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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00297-01

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00297-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia de primera instancia del 17 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se había accedido a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Óscar Fidel Cánchala contra la UGPP, de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2021-00297-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Nombramientos por intendentes
nacionales pueden ser territoriales o nacionalizados. Vinculación
docente bajo la modalidad de Educación Misional Contratada.
Vinculación docente de carácter nacional. Valoración probatoria de
actos administrativos en contraste con certificaciones de autoridad
nominadora. Aplicación de reglas contendías en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018.

Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia por cuanto los servicios
prestados por la demandante a partir del 1 de marzo de 1993 fueron
como docente de carácter nacional, lo que conllevó al incumplimiento
del requisito legal de haber servido como en el nivel territorial y/o
nacionalizado durante un tiempo mínimo de 20 años.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 17 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 008633 del 12 de abril de
2021 y RDP 014998 del 17 de junio de 2021 expedidas por la entidad demandada,
mediante las cuales le fue negado el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la referida prestación periódica, en cuantía equivalente

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

al 75% del promedio de todos los factores salariales, incluidos los incrementos
porcentuales dispuestos por el Gobierno Nacional, primas y demás emolumentos
constitutivos de salario, a partir del momento en que adquirió el estatus pensional.
Igualmente, pidió el reconocimiento de las mesadas debidamente indexadas y
actualizadas hasta la fecha de su pago efectivo, junto con los intereses moratorios, así
como la condena en costas.

3. Como fundamento fáctico, la demandante manifestó que se desempeñó como
docente oficial de carácter territorial por un término superior a 20 años al servicio de la
Secretaría de Educación Departamental del Putumayo. Señaló, además, que cuenta con
más de 50 años de edad, que se vinculó al magisterio con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980 y que adquirió el estatus pensional el 10 de diciembre de 2009.

4. Finalmente, indicó que solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento de la
pensión gracia; no obstante, su petición fue negada mediante los actos administrativos
ahora impugnados judicialmente.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada solicitó negar las pretensiones al considerar que el actor
no acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. Sostuvo que no
existe prueba idónea sobre el tiempo de servicios ni la naturaleza de la vinculación toda
vez que no se aportaron los actos de nombramiento y posesión en original o copia
auténtica, ni se cumplieron las condiciones para acudir a prueba supletoria conforme a la
Ley 50 de 1886.

6. Añadió que las certificaciones allegadas son insuficientes e incompletas, por no
precisar el tipo de vinculación, los extremos temporales ni el origen de los recursos,
resaltando que la carga de la prueba recae en el demandante (art. 167 CGP).

7. Asimismo, indicó que, conforme al material probatorio, el actor estuvo vinculado
como docente de carácter nacional, especialmente a partir de 1993, por lo que no cumple
con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y la Ley 91 de 1989, que limitan la pensión
gracia a docentes territoriales o nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de
1980 y con al menos 20 años de servicio bajo esa modalidad. En ese sentido, afirmó que
no es posible computar tiempos de servicios prestados bajo distinta naturaleza de
vinculación.

8. De igual forma, sostuvo que los salarios del actor fueron financiados con recursos
de la Nación (situado fiscal o Sistema General de Participaciones), lo cual impide el
reconocimiento de la prestación dado que se incumple el requisito de no percibir
remuneración de carácter nacional y además podría configurarse una prohibición de
doble asignación del tesoro público.
9. Propuso las excepciones de fondo denominadas «inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido», «prescripción» y que se
reconozcan oficiosamente otras excepciones que resulten probadas.

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

Sentencia apelada

10. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 17 de marzo de 2023,
accedió a las pretensiones de la demanda al concluir que el demandante cumplía los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.

11. En su análisis, el Tribunal estableció que el actor acreditó el requisito de edad, al
superar los 50 años; asimismo, verificó una vinculación docente previa al 31 de diciembre
de 1980, mediante Resolución 0104 del 23 de septiembre de 1980 que lo designó como
director de la Escuela Rural Mixta Las Brisas de Puerto Asís (Putumayo). En cuanto al
tiempo de servicios, advirtió que si bien existían inconsistencias iniciales sobre la
naturaleza de la vinculación y el origen de los recursos, estas fueron aclaradas mediante
prueba de oficio, que permitió reconstruir la historia laboral del actor.

