Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00019-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00019-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2020-00019-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
8 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2020-00019-01 (0511-2023)
Demandante: Wilfrido Riascos Angulo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Educación contratada. Ley
1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 08 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de
la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda
La parte actora solicita se declare la nulidad de las Resoluciones No. 21942 de
17 de mayo de 2007 y las anteriores proferidas por la oficina jurídica de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, mediante las cuales le negó el reconocimiento de la
pensión gracia al docente Wilfrido Riascos Angulo; en consecuencia, se ordene
a dicha entidad reconocer y pagar la prestación en cuantía inicial equivalente al
75% del promedio de la remuneración mensual del año anterior a la causación
del derecho.
Así mismo se disponga el reajuste automático de ley, y los ajustes de valor
conforme al IPC; y se ordene dar cumplimiento al fallo que se emita, dentro del
término de ley, así como se condene al pago de intereses comerciales y
moratorios.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 19001-23-33-000-2020-00019-01 (0511-2023)
Demandante: Wilfrido Riascos Angulo
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
A manera de síntesis, se tiene que el actor alude que fue vinculado al magisterio
antes de 1981, que es mayor de 50 años, que desempeñó la labor docente con
buena conducta y que acredita 20 años de servicios, y que no recibe pensión o
recompensa del tesoro de la Nación a causa del conflicto denominado “guerra de
los mil días” ocurrido entre 1899 y 1903. por lo que es acreedor de la pensión
gracia.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
La parte demandante sostiene que se han vulnerado las siguientes normas: Ley
114 de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 91 de 1989 y el artículo 13
de la Constitución Política.
En su argumento, explica que la UGPP, al denegar el derecho a disfrutar de la
pensión gracia, viola el derecho fundamental a la igualdad y al debido proceso,
dado que no se tuvo en cuenta el tiempo de servicio a la Nación, como si lo hace
con los docentes nacionalizados y los territoriales, citando para el efecto las
Leyes 111 de 1960 y 43 de 1975. Y agrega que se incurre en prevaricato por
acción y en una vía de hecho al desconocer la normativa en cita que regula la
pensión gracia.
1.4. Contestación de la demanda1
Admitida la demanda el 20 de enero de 20202, y una vez notificada a la UGPP,
dicha entidad procedió a contestar la demanda oponiéndose a la prosperidad de
las pretensiones alegando que se actuó conforme a derecho y que el actor no
cumple con los requisitos de ley para obtener la pensión gracia, dado que
pretende que se le computen tiempos servidos como docente nacional, lo cual no
es procedente, de manera que no acredita una vinculación como territorial o
nacionalizado antes de diciembre de 1980.
Expone que el actor fue nombrado mediante Decreto 101 de 1970 como docente
por medio del Ministerio de Educación en ejecución del programa de educación
contratada por la prefectura del municipio de Guapi, y además posteriormente en
el año 1986 y 1987 se realizó otro nombramiento también por el citado ministerio,
cuyo pago fue a cargo de la Nación; sin embargo, de acuerdo con la Ley 114 de
1913 y sus normas reglamentarias, el tiempo de servicios para reconocer la
pensión gracia debe ser prestado exclusivamente en instituciones educativas
territoriales o nacionalizadas.
1 Folios 113 a 123 del expediente físico.
2 folio 106 del expediente
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Demandante: Wilfrido Riascos Angulo
Para finalizar, propone como excepciones de fondo i) la inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido, ii) ausencia de vicios en los actos
administrativos, iii) prescripción, iv) buena fe y v) innominada.
1.5. Sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 08 de septiembre de 2022,
denegó las pretensiones de la demanda.
Luego de traer a colación la normativa y jurisprudencia que regula la pensión
gracia a docentes, sostuvo que aunque el demandante cuenta con más de 50
años de edad, y supera los 20 años de servicio, no es posible el reconocimiento
de dicha prestación, dado que su vinculación fue del orden nacional,
encontrándose decantado por la jurisprudencia de las altas cortes, que no es
posible computar tiempos servidos con tal naturaleza, sino únicamente como
docentes territoriales y/o nacionalizados, por lo que el argumento esbozado por
el demandante, respecto a que para efectos de los 20 años de servicio no se
debe diferenciar el tipo de vinculación, no tiene vocación de prosperidad.
