del 22 de enero de 2001 al 30 de diciembre de 2005; y vii) del 16 de enero de 2006 a
la fecha de la presentación de la demanda.

4. En virtud de lo anterior, afirmó que presentó solicitud ante la entidad demandada
para el reconocimiento de la pensión gracia, a la cual considera tener derecho. No
obstante, esta fue denegada mediante los actos administrativos acusados, con
fundamento en que para el 29 de diciembre de 1989 solo acreditaba 8 años de servicios
y contaba con 30 años de edad.

Contestación de la demanda

5. La accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que si
bien la demandante estaba vinculada a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de
1980 no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia porque no acreditó el
cumplimiento de los demás requisitos para adquirir su estatus pensional antes del 29 de
diciembre de 1989, fecha límite para causar el derecho según la jurisprudencia fijada en
las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000 de la Corte Constitucional.

6. Propuso las excepciones de mérito que denominó «inexistencia de la obligación»,
«carencia del derecho reclamado», «presunción de legalidad de los actos demandados»,
«falta de título y causa», «la genérica e innominada» y «prescripción».

Sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia proferida el 30 de
enero de 2020, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandante, con efectos a partir del
30 de agosto de 2017. Fijó su monto en el 75 % del promedio de lo devengado durante
el año anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional; no obstante, efectuar los
descuentos correspondientes a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Salud.

8. Para adoptar dicha decisión, el a quo concluyó que las pruebas demuestran que
la actora cumplió 50 años de edad el 5 de mayo de 2009, que se vinculó como docente
territorial desde el 8 de abril de 1980 y que continuó en dicha condición por más de 20
años, cumpliendo el estatus pensional el 30 de agosto de 2017. Además, consideró que
no había lugar a declarar la prescripción de las mesadas, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

9. Finalmente, estimó que no procedía condena en costas en esa instancia.

Recurso de apelación

10. La parte demandada presentó recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria
del fallo arguyendo que el tribunal incurrió en un error de interpretación normativa y

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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00036 01 (3340-2020)
Demandante: Lucila Sepúlveda Hernández

jurisprudencial, particularmente respecto del precedente fijado por la Corte Constitucional
en las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000.

11. Sostuvo que no se tuvo en cuenta que, aunque la docente se vinculó al servicio
antes del 31 de diciembre de 1980, no cumplió con la totalidad de los requisitos legales
para el reconocimiento de la pensión gracia antes del 29 de diciembre de 1989, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 91 del mismo año, en particular, el haber laborado durante
20 años como docente.1

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

12. Mediante auto del 20 de mayo de 2021, se admitió el recurso de apelación
interpuesto en el proceso de la referencia. Posteriormente, en providencia del 21 de
octubre de 2021, se corrió traslado a las partes para la presentación de sus alegatos de
conclusión y se ordenó poner el expediente a disposición del Ministerio Público para que
rindiera el concepto correspondiente.

13. La parte demandante y la entidad accionada reiteraron los argumentos expuestos
en la demanda, en la contestación y en el recurso de apelación, sin aportar nuevas
consideraciones relevantes al caso objeto de estudio.

14. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

15. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

16. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si debe revocarse la sentencia proferida el 30 de enero
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, denegarse las
pretensiones de la demanda con base en la tesis según la cual la accionante no tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia por no haber reunido la totalidad de los
requisitos legales antes del 29 de diciembre de 1989, conforme a lo establecido por la
Corte Constitucional en las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000.
Análisis del problema jurídico

17. La Sala confirmará la sentencia apelada en atención a los motivos que se
expondrán a continuación.

1 En el recurso de apelación la demandada impugnó lo concerniente a la condena en costas; sin embargo, la Sala no

se pronunciará al respecto, toda vez que la sentencia de primera instancia se abstuvo de tal imposición, como se indicó
en el párrafo 10 de esta providencia.