12. Con base en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 21 de junio de
2018, el a quo determinó que lo relevante no es el origen de los recursos, sino la
naturaleza de la plaza ocupada, concluyendo que el demandante podía ser considerado
docente territorial o nacionalizado y que acumuló más de 20 años de servicio computables
para efectos de la prestación. Igualmente, se acreditó el requisito de buena conducta, al
no registrarse sanciones disciplinarias.

13. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó el reconocimiento de la pensión gracia. No obstante, declaró parcialmente
probada la prescripción, limitando el pago de mesadas a las causadas dentro de los tres
años anteriores a la solicitud administrativa (11 de noviembre de 2020). Por último,
condenó en costas a la entidad demandada al resultar vencida en el proceso.

Recurso de apelación

14. La entidad demandada presentó recurso de apelación al considerar que el tribunal
de primera instancia incurrió en un deficiente análisis probatorio desconociendo el
principio de unidad de la prueba al no valorar de manera integral los medios de convicción
allegados.

15. En particular, alegó que el expediente administrativo contiene pruebas claras sobre
la naturaleza nacional de la vinculación del demandante, especialmente el certificado
laboral de 2013 y la información aportada por la Secretaría de Educación del Putumayo,
en la que se establece que todas las vinculaciones del actor —incluidas las posteriores a
1980— fueron de carácter nacional. Señaló que dichos elementos fueron indebidamente
ignorados por el a quo, pese a haber sido aportados como resultado de una prueba de
oficio decretada en el marco de la audiencia de pruebas del 21 de noviembre de 2022.

16. Igualmente, sostuvo que el demandante tuvo interrupciones en su vinculación y
que su posterior reingreso se produjo bajo una vinculación nacional, lo cual impide el
reconocimiento de la pensión gracia. Añadió que las certificaciones válidas deben cumplir
con los estándares del sistema CETIL, lo que refuerza la fiabilidad de los documentos
aportados.

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

17. En consecuencia, concluyó que el demandante no cumple los requisitos legales,
particularmente en lo relativo al tipo de vinculación y la posibilidad de computar tiempos,
por lo que solicitó revocar el fallo, declarar probadas las excepciones propuestas y negar
las pretensiones de la demanda.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

18. Mediante auto del 16 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación y
se le advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. A la par, se le informó al Ministerio Público que podía emitir concepto
hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para sentencia.

19. La parte demandada presentó escrito de alegatos de conclusión, en el cual reiteró
los argumentos expuestos en el recurso de apelación y añadió que, en el caso concreto,
si bien se acreditó una vinculación en el año 1980, esta tendría naturaleza nacional. Lo
anterior, por cuanto —a su juicio— el nombramiento fue efectuado a través del Fondo
Educativo Regional (FER) y financiado con recursos del presupuesto nacional. En
consecuencia, sostuvo que no se cumple el requisito esencial de haber estado vinculada
como docente de carácter territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980, necesario para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

20. El Ministerio Público conceptuó que, si bien el demandante acreditó la edad, el
tiempo de servicios superior a 20 años, la vinculación inicial antes del 31 de diciembre de
1980 y la buena conducta, no cumple el requisito esencial para acceder a la pensión
gracia, referido a la naturaleza territorial o nacionalizada de la vinculación.

21. Al respecto, mencionó quie del acervo probatorio —en especial del certificado de
historia laboral y la información aportada por la Secretaría de Educación del Putumayo—
se concluye que todas sus vinculaciones fueron de carácter nacional y sus salarios fueron
financiados con recursos de la Nación (Sistema General de Participaciones). Por ende,
consideró que el demandante no reúne los presupuestos legales exigidos por la Ley 114
de 1913, razón por la cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar el
reconocimiento de la pensión gracia.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

23. De conformidad con los reparos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si los servicios prestados por el demandante con

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

pueden ser considerados como de carácter territorial o nacionalizado, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, o si, por el contrario, conservan naturaleza nacional,
lo que impediría tener por acreditado dicho requisito.

24. En especial, deberá establecerse si los períodos servidos por el actor a partir de
los años 1980, 1982 y 1993 son susceptibles de acumulación, a fin de completar los 20
años de servicios como docente territorial o nacionalizado exigidos por el artículo 1 de la
Ley 114 de 1913, en concordancia con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

25. De igual modo, la Sala deberá definir si la financiación de los salarios con recursos
del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones (SGP) tiene incidencia en la
naturaleza del vínculo docente, en particular frente al cumplimiento del requisito previsto
en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, relativo a no haber percibido
remuneración de carácter nacional.