Finalmente, condenó en costas a la parte activa, por resultar vencida.
1.6. Recurso de apelación4
La parte actora inconforme con la sentencia de primera instancia recurre la
misma, alegando la inaplicación de la constitución y las leyes; y a manera de
síntesis expone lo siguiente:
Primero, refiere que el juez no puede acoger la jurisprudencia así esta provenga
del Consejo de Estado, dado que la jurisprudencia está proscrita por la
Constitución para efectos de dictar sentencia, y que por el contrario, esta última
debe provenir de los estudios y experiencia del juez respecto a las leyes que
conceden la pensión gracia; destacando que esta última no establece que el
servicio que se va a tener en cuenta es el prestado a los departamentos o
municipios, y que por el contrario el tiempo laborado en instituciones nacionales
no podrá ser valorado para reconocer la pensión gracia. Cita jurisprudencia de
1984 del Consejo de Estado.
Segundo, indica que no hay ley que señale que los docentes nombrados por el
Ministerio de Educación nacional antes de 1981, no puedan acceder a la pensión
gracia. Que el conjunto de docentes que fueron excluidos por la Ley 114 de 1913
artículo 4 numeral 3, son aquéllos que a causa del conflicto habían recibido o
3 Folios 186 a 195 del expediente físico.
4 Folios 197 a 211 del expediente físico.
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recibían en 1913 recompensa o pensión militar, y que, en todo caso, dicho grupo
renunció a tal recompensa hacia 1930, que cumplían edad de retiro forzoso del
servicio y se acogieron a la pensión gracia.
Tercero, indica que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, dispuso la compatibilidad
de la pensión gracia con la “pensión derecho”, y que la interpretación que hizo el
congreso respecto a dicha norma, fue en el sentido que los tiempos laborados
como docente nacional son válidos para obtener pensión gracia. A su vez refiere
que la Corte Constitucional en sentencia T-136 de 2019, reconoció la pensión
gracia a docentes nacionales.
Cuarto, concluyó que todos los docentes de Colombia, en los niveles de
educación primaria, secundaria, normalista y con vinculación nacional,
nacionalizado o territorial, vinculados antes de 1981 tienen derecho a la pensión
gracia.
En el caso del actor, precisa que prestó sus servicios tanto como docente
nacional como también territorial, por lo que su pensión procede “parcialmente
de la nación” y por tanto tiene derecho a la prestación que reclama; que le es
aplicable la Ley 37 de 1933, sin distinguir origen o fuente de nombramiento ni
propiedad de la plaza a ocupar (nacional, territorial) pues dicha norma establece
que a dicha pensión pueden acceder el docente que haya completado el tiempo
de servicio en un colegio de educación secundaria sin distinguir naturaleza del
vínculo.
Concluye que, prestó servicios como docente territorial desde 1993 hasta su
retiro y que nada tiene que ver el origen de los recursos, reiterando que los jueces
deben estarse a lo que disponga la ley.
1.7. Trámite en segunda instancia
A través del auto de 23 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
Las partes y el agente del Ministerio Público no intervinieron.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
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II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada, el análisis
se encuentra limitado a los argumentos del respectivo recurso.
2.2 Problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Wilfrido Riascos
Angulo, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para
dicho reconocimiento.
Para el efecto, resulta necesario establecer, si es procedente tener en cuenta el
servicio prestado como docente nacional.
2.3 Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.»
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edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera
de texto).
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para
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los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. […].»7
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20188 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a
las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política
de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del
Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como
de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de
esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional
como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación
de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en
lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».9
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos
en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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2.4 Actuación administrativa
Da cuenta el plenario, que el actor solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia mediante petición de 4 de octubre de 2006, lo cual fue denegado por la
extinta Caja Nacional de Previsión -EICE-, mediante Resolución 21942 de 17 de
mayo de 2007, por cuanto se encontró que aquél laboró en la escuela Integral de
Noanamito -educación contratada-, en el municipio de López -Cauca,
dependiente del Ministerio de Educación Nacional, no siendo posible computar
dichos tiempos nacionales para efectos del reconocimiento deprecado,
concluyendo entonces, que no se logró acreditar el requisito de 20 años de
servicio docente del orden departamental, municipal o distrital.10
En dicho acto se indicó que contra tal decisión solo procedía el recurso de
reposición, sin que en el expediente exista prueba de la interposición del mismo.