3

Radicación: 85001 23 33 000 2019 00036 01 (3340-2020)
Demandante: Lucila Sepúlveda Hernández

18. Esta Sección, mediante la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11
de agosto de 20222, interpretó el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989,
en conjunto con lo dispuesto en los fallos C-84 de 1999 y C-489 de 2000 de la Corte
Constitucional, estableciendo la siguiente regla jurisprudencial, la cual resulta aplicable
al presente caso:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento. (Se resalta)

19. Para arribar a esa conclusión, se concluyó que la citada norma no estableció el 29
de diciembre de 1989 como fecha límite para consolidar el derecho a la pensión gracia,
sino que, al emplear las expresiones «tuviesen o llegaren a tener derecho» y el verbo
«reconocerá», permitió que los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980
pudieran completar con posterioridad los requisitos de edad y tiempo de servicio
garantizando tanto los derechos adquiridos como las expectativas legítimas y asegurando
la vigencia del régimen especial en el tiempo.

20. Asimismo, al analizar los alcances de la sentencia C-489 de 2000 dictada por la
Corte Constitucional, estimó que no es cierto que esta haya fijado como límite el 29 de
diciembre de 1989 para completar los requisitos de la pensión gracia pues su alcance se
restringió a la protección de quienes ya tenían derechos consolidados para esa fecha.

21. Es más, se explicó que la Corte, a través de las sentencias C-954 de 2000, C-479
de 1998, C-915 de 1999, C-085 de 2002, C-084 de 1999, C-506 de 2006 y SU-014 de
2020, ha reiterado que el régimen de la pensión gracia siguió proyectando efectos
después de 1989 para quienes tenían vinculación previa a 1981 tomando en cuenta que
el reconocimiento de dicha prestación responde al carácter irrenunciable de los derechos
laborales y a los principios de favorabilidad y pro homine asegurando que los docentes
nacionalizados o territoriales no vean frustrada la posibilidad de consolidar un beneficio
que constituye una conquista histórica del magisterio.

22. Con base a lo anterior, acertó el Tribunal al acceder a las pretensiones de la
demanda toda vez que está acreditado —y no fue objeto de alzada— que la actora se
vinculó como docente nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980. Así se desprende
del Decreto 0108 del 18 de marzo de 1980, suscrito por el jefe de Novedades del FER3,
mediante el cual fue nombrada como profesora de la Escuela Rural El Caimán, ubicada
en el municipio de Trinidad; cargo que asumió el 8 de abril de 19804 ante el intendente
nacional de Casanare y el jefe de Personal del FER.

23. Sobre este punto, vale la pena hacer la precisión de que, en el momento en que
se profirió el mencionado acto administrativo de nombramiento, Casanare aún no se

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida

dentro del proceso 15001 23 33 000 2016 00278 01 (3018-2017).
3 Página 105 del archivo PDF contentivo de los antecedentes administrativos allegados por la UGPP.

4 Cfr. Acta de posesión 00041 del 8 de abril de 1980, visible folio 33 del cuaderno principal.

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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00036 01 (3340-2020)
Demandante: Lucila Sepúlveda Hernández

había erigido como departamento —hecho que ocurrió con la expedición de la
Constitución Política de 19915—, sino que correspondía a una intendencia nacional, las
cuales, de manera pacífica se han considerado como verdaderas entidades territoriales,
en virtud de lo establecido en las Leyes 2ª de 1943 (artículo 1.°)6 y 22 del 18 de enero de
19857, en consonancia con la jurisprudencia de esta Colegiatura8.

24. En atención a lo anterior, el requisito de los 20 años de servicio podía ser cumplido
tanto antes como después de la expedición de la Ley 91 de 1989, circunstancia que fue
acreditada mediante las siguientes pruebas documentales:

25. Con fundamento en el nombramiento efectuado a través del citado Decreto 0108
del 18 de marzo de 1980, la demandante prestó sus servicios como docente territorial en
la Escuela Rural El Caimán, del municipio de Trinidad, en los siguientes períodos: i) del
8 de abril de 1980 al 30 de abril de 1982; ii) del 13 de junio al 11 de julio de 1982; y iii)
del 29 de julio de 1982 al 12 de julio de 1984. Esta información consta en el Formato
Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral, expedido el 27 de abril de
20189 por la Secretaría de Educación de Casanare10.