Análisis del problema jurídico

26. La Sala anticipa que la parte demandante no acreditó el cumplimiento de los
requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, en tanto no demostró de manera
suficiente que la totalidad de los servicios invocados correspondieran a una vinculación
de carácter territorial o nacionalizada. En particular, se observa que los servicios
prestados a partir del año 1993 corresponden a una vinculación del orden nacional,
circunstancia que impide su cómputo para efectos de cumplir el requisito legal exigido,
como se explicará en lo sucesivo.

• Periodo desde el 10 de septiembre de 1980 hasta el 19 de octubre de 1980 (1
mes y 19 días)

27. En el expediente obra copia de la Resolución 104 del 23 de septiembre de 1980,
mediante la cual el intendente nacional del Putumayo, actuando en calidad de presidente
de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional del Putumayo, dispuso el
nombramiento del demandante como director de la Escuela Rural Mixta de Las Brisas,
en el municipio de Puerto Asís; dicho acto administrativo fue suscrito de manera conjunta
por el delegado del Ministerio de Educación Nacional1. Según el acta de posesión 053
del 15 de octubre de 1980, asumió el empleo retroactivamente al 10 de septiembre de
19802.

28. Al plenario también fue allegado el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral 3390 expedido el 29 de diciembre de 20223 por la
Secretaría de Educación Departamental del Putumayo, en el cual se indicó que el actor
fue vinculado como docente director rural en el municipio de Mocoa mediante la
Resolución 104 del 23 de septiembre de 1980, tomó posesión del cargo el 10 de
septiembre de 1980 y se desempeñó de manera continua hasta el 29 de octubre de 1980.
En dicho certificado, el vínculo docente fue calificado como nacional y se precisó que su
financiación se efectuó con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).

1 SAMAI, índice 002, documento «0036. respuesta requerimiento.pdf», págs. 26-28.
2 Ibidem, pág. 29.
3 Ibid., págs. 41-42.

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

29. Obra en el expediente el oficio del 23 de enero de 20234, mediante el cual la
Secretaría de Educación Departamental del Putumayo dio respuesta a los requerimientos
probatorios decretados por el tribunal de primera instancia. En relación con los períodos
de servicio del actor y su clasificación, esa entidad indicó:

«En la historia laboral se constató que el señor Canchala tiene tres vinculaciones: la
primera desde el 10 de septiembre de 1980 hasta el 29 de octubre de 1980; la segunda
desde el 15 de septiembre de 1982 hasta el 1 de marzo de 1993; y la tercera desde el 1
de marzo de 1993 hasta la fecha, todas en la condición de nacional».

30. En atención a estas pruebas conviene precisar que en el momento en que se
profirió el mencionado acto administrativo de nombramiento, el Putumayo aún no se
había erigido como departamento —hecho que ocurrió con la expedición de la
Constitución Política de 19915—, sino que correspondía a una intendencia nacional, las
cuales de manera pacífica esta Sección6 ha considerado como verdaderas entidades
territoriales, en virtud de lo establecido en las Leyes 2 de 1943 (artículo 1) 7 y 22 del 18
de enero de 19858.

31. Así, en sentencia del 17 de octubre de 20179 se analizó un nombramiento realizado
en 1979 por el intendente nacional de Arauca en la Escuela Rural Calafitas del municipio
de Saravena, concluyéndose que correspondía al orden territorial en la medida en que,
si bien dicha intendencia era administrada por el Gobierno Nacional, ostentaba la calidad
de entidad territorial dotada de autonomía e independencia conforme a lo previsto en las
Leyes 2 de 1943 y 22 de 1985.