2.5 Caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior, pasa la Sala a resolver el problema jurídico
planteado, procediendo a verificar el cumplimiento por parte del actor de las
disposiciones establecidas en la Ley 114 de 1913, así como las normas
complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado aplicables al
reconocimiento de la pensión gracia reclamada.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
● Edad
Revisado el expediente, la Sala encuentra probado que el señor Wilfrido Riascos
Angulo nació el 18 de julio de 1956, razón por la cual, el 18 de julio de 2006
cumplió 50 años11, aspecto que en todo caso no es objeto de controversia.
● Buena conducta12
Obra en el plenario declaración suscrita por el actor en la que manifiesta haberse
desempeñado con honradez, idoneidad, consagración y buena conducta en sus
actuaciones en el sector público y privado13. No se han registrado censuras
respecto a la conducta ejemplar en el ejercicio de la docencia, lo que sugiere que
dicho requisito ha sido cumplido satisfactoriamente.
10 Folios 53 a 59 expediente
11 Copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 42 del cuaderno físico.
12 Copia de la declaración de Buena Conducta a folio 80 del cuaderno físico.
13 Folio 53 del expediente
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● Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
• Con antelación al 31 de diciembre de 198014
-Desde el 01 de abril de 197815
Milita en el plenario la Resolución 101 de 7 de abril de 1978, mediante la cual el
“Prefecto Apostólico de Guapi, Cauca, OFM Coordinador de Educación Pública”,
nombró entre otros, al señor Wilfrido Riascos Angulo, sin categoría, como
seccional de la Escuela Rural Mixta Integral de Noanamito16. Del mentado acto
se destaca:
“...
Por el cual se causan unas novedades
EL PREFECTO APOSTOLICO DE GUAPI, CAUCA (...), O.F.M.
COORDINADOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA, de conformidad con el contrato
celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Prefectura Apostólica
de Guapi, y en uso de las facultades que le concede el Decreto Legislativo N°
2768 del 17 de diciembre de 1975 artículo 9°,
RESUELVE:
(...)
ARTICULO 11°: Nombrase al señor WILFRIDO RIASCOS ANGULO, sin
categoría como Seccional de la Escuela Rural Mixta Integral de Noamito (...).
El docente tomó posesión del cargo ante el citado Ministro de Educación el 01 de
abril de 1978.
Posteriormente, el señor Riascos Angulo, fue designado mediante Resolución
5703 de 5 de julio de 198617, como profesor de tiempo completo en la Escuela
Rural Noanamito de López, de la Prefectura Apostólica de Guapi, Cauca, acto
que fue expedido por el Ministerio de Educación Nacional con fundamento en las
facultades generales y en especial las contenidas en el Decreto 2768 de 1975,
2484 de 1976 y 1153 de 1978. El docente tomó posesión del cargo en la misma
fecha de la designación.18
Seguidamente, con Resolución 07225 de 10 de julio de 1987, el Ministerio de
Educación Nacional, ratificó unas novedades de personal, entre estas, la
14 Copia del Acta de Posesión a folio 20 del cuaderno físico.
15 Y hasta 04 de octubre de 2006 cuando presentó la reclamación; destacando que todo caso, el
actor ha laborado por lo menos hasta el 20 de noviembre de 2017 cuando se expidió certificación
laboral, en la que se señala que continuaba activo.
16 Folios 44-45 del expediente
17 Folio 47 del expediente
18 Folio 48 del expediente
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“resolución provisional 180 de 18 de abril de 1986, expedida por el Ordinario
Competente de la Prefectura Apostólica de Guapi-Cauca" mediante la cual se
asciende al actor del cargo de profesor de tiempo completo al Instituto Docente
Oficial Escuela Rural Noanamito de López, al cargo de director del mismo instituto
docente.19
Ahora bien, se aporta además, Formato Único para la expedición de Historia
Laboral20, en el que se señala como tiempos servidos los siguientes:
Acto Fecha Acto Desde
101 (ingreso) 07/abril/1978 01/abril/1978
07225 10/julio/1987 01/mayo/1986
(asignación de
funciones)
Dejándose como observación dentro de dicho certificado, que el docente fue
vinculado desde 1978, mediante acto emanado de la Prefectura Apostólica de
Guapi, de conformidad con el contrato celebrado con el Ministerio de Educación.