26. De igual forma, se aportó copia del Decreto 0022 del 27 de enero de 200011,
mediante el cual el secretario de Educación de Casanare, en ejercicio de sus atribuciones
legales, vinculó provisionalmente a la actora como docente de la Escuela Rural La Florida
del municipio de Aguazul, por un término de 4 meses, con recursos propios del
departamento, sin que se advierta la intervención del Ministerio de Educación Nacional
en su expedición. Esta relación legal y reglamentaria fue prorrogada en 2 oportunidades,
hasta la finalización del año lectivo 2000, mediante los Decretos 0100 del 7 de junio12 y
0168 del 9 de octubre del mismo año13.

5 «Articulo 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Los
bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad
de los respectivos departamentos» (se resalta).
6 «Artículo 1º. Las Intendencias y Comisarias de que habla el artículo 5° de la Constitución Nacional, son personas

jurídicas. Se asimilan a los Departamentos en cuanto no pugne con las disposiciones de carácter especial y,
en consecuencia, les son aplicables las leyes que se refieran a los Departamentos sin haber exclusión
manifiesta de las Intendencias y Comisarias, o que no sean incompatibles con la naturaleza de estas ni con su
régimen especial. Así, las Intendencias y Comisarias podrán establecer los mismas impuestos y contribuciones y
tendrán las mismas rentas que los Departamentos. Pero, de conformidad con aquel precepto constitucional, están bajo
la administración inmediata del Gobierno Nacional, el cual, además de las funcio-nes ejecutivas y administrativas,
ejercerá en ellas las que en los Departamentos corresponden a las Asambleas Departamentales» (se resalta).
7 «[P]or la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las Intendencias y Comisarías, se faculta al

Presidente de la República para reorganizar el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, modificar
el Régimen Administrativo, Contractual y Fiscal en estas entidades territoriales y se dictan otras disposiciones» (se
resalta).
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2024, emitida dentro del

expediente 18001-23-33-000-2016-00152-01 (5985–2023), con ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves.
Así mismo, véase la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida por la Subsección B de esta Sección dentro del
expediente 85001 23 33 000 2020 00411 01 (0751-2024), con ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
9 Folios 34 al 36.

10 Dicha información también coincide con el certificado del 25 de mayo de 2018, expedido por la directora

administrativa de la Secretaría de Educación de Casanare, visible en las páginas 47 y 48 del archivo PDF contentivo
de los antecedentes administrativos allegados por la UGPP.
11 Folios 24 y 25.

12 Folios 26 y 27.

13 Folios 28 y 29.

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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00036 01 (3340-2020)
Demandante: Lucila Sepúlveda Hernández

27. También obra copia del Decreto 0005 del 22 de enero de 2001 14, expedido por el
secretario de Educación del departamento de Casanare, mediante el cual se vinculó
provisionalmente a la demandante como profesora de la Escuela Rural La Florida, del
municipio de Aguazul, por el término del año lectivo 2001 o hasta que se estableciera la
nueva planta de personal docente y administrativo al servicio del departamento, cargo del
cual tomó posesión el 30 de enero de 2001 ante dicho funcionario15.

28. Asimismo, se allegó el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, expedido el 27 de abril de 201816 por la Secretaría de Educación de Casanare,
en el cual se certifican los tiempos laborados por la demandante, conforme a los
nombramientos efectuados mediante los actos administrativos previamente
mencionados. En dicho documento, los aludidos vínculos se clasificaron como de tipo
territorial.

29. Finalmente, obra en el expediente el Certificado 630-2704 del 25 de mayo de 2018,
expedido por la directora administrativa de la Secretaría de Educación del departamento
de Casanare, en el cual se certifican, además, los siguientes períodos laborados por la
actora: i) del 23 de enero al 17 de abril de 1999, como profesora del Colegio Jorge Eliécer
Gaitán del municipio de Aguazul, en virtud del nombramiento efectuado mediante la
Resolución 040-0240 de 1999; y ii) del 24 de mayo al 30 de julio de 1999, como docente
del Instituto Educativo Antonio Nariño del mismo municipio, en razón del nombramiento
realizado mediante la Resolución 040-01293 del 24 de mayo de 199917.