32. A su turno, en sentencia del 8 de agosto de 202410, esta Subsección examinó una
designación docente efectuada por el intendente nacional de Putumayo en 1976. Para
ello, retomó el antecedente antes referido y concluyó que los docentes vinculados a las
intendencias podían ostentar la condición de nacionalizados, según las particularidades

4 Ibid., págs. 1-2.

5 «Articulo 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Los
bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad
de los respectivos departamentos» (se resalta).
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2024, emitida dentro del

expediente 18001-23-33-000-2016-00152-01 (5985–2023), con ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves.
Así mismo, véase la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida por la Subsección B de esta Sección dentro del
expediente 85001 23 33 000 2020 00411 01 (0751-2024), con ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
7 «Artículo 1º. Las Intendencias y Comisarias de que habla el artículo 5° de la Constitución Nacional, son personas

jurídicas. Se asimilan a los Departamentos en cuanto no pugne con las disposiciones de carácter especial y, en
consecuencia, les son aplicables las leyes que se refieran a los Departamentos sin haber exclusión manifiesta de las
Intendencias y Comisarias, o que no sean incompatibles con la naturaleza de estas ni con su régimen especial. Así,
las Intendencias y Comisarias podrán establecer los mismas impuestos y contribuciones y tendrán las mismas rentas
que los Departamentos. Pero, de conformidad con aquel precepto constitucional, están bajo la administración inmediata
del Gobierno Nacional, el cual, además de las funcio-nes ejecutivas y administrativas, ejercerá en ellas las que en los
Departamentos corresponden a las Asambleas Departamentales» (se resalta).
8 «[P]or la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las Intendencias y Comisarías, se faculta al

Presidente de la República para reorganizar el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, modificar
el Régimen Administrativo, Contractual y Fiscal en estas entidades territoriales y se dictan otras disposiciones» (se
resalta).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, rad. 05001-23-33-000-

2014-00638-01(2753-16), C.P. César Palomino Cortés.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 52001-23-33-000-

2019-00653-01 (6706–2022), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

de cada caso, en la medida en que dichas entidades también fueron sometidas al proceso
de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975.

33. Recientemente, en sentencia del 18 de septiembre de 202511, esta Sala estudió
un nombramiento efectuado en 1980 por el jefe de Novedades del Fondo Educativo
Regional del Casanare, cuando dicha entidad territorial aún tenía la calidad de
intendencia. La posesión del cargo se realizó ante el intendente nacional del Casanare y
el jefe de personal del respectivo FER. En ese caso, la Sala valoró el acto de
nombramiento, el acta de posesión y una certificación de la autoridad nominadora que
calificaba el servicio como territorial, otorgándole dicha naturaleza.

34. De la línea jurisprudencial previamente reseñada, se desprende que esta Sección
ha establecido que los nombramientos docentes efectuados en las antiguas intendencias
—como Arauca, Putumayo o Casanare—, con anterioridad a su elevación a la categoría
de departamentos, ostentan por regla general naturaleza territorial o nacionalizada, en
atención a la organización administrativa y al régimen jurídico aplicable a dichas
entidades en el marco del proceso de nacionalización de la educación.

35. Pues bien, en el presente asunto la Resolución 104 del 23 de septiembre de 1980
fue suscrita por el intendente nacional del Putumayo, en su condición de presidente de la
Junta Administradora del Fondo Educativo Regional y con intervención del delegado del
Ministerio de Educación Nacional, circunstancias que permiten concluir que la plaza
provista correspondía a aquellas originadas en el proceso de nacionalización de la
educación regido por la Ley 43 de 1975.

36. En efecto, el artículo 6 de la Ley 43 de 1975 dispuso que los Fondos Educativos
Regionales administrarían los recursos destinados a financiar las plazas objeto de
nacionalización, mientras que el artículo 10 ibidem estableció que la creación de nuevas
plazas o la provisión de cargos docentes bajo esta modalidad requería autorización previa
del Ministerio de Educación Nacional, como ocurrió en el presente caso.

37. Ahora bien, aunque en el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral de fecha 29 de diciembre de 2022 y en el Oficio del 23 de enero de 2023
la Secretaría de Educación del Putumayo calificó este vínculo docente como de carácter
nacional, la Sala descarta tal conclusión. Ello, en la medida en que el nombramiento no
fue efectuado directamente ni por delegación del Ministerio de Educación Nacional, como
lo exige el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 para predicar la condición de docente nacional,
sino que fue realizado por el indentente nacional del Putumayo como presidente de la
Junta Administradora del FER en ejercicio de sus competencias propias.