Pues bien, en cuanto a la naturaleza del vínculo docente por el período en
mención, comparte la Sala lo expuesto por el tribunal, en orden que se trata de
una vinculación del orden nacional, ello en vista que la designación en un primer
momento se realizó mediante Resolución 101 de 7 de abril de 1978, expedida
como se dijo, por el Prefecto Apostólico de Guapi-Cauca y Coordinador de
Educación Pública, en atención al contrato celebrado entre el Ministerio de
Educación Nacional y dicha prefectura; acto administrativo en el que se dispuso
que se remitiera la resolución de nombramiento al “Ministerio de Educación
Nacional para su debida aprobación”.
A ello se suma que, el acto de designación fue suscrito también por la Secretaría
General Administrativa Supervisión Nacional de Educación; y el docente tomó
posesión del cargo ante el citado ministerio.
Además, resulta importante destacar, que la resolución en cita se expidió con
fundamento en el Decreto Legislativo N° 2768 del 17 de diciembre de 1975,
disposición frente la cual el Consejo de Estado se refirió en sentencia de 24 de
julio de 2008, expediente 23872-2006, M.P. Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez,
al abordar la “educación contratada” en los siguientes términos:
“La Educación Contratada
Mediante la Ley 20 de 1974, se aprobó el Concordato y el Protocolo Final entre
19 Folio 49 del expediente
20 folio 51 del expediente
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Demandante: Wilfrido Riascos Angulo
la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de
1973 y surge la Educación Misional Contratada. Esta modalidad de prestación
del servicio educativo posibilitó la ampliación de la educación en los sectores
más apartados del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la
suscripción de contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica.
“(...)Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas
temporalmente de un régimen canónico especial, la Iglesia colaborará en el
sector de la educación oficial mediante contratos que desarrollen los
programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias
específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno
Nacional se ajustarán a criterios previamente acordados entre éste y la
Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VI. (...)“
Con el fin de desarrollar los contratos mencionados en la norma transcrita, el
Gobierno expidió el Decreto 2768 de 1975, que consagró normas para la
celebración de los contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica y
estableció que serían firmados por el Ministerio de Educación Nacional a
nombre del Gobierno Nacional y por el respectivo Ordinario Competente a
nombre de la Iglesia, y tienen como objeto la administración por parte de esta
de los centros educativos en el sector de la educación oficial, su tenor literal
es el siguiente: “Artículo cuarto. El nombramiento de rectores y directores, del
personal docente, administrativo y de servicio, en los centros educativos bajo
contrato, se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. El
nombramiento de los rectores o directores de cada centro educativo o de cada
conjunto de centros educativos bajo régimen contractual, lo hará el Ministerio
de Educación Nacional entre los candidatos que presente el Ordinario
competente. (...)
El Decreto 2484 de 1976 modificó el Decreto 2768 de 1975 y estableció que el
Ordinario Competente (Iglesia Católica) presentará al Ministerio de Educación
Nacional los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada
Centro Educativo o de cada conjunto de Centros Educativos, para que este
ratifique las novedades de personal, su tenor literal es el siguiente:
“El Ministerio de Educación Nacional procederá a ratificar las novedades de
personal de los Centros Educativos bajo contrato de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
1. El Ordinario Competente presentará al Ministerio de Educación Nacional los
nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada Centro
Educativo o de cada conjunto de Centros Educativos. (...)”
2. Los contratos tienen como objeto la administración por parte de la Iglesia
Católica de los Centros Educativos del Estado y de la Iglesia Católica que se
rigen por las normas del Estado y cumplan los requisitos fijados en este
Decreto. 3. Para cada jurisdicción eclesiástica se celebrará un solo contrato,
en cuyos anexos quedarán enumerados, por regiones, los institutos docentes
que sean objeto de este régimen contractual.
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Demandante: Wilfrido Riascos Angulo
(...)