30. De acuerdo con lo anterior, está demostrado que la accionante sirvió como
docente nacionalizada y territorial al servicio del departamento de Casanare durante 22
años, 8, meses y 10 días, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Nacionalizado 08/04/1980 30/04/1982 13 0 2
Nacionalizado 13/06/1982 11/07/1982 29 0 0
Nacionalizado 29/07/1982 12/07/1984 14 11 1
Territorial 23/01/1999 17/04/1999 25 2 0
Territorial 24/05/1999 30/07/1999 7 2 0
Territorial 10/02/2000 10/06/2000 1 4 0
Territorial 11/06/2000 11/10/2000 1 4 0
Territorial 12/10/2000 30/12/2000 19 2 0
Territorial 30/01/2001 30/12/2005 1 11 4
Territorial 16/01/2006 24/07/2008 9 6 2
Territorial 25/07/2008 25/05/201818 1 10 9
TOTAL 10 8 22

31. En este orden de ideas, la actora cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos
para acceder a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos previamente

14 Folios 30 y 31.

15 Cfr. Acta de posesión 003 del 30 de enero de 2001, obrante en el folio 32.

16 Folios 35 y 36.

17 Páginas 47 y 48 del archivo PDF contentivo de los antecedentes administrativos allegados por la UGPP.

18 Fecha en la que se expidió el último certificado de historial laboral aportado como prueba.

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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00036 01 (3340-2020)
Demandante: Lucila Sepúlveda Hernández

analizados, sino que también acreditó haber cumplido 50 años de edad el 2 de mayo de
200919. Además, no se encontraron reproches que cuestionen su desempeño en el
ámbito educativo, lo que permite concluir que también se satisface la exigencia de
honradez, dedicación y buena conducta20. Finalmente, no se evidencia que perciba una
doble compensación o erogación nacional incompatible con la pensión gracia.

32. No obstante, cabe precisar que, conforme al cómputo realizado por el a quo, la
actora había laborado hasta el 26 de julio de 2018 —fecha en que presentó la solicitud
de reconocimiento pensional— un total de 20 años, 9 meses y 26 días, concluyendo que
cumplió el requisito de tiempo de servicios el 30 de agosto de 2017. Sin embargo, este
cálculo difiere del realizado por esta Subsección en los apartados anteriores, puesto que
al haber completado 22 años, 8 meses y 10 días el 25 de mayo de 2018, la fecha del
estatus pensional surgió a partir del 15 de septiembre de 201521. Sin embargo, dado que
dicho aspecto no fue objeto del recurso de apelación y en aplicación del principio de la
non reformatio in pejus respecto de la apelante única al generarse un mayor valor a pagar
por concepto de retroactivo, se confirmará también este punto.

33. Finalmente, la Sala confirma la decisión del tribunal de no declarar la prescripción
de las mesadas pensionales causadas. Esto se debe a que la solicitud de reconocimiento
pensional y la demanda fueron presentadas dentro del término de tres (3) años, contados
a partir del surgimiento del derecho, que corresponde al 30 de agosto de 2017. En efecto,
la solicitud de reconocimiento pensional fue interpuesta el 26 de julio de 2018 y la
demanda el 12 de marzo de 2019, lo que indica que ambas se realizaron dentro del plazo
trienal establecido en los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969, respectivamente.

Condena en costas en segunda instancia

34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

35. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

19 Cfr. Cédula de ciudadanía visible en la página 38 del archivo PDF contentivo del cuaderno de antecedentes
administrativos.
20 Cfr. Certificado de Antecedentes 111668511 del 29 de junio de 2018, emitido por la Procuraduría General de la

Nación, visible en la página 1 del archivo PDF contentivo del cuaderno de antecedentes administrativos.
21 Día en que cumplió los 20 años de servicios.

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Radicación: 85001 23 33 000 2019 00036 01 (3340-2020)
Demandante: Lucila Sepúlveda Hernández

36. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

37. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación, ya que los reparos propuestos
no prosperaron. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Casanare.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la señora Lucila Sepúlveda Hernández contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Casanare.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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