38. En este punto, conviene señalar que en la sentencia de unificación jurisprudencial
del 21 de junio de 2018, la Sala Plena de la Sección Segunda fijó directrices en materia
probatoria para la determinación de la calidad del vínculo docente, consolidando la
siguiente regla jurisprudencial:

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de septiembre de 2025, rad. 85001 23 33 000

2019 00036 01 (3340-2020), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al
cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala)

39. A la luz de dicha regla, si bien la Secretaría de Educación del Putumayo certificó
que la vinculación iniciada en 1980 era de carácter nacional, tal circunstancia no resulta
suficiente para otorgarle mayor valor probatorio una vez confrontada tal conclusión con
el contenido de la Resolución 104 del 23 de septiembre de 1980 expedida por el
indentente nacional del Putumayo como presidente de la Junta Administradora del FER.

40. En efecto, dicho acto administrativo proporciona a la Sala mayor claridad y certeza
sobre la naturaleza jurídica del vínculo, permitiéndole formar un convencimiento razonado
en el sentido de que el nombramiento corresponde a una plaza de carácter nacionalizado
y no a un vínculo del orden nacional, razón por la cual prevalece su contenido frente a las
certificaciones que lo contradicen.

41. En relación con los extremos temporales de este vínculo, se advierte que el acta
de posesión consigna que la actora asumió el empleo el 10 de septiembre de 1980 y el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral fechado el 29 de
diciembre de 2022 da cuenta que finalizó el 29 de octubre de 1980.

42. En consecuencia, se encuentra debidamente acreditado que el demandante prestó
servicios como docente de carácter nacionalizado durante un 1 mes y 9 días, período
que permite tener por cumplido el requisito de vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980. Así mismo, dicho tiempo resulta acumulable para efectos del
cómputo de los 20 años de servicio exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

• Periodo desde el 15 de septiembre de 1982 hasta el 1 de marzo de 1993 (10
años, 5 meses y 15 días)

43. En el expediente se vislumbra copia de la Resolución 218 del 14 de septiembre de
1982, mediante el cual el intendente nacional Putumayo, actuando en calidad de
presidente de la Junta Administradora del FER, designó al demandante como director de
la Escuela Rural Mixta «El Vergel», Zona de Puerto Caicedo; dicho acto administrativo
fue suscrito de manera conjunta por el delegado del Ministerio de Educación Nacional 12.

44. Según el acta de posesión 4207, el actor asumió el empleo el 15 de de septiembre
de 198213. Asimismo, se avizora el Decreto 180 del 1 de marzo de 1993, a través del cual
el alcalde municipal de Puerto Asís, le aceptó la renuncia presentada por el demandante
en la escuela nacionalizada San Nicolás, a partir del mismo 1 de marzo de 199314.

12 SAMAI, índice 002, documento «0036. respuesta requerimiento.pdf», pág. 13.
13 Ibid., pág. 16.
14 Ibid., pág. 5.

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

45. De conformidad con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral 3390 expedido el 29 de diciembre de 202215, expedido por la Secretaría de
Educación Departamental del Putumayo, el actor fue vinculado como docente director
rural en el municipio de Mocoa mediante la Resolución 218 del 14 de septiembre de 1982,
tomó posesión del cargo el 15 de septiembre de 1982 y se desempeñó de manera
continua hasta el 1 de marzo de 1993.

46. En dicho certificado, el vínculo docente fue calificado como nacional y se precisó
que su financiación se efectuó con recursos del Sistema General de Participaciones
(SGP). Cabe destacar que durante este lapso se reportaron distintas situaciones
administrativas sin solución de continuidad, como son cambios de sueldo, inscripción y
ascensos.

47. Así las cosas, la Sala considera que el análisis de este período resulta análogo al
efectuado respecto del intervalo anterior, en tanto también se trata de un nombramiento
realizado por el intendente nacional del Putumayo en calidad de presidente de la Junta
Administradora del FER, figura propia del proceso de nacionalización de la educación
previsto en la Ley 43 de 1975. En tal sentido, el acto administrativo de nombramiento
contenido en la Resolución 218 del 14 de septiembre de 1982 constituye el elemento
determinante para establecer la naturaleza del vínculo, lo que igualmente permite concluir
que se trató de un docente de carácter nacionalizado.