Con la expedición del Decreto 1268 de 2001 que reglamentó el artículo 200 de
la Ley 115 de 1994 la competencia para la suscripción de estos contratos con
Iglesias y Confesiones Religiosas se traslado a las Entidades Territoriales con
cargo de sus presupuestos, bajo la continúa inspección y vigilancia del
Ministerio de Educación Nacional. Lo anterior permite concluir que el cuerpo
docente adscrito a los Centros Educativos Contratados, cuyos nombramientos
provenían por ratificación del Ministerio de Educación Nacional, ostentaban el
carácter de docentes Nacionales.
Lo anterior significa que los sueldos y prestaciones sociales del personal
directivo docente, docente y administrativo de los centros educativos bajo
contrato, estarán a cargo de la Nación. La educación contratada se trata de
una de las diversas formas de prestar educación pública, entendida como
aquella que se financia con recursos oficiales, se ofrece en condiciones de
gratuidad y debe llegar a los sectores sociales más pobres, en los que el
Estado no puede proporcionar educación directamente sino por intermedio de
estos contratos que quedan a cargo de la Nación.”
Criterio que fue reiterado recientemente en providencia de 20 de junio de 2024
emanada de la Sección Segunda - Subsección B de esta Corporación21,
concluyendo22:
“Con lo anterior es claro, que tal y como lo comprueban las certificaciones y el
acto administrativo de nombramiento y posesión el docente López Arango,
vinculado a través de la educación contratada entre 1979 y febrero de 1981,
ostenta un vínculo laboral de naturaleza jurídica nacional, comoquiera que esos
nombramientos son producto del acuerdo entre la Iglesia y la Nación, en
relación con cuya planta se acordó que estaría a cargo de la de última.”
De conformidad con lo anterior, resulta claro entonces, que el nombramiento
efectuado a docentes en centros educativos contratados, que requerían
ratificación del Ministerio de Educación, obedece a un nombramiento nacional.
Ahora, posteriormente figura el nombramiento realizado al demandante el 5 de
junio de 1986, por el Ministerio de Educación y más adelante, esta misma cartera
a través de Resolución 07225 de 10 de julio de 1987, ratifica un acto
administrativo mediante el cual se ascendió al señor Riascos Angulo al cargo de
director de una institución educativa.
21 C.P. Cesar Palomino Cortés - expediente 73001-23-33-000-2019-00293-01
22 Véase además, sentencia de 8 de febrero de 2024 – C.P. Rafael Suárez Vargas – Expediente
19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018), en el que también se analizó la naturaleza del
vínculo del docente nombrado por la Prefectura Apostólica de Guapi-Cauca, y se concluyó que
se trató de una labor docente nacional.
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Demandante: Wilfrido Riascos Angulo
De manera que, resulta evidente que para la designación del aquí demandante
intervino en una primera ocasión el Ministerio de Educación -para la aprobación-
y en una segunda ocasión dicha cartera expidió de manera directa la resolución
de nombramiento, por lo que se insiste, se trata de un vínculo de carácter
nacional.
En este punto es menester señalar que, con el recurso no se desconoce la
naturaleza nacional de los nombramientos por este periodo, sino que el
recurrente aduce que no existe norma alguna que excluye taxativamente a este
grupo de docentes de beneficiarse de la pensión gracia; agregando que los
jueces están sometidos al imperio de la ley y que dicha exclusión no puede
respaldarse en una jurisprudencia, y resolver el tribunal con fundamento en esto
último y no en la ley.
Al respecto conviene mencionar que, el artículo 230 de la Carta dispone:
“Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina
son criterios auxiliares de la actividad judicial.”
En punto a la naturaleza de la jurisprudencia como un criterio auxiliar de la
actividad judicial, se tiene que el Consejo de Estado23 ha concluido que el
apartado de dicha disposición debe entenderse que hace referencia “a las
fuentes auxiliares, que no subsidiarias de la ley”, y, por tanto, el juez puede acudir
a la jurisprudencia “no en defecto de la norma positiva expresa y precisamente
aplicables al caso concreto, sino en apoyo del acervo argumentativo en el cual
sustenta su determinación”. Considerando entonces que, a partir de dicha
disposición, la jurisprudencia es un instrumento argumentativo en el cual puede
y debe apoyarse el juez en los casos sometidos a su conocimiento “para
desentrañar el sentido correcto de las normas vigentes, para asegurar su
adecuada aplicación e incluso para procurar uniformidad acerca de tales
entendimientos”; lo cual exige que dicho criterio auxiliar sea manejado de manera
uniforme o sin contradicción, en la medida que ello sea posible, a fin de que se
respeten los principios jurídicos y derechos que soportan la fuerza vinculante de
la jurisprudencia, a saber, la igualdad, seguridad jurídica, buena fe, confianza
legitima, publicidad de las actuaciones y de las decisiones judiciales.