48. En consecuencia, se resta valor probatorio al Formato Único 3390 del 29 de
diciembre de 2022 y al oficio del 23 de enero de 2023 expedidos por la Secretaría de
Educación del Putumayo en cuanto califican este vínculo como nacional, por no resultar
concordantes con la realidad jurídica del acto de nombramiento y con los criterios
jurisprudenciales fijados por esta Corporación en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 21 de junio de 2018.

49. Ahora bien, es menester señalar que las características de la vinculación con la
Administración se establecen en el momento en que se emite el acto de nombramiento,
pues es allí donde se definen las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar y las
implicaciones a las que queda sujeto el docente16. Por lo tanto, las situaciones
administrativas reportadas al actor como cambios de sueldos, ascensos e
incorporaciones no conllevan, al menos en lo que respecta al reconocimiento de la
pensión gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación nacionalizada primigenia.

50. Por lo tanto, la Subsección concluye que el demandante prestó servicios como
docente de carácter nacionalizado durante el período comprendido entre el 14 de
septiembre de 1982 y el 1 de marzo de 1993, el cual equivale a 10 años, 5 meses y
15 días. Dicho lapso resulta computable y, por ende, acumulable para el conteo del
tiempo mínimo de 20 años de servicio exigido por la ley para el reconocimiento de la
pensión gracia.

15 Ibid., págs. 36-39.
16 Al respecto, ver las sentencias proferidas por la Sección Segunda del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009,

C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve;
del 16 de junio de 2015, radicación 68001 23 31 000 2004 02762 01; del 24 de julio de 2025, radicación 76001 23 33
000 2020 00953 01 (6509-2024).

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

• Periodo desde el 1 de marzo de 1993 hasta el 11 de noviembre de 202017 (27
años, 8 meses y 10 días)

51. En el expediente obra copia de la Resolución Provisional 0043 del 1 de marzo de
199318, mediante la cual el coordinador de Educación Nacional Contratada, en ejercicio
de las facultades conferidas por el numeral 1 del artículo 4 del Decreto 2155 de 1987,
dispuso el nombramiento provisional del demandante como docente en la Escuela
Urbana de Niñas del municipio de Puerto Asís. En dicho acto se ordenó que el interesado
tomara posesión del cargo ante el Vicario Apostólico de Sibundoy (Putumayo).

52. El acta de posesión suscrita ante el vicario apostólico de Sibundoy, registra que el
demandante asumió el cargo el 1 de marzo de 1993 conforme al nombramiento efectuado
mediante la Resolución 0043 de la misma fecha expedida por la Coordinación de
Educación Nacional Contratada19.

53. El Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral 3390
expedido el 29 de diciembre de 202220, expedido por la Secretaría de Educación
Departamental del Putumayo, informa que el demandante fue vinculado como docente
de básica primaria mediante la Resolución 0043 del 1 de marzo de 1993, tomó posesión
del cargo el mismo día y se desempeñó de manera continua hasta por lo menos la fecha
de expedición del documento.

54. En dicho certificado, el vínculo docente fue nuevamente calificado como nacional
y que su financiación se efectuó con recursos del Sistema General de Participaciones
(SGP). Durante este interregno se reportaron distintas situaciones administrativas
ininterrumpidamente, como son cambios de sueldo y ascensos.

55. Al valorar en conjunto las pruebas documentales, la Sala concluye que la
designación realizada al actor mediante la Resolución 0043 del 1 de marzo de 1993 por
parte del coordinador de Educación Nacional Contratada es de carácter nacional21. Esta
determinación se fundamenta en que esa modalidad de vinculación docente ha sido
establecida por esta Subsección como perteneciente al nivel nacional22.

17 Fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento pensional ante la UGPP.
18 SAMAI, índice 002, documento «0036. respuesta requerimiento.pdf», pág. 9.
19 Ibid., pág. 7.
20 Ibid., págs. 36-39.
21 Al respecto, ver: Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 24 de julio de 2008, radicado N° 88001-23-31-000-

2004-00042-01(2387-2006), demandante: Amparo Méndez de Mow, C..P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 28 de octubre de 2016, radicado N° 85001-23-33-000-2013-
00038-02(4634-14), demandante: UGPP, demandado Eva Malpica Bohórquez, C.P. César Palomino Cortés. Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 17 de agosto de 2017, radicado N° 81001-23-39-000-2015-
00006-01(0468-17), demandante: UGPP, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 14 de septiembre de 2017, radicado N° 63001- 23-33-000-2012-00153-01(0071-14),
demandante: UGPP, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
22 Al respecto, ver: sentencia del 4 de mayo de 2023, rad. 52001233300020160004901 (2859-2018), C.P. Gabriel

Valbuena Hernández; sentencia del 30 de noviembre de 2023, rad. 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018);
sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 19001-23-33-000-2020-00019-01 (0511-2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves;
sentencia del 27 de marzo de 2025, rad. 50001-23-33-000-2018-00336-01 (5945-2024), C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

56. A propósito, esta Sala23 ha sostenido que la «educación contratada» estuvo
regulada por el Convenio 031 del 31 de julio de 1986, celebrado entre el Ministerio de
Educación Nacional y la Conferencia Episcopal de Colombia, el cual a su vez fue suscrito
en desarrollo del artículo 13 del Concordato celebrado entre la Iglesia Católica y el Estado
colombiano.

57. De esta manera, se colige que la Educación Misional Contratada tuvo naturaleza
oficial pues, aunque era administrada por las denominaciones católicas, lo hacía bajo la
orientación normativa y presupuestal del Ministerio de Educación Nacional y con
financiamiento directo de la Nación. En consecuencia, el personal vinculado en estas
plazas docentes tenía la condición de docentes del nivel nacional24.

58. Por lo demás, durante el período en que la educación fue administrada por las
denominaciones católicas, estas se encontraban sujetas a las disposiciones y directrices
del Ministerio de Educación Nacional y eran financiadas con recursos directos del Tesoro
Nacional administrados a través del Situado Fiscal (hoy, SGP), situación que se acredita
también en el caso del actor.

59. Inclusive, en el presente asunto la Resolución Provisional 0043 del 1 de marzo de
1993 da cuenta de que el coordinador de Educación Nacional Contratada actuó en
ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 1 del artículo 4 del Decreto 2155 de
1987, disposición que precisamente reglamenta el régimen de la denominada educación
contratada, consistente en la prestación del servicio educativo oficial en zonas de difícil
acceso mediante contratos suscritos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica.

60. Dicho decreto prevé que los nombramientos del personal docente se efectúan en
desarrollo de esta modalidad contractual y bajo la órbita del Ministerio de Educación
Nacional, lo que evidencia que se trata de un esquema institucional de gestión directa del
nivel nacional, tanto por su fuente de financiación como por su soporte jurídico y
administrativo.

61. En ese orden de ideas, la Sala encuentra acreditado que el actor ocupó una plaza
docente del nivel nacional a partir del 1 de marzo de 1993 y que continuó ejerciéndola sin
solución de continuidad hasta el 11 de noviembre de 2020, fecha en la cual presentó ante
la entidad demandada la solicitud de reconocimiento pensional. De este modo, dicho
lapso de servicios no resulta computable para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, por no corresponder a una vinculación de carácter territorial o nacionalizada en
los términos exigidos por la ley.

62. Por consiguiente, el demandante acreditó tiempos discontinuos como docente
oficial en el nivel nacionalizado y nacional, que se sintetizan en el siguiente cuadro:

23Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicado
41001233100020110052801 (1334-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
24 Al respecto, véase la sentencia de 7 de abril de 2016 con radicado 15001-23-31-000-2008-00002-01

(3261-2014) proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda.

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Nacionalizado 10/09/1980 19/10/1980 0 1 19
Nacionalizado 15/09/1982 01/03/1993 10 5 15
Nacional 01/03/1993 11/11/2020 27 8 10

63. En atención al análisis precedente, la Sala concluye que el demandante acreditó
un total de 10 años, 7 meses y 4 días de servicio como docente del nivel nacionalizado.
En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia por cuanto el actor no
cumplió el requisito establecido en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 para acceder a la
pensión gracia, consistente en acreditar un mínimo de 20 años de servicios en condición
de docente territorial o nacionalizado.

Condena en costas

64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

67. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandante por cuanto se revoca la sentencia de primera instancia y se accede
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Córdoba.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00297 01 (4182-2023)
Demandante: Óscar Fidel Cánchala

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia de primera instancia del 17 de marzo
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se había
accedido a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Óscar Fidel Cánchala
contra la UGPP, de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta
sentencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Ausente con permiso)

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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