Siendo ello así, estima la Sala que no tiene vocación de prosperidad el argumento
planteado por el recurrente, en la medida que el tribunal para decidir, tuvo en
cuenta la normativa que regula la pensión gracia, así como la jurisprudencia
vigente sobre la materia y expedida por esta Corporación, y que resulta vinculante
para resolver los asuntos sometidos a conocimiento, entre estos, lo relacionados
23 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera – C.P. Mauricio Fajardo
Gómez– sentencia de 11 de septiembre de 2012– expediente N° 17001-33-31-003-2010-00205-
01(AP)
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Demandante: Wilfrido Riascos Angulo
con el reconocimiento de la pensión gracia.
En ese orden, tal como se expuso en el acápite normativo y jurisprudencial, a
partir del compendio jurídico que regula la pensión gracia (Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933), la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha
concluido que dicha prestación no es un beneficio al que puedan acceder todos
los educadores oficiales, sino que fue creado para los docentes de carácter
territorial y nacionalizado, excluyéndose a los docentes nacionales, como así se
dejó sentado en sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997, criterio que se ha
venido sosteniendo de manera pacífica por esta jurisdicción, se destaca:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» 24
Lo anterior, por cuanto, la pensión gracia nace a la vida jurídica con el objeto de
compensar salarialmente a los docentes territoriales, quienes mantenían una
diferencia en su remuneración frente a los docentes nacionales; lo cual
posteriormente se logró cuando se dio paso a la nacionalización de la educación,
mediante la Ley 43 de 1975.
A lo anterior se suma que, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022
del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como
regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de
la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento». 25
Providencia esta última en la que se dejó señalado que el vínculo debe atender
al carácter territorial o nacionalizado, sin que se extienda a los docentes
nacionales como lo pretende el actor; providencia en la que se dispuso además,
que tendría efectos retrospectivos, de manera que es de obligatorio acatamiento
para desatar los casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa
como judicial; por lo que debe tenerse en cuenta para resolver el asunto de la
referencia.
En esa línea de consideraciones, dado que la labor docente prestada por el señor
Wilfrido Riascos Angulo, durante este periodo, tuvo origen en un nombramiento
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26
de agosto de 1997.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-
2017).
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nacional, no es posible computarlo para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, y por ende, no acredita el requisito de haber tenido un vínculo territorial o
nacionalizado antes de 31 de diciembre de 1980.
Y aun cuando en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, se expone que aquél sirvió, sin interrupción, hasta por lo menos el 20 de
noviembre de 2017, fecha en que se rubricó dicho documento, esto es, por un
tiempo superior a los 20 años, lo cierto es que no acredita la vinculación docente
como territorial o nacionalizado antes de 31 de diciembre de 1980, y en todo caso,
tampoco cumple con las exigencia de 20 años de servicios bajo la modalidad en
cita, dado que su desempeño como educador se ejecutó con una vinculación
nacional, aspecto este último que se itera, no es desconocido por el recurrente.
Por las razones previamente expuestas, esta Sala confirmara el fallo de primera
instancia que le negó el reconocimiento de la pensión gracia al señor Wilfrido
Riascos Angulo, por cuanto el docente en mención no cumple con los requisitos
mínimos necesarios para la obtención de la misma.
2.6. Conclusión
Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que el docente
Wilfrido Riascos Angulo no cumple con todos los requisitos establecidos en las
Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 y en la jurisprudencia de esta Corporación para
ser beneficiario de una pensión gracia, ya que a pesar de que no existen
reproches sobre la buena conducta en el desempeño de la labor y acreditó el
requisito de 50 años de edad y haber laborado como educador oficial por más de
20 años, no demostró su vinculación como docente territorial o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980, sino que siempre su vinculación fue de
carácter nacional, motivo por el cual se confirma la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de
la demanda.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa
jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando
lo aquí resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas
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jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de
2018 y del 11 de agosto de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 08 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO. Sin costas en esta instancia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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